Autora: Rose Mary Hernández Román
“El que no se mueve no escucha el ruido de sus cadenas”
Rosa Luxemburgos.
El inicio de un año siempre está cargado de buenas expectativas, planes y proyectos que cada persona, desde su imaginario, intenciones y posibilidades va trazando en un plano personal y/o familiar.
Sin embargo, este 2023 para Venezuela no ha pintado de la mejor manera, por el contrario, ha despegado como pocos pensaron sucedería por la pasividad con la cual se ha enfrentado situaciones adversas. En esta oportunidad, las y los trabajadores de la Educación no retornaron a sus labores en las instituciones públicas e incluso, las privadas con subsidio por parte del Estado tampoco dieron entrada al segundo lapso escolar del año 2022-2023, todo esto debido al quiebre emocional y la precariedad salarial que les ha acompañado en la última década de este siglo, lo cual se ha sentido mucho más fuerte al menos en los últimos cinco años que han transcurrido.
Un Magisterio cansado de humillaciones, así como de soportar aplicación de políticas regresivas con un alto impacto negativo, tal es el caso del Memorandum Oficial 2792 emanado del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, en fecha del 11 de octubre de 2018, donde de forma flagrante y violatoria pisotea a la clase trabajadora, autorizando entre otros asuntos, el desconocimiento de derechos contractuales y salariales según criterio del patrono, así como ignorar los factores de cálculo en beneficios económicos contemplados en las convenciones colectivas, entre otros lineamientos que han representado una verdadera contrarreforma y retroceso en los derechos de la clase obrera venezolana por parte de un gobierno que refleja autoritarismo donde amablemente participan los empresarios.
Una visión más clara de cómo la aplicación de este memorándum burla de forma grotesca a las y los trabajadores de Educación es el hecho de que, en abril de 2018 se había firmado la II Convención Colectiva del Ministerio de Educación que contemplaba un tabulador de pago iniciado a partir de 5 salarios mínimos, mientras que, para el sector universitario en el mes de agosto de 2018, a partir de la firma de un acta junto a la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV), se acordó 4.75 salarios como punto de arranque. No obstante, la imposición ilegal de este oficio desechó de forma arbitraria ambos acuerdos y estableció que los tabuladores de remuneración iniciarían en un salario mínimo.
Otro singular caso refiere a la aplicación del instructivo ONAPRE, una norma creada por la Oficina Nacional de Presupuesto, adscrita al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Dicho documento aparece en medio de un aumento del Salario Mínimo decretado por el presidente Nicolás Maduro, el cual se correspondía con un incremento de 1800% sobre el anterior Salario Mínimo y, que corría a partir del 15 de marzo de 2022, según Gaceta Oficial N. 6.691. Sin embargo, desde la ONAPRE, muy a pesar que estas instrucciones no circula en gaceta oficial, se procedió a poner en práctica una medida con la cual han quedado aplanadas las inter-escalas del tabulador salarial, eliminando y/o desmejorando al mismo tiempo primas como años de servicios, nivel académico, ubicación geográfica, entre otros beneficios de toda la Administración Pública Nacional a la cual pertenecen los trabajadores y empleados de ambos ministerios de Educación.
Desde que se han dado estos actos inválidos por parte no sólo del patrono, sino de otros actores responsables de ministerios afines a lo laboral, el gremio organizado no han dejado de reclamar ante las instancias correspondientes estos atropellos, incluso, ha trascendido al Tribunal Supremo de Justicia sin lograr alcanzar una desaplicación de tales decisiones de las cuales son víctimas sin amparo muy a pesar de ser el débil jurídico en este caso.
Todos estos desplantes: vacilación e irresponsabilidad de Sindicatos y Federaciones, la postergación de la nueva firma de la III Convención Colectiva Única desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación por encontrarse vencida desde el año 2020, una deuda a los docentes del sector de 280% de incremento salarial arrastrada desde el año 2018, lo intermitente y poco balanceado del programa de alimentación escolar, la baja asignación presupuestaria para becas estudiantiles a estudiantes universitarios, el costo de los pasajes en medio de transporte público, la diaria devaluación de la moneda nacional ante el dólar, el alto costo de las medicinas, el no tener HCM o seguros para acudir en casos de emergencia de salud, son un mapeo de demandas que atraviesan de igual manera a los trabajadores y docentes universitarios (activos y jubilados), y al mismo tiempo, son parte de las razones por las cuales se han tomado las calles y no se han retomado las clases en las escuelas y liceos del país, excepto algunas que son de carácter privado sin subvención del Estado.
Nos encontramos frente a un salario mensual del maestro con mayor categoría, más de 20 años de servicio que no supera 40 dólares, el de un profesor universitario se estima entre 30 y 40 dólares, mientras que, en peor situación están las y los trabajadores (obreros) quienes se ubican en 7 dólares de pago y, según datos de CENDA: “en enero del 2023 una familia de cinco personas necesitaba 53 salarios mínimos para la canasta básica”.
Este caos de atención a la señalada problemática ha diseminado protestas continuas en todo el territorio desde el mes de enero. Se estima que, la nómina es de 487.000 docentes, sin precisar cuántos son el personal administrativos y obreros, además, se han incorporado parte significativa del sector universitario, salud y, lo inédito que ha resulta el apoyo de padres y representantes, quienes se mantienen en una postura firme de no enviar a sus hijos hasta tanto no sea resuelta la situación de las mejoras salariales y laborales, así como hacer frente a que personas no calificadas puedan tomar las escuelas para sustituir a las y los maestros de profesión.
Un paliativo implementado por el gobierno, han sido los llamados bonos de guerra económica, siendo cuestionados al no ser recibirlos todos los trabajadores, es decir, parecieran tratarse de una asignación aleatoria y, porque no tiene incidencia alguna en cálculos de bonificaciones y de prestaciones.
Las justificación que expresa el gobierno al cumplimiento esta política neoliberal está basada en las sanciones que se reciben por parte presidentes de Estados Unidos con apoyo de países europeos. Sin embargo, es censurable y contradictoria la vida opulente que muestran quienes hoy están en cargos de alta responsabilidad política, los gastos prolijos, las tiendas de bienes importados, la apertura de locales nocturnos, condenar la deuda de 70 millones de dólares a San Vicente y las Granadinas muy a pesar de tienen un PIB superior al nuestro, la construcción reciente del moderno Estadio Monumental de Caracas, con una capacidad para recibir a 38.000 espectadores sentados, otros 2.000 espectadores de pie en el jardín central, con jacuzzi.., siendo éste el segundo más grande de América Latina y, que por la descripción su costo ha de representar una cifra muy alta para el país que, según estudios de la Universidad Católica “Andrés Bello” (2021), así como de ENCOVI (2021), en Venezuela, el 94% de la está bajo el umbral de la pobreza, de los cuales, el 76,6% vive en situación de miseria, datos que a la fecha, con una situación crítica y alarmante de desmejora salarial, no debe tener modificación o variación mayor. Se asume de poca seriedad a los economistas y voceros del gobierno que informan al cierre de cada año fiscal una supuesta mejora económica en Venezuela mientras los salarios son cada vez más deprimentes.
Referencias.
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