Sindicato de Estudiantes (SE)

Frente a la sede del Ministerio de Educación en Madrid, la secretaria general del SE, Coral Latorre, llamó a todo el alumnado a apoyar la huelga general para exigir que no se vuelva a repetir lo que calificó de desastre de la educación ‘online’ del pasado curso.

‘El curso escolar 2020-2021 se inicia en medio del caos y con la ausencia de un plan efectivo para garantizar nuestro derecho a una educación pública presencial, de calidad y con aulas seguras’, denunció la dirigente juvenil.

Latorre exigió a la ministra española de Educación, Isabel Celaá, un plan de rescate de la enseñanza pública con la inversión de recursos masivos para la contratación de profesorado, la reducción de las ratios en las aulas y el fin de la brecha digital.

Rechazó la pasividad del Gobierno a la hora de aumentar los presupuestos para la educación pública, lo cual, a juicio del SE, contrasta con los miles de millones de euros que reciben las grandes empresas y bancos o la instrucción privada concertada.

Para el sindicato estudiantil, con su actitud, el ejecutivo de coalición progresista solo alimenta la brecha social y de clase que durante la emergencia sanitaria derivada del coronavirus SARS-CoV-2 -causante de la Covid-19- no dejó de crecer.

‘Favorece la degradación de la enseñanza pública empeorando las condiciones en que nuestros profesores dan clases, y siembra un fracaso escolar mayor entre los estudiantes de familias trabajadoras’, reza la convocatoria de la protesta.

En esa línea, instó al Gobierno del Partido Socialista Obrero Español y la alianza izquierdista Unidas Podemos a rectificar de manera inmediata su política educativa y poner fin al acoso y derribo que sufre la escuela estatal.

‘Desde el SE convocamos una huelga general estudiantil los días 16, 17 y 18 de septiembre en defensa de nuestro derecho a una educación pública presencial, de calidad y con aulas seguras’, señaló la organización a través de un mensaje en redes sociales.

Entre sus reivindicaciones demandó que se invierta en educación un mínimo del 7,0 por ciento del Producto Interno Bruto y un impuesto a las grandes fortunas para dedicarlo al sector.

La asociación consideró que, con su postura, la administración central facilita a la derecha continuar con su política de privatización y recortes en la enseñanza pública en aquellas regiones españolas en las que gobierna, y renuncia a garantizar unas condiciones dignas para volver a clase.