Author: Tlachinollan

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OPINIÓN: El malestar de la sociedad

Tlachinollan

Por: Tlachinollan

 

El vuelco de la población hacia la figura presidencial, encarnada en Andrés Manuel López Obrador, nos muestra el malestar de los ciudadanos y ciudadanas que no se sienten representados ni atendidos por las autoridades locales y expresa aún la esperanza que tiene la gente en el ejecutivo federal, para que pueda atender y resolver sus demandas. Existe un gran abismo entre las necesidades más urgentes que tiene la población con las acciones del gobierno local, que son distantes y ajenas a la realidad cotidiana. Se percibe un sentimiento de orfandad y pesadumbre en vastos sectores de la sociedad. No hay canales de interlocución que ayuden a desactivar los conflictos que se agudizan por la desatención y la falta de respuestas inmediatas y efectivas.

Hay una emergencia causada por la pandemia que obliga a las autoridades a cambiar el modo de relacionarse con los ciudadanos y ciudadanas. En lugar de guardar la distancia con la gente se tienen que abrir espacios para procesar sus demandas y mostrar un compromiso con ellas y ellos. El caso de Acapulco, es un claro ejemplo de este distanciamiento entre sociedad y gobierno municipal, que ha ocasionado un desbordamiento de la demanda social, ante la ausencia de la autoridad o su negativa para ayudar a encontrar salidas a la compleja problemática que plantean multiplicidad de actores sociales.

Desde que inició la estrategia del gobierno federal para hacer frente al potencial pandémico del covid – 19, los gobiernos estatal y municipal quedaron supeditados a los informes y directrices emanadas del centro. La responsabilidad recayó en las autoridades de salud para enfrentar la crisis sanitaria, lo que propició que en las diferentes entidades y regiones del país las recomendaciones perdieran fuerza y se diluyera la corresponsabilidad de los otros niveles de gobierno, para actuar como agentes preventivos y de vigilancia entre la población. Se acató a pie juntillas la sana distancia, que en la practica se tradujo en el cierre de todas las oficinas de gobierno y la consecuente desatención de las personas. Se dejó a la deriva a las familias que empezaron a padecer los estragos del contagio y el fallecimiento de alguno de sus seres queridos. No se trabajó en una estrategia masiva de prevención que estimulara a la población a mantenerse en su domicilio.

Las directrices trazadas por el subsecretario de salud, el doctor Hugo López – Gatell, se tradujeron en mensajes ambiguos que han generado desconcierto en la sociedad. El caso más polémico ha sido el uso del cubrebocas, que ante la postura oficial de que no es la panacea para solucionar el problema del contagio y el hecho mismo de que el subsecretario ni el presidente de la república lo usen, ha propiciado que se dispersen las acciones orientadas a disminuir esta trasmisión del virus. La negativa a realizar pruebas masivas de PCR para diagnosticar el número de personas contagiadas por covid – 19, impide que se obligue a que se aíslen con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Las consecuencias han sido fatales para nuestro estado porque en realidad no sabemos el número de personas contagiadas y solo se toma como indicador el número de camas ocupadas por pacientes de covid – 19, con la férrea intención de pasar del semáforo rojo al amarillo. Lo contrastante es que las autoridades informan de que hay más del 50% de disponibilidad de camas covid, sin embargo, los contagios siguen al alza y también el número de personas fallecidas que no están llegando a los hospitales, por el fundado temor de que ahí salen muertos.

Lo que constatamos este viernes 14 con la visita de presidente Andrés Manuel López Obrador al Puerto de Acapulco, es un preludio de los escenarios que están por venir en nuestro país. La pandemia ha colocado en el límite de la sobrevivencia a la población mayoritariamente pobre de México. La situación de Guerrero es preocupante porque el municipio de Acapulco es el centro neurálgico de la vida económica en la entidad, que enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes. Los contagios por covid – 19 aumentan, sin que las autoridades municipales y de salud implementen acciones coordinadas que contengan su propagación. Esta amenaza creciente se complejiza con la debacle de la actividad turística que ha colocado en una situación limite a miles de familias que luchan por la sobrevivencia. El gobierno municipal esta desbordado y no hay forma de recomponer una situación que se ha venido arrastrando a lo largo de los años, por el vaciamiento de los recursos públicos, la desatención a la población y el imperio de la corrupción. El gran desafío es rencausar el malestar ciudadano y asumir sus demandas para conjuntar esfuerzos que trasciendan ante el gobierno federal.

Las protestas han empezado a tomar las calles y los actores que aparecen se han diversificado, sin embargo, a todos los une la lucha por la sobrevivencia: la pérdida masiva de empleos, la precariedad de los salarios, la inseguridad laboral y los insuficientes recursos financieros que se han dispersado a través de las diferentes dependencias del gobierno federal, son los signos ominosos de una crisis más profunda que está a punto de tocar fondo. La población que vive en el campo resiste con mayor crudeza los embates de esta pandemia que esta cobrando muchas muertes al interior de las comunidades indígenas, afromexicanas y campesinas. En esos lugares no hay como ponerse a salvo ante el contagio porque no hay médicos ni medicinas y los centros hospitalarios están a varias horas de distancia que impide el traslado de los pacientes. Los enfermos por covid – 19 no están en los hospitales porque ahí no puede ni quiere llegar la gente. Prefieren mejor quedarse en casa y hacer frente al coronavirus con remedios caseros y con la compañía de sus familiares. Desde sus hogares resisten y enfrentan con crudeza el riesgo de la muerte.

Un gran número de familias pobres ha dejado de sembrar sus parcelas ante la imposibilidad de comprar insumos para la siembra de maíz. Los recursos que obtenían a través de las remesas que enviaban sus hijos o hijas han mermado y, en muchos casos, ya no les llegará porque sus seres queridos murieron por el covid – 19. Los subsidios gubernamentales no representan un apoyo significativo para mantener a la familia dentro de la comunidad donde no existen trabajos remunerados. Desde el mes de febrero se incrementó el número de jefes y jefas de familia que optaron por dejar la parcela, cerrar sus casas y salir con sus costales de ropa para trabajar como jornaleras y jornaleros agrícolas. En estos seis meses el Concejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña ha registrado 7 mil 116 personas que han salido del estado para trasladarse a los campos agrícolas de Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato. El número de niños y de niñas es muy representativo: se han registrado 501 bebés de 0 a 2 años; 534 de a 3 a 5 años; mil 264 de 6 a 12 años y 988 de 13 a 17 años. Toda esta población se quedará sin posibilidad de acceder a la educación básica, menos en estas condiciones donde los estudiantes tienen que estar frente a un aparato de televisión. Las niñas y los niños jornaleros regularmente acompañan a sus papás y mamás en los campos donde trabajan. La mayoría de la población jornalera pertenecer al municipio de Cochoapa el Grande, que en su totalidad forman parte del pueblo Na’Savi, contando con un registró de 2 mil 17 personas que han salido en este periodo. Lo secunda el municipio de Tlapa como mil 347; Metlatónoc con 712; Alcozauca 268 y Copanatoyac 221. Se trata de la región mixteca que enfrenta graves problemas de violencia y una desatención sistemática de las autoridades municipales, que brillan por su ausencia en las comunidades donde más se requiere su presencia y apoyo.

Ante el riesgo de que los ánimos de esta población empobrecida se desborden y se acelere la desesperación de la gente, que ha puesto sus esperanzas en el presidente de la república, el desencanto por la 4T puede causar un mayor enojo y malestar de la sociedad. La descoordinación de las instituciones de gobierno tanto en sus programas como en el abordaje de los problemas sociales y económicos que se viven en la entidad, ha dispersado esfuerzos y desgastado recursos. La falta de articulación entre los tres niveles de gobierno ha pulverizado los presupuestos públicos que no se han materializado en acciones efectivas que fortalezcan las iniciativas locales para mejorar sus condiciones de vida.

