Pueblos originarios de México contra el poder de las transnacionales

Organizaciones europeas –más de 500- apoyan el recorrido por el viejo continente de las delegaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) de México, del que forma parte el movimiento zapatista.

En el contexto de la Gira, la delegada otomí del CNI, Marisela Mejía Pérez; y el delegado rarámuri del Congreso, Francisco Palma Aguirre, visitaron el País Valenciano –entre el 22 y el 25 de noviembre- e impartieron una conferencia sobre La lucha contra los megaproyectos de muerte en México en el Centre Octubre de Valencia.

El CNI se constituyó el 12 de octubre de 1996, con el fin de ser la casa de los pueblos originarios, tribus y naciones de México. Denuncian 500 años de exterminio y que el capitalismo “se nació de la sangre de nuestros pueblos y continúa alimentándose de ella”. Se caracteriza, en su página Web, como espacio de solidaridad y reflexión para fortalecer las luchas de resistencia y rebeldía. La de los pueblos –añaden- que llevan en la sangre, en la carne y en la piel, toda la historia, sabiduría, cultura, lengua e identidad.

Entre sus siete principios, figuran “servir y no servirse”; “convencer y no vencer”; “obedecer y no mandar”; “bajar y no subir” o “proponer y no imponer”. En 2001, el CNI se sumó a la Marcha Nacional Indígena –del color de la tierra– encabezada por el Ejército Zapatista, y que llegó a la Plaza del Zócalo de Ciudad de México con la consigna “Nunca más un México sin nosotros”.

El pasado 21 de noviembre el CNI reproducía un comunicado solidario de la Unificación de Pueblos contra la Minería en el estado de Morelos; se denunciaba la “cobarde represión” y las agresiones (“golpeadores con la complicidad policial”) contra seis miembros del colectivo Pueblos Unidos en la comunidad de Santa María de Zacatepec, en el estado de Puebla (dos comunicadores populares y defensores ambientales –Alejandro Torres Cocolatl y Michel Torres- fueron detenidos por la policía municipal).

El mismo día se informaba del ataque a la población zoque del Ejido Esquipulas Guayabal (municipio de Chapultenango, Chiapas) por parte de un grupo armado, con el resultado de pobladores heridos, desaparecidos y casas quemadas; el comunicado hacía responsable al Estado y su “negligencia para resolver el conflicto agrario” en México.

Asimismo, el 21 de noviembre el CNI convocaba al Foro Nacional de las Resistencias y alternativas de los pueblos ante el capital trasnacional y la Militarización, que se celebrará los días 4 y 5 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca).

Durante su estancia en Valencia, Marisela Mejía y Francisco Palma participaron en la tertulia que siguió a la proyección del documental Remedio México, de Cucho Ramírez, en los cines Babel; la película se incluye en la programación de la XII Mostra Itinerant de Cinema i Vídeo Indígena del País Valencià, organizada por la ONG Perifèries, la Assemblea de Solidaritat amb Mèxic y la Xarxa Solidària Gira per la Vida del País Valencià. Los dos activistas fueron entrevistados en Radio Klara y La Radio i Televisió del Poble. La CGT se sumó a las acciones de apoyo.

Los dos miembros del CNI recordaron, en el Centre cultural Octubre, que se cumplen 25 años de la fundación del Congreso. Por este motivo el CNI-Concejo Indígena de Gobierno (CIG) emitió el 21 de octubre un pronunciamiento -dirigido a los pueblos del mundo- en el que se denuncian los “megaproyectos de muerte”. Así, “No queremos el Tren Maya (1.550 kilómetros por las principales regiones de la Península del Yucatán) que convierta todo el sur-sureste de nuestro país en un eslabón del capital trasnacional; en la extracción, contaminación, destrucción y despojo, en las vías y sus alrededores y en toda la región”.

Por otra parte, añade el pronunciamiento, “no queremos el Corredor Transístmico, que convierta en una fábrica de energía eólica, maquilas y explotación de minerales zonas enteras desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México”.

Otra de los macroactuaciones denunciadas por el CNI-CIG es “el Proyecto Integral Morelos (promovido por el Gobierno de México para la generación de energía eléctrica), que atenta contra el territorio de las comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos en los pueblos del volcán Popocatépetl y que reprime con la muerte a quienes cuestionan o se oponen, como el compañero Samir Flores Soberanes”.

