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Interpretar la era de la violencia global

Por: Enzo Traverso

Comparaciones

Los investigadores suelen ver a América Latina como una suerte de matrix de la violencia moderna, como el emplazamiento original de una larga cadena de guerras y genocidios que configuraron la trayectoria de la civilización occidental desde el siglo xvi en adelante. Retrospectivamente —este concepto apareció recién durante la Segunda Guerra Mundial—, América Latina se ha convertido en el lugar del primer genocidio global. Allí surgieron las formas originales de conquista y exterminio, que representaron de manera anticipada el racismo moderno y la destrucción colonial. Como han señalado muchos investigadores, la ideología de los conquistadores —el casticismo español y la idea de la limpieza de sangre— preanunció el mito ario y la biología racial de los nazis, del mismo modo en que el genocidio microbiano introducido por Hernán Cortés anticipó los «holocaustos victorianos» del imperialismo británico en la India y la devastación belga del Congo en el siglo xix. La conquista del Nuevo Mundo proporciona el paradigma de todas las narrativas de genocidio: el colonialismo como el campo donde se produce un violento choque entre Occidente y la «otredad» no occidental (de acuerdo con el modelo epistemológico de Tzvetan Todorov) o, en términos marxistas, como el espacio histórico donde se desarrolla un proceso criminal de acumulación originaria de capital (según la interpretación clásica de Eduardo Galeano). Esta narrativa fundacional se propagó a escala global y finalmente regresó a la propia América Latina, donde la violencia multiforme del siglo xx tiende a ser subsumida bajo el concepto de genocidio. Existe hoy una propensión a clasificar muchas experiencias históricas diferentes de violencia como genocidio. Ese es el marco académico de nuestros tiempos, dominados por el discurso sobre los derechos humanos: allí el pasado aparece representado como una era indeterminada de violencia, frente a la cual surge nuestra época de sensatez postotalitaria y democracia liberal pacífica. Por supuesto, esta tendencia está muy relacionada con nuestro régimen global de historicidad, tan sensible a los derechos humanos como despolitizado. Entre 1910 y 1980 (es decir, entre la Revolución Mexicana y la Nicaragüense, pasando por Cuba y los movimientos guerrilleros de la década de 1960), América Latina aparecía frente a los ojos del mundo como el continente de las rebeliones sociales y las revoluciones políticas, donde la violencia tenía un potencial emancipatorio. Desde los años ochenta, en cambio, se ha convertido en un continente de víctimas: desde las de la Conquista hasta las de Augusto Pinochet, Jorge Rafael Videla y Efraín Ríos Montt.

Soy bastante escéptico en cuanto a ese desplazamiento, que traslada el concepto de genocidio desde su campo original (el derecho penal) hacia las humanidades. Resulta peligroso transformar una categoría jurídica en una herramienta analítica para la interpretación histórica, porque ese procedimiento reduce la complejidad de la experiencia histórica —con sus múltiples causalidades, actores y dimensiones temporales— a una confrontación binaria entre victimarios y víctimas, y empobrece así nuestra comprensión. Creo que esta metamorfosis del genocidio en un prisma hermenéutico global muestra el sometimiento del ámbito académico al arbitrio de la memoria, que está mucho más interesada en alcanzar el reconocimiento público de las víctimas que en explicar el proceso histórico que las produjo.

Enredados en una lucha legítima por la justicia, los historiadores proporcionaron apoyo académico a los reclamos reivindicativos y olvidaron a veces que su tarea consiste en elaborar un discurso crítico sobre el pasado. En cierta medida, no se trata de algo sorprendente ni nuevo: la actual bibliografía latinoamericana sobre genocidio evoca la historiografía antifascista de las décadas de 1930 y 1940, así como la española producida en el exilio durante los años de la dictadura de Francisco Franco. Los historiadores no viven en una torre de marfil y no pueden escapar a las limitaciones intelectuales, políticas e incluso psicológicas que les impone su sociedad (a veces, a partir de su propia experiencia); pero deben marcar una distancia crítica en la relación que cualquier sociedad establece con su propio pasado. En mi opinión, el hecho de no abusar del concepto de genocidio —y evitar aplicarlo a cualquier forma de violencia— no implica establecer una jerarquía moralmente indigna entre las víctimas, sino que busca preservar la lucidez y agudeza históricas. En otras palabras, lo que sugiero no es eliminar el concepto de nuestro léxico, sino incorporarlo dentro de un C y con más matices.

Un segundo error se vincula a la habitual percepción de América Latina como el escenario privilegiado de la violencia moderna. Esto surge a partir de dos motivos: la violencia social endémica de sus sociedades y el recuerdo todavía fresco de las dictaduras militares. En las últimas décadas, la violencia social se ha convertido en el prisma a través del cual la opinión pública internacional percibe a América Latina, más allá de la literatura, el folclore y el turismo; y esa imagen suele ser amplificada por la industria cultural (películas, series de televisión, etc.), que ha reemplazado los relatos de mafias sicilianas o ítalo-estadounidenses por historias mucho más atrapantes sobre narcos colombianos y mexicanos, como Pablo Escobar o el Chapo Guzmán.

Al mismo tiempo, las dictaduras militares de los años setenta y comienzos de los ochenta, percibidas adecuadamente como el equivalente latinoamericano del fascismo europeo, dejaron un legado de sufrimiento y pasado conflictivo, que se unieron a la reviviscencia del recuerdo del Holocausto en Occidente. Estas memorias entrecruzadas reafirmaron la tendencia a transformar el Holocausto en un paradigma de violencia moderna y a subsumir a las víctimas de la represión militar bajo la categoría de genocidio. Evidentes tanto en términos de las prácticas como de la retórica política, las afinidades entre el fascismo clásico y las dictaduras militares latinoamericanas se vieron realzadas por la presencia de decenas de miles de exiliados de América Latina en Europa, entre ellos muchos escritores brillantes, que recrearon la atmósfera intelectual del antifascismo de la década de 1930.

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Sin embargo, esta violencia social endémica y el retorno del fascismo disimulan algunas diferencias históricas enormes con Europa y ocultan algo obvio: durante el siglo xx, América Latina no debió atravesar ninguna guerra mundial y quedó a salvo del cataclismo sufrido entre 1914 y 1945. Esto significa que, durante el siglo pasado, América Latina ocupó un lugar «marginal» dentro de la historia global de violencia y, si se compara con Europa o Asia, aparece como un continente afortunado (lo que resulta muy paradójico, ya que en la actualidad se ha convertido en el objeto elegido para los estudios sobre violencia). Desde luego, todos los datos son relativos y deben evaluarse dentro de su correspondiente contexto temporal y demográfico: la Guerra del Paraguay (1864-1870) tuvo efectos devastadores que, de acuerdo con varias investigaciones, redujeron la población de este pequeño país en 40%; en menos de una década, en los conflictos militares de la Revolución Mexicana murieron más de 1.5 millones de personas sobre una población de 15 millones, es decir, más de 10%; en 1982, la contrainsurgencia llevada a cabo por Ríos Montt en Guatemala mató a 85,000 personas en unos pocos meses, etc.

Las cifras son enormes, sobre todo cuando —como en el caso de Colombia o Guatemala— las consideramos en el marco de procesos históricos desarrollados a lo largo de varias décadas. De todos modos, el hecho es que América Latina no experimentó la macroviolencia de las guerras mundiales del siglo xx. Comúnmente se acepta que el número de víctimas de la dictadura militar argentina (que duró siete años) o del régimen de Pinochet en Chile (que se prolongó durante 17) es de 30,000 desaparecidos, una cifra que equivale al primer día de la Batalla del Somme durante la Primera Guerra Mundial, a una semana de matanzas en un solo campo de exterminio nazi o a los cuatro ataques aéreos que destruyeron Dresde entre el 13 y el 15 de febrero de 1945. Cuando hablamos de guerras mundiales, nos referimos a conflictos que mataron a 12 y más de 50 millones de personas, respectivamente (con mayoría de civiles en el caso de la Segunda Guerra Mundial). A partir de 1954 en Guatemala, Estados Unidos intensificó sus intervenciones militares contra las revoluciones y los movimientos guerrilleros en América Latina, pero nunca bombardeó con napalm como en Vietnam, ni realizó ocupaciones duraderas como en Afganistán o Iraq. En otras palabras, pese a su reputación como tierra de violencia endémica, América Latina parece ser a escala global un continente pacífico y muy civilizado.

