Violencia Policial

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Colombia: Asesinaron a un líder estudiantil. Esteban Mosquera era un símbolo de las protestas sociales

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Tras haber perdido un ojo durante las protestas estudiantiles en 2018, Esteban Mosquera se convirtió en un emblema de las movilizaciones. El estudiante de música también colaboraba con un medio de comunicación alternativo en el que realizaba coberturas de las manifestaciones y la represión de las fuerzas de seguridad.

El estudiante universitario Esteban Mosquera fue asesinado el lunes por la tarde en la ciudad de Popayán, presuntamente por sicarios. Mosquera, de 26 años, se convirtió en un símbolo de las luchas sociales en Colombia luego de perder un ojo tras la represión policial a la protesta estudiantil en 2018. Durante las movilizaciones del Comité Nacional del Paro, el estudiante difundía las principales acciones del CNP a través de sus redes sociales.

Esteban Mosquera, estudiante de Música en la Universidad del Cauca, fue asesinado el lunes en la capital del departamento del Cauca. «En circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, fue asesinado el día de hoy el líder juvenil Esteban Mosquera, quien adelantó estudios en el programa de Música Instrumental en la Facultad de Artes», escribió el alma máter de Mosquera en un comunicado.

«Esta situación no sólo llena de luto a la academia, sino que es preocupante por la participación de los y las jóvenes y su liderazgo en la transformación del país», remarcó el rector José Luis Diago Franco.  «Preocupa las constantes amenazas a os y las líderes sociales en el actual contexto, afectando los propósitos de los y las defensores de los derechos humanos , denuncias que como universidad hemos presentado de manera pública a las autoridades competentes», agregó.

“Su asesinato se dio en horas de la tarde en el barrio de La Pamba de Popayán, cuando sicarios le dispararon en varias oportunidades ocasionando su muerte”, denunció el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en un comunicado publicado en Twitter.

“En diciembre de 2018 perdió su ojo izquierdo por un impacto de un artefacto disparado por un miembro del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía) en medio de las manifestaciones de estudiantes y de centrales obreras”, indicó Indepaz. El 13 de diciembre, Mosquera, que en ese entonces tenía 24 años, perdió su ojo durante la última jornada de protestas estudiantes en 2018 donde reclamaban mayor inversión gubernamental para las universidades públicas.

Líder estudiantil

Ese día Mosquera fue víctima del impacto de una bomba aturdidora en su ojo izquierdo, lo que le ocasionó la pérdida de ese órgano. El estudiante de música quería ser percusionista profesional, “Vivo para el arte y para mi familia. No quiero odios ni violencia”, dijo a principios de 2019 en una entrevista con la emisora radial de su universidad. En 2021, desde fines de mayo, fue uno de los principales voceros de las acciones del Paro Nacional, las que transmitía en vivo a través de las redes sociales.

Además, en el medio «Contra Portada» publicó decenas de imágenes de acciones represivas de la policía y el ejército contra pobladores de su ciudad, Popayán. Fue en el centro histórico de esa localidad en donde un grupo de hombres, al parecer sicarios contratados para tal fin, lo asesinaron.

«Exigimos verdadera justicia»

Líderes sociales, políticos, y sus compañeros universitarios lamentaron el asesinato de Mosquera. “Repudio el homicidio del que acaba de ser víctima Esteban Mosquera (…) No toleraré ningún acto que atente contra la vida e integridad de nuestros jóvenes”, escribió el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón en Twitter. El intendente también le pidió a la policía de Popayán y a la fiscalía colombiana “que adelanten todas las acciones que permitan la captura y judializacion de los responsables de este cobarde hecho”.

Mientras que el gobernador del departamento del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, también condenó el asesinato del estudiante colombiano. “No escatimaremos en esfuerzos para dar con los responsables de este vil asesinato. El Cauca no se amilana ante los criminales que nos quieren arrebatar la paz y los sueños de nuestros jóvenes”, añadió Carabalí.

El presidente colombiano, Iván Duque, expresó sus condolencias a la familia de Mosquera y ofreció 50 millones de dólares de recompensa por información que “permita la captura de los responsables”. Por su parte, la congresista María José Pizarro Rodríguez, de la coalición de partidos de izquierda, Decentes, criticó la respuesta de Duque. “Demasiado cinismo en su postura Presidente. Su responsabilidad es cuidar la vida de los ciudadanos, Esteban ya había sido víctima de violencia policial y no había pasado nada con esa investigación. Exigimos verdadera justicia”, apuntó Pizarro en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con información preliminar, Mosquera recibió impactos de arma de fuego en su cabeza, lo que acabó con su vida de manera inmediata. El crimen ocurrió sobre la carrera 1 entre calle tercera y cuarta, del barrio La Pamba. Hasta ahora no hubo ningún pronunciamiento por parte de las autoridades judiciales en Popayán. Lo único que se conoce es que sicarios lo abordaron en el Barrio La Pamba y le dispararon en varias ocasiones.

Fuente: https://rebelion.org/asesinaron-a-un-lider-estudiantil/

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Martha Alfonso, líder sindical de trabajadores de la Educación en Colombia: “Se ha tratado a estudiantes y a maestros sindicalistas como enemigos en una guerra”

Meritxell Freixas Martorell

Por: Meritxell Freixas Martorell

  • Colombia lleva los últimos tres meses en situación de movilización. Todo comenzó con el proyecto de subida de impuestos, una chispa que terminó de encender a buena parte de una ciudadanía que lleva tres años saliendo a la calle a reivindicar mejores condiciones de vida. La respuesta, hasta ahora, ha sido de una violencia impactante, con miles de casos de abusos policiales. Decenas de personas han sido asesinadas desde abril. Hablamos con Martha Alfonso, representante del principal sindicatos de enseñantes de Colombia.