Una de las empresas citadas en el acto de Valencia fue Acciona. En febrero esta multinacional española anunció que emprendería la construcción -en consorcio con la minera y constructora Grupo México- del Tramo 5 del Tren Maya, entre Playa del Carmen y Tulum (Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo).

Adjudicada y valorada en 713 millones de euros, la iniciativa implica la construcción de 60 kilómetros de doble vía electrificada, e incluye un viaducto ferroviario de siete kilómetros en Playa del Carmen. En una nota informativa, Acciona relaciona la infraestructura del Tren Maya con “los más de tres millones de turistas que cada año visitan la zona”. La compañía da cuenta de otras inversiones que realiza en México: 1.300 megavatios operativos en energía eólica y fotovoltaica.

Asimismo el ejecutivo español informó, en diciembre de 2020, de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) del Gobierno de  México había adjudicado un contrato para el Tren Maya –de tres años por valor de 13,5 millones de euros- a un consorcio formado por Renfe; la ingeniera y consultora pública española Ineco y la alemana DB Engineering & Consulting; las adjudicatarias “prestarán apoyo durante el periodo de construcción y supervisarán la fabricación, entrega y puesta en marcha del material rodante”.

En el mismo comunicado del Consejo de Ministros español, se afirma que el Tren Maya es un “proyecto prioritario del Gobierno de México (presidido por Andrés Manuel López Obrador) para el transporte de viajeros y mercancías”.

“¡Exigimos a Iberdrola la cancelación de los parques eólicos y fotovoltaicos en México y Latinoamérica!” Es uno de los lemas utilizados por la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio; y la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura, durante una protesta el 4 de noviembre ante las oficinas de multinacional española en Ciudad de México.

Se trataba de una acción de solidaridad con los pueblos del Istmo de Tehuantepec, contra los megaproyectos y el lavado verde, en la que los activistas denunciaron –en un escrito dirigido a los directivos de Iberdrola- “el engaño, el despojo, la destrucción y la contaminación ocasionados por sus energías mal llamadas ‘limpias’”.

En el escrito, los movimientos populares rechazaban macroiniciativas de supuesto “progreso y modernidad”, como el Corredor Interoceánico, “los Aeropuertos militarizados de Santa Lucía-Estado de México y Tulum-Quintana Roo; el Parque Urbano mal llamado ecológico en el Lago de Texcoco, por cuya ribera avanza dividiendo comunidades y ejidos la autopista Tuxpan-México, vinculada al puerto marítimo de Tuxpan-Veracruz en el Golfo de México; o la Refinería de Dos Bocas en Tabasco”.

Marisela Mejía y Francisco Palma han alertado, asimismo, sobre la situación de los defensores en México; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) señala que 18 defensores del medio ambiente fueron asesinados durante 2020 (estos homicidios se incluyen en las agresiones -90- llevadas a término en 65 ataques diferentes). Con una perspectiva más amplia, la ONG cifra en 460 las agresiones contra personas defensoras del territorio entre enero de 2012 y diciembre de 2018.

En cuanto a la violencia perpetrada por sectores, el CEMDA destaca el forestal –principalmente respecto a las talas clandestinas- y las vías de comunicación; de hecho, la organización ha identificado ocho ataques en 2020 en relación con el Tren Maya; tres con el proyecto de la carretera en San Francisco Xochicuautla (Estado de México); y otros tres con la construcción del Puente Vehicular Xochimilco (Ciudad de México).

Tras ocho años de trabajo documental y de registro, el CEMDA constata una “violencia estructural y generalizada contra quienes defienden el patrimonio natural, la tierra y el territorio”.

Fuente: https://rebelion.org/pueblos-originarios-de-mexico-contra-el-poder-de-las-transnacionales/

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El detalle que faltaba

Por: Carolina Vásquez Araya

Acabar con todo resto de institucionalidad, el objetivo final de las mafias.

