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La disputa por la educación

México / 15 de abril de 2018 / Autor: María de la Luz Arriaga Lemus / Fuente: El Universal

Han terminado las “precampañas” hacia las elecciones del 1 de julio. En la coyuntura actual, de una profunda crisis económica, social y política donde la falta de credibilidad en las instituciones es una de sus características más relevantes, lo que se enfrenta es una disputa por el rumbo del país.

El gobierno de Enrique Peña Nieto, aceleró la instrumentación de tres reformas estructurales que le aseguraran a las élites del poder, el control social y político: laboral, energética y educativa; y dejó en ciernes una cuarta, la de seguridad social.

De estas reformas, la educativa es la que concitó una resistencia social, por la organización del magisterio en la CNTE, a la que se sumó el malestar de algunos sectores dentro del SNTE, pero además por atacar uno de los derechos sociales más arraigados y que ha sido la base de los principios constitucionales que han contribuido a la construcción de la identidad nacional, de valores de soberanía, y un proceso de movilidad social reconocido por todos. El conflicto alrededor de la reforma educativa fue el conflicto social del sexenio de EPN, pues durante cinco años, una y otra vez, en foros nacionales e internacionales ha tenido que justificar su instrumentación. El saldo es una reforma cuestionada que no logra imponerse de manera cabal, pero que dio pasos firmes hacia el control del magisterio a través de la intervención en su sindicato, la represión administrativa, y política, con encarcelamiento y persecución de los docentes y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, acompañado de una campaña en los medios de comunicación para devaluar el liderazgo social de las maestras y los maestros. Todo para avanzar en la imposición de un modelo educativo instrumental al servicio del mercado, que deja de lado el carácter científico, transformador y humanista de la educación pública, cumpliendo así con las exigencias de sectores empresariales y directrices de organismos como la OCDE.

En educación media y superior también vivimos una reforma, silenciosa y segmentada: Restricciones presupuestales, procesos de privatización y mercantilización, precarización laboral, ataque a la organización académica, falta de democracia en instituciones, y un agudo problema de contención o retroceso de la matrícula en UNAM, IPN y UAM, mientras sólo se abren opciones públicas que funcionen como centros de adiestramiento laboral, de carácter tecnológico. Al mismo tiempo, el avance de las políticas de desregulación y de libre comercio, promovieron el crecimiento de la educación privada: hoy las instituciones particulares cubren casi 35% de la matrícula total nacional en el nivel superior.

Además, desde 1996 se mantiene el Examen Único de Ingreso al Bachillerato, pretendiendo hacer creer que los exámenes estandarizados seleccionan a los mejores, pero en realidad es un discurso para esconder el hecho trágico de que sólo 30% de los jóvenes en el rango de edad correspondiente a los estudios superiores están inscritos en el sistema educativo y que 7 millones no cuentan con opciones de estudio o empleo formal.

Hoy más que nunca, requerimos tomar en nuestras manos la definición de qué educación queremos y necesitamos para el país; el magisterio democrático, los investigadores, los sindicalistas, los estudiantes, los trabajadores de diversos sectores, hemos desarrollado distintos ejercicios de elaboración de alternativas, recuperemos todas y confluyamos en un Congreso Nacional Educativo; ejerzamos el derecho a decidir el futuro de la educación. Un Congreso que sea un ejercicio democrático con los sujetos sociales de la educación.

Fuente del Artículo:

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/maria-de-la-luz-arriaga-lemus/nacion/la-disputa-por-la-educacion

Fuente de la Imagen:

https://www.unicef.org/mexico/spanish/unicefenmexico_6894.htm

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Reforma Educativa y campañas para la presidencia de la República

