Pura doctrina del shock en educación

Agustín Moreno

El término “doctrina del shock” lo utilizó Naomi Klein para referirse a la aplicación de brutales medidas económicas neoliberales con el uso de técnicas de choque. Estas recuerdan las terapias psiquiátricas del electroshock sobre los pacientes para que no puedan reaccionar y reciban de forma sumisa la sucesión de agresivas descargas. En economía buscan atacar el bien común para privatizarlo y proceder a lo que se conoce como la acumulación por desposesión. A veces se utiliza la fuerza militar de forma directa, como fue el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. Otras veces, se aprovecha el impacto en la psicología social de acontecimientos catastróficos para imponer reformas antisociales. Así, tras el huracán Katrina en Nueva Orleans, se avanzó en el desmantelamiento de lo público, en un urbanismo de tabla rasa para reemplazar a los pobres por turistas y en las privatizaciones de la red de escuelas.

Aquí y ahora, estamos ante un escenario del segundo tipo: el aprovechamiento de la crisis sanitaria del coronavirus para aplicar duras medidas privatizadoras. Tendría que ser al revés, ya que si hay alguna lección clara de esta crisis es el valor esencial de lo público. Pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid utiliza la pandemia como la coartada para aplicar la doctrina del shock en educación, sanidad y suelo. Liberalizar el suelo para volver a la fracasada fórmula del ladrillo. Seguir con los recortes en sanidad, negar condiciones dignas a los MIR actualmente en huelga, o privatizar parte del Hospital del Niño Jesús y las limpiezas del Gregorio Marañón, son algunas de las medidas. Aunque la lista de deseos de Díaz Ayuso y la ultraderecha neoliberal en Madrid es crecedera.

Veamos en educación. En este campo hay dos tendencias muy enfrentadas. Una progresista que defiende el fortalecimiento de la educación pública, como única garantía del derecho a la educación y de una mayor equidad, igualdad de oportunidades y cohesión social; y otra conservadora que defiende una privatización cada vez mayor a través de la segregadora educación privada sostenida con fondos públicos (“concertada”), como negocio económico e ideológico. En este contexto se produce el debate sobre las medidas a tomar para la vuelta a las aulas tras la pandemia.

La educación es un servicio público esencial que debería cuidarse al máximo en la llamada “nueva normalidad” con un doble objetivo: mejorar la calidad y la seguridad. Con este fin el Gobierno central aprobó destinar 2.000 millones de euros, porque la vuelta al colegio no puede ser con el mismo paisaje de aulas abarrotadas, escasez de recursos y profesorado. Con esta inversión no se revierten todos los recortes que realizó el Gobierno Rajoy y que llegaron a los 9.000 millones de euros. Pero dan juego para mejorar las cosas. Por ejemplo, en Asturias se ha fijado un número máximo de 20 alumnos por clase en primaria y se van a contratar 400 profesores más.

Pero la derecha sigue impertérrita y va a volcarse en las privatizaciones en educación en aquellas comunidades autónomas donde gobierna. La Comunidad de Madrid marca el modelo y el Gobierno Ayuso ha preparado para el curso 2020-21 una reducción de 14.121 plazas en la educación pública. Se pretende así derivar a este alumnado hacia la red privada-concertada, negando de hecho la llamada “libre elección de centro”, porque se obliga a las familias a llevar a sus hijos a los concertados al no haber plazas en los públicos. Estos datos se han recogido por el sindicato CCOO, tras la publicación de las plazas disponibles en el proceso de admisión de alumnado abierto para el curso próximo. Supone la reducción de 466 grupos, lo que paradójicamente lleva a aumentar las ratios en las aulas en tiempos de crisis sanitaria.

Estas cifras se han empezado a concretar estos días en los centros al recibir los cupos de profesorado para el curso 2020-21 y la reducción de grupos y de profesores es escandalosa. Ello dará como resultado la organización de grupos con más de 30 alumnos en ESO y 38 en bachillerato, la ausencia de desdobles y un aumento de las horas a parte del profesorado. A estos recortes hay que añadir el golpe a la inclusión educativa con la supresión del cupo de profesores de atención a la diversidad, compensatoria y PTSC; con ello se está perjudicando al alumnado, al que se tenía que reforzar después del confinamiento, por estar en desventaja socioeconómica y ser más vulnerable por tener necesidades educativas especiales.

Estos recortes en la pública no son algo excepcional, se producen año tras año, al tiempo que se regalan descaradamente decenas parcelas a la concertada, saltándose incluso la ley. Ello ha hecho que en la Comunidad de Madrid, gestionada por Esperanza Aguirre y otros presidentes imputados, el alumnado en la educación pública sea del 54%, frente al 67% en el resto del Estado. Es el resultado del achique del espacio de la educación pública, junto a un fuerte proceso de segregación escolar que nos hace estar a la cabeza de Europa en inequidad educativa.

Mantener la agenda de recortes no garantiza la menor seguridad frente a la covid-19. ¿Se imaginan grupos de 38 alumnos en bachillerato durante 7 horas hacinados en minúsculas aulas? Ignorar la pandemia y planificar el curso como si el virus hubiera desaparecido va a dar lugar a un previsible escenario de brotes, de estrés en el profesorado y de alarma social entre las familias. Piénsese en el estudio de la Universidad de Granada que calcula que una clase de Infantil de 20 niños se convierte en una burbuja que contacta con más de 800 personas en sólo dos días. Podemos estar abocados al cierre de muchas aulas en otoño por tamaña chapuza y a consecuencias de salud pública.

¿Qué puede salir mal? Pues todo, cuando se actúa con tanta irresponsabilidad en una situación sanitaria excepcional. En el colmo de la inconsciencia y del fanatismo para seguir agrediendo a la educación, Díaz Ayuso se ha manifestado a favor “de reducir la distancia de seguridad en los colegios”, cuando tendría que estar pensando en reforzar la prevención con la reducción de la ratio, la contratación de más profesorado y la inversión en infraestructuras. Y los ataques no acaban aquí: también ha anunciado que quieren aprobar una cuarta universidad privada contra el criterio de todo el mundo académico. Esta política anti educación pública también se repite en otras CCAA gestionadas por las derechas (Andalucía, Murcia, Galicia…)

Todo lo anterior ha hecho que se empiecen a agitar las aguas en la educación madrileña, creciendo el malestar y la preocupación. Se han realizado asambleas virtuales, una importante manifestación en defensa de los servicios públicos en Vallecas el 9 de julio frente a la Asamblea de Madrid, Asamblea Marea Verde ha convocado una manifestación para el 5 de septiembre , la Plataforma Regional por la Escuela Pública anuncia movilizaciones…

El rechazo a la política educativa de Díaz Ayuso es rotundo. Pero, más allá de la denuncia, la clave está en cómo se organiza la movilización para impedir esta nueva estocada a la educación pública. El profesorado, los sindicatos y los equipos directivos tienen mucho que decir, las familias y el alumnado también, junto a la ciudadanía madrileña y a los partidos políticos de la oposición. Quizá haya que conjurarse convocando unos Estados Generales de la Educación Pública de todas las fuerzas que la defienden para frenar esta brutal agresión. El curso no debería arrancar de esta manera tan irresponsable.

Autor: Agustín Moreno

Fuente de la Información: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/pura-doctrina-del-shock-en-educacion/