El tema de la cooptación de las Cortes del sistema de justicia en Guatemala no es objeto de gran atención por parte de la ciudadanía de ese país. De hecho, en estos meses, cuando la población se encuentra sumergida en el mundo surrealista de una amenaza viral de dimensiones planetarias con la perspectiva de perder el empleo, ver reducidos sus ingresos y temerosa del contagio, pocos son los temas que alcanzan a penetrar en su pensamiento y adquirir cierta preponderancia. Por ello, lo que se negocia actualmente en el Congreso de Guatemala con relación a la elección de las Cortes y los intentos de cooptar, neutralizar y finalmente eliminar a la Corte de Constitucionalidad -cuyo desempeño aún se mantiene dentro de los parámetros del orden legal- son hechos que fácilmente escapan a la atención de la ciudadanía, lo cual aun siendo comprensible es altamente peligroso.

Guatemala ha sufrido una violencia extrema –física y psicológica- de larga duración; el conflicto armado marcó con sello indeleble a más de una generación y creó una atmósfera espesa de miedo y desconfianza cuya presencia incide, aún después de tantos años de intentos de democracia, en la actitud apática y poco proclive a la participación política dentro de la sociedad civil. Los abusos de poder y los vínculos entre los cárteles del narcotráfico y las esferas empresariales, políticas y castrenses, han dado como resultado la consolidación de las mafias en las instituciones del Estado, con especial énfasis en el aparato de justicia, del cual dependen las garantías de impunidad para quienes cometen toda clase de delitos bajo la salvaguarda del poder.

Una de las razones por las cuales existe esa apatía en relación con el desempeño de las instituciones del Estado es, precisamente, el absurdamente elevado índice de impunidad en el sistema de administración de justicia, en donde quienes se animan a denunciar delitos en su contra suelen ser objeto de represalias y de pérdidas económicas producto de un desempeño pobre del aparato de justicia. Este ha sido históricamente marcado por el soborno, las presiones desde centros de poder y de las mafias en la elección de jueces y magistrados. Ante este escenario, la población está indefensa y sobre todo impotente frente a un aparato poderoso cuyos entresijos le resultan incomprensibles. Una de las causas de esta falta de comprensión respecto de uno de los pilares del sistema democrático ha sido el bloqueo sistemático de los grupos de poder hacia la educación de calidad –una de las herramientas fundamentales para el empoderamiento ciudadano- y las restricciones al derecho de acceso a la información.

Estas limitaciones a la formación ciudadana y a la información han sido cruciales para mantener a la población ajena a las maniobras de sus legisladores quienes, además, han sido electos de acuerdo con una ley diseñada ad hoc para impedir la participación plena de la ciudadanía y, por lo tanto, aun cuando su presencia en la asamblea sea legal, en el fondo es ilegítima. Todo esto se traduce en una dinámica de círculos concéntricos por medio de la cual los grupos cuyos nexos y acuerdos han logrado capturar todos los hilos del poder, pretenden consolidar el secuestro total de las más importantes instituciones del Estado y así neutralizar, de modo definitivo, todo intento de reforzar la incipiente democracia actual. Por si faltaba algún detalle en este cuadro escabroso sobre la elección de las Cortes, es importante añadir que algunos de los personajes más influyentes en ese proceso se encuentran actualmente guardando prisión preventiva por gravísimos actos de corrupción.

Fuente: https://rebelion.org/el-detalle-que-faltaba/
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Un informe documenta las vulneraciones de los derechos económicos y sociales del pueblo saharaui

Redacción: Olatz Alonso/Rebelión

El informe «Una brecha en el muro relata las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de la población saharaui en los territorios ocupados por Marruecos.

Lalia pasó todo su embarazo sin que le hiciesen una ecografía. Dio a luz en un paritorio sucio, en el que para entrar tuvo que pagar un soborno y del que salió sin su hijo porque, según los médicos, nació muerto. A Omar le despidieron tras 27 años trabajando en la misma empresa, durante los que nunca fue ascendido a un puesto de responsabilidad. Takio se queja de que en la escuela las instalaciones y el material están en mal estado, de que el sistema responde a criterios políticos en vez de pedagógicos y de que los estudiantes se enfrentan a una presencia policial constante en los alrededores de los colegios.

Lalia, Omar y Takio son personajes ficticios, pero sus vivencias representan el día a día de la población saharaui en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos. Una realidad recogida en el informe colectivo Una brecha en el muroy en el cortometraje Un agujero en el muro, basado en el informe, que denuncian las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales que sufre el pueblo saharaui en los territorios ocupados ilegalmente por el estado marroquí desde 1975.