La nueva normalidad nos está mostrando el semáforo rojo que enfrentamos por la violencia, la inseguridad, el incremento de los contagios y las muertes por covid – 19, el desempleo masivo, la migración interna, los feminicidios y la alta conflictividad agraria que enfrentan las comunidades rurales del estado.

Los gritos y las protestas de prestadores de servicios turísticos, ambulantes, comerciantes, médicos, enfermeras, universitarios y jóvenes estudiantes en el marco de la visita del presidente de la república, es el termómetro que marca el clima social que vivimos en Guerrero, donde la población no tiene otra alternativa que hacer público su malestar para exigir atención a sus demandas. Ha empezado a cerrarse el cerco entre la población y la figura presidencial, y esto en un mal augurio, porque a pesar de que haya un compromiso de darle prioridad a la población marginal, si los derechos básicos como la salud la alimentación, la educación y el trabajo no se materializan, la transformación quedará en el intento.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-el-malestar-de-la-sociedad/

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México: La batalla secular contra la discriminación y el racismo

Tlachinollan

En plena pandemia los pueblos indígenas luchan con otro enemigo que está arrebatando la vida de sus hijos e hijas, tanto en sus comunidades como en los diferentes condados de Nueva York. Además de las muertes maternas, de los niños y niñas indígenas que mueren por desnutrición, los feminicidios, la violencia delincuencial que ha cobrado muchas vidas de jóvenes que se vieron obligados a incorporarse a las filas del sicariato, en el primer semestre del 2020 se ha elevado el número de muertes de jóvenes y adultos mayores de los pueblos indígenas que han muerto por covid. El desmantelamiento de los centros hospitalarios, la carencia de personal médico, de equipamiento y medicinas son indicadores funestos de la discriminación y el racismo, que cotidianamente enfrentan las madres y padres de familia cuando llegan a los hospitales o clínicas de salud.

La falta de pruebas PCR invisibiliza los contagios, pero sobre todo desdeñan las muertes que ocurren en las comunidades indígenas. Son atisbos del etnocidio que se sigue reproduciendo por parte del estado ante el abandono secular y el despojo sistemático de sus riquezas naturales y del presupuesto público, por parte de una clase política voraz, que se ensaña contra la población más vulnerable. El escenario es cruento en las regiones indígenas porque el desmantelamiento de la vida comunitaria está tocando fondo, sobre todo porque se ha ido resquebrajando la red de solidaridad que han sabido tejer en las últimas décadas para contar con ingresos seguros que provienen de las remesas. El gran número de muertes de jóvenes indígenas en Nueva York, nos muestra el rostro del racismo que padecen en Estados Unidos, por el simple hecho, de asumir una identidad cimentada en sus raíces culturales y por pertenecer a la población estigmatizada por el presidente Trump, que los sataniza por el hecho de ser personas indocumentadas.

En nuestro país la brecha social y económica tiene visos de una brecha que institucionaliza la discriminación y el racismo, porque la clase política y el empresariado mexicano siempre se han erigido como los herederos de la revolución y los elegidos y ungidos para gobernar un país pluricultural. Sigue imperando una forma vertical de ejercer el poder con una visión etnocéntrica que tiene como paradigma el individualismo, la privatización de los bienes públicos y el modelo extractivista para garantizar la acumulación capitalista. Las consecuencias de este sistema depredador se han traducido en miseria, muerte y sometimiento a una población indígena insumisa, que ha sido protagonista de las grandes transformaciones del país, pero que al final de las gestas históricas, siempre han sido relegados tratándolos como súbditos o seres sin derechos.

En Guerrero la lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos nos remite a momentos claves de nuestra historia. La lucha independentista y la gesta revolucionara no se entiende sin la participación de estas poblaciones y de sus dirigentes. A pesar de que, en el estado, el mismo congreso celebra con bombo y platillo el legado histórico que nos dejó José María Morelos y Pavón, en los Sentimientos de la Nación, que es como la carta de los derechos humanos en América, los diputados y diputadas de esta legislatura, se han negado atender la demanda legitima de los pueblos de Guerrero, para impulsar una reforma que reconozca plenamente sus derechos como pueblos indígenas y afromexicanos.

En esta lucha varias organizaciones sociales y autoridades comunitarias buscamos el acercamiento con diputados de la actual legislatura del estado, con el fin de emprender un proceso de dialogo que iniciamos en los meses de mayo y junio de 2019. Celebramos 4 sesiones de parlamento abierto, donde se invitamos a varios expertos y expertas en los temas e hicimos mesas de trabajo para discutir las problemáticas y propuestas en la materia.

Posteriormente se organizaron 10 foros de consulta previa, libre e informada y culturalmente adecuada en diversas regiones y municipios del Estado de Guerrero, siendo un ejercicio inédito, por la participación de diferentes actores sociales y políticos, pero sobre todo de las comunidades indígenas y afromexicanas. El primer foro fue en la comunidad del Paraíso, municipio de Ayutla; el segundo, se realizó en la cabecera municipal de Metlatónoc; el tercero, en Tlapa de Comonfort; el cuarto en la comunidad de Paraje Montero; el quinto, en San Luis Acatlán; el sexto, en Marquelia; el séptimo, el Tlacoachistlahuca; el octavo, en la comunidad de las Juntas-Caxitepec municipio de Acatepec; el noveno, Xalitla municipio de Tepecoacuilco de Trujano y el décimo en el Puerto de Acapulco.

Los foros de consulta cumplieron con los requisitos de ser previos puesto que se realizaron anteriormente a la elaboración y presentación de la iniciativa de reforma, libres e informados pues a la gente no se le condicionó ni se le obligó a ir, sino que por su propia voluntad acudieron a manifestar sus voces de reclamo y propuestas sobre sus derechos; de buena fe, porque no hubo otra intención más que la del reconocimiento pleno de los derechos; y culturalmente adecuados porque se dieron en el marco de sus asambleas estando presentes sus autoridades. Se contó con intérpretes y las decisiones las tomaron de acuerdo a sus sistemas internos.

Después de todo este proceso de consulta en el mes de octubre 2019 por parte de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso se nombró un Comité Técnico Comunitario, el cual se encuentra integrado por autoridades indígenas y afromexicanas, así como expertos en el tema. Una vez que tomaron protesta dicho Comité comenzó a trabajar y redactó la iniciativa de reforma constitucional tomando en cuenta todas las participaciones y propuestas que se dieron en los foros de consulta.

En diciembre de 2019 el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos presentó la iniciativa de reforma constitucional que redactó el Comité Técnico Comunitario, la cual fue respaldada por otros 19 diputados y diputadas, siendo turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos. Sin embargo, hasta el 1 de junio de 2020, luego de que diversas autoridades comunitarias e integrantes del Comité Técnico Comunitario, realizaran una manifestación en el Congreso del Estado, para pedir la dictaminación y aprobación de dicha reforma, fueron recibidos por los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso (JUCOPO), tomando como acuerdo central, discutir esta propuesta para el 24 de junio del 2020.

Se sostuvieron dos reuniones virtuales entre los integrantes del Comité Técnico Comunitario y la JUCOPO, y a pesar de que los diputados y diputadas han expresado su disposición y la voluntad política de legislar en la materia de los derechos indígenas y afromexicanos, no hay avances a más de 8 meses y ni si quiera un dictamen por parte de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

Recientemente, el 3 de agosto el Comité Técnico Comunitario dio una conferencia de prensa en la que exhortó a los diputados integrantes de la JUCOPO, para que se instalará el 9 de agosto de 2020 una mesa de trabajo para debatir los temas. Contrario a lo esperado emitieron un comunicado argumentando que los anexos de los foros de consulta no habían sido entregados y en consecuencia, no podían determinar que dicha iniciativa había sido sometida a consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos.