Desde hace tres meses, Colombia vive una ola de protestas, conocidas como el Paro Nacional, que ha tenido a los jóvenes entre sus principales protagonistas. El estallido colombiano ha sido fuertemente reprimido por la policía y ya ha dejado miles de víctimas, mucho de ellos estudiantes. Hasta finales de junio, según cifras de la ONG Temblores, se registraron más de 4.600 casos de violencia policial, 44 de ellos por violencia homicida. Entre los gremios que han tomado las riendas de la convocatoria de este Paro están los docentes, quienes también han salido a reclamar sus propias demandas. Martha Alfonso es vicepresidenta y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). Con más de 270.000 afiliados y presencia en todos los municipios, es la principal supraorganización de docentes del país e integra el Comité Nacional de Paro, convocante de las primeras movilizaciones del 28 de abril. 90 días después, Alfonso habla del rol de los docentes en las protestas, su persecución y criminalización y los escenarios que enfrentan a futuro.

¿Cómo está actualmente la situación del paro en Colombia?

Venimos de una fuerte convulsión social desde 2018, cuando el país se replegó en un gran movimiento estudiantil, protestas campesinas y por otros derechos. Fue una respuesta a lo que representó terminar un ciclo de guerra y la implementación de los acuerdos de paz [entre las FARC y el gobierno]. En 2019 siguió un gran movimiento que luego, pero luego llegó la pandemia. Para el 28 de abril de este año teníamos demasiadas cosas: la situación de hambre por la crisis sanitaria, la miseria, las pocas oportunidades, el mal sistema de salud (todo privatizado) y una situación crítica en las escuelas, con una infraestructura muy atrasada que no ha permitido generar condiciones seguras. En medio de esto estalló un paro.

¿En qué está ahora?

Después de meses de protestas, hay un sector vinculado al ámbito sindical que decidió hacer una pausa. Aún así, para el 20 de julio, el Comité Nacional de Paro convocó otra gran movilización en todo el país. Nos encontramos ahora con diferentes realidades tanto dentro del movimiento social como en cada uno de los territorios: el movimiento de los Primera Línea de jóvenes, la Asamblea Nacional Popular, la Minga Indígena, el Comité Nacional de Paro que tiene movimiento social y sindical, etc. La táctica del gobierno fue dispersarnos, pero al mismo tiempo se mantuvieron los puntos de resistencia de la mano de los jóvenes de la Primera Línea que, aunque en otras movilizaciones eran muy incipientes, se han venido organizando. Ahora está todo disperso y hay un problema de [falta de] unidad, por lo que ese sería el proceso que se tendría que dar ahora.

¿Qué rol han jugado la Fecode y los maestros, maestras y docentes en este paro?

Tenemos representación en todo el país y además de sumarnos al paro popular, Fecode ha buscado siempre que la reivindicación de una educación pública juegue un papel en la movilización. Además de la financiación y la administración por parte del Estado en términos de una educación crítica y transformadora.

La mayoría de asesinados en las protestas son jóvenes, se les trata como enemigos, cuando esto es una protesta social.

Más allá de las demandas por la reforma tributaria, el sistema de salud, las pensiones y el mal manejo de la pandemia, que fueron demandas de todos los colectivos que participaron en el Paro, ¿qué puntos piden desde el sector educativo?

Entre las principales reivindicaciones que tenemos hay la financiación de la educación pública, que va más allá de nuestros salarios: la infraestructura, las condiciones de trabajo que hoy, con la pandemia, se vuelven más complejas. También [como gremio] tenemos un modelo de salud diferente y queremos que nos den garantías, porque en el papel todo está muy bien, pero en la práctica la atención para una población con muchas comorbilidades es terrible. También tenemos problemas con los ascensos profesionales, particularmente para los jóvenes. Finalmente, sufrimos un fuerte señalamiento y persecución. Por ejemplo, yo voy en coche blindado, con hombres de protección y muchas restricciones.

Esa criminalización ¿es de parte del gobierno o hay también otros actores involucrados?

En Colombia hay un problema histórico y es que tanto a los jóvenes estudiantes como a los sindicalistas se nos ha tratado como enemigos en una guerra. Ha habido un gran número de masacres, de persecuciones, estigmatización y señalamiento. Particularmente, los maestros y maestras hemos sido blanco, el sindicato más criminalizado, por eso Fecode ha presentado sus diferentes informes al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR), establecido en los acuerdos de paz de La Habana. También hemos solicitado que se reconozcan las víctimas de violencia antisindical ya que somos el país con más sindicalistas maestros y maestras amenazados. Un gran número de docentes fueron asesinados durante el conflicto armado: tenemos registro de más de 1.100 maestros asesinados. Entregamos informes a la Jurisdicción Especial para la Paz [componente del SIVJRNR] en el 2019 e inmediatamente empezaron a haber nuevas amenazas. Ahora, en este paro, el punto central de la protesta es el futuro: los niños, niñas y jóvenes. La mayoría de asesinados en las protestas son jóvenes, se les trata como enemigos, cuando esto es una protesta social.

¿Hay alguna posibilidad de que las violaciones a los derechos humanos que se han visto estos meses lleguen a algún tribunal internacional?

Actualmente hay en curso una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que decrete medidas cautelares y se garantice la vida de los dirigentes sindicales que somos perseguidos y estigmatizados. El Estado no ha tomado medidas contundentes con eso. Solo entrega algunas medidas de protección (vehículos blindados, hombres de protección, etc.) a algunas personas que han sido vulneradas de forma más evidente, pero la mayoría [de las personas amenazadas] está desprotegida.

¿El estallido en Colombia ha bebido de otros procesos similares que se han dado recientemente en la región, como protestas en Chile o en Perú, donde los estudiantes también fueron protagonistas?