México / 1 de abril de 2018 / Autor: Ángel Díaz Barriga / Fuente: Profelandia

Un tema que es sustantivo en la campaña electoral para la presidencia de la República que se realiza este año es, sin lugar a dudas, el que se relaciona con la educación, y en particular con la profesión docente. En el año 2010 se firmó un acuerdo entre las autoridades mexicanas con la OCDE que lleva por título “Acuerdo de Cooperación México- OCDE para mejorar la calidad de las escuelas mexicanas” que incluye 8 puntos sobre la profesión docente, todos directamente vinculados con el establecimiento de plazas a concurso, evaluación del desempeño y, unos que no han sido de interés de las actuales autoridades del país, relacionados con mejorar la formación inicial de los docentes. En estricto sentido prefirieron cancelar la formación inicial al establecer en la Ley de Servicio Profesional Docente que cualquier egresado de educación superior que apruebe el Concurso de Ingreso, en los hechos reducido a un examen de conocimientos que no tiene ninguna relación con las habilidades que reclama el ejercicio profesional, puede obtener una plaza docente. El IMSS no hace lo mismo para sus plazas de médico familiar, ni el sistema judicial para las plazas de jueces. Sólo se planteó esta situación para las plazas docentes, lo que muestra el amplio desprecio que tienen los que promovieron y aprobaron esta legislación que afecta a la profesión, puesto que cualquier egresado de educación superior con un examen se puede convertir en docente.

Sin embargo, la legislación aprobada presenta otras graves evidencias del desprecio hacia la profesión docente. Califica la docencia “como una profesión de Estado”, cualificación que a ninguna otra profesión se le hace en el país. Pero a partir de dicha enunciación se le quitan todos sus derechos laborales, incluso los derechos adquiridos como es la estabilidad en el empleo.

Los docentes mexicanos de la educación obligatoria nunca tendrán derecho a gozar de estabilidad en su trabajo pues según la ley cada cuatro años deberán presentar una evaluación de desempeño. Con lo que, incluso aquellos docentes que ya tenían una estabilidad por haber adquirido su nombramiento con una antigüedad de 10, 15, 20 o más años, se encuentran en la condición de que para permanecer frente a sus alumnos tendrán que presentar evaluación cada cuatro años. A ninguna otra profesión del país se le han eliminado sus derechos tan brutalmente como en el caso de la profesión docente.

Las leyes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y del Servicio Profesional Docente establecieron un galimatías en donde ambas instituciones se cobijan y dificultan su tarea permanentemente. Una propone, la otra aprueba; una establece criterios, la otra realiza —e incluso, como es el caso de la Coordinación del Servicio Profesional Docente, puede contratar a una asociación civil (el CENEVAL) para que elabore el examen, llamado de evaluación del desempeño.

Ambas leyes confunden medir y evaluar. Ello ha dado pauta a que el INEE (la institución que tiene el manejo técnico de la evaluación como disciplina de las ciencias de la educación) y la Coordinación del Servicio Profesional contraten a una institución para elaborar exámenes a gran escala. En este caso, 64 instrumentos fueron elaborados sin reconocer que en el tiempo en que los construyeron no pudieron seguir con estricto cuidado los pasos que demanda la “teoría de la respuesta al ítem” y “el modelo rash” para la validación de reactivos. Mucho menos pudieron trabajar con rigor el contenido disciplinario de esos instrumentos.

En este contexto, con una clara falta a su responsabilidad por el manejo disciplinario del tema de evaluación, el INEE solicitó al servicio Profesional Docente que convocara en 2015 a profesores que tuvieran más de 15 años de servicio para ser evaluados. En realidad para presentar un examen y asistir en un ambiente opuesto a las mínimas condiciones de evaluación a 150 mil docentes. Los cuales fueron obligados a presentarse bajo la presión de perder el empleo. La ley no prevé ningún caso en el que un docente por razones personales (embarazo, enfermedad o parto) pueda no participar una vez que es convocado. Algunas situaciones que caracterizaron este acto fueron errores burocráticos; convocatorias a docentes con 2 años de servicio o con más de 20 años —es decir, fueron notables las decisiones arbitrarias— y, no se debe olvidar el ingreso al espacio en donde se resolvería el examen en un ambiente militar-policíaco. En este sentido, México se coloca como el país que aporta a la experiencia internacional la militarización de  la evaluación.

Pero presentar un examen no es evaluar el desempeño. Las preguntas que hicieron en ese momento a los docentes fueron absurdas, se les pidió una planeación didáctica de memoria sin poder consultar ni los programas de su materia, ni los materiales que todo profesional docente emplea en su planeación.

El INEE en su momento reconoció la mayoría de estos problemas, pero afirmó que los mismos no  afectaban las calificaciones que los docentes recibieron. Cada evidencia se calificó en 170 puntos, en ese momento eran tres evidencias —reporte de 3 alumnos con alto y bajo rendimiento, examen de conocimientos y planeación argumentada— lo que da 510 puntos, pero el docente recibió una calificación sobre 1600 puntos. El número no explicaba nada, sin derecho a réplica o a solicitar alguna aclaración, un trato muy diferente que el que el Modelo Educativo establece para evaluar el aprendizaje en el aula.