Conviene traer a colación las palabras del EZLN hechas en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona cuando de igual manera el gobierno en turno y los partidos políticos traicionaron los Acuerdos de Sn Andres Larrainzar: “Y entonces en esos acuerdos los malos gobiernos dijeron que sí van a reconocer los derechos de los pueblos indios de México y van a respetar su cultura, y todo lo van a hacer ley en la Constitución. Pero, ya luego que firmaron, los malos gobiernos se hicieron como que se les olvida y pasan muchos años y nada que se cumplen esos acuerdos”.

“Pero resulta que no, que los políticos que son del partido PRI, el partido PAN y el partido PRD se pusieron de acuerdo entre ellos y nomás no reconocieron los derechos y la cultura indígenas. Eso fue en abril del 2001 y ahí los políticos demostraron claro que no tienen nada de decencia y son unos sinvergüenzas que sólo piensan en ganar sus buenos dineros como malos gobernantes que son. Esto hay que recordarlo porque ya van a ver ustedes que ahora van a decir que sí van a reconocer los derechos indígenas, pero es una mentira que echan para que votemos por ellos, pero ya tuvieron su oportunidad y no cumplieron”

Estos Acuerdos tienen más de 20 años y no han sido cumplidos. No es posible que a pesar de todo este tiempo que ha pasado los legisladores se sientan con el derecho de decidir quién debe tener derechos y quién no. Ojalá que la reforma en el estado de Guerrero se logré plasmar conforme al interés supremo de los sujetos principales que son los pueblos indígenas y afromexicanos. Que esta reforma sea una respuesta efectiva para avanzar sus demandas históricas. Ya es tiempo de que los pueblos sean reconocidos como sujetos de derechos públicos y que formen parte de las transformaciones sociales que se requieren en nuestro estado, para que haya justicia, equidad, pluralidad política, autónoma, respeto a los sistemas normativos y una verdadera representación política en todos los órganos de gobierno.

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OPINIÓN: En el laberinto del olvido y la violencia

Tlachinollan

Por: Tlachinollan

 

Desde la desaparición del presidente electo Daniel Esteban González, junto con su chofer Juventino García Rosas, el 2 de septiembre de 2018, la disputa política por la presidencia municipal de Cochoapa el Grande se tornó truculenta. No solo se dieron las impugnaciones en los tribunales electorales, sino que a nivel local algunos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acompañados por representantes del Partido del Trabajo (PT), tomaron las instalaciones del ayuntamiento para revertir el triunfo que el Tribunal Electoral Federal (TRIFE), le otorgó a Daniel Esteban. Fueron momentos de mucha tensión, en los que fracturó más la convivencia pacifica entre los pobladores y las divisiones comunitarias se hicieron más profundas.

A pesar de que Cochoapa el Grande es uno de los municipios de reciente creación, desde el 2003 ha ocupado los primeros lugares a nivel nacional en cuanto al mayor índice de marginación social. Desplazó a Metlatónoc y se colocó en el sótano de la miseria. Su extensión territorial que rebasa las 61 mil hectáreas, lo coloca como uno de los municipios con mayor reserva boscosa en la región de la Montaña. Cuenta con más de 140 comunidades del pueblo Na’Savi, que en su totalidad se dedican a la siembra de maíz de temporal. Lo contrastante de esta riqueza natural es la pobreza ancestral de las familias, que en gran medida se desplazan de sus comunidades para enrolarse como jornaleros agrícolas durante seis meses. La población no encuentra, en su propio hábitat, alternativas económicas para tener un ingreso seguro y garantizar una alimentación adecuada durante todo el año.

La ilusión que se habían forjado, de que habría una mejoría económica, con la creación del nuevo municipio, se ha tornado en un desenlace fatal. No solo se han empantanado por la disputa sorda que protagonizan cada periodo electoral los partidos políticos, sino que se profundiza la desigualdad social y se recrudece la violencia. Los 17 años como nuevo municipio no han significado mejoría alguna entre la población indígena mayoritariamente analfabeta y con un alto grado de monolingüismo entre las mujeres. La violencia se enseñorea contra ellas, y las mismas autoridades comunitarias y municipales, son parte de este sistema de justicia patriarcal. Es sumamente grave la situación de indefensión que enfrentan las mujeres. Se han registrado varios casos de feminicidios que la fiscalía no ha investigado, por esa visión racista y discriminatoria que tienen contra las mujeres indígenas.

La lucha que emprendieron los compañeros y compañeras del Frente Popular de la Montaña, para exigir la presentación con vida del defensor comunitario Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido el 11 de octubre de 2019, obligó a que las autoridades del estado se avocaran a su búsqueda en las colonias periférica de Tlapa. En estas jornadas se lograron encontrar los restos de Daniel Esteban y de Juventino García, a un año y cuatro meses de su desaparición. Este hallazgo generó mayor encono y una situación de ingobernabilidad en el municipio. La misma presidenta municipal, Edith López Rivera, ha hecho públicas las amenazas que ha recibido, y por eso mismo, se desplaza con escoltas y su presencia en el ayuntamiento es esporádica. En la cabecera municipal nadie se siente seguro y tampoco hay confianza en las autoridades encargadas de la seguridad y los mismos elementos de la policía. Hay un sentimiento de orfandad y desamparo. No hay una autoridad que proteja a las mujeres que son víctimas de violencia. El trato es despótico e insensible. La compasión por el más débil no existe, los pleitos por tierras proliferan y las deudas son el mejor negocio de las autoridades municipales y los abogados, privando de la libertad por cualquier motivo a las personas. El colapso de las instituciones ha dado pauta para el incremento de la violencia y la justicia por propia mano.

El cierre del año 2019 fue trágico por el asesinato del expresidente municipal Luciano Moreno López, quien fue interceptado por personas armadas en pleno baile realizado en la cabecera de Cochoapa el Grande. En ese mismo evento, también fue lesionada la excandidata a presidenta municipal del PRI, Hermelinda Rivera Francisco. En este año arreció la violencia con el asesinato de Alberto Martínez Flores, quien se desempeñaba como comisariado de Bienes Comunales de este núcleo agrario. El 15 de marzo, en la colonia Tepeyac del municipio de Tlapa, fue arteramente asesinado Benjamín Ponce Martínez, quien contendió para presidente municipal de Cochoapa el Grande, por el Partido del Trabajo (PT). Fue sorprendido en su domicilio por su agresor cuando jugaba con su pequeña hija. Tres días después por el cerro De La Garza, una región inhóspita del municipio de Cochoapa el Grande, fue asesinada una familia de Yozondacua, cuando se desplazaban en su vehículo. El papá tenía parentesco con el comisariado de Bienes Comunales, Alberto Martínez. El primero de junio, el chofer de la ruta de Cochoapa el Grande – Ometepec, Felipe Chávez Flores, fue herido a balazos, cuando desplazaba en su vehículo, quedando gravemente herido.

Un caso que condensa la tragedia que enfrentan las mujeres Na’Savi de este municipio es el de Aurelia Vázquez Velázquez, quien además de padecer la violencia de su esposo, que lamentablemente fue asesinado en su domicilio, sus suegros la señalaron como responsable del homicidio de Santiago Esteban. Fue citada por el ministerio público de Tlapa para declarar como testigo, donde se le aplicó la prueba de rodizonato de sodio, que resultó negativa. Ante la intención fallida de señalarla como responsable de este homicidio, su suegro, la golpeó y con una navaja lesionó su cuello. Le arrebató a sus dos pequeñas hijas una de ellas de cuatro años y la bebé de seis meses. La madre de Aurelia, doña Catalina Velázquez y su hermano, Honorio García Velázquez de 17 años, fueron encarcelados de manera arbitraria en la cabecera de Cochoapa el Grande, por el mismo consuegro, Emilio Esteban, director de Seguridad Pública, porque supuestamente fueron cómplices del homicidio de su hijo Santiago Esteban. Lo más cruento es la desaparición de Aurelia Vázquez Velázquez que, ante la inacción de las autoridades ministeriales y de la misma sindica municipal que no atendieron las denuncias de violencia familiar y la sustracción de menores por parte de sus suegros, el 12 de mayo del presente año fue el último día en que su familia tuvo conocimiento de que se encontraba en el domicilio de sus suegros, obligada por las circunstancias de no ver a sus pequeñas hijas. Lo inaudito fue la actuación de la sindica municipal, que a petición del señor Emilio Esteban y su esposa Aurelia Lorenzo, citaron a Catalina Velázquez para que se presentara el 22 de mayo al ayuntamiento municipal. Fue en esa fecha cuando la sindica junto con los consuegros le reclamaron sobre el paradero de su hija Aurelia, porque no la han ubicado para entregarle a sus dos pequeñas hijas y al hijo mayor de siete años. Fue en ese momento cuando Catalina intuyó que su hija estaba desaparecida y que las autoridades en lugar de investigar su paradero, se empeñaron en criminalizarla y atemorizar a la misma familia.

