Author: Tlachinollan

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OPINIÓN: El arcoíris de la Montaña

Tlachinollan

Por: Tlachinollan

Entre los pueblos indígenas de Guerrero persiste la leyenda de que el lugar donde nace el arcoíris, subyace el tesoro del pueblo. Se trata de un encanto, que solo los elegidos o elegidas por las potencias sagradas, lo pueden descubrir. Desde la infancia se nos inculca que no debemos señalar al arco refulgente, que es un deleite para nuestra vista. Si lo hacemos, nos advierten que nuestra mano se puede secar. Es una ilusión visual, encantadora y terrible.

Para las comunidades indígenas de la Montaña el rayo anuncia y atrae las lluvias. Es como un látigo que le pega a la serpiente, que simboliza a Quetzalcóatl y vive al pie del arcoíris. Las sabias y los sabios, tienen que congraciarse con la serpiente, porque obstaculiza la llegada de la lluvia buena.

El arcoíris tiene un significado dual: puede ser malo, porque anuncia sequía y enfermedades, pero también, se transforma en un buena augurio, cuando se presenta la ofrenda a la culebra, elaborada con tamal de calabaza, se baila a su alrededor en la cima del cerro, y ritualmente se le sacrifica. Es cuando el arcoíris anuncia el advenimiento de las lluvias, del tiempo bueno. Esta dualidad es la que explica la doble dimensión del arcoíris y el dinamismo que se tiene en las potencias cósmicas, de que las fuerzas contrarias pueden vencer la adversidad.

En el arcoíris de culturas y lenguas, Tlachinollan sembró con las comunidades, la semilla de los derechos humanos, para hacer frente a la violencia institucionalizada.
El hechizo del arco multicolor es una señal funesta, por eso los sabios y las sabias rezan en las cimas de la Montaña. La entrada del coronavirus a las comunidades indígenas, obligó a instalar cercos sanitarios y a limitar las salidas a la ciudad. El confinamiento comunitario, así como el uso de las plantas medicinales, el baño del temazcal y la acción ritual del “Xtambá”, que es el rezo que amarra al pueblo para protegerlo contra las plagas y las enfermedades, fueron las medidas tomadas en asamblea, ante la carencia de personal médico e infraestructura hospitalaria en la Montaña.

En este enclave rocoso, la muerte es la compañera inseparable de quienes luchan contra el atraco y la felonía. Los caciques imponen la ley del yugo con sus pistoleros que extorsionan a los pobres, mientras a los rebeldes, los torturan, desaparecen o zurcen sus cuerpos con plomo.

En el arcoíris de culturas y lenguas, Tlachinollan sembró con las comunidades, la semilla de los derechos humanos, para hacer frente a la violencia institucionalizada. Con la entereza de las víctimas desmadejamos el nudo de la impunidad y sentamos en el banquillo de los acusados a los perpetradores. A pesar de esta lucha titánica, el estado aún protege a quienes violan los derechos humanos, porque para los jueces, en la balanza de la justicia, el poder y el dinero tienen más peso.

En estos manantiales de agua cristalina, las víctimas de feminicidio, las sobrevivientes de la tortura sexual, los pueblos que defienden sus territorios contra las mineras, los familiares de las personas desaparecidas, la lucha emblemática de los 43 padres y madres de familia de Ayotzinapa, nos han enseñado a exigir justicia con el corazón por delante. En medio de peligros y amenazas, sus figuras se agigantan, porque tienen autoridad moral que arruina los planes aviesos que han urdido gobernantes, cuerpos de seguridad y crimen organizado. Los pueblos de la Montaña, que se encuentran cercados por el coronavirus, la violencia y el hambre, son el fortín de la dignidad en esta noche de la ignominia.

Siempre cuesta arriba, sembrando en el tlacolol, el maíz que no alcanza; caminando en los lodazales; padeciendo el maltrato y la discriminación de las autoridades; enfrentando al sicariato coludido con los grupos de poder; cargando en todo momento con el dolor, por la desaparición o asesinato de algún ser querido, las mujeres y los hombres de la Montaña, son el arcoíris de los derechos humanos, el arcoíris que ha escuchado los rezos de los sabios y las sabias.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org

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OPINIÓN: Por las familias jornaleras: Alianza Campo Justo

Tlachinollan

Por:  Tlachinollan

Es muy triste ser jornalera agrícola. Yo empecé a trabajar desde los 11 años, porque en ese tiempo le ayudé a mi abuelita en lo que más necesitábamos, que era la comida. Hasta la fecha sigo como jornalera, sufriendo todo el tiempo, porque es un trabajo donde entregas la vida y hasta pierdes a tus hijos. Yo perdí una bebé de 20 días de nacida, cuando íbamos en el camión del estado de Sinaloa a Baja California. Siempre vamos apretados. En los dos asientos van de tres a cuatro personas, y muchos parados. Nosotros íbamos hasta atrás. El autobús no estaba en buenas condiciones y no llevaba aire acondicionado. Se calentaba. Es un lugar donde el sol te quema todo el tiempo. La bebé ya no pudo respirar con tanto calor que hacía. Gritamos al chofer, pero no nos escuchó. Ya no pudimos salir por tanto apretujón. Me duele mucho recordar que en mis brazos murió mi bebé. Al bajar en Santa Ana, Sonora, el chofer nos dijo con coraje, cuando les reclamamos de que no se paró: “Aquí ustedes tuvieron la culpa”, yo le respondí: “¿Qué voy hacer si vamos encimados, con muchas personas que van paradas, y nosotros hasta atrás?”. Nos ignoró y ahí nos dejó.

Llegando a Santa Ana, todavía corrimos al centro de salud, pero mi hijita ya no resistió. Lo único que hicimos Felipe y yo, fue ponernos a llorar. Estaba cerca una iglesia, donde la gente nos ayudó a sepultar a nuestra bebé. Nos apoyaron como si fuéramos su familia, porque nos dieron de comer, y hasta pagaron nuestros pasajes para llegar a Tlapa.

Cuando trabajamos en el campo nuestros demás niños, casi hacen lo mismo, la única diferencia es que nosotros recibimos un sueldo y ellos nada. Nos ayudan a recolectar frutas, verduras, tomate, chile, lo que sea, pues no hay guardería para ellos, no hay escuela y no hay quien los va a cuidar. No nos queda de otra, solo que estén con nosotros en el campo. Es muy difícil trabajar con nuestros hijos en el surco. Las niñas cuidan a sus hermanitas, o si no, la mamá carga a su bebé para que siga trabajando.

Hace 15 días estuvimos trabajando en Arandas, Jalisco y así lo hicimos. Cargamos a nuestros hijos en el trabajo, porque no hay donde dejarlos. Así andamos, y como ellos no pueden estudiar, es imposible que lleguen los maestros hasta nuestra comunidad. Estamos sin información, no sabemos cuándo van a reiniciar las clases. Por eso, nos llevamos a nuestros hijos, que nos ayudan a sacar el trabajo del patrón, quien gana más y nosotros seguimos igual. Por ejemplo, un kilo de tomatillo está valiendo 15 pesos en la tienda y la cubeta de 20 litros la están pagando en 5 pesos; una arpilla pesa 35 kilos y ganamos entre 20 o 22 pesos. Llegamos a sacar como máximo 10 arpillas con todo y nuestros hijos.