Matanza industrial

Con las disculpas del caso, es necesario adoptar en cierta medida una mirada «eurocéntrica» para construir un enfoque genealógico sobre el siglo xx como era de la violencia global. Aunque en 1918 Europa dejó de ser el eje central del mundo, la Primera Guerra Mundial fue la cuna de los cataclismos del siglo. Entre 1914 y 1945, el continente vivió una segunda Guerra de los Treinta Años, que rápidamente se convirtió en una guerra civil internacional y fue mucho más allá de sus propios límites territoriales. Después de 1945, esta contienda terminó oponiendo a dos bloques geopolíticos —oriental y occidental— cuyas fronteras estaban definidas desde un punto de vista ideológico. Esta era de violencia tuvo su origen en una crisis europea global: una crisis política, determinada por el colapso del viejo orden liberal y la irrupción de las masas en la esfera pública, que se extendió hasta el advenimiento del fascismo y el comunismo; una crisis económica, determinada por el final del laissez-faire y la introducción en todos los países de diferentes formas de intervención estatal; y finalmente una crisis cultural, que puso en tela de juicio la idea hasta entonces dominante de progreso.

Durante este tiempo, nuevos paradigmas científicos se fundieron con cosmovisiones conservadoras heredadas de la tradición de la contra-Ilustración, lo que creó formas híbridas y desconocidas de modernismo reaccionario. A partir de 1914, la modernidad reveló su cara más destructiva y aterradora: la de la guerra total. Un continente en gran medida rural descubrió las leyes de un mundo mecanizado, una temporalidad completamente desconectada del ritmo de la naturaleza y un sometimiento de los cuerpos al Moloch arrollador e impersonal de los ejércitos de masas.

De pronto, el concepto de modernidad ya no se identificaba con el progreso material; estaba relacionado, más bien, con una guerra industrial llevada a cabo por gigantescos ejércitos organizados como fábricas fordistas, que incorporaban soldados transformados en «trabajadores de la destrucción» (definición que apareció de manera simultánea en 1915 en los escritos de Henri Barbusse y Arnold Zweig). La guerra total se convirtió en una masacre racionalizada y tecnologizada, cuyo resultado ya no era una muerte en la gloria, sino en serie: una muerte «sin atributos», una muerte anónima en masa. Según la definición de Walter Benjamin, era una muerte «mecánicamente reproducible», cuyo «aura» se perdió para siempre en el barro de las trincheras. Inaugurada con el mito de la muerte heroica, la Primera Guerra Mundial finalizó con conmemoraciones al «soldado desconocido».

Guerra civil internacional. Durante esta segunda Guerra de los Treinta Años, Europa experimentó una extraordinaria fusión de conflictos: clásicas guerras infraestatales, revoluciones, guerras civiles, guerras de liberación nacional, genocidios y confrontaciones violentas surgidas a partir de divisiones de clase, nacionales, políticas, ideológicas y también religiosas. La idea de «guerra civil europea» sintetiza todos estos conflictos. Se trata de un concepto acuñado aparentemente por el pintor alemán Franz Marc, quien lo utilizó en una carta que escribió desde el frente poco antes de morir en Verdún; pese a lo que afirmaba la propaganda, Marc señaló que la guerra mundial era «una guerra civil europea, una guerra contra el enemigo interno invisible del espíritu europeo». A comienzos de 1943, tras regresar de una misión al Cáucaso en el momento de la derrota alemana en Stalingrado, Ernst Jünger definió la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental como «absoluta, hasta un punto que Clausewitz no podría haber concebido, ni siquiera después de las experiencias de 1812: es una guerra entre Estados, entre pueblos, entre ciudadanos y entre religiones con el objetivo de la extinción zoológica».

Por supuesto que «guerra civil europea» y «guerra civil internacional» son conceptos contradictorios: «guerra civil» implica una ruptura en el orden interno de un Estado, y Europa y el mundo no eran un Estado ni una federación ni en 1914 ni en 1945. Sin embargo, los conflictos que atravesaron en esos años adquirieron los rasgos de una guerra civil. De acuerdo con todas las teorías modernas del derecho, la guerra tiene sus reglas, que establecen quiénes pueden declararla (jus ad bellum) y cómo conducirla (jus in bello). Por un lado, la guerra solo puede ser declarada por una autoridad legítima, es decir, por un Estado soberano; por el otro, necesita contar con un conjunto de reglas compartidas por todos los beligerantes, que deben respetar los derechos de los prisioneros (sobre todo, su derecho a la vida), evitar ataques sobre la población civil y no transformar a esta en un objetivo militar. Las leyes de la guerra no eran más que un aspecto del Jus Publicum Europaeum, es decir, un sistema codificado de relaciones entre Estados que poseían el monopolio de la legítima violencia en sus territorios. Esta concepción está implícita en la famosa frase inicial del tratado de Carl von Clausewitz sobre la guerra, que data de la primera mitad del siglo xix: «La guerra no es más que un duelo a gran escala». De hecho, la práctica social de retarse a duelo estaba muy difundida entre las capas aristocráticas hasta 1914 y revelaba una mayor adaptación a las leyes y a ciertas normas compartidas respecto al uso de la violencia. Más que un remanente del feudalismo, la práctica del duelo parecía representar un espejo del proceso de civilización —autocontrol y regulación normativa de conflictos— encarnado por el orden dinástico a lo largo del siglo xix. En otras palabras, su código tan formalizado reproducía las normas de guerra fijadas por el Jus Publicum Europaeum.

En el verano europeo de 1914, cuando estas normas aún parecían darse por sentadas, el atentado de Sarajevo detonó un conflicto que puso el continente en llamas. Ninguno de los responsables había imaginado a ejércitos de millones de hombres atrincherados durante años; nadie había pensado en armas químicas, bombardeos, ciudades destruidas y asesinatos en serie producidos por el fuego de las ametralladoras. El habitus mental y las referencias culturales se asociaban a la experiencia europea del siglo xix, con sus guerras «civilizadas» entre Estados del Antiguo Régimen que se profesaban un mutuo respeto.

Fuente de la información: https://reportesp.mx
Traducción de Mariano Grynszpan

Ilustración de Dante de la Vega

Fotografía: Nueva sociedad

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¿Aprenderán a leer y escribir nuestras hijas e hijos? ¿Mirarán el futuro con dignidad?

Por: Vijay Prashad

El mundo está a la deriva en las mareas del hambre y la desolación. Es difícil pensar en la educación, o en cualquier otra cosa, cuando tus hijos no pueden comer.

Y sin embargo, el fuerte  ataque a la educación durante esta última década nos obliga a considerar el tipo de futuro que heredará la juventud. En 2018, antes de la pandemia, la ONU calculó que 258 millones, o uno de cada seis niños y niñas en edad escolar estaban sin escolarizar. En marzo de 2020, el inicio de la pandemia, la UNESCO estimó que 1.500 millones de niños, niñas y adolescentes se vieron afectados por el cierre de las escuelas; un asombroso 91% de las y los estudiantes de todo el mundo vieron interrumpida su educación por los confinamientos.

Un nuevo estudio de la ONU publicado en junio de 2022 ha revelado que el número de niñas y niños que sufren dificultades en su educación casi se ha triplicado desde 2016, pasando de 75 millones a 222 millones en la actualidad. «Estos 222 millones de niños y niñas se encuentran en un espectro de necesidades educativas: alrededor de 78,2 millones (54% mujeres, 17% con dificultades funcionales, 16% desplazados forzosamente) están fuera de la escuela, mientras que 119,6 millones no alcanzan la competencia mínima en lectura o matemáticas en los primeros grados, a pesar de asistir a la escuela», señala el programa de la ONU “La educación no puede esperar”. Se presta muy poca atención a la calamidad que esto supondrá para las generaciones venideras.