Hasta la fecha no hay indicios del paradero de Aurelia, tampoco las acciones de búsqueda de las autoridades se han realizado como amerita el caso. El temor es grande, por eso la familia ha optado por guardar silencio y mantenerse oculta.

El pasado 22 de julio fue asesinado el excoordinador de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de Zitlatepec, Rufino Gómez González, cuando se dirigía a presentar una ofrenda en el paraje conocido como Piedra de Petate, en San Lucas, municipio de Cochoapa el Grande, donde fue originario. En el 2018 en la fiesta del sexto viernes de cuaresma realizada en Cochoapa, acompañó a las autoridades de su pueblo junto con la Policía Comunitaria. En la noche cuando resguardaban el baile fue atacado a balazos por personas desconocidas. Fue trasladado al hospital de Tlapa, donde fue atendido teniendo una recuperación larga por lo delicado de la lesión. Fue en la mañana del 22 de julio, cuando llevaba sus flores, en compañía de su esposa y sus dos hijos, que impunemente que nada pudieron hacer cuando personas desconocidas se acercaron y le dispararon. Fue un defensor comunitario que se solidarizó con la lucha emprendida por el Frente Popular de la Montaña, para exigir la presentación con vida de Arnulfo Cerón Soriano, y al mismo tiempo, acompañó a las autoridades comunitaria de Tierra Blanca, para exigir al Fiscal Regional que impulsaran la búsqueda y la investigación de tres personas que fueron desaparecidas el 2 de julio del presente año, en el marco de un conflicto agrario que enfrentan con la comunidad de San Juan Huexoapa, municipio de Metlatónoc.

El pasado lunes 27 de julio como a las 10 horas, se suscitó una balacera atrás de la iglesia de Santiago Apóstol, en la cabecera municipal de Cochoapa el Grande. En esta acción violenta murió Alberto Flores, que acompañaba a Carlos Esteban, hermano de Daniel Esteban, y la niña Leticia, de cuatro años de edad, quien caminaba con su hermanito y su mamá, después de haber vendido atole en la pequeña plaza que se encuentra frente al ayuntamiento.

Esta cauda de violencia muestra la crisis de gobernabilidad que se agudizado con la pandemia provocada por el covid – 19, en los municipios de nuestro país. Para colmó de males, las autoridades municipales, se han ausentado de los ayuntamientos y han dejado a la deriva, a una población inerme, que es víctima de la violencia delincuencial y que se encuentran en extrema vulnerabilidad por la precariedad económica y los estragos del coronavirus que se suma al número de muertes que enlutan que nos sumergen en este laberinto del olvido y la violencia.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-en-el-laberinto-del-olvido-y-la-violencia/

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OPINIÓN | 70 meses: “como si hubiera sido ayer”

Tlachinollan

Por: Tlachinollan

 

A don Facundo Hernández,

aguerrido luchador del CECOP.

Con su acero en la mano peleo con ahínco contra la presa La Parota,

y tomó los pozos de Salsipuedes para desafiar

del gobierno municipal de Acapulco.

A Rufino Gómez, ex coordinador de la CRAC- PC de Zitlatepec,

defensor comunitario del pueblo Na’Savi,

que exigió la presentación con vida de Arnulfo Cerón

y acompañó a las familias de los 3 principales

desaparecidos de Tierra Blanca, Cochoapa el Grande.

Para don Clemente Rodríguez, papá de Cristian, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, la noticia que recibió en su domicilio, por parte del subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas y Omar Gómez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, fue un duro golpe en su corazón. Con la sencillez y la franqueza que le caracterizan, escuchó junto con su esposa, doña Luz María Telumbre, la información que le proporcionaron con mucho detalle y cuidado las autoridades federales y la experta del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Les explicaron sobre el hallazgo de restos óseos que encontraron en la Barranca de la Carnicería, municipio de Cocula. Les comentaron que trasladaron estas piezas al laboratorio de la universidad de Innsbruck, que después de un riguroso análisis, encontró coincidencia genética en uno de los restos que corresponde a su hijo Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Para la familia, estos datos científicos son sumamente dolorosos y muy difíciles de asimilar. A pesar de la evidencia empírica, el sentimiento amoroso que profesan por Cristian se impone por encima de la razón. Toda su energía centrada en la búsqueda con vida, impide vislumbrar la posibilidad de un desenlace fatal.

Don Clemente Rodríguez Moreno, es hijo de don Alfonso Rodríguez Cortés y Cristina Moreno Hernández, originarios de Tepozcuahutla, municipio de Chilapa. La situación de pobreza que enfrentaron los llevo a vivir en Tixtla, desde hace 50 años. Su papá se dedicó a cargar y descargar verduras en el mercando municipal. En ese trajín de la vida nació Clemente, que con muchos sacrificios logró estudiar hasta el bachillerato. No tuvo dinero para continuar una carrera. Al igual que su papá, Clemente descarga maíz y alimentos para ganado en una forrajería. Desde niño apoyo a su papá en este arduo trabajo.

A los 26 años conoció a Luz María Telumbre, una joven oriunda de La Estacada del municipio de Tixtla, tuvieron cuatro hijos, el único varón es Cristian. Cuando ocurrió la desaparición de su hijo, Clemente trabajaba en la purificadora Agua Valle. Desde el 27 de septiembre del 2014, Clemente y doña Luz María se fueron a la escuela a esperar la llegada de Cristian. A lo largo de estos años, aprendieron a luchar a levantar la voz y a protestar en las calles para exigir la presentación de sus 43 hijos. Don Clemente es un padre aguerrido que está dispuesto a dar la batalla con tal de encontrar a su hijo.

Como algo premonitorio de la reciente noticia que recibió, don Clemente nos narró en septiembre del 2019: “Cinco años de lucha es como si hubiera sido ayer. Yo me siento así, a pesar de que ya son cinco años (…) Con el anterior gobierno de Peña Nieto, no podíamos acercarnos. ¿Cuándo íbamos a llegar a la verdad? Nos entorpeció las investigaciones, nos engañó. Yo creo que, si no hubiera llegado la Comisión Interamericana, el GIEI y los peritos argentinos, probablemente hubiéramos dado por muertos a nuestros hijos. Cuando nos presentaron su verdad histórica. Fue un golpe muy duro. Llegaban las noches en que uno no podía dormir, la incertidumbre nos mataba. Nos han martirizado, por no saber dónde está Cristian y dónde están sus compañeros.

Antes del 2014, todo era maravilla, porque teníamos la familia completa, convivíamos, jugábamos. Celebrábamos los cumpleaños. Apenas el 9 de agosto fue su cumpleaños. La verdad, a mí me pegó muy duro. Me martirizo yo solo, porque (…) ¿cómo se puede decir? Me automaltrato. ‘Uta madre’, si yo le hubiera echado más ganas, esto no hubiera pasado. Quizás lo hubiéramos metido en otra escuela. Pero la pinche pobreza que nos está atacando, como padres no podemos hacer más, por no tener dinero. La única opción fue Ayotzinapa, la verdad.