En Arandas, no hay agua para bañarse, no hay una casa que esté en buenas condiciones para rentar. Más bien, no lo quieren hacer porque nos discriminan. Solo hay bodegas para almacenar fertilizante o guardar maquinaria. En estos lugares nos rentan con un precio de 4 mil a 5 mil pesos. Como son bodegas, nos conviene porque entramos más familias y nos repartimos el pago. Lo malo es que no alcanza el agua para bañarse ni para echarle a la taza. Cerca de ahí hay un río, donde escurre el agua del drenaje, donde muchas familias lavan sus ropas y se bañan. Para la comida tenemos que comprar botellones. Ahora que me acuerdo, hace diez días una señora que estaba trabajando, tuvo el dolor de parto. Ahí mismo, se alivió porque ya no hubo oportunidad de llevarla al hospital. Además, no hay dinero para que la atienda un médico. Y no vas a creer, al siguiente día, como no había quien se quedará con ella, se tuvo que ir al campo y ahí reposó debajo de una camioneta. A los tres días, empezó a trabajar.

En estos años, también he visto que muchos niños han muerto por accidentes en los campos. Lo que pasa es que como padres, al tener varios niños chiquitos, la más grandecita cuida a sus hermanitos, pero no es lo mismo. Porque al jugar no se dan cuenta que la máquina, que anda en los surcos, los puede atropellar. También se han dado casos donde los niños se intoxican con el veneno que les ponen a las ratas. Como juegan con la tierra y ven que hay alimento tirado lo agarran y se lo comen. Hay varios niños que han muerto, por intoxicación y por accidente. El patrón en lugar de ayudarlos se enoja y nos reclama “¿Por qué trajiste a tus hijos? Eso es culpa tuya”. En una ocasión, a punto estaba de morir una de mis niñas, tenía ocho meses. En esa ocasión estaba con mi esposa en Colima. Como siempre lo hacemos, llevamos a nuestros hijos al campo. Mientras andábamos en los surcos, le picó el alacrán. Nos dimos cuenta cuando nos avisó su hermanita de cinco años. Ese día tuvimos que pagar 2 mil 500 pesos por la inyección, aparte lo del taxi. Dios es muy grande, porque la niña se salvó. En cambio, he visto dos casos, donde un niño perdió la pierna cuando la pipa entró a rociar el campo y lo atropelló. Ese niño tiene como 20 años, y se quedó discapacitado. En León, Guanajuato, una niña estaba en la orilla del surco, y de repente un camión pasó encima de ella. Era el segundo del patrón, y como todos vimos, no les quedó de otra que pagar. Solo recibió 5 mil pesos por parte del chofer y no hubo de otra que sepultar a la niña en un panteón de León. Ese dinero no alcanzó ni para los gastos de la sepultura.

Son dos relatos de Felipe y Rosalba, un matrimonio de la comunidad Na’Savi de Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande, quienes desde hace 20 años deambulan con sus hijos, como jornaleros agrícolas en varios estados del país. Su precaria situación la comparten cerca de 3 millones de personas que trabajan en el campo, de las cuales, el 99% viven en condiciones de pobreza, marginación y desigualdad social y económica, a causa de su bajo nivel de ingreso.

El trabajo agrícola es por naturaleza físicamente demandante, ya que implica largas jornadas laborales en las que las personas trabajadoras del campo están de pie por largos periodos de tiempo. Además, los riesgos de accidentes aumentan con la fatiga, el terreno difícil en los que laboran las personas jornaleras, así como por la exposición a plaguicidas y la falta de acceso a servicios de salud básica. Aunado a esto, la mayoría de las y los jornaleros trabajan de manera temporal, sin contrato, y por estaciones, lo que conlleva a una constante movilidad y migración entre estados, generalmente de familias enteras. Además de asentamientos de población jornalera locales en diferentes entidades. En los trabajos del campo, también hay un importante número de niñas, niños y adolescentes, así como mujeres y mujeres jóvenes con menores de edad.

Este año, la pandemia por Covid-19 visibilizó a nivel global la relevancia de las y los trabajadores esenciales, quienes no tuvieron oportunidad de parar ante la crisis sanitaria y económica, como es el caso de las personas jornaleras y trabajadoras agrícolas, quienes siguieron trabajando para que los alimentos llegaran y sigan llegando a nuestros hogares. Asimismo, la pandemia, evidenció también la triple vulnerabilidad a la que esta población está expuesta por la falta de garantía a sus derechos, por las condiciones de desigualdad permanente en la que viven y por la falta de reconocimiento de su trabajo como esencial para la vida humana y supervivencia.

En este contexto hemos emprendido una campaña nacional que tiene como objetivo, lograr la aprobación de un salario mínimo profesional para las y los jornaleros agrícolas de México, por parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), dependiente de la Secretaría del Trabajo. Para ello, nos hemos coordinado con personas jornaleras promotoras de derechos humanos, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, para conformar la Alianza Campo Justo. Se trata de exigir a las autoridades que garanticen los derechos de las familias y personas jornaleras, en particular la exigencia puntual de un salario mínimo profesional, que permita dar un primer paso en el reconocimiento de los derechos de las personas jornaleras y la garantía de condiciones dignas de vida.

Por ello, exhortamos al Consejo de Representantes de la CONASAMI, para que incluyan la propuesta de fijación de un salario mínimo para personas jornaleras en sus sesiones de este año, y de esta forma se dé cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 280 Bis de la Ley Federal del Trabajo que se reformó desde mayo del 2019.

Resulta urgente que las políticas públicas orientadas a la población jornalera y a sus familias aseguren y garanticen sus derechos humanos, pues las estrategias implementadas hasta ahora, no han logrado revertir las desigualdades estructurales en las que laboran. Desde la Alianza Campo Justo hacemos un llamado al gobierno de México, de pasar del dicho al hecho, y reconocer los derechos de las personas jornaleras, que con su trabajo llevan alimento a millones de familias en nuestro país y el extranjero. Es urgente reducir la brecha de la desigualdad social y proteger a las familias más vulnerables en este tiempo de la pandemia. No podemos permitir que los trabajadores esenciales, sean mal pagados y que a costa de sus vidas las familias de las ciudades tengan alimentos, mientras ellas y ellos siguen cercados por el hambre.

Fuente: Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

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Verdad y justicia: deuda del Estado Mexicano

Tlachinollan

Por: Tlachinollan

Un homenaje al escritor del Guerrero profundo,

Octavio Navarrete Gorjón,

quien en la noche de los lagartos

nos narra con crudeza y elocuencia

los estragos de la guerra sucia.

El 16 de septiembre de 1977,

el régimen de Figueroa Figueroa,

lo desapareció y torturó.