El INEE prometió que para 2017 presentaría otra estrategia para superar las deficiencias del ejercicio 2015, y que ésta sería voluntaria en 2016, excepto para quienes habían recibido la calificación de insatisfactorio. Pero en 2017 sólo logró hacer cambios de forma y no los sustantivos. Esto es, se siguieron aplicando 64 versiones de exámenes y se redujeron las evidencias iniciales a un reporte de una situación didáctica completa por parte del docente. Desafortunadamente ese reporte contiene tal cantidad de información que mucha se repite, otra es imposible de trabajar, sobre todo si un docente tiene 250 alumnos (lo que es común en la secundaria o el bachillerato) y resulta muy complicado diferenciar entre lo que los especialistas denominan currículum formal y currículum real. Además, en los exámenes se encuentran preguntas absurdas, y algunas requieren haber memorizado el documento “Perfil, parámetros e indicadores de desempeño”. Resolver el examen no garantiza un mejor trabajo docente. Se trata de cambios cosméticos para evitar una evaluación de desempeño.

En suma, la reforma 2013 constituye una agresión profesional al docente, elimina sus derechos básicos como estabilidad en el empleo, deja un amplio margen de indefensión cuando afirma que será despedido sin ninguna responsabilidad para la autoridad educativa. En otras palabras, le quita los derechos laborales que contiene la actual Ley del Trabajo.

El SNTE tendría que haber realizado una defensa laboral de los docentes, pero resulta que su estructura formal se ha aliado al candidato del partido en el poder, con lo cual en los hechos le da la espalda a los docentes para mantener su “relación atípica con la SEP”. Su presidente se sienta en el presídium al lado de las autoridades educativas.

Por todas estas razones la necesidad de revisar la reforma de 2013 es un tema de esta campaña. La demanda debería centrarse en reconocer:  los derechos laborales de los docentes; las etapas de la vida profesional (novata, consolidada, experta); la posibilidad de que el docente tenga estabilidad en su empleo; evaluar el desempeño mediante una evaluación de pares que vaya a las aulas; eliminar de la ley la palabra medición; exigirle al INEE que realice de manera profesional una evaluación desde la disciplina educativa y dar autonomía curricular a las escuelas normales para fortalecer la formación inicial de docentes, y diferenciar los requisitos para ser docente de preescolar y primaria, de los que se requieren para incorporarse a la docencia en secundaria y bachillerato.

Los candidatos a la presidencia de la República no pueden cerrar los ojos a la afrenta que tiene el magisterio en este momento si lo que desean, realmente, es trabajar para mejorar la educación de nuestro país.

Fuente del Artículo:

Reforma Educativa y campañas para la presidencia de la República.

Fuente de la Imagen:

http://www.uniradioinforma.com/noticias/internacional/389678/reforma-educativa-es-clave-para-futuro-economico-de-mexico-analistas.html

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México: Sindicatos magisteriales mexicanos divididos ante elecciones

América del norte/México/22 Marzo 2018/Fuente: Prensa Latina
Las cúpulas de las dos principales centrales de trabajadores del magisterio mexicano aparecen hoy aún más divididas, luego del apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) al candidato presidencial oficial.

José Antonio Meade, abanderado por la coalición Todos por México, que integran los partidos Revolucionario Institucional (PRI, en el gobierno), Verde y Alianza Nacional, recibió el respaldo expreso de Juan Díaz de la Torre, líder del SNTE.

Ese sindicato, mayoritario en el gremio, se sumó a la reforma educacional que el presidente Enrique Peña Nieto defiende como la fundamental de las impulsadas desde su gestión, en la cual consiguió cambios constitucionales en artículos de la carta magna respecto a Hacienda, Telecomunicaciones, Política, Electoral y Energética, entre otros.

Díaz de la Torre expresó en acto público el beneplacito a Meade, ocasión en que entregó un pliego de demandas en favor del desarrollo profesional que incentive y reconozca a los maestros adheridos a la reforma educativa.

También seguridad para las escuelas (en medio de la escalada de violencia e inseguridad que azota al país), y dignificación integral de magisterio garantizando un incremento sistemático de sus ingresos y prestaciones económicas y sociales.

Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una separación del SNTE desde diciembre de 1979, anunció próximas movilizaciones contra la reforma educativa, a la que considera una medida neoliberal y laboral para dejar cesantes a trabajadores de la educación pública y privatizar el sector.