Este estallido social ha tenido nuevos actores muy propios de lo histórico cultural. Ha habido una gran movilización del movimiento decolonizador y de las nuevas formas relacionadas con lo antisistémico que surgen como respuesta a la situación histórica que ha existido. En ese contexto, los jóvenes están cumpliendo un rol muy importante. Si bien hay similitudes con Chile y Perú, aquí hay otros factores como el señalamiento y asesinato de líderes sociales, el conflicto armado que persiste en el territorio y los conflictos de derechos humanos que hacen que el estallido tome una posición de defensa de los territorios, liderazgos y pobladores que están en la movilización. Las cifras de violaciones de derechos humanos en Colombia son incomparables con Chile o Perú. Aquí está desbordado.

¿Cómo cree que puede destrabarse la situación, considerando que hay elecciones presidenciales en mayo del próximo año?

Hay una necesidad de que el pueblo colombiano entre en una dinámica de unidad, de construcción, porque ahora hay bastante debilidad. Este proceso tiene que reflejarse en lo electoral e ir más allá de lo programático y organizativo para establecer representaciones más territoriales y colectivas en las definiciones de Estado. De cara a las expectativas electorales de 2022, hay que recoger todas las nuevas propuestas y demandas porque nos encontramos ante un problema sistémico, de que el sistema no ha entregado posibilidades a la gente.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2021/07/28/martha-alfonso-lider-sindical-de-trabajadores-de-la-educacion-en-colombia-se-ha-tratado-a-estudiantes-y-a-maestros-sindicalistas-como-enemigos-en-una-guerra/

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Colombia: la generación que perdió el miedo

Noticias

Por: Víctor Linares / El Salto

Según un informe del observatorio de violencia policial de Temblores, la policía cometió 289 homicidios entre 2017 y 2019

Los jóvenes de Colombia, con poco o nada que perder, protagonizan uno de los estallidos con mayor represión policial de los últimos años en América Latina.

Ropa cómoda, documento de identidad, tarjeta bancaria, botella de bicarbonato con agua, pañoleta, mascarilla, algo de comer, agua, cuaderno, cámara, chaleco, máscara antigás, casco y carné de prensa. Esto es lo que guarda en su mochila Julieth Rojas, de 20 años, cada vez que va a cubrir las manifestaciones que empezaron el 28 de abril. Miles de personas, en gran parte jóvenes, salieron a las calles en contra de una reforma tributaria que pretendía ajustar el cinturón fiscal a los hogares más pobres, que suman más de la mitad de la población y que ya tenían serios problemas económicos antes de la pandemia. La represión policial no tardó en llegar, pero Rojas es firme: “La gente tiene más miedo a quedarse callada que a que la maten”.

La presión de las protestas obligó al Estado a retirar la reforma tributaria tras cuatro días de movilizaciones y 21 homicidios de manifestantes, según publicó la ONG Temblores. El ministro de Hacienda y la titular de Exteriores dimitieron y el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció una mesa de negociación con el comité nacional del paro nacional, donde se agrupan las organizaciones convocantes, y también con el resto de sectores que participaban en la protesta. Sin embargo, muchos jóvenes han seguido en las calles al no sentirse representados y algunos exigieron reformas más profundas, como la de la policía.

Según un informe del observatorio de violencia policial de Temblores, la policía cometió 289 homicidios entre 2017 y 2019

Las oportunidades de futuro para la juventud colombiana se han ido reduciendo si se observa el deterioro de sus condiciones sociales y su percepción sobre lo que pasa en el país. Según datos oficiales de 2019, el 43% de los jóvenes menores de 24 años son pobres, ocho puntos más que la tasa nacional. La falta de oportunidades también es evidente con un desempleo juvenil que rozó el 30 por ciento durante los primeros meses de confinamiento. Esto se suma al clima de inseguridad en el que viven. Durante 2019, el homicidio fue la primera causa externa de muerte entre la población de 15 a 24 años, con casi 4.000 casos.

Primera línea

Julieth Rojas es voluntaria en Primera Línea, un medio alternativo que nació durante las protestas de noviembre de 2019 para contar los abusos del Escuadrón Móvil de Antidisturbios (ESMAD), unidad especial de la policía que se despliega para contener manifestaciones y que hace uso excesivo de la fuerza de forma sistemática. Según un informe del observatorio de violencia policial de Temblores, la policía cometió 289 homicidios entre 2017 y 2019. Uno de los primeros reportajes de Rojas fue sobre una de estas muertes.

Julieth Rojas es la más joven de las cuatro fotoperiodistas que tiene este medio, que con más de 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram es toda una referencia dentro del movimiento. Esta estudiante precisa que el nombre del medio también hace referencia a los manifestantes que se colocan con escudos artesanales frente al ESMAD cuando hay cargas policiales para dar tiempo al resto de manifestantes a buscar refugio. Esta estrategia también se usó en las protestas de Chile de 2019.

Rojas y su equipo se reúnen cada vez que hay manifestaciones para revisar los lugares de las convocatorias y así repartirse las zonas para hacer una mejor cobertura. En su caso, suele cubrir la Plaza Bolívar. En este punto se encuentra el Congreso, el Palacio de Justicia y también el ayuntamiento de Bogotá. Esto hace que haya una mayor concentración policial. La joven explica que te pueden “encerrar muy fácil” por el tipo de calles que hay alrededor. Cuando se le pregunta por qué elige siempre esta zona, tras una pequeña risa, responde: “Uno se vuelve masoquista”.