No es casual que a cinco días

de que se cumplan 6 años,

de la desaparición de los 43 normalistas,

la exigencia de verdad y justicia,

siga siendo la deuda del Estado Mexicano.

Durante esta semana las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa emprenderán una jornada de lucha muy significativa, en Guerrero y en la ciudad de México. Son días claves para evidenciar que son insuficientes los alcances de la investigación y los resultados de las búsquedas que ha realizado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para ellos y ellas, es muy relevante el trato y el acercamiento que les ha brindado el presidente. Sienten que es genuino su compromiso y auténtica su postura, de dar con el paradero de sus hijos.

Con esa confianza que se ha ido construyendo en las reuniones de Palacio Nacional, le han manifestado con mucha firmeza que se requiere avanzar en las detenciones de las personas que participaron en la desaparición de los estudiantes. Enfatizado que se ubique a los altos funcionarios, como Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, por atreverse a construir una verdad histórica hechiza, y por ser participe en interrogatorios bajo tortura. Le han expresado que es impostergable desenmarañar el telar de la delincuencia que se urdió con la complicidad de autoridades municipales, funcionarios estatales, corporaciones policiales, tanto municipales como del estado y federales, así como del ejército y la marina. Con la autoridad moral que se han ganado, le han expresado al presidente, que dentro de la misma Fiscalía General de la República, existen funcionarios de la antigua administración que participaron en la construcción de la verdad histórica y son obstáculo para avanzar en las nuevas líneas de investigación. Con las actuaciones recientes de los jueces, que le han puesto precio a la libertad de los jefes de la delincuencia organizada, las madres y padres han emplazado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que proceda con todo el peso de la ley para sancionar a quienes inclinan la balanza de la justicia por intereses particulares. Aún hace falta proporcionar toda la información que se mantiene oculta por parte de algunas instancias del gobierno, como el caso de los vídeos del Palacio de Justicia de Iguala.

A pesar de las buenas señales que se han vislumbrado dentro de Palacio Nacional, las madres y padres están desesperados, porque a cinco días de que se cumplan seis años sin saber el paradero de sus hijos, no hay un cambio sustantivo en el acceso a la verdad ni en la aplicación de la justicia. Hay mucha dilación para ejercer las ordenes de aprehensión. Es muy desesperante y tortuoso, para las mamás y papás escuchar argumentos meramente formales constatar que las autoridades del poder judicial no están resolviendo los casos de fondo, por el contrario, están privilegiando las meras formalidades sobre qué instancia es competente para litigar el caso. Lo que más molesta y lastima es el análisis superficial que realizan algunos jueces sobre las imputaciones que se hacen de los detenidos, procediendo a negar las órdenes de aprehensión.

Además de estás obstrucciones, la muralla del ejército sigue siendo un gran obstáculo para avanzar en las investigaciones. Aún no se ha dado la plena colaboración de los altos mandos del ejército que tienen información privilegiada, por la posición que ocupaban, en la 27/a zona militar de Iguala y 35/a zona militar de Chilpancingo. Las madres y padres durante todo este tiempo han insistido que se investigue a los miembros del ejército que mantenían vínculos con el crimen organizado, y que además, estuvieron monitoreando desde Chilpancingo los movimientos de los estudiantes, confabulándose para sus desapariciones y asesinatos.

Este lunes iniciarán su jornada de lucha en el Palacio de Justicia de la ciudad de Iguala, para focalizar la irresponsabilidad y complicidad del Poder Judicial, que se han negado sistemáticamente a entregar los vídeos de las cámaras de seguridad. Han trivializado el caso y de manera burda han evadido su responsabilidad, como si se tratara de un caso fortuito sin consecuencias legales. En Guerrero, las autoridades se han acostumbrado a vivir en la impunidad, a no rendir cuentas y, mucho menos, a comprometerse con las víctimas de desaparición de personas. Es hora de que las autoridades tomen en serio el papel que desempeñan y el mandato constitucional que se les confiere, máxime que tienen la alta responsabilidad de administrar la justicia. La presencia de las madres y padres y los estudiantes de Ayotzinapa en el Congreso del Estado, es para recordarles a los diputados y diputadas que tienen un compromiso de contribuir en el caso Ayotzinapa. La Comisión que fue creada para este fin, tiene que citar a comparecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que informe sobre las acciones jurídicas que ha emprendido contra las personas responsables del resguardo de los vídeos extraviados, en el Palacio de Justicia de Iguala. En el estado se ha vuelto costumbre que son los ciudadanos y ciudadanas, las que tienen que presionar a las autoridades para que cumplan con su trabajo, siguen actuando como una élite privilegiada, a la que no tiene la obligación de rendirles cuentas a la población. Su poder es para proteger y defender sus intereses partidistas, no para servir a quienes son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

En la ciudad de México, las mamás y papás de los 43 se plantarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Fiscalía General de la República, para evidenciar su falta de compromiso con la verdad y la justicia. Por los obstáculos que existen al interior de las mismas instituciones para mantener intactos los intereses de grupos políticos, que se coludieron con personajes de la delincuencia organizada. Exigirán que no se escuden en las formalidades jurídicas y que realmente jalen parejo como lo está demostrando el ejecutivo federal. En Palacio Nacional no habrá plantón sino una reunión formal con el presidente de la república, para informar de los nuevos avances logrados por parte de la Fiscalía General de la República y de los resultados obtenidos en las recientes búsquedas. La incertidumbre es la que mantiene el corazón estrujado de las madres y padres de los 43 normalistas, porque continúan en la zozobra, aún caminan en la oscuridad y no hay indicios de su paradero.

Así como el libro de La Travesía de las Tortugas, que habla de la vida de los 43 normalistas, antes del 26 de septiembre del 2014, tenemos también la dicha de leer el libro del compañero Octavio Navarrete Gorjón titulado La Noche de los Lagartos, que nos narra la época terrorífica de la guerra sucia en Guerrero. El hilo conductor son las desapariciones políticas que fueron ejecutadas por el ejército y auspiciadas por el ejecutivo federal y el gobernador del estado. El mismo Octavio fue víctima de desaparición forzada el 16 de septiembre de 1977, cuando salió de su casa a tirar la basura. Se lo llevaron en un Mustang rojo. Aun cuando lo inmovilizaron y lo tiraron debajo del asiento, pudo identificar a Meche una amiga de su hermana Hilda. Cuando el carro hizo una parada, logró sobreponerse y gritó “Meche avísale a Hilda que me llevan”. El carro fue ubicado en las oficinas de tránsito municipal de Acapulco. Doña Soledad, madre de Octavio junto con Hilda, acudieron con el ingeniero Manuel Mesa Andraca para que con su intervención pudieran hablar con el gobernador Rubén Figueroa Figueroa. La cita se dio, y el ingeniero se presentó como amigo de la familia y de Octavio, el líder estudiantil de la preparatoria 2 de Acapulco. Le informó de su desaparición y le pidió su intervención para que regresara sano y salvo a su casa. El gobernador tomó el teléfono y con voz de mando dijo “mi mayor, con su vida me responde la presentación del joven Octavio Navarrete”. Después de escuchar a su interlocutor, le enfatizó que tenía que encontrarlo. Al final de la tensa plática, se dirigió a doña Soledad con un gesto adusto “váyase tranquila, que se lo vamos a entregar”. 15 días más tarde la jefa de comunicación del gobierno del estado Bella Hernández, presentaba al gobernador Rubén Figueroa y al dirigente estudiantil Octavio Navarrete. Lo inaudito fue el mensaje nefasto del gobernador “mi gobierno no desaparece estudiantes (…) En Guerrero, no se les persigue”. La cita del gobernador a la mamá de Octavio en la ciudad de México, fue para espetarle “póngale gobierno a este muchacho, ¿Le gustaría que apareciera muerto sobre una cuneta? Dígale que el no hará política en Guerrero, mientras yo gobierne. ¿Quiere encierro, destierro o entierro?”. Octavio se fue del estado, pero siempre su corazón estuvo anclado en  Coyuca de Benítez, siendo testigo de las gestas heroicas de los campesinos y maestros por la verdad y la justicia.