El Banco Mundial, en colaboración con la UNESCO, ha señalado que el financiamiento de la educación ha disminuido en los países de ingresos bajos y medios bajos, el 41% de los cuales «redujo su gasto en educación con el inicio de la pandemia en 2020, con una disminución promedio del gasto del 13,5%». Mientras que los países más ricos han vuelto a los niveles de anteriores a la pandemia, en los países más pobres la financiación se ha situado por debajo de los promedios anteriores a la pandemia. Esta disminución producirá una pérdida de casi 21 billones de dólares en ingresos de por vida, mucho más que los 17 billones de dólares estimados en 2021. A medida que la economía se tambalea y que los propietarios del capital asumen el hecho de que sencillamente no van a contratar a miles de millones de personas que se convierten —para ellos— en una «población excedente», no es de extrañar que la atención a la educación sea tan marginal.

Los experimentos de liberación nacional de otras épocas revelan una serie de valores totalmente diferentes, que daban prioridad a acabar con el hambre, aumentar la alfabetización y garantizar otros avances sociales que mejoraran la dignidad humana. El Instituto Tricontinental de Investigación Social presenta una nueva serie llamada Estudios de Liberación Nacional. El primer estudio de esta serie, La educación política para la liberación del PAIGC en Guinea-Bissau, 1963-74, es un texto magnífico basado en la investigación de archivo de Sónia Vaz-Borges, historiadora y autora de Militant Education, Liberation Struggle, and Consciousness: The PAIGC education in Guinea Bissau, 1963–1978 (Peter Lang, 2019).

El PAIGC, abreviatura de Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, fue fundado en 1956. Como muchos proyectos de liberación nacional, el PAIGC comenzó en el marco político establecido por el Estado colonial portugués. En 1959, los estibadores de los muelles de Pidjiguiti se declararon en huelga para reclamar mayores salarios y mejores condiciones de trabajo, pero se encontraron con que los portugueses negociaban con las armas cuando mataron a unos cincuenta trabajadores e hirieron a otros. Esta masacre convenció al PAIGC de proseguir la lucha armada, estableciendo zonas liberadas del dominio colonial en la entonces Guinea (hoy Guinea-Bissau).

En estas zonas liberadas, el PAIGC puso en marcha un proyecto socialista, que incluía un sistema educativo que pretendía abolir el analfabetismo y crear una vida cultural digna para la población. Es esta búsqueda de un proyecto educativo igualitario lo que nos llamó la atención, ya que incluso en un país pobre que se enfrentaba a la represión armada del Estado colonial, el PAIGC seguía apartando recursos preciosos de la lucha armada para construir la dignidad del pueblo. En 1974, el país se independizó de Portugal y hasta el día de hoy los valores de este proyecto de liberación nacional siguen resonando.

El proyecto de liberación nacional en el que se embarcó el PAIGC tenía dos objetivos simultáneos:

  1. Derrocar las instituciones coloniales de opresión y explotación.
  2. Crear un proyecto de reconstrucción nacional para perseguir la liberación económica, política y social del pueblo y para luchar contra los residuos tóxicos dejados por las estructuras coloniales en los cuerpos y las mentes del pueblo.

Hasta 1959, no había escuelas secundarias en Guinea-Bissau, que la monarquía portuguesa controlaba desde 1588. En 1964, el primer congreso del PAIGC, bajo la dirección de Amílcar Cabral, hizo la siguiente promesa:

Crear escuelas y desarrollar la instrucción en todas las áreas liberadas (…) Mejorar el trabajo en las escuelas existentes, evitar un número de alumnos muy elevado que puede perjudicar el aprovechamiento de todos. Crear escuelas, pero tener en cuenta las posibilidades reales para evitar que después tengamos que cerrar algunas escuelas por falta de medios (…) Crear cursos especiales para formación y perfeccionamiento de profesores (…) Crear cursos para enseñar a leer y escribir a los adultos, sean ellos combatientes o elementos de la población (…) Crear poco a poco, bibliotecas simples en las zonas y regiones liberadas, prestar a otros los libros de los que disponemos, ayudar a otros a aprender a leer un libro o periódico y comprender lo que se lee.

“Todos los que saben deben enseñar a los que no saben”, dijeron los cuadros del PAIGC mientras se esforzaban por enseñar la alfabetización básica, la historia de su tierra y la importancia de su lucha por la liberación nacional.

Nuestro estudio explica todo el proceso del sistema educativo establecido por el PAIGC, incluyendo una evaluación de las formas y prácticas educativas. El estudio se centra en la pedagogía del PAIGC y en su plan de estudios anticolonialista y centrado en África. Como señala nuestro estudio:

Las experiencias de los pueblos africanos, su pasado, su presente y su futuro debían estar en el núcleo de esta nueva educación. Los planes de estudio tenían que abordar y a la vez ser conformados por las formas de conocimiento que existían en las comunidades locales. Con estos nuevos enfoques del conocimiento, el PAIGC trataba de cultivar en las y los estudiantes un sentido personal de obligación consigo mismos, sus compañeros y sus comunidades. Tan temprano como en 1949, Cabral abogó por que la producción de conocimiento se centrara en las realidades africanas existentes a través de sus experiencias de investigación de las condiciones agrícolas en Portugal y sus territorios africanos. Argumentaba que una de las mejores formas de defender la tierra consistía en aprender cómo utilizar el suelo de forma sostenible y mejorar conscientemente los beneficios que obtenemos de él. Conocer y entender la tierra era una forma de defender al pueblo y su derecho a mejorar sus condiciones de vida.

El estudio es apasionante, una ventana a un mundo vencido por la austeridad del ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional que ha arrastrado a Guinea-Bissau a la debacle desde 1995, con una tasa de alfabetización que se acerca al 50%, lo que resulta chocante para un país con el tipo de posibilidades de liberación nacional que puso en marcha el PAIGC. La lectura del estudio abre ventanas pasadas, esperanzas que permanecen vivas mientras nuestros movimientos permanezcan atentos y vuelvan a la fuente para construir futuros mejores.

El líder del PAIGC, Amílcar Cabral, fue asesinado el 20 de enero de 1973, un año antes de que el colonialismo portugués sufriera una derrota histórica. El PAIGC sufrió la pérdida de su líder. En 1946, Cabral escribió un poema lírico, «Regresso», que señalaba la ética del movimiento por el que dio su vida. «Regreso» era un término importante en el vocabulario de Cabral, la frase «retorno al origen» era fundamental para su visión de que la liberación nacional debe tratar el pasado como un recurso y no como un destino. Escuchen a la gran cantante de Cabo Verde, Cesária Évora, cantar el poema de Cabral arriba, y léanlo abajo, una puerta a las esperanzas que tenemos en la educación liberadora:

Mamá vieja, venga a oir conmigo
el latir de la lluvia en su puerta.
Es un ritmo amigo
que vibra dentro de mi corazón.

La lluvia amiga, mamá vieja, la lluvia
que no ha latido así desde hace tanto tiempo…
Oí decir que la Ciudad Vieja,
—toda la isla—
En pocos días se convirtió en un jardín…

Dicen que el campo se cubrió de verde,
el color más bonito, porque es el color de la esperanza.
Que la tierra, ahora, es realmente Cabo Verde.
– Una tormenta que se convirtió en bonanza…

Venga conmigo, mamá vieja, venga,
recupere sus fuerzas y venga a la puerta.
La lluvia amiga ya dijo que se mantenga
¡y late dentro de mi corazón!

Fuente de la información  e imagen: https://thetricontinental.org/es/newsletterissue/guinea-bissau-liberacion/https://thetricontinental.org

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A las niñas indígenas nadie las defiende

Por: Abel Barrera Hernández

En las comunidades pobres de la Montaña de Guerrero, principalmente en los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatonoc, se arraigó la costumbre de los matrimonios forzados de niñas que truncan su vida desde los 12 años. Los padres han normalizado la venta de sus hijas fijando cantidades que oscilan entre los 100 mil a 250 mil pesos. Son los hombres mayores los que formalizan estas alianzas matrimoniales, ignorando la opinión de las esposas y de las mismas niñas. Las autoridades comunitarias son las que testifican y legitiman las uniones de las menores. Lo más grave es que las niñas quedan en total indefensión desde el momento mismo en que sus papás las entregan a quienes serán sus esposos. El mismo día que reciben el dinero y hacen la fiesta, las niñas-esposas son tratadas como sirvientas de los suegros y del marido. Las esclavizan por el precio que pagaron por ellas. Quedan sometidas a un régimen patriarcal en el que los mismos padres se vuelven cómplices de las violencias que padecen sus hijas. No pueden reclamar a los suegros las vejaciones que sufren, de lo contrario, tendrían que regresar todo el dinero con intereses, además de ir a la cárcel junto con la hija desobediente.