Creo que, en poco tiempo, nos pueden dar una sorpresa de Cristian. Nos puede llegar: ‘Aquí estoy papá’, yo lo siento así. Precisamente con mi esposa, estaba platicando que, si en este momento me dijeran que Cristian está en cualquier punto del mundo, agarro mis cosas y me largo. Yo no sé, lo iría a traer a cualquier punto del mundo. Mi esposa me apoya. Ella vende tortillas hechas a mano.  Me apoya mucho para los gastos. Con muchos sacrificios, la vamos pasando. Por eso, no puedo dejar la lucha, no puedo, porque me falta mi hijo”.

Doña Luz María Telumbre también espera la llegada de Cristian y de los 43: “Yo trabajo cada tercer día haciendo tortillas. Cuando no tengo compromiso salgo a darle de comer a un conejito que tenemos.  Me pongo a bordar, siento que así la tristeza no es tan pesada. Ha sido duro todo este tiempo sin Cristian. No ha sido fácil. A veces siento que ya no puedo, pero no sé de dónde me salen las fuerzas y las ganas de encontrar a los muchachos.  Yo siento que mi hijo es uno, pero igual que las otras mamás, igual que yo, sienten el mismo dolor, la misma tristeza y la misma angustia de no saber dónde están sus hijos.

Así que espero a 43 hijos y yo sé, que no soy la única que digo esto, porque estamos pasando por la misma situación. Yo necesito a mi hijo, lo quiero de vuelta, me hace mucha falta. Los que tienen hijos desparecidos me entienden, saben que no es fácil vivir con esta angustia toda la vida, porque cuando lo desaparecieron, nunca pensé que tardaría tanto tiempo en buscarlo. Yo le daba 15 días, pensé que llegaría por el cerro. Incluso yo me ponía a platicar con mis hijas, yo sé que, si mi hijo viniera caminando por el cerro, que se hubiera escapado, aunque sea raspado, a los 15 días iba a llegar. Yo sé que mi hijo era de las personas que ya presentía lo que iba a pasar. Él tomaba agua de la llave, comía guayabas, comía cualquier cosa, a lo mejor ya presentía lo que les iba a pasar.

Cada cosa que hay en la casa, me recuerda a mi hijo. Cada rinconcito, cada espacio, me trae a la memoria su figura. Si ese ropero pudiera hablar, solo hablaría de Cristian. Ahí está su ropa, sus sombreros, también una maleta llena de ropa. Todos lo esperamos. Todo el tiempo está en mi mente. Yo te digo que cada familia que tiene un hijo desaparecido así lo siente.  Todo el tiempo está con nosotros y está presente en todas las cosas que nosotros hacemos”.

A 70 meses de esta búsqueda incansable de las 43 madres y padres de familia, la noticia que les transmitieron estando presente el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, fue muy dura: “A mi si me pegó muy fuerte. Fue una parte de mi vida, aunque no es mi hijo, sin embargo, los siento y lo quiero como tal”, expresó un papá al terminar el mitin realizado en el antimonumento. “Es muy difícil, asimilar una noticia de esta magnitud y la verdad, me causa un miedo tremendo, estoy con la presión baja, resiento que mi salud no es la misma”.

“Como padres y madres de los 43 nos ha salido muy caro y muy doloroso tener que destruir todas las mentiras del gobierno de Peña Nieto. Esta lucha nos ha llevado a construir una nueva ruta con el gobierno federal. También ha sido un caminar difícil, porque el avance es lento. Ahora con la noticia de Cristian, estamos enfrentando con mucho dolor y miedo, las nuevas investigaciones y búsquedas que se están realizando. Qué bueno que estamos avanzando, sin embargo, estamos preocupados porque no vemos que haya detenciones de los personajes que nos hicieron tanto daño. Nuestro temor, es que cada mes o cada tres meses nos entreguen restos de nuestros hijos y es algo que nuestra mente y nuestro corazón, no lo concibe, más bien lo rechazan. Demandamos con urgencia la detención de los funcionarios que armaron la verdad histórica y que se empeñaron en pisotear la memoria y la dignidad de nuestros hijos. Queremos acciones firmes y contundentes para que hablen los perpetradores y digan donde están nuestros hijos”.

Una madre de familia, que dejó su parcela para ir a la ciudad, alzó la voz, con el garbo que le caracteriza: “Estamos aquí en el antimonumento, porque el poder judicial no está jalando parejo, como lo pedimos nosotras el día 9 de marzo. No están trabajando bien como la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Porque los jueces dejaron en libertad a los que están detenidos, como el “Mochomo” que pagó 2 millones y lo dejaron en libertad. Eso es lo que a nosotras no nos parece, porque lo que queremos es justicia. ¿Como es posible que lo dejen en libertad sabiendo que es el culpable de la desaparición forzada de nuestros hijos? Por eso, nuestra exigencia es que se encarcele a estos jueces corruptos.

Le pedimos al gobierno que agilice las investigaciones. Esa es nuestra exigencia, porque ya se van a cumplir 6 años de la desaparición forzada de nuestros hijos y no sabemos el paradero de ellos. Eso le pedimos al presidente de la república, que encarcele a los responsables de la verdad histórica y a los jueces corruptos.  A 70 meses nuestra paciencia se agota”.

Fuente e imagen:  http://www.tlachinollan.org/opinion-70-meses-como-si-hubiera-sido-ayer/

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OPINIÓN: La batalla contra el abuso policial: crónica de un desencuentro

Tlachinollan

Por: Tlachinollan

 

Bajo la pertinaz lluvia, los comuneros de Alacatlazala permanecían en el corredor de la comisaria, para analizar la situación de tres policías ministeriales, que detuvieron el día viernes 17 de julio, en el crucero de Malinaltepec.  A pesar de que llevaban más de media mañana discutiendo el caso, nadie se exasperaba para pedir que concluyera la reunión, por la hora de la comida. Queda claro que es un tema de mucha preocupación para la comunidad. Estaban presentes las autoridades agrarias, el comisario y todos los delegados municipales, acompañados de sus comisiones y de su policía comunitaria. En esta reunión no se encontraban las mujeres, tampoco los niños ni las niñas. Solo los jóvenes y personas mayores, que con sus machetes fajados en el cinturón hacen frente a este problema. De por sí, se encuentran en guardia, por el conflicto agrario que se reactivó en esta temporada de siembra con los comuneros de Malinaltepec.

A pesar de que las autoridades de la fiscalía regional no pudieron asistir este sábado 18 de julio a la comunidad, los habitantes se mantenían en sesión permanente. Escuchamos los testimonios que daban cuenta de la detención de los tres policías ministeriales. Explicaron que varias familias no tienen tierras dentro de su núcleo agrario para sembrar maíz, por eso en cada temporada se ven obligados a rentar la tierra a la comunidad de Santa Cruz, municipio de Copanatoyac, en la zona conocida como Barranca Honda. Un lugar peligroso, donde se han encontrado varios cuerpos de personas desaparecidas.

Estas familias construyen rudimentariamente cobertizos con lonas para vivir dos meses en su parcela, mientras crece la milpa. Enfrentan con mucha crudeza las inclemencias del tiempo. Por eso, otras familias prefieren viajar diariamente de la comunidad a la parcela, aunque es más caro por el costo del pasaje o el combustible, sin embargo, la noche es menos pesada, porque duermen en su casa. La desventaja es que las madres de familia tienen que levantarse a las cuatro de la mañana para hacer las tortillas y preparar el almuerzo y la comida. A las cinco horas, ya van rumbo a la parcela. En este trajín, es donde se han suscitado algunos problemas con la policía ministerial de Tlapa.