Fuente e magen: Tlachinollan

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OPINIÓN: La lucha campesina contra el emporio minero

Tlachinollan

Por: Tlachinollan

 

A las 5 de la mañana del 3 de septiembre, más de 700 habitantes de la comunidad de Carrizalillo se apostaron en la entrada de la minera Equinox Gold, actual operadora de la extracción de oro del proyecto Los Filos en el municipio de Eduardo Neri. Por el trato despótico y racista del gerente, quien recurrentemente incumplía con las cláusulas del convenio, los trabajadores decidieron cerrar toda la operación de la mina a cielo abierto y de la mina subterránea.  Esta acción de fuerza nos rememora lo que sucedió el 8 de enero de 2007, cuando los ejidatarios tomaron la decisión de bloquear la mina ante la postura arrogante de los empresarios mineros que se negaban a incrementar el pago de la renta de las tierras ejidales, fijada en mil pesos anuales. La reacción fue virulenta por parte del gobierno de Zeferino Torreblanca quien mandó policías del Estado a desalojar a las familias que se atrevieron a desafiar al emporio minero Gold Corp.

De nueva cuenta se reactivó el conflicto por incumplimiento del convenio firmado el 3 de abril del 2019, ahora por la minera Equinox Gold, que fue suscrito por un periodo de 6 años. Con el aval del gobierno federal, que en estos meses de la pandemia consideró a la actividad minera como esencial, las empresas que trabajan en Guerrero se sintieron cobijadas, y por eso algunas no dejaron de trabajar, como sucedió en el mes de mayo, en la comunidad de Tehuixtla, municipio de Teloloapan, con la minera Capela, donde murieron 2 trabajadores y 3 quedaron heridos.

El 13 de mayo cuando se dio el anuncio de la nueva normalidad, a través del sistema de semáforos, la actividad minera fue considerada como parte de las actividades esenciales. Con este respaldo presidencial la empresa Equinox Gold, desde el 16 de mayo convocó de manera precipitada, a los trabajadores subcontratados provenientes de varios estados del país. Ignoró que en Guerrero la curva de la pandemia iba en pleno ascenso.  La minera movilizó a 500 trabajadores para preparar el inicio de sus actividades. Implementó un protocolo de seguridad sanitaria que no le dio importancia a la instalación de campamentos para el resguardo de los trabajadores que se aplicaron la prueba PCR.

Actuaron de forma displicente y no le dieron importancia al contagio que podría suscitarse dentro de las comunidades rurales. Para la empresa la vida de los campesinos queda supeditada al mega negocio del oro, por eso no se preocuparon en instalar un triage para detectar y atender a la población que presentara algunos síntomas del coronavirus. Fue grande su sorpresa cuando aplicaron 170 pruebas, donde resultaron positivas 42 personas, que al parecer no presentaban síntomas. Los representantes de la minera, en lugar de implementar medidas de confinamiento para los trabajadores positivos los regresaron a sus domicilios, poniendo en riesgo a más personas y a sus familias.

Por su parte las comunidades de Carrizalillo, Xochipala y Mezcala se vieron obligadas a tomar sus propias medidas de seguridad para contener el contagio. Instalaron filtros sanitarios y acordaron impedir la entrada a trabajadores de otros lugares. Ante la falta de resultados inmediatos de las pruebas PCR que se aplicaban a la población, la situación se salió de control, porque ninguna persona se aislaba y todos realizaban sus actividades. Las consecuencias han sido fatales ante el incremento del número de contagios que hay en la mina, y en las mismas comunidades. Hace dos meses se registró la muerte por COVID-19 de un trabajador sindicalizado, de 32 años, originario de Carrizalillo, quien padeció las consecuencias del trato discriminatorio y racista que caracteriza al gerente de la minera.

Una de las cláusulas que más se incumplen en el presente convenio está relacionada con la atención médica de los trabajadores. Este servicio se ha dejado de brindar, a pesar de que existe un fondo anual asignado para la compra de medicamentos. El gerente en todo momento regatea la entrega, y lo más truculento, es que triplican el precio de los medicamentos, además de que la entrega se hace con un mes de retraso. Lo contrastante en esta relación, abismalmente inequitativa, es el servicio del agua que los habitantes de Carrizalillo siguen padeciendo desde que la empresa Gold Corp instaló su infraestructura hidráulica para consumir 250 millones de litros de agua al día mezclada con 19 toneladas de cianuro para el lavado del metal. Los habitantes de Carrizalillo, que padecen varias enfermedades a causa de la contaminación ambiental y del agua misma, no cuentan con este líquido de manera suficiente para su uso cotidiano. A pesar de las ganancias millonarias que obtienen con la extracción de mineral, la empresa de manera burda y cínica ha incumplido con el compromiso de trabajar en un nuevo proyecto que restablezca la red de agua potable, y sobre todo que no esté contaminada de arsénico.

La lucha de los ejidatarios de Carrizalillo, además de mejorar los precios en la renta de la tierra; de garantizar la atención médica, y contar con suficiente agua potable en sus viviendas, su pelea con la empresa es asegurar el empleo para la población local. Se firmó una cláusula de que se asignaría un porcentaje 60/40 para contratar a trabajadores de Carrizalillo, y hasta la fecha, el gerente ha argumentado que la empresa tiene otros compromisos y que no es fácil cumplir con este acuerdo. Queda claro que para los emporios mineros la población local es desechable, no forma parte de su proyecto extractivista, sólo requiere su riqueza natural. Esto mismo sucede con la renta de maquinaria y de camiones, que de manera permanente bloquea la contratación de estas unidades que poseen algunas familias de la comunidad, incumpliendo el acuerdo de darle prioridad a los trabajadores locales con el porcentaje de 60/40.

En el convenio hay una cláusula destinada al otorgamiento de becas para estudiantes de nivel medio superior y superior, con el fin expreso de que los jóvenes alcancen un nivel de especialización para desempeñar un trabajo calificado. De igual manera, el gerente general ha dejado sentir su desprecio por este deseo de las familias de que sus hijas e hijos alcancen una formación profesional. Cada mes tienen que acudir a sus oficinas para pedirle que libere los recursos. Se trata de 110 becas con un monto de 2 mil 200 pesos que, en la vía de los hechos, el gerente cree que no se lo merecen por ser hijas e hijos de campesinos.