Esa agrupación sindical disidente negó hasta hoy su apoyo al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha pronunciado contra la reforma educativa la cual, adelantó, pondrá en revisión si gana las elecciones del 1 de julio.

Obrador va en su tercer intento por la presidencia de México, y ahora lo hace con el apoyo del Movimiento de Regeneración Nacional y los partidos del Trabajo y Encuentro Social.

La reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto provocó masivas protestas, sobre todo desde estados como Oaxaca, Chiapas y otros con mayores índices de pobreza y población indígena, que se saldaron en esta capital sobre todo en la primera mitad de 2017.

Tales manifestaciones menguaron y la Secretaría de Educación Pública consiguió someter a exámenes de conocimiento a la mayoría de los maestros del país, donde las expresiones de rechazo disminuyeron ostensiblemente.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=161548&SEO=sindicatos-magisteriales-mexicanos-divididos-ante-elecciones
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México: Educación mantiene diálogo las secciones 7 y 40 del SNTE: Campos

México/ 13 de marzo de 2018/Por: Marco Antonio/Fuente: http://www.nvinoticias.com

La Secretaría de Educación (SE) mantiene una mesa de diálogo con los sindicatos VII y 40 del magisterio estatal que, de acuerdo a lo informado en las últimas semanas, podrían iniciar un paro indefinido a partir del mes de mayo.

Son las corrientes afines a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las que han señalado que este año podrían hacer una huelga, ya que tienen varios puntos pendientes en la negociación con el gobierno del estado y federal.

No obstante, según el secretario de Educación, Eduardo Campos Martínez, mantienen el diálogo con estas expresiones, esperando que privilegien los intereses de los alumnos.

“Las situaciones que corresponden al gobierno del estado se han cumplido, otras están en proceso y otras que son de índole federal, donde hemos ayudado como gestores”.

Campos Martínez recordó que vienen las evaluaciones de ingreso al servicio, oportunidad que aprovechan los vivales para ofrecer la venta de plazas, sin embargo, recordó que esto es un fraude ya que la única manera de obtener un espacio en el servicio educativo es mediante la presentación de un examen.

Evaluación que, dijo, cuidarán para que se realice dentro de los parámetros que establece la federación, previendo que algunos intereses ajenos intenten realizar una maniobra que bloquee la evaluación “el año pasado tuvimos unos 10 mil aspirantes y podría ser en julio, pero es algo que la federación decide”.

Fuente de la Noticia:

http://www.nvinoticias.com/nota/87165/educacion-mantiene-dialogo-las-secciones-7-y-40-del-snte-campos

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Cinco años de reforma educativa

Por Wenceslao Vargas Márquez

Hace cinco años, en febrero de 2013, se echó a andar la reforma educativa desde la plataforma feliz del Pacto por México que agrupaba al PRI, al PAN y al PRD. Su instrumentación estuvo plena de símbolos. El día 25 se anunció y entró en vigor el día 26, mismo día que fue el de la aprehensión de la lideresa nacional de la central magisterial más grande del país. Para operar la reforma educativa se echó mano de otro simbolismo: no se puso al frente de ella y de la SEP a un pedagogo posgraduado sino a un político que tenía diferencias personales insalvables con la exlideresa detenida.
Para el docente, el ángulo más importante de la reforma es la Ley General del Servicio Profesional Docente. Su administración quedó a cargo de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. Al frente de ella no se puso tampoco a un didáctico posgraduado sino a un administrador de plazas, ahora ya relevado del cargo. Desde que al frente de la reforma, y de su rostro menos amable, la ley docente, no quedaron ni un didáctico ni un pedagogo sino a un administrador y a un político de mano dura se sabía que la reforma educativa era más una reforma laboral que cualquier otra cosa. Este hecho ha sido reconocido por diversos actores políticos gubernamentales.

Así, hace cinco años, al magisterio se le arrebató el benévolo paraguas que era la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y se le trasladó maniatado, de bruces, en furgones sindicales, a un ghetto jurídico a la intemperie que es el reformado artículo tercero constitucional. A cinco años de su creación la reforma educativa tiene una aprobación del 64 % dijo el titular de la SEP, Granados, el 20 de febrero en Monterrey, porcentaje que se nos antoja raquítico por ser la estrella más rutilante de las reformas estructurales. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha dado un dictamen lapidario a propósito de la reforma en este febrero de 2018, duro dictamen que congela las sonrisas del oficialismo: la reforma no ha servido para mejorar la educación mexicana. Esos son dos de sus saldos oficiales. ¿Para qué agregar algo?