A las niñas indígenas les conculcan sus derechos. Le imponen marido y le ponen precio. Como esposas quedan silenciadas de por vida. Nadie se atreve a defenderlas porque puede costarle la expulsión de la comunidad o el encarcelamiento. Las autoridades municipales, por acción u omisión, forman parte de esta red de complicidades. Las autoridades estatales y federales no llegan a estos lugares. Los diputados y diputadas locales tampoco ubican las causas estructurales del problema. Sus reformas solo criminalizan a los padres de familia. Existe un gran abismo entre la visión que permea en la clase política y el drama económico que padecen las comunidades indígenas. Se invisibiliza la desigualdad social y se estigmatiza la cultura de los pueblos indígenas y afromexicanos. Las intervenciones que realizan quedan plasmadas en convenios y acuerdos burocráticos que no inciden en la esfera comunitaria. Para las niñas-esposas el matrimonio forzado es una condena de por vida. Las 4 paredes de la casa de los suegros es su cárcel y su marido el capataz. Mientras la burocracia gubernamental solo contempla la tragedia desde sus cubículos.

La ausencia de las instituciones del estado en las comunidades indígenas propicia estas prácticas denigrantes. Su inoperancia permite que los agresores de las niñas se ensañen, porque saben que nadie las defiende. Los funcionarios esperan que las menores acudan a sus oficinas, sin tomar en cuenta los riesgos que corren. El monolingüismo de muchas niñas es parte de las políticas racistas que violentan su derecho a la educación. Sus trágicas historias no se conocen porque viven en lugares inhóspitos y no aparecen en el facebook.

Su dependencia económica las supedita a los caprichos de los maridos. Como esposas realizan trabajos extenuantes. Nunca reciben una remuneración por todo lo que hacen. La sujeción está basada en el uso de la fuerza de los hombres. Los mayores imponen la costumbre de que ellas deben cuidar y mantener a la prole, tienen que preparar la comida, trabajar en el campo, lavar la ropa, hervir el nixtamal y poner la lumbre en la madrugada. No reconocen su aporte sustantivo en la cultura, la alimentación, la salud, el trabajo comunitario y su creatividad artística.

Los padres de familia de estos municipios aprendieron desde pequeños a sembrar maíz en el tlacolol, en condiciones sumamente precarias. Toda la familia tiene que realizar la tumba, la roza y la quema, porque no hay recursos para pagar peones. Cosechan por año alrededor de 300 a 500 kilos de maíz. El policultivo les permite saborear frutos frescos derivados de la calabaza, el frijol y el maíz. Han heredado saberes culinarios que son manjares de la cultura mesoamericana por la multiplicidad de sabores que logran extraer y mezclar en cada producto. En la fiesta de muertos comparten la comida en el cementerio con las abuelas y abuelos difuntos.

En la temporada de secas el hambre arrecia en la Montaña porque la cosecha es raquítica y solo dura 3 meses. Las familias indígenas se ven obligadas a abandonar sus comunidades para instalarse en los campos agrícolas. Al principio su desplazamiento era a los estados de Puebla y Morelos, para el corte de la caña. Posteriormente se dio el enganchamiento de los jóvenes para trabajar en los municipios de la Sierra y la Costa Grande del Estado, como sembradores y rayadores de amapola. Muy pronto la planta roja empezó a florecer en las laderas de la Montaña y en los patios de las casas. Su siembra reforzó la militarización e incrementó la violencia. La venta de la goma abrió las rutas del trasiego y alentó la disputa por el control territorial. La fragmentación comunitaria debilitó las redes de apoyo local y expulsó a las familias sin tierra. La ola migratoria se expandió hacia los estados de Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Chihuahua donde están asentados grupos del crimen organizado y empresas agroexportadoras, que contratan mucha mano de obra barata en condiciones sumamente deplorables y riesgosas.

Con la migración jornalera la situación de las niñas, niños y mujeres empeoró, no solo por las olas del Covid 19, que causó más muertes de las que normalmente suceden en las comunidades indígenas, sino por el recrudecimiento de la violencia que ha segado la vida de esposas y niñas en municipios pobres. Los matrimonios forzados de niñas han incubado la violencia dentro de los mismos hogares. Este ambiente hostil es propiciado por los suegros y maridos y permitido por las autoridades municipales que se mantienen pasivas e indiferentes. Ante la embestida virulenta de los hombres mayores que acechan a las niñas-esposas, no les queda otra alternativa que huir de este infierno para refugiarse en la casa de sus padres.

El caso de Celia, es indignante y aberrante.  En julio del 2021 la forzaron a casarse con Raúl. Ante la ausencia del papá, los negociadores fueron el tío paterno y el abuelo materno. Fijaron la cantidad de 160 mil pesos. Doña Cecilia no pudo evitar que su menor hija fuera vendida. El botín se lo repartieron los hombres de la familia: 110 mil recibió el tío y 50 mil el abuelo. Los principales de la comunidad formalizaron el enlace matrimonial. Comieron y bebieron por su felicidad. Al siguiente día Celia viajó con la familia de Raúl a los campos agrícolas de Autlán, Jalisco. A sus escasos 13 años enfrentó las pruebas más difíciles de su vida. Fue la sirvienta del marido y de los suegros. En la galera donde vivían no le alcanzaba el tiempo para preparar el nixtamal y hacer las tortillas. Desde las 7 de la mañana se disponía para ir al corte de jitomate. El dinero que ganaba lo cobraba el suegro. Le decían que tenía que trabajar duro para que repusiera la cantidad que pagaron por ella. El marido, en lugar de ayudar a cubrir la supuesta deuda de Celia, se dedicó a tomar y a golpearla. Fueron 8 meses de sufrimiento, sin que nadie la defendiera.

Fue un alivio regresar a la Montaña. Por su embarazo de alto riesgo pudo llegar a la clínica de Cochoapa el Grande. Se reencontró con su madre y sus dos hermanas mayores. Al verlas no pudo contener el llanto. Por fin había llegado el momento de contarles todo. Como mujeres comprendieron el drama de la hija menor. El nacimiento de su bebé, en lugar de unir a la familia se distanciaron más porque la suegra le espetaba que no era su nieto. Celia prefirió guardar silencio y emprender la huida con su pequeño hijo, para refugiarse en la casa de su mamá. Aún convaleciente por el parto, la policía comunitaria entró a su domicilio para detenerla junto con su hermana mayor. La acusaban de haber abandonado a su esposo y por la deuda que tenía su familia por el pago de su matrimonio. Doña Cecilia, madre de Celia pidió el apoyo de la síndica municipal y de la juez de paz, sin embargo, las dos tuvieron temor de intervenir ante la policía comunitaria. Comentan que ellos se han erigido en los guardianes de la ley en el municipio. No forman parte de la coordinadora de autoridades comunitarias ni de los grupos de autodefensa, surgieron más bien por la ausencia de la autoridad municipal que tiene abandonadas a las comunidades indígenas.

Cecilia tuvo que vencer el miedo. Consiguió dinero para viajar 2 horas en taxi colectivo a la cabecera municipal de Tlapa. Solicitó la intervención del centro de derechos humanos de la Montaña, que interpuso una denuncia por la privación de la libertad de sus dos hijas. Se requirió también la comparecencia del tío paterno para que regresara los 110 mil pesos que recibió por la venta de Celia. Las reacciones subieron de tono. La policía comunitaria acusó a las hijas de Cecilia de que se habían robado una pistola de la comandancia. El tío paterno amenazó a la hermana y el hermano de Cecilia para que ellos pagaran la deuda, de lo contrario los expulsarían de la comunidad. El poder de los hombres no cedía ante la denuncia de las mujeres. La policía comunitaria no tuvo otra alternativa que trasladar a las dos hermanas a la fiscalía regional, que las puso en libertad. Por su parte, el tío sigue amenazando a los hermanos de la mamá de Celia para que paguen la deuda. Mientras tanto Cecilia, sus tres hijas y sus cinco nietas, que vivían en una casa de madera en Cochoapa huyeron del lugar, porque saben que en cualquier momento los policías comunitarios, el tío paterno, los suegros y el marido cobrarán muy caro su osadía. Deambulan fuera de la Montaña, sin que nadie las defienda.