Fotograma informe Sahara

 Fotograma del cortometraje «Un agujero en el muro»

El estudio es fruto del trabajo conjunto de la asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava, el grupo de activistas y comunicadores de los territorios ocupados Equipe Media y varios jóvenes universitarios del País Vasco. Una labor que comenzó en un Laboratorio de Derechos Humanos y que tras seis años se ha materializado en un informe y un cortometraje que buscan “mostrar la situación de los saharauis en los territorios ocupados, demostrar que sigue habiendo un pueblo que está viviendo bajo la represión y la ocupación y apuntar a la necesidad de dar a conocer esa realidad y de que haya una mayor investigación”, expone Raquel Calvo, técnica de Comunicación y Educación de la asociación.

La mayoría del territorio del Sahara Occidental se encuentra desde 1975 bajo la ocupación ilegal de Marruecos, un contexto en el que se vulneran múltiples derechos de la población originaria, como el de autodeterminación, ya que aún no se ha celebrado un referéndum, o el de administrar sus propios recursos naturales. Todo ello con la connivencia de la comunidad internacional, como cuando la Unión Europea se esfuerza por que los acuerdos comerciales con la monarquía alauí incluyan los recursos del Sahara Occidental, aunque esa decisión contravenga dos sentencias del Tribunal de Justicia Europeo.

El Sahara Occidental es también conocido como la última colonia de África. España no completó la descolonización, por lo que Naciones Unidas considera al Sahara como un territorio no autónomo, pendiente de que se concluya ese proceso. La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y Marruecos reclaman la soberanía sobre el territorio desde hace 43 años, en un conflicto aún sin solucionar, y que podría encarar una nueva fase tras la celebración de nuevas conversaciones entre ambos actores los día 5 y 6 de diciembre en Ginebra.

TRABAJO, SANIDAD Y EDUCACIÓN

Una brecha en el muro pone el foco en las vulneraciones de los derechos económicos, sociales y culturales, los DESC, dada la necesidad de “revelar las violaciones invisibles” a las que se enfrentan los saharauis, en palabras de Ahmend Ettanji, miembro de Equipe Media. “Es importante para mostrar que los saharauis no tienen garantizado ningún derecho fundamental”, añade. “En relación al Sahara Occidental, la línea más trabajada han sido los derechos civiles y políticos, especialmente tras el campamento de Gdeim Izik, pero no se sabía nada de la vida diaria de los saharauis que viven bajo la ocupación”, señala Calvo. Irene Escorihuela, directora del Observatori DESC, subraya la importancia de los derechos económicos y sociales ya que “son aquellos que permiten tener una vida digna y muchas veces no se puede disfrutar de otros derechos si no se tienen los DESC cubiertos”.

Esta investigación analiza la situación de los derechos al trabajo, la sanidad y la educación. “Representan tres pilares fundamentales de la vida de las personas y, al mismo tiempo, daban la posibilidad de trabajar otras vulneraciones de un modo transversal”, explican Miren Ogando y Eneritz Chávarri, dos de las jóvenes que participaron en el diseño del estudio y en las brigadas que, para recabar información, viajaron durante 2015 a El Aaiún, capital de los territorios ocupados.

El informe “revela una situación generalizada de represión y de una labor intencionada del gobierno marroquí de disolver la identidad saharaui».

Calvo señala que el informe “revela una situación generalizada de represión y de una labor intencionada del gobierno marroquí de disolver la identidad saharaui”. Hassana Aalia, activista saharaui por los derechos humanos y refugiado en el País Vasco, coincide en que “todas estas violaciones son una estrategia política creada por el ocupante marroquí”. Con la Marcha Verde de 1975, en la que miles de civiles marroquíes se desplazaron a los territorios saharauis, Marruecos puso en marcha una campaña de colonización y marroquinización del Sahara Occidental que aún perdura.