A pesar de tener chaleco y carné de prensa, le han “gaseado terriblemente”, explica refiriéndose a los gases lacrimógenos, y recuerda que al principio no tenían equipo de protección y terminaban “ahogados”. Es justo en ese momento cuando entran en juego las botellas que guarda en su mochila. “Cuando hay tropel (cargas policiales), pongo el bicarbonato con agua en la pañoleta y me lo pongo en la cara, eso ayuda muchísimo”, reconoce. La joven fotógrafa relata cómo, en sus primeras coberturas, se ponía cerca del ESMAD buscando protección pero aún así no se libraba del gas ni de que le apuntaran con sus armas aturdidoras. “Uno piensa que el chaleco y el carné de prensa ayudan, pero a ellos no les importa nada”.

La policía también tiene casos abiertos sobre violencia sexual a manifestantes, por lo que para jóvenes como Rojas documentar este tipo de protestas supone un riesgo mayor. “Da mucho más miedo”, reconoce mientras que recuerda un caso en el que la policía retuvo a una chica en un Comando de Atención Inmediata (pequeñas comisarías que hay en cada barrio). “Le hicieron firmar un documento para que no dijera nada de lo que había pasado”. Por eso, siempre sale en compañía de algún amigo u otra periodista de su equipo.

Esta estudiante de último año de periodismo consigue pagar “con las uñas” los 5.000 euros que vale la matrícula en su universidad privada. Cuando habla con gente de su universidad sobre la protesta, siente que muchos lo viven con cierta distancia: “Son personas que tienen muchos privilegios, la guerra no les atacó directamente ni la falta de oportunidades”. Rojas siente que el gobierno y los medios ocultan lo que pasa en el país: “Feminicidio, desplazamientos forzados, asesinatos de líderes sociales…”. Cuando llegó la reforma tributaria, según dice, los medios alternativos mostraron lo que podría pasar si se aprobaba y “la gente se puso las pilas, ese fue el detonante”. Aunque cree que los cambios van a llevar mucho tiempo, espera que al final “merezca la pena” haber salido a las calles. Reflexiona un momento cuando se le pregunta con qué imagen se quedaría de lo que ha visto hasta ahora, pero en seguida dice: “El amor de las personas por Colombia”.

“Nos están matando”

La Defensoría del Pueblo, institución del Estado responsable de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, documentó 42 fallecidos durante las primeras dos semanas de protestas. Por su parte, la ONG Temblores registró 40 casos de homicidios cometidos presuntamente por la policía. Las redes sociales se llenaron de vídeos donde se denunciaban los abusos policiales con mensajes como “Nos están matando” y “SOS Colombia”.

Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, fue el escenario de algunas de las manifestaciones más importantes del país, en su gran mayoría pacíficas. Pero también fue el epicentro de enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD que la llevaron a ocupar las portadas de los medios internacionales. “Cali ha sido la punta de lanza de la resistencia”, afirma David Erazo, estudiante de sociología que también trabaja como repartidor de comida a domicilio, con lo que gana unos tres euros a la semana. Erazo se unió a la protesta desde el primer día y fue testigo de algunas de estas situaciones.

Según datos de 2018 del ayuntamiento de Cali, 205.000 personas desplazadas residen en la ciudad tras huir de la guerra

“Estábamos desayunando y un compañero nos dijo por WhatsApp que venía una tanqueta”, dice con tono calmado, mientras aclara que es algo habitual ver tanquetas en las universidades públicas y que “tiene experiencia previa” sobre lo que hay que hacer. Erazo continúa explicando que en ese momento, algunos de sus compañeros que tenían escudos caseros, algunos hechos de las mismas señales de tráfico, hicieron una primera línea de defensa “para evitar los ataques más directos”. Confiesa que, aunque trató de registrarlo con su cámara, lo principal en estas situaciones es “correr a un lugar lejano” y esperar a que todo se calme.

En esta ocasión tuvo suerte y también se escapó de las balas de goma, algo que no pasa siempre. Recuerda que una vez recibió impactos en los hombros. Estos enfrentamientos duran horas, explica, y aunque se supone que la policía tiene la orden de no apuntar a zonas sensibles del cuerpo, “ellos disparan directamente a la cara”. Los cuerpos policiales en Colombia dependen del Ministerio de Defensa y no del de Interior, por lo que hay una alta impunidad de los abusos policiales. Según Temblores, solo dos de las 127 investigaciones abiertas por homicidio entre 2017 y 2019 acabaron con una condena en firme.

Erazo destaca cómo la juventud de los barrios más pobres de la ciudad salió de forma espontánea y que, según él, los jóvenes son los que más “han nutrido” a la protesta. Continúa explicando que Cali es una ciudad donde se concentran muchas personas que fueron desplazadas por el conflicto y llegaron a zonas “con acceso casi nulo a servicios básicos como alcantarillado y electricidad”. Según datos de 2018 del ayuntamiento de Cali, 205.000 personas desplazadas residen en la ciudad tras huir de la guerra. Cree que “la exclusión y la falta de oportunidades” que enfrentan estos jóvenes puede explicar que fueran ellos quienes se “abanderaron del paro”. En 2022 hay elecciones presidenciales y este manifestante tiene esperanzas de que sea el momento para “focalizar toda esa rabia en un gobierno popular”.

Dispuestos a llegar hasta el final

Nia prefiere no decir su apellido, tiene 20 años y ni estudia ni trabaja. Forma parte de ese grupo que se conoce como “Nini”, y que representa el 33% de la juventud entre 14 y 28 años. Vive en uno de los barrios más pobres de Cali. Antes trabajaba poniendo etiquetas a botes de pintura en una empresa pero la despidieron cuando llegó la pandemia. Durante la protesta, se unió a Escudos Negros, un grupo urbano que forma parte de la primera línea de resistencia y que realiza bloqueos en algunas calles de la ciudad.

Estos bloqueos son una estrategia de este tipo de grupos para presionar al gobierno ya que provoca desabastecimiento de alimentos, medicinas y gasolina en la propia Cali pero también en otras ciudades principales del país. Por su parte, el presidente de Colombia remarcó que son ilegales y dejó clara la postura del ejecutivo: “Aunque no se hagan con armas o agresiones físicas, son en sí mismos unos actos que son violentos”.