Fuente de la información: https://desinformemonos.org

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Desde la Comunalidad

Por: Jaime Martínez Luna

Guelatao de Juárez, Oaxaca


Vivimos un mundo tan diverso, que así de diversa es la manera de interpretar el mundo que nos rodea. A esa diversidad geográfica, cultural, económica y política se añade el hecho de que cada persona tiene una constitución corporal y mental, que la existencia de pensar homogéneamente, incluso en una región, es casi imposible.

Si además de reconocer esa diversidad, tenemos la presencia del Estado, que tiene como tarea la de uniformización de pensares y haceres, que argumentan sus reglamentos, sus códigos, la cuestión se vuelve en un estado de cosas en la que el conflicto permanente es su caracterización.

Pensar la autonomía, en la mayoría de casos es interpretarla como la separación del Estado, por lo mismo de las leyes que lo estructuran, en tal medida que en principio toda exposición autonómica choca con lo establecido. Y aunque el Estado, en su empeño de garantizarse gobernabilidad abre cierto grado autonómico, de manera aparentemente sutil, buscará amarrarlas al respeto Central de la toma de decisiones.

Tal es el caso de las Universidades y de organismos electorales. Los municipios que amparados en esta apertura como la que establece el artículo segundo de la Constitución Federal, si bien pueden lograr regirse por sí mismas, el control sobre ellas permanece en las formas administrativas que están diseñadas centralmente. Pese a todo, el interés autonómico permanece en la sociedad civil, y busca abrir huecos en las normas, con tal de garantizarse la libre determinación.

Si esta reflexión la trasladamos a la soberanía teórico-legal de las entidades federativas, el pacto federal impide también el respeto a su categoría de Estados Soberanos. Y por lo mismo, los empeños autonómicos de las municipalidades encuentran un inmediato rechazo en gobiernos que tampoco encuentran ese respeto de lo federal.

Por lo tanto, el debate de la autonomía, juega un papel central en el diseño de un modo de vida que no tenga al conflicto como eje casi “natural”.

Todo esto nos lleva a concluir que se vive una realidad organizativa, en lo político especialmente, que impide el florecimiento de las capacidades regionales y locales que se traduce en una conflictividad permanente, que tiene gran variedad de determinantes.

Todo esto nos ha llevado a la distinción civilizatoria que representa la existencia del Estado Federal, por un lado, y a la diversidad Natural que expone todo contexto. Es decir, al reconocimiento de una Civilización asentada en el individuo y otra Civilización asentada en la comunidad. La que se fundamenta en un Régimen de Derecho y otra que se sustenta en un Régimen Natural.

Imagen: Francisco Toledo (Juchitán 1940-2019). Gatos, Óleo sobre lienzo,1975.

Fuente de la información: https://lacoperacha.org.mx

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Violencia Institucional en un Colegio de Psicólogxs. La impunidad es una banda elástica que se estira y estira

Por: Ezequiel Borensztein

Leyendo la serie de notas Abusos y Violencias en el Campo Psicoanalítico publicadas en este medio, aceptamos la invitación de hablar y no callar más).


Qué sucede si te cuentan y te demuestran con pruebas fehacientes que en un Colegio de Psicólogoxs se combate el espíritu crítico, se denuncia, se persigue y se expulsa al disidente? Que sucede si las autoridades de un Colegio de psicólogxs impugnan y proscriben de manera fraudulenta a la lista opositora con argumentos falaces condenados por la Justicia? ¿Qué sucede si los representantes no representan a sus representados? ¿Qué sucede si no cumplen con sus funciones gremiales? ¿Qué sucede si los números no cierran?

La respuesta a estas preguntas es nada. No sucede nada…por ahora.
La impunidad, la oscuridad y el silencio reinan en un ámbito donde lo natural sería la circulación de la palabra y la ética que nuestra profesión requiere. Hace años que las autoridades de un Colegio de Psicólogxs practican violencia institucional, ejerciendo la lógica perversa de ser juez y parte, adueñándose de un espacio que es de todxs.
Con un grupo de colegas venimos luchando para que todo este entramado burocrático y feroz salga a la luz.
Es bueno que la comunidad psi sepa que en un Colegio de Psicólogxs conocimos una forma original de violencia muy difícil de enfrentar.
Una cachetada/caricia que nos gira la cara hacia el abismo entre lo que se dice y lo que se hace. Una violencia suave. Una máquina de hacer dóciles. Una nueva forma, dolorosa pero light del autoritarismo. Una humillación rosa. Burócratas que impiden con su Poder cualquier poder.
Intentan y lo logran por momentos hacernos sentir invisibles, mudos y estúpidos. ¨Un Ente¨, como dijo el dictador aquella vez.
Levantan el cono del silencio en una habitación sorda. Montan escenas para la burla. El bullying ensayado sale disparado con “respeto “.

Sus ¨como¨ desvían cualquier ¨que¨. No dan Quórum, hacen de la trampa una manera de actuar. Abren kiosquitos para ellos y su séquito. Corren los ¨viáticos¨ en negro. Sus ¨mesas¨ son un muro impenetrable y se nota en sus gestos inexpresivos, el entrenamiento de los asesores de márketing,  de comunicación, legales, contables, etc.

¨Articulan¨ ¨dispositivos¨  bla bla bla, teatral como si, puro cartón pintado, siempre dando la espalda al colectivo.
La violencia institucional nos azota, nos entra en el cuerpo. Nos desgasta y nos devasta. La impunidad es una banda elástica que se estira y se estira.

No hay límites para el canalla noble. Ni la justicia les hace tope. Y menos cuando los zombis de la obediencia debida no despiertan de la anestesia clientelar. Son duras las batallas éticas. Pero se las gana con solo librarlas.

Fuente de la información e imagen:  https://lobosuelto.com

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Mujer y medicina: una historia de usurpación y violencia

Por: Ana Arambilet

“Mujer y medicina: una historia de usurpación y violencia” es una serie de artículos que iremos publicando en nuestra página web y que analizan la historia de la mujer, la salud y la medicina y cómo la sabiduría ancestral de las mujeres sobre la salud fue usurpada por medio del patriarcado.

Por qué hablamos de usurpación

Durante siglos, las mujeres se ocuparon de la curación. Tenían un amplio conocimiento empírico de las plantas y de sus capacidades medicinales; su concepción holística de la vida les permitía tener una aproximación al cuerpo humano y a su funcionamiento como una totalidad (no se cura un órgano para enfermar a otro), y una relación de respeto y conocimiento con la naturaleza, de la que extraían los productos para la elaboración de remedios naturales. Eran mujeres de las clases populares de la sociedad que atendían las necesidades de la gente y, de manera especial, de las demás mujeres: conocían remedios para la fertilidad, eran parteras y también sabían y podían detener un embarazo no deseado. Sin necesidad de una formación teórica, sin necesidad de reconocimientos oficiales, su experiencia, su relación con el mundo natural que las rodeaba y su contacto con la naturaleza, les permitieron adquirir los conocimientos prácticos que las convirtieron en sanadoras, conocimientos que después compartían y transmitían a otras mujeres. Eran compañeras y cómplices de la naturaleza y de las demás mujeres; su conocimiento empírico estaba al servicio de la comunidad, y sobre todo de las clases populares. Abrazaban a la gente con su sabiduría médica y humana, generando sociabilidad.

“A mi bisabuela, la abuela de mi madre, la llamábamos la yaya velleta (la abuelita viejita). Vivía en una casa que ya no existe, en una calle que ya no existe. Recuerdo que tenía un gran saco de arpillera en el que guardaba pequeñas bolsas llenas de plantas, con las que elaboraba remedios, que después las vecinas venían a buscar. Yo creo que ella recolectaba esas plantas en el campo, en aquella Lleida rural de los años sesenta. Su casa era pobre, su barrio estaba habitado por personas sencillas”. L. T.