Ante este trato arrogante y discriminatorio del gerente Juan Carlos Flores, los ejidatarios de Carrizalillo han tomado la decisión de no tenerlo como interlocutor para negociar este convenio. Más bien exigen su despido. Así se lo expresaron en una carta al ingeniero Peter Burger vicepresidente de operaciones en México “es importante que usted sepa que, hasta el día de ayer viernes 4 de septiembre le dimos la oportunidad a la empresa de rectificar su actuación de omisión ante nuestros planteamientos, los cuáles como se lo mencionamos al gerente interino todavía la asamblea nos proporcionó un margen de diálogo para destrabar el conflicto.” Sin embargo, para el día sábado 5 de septiembre, la mesa agraria del ejido de Carrizalillo, le enfatizó al vicepresidente una carta de renuncia del gerente, como requisito para reanudar el diálogo, de lo contrario, quedarían cerradas totalmente las operaciones de la mina Los Filos. De igual manera, concluirían el convenio firmado con la empresa en 2019 por el incumplimiento de varias cláusulas que atentan contra sus derechos como trabajadores y como dueños de las tierras.

La lucha que han emprendido los ejidatarios de Carrizalillo muestra las profundas contradicciones que existen entre los intereses del capital minero y los derechos laborales de los trabajadores. La vocación depredadora de este emporio avasalla, no sólo el entorno natural, sino la vida de sus pobladores, truncando el futuro de las nuevas generaciones. Es abismal la riqueza que han acumulado estas empresas mineras, que, a más de 15 años, han destruido el hábitat; sobreexplotado el agua del Rio Balsas; envenenado los mantos freáticos; desertificado las tierras de esta cuenca; cancelado la vida campesina; desplazado de manera forzada a familias; propiciando la violencia intracomunitaria y generando pactos con el crimen organizado, que se han erigido como guardianes de la mina.

La depredación y el atraso social es como el fierro quemador que destruye el tejido comunitario y deja en condiciones de extrema vulnerabilidad a sus pobladores, que han cimentado su vida en la agricultura. El malestar de los campesinos se empieza a extender en las comunidades vecinas, ante el atraco de la empresa minera que se siente respaldada y protegida por las autoridades de los 3 niveles de gobierno, y por la misma Guardia Nacional que subió para atemorizar a los ejidatarios y criminalizar su protesta. La minería a cielo abierto forma parte de los santuarios del capitalismo salvaje, que tiene como sus protectores a los gobiernos en turno, dejando a su suerte a las comunidades campesinas, que siempre han estado asediadas por los dragones del capital.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-la-lucha-campesina-contra-el-emporio-minero/

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OPINIÓN: Voces de dolor, gritos de esperanza

Tlachinollan

Por: Tlachinollan

 

Para el maestro Arcángel Ramírez Perulero:

Demostraste en todo momento tu compromiso para representar los intereses legítimos del magisterio democrático. Mostrarte ese temple para mantener tus posturas independientes frente al poder. Abrazaste las causas que enarbolan los movimientos sociales en Guerrero. Siempre cercano a los 43 y dando la batalla para que la educación en Guerrero llegue a los lugares más recónditos del estado. Tu legado forma parte de las enseñanzas que ha dado la CETEG para hacer de la educación el motor de la transformación social.

 

Para las autoridades de México el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas sigue sin representar un día especial para reconocer a las familias que han entregado su vida para que haya justicia en México. Según las últimas cifras señaladas por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, se tiene el registro de 73 mil 218 personas desaparecidas y de 3 mil 978 fosas clandestinas en donde han sido exhumados 6 mil 625 cuerpos, en un conteo que abarca desde el 2006 hasta julio de 2020. En Guerrero los casos de desaparición forzada nos remiten a la época sombría de la Guerra Sucia donde cientos de personas siguen desaparecidas, sin que las autoridades se hayan comprometido con esta causa, por el contrario, siguen siendo cómplices de los perpetradores.

Esas voces de dolor son los gritos de esperanza de un México adolorido. Este domingo fuimos testigos de las protestas y acciones de reivindicación por parte de madres, hermanas e hijas que desde diferente lugares y trincheras hicieron pública una realidad que nos lacera. Atoyac de Álvarez se ha transformado en el lugar emblemático de la rebeldía y la dignidad. Vimos a través de las redes sociales esa fuerza y ese gran amor de madres y abuelas que mostraban con orgullo y rabia las fotografías de sus seres queridos. Como hace más de 40 años los siguen nombrando. Su recuerdo sigue estando presente en sus vidas sin dejarse vencer por el olvido. A pesar de los años y de las edades el reclamo retumba en el país que desenmascara las tropelías de los gobiernos que violentan los derechos humanos. La figura señera de Tita Radilla siempre será un referente para la lucha nacional de las personas desaparecidas. Su tenacidad y perseverancia le ha permitido demostrar que el Estado mexicano es responsable de la desaparición forzada de su padre Rosendo Radilla. Su testimonio nos inspira e ilumina el camino de las mujeres y hombres que avanzamos para que se acabe esta forma de gobernar dándole la espalda a las víctimas, quienes son el verdadero motor de la transformación social.

Este mismo domingo por la tarde escuchamos también por redes sociales los testimonios de familiares de personas desaparecidas en la región de la montaña, que, desde el mes de octubre del año pasado, con la desaparición del defensor comunitario Arnulfo Cerón Soriano, se unieron a la lucha para exigir su presentación y se atrincheraron en el Colectivo Luciérnaga. Es muy ilustrativo el siguiente testimonio “soy una persona que está con la esperanza que un día aparezca mi esposo. Él desapareció el 7 de enero de 2019. Había mucha gente que se dio cuenta de lo que pasó. En esos días nadie decía nada. Todo empezó a salir poco después, pero en un principio nadie te dice nada por miedo. En mi caso sí lo busqué como tres meses con ayuda de amigos y familiares, pero no encontramos nada, después vine a Tlachinollan, en ese entonces todavía había miedo. Por eso en las búsquedas no decíamos que íbamos a buscar una persona, más bien que íbamos a ver unos terrenos para comprar. Inventábamos cualquier cosa.