Entre la firma de los acuerdos de paz en 2016 y abril de 2021, hubo 317 homicidios de líderes indígenas, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y La Paz (Indepaz)

Nia se dedica a apoyar a diferentes bloqueos de la ciudad y tiene unas funciones muy específicas cuando hay un enfrentamiento con el ESMAD. “Ayudo a devolver gases (botes de gases lacrimógenos), con la leche y el agua con bicarbonato”, explica. Cuando se le pregunta qué opina de quienes critican esta forma de protesta, en su contestación se nota rabia: “Les diría que dejen de ser tan tibios, poco empáticos e ignorantes, que no les importa el país ni lo que está pasando”.

Las demandas de estos grupos son variadas. Para ella, lo que quieren es un “verdadero diálogo de cambio” y si eso no pasa, pide la renuncia de Duque y Uribe. “Que se les baje el sueldo al salario mínimo a los congresistas, senadores y toda la gente del gobierno para que vivan con 800.000 pesos (180 euros) a ver si son capaces [de vivir] como el pueblo”, señala con ánimo encendido. El salario mínimo en Colombia en 2021 está fijado en unos 202 euros, seis euros más que el año anterior.

Se despide con una declaración breve pero decidida: “Todos nosotros estamos dispuestos a llegar al final, dispuestos a dar la vida”.

Resistencia desde la tierra

Los pueblos indígenas son un foco de resistencia en cualquier nueva movilización y en esta ocasión también se unieron a la protesta. Juan Sebastián Salazar, de 23 años, forma parte de la guardia indígena del pueblo Kite Kiwe, cuyas tierras están en una de las regiones más golpeadas por la guerra. Salazar es uno de los 20.000 defensores de la tierra que tiene esta guardia en esta zona y su función es velar por los derechos humanos en el país. “Este gobierno nos tiene doblegados por eso nos unimos al resto de los sectores y llegaremos victoriosos como pueblo”, afirma. Colombia es uno de los peores países para defender los derechos humanos pero esto es aún más peligroso para jóvenes como Salazar ya que son los tipos de liderazgo más perseguidos durante los últimos años. Entre la firma de los acuerdos de paz en 2016 y abril de 2021, hubo 317 homicidios de líderes indígenas, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y La Paz (Indepaz).

Para Salazar, participar en política más que un derecho, es una tradición. “Desde los ocho años, empezamos con formación política en la escuela”. Quizás por eso hoy es uno de los líderes de su comunidad y como tal, tiene sus propias reclamaciones para su pueblo: “Un territorio donde no haya violencia por los grupos armados ilegales, con nuevas oportunidades, eso es lo que como jóvenes soñamos”, expone, al tiempo que exige que se respeten sus “usos y costumbres”. Sin embargo, considera que es difícil con un gobierno que “llega a la negociación y luego no cumple” mientras que en cada protesta son ellos los que se ponen “en riesgo”.

Este estallido no fue la excepción. Ante los constantes enfrentamientos que había con la policía en Cali, una caravana de unas 300 personas de la guardia indígena decidió salir de sus tierras y acompañar a los manifestantes en el epicentro de la protesta. Un poco antes de llegar a la ciudad, civiles armados atacaron al grupo, presuntamente bajo la permisividad de la policía que presenció el ataque sin defender a los manifestantes. “Llegamos a un sitio donde no nos dejaron pasar, nos bajamos a dialogar con las personas y ahí fue cuando coches de marca Toyota blindados se tiraron encima de nosotros”, refiere Salazar.

Doce personas resultaron heridas, entre ellas una lideresa que recibió dos impactos de bala en el abdomen y tuvo que ser ingresada en cuidados intensivos. “Fue una experiencia muy dura, porque nosotros como guardia indígena solo tenemos los bastones de autoridad, y tener enfrente personas armadas da mucha rabia”. El líder indígena también es de los que cree que esta protesta ha sido la primera para muchos jóvenes y remarca cómo el ejemplo de lucha de los pueblos indígenas pudo ser importante para esto. “Nosotros somos referentes en hacer la resistencia, entonces los jóvenes se animaron a sumarse a esta gran causa, a esta gran lucha”, reflexiona.

Juvenicidio directo

La generación de jóvenes que tiene poco que perder se sienten cansados de ser los invisibles de este sistema. Esto hace que la confianza hacia el Estado esté muy fracturada. Según señala una encuesta del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, un 72% siente que el Estado es “poco o nada democrático”.

Para Germán Muñoz, profesor e investigador sobre juventud en la Universidad Nacional, hay una intencionalidad directa en provocar esta fractura: “Es una política de Estado contra los jóvenes, de asesinato sistemático y planificado”. Muñoz también es miembro de la Red Iberoamericana de debate y acción colectiva frente al juvenicidio y un estudioso de los estallidos sociales de los últimos años en la región. Explica que en Colombia hay un “levantamiento popular” de la juventud de los barrios más pobres. “Tienen hambre, rabia, están hastiados de la violencia policial, ya no aguantan más”. También critica los métodos del Estado: “Es una guerra de piedras contra armas sofisticadas de última generación de alta letalidad”. Muñoz se refiere a las tanquetas equipadas con municiones aturdidoras y perdigones que son “municiones letales” y que fueron creadas para enfrentamientos entre ejércitos, no contra manifestantes, según argumenta.

Por su parte, Rayén Rovira profesora e investigadora de la Universidad Nacional y también miembro de esta red, dice que hay un “juvenicidio directo”. Lamenta cómo la militarización de las ciudades está provocando que los hijos de las familias desplazadas por la guerra hacia las capitales sean ahora quienes están sufriendo “esa violencia que sus padres vivieron en los pueblos”.