El 26 de junio, cuando varias familias regresaban de Barranca Honda, fueron detenidos por un grupo de la policía ministerial. Revisaron su vehículo, verificaron el número de motor y les comentaron que su carro tenía reporte de robo. Por más que el chofer argumentaba que su camioneta había sido revisada en otras ocasiones, nunca le habían dicho que tuviera problemas. Sin atender el dicho del chofer, los policías bajaron a las familias y se llevaron el vehículo para Tlapa. Antes de llegar a la agencia del ministerio público, lo presionaron diciéndole que sabían que tenía armas de alto poder, y que su caso se complicaría. Le prometieron ayudarle, con dinero de por medio. Le pidieron 18 mil pesos. Al sentirse acorralado y desprotegido, el chofer se vio obligado a conseguir el dinero, logrando juntar 15 mil pesos. En lugar de pedir apoyo a su familia y amigos, prefirió guardar silencio a cambio de su libertad. Además del temor que infundieron, carga con la deuda, sin saber cuando la podrá pagar.

El 7 de julio pasado en el crucero de Tototepec, se instaló otro puesto de revisión por la policía ministerial. A los pasajeros les pedían que se identificaran para corroborar en la computadora si alguien tenía orden de aprehensión. Preguntaban de qué comunidad venían y a qué se dedicaban. También revisaban los vehículos. De nueva cuenta a otro comunero de Alacatlazala lo detuvieron, porque supuestamente su nombre aparecía con orden de aprehensión. No le mostraron ningún documento, simplemente lo intimidaron. No tuvo otra alternativa que negociar su libertad por 25 mil pesos. Para darle más confianza a la víctima de esta extorsión, los policías se identificaron como el grupo “chuta”, garantizándole que ya no lo molestarían.

El viernes 17 de julio, como a las 11:30 de la mañana, recibimos una llamada de Alacatlazala. Nos informaban que en el crucero de Malinaltepec se encontraban tres personas que decían ser policías ministeriales. Comentaron que revisaban los vehículos y preguntaban por personas de Alacatlazala. Ante este operativo, los pobladores se organizaron y fueron a verificar el motivo de esta molestia. Constataron que el vehículo no estaba “balizado”, por lo mismo, dudaron de que fueran policías ministeriales. Los comuneros decidieron llevarse la camioneta y a las tres personas para la comisaría. Los interrogaron sobre su proceder. Solo comentaron que iban a entregar una notificación a la comunidad de Moyotepec y que aprovecharon para comprar duraznos. Se identificaron como elementos de la Policía Investigadora Ministerial adscrita a la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, con sede en Tlapa. Tomaron las declaraciones de cada uno y vieron que sus armas de cargo no correspondían con las que portaban y que, además, uno de los elementos traía una charola de otra persona. Comentó que aun no estaba dado de alta. Ante estas irregularidades, los comuneros determinaron su detención y acordaron solicitar la presencia del fiscal regional para denunciar las tropelías que han estado cometiendo sus elementos y dar a conocer la situación de las tres personas detenidas.

En la asamblea, resaltaron los reclamos de una población que se siente agraviada y perseguida por la policía ministerial. Los principales del pueblo cuestionaban el comportamiento de quienes tienen la responsabilidad de brindar seguridad y respetar los derechos de las personas. Con la experiencia que han obtenido a lo largo de los años, como servidores del pueblo, lamentaron que las autoridades no pongan el ejemplo y, que, al contrario, sean ellas quienes violenten la ley. Por eso, existe mucho desorden. Ya no hay respeto a la misma autoridad porque han defraudado la confianza de la gente. Ya no se sabe si en verdad los policías están capacitados para desempeñar bien su trabajo. Les preocupa mucho que no haya controles dentro de la misma corporación policial, para que no existan personas que se ostenten como policías, sin que tengan su nombramiento, mucho menos que no estén en orden el armamento que portan y el vehículo que usan.

Este domingo 19, los comuneros de Alacatlazala tuvieron una reunión con los principales y delegados municipales. Después de la una de la tarde, recibieron a la comisión encabezada por el fiscal regional de la Montaña. El ambiente se tornaba tenso, al no permitir que los vehículos de las autoridades quedaran sobre la carretera. La instrucción era que quedaran frente a la comisaría, y que la entrada fuera bloqueada con un vehículo de la comunidad. El mensaje era claro: no permitirían la salida de las autoridades hasta que se firmara los acuerdos planteados por la asamblea. Leyeron un documento que narra los hechos de la detención de los tres policías reportando las irregularidades que encontraron. Las personas agraviadas, sobre todo las que han sido extorsionadas dieron su testimonio, resaltando que esta práctica es recurrente. Ilustraban con ejemplos, que a las personas que llevan leña, venden animales de rancho o que se trasladan para ir a sus parcelas, son molestados y llevados a Tlapa. Demandaron con mucha fuerza de que las policías dejen de molestarlos, de intimidarlos y de quitarles dinero. Señalaron que los puestos de revisión no son para proteger a la población sino el mejor pretexto para extorsionar y meter miedo a la población.

Los pobladores de Alacatlazala tuvieron que llegar al extremo de detener a tres policías, para hacer público su reclamo; expresar su enojo, y denunciar los abusos de los policías. Exigieron respeto y demandaron el cumplimiento cabal de su responsabilidad, amparado siempre en la ley. Ante la multiplicidad de agravios que se remiten a otros momentos, en los que también ha habido detenciones de policías del estado y ministeriales, la asamblea tomó el acuerdo de liberar a los tres elementos de la policía ministerial, pero no devolver la camioneta y las armas. Fue una negociación difícil, por los desencuentros que a lo largo de los años se han suscitado en la región, y que la población indígena ha tenido que padecer multiplicidad de abusos, maltratos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, torturas y extorsiones.

Este entuerto ha sido la causa de que las comunidades indígenas generen mecanismos de autodefensa, para proteger sus derechos y contener la fuerza avasalladora de los grupos policiales, que, ante la falta de controles internos para ordenar sus actuaciones, y ante sus precarias condiciones laborales, arremeten contra la población indígena, por considerarla como personas iletradas, que son presa fácil de cualquier amenaza, abuso o engaño.

Los pueblos indígenas no solo han tomado la palabra, sino también las calles, y han sido obligadas a ejercer la protesta para reclamar sus derechos, llegando al extremo de encarar a la autoridad para exigir respeto. Resulta imperioso que las autoridades estatales y municipales pongan el ejemplo de lo que significa respetar la ley y salvaguardar los derechos humanos de la población más lastimada por gobiernos que los han excluido socialmente y les han dado un trato despótico y discriminatorio. Es tiempo de que Congreso del Estado, apruebe la reforma sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos para dar un salto cualitativo en nuestra legislación que los reconozca como sujetos de derecho y acabar con este yugo secular.

Fuente e imagen:  http://www.tlachinollan.org/opinion-la-batalla-contra-el-abuso-policial-la-cronica-de-un-desencuentro/

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Opinión: Luces de plomo

Tlachinollan

Por: Tlachinollan

Abel Barrera Hernández

En la cresta de la Montaña de Guerrero, sobre la amplia zona de alto riesgo para los asentamientos humanos, se multiplican pequeños poblados que se encuentran en las líneas de fuego marcadas por cruces, a causa de las disputas agrarias dirimidas a punta de bala. Son conflictos añejos, que antes de la revolución protagonizaron innumerables batallas los pueblos fundadores de esta entidad suriana. Con gran orgullo rememoran que lucharon al lado de Vicente Guerrero en la gesta por la independencia.