A Arnulfo lo encontraron, pero la frustración de nosotras es que no buscaron a nuestro familiar como debería de ser. Ese es mi reclamo a la autoridad, porque vas al ministerio público, pero te ven como bicho raro, como diciendo qué haces acá. Yo muchas veces llegaba a pedir que me atendieran. Tengo un indicio de mi compañero, pero es la fecha que no me lo han podido entregar por varias cuestiones que ellos dicen que es difícil la identificación. Siento que está ahí. Tengo la esperanza de que está en un lugar donde fueron encontradas varias personas. Una persona me dijo que tratara de ver la ropa. Con sólo ir allá donde están todos los restos, al SEMEFO, ya es un avance. Para entrar es muy difícil y más para exigir y querer ver la ropa para que te la muestren. Te piden un oficio del MP, yo lo hice y lo volví a llevar, pero me decían que el papel estaba mal redactado y tenía que regresar otra vez. Es una desesperación horrible. Fue hasta la tercera ocasión que me dejaron ver la ropa. Vi unas prendas de mi esposo, pero hasta ahora estamos esperando y no hay respuesta. Es muy lamentable. En mi caso estoy desgastada económicamente, ahora tuve que ponerme a trabajar. Siempre he trabajado, pero de forma independiente. Yo manejaba mis horarios; sin embargo, en el trabajo que hoy tengo no puedo salir a la hora que sea. Ya se lo dejé todo en manos de Dios y me incorporé a este Colectivo porque para mí si hay una esperanza. Para mí hay la posibilidad de encontrarlo vivo o muerto. Más que nada por una niña que tengo. Por ella lucho y me conformo con solo llevarla y decirle: hija aquí está tu papá. Gracias a Tlachinollan, ha venido la Comisión Nacional de Búsqueda y con ellos hemos encontrado a otras personas. A lo mejor de que nunca he formado parte de un colectivo no sé cómo se hacen las cosas; sin embargo, aquí las compañeras me alientan para seguir adelante. Vivimos con la esperanza de que va a aparecer nuestro familiar vivo o muerto.”

En medio de esta grave crisis de derechos humanos donde las desapariciones de personas continúan consumándose, las autoridades federales tienen el enorme desafío de parar esta escalada de violencia y de contener esta embestida delincuencial, donde las mismas fuerzas del Estado forman parte del problema. Hace unos días fuimos testigos de un video que revela la ejecución extrajudicial de un civil a manos del ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En el video se ve una persecución a una camioneta presuntamente del crimen organizado, emboscada por varios vehículos militares que no dejan de disparar a mansalva. Al encontrarse ya detenido el vehículo se puede ver a un civil -que al parecer se trataba de una víctima de secuestro- levantar su mano demostrando que está vivo y se oyen varios gritos diciendo “está vivo, está vivo”. En ese mismo momento, se escucha claramente como un miembro de las fuerzas armadas ordena que se le asesine diciendo “Mátalo, mátalo a la verga” y se logra ver como disparan al civil, quien queda inmóvil instantáneamente.

Estos cruentos hechos nos recuerdan casos como los de Tlatlaya, el Charco y la ejecución arbitraria del joven Bonfilio Rubio Villegas en un retén militar, así como otros casos donde impera la impunidad militar. Reafirman la fallida estrategia de militarización de la seguridad pública, ante la falta de controles efectivos para las fuerzas armadas y nos dejan pendiente, la necesidad de poner límites al ejército mexicano. Si bien reconocemos que la presencia del crimen organizado es uno de los principales retos que atender en México y que son los principales responsables de las aterradoras cifras de muertes y desapariciones, reiteramos que la estrategia de seguridad nunca debe ir en detrimento del respeto a los derechos humanos.

Durante años hemos podido ser testigos de la actuación desmedida del ejército que, ante la falta de controles civiles y delimitación clara de sus facultades, se han convertido en uno de los principales responsables de las graves violaciones a derechos humanos, especialmente, en estados como Guerrero donde su presencia es latente. Esta semana se cumplen 10 años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció a México por la tortura sexual de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, a manos de ejército mexicano en el 2002. En dichos fallos, el tribunal interamericano determinó que ambas mujeres habían sido objeto de violaciones graves de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército mexicano y de autoridades estatales y federales en el estado de Guerrero, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que denominó “violencia institucional castrense”.

A una década de estas paradigmáticas sentencias que han marcado un precedente para toda América Latina, sigue pendiente el cumplimiento de varios puntos fundamentales para el acceso a la justicia de las sobrevivientes, como las investigaciones y sanciones de todos los responsables. El 1° junio de 2018, la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero emitió una sentencia en contra de dos elementos del ejército mexicano para el caso de Valentina Rosendo Cantú, donde los sentencia a 19 años de prisión. Este fallo es histórico porque es la primera resolución que cumple con el mandato del tribunal interamericano y se reconoce la tortura sexual. Sin embargo, esta sentencia aún no es firme, fue apelada por la defensa de los elementos militares y actualmente se encuentra pendiente un amparo, por lo que aún podría revertirse. Un hecho que sería imperdonable.

Para el caso de Inés Fernández Ortega, aún no se ha logrado una sentencia contra los elementos del ejército mexicano responsables de los hechos. El proceso se ha visto retrasado ante varios recursos interpuestos por su defensa. Incluso uno de los probables responsables fue asesinado en una cárcel militar, sin que hasta el momento se haya podido determinar fehacientemente que su muerte no está relacionada con el proceso de justicia de Inés Fernández. Por otra parte, la investigación en contra de los ministerios públicos y personal médico que se negaron a brindar la atención a Inés y Valentina en 2002 ha estado durante años parada y sin avances sustanciales para la determinación formal de las responsabilidades penales en su contra.

En un contexto como el que vive la entidad es urgente que las autoridades mexicanas cumplan con estas sentencias, que buscan poner fin a más casos como los de Inés y Valentina, así como hechos ocurridos en Tamaulipas. Cabe recordar que el Tribunal interamericano señaló la necesidad de adecuar la legislación mexicana a los tratados internacionales y limitar la actuación de ejército. A una década más de la impunidad militar y ante el décimo aniversario de estas sentencias paradigmáticas, emplazamos a las autoridades federales a que den cumplimiento cabal a las sentencias que siguen incumplidas.

En este marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, esperamos que muy pronto el Senado discuta sobre la competencia del Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas (CED); pero también esperamos que las autoridades mexicanas reconsideren las actuaciones violentas del ejército en las calles y limite su actuación a controles civiles.

Las voces de dolor protagonizadas por los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos; su lucha imbatible; su autoridad moral y su testimonio de vida, son el legado intangible que han forjado con lágrimas y sangre, miles de mujeres de a pie que nos han enseñado cómo se lucha y cómo es el verdadero compromiso de quienes buscan la justicia y la paz en este México adolorido. Ellas son el grito de esperanza.

Fuente e imagen:  http://www.tlachinollan.org/opinion-voces-de-dolor-gritos-de-esperanza/

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Entre gritos y esperanzas

Tlachinollan

Por: Tlachinollan

 

“El tiempo ha transcurrido sin saber nada de nuestros hijos. El dolor y la herida sigue marcando nuestras vidas porque nos siguen faltando 43. Estamos preocupados con la noticia de que un juez concede un amparo a José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles, y puedan salir impunes por el caso de la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. Estamos seguros que nuevamente la corrupción que prevalece en el poder judicial queda de manifiesto y demostrado que los jueces reciben sobornos, como cuando se liberó al Mochomo, a pocas horas de su captura”, comentó en el mitin en el antimonumento +43 don Bernabé Abraham, padre de Adán Abraham de la Cruz, joven desaparecido el 26 de septiembre del 2014.