El estallido de Colombia fue el primero de relevancia tras el parón que sufrieron las protestas que se extendían por Ecuador, Chile o Haití antes de la pandemia. Rovira piensa que el ejemplo colombiano puede “dar valor” a otros movimientos de América Latina para salir a las calles de nuevo: “Los jóvenes de Colombia fueron la chispa, quién sabe si de algo más que está por venir”.

Fuente:  El Salto.

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Colombia: Se registran casi tres mil denuncias de abuso policial desde que inició el paro

Noticias

Se registran casi tres mil denuncias de abuso policial desde que inició el paro

ONG documenta casi 3.000 denuncias de abuso policial durante Paro en Colombia

La organización no gubernamental (ONG) Temblores actualizó este viernes sus cifras de violaciones a los derechos humanos que han ocurrido durante el Paro Nacional en contra del Gobierno colombiano y dijo que son casi tres mil las denuncias de abuso policial.

La ONG reveló que 2.905 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública (sin incluir desapariciones) se han registrado en su plataforma GRITA del 28 de abril a las 12:00 a.m. del 21 de mayo.

Dentro de estos casos se identificaron: 855 víctimas de violencia física; 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública; 1.264 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes y 575 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas.

Carta abierta al presidente @IvanDuque. Estás son nuestras solicitudes. Acá nuestro comunicado de prensa actualizado con los datos de violencia por parte de la fuerza pública.

Carta abierta al presidente @IvanDuque. Estás son nuestras solicitudes. Acá nuestro comunicado de prensa actualizado con los datos de violencia por parte de la fuerza pública.

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Asimismo, 39 víctimas de agresiones oculares; 153 casos de disparos de armas de fuego; 21 víctimas de violencia sexual, y seis víctimas de violencia basada en género.

En este contexto, Temblores publicó una carta abierta dirigida al presidente colombiano Iván Duque, en la cual le planteó varios puntos, entre ellos que permita la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además, que reafirme el derecho constitucional “a la protesta social, así como el deber estatal de prevenir los usos irregulares y desproporcionados de la fuerza pública, y de investigarlos y sancionarlos con plenas garantías a la independencia judicial”.

El ESMAD además de lanzar gases a los conjuntos cerca a Portal Américas sigue disparando gases de frente, cuando eso está prohibido. ¿Quién controla su accionar desmedido? @personeriabta @LuisErnestoGL #ParoNacional21M #SOSPortalAmericas

https://twitter.com/i/status/1395970100965089280

Continúa represión del Esmad

La concejala de Bogotá por la coalición Colombia Humana, Heidy Sánchez Barreto, denunció que la noche del viernes elementos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional reprimieron a manifestantes que se encontraban en las inmediaciones de Portal Américas, en la capital colombiana.

“El ESMAD además de lanzar gases a los conjuntos cerca a Portal Américas sigue disparando gases de frente, cuando eso está prohibido. ¿Quién controla su accionar desmedido?”, escribió Sánchez Barreto en su cuenta de Twitter.

 

En una entrevista con teleSUR, la concejala denunció el recrudecimiento de la violencia estatal, al señalar que han aumentado las denuncias de tortura, tratos crueles y desaparición forzada contra jóvenes colombianos.

Ministro de Defensa enfrentará moción de censura

El senador Iván Cepeda reveló que el lunes próximo el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, enfrentará un debate de moción de censura en el Senado.

 

Esta comparecencia se da por “la actuación criminal de la Fuerza Pública en las manifestaciones”, dijo el legislador y defensor de los derechos humanos, entrevistado por teleSUR.

Este viernes, la concejala de Cali, Ana Erazo, afirmó en su cuenta de Twitter que “me han llegado vídeos extremadamente dolorosos sobre cuerpos hallados en ríos. Lo que temíamos empieza a suceder y me duele el alma”.

Me han llegado vídeos extremadamente dolorosos sobre cuerpos hallados en ríos. Lo que temíamos empieza a suceder y me duele el alma. Pido a @JorgeIvanOspina comisión de verificación sobre denuncias en Mulaló y posibles fosas. Esto es desgarrador @CIDH @onucolombia @ONUHumanRights

La concejala pidió Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, en el suroccidente del país, la creación de “una comisión de verificación sobre denuncias en Mulaló y posibles fosas. Esto es desgarrador”.

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2021/05/colombia-se-registran-casi-tres-mil-denuncias-de-abuso-policial-desde-que-inicio-el-paro/

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Colombia: El Gobierno de Duque, en jaque: han caído dos ministros y la reforma de la Salud se tambalea

Noticias

Este jueves el Gobierno colombiano le reiteró al Comité Nacional de Paro, formado por sindicatos y organizaciones convocantes del Paro Nacional del 28 de abril, la necesidad de «un diálogo urgente» y que se siente a la mesa de negociación para solucionar la crisis desencadenada por las multitudinarias protestas que vive el país. «Estamos listos para sentarnos a negociar», declaró este 13 de mayo el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, mediador por parte del Gobierno para el diálogo, quien urgió al Comité a dar «una respuesta inmediata».

CRISIS DE GOBIERNO

Esta crisis ya se ha cobrado dos ministros del gabinete de Iván Duque. El de Finanzas, Alberto Carrasquilla, quien renunció el 3 de mayo, después de que el presidente retirara el proyecto de reforma tributaria que fue uno de los detonantes de la protesta. El 12 de mayo renunció la ministra de Exteriores, Claudia Blum, por el descrédito internacional que ha supuesto para Colombia la evidencia de la violación descomunal de los derechos humanos por la fuerza pública de Colombia, y que la canciller se ha empeñado en negar, criminalizando la protesta. Ahora todos los ojos están puestos en el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien ve cómo el proyecto de reforma de la salud que impulsa el Gobierno pierde cada día apoyos en el Congreso. Tras las masivas movilizaciones de este 12 de mayo, ha sido el Partido Conservador quien ha anunciado que retira su apoyo al proyecto, días atrás habían sido el Partido de la U y el Partido Liberal los que se habían desmarcado. A unos meses de las elecciones presidenciales en Colombia, los partidos políticos tienen miedo de que su popularidad se desplome, habida cuenta la oposición que el proyecto privatizador ha despertado entre la población y los profesionales sanitarios.