Siglos antes esas prácticas se habían visto como algo peligroso, algo que había que “demonizar”, castigar, y usurpar. La terrible persecución, el genocidio que supuso la llamada “caza de brujas”, (de la que hablaremos en el segundo artículo Brujas y médicos), no solo destruyó físicamente a miles de mujeres, destruyó también un saber, una forma de vida, una concepción de la relación entre cuerpo, mente y salud, todo ello en perjuicio de las mujeres y de las clases populares, y en beneficio del hombre y de las clases dominantes.

La atención a la salud pasó de las mujeres (mayoritarias en este ámbito, aunque también había curanderos) a los hombres blancos europeos, formados en las academias, que se podían permitir los gastos de esta formación. El acceso a la sanación paso a tener un coste inasumible para muchas la mayoría de la sociedad (el acceso a estas academias estaba prohibido a las mujeres), la enfermedad y su curación se mercantilizaron. Se perdió, además, el control sobre la propia salud; pasamos a consumir fármacos de los que desconocemos su composición y efectos sobre nuestras peculiaridades físicas, de precios elevados y que en no pocas ocasiones se han demostrado ineficaces, cuando no francamente peligrosos (como en el caso de la talidomida, fármaco recetado para aliviar las nauseas de los primeros meses de embarazo, que ocasionaron en los fetos gravísimas malformaciones genéticas).

“Durante los primeros meses de embarazo, las nauseas eran terribles, vomitaba continuamente, hasta el olor del pan recién hecho me hacía vomitar. La ginecóloga me recetó un medicamento para reducir las nauseas, pero después de leer el prospecto, desistí de tomarlas; recordaba a algunas personas afectadas por la talidomida que había visto, y pensaba en mi absoluta falta de conocimiento y control sobre las consecuencias que algún medicamento, aunque fuera recetado por una doctora, podía tener sobre mi pequeña. Seguí aguantando estoicamente las nauseas; una señora mayor, medium, a la que solía visitar, y que me había manifestado al comienzo del embarazo que la hija que esperaba me ayudaría mucho en la vida, me recomendó que, para aliviar las nauseas, me tomara una copita de cava. Tampoco me atreví. Ahora sé que existen diferentes plantas medicinales que alivian algo tan habitual como son las nauseas en el embarazo. Mi hija nació a comienzos de 1994.” F.A.

Ya en el siglo XIII, y a pesar de la oposición de la iglesia, para la que el mundo es un valle de lágrimas -sobre todo para los más desfavorecidos- y minimizaban el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, se empiezan a crear las escuelas de medicina; la posterior caza de las sanadoras, acusadas de brujería, fue alejando a las mujeres de la sanación que habían practicado tradicionalmente. Su saber quedo reducido al ámbito de la superstición y el médico quedó como único poseedor legal de la capacidad de curar.

Por qué hablamos de violencia

Hablamos de violencia porque la medicina, una vez despojadas las mujeres de su posibilidad de sanar, también les usurpó su acceso a la sanación.

Los estudios médicos se centraron en los síntomas y patologías de los varones de determinadas características, y obviaron la sintomatología de las mujeres. El sesgo de género en la medicina hace referencia a la falta de investigación y diagnóstico diferenciado entre hombres y mujeres, como denuncia la Dra. Carmen Valls; desde la descripción de los síntomas del infarto, referido sólo a los síntomas que se dan en el hombre y que son diferentes a los que se dan en la mujer, hasta muy recientemente los ensayos clínicos de las vacunas contra la COVID-19, con menor representación femenina en sus ensayos. Debemos tener en cuenta que el sexismo no se produce sólo en el campo de la medicina: la arquitectura y el urbanismo, disciplinas ejercidas sobre todo por hombres durante mucho tiempo, conciben y diseñan una ciudad pensada para un usuario masculino, de edad media, buen nivel económico y poseedor de coche. No sólo las mujeres, sino también personas de edad, vulnerables, con movilidad reducida y medios económicos escasos, quedan fuera de los diseños teóricos de la ciudad (bancos en los parques sin respaldo, demasiado altos, separados entre sí, auténticas barreras para la socialización o el descanso). En “Urbanismo feminista”, el colectivo catalán Punt 6 tiene como punto de partida esta premisa: “El modelo urbano responde principalmente a las experiencias y necesidades de un sujeto masculino y a la explotación económica”. El sexismo científico que determina cada rincón de la vida humana, conlleva dificultades especialmente para las mujeres que se repercuta en su salud física y mental también.

Cuántas mujeres han muerto de infarto porque sus síntomas no se corresponden con los que experimenta el hombre (el conocido dolor en el brazo izquierdo no se da tanto en las mujeres, que perciben el inminente infarto de una manera más vaga, de malestar general, que se puede relacionar con la supuesta tendencia de la mujer a sufrir depresiones y malestares de origen emocional).

Como afirma la doctora Carmen Valls, que contempla su actividad terapéutica con perspectiva de género, hay una tendencia a medicalizar con psicofármacos a mujeres que acuden a la atención primaria con síntomas que se suelen atribuir a causas psicológicas. En el año 1963 Betty Friedan escribió “La mística de la feminidad”. En su libro, la autora expuso el problema de la ansiedad que, de forma “incomprensible”, manifestaban muchas mujeres de clase media en los Estados Unidos. Mujeres perfectas en las cocinas bien equipadas de sus confortables casas, que preparaban los desayunos, llevaban a los niños al colegio en coche, compraban y cocinaban, utilizaban los nuevos electrodomésticos, arreglaban el jardín, y en ocasiones bebían demasiado alcohol y hablaban con sus amigas de “el problema que no tiene nombre”, mientras sus maridos pasaban el día en la oficina. Alcoholismo y depresión fue el precio que muchas mujeres pagaron por su cómoda vida de perfectas mujeres casadas. “El ángel del hogar” de la España del siglo XIX.

“Me desperté una noche con la sensación de que había ocurrido algo terrible. Mi compañero dormía a mi lado. Fui a la habitación de mi bebé de cuatro meses; dormía plácidamente. Esa fue la primera noche de los cinco años que padecí crisis de ansiedad; el doctor me definió los síntomas como de “muerte inminente”, y realmente es eso lo que sentía. Fui al psiquiatra y me recetó antidepresivos. “Los tendrás que tomar siempre, si quieres llevar una vida normal”: ese fue el terrible diagnóstico. Al poco tiempo dejé de tomarlos porque con ellos, no era yo. Me impuse una gran disciplina, y poco a poco las crisis se fueron espaciando y acabaron por desaparecer. Yo nunca había tenido depresiones. Cuando mi hija nació, me sentí enormemente feliz y “realizada”. Mi compañero trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde; cuando mi hija se despertaba de madrugada, me levantaba a darle de mamar intentando no despertarle, porque estaba siempre cansado. Estábamos justos de dinero y vivíamos en un tercer piso, en una casa sin ascensor. Yo había tenido a mi hija con 39 años. Años después entendí que yo había sufrido una crisis de agotamiento. Le pregunté a mi compañero: “cuando empecé con las crisis, ¿qué hicieron los médicos?: recetarte ansiolíticos, me contestó. Y tú ¿qué hiciste?, añadí: te llevaba a urgencias cuando te venía la crisis”. Pero mi día a día seguía siendo el mismo: dormir poco, cuidar a la pequeña, intentar que mi compañero estuviera tranquilo y descansado, limpiar la casa, programar menús sanos y variados con el escaso presupuesto que tenía, etc.” A.M.

El filósofo francés Michel Onfray escribió el libro “El postanarquismo explicado a mi abuela”. Se trata de una frase habitual (cuéntalo como para que lo entienda tu abuela) y una manera de expresar la supuesta falta de conocimiento y capacidad de las mujeres, y sobre todo de las mujeres mayores. Lo relacionado con la mujer puede ser risible y menospreciado: la menstruación, la menopausia, procesos habituales que acompañan a la mujer durante muchos años de su vida, son tratados como algo poco natural, incluso negativo (está nerviosa porque tiene la regla; las mujeres, cuando les llega la menopausia, entran en depresión) y generalmente medicalizado.