En el horizonte político nacional no hay partido político alguno que pretenda echarla abajo. Lo indica un balance de las iniciativas legales o políticas más recientes anunciadas contra de la reforma. No perdamos de vista que el tema principal a debate es la evaluación docente para efectos de permanencia, el tema más sensible para el quehacer diario del docente. En enero de 2017 el grupo legislativo de Morena en la legislatura veracruzana pretendió eliminar la evaluación docente y los ceses mediante el acto mágico de borrar los artículos 53, y 8 y 9 transitorios de la ley docente. En la consideración XVII se llegó a llamar a los ceses “un acto vil”. El tema lo tocamos en este espacio hace un año, febrero de 2017, en una nota titulada Los ceses docentes: ¿un acto vil? Unos días después, ¿coincidencia?, el 14 de febrero le tocaría al autor de estos párrafos su propio cese con documentada (escrita) complicidad sindical; 24 quincenas después seguimos esperando una solución que tarde o temprano llegará.

En enero de 2017 a Morena lo apoyó el PRI. En enero de 2018 al PRI lo apoya Morena. Estamos observando, no crean que no nos damos cuenta del juego en el que todo queda en nada. En la última semana de enero de enero de 2018 el PRI veracruzano, en voz de su bancada en la legislatura local, operó una iniciativa de reforma constitucional que pretendía eliminar para siempre la evaluación docente para efectos de permanencia como lo hizo Morena un año atrás. No sabemos hasta hoy si la bancada del PRI amaneció ese día de mal humor y, con jaqueca, decidió desquitarse desapareciendo la evaluación para siempre, o amaneció de un humor excelente y decidió jugar una broma al magisterio en mal momento: en temporada electoral, con consecuencias en las urnas.

El 10 de febrero se firmaron en Zacatecas unos acuerdos que no desafían la existencia de la reforma educativa. Hay en ellos el compromiso de presentar una iniciativa para reformar algunas áreas de la ley docente, no se sabe bien cuáles. El compromiso es presentar la iniciativa, ojo, no se habla de hacerla triunfar. El día 12 hubo el congreso nacional del SNTE. No sabemos si el tema de la reforma educativa y el de la vigencia o desaparición de la evaluación docente para la permanencia fue o no un tema debatido, pero cuatro días después de Puerto Vallarta, en un comunicado nacional del SNTE fechado en la Ciudad de México el día 16, el tema no fue siquiera mencionado. Por esas ausencias conceptuales es que el magisterio se anota en la oferta electoral que sí toca el tema, la exitosa oferta presidencial de Morena, con todo y sus inconsecuencias. Cuando hace unas horas, el 22 de febrero, se supo de la toma de nota federal en favor del SNTE supimos que este sindicato se propone relanzar un plan de trabajo “respetando la normatividad”. Relanzar al sindicato “respetando la normatividad” implica que la central magisterial más grande del país no se moverá contra la reforma educativa.

El balance final es el siguiente: la aprobación de la reforma es baja (64%, SEP), no ha servido para mejorar la educación (ASF), Morena y el SNTE no harán movimientos de fondo contra ella; el PRI legislativo de Veracruz en Xalapa dejó en broma ociosa su iniciativa de enero de 2018. Recupero a M.L. Puga bajo paráfrasis: los diputados del PRI en la legislatura de Veracruz nos dieron muestra de lo extrañas que pueden ser las interminables posibilidades del ocio. Corrigiendo lo que apuntamos aquí hace poco (La reforma educativa contra la pared), podemos concluir que, al parecer, la reforma educativa cumplirá muchos años independientemente de quién triunfe el primero de julio en las elecciones presidenciales.
Pero ahora cumple cinco años de vida. Queremos pastel.

Fuente: https://plumaslibres.com.mx/2018/02/25/cinco-anos-reforma-educativa/

Imagen tomada de archivo OVE

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FAQ: la reforma educativa xalapeña

México / 25 de febrero de 2018 / Autor: Wenceslao Vargas / Fuente: Plumas Libres

La reforma educativa no ha tenido tropiezos desde el oficialismo desde que nació en 2013, pero a fines de enero de 2018 recibió de parte del PRI veracruzano la embestida de una iniciativa legal para reformarla a nivel constitucional eliminando la evaluación docente para permanecer en el empleo. Abordaremos el tema a la manera de las preguntas que se hacen frecuentemente (Frequently asked questionsFAQ).