Sus documentos coloniales forman parte de las pruebas tangibles que reclaman derechos primordiales. Tienen leyendas que nutren la memoria colectiva sobre el robo de documentos agrarios supuestamente planeado por comunidades vecinas. La falta de documentos oficiales, como la carpeta básica, colocan en desventaja a comunidades indígenas, que, a pesar de su asentamiento ancestral, la ley agraria no protege sus derechos territoriales. Las resoluciones de los tribunales agrarios, en muchas ocasiones, en lugar de resolver los conflictos, los exacerba, porque la parte que es vencida en juicio no está dispuesta a ceder las hectáreas, que por muchos años han ocupado. Es cuando los comuneros y comuneras deciden defender sus tierras con las armas en la mano, en las líneas de fuego.

La disputa agraria que actualmente protagonizan los habitantes de Alacatlatzala, perteneciente al pueblo Na Savi, con el núcleo agrario de Malinaltepec, del pueblo Me’phaa, nos remite a una lucha cíclica, que de manera recurrente tiene momentos ríspidos al grado que han llegado a la confrontación armada. El último tramo de esta reyerta se da en 1978, cuando los comuneros de Alacatlatzala incursionan en una superficie de mil 300 hectáreas, que la comunidad agraria de Malinaltepec, reclama como suya. En abril de ese mismo año Alacatlatzala inició un juicio agrario solicitando la confirmación y titulación de sus bienes comunales.

Los dos núcleos agrarios le han apostado a la ocupación de las tierras en conflicto, a través de la apertura de nuevas parcelas o la conformación de centros de población. Alacatlatzala tomó la decisión de trabajar estas tierras, mientras que las autoridades agrarias, con el apoyo de las autoridades municipales de Malinaltepec, autorizaron nuevos asentamientos en la zona de conflicto. Esta franja ha sido escenario de múltiples agresiones por parte de los dos pueblos, que se han enfrascado en una disputa estéril.

En 1993 el tribunal agrario le restituyó a Malinaltepec, 9 mil 500 hectáreas, causando un gran agravio a los comuneros de Alacatlatzala, quienes interpusieron un recurso de revisión que no procedió. Esta situación mantuvo en suspenso la ejecución de la sentencia. Fue hasta octubre de 2005, cuando el Tribunal Unitario Agrario, determina entregar una superficie de 12 mil 546 hectáreas, ignorando la decisión de 1993. Para las autoridades agrarias de Alacatlatzala hubo un exceso en la sentencia, por parte de los magistrados, que trazaron la línea en el punto conocido como Piedra de Moler, borrando de un plumazo la zona de conflicto de mil 744 hectáreas.

Con ese aval del Tribunal y con los acuerdos que logró establecer con los núcleos agrarios de Mixtecapa y Coatzoquitengo, para Malinaltepec la disputa histórica con Alacatlatzala quedaba saldada.

Este capítulo dio paso a una confrontación mayor, porque para Alacatlatzala, representó una provocación la construcción de nuevas viviendas dentro de los territorios que han disputado por décadas. Han resistido cultivando sus parcelas por encima de la resolución del Tribunal. Cada año, el conflicto se reactiva con la llegada de las lluvias. Las familias salen a sembrar en un terreno minado, saben que hay que cuidarse las espaldas porque el riesgo de una bala perdida, es inminente.

Para Alacatlazala, la creación de nuevas colonias, por parte de Malinaltepec, es para ocupar la franja en disputa y para cercarlos territorialmente. Para contener este avance, han creado más anexos, en la zona de conflicto. Es una pelea que se disputa metro a metro, con la apertura de nuevas parcelas o la construcción de casas. Los dos grupos enfrentados, han constatado que las denuncias interpuestas por daños, despojo, lesiones, allanamiento de morada o robo, no prosperan ante el ministerio público. Por eso, han ganado las posturas radicales, de ocupar las tierras atrincherándose, para arremeter con las armas. Se ha vuelto recurrente que al inicio del ciclo agrícola se organicen para irrumpir en la zona de conflicto y de esta manera someter a los adversarios. Se destruyen cultivos, se queman casas y se atemoriza a la población con armas de fuego.

En el 2017, Alacatlatzala interpuso un juicio por conflicto de limites ante el Tribunal Unitario Agrario, para reclamar 3 mil 200 hectáreas que mantienen en disputa con Malinaltepec.  A pesar de llevar el caso ante las instancias competentes, la disputa agraria se ha acrecentado en la zona de conflicto. Ha crecido la animadversión y el deseo de venganza, porque cada parte se aferra a su terruño y al derecho que han generado, por la misma ocupación de estos territorios.

En este año de la pandemia causada por el covid – 19, la conflictividad agraria se reactivó con mayor virulencia en varios núcleos agrarios de la Montaña de Guerrero. El conflicto de Malinaltepec y Alacatlatzala no fue la excepción. Cuando iniciaron los trabajos de preparación de los terrenos para la siembra, se dio la primera agresión a un vecino de Encino Roble, municipio de Malinaltepec, quien fue retenido por los comuneros de Alacatlatzala y posteriormente liberado. Se armó la trifulca y desde esa fecha se han suscitado balaceras nocturnas entre ambos bandos. El 19 de mayo, fue una noche de luces de plomo. Solo la lluvia apaciguó a los rijosos.

A pesar de las reuniones que se han establecido con personal de la Procuraduría Agraria, con el presidente municipal de Malinaltepec y con los magistrados del Tribunal Unitario Agrario, la confrontación no ha cesado.

El 29 de junio, como Tlachinollan convocamos a las dos partes para reafirmar el compromiso de esperar la resolución que emita el Tribunal Unitario Agrario, con sede en Chilpancingo. En este encuentro constatamos la hondura del conflicto, por ser añejo y por estar marcado por eventos violentos que han causado muertes, destrucción de casas, desplazamientos de familias, la imposibilidad de vivir en paz y dormir con tranquilidad. Hace falta implementar una estrategia interinstitucional, impulsada por el gobierno federal que atienda de fondo la conflictividad agraria en las regiones indígenas.  Se requiere estar más cerca de las regiones que se encuentran desamparadas y abandonadas a su suerte. Ante la ausencia de las autoridades y la ineficacia en la aplicación de la ley, la población indígena ha tenido que usar la fuerza para hacer valer sus derechos. En lugar de verse como pueblos hermanos que han forjado una cultura resplandeciente en este macizo montañoso, sus energías se pierden en la disputa agraria, que debilita la organización comunitaria y su capacidad para ejercer su libre determinación. No podemos permitir que sean las luces de plomo las que impongan la ley del más fuerte y la paz de los sepulcros entre los pueblos indígenas de Guerrero.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-luces-de-plomo/

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Opinión: ¿Se acabó la verdad histórica?

Tlachinollan

Por: Tlachinollan

 

En el mes de noviembre del 2014, en plena efervescencia y convulsión social por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el gobierno federal anunciaba a través del procurador general de la república Jesús Murillo Karam, que los estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal de Iguala, y que los habrían entregado al grupo delictivo guerreros unidos, quienes los asesinaron e incineraron. Para el gobierno de Enrique Peña Nieto, esa fue la versión oficial que defendió a capa y espada.

En el sistema penal de corte inquisitivo se buscaba la verdad histórica, que consistió en reconstruir los hechos tal cual acontecieron en el mundo fáctico, a través de la prueba recabada en el proceso.  Por su parte, el sistema penal acusatorio prescinde de este objetivo procesal y apuesta por el esclarecimiento de los hechos y la solución del conflicto penal, partiendo que la verdad no es unívoca, y que cada persona involucrado en el proceso tiene su versión de lo acontecido.

Murillo Karam, cuando dio a conocer su “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes, quiso mostrar que el conjunto de pruebas que tenía reunidas, reconstruía fielmente lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre: que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y que sus restos vertidos al río San Juan.

Esta conclusión, se enmarca dentro de una crisis política propiciada por la protesta social que puso en grave riesgo la estabilidad del gobierno Peña Nieto. Para desactivar este movimiento que se tornaba más virulento, abanderando la consigna de “fue el Estado”, la narrativa de la verdad histórica, se limitó a circunscribir los hechos a un conflicto local protagonizado por el presidente municipal de Iguala con su policía preventiva coludidos con un grupo delictivo de alcance municipal. Excluyó deliberadamente la participación de autoridades federales. Esta versión se sustentó básicamente en tres confesiones de testigos, con la finalidad de cerrar la investigación y concluir la búsqueda de los 43 estudiantes.