Además, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, comenzó la jornada desdiciendo al presidente Duque, quien en su visita sorpresa a Cali el 11 de mayo había anunciado el comienzo de la fase III de vacunación, para profesores, miembros de la fuerza pública y otros funcionarios del Estado. “Faltan muchos mayores de 60 por vacunar”, dijo Ruiz. La lentitud y caos en el proceso de vacunación es otro de los detonantes del malestar de la población, en el peor momento de la pandemia. El covid ha causado oficialmente casi 80 mil muertes en Colombia, y hay más de 3 millones de casos activos.

Este 13 de mayo ha transcurrido haciendo balance de la masiva movilización de la jornada anterior. En Cali, la presencia de congresistas que han sesionado en la Escuela de Deporte Nacional para escuchar a las autoridades y los sectores sociales del departamento del Valle del Cauca, ha hecho que no se registraran ataques violentos de la Policía, el ESMAD y pistoleros con cobertura policial que han sembrado el terror y la muerte en los puntos de resistencia de la ciudad. Cabe recordar que solamente en Cali se han registrado 35 civiles asesinados en el marco de la protesta y hay más de cien personas desaparecidas.

Sin embargo, durante el día se han registrado violentos ataques del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en la vecina ciudad de Buga, situada en el mismo departamento del Valle del Cauca. Los antidisturbios han cargado violentamente contra la población que se manifestaba, lanzando botes de humo y provocando pánico en zonas residenciales de los barrios Palo Blanco y Aures. Una comisión de congresistas se ha desplazado desde Cali para verificar la situación sobre el terreno.

INDIGNACIÓN EN BARRANQUILLA

Este 12 de mayo se jugaba en Barranquilla y Pereira sendos partidos de fútbol de la Copa Libertadores. Las hinchadas pedían que se no se jugara por la situación de violación de derechos humanos que vive Colombia, pero el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, hizo oídos sordos. Los seguidores del Junior, equipo local, se citaron en los alrededores del estadio Romelio Martínez para pedir la suspensión del partido con el River Plate argentino. El alcalde les mandó al ESMAD a reprimir con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos la protesta pacífica.

Cuando salieron a la cancha los equipos River Plate de Argentina y Junior de Barranquilla, el árbitro pitó el minuto de silencio por las víctimas de la pandemia. En ese instante se pudieron escuchar los bombazos que el Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- estaba lanzando contra los manifestantes afuera del estadio. Una situación que hizo recordar los tiempos de la dictadura argentina, que pretendía acallar el clamor por la represión criminal con el mundial de fútbol de 1978.

NOCHE DE REPRESIÓN EN BOGOTÁ

La noche del 12 de mayo se sucedieron cargas policiales en distintos sectores de Bogotá. El Portal de Las Américas, donde se encuentra una estación del sistema masivo de transporte público Transmilenio, ha sido escenario de una violencia policial extrema, que ha registrado varios homicidios, torturas y detenciones arbitrarias que se han convertido en desaparición forzada. La noche del 12 de mayo el Portal de las Américas volvió a ser uno de los epicentros de la violencia policial en Bogotá, con heridos y detenidos.

La mañana de este 13 de mayo, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado en rueda de prensa lo que viene ocurriendo en el Portal de las Américas de Bogotá, y exigen a las autoridades municipales y policiales que se pronuncien:

SE SUICIDA EN POPAYÁN UNA MENOR DE EDAD QUE HABÍA SIDO ABUSADA SEXUALMENTE POR LA POLICÍA

Allizon Lizeth Salazar Miranda tenía 17 años. Se dirigía a casa de un amigo en la zona sur de Popayán, la capital del departamento del Cauca, cuando la policía cargó. Ella se refugió detrás de un muro y la cogieron entre cuatro uniformados.

Ella misma denunció lo sucedido en su cuenta de Facebook:

«Les tocó coger me entre 4 no Hijueputas?? Yo soy a la que cogieron, en ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa, cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban «desnudando» quitando el pantalón».

La menor estuvo detenida en la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía, en el sur de la ciudad.

Las autoridades investigan las versiones que advierten que la adolescente fue objeto de agresiones sexuales, por lo que defensores de derechos humanos exigieron que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses aplique un enfoque de género en el caso.

Un periodista que cubría los disturbios registró el momento en el que la menor, hija de un intendente de la Policía Nacional, es arrastrada en volandas por los uniformados.

Lizeth Montero, abogada y defensora de derechos humanos, denunció que se han registrado varios casos en los que las mujeres son víctimas de violencia de género en medio de las protestas.

“De manera brutal fueron agredidas mujeres menores de edad, manifestantes que se encontraban en un lugar en el que no existió posibilidad ninguna de verificar los procedimientos de detenciones arbitrarias”.

Para este viernes en la mañana fueron convocados plantones y manifestaciones por diferentes colectivos. La ong Temblores ya contabilizó 16 víctimas de abusos sexuales por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de la represión al Paro Nacional.

Fuente: https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=11038

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Indignación

Elisabeth de Puig

Por: Elisabeth De Puig 

Nos anima un conservadurismo ciego; sin embargo, promovemos la vulgaridad y la incultura. Negamos a las mujeres el derecho a su cuerpo, resistimos a la educación sexual en las escuelas y nos doblegamos frente al poder de las iglesias.