¿Ha defendido el PRI a la reforma educativa y ahora quiere revertirla? El PRI, como gobierno y como partido, ha defendido la reforma educativa tal y como la construyó con ayuda del PAN y del PRD en los años 2012 y 2013. La defendió hasta los días 25 y 31 de enero del año en curso. El jueves 25 la bancada del PRI en la legislatura veracruzana propuso, y el pleno aprobó por unanimidad, el miércoles 31, remitir al Congreso de la Unión una iniciativa de ley que pretende modificar el artículo tercero constitucional para eliminar por siempre la evaluación del desempeño docente, pieza fundamental en la reforma educativa tal como el discurso oficial la presentó. Revertir en esa área la reforma de 2013 es crear una especie de reforma educativa xalapeña.  

¿Qué dice el párrafo pertinente en el artículo tercero por modificar? Lo que hay que modificar –inicialmente- es el párrafo tercero del artículo 3º. de la Constitución. Dice lo siguiente, con comillas externas y comillas internas en el párrafo para llamar la atención al lector sobre las palabras a modificar: “La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la “evaluación obligatoria” para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la “permanencia” en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”. Así, la evaluación docente para permanencia es obligatoria en el nivel constitucional.

¿Se pueden o no modificar estas palabras a como lo propone el PRI desde la legislatura veracruzana? Técnicamente es posible. Nosotros, en nota previa, decíamos que sí puede lograrlo el PRI, y nos sostenemos en la respuesta. Partimos del supuesto de que, el haber sido apoyado en Veracruz por todos los partidos políticos representados en la legislatura (PAN, PRD, Morena, Panal, independientes), garantiza que en el altiplano estarían en la misma postura de respaldo al PRI. Suena descabellado pero así es.

¿Qué hace falta para modificar la constitución y darle gusto a la bancada local del PRI veracruzano? Necesita el apoyo de los demás partidos y ya lo logró, muy extrañamente, de parte de todos. Hace falta también que al llegar la iniciativa a la Cámara de Diputados se entregue en la Comisión de Educación, que pase después al pleno y la aprueben dos terceras partes de los diputados y dos terceras partes de los senadores. Luego se necesita que la aprueben 17 legislaturas locales; la de Veracruz se da por hecho.

¿Tendrán tiempo para desahogar la reforma educativa xalapeña en los noventa días que le quedan a la legislatura federal? Nosotros aventuramos la idea de que sí, sosteniendo nuestra respuesta con los mismos argumentos que decíamos en respuesta a pregunta anterior: todos los partidos en Veracruz están de acuerdo. Lo reiteramos, pero si no fuese así estaríamos frente a una broma.

¿Qué le espera a la iniciativa en la Cámara de Diputados? Siguiendo el mismo razonamiento de las respuestas previas, el destino de la iniciativa de reforma deberá ser halagüeño. Es difícil pensar que en la Legislatura federal 63 le exijan que se forme en la cola pues le acompaña el apoyo unánime de los partidos representados en la legislatura veracruzana, que son los mismos que en la federal, aunque le anteceden 4 mil 500 iniciativas pendientes de dictamen. La fuente de esta cifra es un portal especializado (Expansión CNN; bit.ly/2EEiVKI). ¿Qué dicen de la iniciativa la SEP y el INEE? Extrañamente nada dicen, no han salido a atajar la iniciativa que ya ha agotado las etapas iniciales que son las dos más sencillas; nada dicen, quizá porque saben que es una broma electoral. Otra opción es que saben que la iniciativa va en serio y es mejor guardar silencio, por ahora, y demostrar sorpresa -y aceptación- en el momento oportuno. Llama la atención la ausencia del apellido Meade en el proceso, en el caso de que vaya en serio.

El PRI jarocho debe lograr la reforma constitucional en los noventa días (primero de febrero a 30 de abril) que le quedan a la legislatura federal 63 en su último periodo ordinario para que no se le tome a broma. Después de eso noventa días se instala la Comisión Permanente y a partir del primero de julio ya habrá nuevos diputados. Dicho de otra forma, ésta iniciativa de reforma constitucional tiene poco tiempo y no debe tener reversa política. En medio del camino se hallan dos reuniones magisteriales: la de Morena y su simpatizantes magisteriales en Zacatecas el sábado 10 de febrero para tocar el tema, precisamente, el de la desaparición de la reforma educativa entera y, dos días después, el SNTE ortodoxo el lunes 12 en Jalisco para su proceso electoral nacional. En ambos el tema es fundamental.