Estas conclusiones de la investigación que buscaron un gran impacto mediático, tuvieron como respuesta un rechazo social unánime. Para la población que se trató de una respuesta política más que una investigación científica comprometida con la verdad y la justicia para las víctimas.   En el 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su primer informe desmontó esta trama de la versión oficial. Presentó una serie de pruebas científicas que no daban crédito la incineración de 43 cuerpos en el basurero de Cocula. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), demostró paso a paso las inconsistencias de esta escena de la pira. En el 2018, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas resolvió que los detenidos fueron torturados, declarando ilícitos y nulos sus testimonios.  Por otra parte, se fueron acumulando más datos dentro de la misma investigación que dejaban sin sustento la verdad histórica. Es importante resaltar algunos de ellos: que los celulares de los estudiantes, con los que supuestamente fueron quemados, estuvieron activos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre y varias prendas de vestir de su propiedad aparecerían en lugares distintos al basurero. Estas pruebas irrefutables fueron deshilando la trama de la versión oficial. La lucha inquebrantable de las madres y padres de los 43, se transformó en un referente nacional que cimbró al mismo gobierno peñanietista. Lograron condensar todo el malestar social para transformarse en un símbolo de la dignidad y la resistencia. Su autoridad moral transcendió fronteras y logró atraer la atención internacional, al grado que el gobierno federal perdió credibilidad y su verdad histórica se fue resquebrajando. Su lucha logró innovar un mecanismo de supervisión internacional que tuvo un impacto favorable en el nuevo curso de las investigaciones. Los informes del GIEI fueron determinantes para descarrilar la línea impuesta por la Procuraduría General de la República (PGR).

Además del peritaje del basurero de Cocula, el GIEI concluyó con gran contundencia: que en el ataque se realizó un operativo de gran envergadura que contenía tres cercos; el primero instalado en el centro de Iguala; el segundo en el crucero de Santa Teresa y el tercero en los municipios colindantes como Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco, Chilpancingo, Zumpango. La participación de las policías preventivas de los tres primeros municipios, quedó corroborada con distintos medios de prueba. Ellos obstruyeron el paso de los autobuses en hora críticas. Se ha constatado la participación de fuerzas de seguridad federal como la policía federal y el ejército mexicano. Se logró indagar que el grupo delictivo de guerreros unidos no era una pequeña célula, sino una red delincuencial con capacidad operativa a nivel internacional, que tiene trazada una ruta para la transportación de drogas de Iguala a Chicago, en autobuses de transporte público. La investigación también corroboró que los funcionarios encargados de la investigación incurrieron en actos de tortura, que recabaron pruebas ilícitas, y en contravención a la ley alteraron la escena del crimen, con la intención deliberada de ocultar la verdad y el paradero de los 43 estudiantes.

Con gran visión las madres y padres de los 43 estudiantes lograron posicionar el caso Ayotzinapa en la agenda de los candidatos presidenciales. Irrumpieron en un acto político del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, en la ciudad de Iguala. No solo los invitó a subir al templete, sino que les dio el micrófono para que planteara con toda claridad su exigencia de verdad y justicia. Desde aquel celebre mitin quedó sellado el compromiso del ahora presidente de la república de esclarecer los hechos. El caso de los 43 es un tema primordial para el gobierno de la república, por ello el mismo presidente dio la pauta para crear la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Por su parte, el fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero, emitió un acuerdo que crea la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa dentro de la FGR. No obstante, las altas expectativas que se suscitaron al calor de la nueva administración federal, las investigaciones no tuvieron un avance sustantivo. Todo el 2019, fue una espera impaciente por parte de las madres y padres de familias porque no había avances en las investigaciones. Se dieron momentos sumamente desconcertantes, que causaron desencanto. Por la liberación de varios detenidos, a causa de las inconsistencias de la investigación de quienes crearon la “verdad histórica”.  Se percibió desanimo, una especie de decepción, ante el gran número de personas liberadas. Las madres y padres pidieron reunirse con el presidente de la república para hacer expresar su sentir y apelar a su compromiso de llegar a la verdad. En el mes de septiembre se realizó el primer encuentro donde se establecieron nuevos compromisos y se programaron otras reuniones para darle seguimiento a los acuerdos. En el mes de enero y febrero de este año, se realizaron dos reuniones de suma trascendencia con el presidente de la república. En una de ellas estuvieron presentes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el fiscal general de la república, como lo habían solicitado las madres y padres, para dar un impulso a las investigaciones, pero sobre todo a entregar resultados de las nuevas indagatorias, para acabar con los pactos del silencio. En la última reunión, las madres y padres exigieron la detención de altos funcionarios que construyeron la “verdad histórica”.

La conferencia del fiscal general, el pasado del 30 de junio resume el nuevo derrotero de las investigaciones y vislumbra los nuevos avances y los hallazgos en las búsquedas que se traduce en tres elementos fundamentales: el fin de la “verdad histórica”; la orden de aprehensión contra Tomás Zerón; la detención de Ángel Casarrubias y los actos de corrupción del poder judicial, así como el anunció de 46 nuevas órdenes de aprehensión.

La declaración de que terminó la verdad histórica es muy significativa, porque se desecha la posición del gobierno anterior, colocando nuevos elementos en la indagatoria. Se rompe con el esquema localista del caso Ayotzinapa, más bien contextualiza estos hechos dentro del fenómeno de la macrocriminalidad, donde se encuentran involucradas autoridades federales. Las órdenes de aprehensión contra altos funcionarios es un claro mensaje de que no habrá impunidad. Tomás Zerón tiene mucho que decir sobre su actuación irregular en el proceso ¿Por qué tantas deficiencias cometidas en la investigación? ¿A que intereses políticos respondió su manoseo en el proceso? ¿A qué autoridades de alto nivel a tratado de encubrir? ¿De dónde obtuvo el resto óseo que fue sembrado en el Río San Juan y que las pruebas de genética indican que pertenece al estudiante Alexander Mora Venancio?

La detención de Ángel Casarrubias es de suma transcendencia por la desaparición de los 43 normalistas. El día de los hechos, José Ángel, ejercía el liderazgo del delictivo de guerreros unidos, quienes contaron con el apoyo y el respaldo de corporaciones policiales, tanto municipales, estatales y federales, así como elementos del ejército y de la marina. También está corroborado que la familia Casarrubias dirigía este grupo criminal, pues varios de sus hermanos han sido detenidos por este hecho, además uno de ellos era policía federal y otro, miembro del ejército. Su detención cobra una relevancia fundamental al ser dirigente de este grupo criminal ya que posee información privilegiada del paradero de los 43. En medio de la turbulencia que se dio, cuando una juez dictó su libertad, el mismo presidente de la república intervino para poner en evidencia el alto nivel de corrupción que existe entre los juzgadores del país, que quebrantan las exigencias más sentidas de una sociedad agraviada que reclama justicia. Las madres y padres esperan que impere el estado de derecho y no los intereses facciosos que pueden descarrilar nuevamente estos grandes esfuerzos para llegar a la verdad.

Las 46 órdenes de aprehensión que anunció el fiscal general es un claro mensaje que las pesquisas continuarán y que se procesará a todos los responsables directos e indirectos del caso. Es una exigencia de todo el pueblo de México, que ya no está dispuesto a tolerar más simulaciones y, sobre todo, versiones falases como la “verdad histórica” que quiso transformar en cenizas los sueños de los normalistas de Ayotzinapa, que son el motor de las grandes transformaciones sociales que requieren nuestro país. Solo así se sepultara la “verdad histórica”.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-se-acabo-la-verdad-historica/

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