Tanto Aalia como Ettanji conocen bien esos abusos, ya que ambos provienen de los territorios ocupados. “Son el pan de cada día”, asegura Ettanji. “No hay acceso libre a la educación, en la enseñanza hay muchas manipulaciones, los estudiantes sufren discriminaciones, no hay universidades ni academias… Si hablamos de derecho a la sanidad, aquí no hay especialistas, en los hospitales se margina a los saharauis y la gente muere debido a negligencias médicas”, añade. Las mujeres sufren violencias específicas, como ataques sexistas, tocamientos o humillaciones por vestir melfas, la vestimenta tradicional. Algunos testimonios hacen referencia incluso a casos de extirpaciones de útero sin consentimiento.

Los datos recabados por las y los brigadistas durante la investigación señalan la existencia de una violencia estructural en el ámbito laboral que “genera grandes bolsas de población empobrecida que sirven como mano de obra barata”, mientras los saharauis son excluidos de las industrias que expolian los recursos naturales del territorio y de la administración pública.

En cuanto a la sanidad, desconfían de la atención médica debido al trato inapropiado que reciben y a la falta de recursos humanos y materiales, por lo que prefieren acudir antes a la medicina tradicional. Las discriminaciones se reproducen también en el sistema educativo. A la falta de instalaciones y materiales adecuados se le suman medidas que aumentan la desigualdad, como que reciban peores calificaciones, que se vean expuestos desde pequeños a la presencia policial alrededor de los centros escolares o la ausencia de universidades en los territorios ocupados. Todo ello enmarcado en un sistema educativo que busca fomentar la cultura y visión marroquí y diluir la identidad saharaui.

NUEVA HERRAMIENTA

“Hasta ahora, estas violaciones no estaban recogidas de una manera más o menos académica en ningún sitio”, señala Ogando. Esa es una de las mayores virtudes de este informe. “Desde el Frente Polisario siempre hemos denunciado estos abusos, pero sin un documento que corroborase esas acusaciones todo se reducía a nuestra palabra contra la de Marruecos”, expresa Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario en Euskadi. “Para nosotros este informe es una herramienta muy útil”, asegura.

Muestra de ello es la acogida que tuvo en la 43º conferencia europea de solidaridad y apoyo al pueblo saharaui (EUCOCO) en celebrada el 17 de noviembre en Madrid, a la que acudieron Ogando y Chávarri, y tras la que la asociación ha recibido una petición de llevar el informe a la próxima Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se celebrará en marzo en Ginebra. “Va a ser muy importante porque hasta ahora, al no contar con investigaciones hechas en el terreno, no habíamos podido presentar nada en relación a los DESC. Ésta va a ser la primera vez”, ilustra Aalia, que participará en la Comisión junto a más activistas de los territorios ocupados, de la diáspora y de los campamentos de refugiados de Tinduf, en Algeria.

Aunque no se trata de “una investigación académica al uso porque no se daban las condiciones para desarrollarla”, matiza Calvo, “el informe tiene todo el valor que tienen los testimonios de las personas que han participado en él”, cuya identidad han mantenido en el anonimato por cuestiones de seguridad. “El conjunto da una imagen de lo que ocurre”, apunta. Una realidad que contradice frontalmente lo que defiende Marruecos. En el IV Informe Periódico de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que presentó el estado en 2014 defendía que “desde 1976 Marruecos ha empleado continuamente todos los medios a su alcance para restaurar los derechos políticos, sociales, económicos y culturales despreciados por la antigua potencia colonial”, es decir, España. “Marruecos vende que su ocupación ha sido positiva, que hay desarrollo económico y el informe viene a poner en tela de juicio esos planteamientos”, celebra Arabi.

CORTOMETRAJE

Además de poner en entredicho las informaciones de Marruecos, el informe ha logrado superar el bloqueo informativo que ejerce la potencia, que expulsa o impide la entrada a observadores internacionales y persigue a los activistas. “Este trabajo es una brecha, como su propio nombre indica, y un lugar desde el que mirar lo que ocurre en los territorios ocupados. Evidentemente no ofrece toda la realidad, pero es un primer acceso”, expone Calvo. Para difundir aún más la situación, han producido un cortometraje de animación, titulado Un agujero en el muro, dirigido por Carlos Moure (Oyko Studio). Una manera diferente de “generar interés” y de “llegar a gente que normalmente no está expuesta a estas realidades”, confían sus impulsoras.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=249917

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