Si al final del día no se prosigue el proceso legislativo lanzado a fines de enero por el PRI jarocho, la iniciativa, con un costo político anexo para todos sus candidatos, habría quedado como broma. Cabrá entonces plantear la pregunta de quién tuvo la idea de comenzarla.

Fuente del Artículo:

FAQ: la reforma educativa xalapeña

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Ideas para la democratización del SNTE

*Rogelio Alonso

La democracia, como es bien sabido, no se limita únicamente al ámbito de elección de alguna autoridad o representante, sino que va más allá: debería permear en el funcionamiento de la estructura misma de una organización. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sin duda, debe pulir muchos elementos tanto de sus procesos electorales, como de la dinámica misma de la organización. Para reflexionar sobre ello, en cuanto al primer aspecto, se retomará la forma en que se eligen a los Comités Ejecutivos Seccionales, mientras que en el segundo, el papel de los Representantes de Escuela y los Comités Ejecutivos Delegacionales.
En cuestión electoral, las prácticas del SNTE tienen que buscar la manera de perfeccionar dos aspectos: la forma en que se emiten los sufragios y el valor que tiene cada uno de ellos. Hay una situación que ilustra ampliamente el primer aspecto: los miembros de un Comité Ejecutivo Seccional saliente tienen derecho a participar y votar individualmente en el congreso en el que se elige a la nueva dirigencia sindical, por el contrario, el resto del magisterio tiene que depositar sus intenciones electorales en un intermediario: un comité delegacional. Así pues, los miembros de los Comités Ejecutivos Seccionales tienen el privilegio de sufragar directamente, mientras que el resto del magisterio tiene que hacerlo de manera indirecta a través de un intermediario.
El depósito de las intenciones de voto en un delegado puede traer además otro riesgo. En términos democráticos, existe un vicio al cual se le conoce como “tiranía de las mayorías”: cuando los intereses de las mayorías se imponen, anteponiendo precisamente el principio de las mayorías, pero además, someten y erradican a los de las minorías. Algo similar sucede cuando los trabajadores eligen delegados para que sean ellos quienes con su voto representen sus intenciones. Esto trae consigo un riesgo inminente para la democracia sindical: la intrascendencia de los intereses electorales diferentes a los del conjunto de delegados. Así pues, sólo por ejemplificar, puede que en una delegación de 500 trabajadores, 200 no simpaticen con las preferencias electorales de los delegados y, al votar éstos en función de lo que diga la mayoría de su delegación, los 200 trabajadores en cuestión (que fungen como minoría) serán ignorados electoralmente. De este modo, las prácticas electorales sindicales, en algunos de sus niveles, favorecen prácticas tiránicas de las mayorías.
Como se mencionó anteriormente, las prácticas electorales del SNTE también, en algunos niveles, representan un agravio a un principio democrático elemental: la igualdad en el valor de los sufragios. Así pues, por ejemplo, en las elecciones de los nuevos Comités Ejecutivos Seccionales, las intenciones electorales de un miembro del comité saliente tiene valor de un voto, mientras que la del resto del magisterio, se aglutinan en un voto depositado por el delegado o conjunto de delegados.   De este modo, surge un cuestionamiento evidente: ¿por qué la intención de un miembro del Comité vale un voto, mientras que la intención de decenas de maestros tiene el mismo valor al ser emitida por el voto de un delegado o un conjunto de delegados? De este modo, se puede decir que en algunas prácticas electorales sindicales (no en todas), el voto de algún integrante del Comité Seccional tiene un valor infinitamente superior al de un profesor de la base.
La situación anterior deriva además en una condición poco favorable para la vida democrática: dificultades para suscitar procesos de alternancia. Al tener un peso mayor el de los integrantes de los miembros de los Comités Ejecutivos Seccionales salientes, quienes tienen pase directo a los congresos extraordinarios para elección de autoridades sindicales y votan de manera individual y directa, es evidente que tienen mayor trascendencia en la decisión electoral que la organización tome. De esta manera, el interés de este grupo tendrá mayor peso en las urnas que el de los trabajadores de la base, lo que lógicamente podría traer consigo la continuidad excesiva en los puestos de gobierno sindical por personas afines a un mismo grupo. Los sanos procesos de alternancia de una institución democrática, sin duda se pudieran alcanzar, entre otros factores, mediante la práctica del voto individual y directo en la elección de las más altas jerarquías de gobierno sindical.