A 71 meses de la desaparición de los jóvenes normalistas, las madres y padres de familia no dejan de alzar la voz. “Le decimos a México y al mundo que en un inicio el gobierno de Enrique Peña Nieto quiso callarnos con dinero, pero aquí seguimos buscando a nuestros hijos porque no hay verdad ni justicia”.

Las madres y padres de familia dijeron que las investigaciones se siguen realizando, hay nuevos hallazgos y un nuevo camino hacia la verdad científica. “A un mes de cumplir seis años de este crimen de Estado queremos decirle al mundo que no hay poder humano que nos detenga hasta llegar a la verdad y pueda haber justicia, porque no puede quedar en la impunidad y menos en el olvido”.

“Los policías municipales, policía federal, ministeriales y elementos del ejército han sido señalados que participaron y estuvieron presentes en los diferentes ataques que sufrieron nuestros hijos”. No hubiéramos conocido verdad alguna sin el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), señalaron las madres y los padres.

Doña Hilda Legideño, en su intervención, habló de la disposición que tiene el gobierno actual para seguir investigando y buscando a los jóvenes, pero se requiere del respaldo de todos los mexicanos que han acompañado y siguen para encontrar a nuestros hijos. Es muy importante que los culpables sean castigados para que no se siga cometiendo hechos como en Iguala. “Mientras nuestro grito siga existiendo la esperanza seguirá ardiendo como una luz en los caminos para encontrar a nuestros hijos”.

Por su parte, representaciones de las normales rurales sintetizaron su exigencia por la aparición con vida de sus 43 compañeros, primero, con la solidaridad incondicional hacia los padres para seguir luchando y, segundo, que sus compañeros en estos tiempos “deberían estar impartiendo clases si no fueran desaparecidos por el gobierno. El gobierno nos ha matado a nuestros compañeros y nos quitó a 43 camaradas. Exigimos justicia. Nosotros como normalistas no nos vamos a rendir hasta saber la verdad”.

“Las madres y padres estamos seguros que la justicia va a llegar, porque los que saben de los hechos tienen que hablar para poder saber el paradero de nuestros hijos. No vamos a parar hasta llegar a la verdad y se pueda hacer justicia. Reiteramos nuestra exigencia a las autoridades que encarcelen a las autoridades y/o personas que participaron en la desaparición de los 43 normalistas, sólo así se revelará la verdad”.

Fuente: Tlachinollan

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¿Educación virtual o la enseñanza de la desigualdad social?

Tlachinollan

Por: Tlachinollan


Para el defensor comunitario Gaudencio Mejía:

En la Montaña,

en la década de los 90, fuiste de los jóvenes rebeldes

que asumieron su indianidad con gran orgullo.

Nunca te arredraste ni retrocediste,

ante el desprecio y a la humillación de los caciques y políticos pendenciaron.

Siempre luchaste contra el racismo y la discriminación.

Tu retorno a la Montaña estuvo marcado

por tu lucha para romper las cadenas del oprobio

y desmontar el andamiaje delincuencial,

anclado en la burocracia gubernamental.

Abriste las puertas de la Voz de la Montaña

para ceder sus micrófonos

a quienes luchan por la justicia.

Tu despedida fue premonitoria, como los sabios y sabias de la Montaña: te quedas en el corazón de nuestras luchas.

El pasado domingo 23 de agosto, al filo del mediodía, 10 niñas y dos niños del segundo grado de la escuela Telesecundaria “Genaro Vázquez Roja”, se encontraban reunidos bajo un cobertizo, a un costado de la comisaría de Xochitepec, municipio de Acatepec. La escena era impactante, porque no había ningún docente o padre de familia que estuviera coordinando la reunión. Por iniciativa propia quedaron de verse para acordar cómo van a trabajar en este nuevo ciclo escolar, que inicia con un nuevo modelo de la educación virtual. Era increíble ver su capacidad de adaptación en un lugar incómodo para revisar la guía de trabajo que su maestra recién había entregado al comité de padres y madres de familia. Las niñas comentaban, en Me’phaa, la forma cómo trabajarían. Se integrarían por pequeños equipos para hacer los ejercicios que vienen en la guía. Quedaba descartada la posibilidad de recibir las clases por internet o por televisión, porque con el cierre de la escuela no hay manera de acceder a una computadora.

Fue muy grato constatar cómo los niños y niñas de una comunidad recóndita de la Montaña, se reúnen para planear sus actividades en la víspera del nuevo ciclo escolar. Ante la falta de un espacio idóneo para su reunión, se sentaron sobre unas tablas y bancas de madera, para preparar su primera sesión académica.

A la intemperie la mayoría de niñas y niños de la Montaña inaugurarán el nuevo ciclo escolar:  sin luz en sus casas, trabajando en el surco, enfrentando la escasez del maíz y padeciendo los estragos la nueva enfermedad del Covid-19. Se las ingeniarán para darse el tiempo con sus compañeros y compañeras, con el apoyo de un padre o madre de familia, para contestar la guía. Ante la lluvia pertinaz, los pisos de tierra, la oscuridad de las viviendas y el viento que se cuela por los techos de lámina, las niñas y los niños difícilmente podrán ejercitar la lectura y la escritura, cuando sus padres se encuentran en la parcela. Esta brecha de la desigualdad social se profundizará más con la nueva normalidad impuesta por las autoridades educativas a causa de la pandemia.

En estas circunstancias los funcionarios de la Secretaría de Educación descargan su responsabilidad en las madres y padres de familia y en los mismos niños y niñas. Con este abismo tecnológico, es inconcebible revertir el rezago educativo sin generar condiciones materiales para que las comunidades rurales estén en posibilidades de trabajar académicamente en esta modalidad de la educación virtual.

Son muy reveladores los testimonios de las maestras y maestros de educación indígena ante una realidad que los avasalla. Para la maestra Diana de la comunidad Na Savi de Arroyo Prieto, municipio de Cochoapa el Grande, la educación dentro del aula, antes de que llegara la pandemia, de por sí era muy deficiente por el rezago social en que se encuentran los niños. Lo normal es que no van seguido a la escuela.  Tampoco cumplen con las tareas o no hay materiales para trabajar. Como maestras nos la ingeniamos pedagógicamente, para que las niñas y niños capten los contenidos. Es muy difícil cumplir con las metas que nos marcan los programas educativos.

La pandemia nos puso en un dilema: de trabajar en la comunidad o enseñar a la distancia. Lo que nos preocupa es que ya arrastramos problemas con la enseñanza de los niños, porque las madres y padres de familia no pueden apoyarnos para que sus hijos realicen sus tareas. El analfabetismo intergeneracional es un gran obstáculo para avanzar, porque se requiere un trabajo más intenso con las madres y padres para generar una comunidad de aprendizaje. La situación del campo es más crítica, por eso los jefes y jefas de familia han optado por dejar su comunidad, para irse a trabajar como jornaleros agrícolas. Se van con todos sus hijos e hijas, porque lo primero es el ingreso económico para alimentarse y lo segundo es juntar dinero para curarse, dejando en último lugar el estudio para sus hijos. Ya no hay forma de trabajar con ellos, a causa de la migración temporal. Por eso no sabemos que vamos hacer, porque no sólo está cerrada la escuela sino también las casas de las niñas y niños que se han ido a los campos agrícolas del norte del país.