En el año 2014, la ONU cuestionaba y condenaba ciertos métodos habituales en las prácticas obstétricas. En 2019, la OMS reconoció el término “violencia obstétrica”, que engloba la mala praxis en el embarazo y el parto. Dos años después, este término fue rechazado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, mostrando la influencia de este organismo, la resistencia a reconsiderar protocolos y actuaciones erróneos y por tanto la dificultad de un debate serio y unas propuestas encaminadas a evitar ciertas violencias que se producen durante el embarazo y el parto. Este tema se tratará en el artículo 4º. En el campo de la práctica médica el corporativismo actúa como una barrera casi infranqueable.

En un artículo del 24 de noviembre de 2021, “Violencia institucional negada, violencia legitimada”, la psiquiatra Miriam Selfa Carranza, la antropóloga Diana Arce y la psicóloga Itxaso Gardoki afirman que la violencia obstétrica, la violencia psiquiátrica, la violencia hacia las denunciantes de abuso en el tratamiento de menores, o en los centros de internamiento de migrantes, etc., existe, como violencia institucional, jerárquica, no por parte de los trabajadores directos, que pueden sufrir la presión de la institución que pretenden cuestionar: “… las personas que nombran la violencia (desde el rol de víctima o por desacuerdo con el ejercicio violento) son nombradas agresoras, en tanto en cuanto ponen en duda la jerarquía y hacen tambalear la estabilidad del sistema…”. (Audre Lorde).

Por último, un caso paradigmático del sesgo de género en la medicina es la fibromialgia, sólo reconocida como patología por la OMS a partir de 1992, y considerada durante mucho tiempo como una “somatización” de causas de tipo psicológico. La mayoría de las personas que lo sufren son mujeres.

Esta usurpación y esta violencia contra las mujeres ha marcado uno de los capítulos más negros de nuestra historia; la caza de brujas, que provocó la muerte de miles de mujeres, y la aparición de la figura del médico, que usurpó el saber de las sanadoras y las apartó del ejercicio de la curación.

Fuente de la información e imagen:  Kurdistán América Latina

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España: Caja de resistencia, estrategia para un sindicalismo de contrapoder

Por: Gessamí Forner

 

Los sindicatos vascos ELA, LAB, ESK y la central gallega CIG disponen de cajas de resistencia. La Intersindical catalana y la aragonesa Osta la están implementando. CGT y CNT abordarán este año en sus respectivos congresos la necesidad, o no, de activar un fondo solidario estructural.

Hubo 606 huelgas el pasado año, según los datos del Ministerio de Trabajo. El 47% se convocaron en la Comunidad Autónoma Vasca (224) y Navarra (59). Juntos, estos dos territorios apenas llegan a sumar 2,8 millones de habitantes. Representan el 6% de la población total del Estado. Los números y porcentajes importan: cuántas huelgas se convocan, cuántos trabajadores las secundan, cuántas jornadas no trabajadas acumulan, qué salario medio tiene dicha población y qué tasa de paro hay. Los números arrastran a la siguiente pregunta: ¿por qué Euskadi tiene un ecosistema de conflictividad laboral propio? Más allá de buscar respuestas sesgadamente ideológicas —“hay sindicatos soberanistas, a mí no me interesan”— y tratar de desprestigiarlos, los sindicatos mayoritarios vascos, ELA y LAB, y también uno más pequeño pero igualmente combativo, ESK, saben que los números importan, y mucho, cuando toca hablar de dinero y conflictividad laboral. Disponen de las cajas de resistencia más amplias del Estado. Son un espejo donde se miran de reojo otros sindicatos de contrapoder. Su estrategia de resolución de conflictos es radicalmente distinta a los sindicatos más representativos del Estado, CC OO y UGT.

El sindicato ELA es el mayoritario en el País Vasco. Cerró el pasado año con 100.925 trabajadores afiliados y el 41% de delegados, seguidos por LAB (con un  20% de representación), CC OO (19%) y UGT (10%). Como les gusta decir en ELA, ni el Athletic tiene tantos socios. Su presupuesto anual ascendió a 22 millones, de los cuales el 92% corresponden a las cuotas. La suya es la más elevada del Estado: 23,64 euros la ordinaria. La reducida (11,82 euros) es más alta que la estándar de la mayoría de sindicatos, sean grandes, pequeños, estatales o territoriales. A pesar del precio, las nuevas afiliaciones provienen precisamente de los sectores con salarios más precarios.

De las cuotas, ELA destina el 25% a la caja de resistencia. Eso implica que de los 20,2 millones de euros de fondos de cuotas, 5.060.000 millones de euros fueron a parar a la caja de resistencia en 2021.

A cuánto asciende la cuenta corriente de la caja de resistencia de ELA es uno de los secretos mejor guardados de Euskal Herria, que solo conocen tres personas. “Puedes especular todo lo que quieras en el artículo, no lo vamos a decir, ni yo mismo lo sé”, señala a El Salto Joseba Villarreal, responsable de elecciones, afiliación y movilizaciones. Decirlo sería dar ventaja al contrincante, la patronal vasca y navarra.

Lo que sí afirma es que tener una cuota alta fue una decisión estratégica que ya consideran histórica: “Cuando Comisiones Obreras puso una cuota de 50 pesetas, nosotros pusimos de 200. Sin cuota, no hay caja. Sin caja, el conflicto necesariamente es de otra manera y, a nuestro entender, no puede haber un sindicato autónomo, independiente y de contrapoder sin caja de resistencia, porque ese punto solo te lo da el dinero”, resume Villarreal.

Sabe que hay gente —empresarios, la patronal— que ha especulado sobre cuánto debe durar una huelga en Euskadi para que se agote la caja de solidaridad de ELA. Zanja la cuestión advirtiendo de que “los únicos que no vamos a sufrir en ese camino somos nosotros”. Prueba de ello son los 17 afiliados que están llevando a cabo la huelga más larga actualmente en Europa, en la empresa Novaltia, la distribuidora de medicamentos en las farmacias vizcaínas. Hoy cumplen 1.013 días en huelga indefinida. Cuando empezaron, no cobraban ni el SMI actual, tenían un salario de 950 euros mensuales. Su abogado anunció ayer una sentencia favorable, que multa a Novaltia con 120.000 euros por daños morales y perjuicios, al entender que la gerencia ha vulnerado el derecho a huelga —premiando económicamente el esquirolaje, entre otras cosas—. El letrado, Héctor Mata, espera que esta amonestación suponga un antes y un después en una empresa cuya gerencia no ha querido sentarse a negociar un convenio de empresa paupérrimo. La caja de resistencia sigue sin despeinarse.

La CIG, solidaridad desde 1994

La central gallega CIG surgió de una fusión de dos sindicatos en 1994. Uno tenía caja, otro no. Desde entonces, la CIG tiene caja de resistencia, la tercera más antigua del Estado —la segunda, de 1985 es de USO—. Puede que sea casualidad o puede que no, pero la CIG también es el sindicato mayoritario en Galicia (76.801 afiliados, 4.767 delegados, el 30% de representación, a cierre de diciembre de 2021). Su cuota ordinaria es de 12,60 euros, la reducida son 5,90 euros y la simbólica, para gente sin ingresos y jubilados, es de 3,05 euros. Destinan el 10% de las cuotas a la caja de resistencia. Por lo que especulando, el año pasado ingresarían unos 800.000 euros destinados a sostener huelgas.

Su secretaria de organización, Susana Méndez, considera que la caja “es una herramienta fundamental para que la clase trabajadora pueda pelear por sus derechos sin ver mermadas sus condiciones materiales, que la huelga no suponga un freno a esa lucha y que sea una ayuda para fomentar la participación, más en una situación de precariedad, salarios bajos e inflación, en la que quedar unos días, unas semanas o incluso unos meses sin ingresos puede generar una situación problemática”. El pasado año, la huelga de Alcoa en el municipio de San Cibrau acabó extendiéndose a las empresas auxiliares y a toda la comarca. “Tenemos muchas huelgas, estamos en plena crisis, sobre todo en la zona norte”, explica. Sus cuotas, añade, se ajustan a la realidad gallega, “no podemos compararnos con Euskadi”.