Uno de los pilares de la democracia es la participación activa de la mayor cantidad posible de los miembros de una organización, de modo que el diálogo, las decisiones y las acciones no siempre estén centralizadas en las altas jerarquías de gobierno sindical. En cuanto a esto, vale la pena que la dinámica organizacional del SNTE revitalice dos instancias básicas: los Representantes de Escuela y los Comités Ejecutivos Delegacionales. En cuanto a los primeros, actualmente algunos miembros del Comité Ejecutivo Seccional han usurpado algunas de las atribuciones que de acuerdo al Estatuto vigente de la organización tienen los representantes de centros escolares, tales como servir de enlace entre sus representados y los órganos de gobierno sindical. Aunado, a lo anterior, se han descuidado y, en algunos casos, prácticamente olvidado, algunas funciones trascendentales de los Representantes de Escuela, tales como la participación en reuniones bimestrales con sus homólogos de otros planteles y el Comité Ejecutivo Seccional, además de celebrar reuniones de trabajo con sus compañeros de plantel.
En relación a los Comités Ejecutivos Delegacionales, desafortunadamente su participación en el funcionamiento de la organización se ha ido limitando hasta, en algunos lamentables casos, servir únicamente para la organización de eventos sociales. En algunos casos, esta instancia sindical ha dejado de ejercer facultades importantes que le adjudican el Estatuto sindical, tales como la atención y trámite de asuntos y conflictos de trabajo, la gestión de plazas, prestaciones laborales y profesionales destinadas a los miembros de la Delegación, la creación de grupos de estudio, culturales o científicos, la demande de la eficiencia de los servicios médicos para los miembros de la agrupación, etc. Así pues, se observa que, contrario a los principios democráticos, las facultades importantes de algunas instancias de la organización sindical, tales como los Representantes de Escuela y los Comités Ejecutivos Delegacionales, han sido arrebatadas por miembros de la misma organización sindical. La vida democrática y la participación dentro de la dinámica organizacional del SNTE no debe iniciar desde las más altas jerarquías, sino a la inversa, debiendo replantearse de modo que las instancias de representación más cercanas a las bases tengan una trascendencia real en el funcionamiento de la organización.
En suma, considerando situaciones como las que en este escrito se han enunciado, es evidente que si se pretende hablar de un sindicato democrático, el SNTE debe subsanar algunas prácticas que impiden una democratización plena de la organización. Lo anterior sin duda pasaría no sólo por la modificación de los estatutos sindicales, sino, además, por la vigorización de los ya existentes. En materia electoral, deben buscarse los mecanismos para hacer que el voto individual y directo de cada miembro de la organización sea el vehículo para la elección de autoridades sindicales de alta jerarquía.  Si bien la figura de un delegado es –o debería ser– importante en diversas tareas sindicales, no debería ser el depositario de los votos de la base, pues éstos se simplifican en un solo sufragio perdiendo drásticamente su valor matemático y, además, corriendo el riesgo de contaminación de los intereses de las mayorías.  Al practicar el sufragio individual y directo, se estaría también eludiendo uno de los efectos negativos de la vida democrática: la tiranía de las mayorías, es decir, la relegación de quienes piensan diferente a los grupos mayoritarios.
En cuanto al funcionamiento de la organización sindical se deben fortalecer y hacer valer las facultades que tienen las diferentes instancias de representación, sobre todo aquellas más cercanas a las bases, tales como los Representantes de Escuela y los Comités Ejecutivos Delegacionales. De esta manera, al ampliar las posibilidades de acción para más actores, sin duda la vida democrática del sindicato se acrecentaría, evitando la centralización del diálogo y la toma de decisiones en los más altos puestos de gobierno y así generando un mayor interés de la base en el acontecer de la vida sindical.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente colimense de Educación Primaria (Esc. Prim. Distribuidores Nissan No. 61 T.V.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 
Twitter: @proferoger85
REFERENCIAS
SNTE. Estatuto. México: Autor, 2013.
Fuente del Artículo:
http://www.educacionfutura.org/ideas-para-la-democratizacion-del-snte/
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