Para el maestro Pragedis, quien se siente orgulloso de saber escribir en Náhuatl, manifiesta que se siente preocupado en este inicio de clases por la situación que se vive en la Montaña. Uno no tiene los medios para trabajar a distancia, como lo plantea la Secretaria de Educación Pública. Tal vez desde un enfoque que ellos ven desde la ciudad, donde los niños tienen televisión, tienen laptop, tienen internet, Tablet, en las que ellos se pueden apoyar. Pero desafortunadamente en nuestra Montaña, la mayoría de las comunidades enfrentamos situaciones muy difíciles. Yo soy maestro multigrado, atiendo a alumnos de primero a sexto grado. Tengo que trabajar con ellos y lo que hago es llevarme sus trabajos. Les explico a mis alumnos y los padres de familia para que puedan hacer estos trabajos. Pero como usted comprenderá esto es muy complicado, porque de manera presencial de por sí se dificulta la atención de los niños, ahora a distancia con trece padres de familia es muy difícil avanzar, porque no todos saben leer y tampoco tienen el mismo interés de apoyar. También tengo niños y niñas que viven con su abuelitos y abuelitas y con ellos no cuento, porque no me pueden ayudar.

La mayoría de los padres de familia se dedican al campo.  La única fuente de ingreso es cortar leña y migrar a otros estados.  A veces ni me avisan cuando se van a trabajar por varios meses, simplemente sus niños y niñas dejan de asistir a la escuela. No me queda de otra que trabajar con los pocos niños que se quedan y me siento mal de reprobar a las hijas e hijos de los jornaleros, porque es condenarlos a vivir en analfabetismo.

Mi forma de trabajar, desde que empezó la pandemia, es ir a dejar los trabajos a la comunidad. Les explico a los niños y niñas lo que van a hacer. En una semana voy dos veces: los lunes llevo los trabajos y los viernes los recojo.  De esa manera los he estado atendiendo, aunque no estoy obedeciendo al cien por ciento las órdenes de mi supervisor. Porque nos dijo que llamemos al comité para que venga a Tlapa por los trabajos. No lo veo bien porque es una hora y media en camioneta y tienen que gastar para el pasaje, además hay un tramo que se camina. Por eso prefiero ir, aunque salga caro y tenga que levantarme muy temprano.

Antes de la pandemia mi vida era así: me iba el lunes a la comunidad. Llegando empiezo a trabajar con ellos hasta las 2 de la tarde. Los señores y las señoras no están en sus casas. Regresan muy tarde del campo. Mientras las niñas y los niños se van a echar un baño. Luego regresan y les pongo actividades de lectura. Trabajo con niños con rezago. Como soy maestro unitario, trabajo solo.  Hay días que me llama el supervisor porque necesita la documentación y dejo abandonados los niños. Por eso trato de trabajar en la mañana y en la tarde cuando estoy en la comunidad para no desatenderlos y ayudar más a los de lento aprendizaje.

Como docente siento tristeza por no poder atender a mis niños y niñas. Desde el mes de marzo dejamos de ir a la escuela. No los abandoné totalmente porque iba dos veces a la semana. Avancé con mi programa de trabajo, pero no logré los aprendizajes esperados. Ahora con el nuevo ciclo escolar va ser más difícil porque no vamos a saber medir lo que aprendieron. ¡Imagínese si les aplicamos un examen! Ellos no pueden ver los contenidos de las clases por la televisión. De los 13 padres de familia, si acaso uno tendrá televisión, pero no tiene esos canales donde van a pasar las clases virtuales, ¿cómo van a pagar el sky? Allá no llega la señal. ¿Cómo voy a evaluar a mis niños? Los he atendido poco, de hecho, los conozco, puedo decir a este niño le pongo un 9, pero eso no es lo correcto. Lo correcto es medir qué tanto ha aprendido.

Para el maestro Silvano de Yerba Santa, municipio de Acatepec, es muy difícil explicarles a las madres y padres de familia lo que va a pasar en este ciclo escolar. En primer lugar, porque suspendimos labores el 21 de marzo sin poder avisarle a la comunidad. No hubo un acuerdo con ellos, solamente les dijimos que hasta nuevo aviso regresaríamos y les diríamos cómo íbamos a trabajar a distancia. Pero ya no se pudo porque la escuela no cuenta con internet. Hay una sola computadora que sólo usa el director. Se la lleva a casa y aparte no sirve porque tiene virus y no se ocupa. El internet solamente lo tiene un señor de la comunidad que vende fichas, pero salen arriba de 35 pesos por 24 horas. La señal ahí no es tan buena que digamos porque está bien lento el internet. A veces hay, a veces no hay. A veces se va hasta por dos días.

Cuando estuve en la comunidad Cerro Ocotal, fue muy complicado, porque yo no hablo Me’phaa. Era una escuela multigrado y los niños estaban prácticamente abandonados. La escuela no es como la imaginamos o como la vemos en la televisión. Ahí la escuela es una casa de adobe con una división de dos cuartitos, una para la dirección y otra para las clases, de 3×2 m2  y unas mesitas. Ahí las señoras y señores no saben leer, no saben contestar llamadas por whatsapp cuando hay internet.

Mañana tenemos una reunión en la comunidad y al parecer nos van a instruir o vamos a platicar con los compañeros docentes cómo se va a trabajar. De antemano tenemos previsto que no se podrá llevar la enseñanza por la televisión, por eso estamos planeando hacer unas guías para llevarlas cada 15 días a las niñas y los niños. Se las dejaremos a las madres y padres de familia con el compromiso de que las entreguen a sus hijos y revisar sus trabajos a las dos semanas que regresemos. Aun así, vemos que no hay condiciones porque son como cinco horas de camino en pasajera y la distancia es un problema porque con las lluvias no están fácil llegar. Vamos a ir a la comunidad para decirles que no podemos iniciar clases dentro de la escuela. No sabemos cuál será la respuesta, porque algunos padres de familia ya nos advirtieron “profe, ahora si tiene que venir a atender a nuestros niños. Lo de la pandemia ya pasó, además aquí no hay contagios. Nosotros nacimos para morir”. Lo más probable es que varias mamas y papás nos digan que les demos clases a sus hijos porque para ellos las clases por televisión no son clases, son para entretener a los niños o para ver películas. También vemos muy complicado que los papás quieran trabajar con las guías y ayudarles a sus hijos a hacer la tarea. La educación virtual en la Montaña se corre el riesgo de seguir zanjando la desigualdad social y remarcando la discriminación a la niñez indígena. La nueva normalidad tiene que salvaguardar los derechos de la población más vulnerable que se encuentra cercada por el hambre, el coronavirus y el analfabetismo.

Publicado originalmente en Tlachinollan

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