El sindicato ESK, con 6.000 afiliados y una cuota estándar de 45 euros trimestrales, se fundó en 1985 y fue la segunda central vasca en establecer un fondo económico. Desde 2007, destina a la caja el 5% de las cuotas, explica su portavoz, Igor Mera.

El sindicato vasco LAB dispone de caja desde hace diez años. “En una década hemos ayudado a unas 3.000 trabajadoras y trabajadores. En caso de huelga, cubre 30 euros diarios (entre 900 y 930 euros al mes), con dos particularidades: pagamos 30 euros con independencia de si son jornadas parciales o completas y tenemos un tope de 1.500 euros y, lógicamente, la ayuda a percibir no puede superar el salario del trabajador”, explica su secretario general adjunto, Igor Arroyo. Asimismo, la caja cubre multas y sanciones derivadas de la acción sindical, hasta un máximo de 15.000 euros. “Le damos importancia a resistir en las huelgas y a que estas sean activas, lo cual implica un riesgo de recibir multas”, señala.

Más allá del funcionamiento de la caja, Arroyo pone marco teórico a la decisión de implementarla: “El proceso de precarización empezó en los años 90 con la aprobación de las ETT y se está acelerando con las plataformas digitales y la ofensiva de 2008 de pauperización de la clase trabajadora”. Además, en 2017 realizaron un proceso de reflexión para pensar cómo sindicalizar a las trabajadoras más precarias. De dicho proceso surgieron alianzas con la plataforma estatal de riders y con trabajadoras del hogar. El pasado año tuvieron por primera vez más afiliadas que afiliados y en febrero anunciaron un nuevo sistema de cuotas, por cinco tramos de ingresos, que van desde los 21,33 euros para sueldos superiores a 2.001 euros a 5 euros para ingresos inferiores a 705 euros.

Dos sindicatos territoriales se encuentran en proceso de implementar cajas de resistencia. La Intersindical catalana y los aragoneses Osta. Sergi Perelló explica que la Intersindical ha pasado en cuatro años de mil a 6.000 afiliados, debido al empujón político de 2017 —Catalunya tiene una mayoría sindical españolista y un sindicato de contrapoder asentado como es la CGT, entroncado en el anarcosindicalismo histórico de este territorio y que este año ha alcanzado las 20.000 afiliaciones—. La cuota de la Intersindical es de 10 euros y en enero de 2020 aprobaron empezar a preparar la caja, donde ya han depositado una cantidad importante que han doblado este año —El Salto la conoce y se reserva la información—. “Estamos preparando el músculo para que cuando el órgano nacional apruebe el reglamento de funcionamiento de la caja de resistencia ya haya un remanente”, destaca Perelló.

El secretario general de Osta, David Lázaro, explica que son la tercera fuerza en Arazón, con el 10% de delegados. Este sindicato chiquitín —4.500 afiliados— tiene una cuota de 11,90 euros mensuales y decidió en noviembre destinar el 5% al fondo de resistencia.  “Llega un momento en las plantillas de las grandes empresas en que el modo de operar de Comisiones y UGT es agotar y amenzar con la huelga, pero no llevarla a cabo casi nunca, por lo que los trabajadores se ven abocados a firmar la propuesta sin otra alternativa. Creemos que las cajas de resistencia son un apoyo a los afiliados para que puedan mantener la presión, movilizarse más y conseguir mejores acuerdos, porque la patronal sabe que sin caja de resistencia detrás es difícil mantener una huelga”, explica. Llevan cuatro años haciendo músculo; han optado por no decir la cifra.

Competencia virtuosa, debate en el congreso

El economista Endika Alabort, de CNT Bilbao, utiliza el concepto de “competencia virtuosa” para describir el ecosistema vasco, ese en el que hay un montón de sindicatos y muchísimos más afiliados que en cualquier otro lugar, además de las 283 huelgas. “Es un término bonito que explica de forma adecuada que si el resto de sindicatos funcionan y utilizan la huelga, o la utilizas tú también, o te quedas atrás”, señala. A más conflictividad, más conflictividad. Y mejores logros.

CNT en el País Vasco no dispone de caja, pero cubre todos los gastos jurídicos derivados de conflictos laborales y observa cómo la afiliación crece “y se complejiza”. “Hace 15 años gestionábamos reclamaciones de cantidades; ahora ERTE, concursos y convenios colectivos e incluso pactos de fin de huelga, sobre todo, en Bizkaia”, añade. Coincide en su análisis con Òscar Murciano, de CGT Catalunya: “Hay un efecto muy interesante en Euskal Herria y Catalunya, la conflictividad no espanta, al contrario, cuanto menos se edulcora el lenguaje y las formas en el mundo laboral, aumenta la conflictividad y mejora la organización de los trabajadores. La prueba es Euskadi”, asegura. En Catalunya se convocaron 98 huelgas en 2021; 48 en Galicia a pesar de tener solo 2,6 millones de habitantes; 62 huelgas en la Comunidad de Madrid.

El secretario general de CNT, Antonio Díaz, adelanta que el próximo diciembre en Granollers celebrarán su congreso anual, donde una de las ponencias será abordar la creación, o no, de un fondo económico solidario y confederal.

En junio, CGT tratará el mismo asunto en Zaragoza en su congreso. Murciano defenderá la creación de un mecanismo estructural y seguramente recordará que la huelga del teléfono 112, en la que participó CGT Catalunya, supuso un aumento salarial del 22%.

Hasta ahora, tal y como recuerda Pepe Aranda, secretario de organización de esta organización, las cajas existen de forma sectorial, como en el ferroviario y la banca. Él mismo pertenece al sector ferroviario y abona euro y medio al mes para ese fondo, que no sale de la cuota obligatoria confederal. Previsiblemente el debate versará sobre si sería positivo aumentar la cuota obligatoria para crear un fondo estructural. De momento, la cuota ordinaria asciende a 11,78 euros.

Funcionamiento de la caja de resistencia de ELA

La caja de resistencia se considera un derecho objetivo de los afiliados. Tiene estatuto propio, que establece que a partir del tercer día de huelga cobras lo que te corresponde desde el primer día. Hay tres tipos de pago: ordinario (1.243,59 euros), reforzado (1.430,13 euros; se abona cuando más del 30% de los huelguistas son afiliados a ELA) y extraordinario, utilizado para conflictos estratégicos para la dirección del sindicato. La última vez que se aprobó fue para la huelga del mantenimiento de limpiezas en carretera de Gipuzkoa (2.488,26 euros). ELA tiene caja de resistencia desde 1996, cuando se legalizó el sindicato. Cuenta con reglamento propio desde 2001. Nadie puede ganar más estando en huelga que trabajando.

El mito de los sindicatos grandes

Comisiones Obreras ha facilitado sus datos de afiliación a El Salto: de 920.870 en 2017 ha pasado a 970.025 en 2021. Tienen seis tipos de cuotas en función de los ingresos, desde los cuatro euros y medio de la súper reducida (23.000 personas) a los 14,05 euros de la ordinaria (660.333 afiliados). En total, el pasado año ingresaron con cuotas 140 millones que se reparten entre la estructura jurídica, las distintas organizaciones, 17 territoriales y seis federaciones sectoriales.

Hay organizaciones territoriales, como CC OO Euskadi, que tiene caja de resistencia, pero no disponen de un fondo estructural. Su secretario de organización y extensión sindical, Agustín Martín, desea aclarar que “ese mantra de sindicatos subvencionados poco tiene que ver con la realidad”. El BOE establece los criterios por representación que el Estado debe otorgar a los sindicatos. El pasado año fueron 17 millones a repartir, de manera proporcional. “Nos tocaron 6,9 millones”, indica.

Considera que es poco y que “no tiene correlación con lo que recibe el sindicalismo europeo, lo de España no tiene nombre, pensamos que el sindicalismo debería de estar más reconocido debido a que hacemos un trabajo que redunda en beneficio de la población”. Lanza un dardo a las organizaciones profesionales agrarias, que no solo están totalmente subvencionadas, sino dopadas de recursos públicos”. Defiende una ley de participación institucional que aclare su labor en el marco de la Constitución.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/sindicatos/caja-resistencia-estrategia-sindicalismo-contrapoder

 

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