Todos y todas, al igual que el presidente de la República, estamos indignados por la muerte de la joven pareja cristiana de manos de la Policía. Indignados, pero no sorprendidos. La que nos mueve hoy es la misma vieja indignación que sentimos desde hace decenios frente a la violencia endémica de nuestro país y a la interminable lista de atropellos y desacatos de las autoridades encargadas de velar por nuestra seguridad.

Frente a estas situaciones, que son eslabones de una larga cadena de desafueros, cada presidente ha tenido su librito. El presidente Balaguer removía la mata como si la esencia misma de su gobierno fuera ajena a las arbitrariedades de la época. 

A partir de 2005, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) desarrolló el Plan Nacional de Seguridad Democrática con su gran apuesta Barrio Seguro. Para la ocasión se trajo una moderna y carísima flotilla de motores Harley Davidson para patrullar en sectores de vías angostas.

La incoherente respuesta no funcionó. La vigilancia barrial siguió con motores tradicionales conocidos como “saltamontes”. De acuerdo a las estadísticas, durante el periodo 2004 a 2012 la tasa de violencia fue más alta que en los demás años.

En 2013 el presidente Danilo Medina puso en marcha el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, con el componente de prevención Vivir Tranquilo, y en 2018 se creó la Comisión Nacional de Seguridad Interior con la tarea de crear la estrategia nacional de seguridad ciudadana, que no se implementó. 

En el pasado proceso electoral la seguridad ciudadana fue una de las grandes promesas de campaña. Se insistió en el mejoramiento de las condiciones salariales de los agentes y en el entrenamiento del cuerpo policial. 

Hace poco se anunció la primera fase de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana. Según lo dado a conocer el plan se concentrará en la política criminal, la seguridad ciudadana y la seguridad nacional.

Como medidas de impacto se informó que se comprarían armas detentadas ilegalmente por particulares, se obligaría a los motoristas a llevar chalecos numerados, se reforzaría la lucha contra la violencia intrafamiliar y se crearía  una “nueva cultura policial”. 

Me da la impresión que el ciudadano de a pie no le ha prestado mucha atención al nuevo plan. Siento que, después de tantas decepciones, se extiende el escepticismo: la gente se siente chiva con cualquier nuevo anuncio o intento de modernización de la Policía. Lo que el pueblo conoce y vive es la ratería, la violencia intrafamiliar, la violencia de la calle, la violencia de la Policía y la violencia de la pobreza.  

Los planes de seguridad ciudadana ambiciosos, integrales, multisectoriales van y vienen, tienen aspectos que funcionan mejor que otros. Incluso se ha tratado de aplicar planes que han funcionado bien en otros países y que, sin embargo, aquí han chocado contra la pared de nuestra realidad y la larga cadena de corrupción y atropellos policiales.

Ni la modernización del modo de vida de amplios sectores de la población, ni el desarrollo turístico, ni los cambios de gobierno han podido poner un freno a una violencia estructural soterrada y endémica, consustancial a la sociedad dominicana de la cual nuestra policía es solamente un reflejo.

La institución policial está hecha a la imagen y semejanza de nuestra sociedad, una sociedad cada vez más fraccionada entre los de arriba y los de abajo.

Es una institución piramidal: los altos mandos se hacen rápidamente millonarios, les siguen los del medio que entran en un sistema de peajes estimulados por los de arriba, que reciben su tajada, y por los mismos ciudadanos que mojan para poder seguir con las actividades delictivas con las que compensan salarios paupérrimos, o simplemente para que los dejen tranquilos.

Abajo, encontramos los recién reclutados, muchas veces con un escaso nivel de instrucción, entrados en las filas de la institución sin filtros reales, muchos de ellos víctimas de la violencia intrafamiliar, provenientes de familias disfuncionales sin modelos de referencia positivo, pero de repente dotados de un arma y a quienes se les pide mano dura en contra del crimen. 

En todo conglomerado humano hay un sistema de dominación social y política que tiende a reproducirse y se expresa en todos los aspectos de la vida social. Quizás valga la imagen del sancocho para ilustrar la República Dominicana de hoy que se compone de una mezcla de elementos variados imbricados unos con otros.

Estamos montados en el tren de la modernidad y de la virtualidad, hablándole un lenguaje del siglo XXI a una población que maneja un escaso vocabulario. Hablamos de empleos de calidad con una lógica económica basada en los bajos salarios. 

Nos anima un conservadurismo ciego; sin embargo, promovemos la vulgaridad y la incultura. Negamos a las mujeres el derecho a su cuerpo, resistimos a la educacion sexual en las escuelas y nos doblegamos frente al poder de las iglesias. No podemos, en la era de la comunicación, predicar la modernidad por un lado y actuar con formas propias del paleolítico por el otro.

Debemos preguntarnos si no es nuestra organización social la que genera las formas de delito que nos indignan. Las diversas redes de tráfico son hoy en día fuentes de enriquecimiento para muchos, hay sectores de poder que las protegen y en ellas participan oficiales y agentes que están supuestos a combatir el delito.

El presidente pidió perdón públicamente y el ministro de Interior y Policía fue personalmente a darles el pésame a los familiares de las víctimas de Villa Altagracia. Estos gestos, como las sanciones, tienen mucho valor. Pero lo fundamental es ir a las raíces del patrón de abusos de la autoridad pública. 

De la misma manera que hay que hacer hincapié en la selección y el entrenamiento de los oficiales y agentes del orden público y en la dignificación de su trabajo, hay que dedicar cuantiosos recursos en la prevención de la violencia social y en la salud psicoemocional de nuestra gente. Entre ella, las fuerzas del orden que salen de las mismas entrañas del pueblo deben estar en la primera fila y más en tiempo de pandemia que exacerba los conflictos.  

Para esto último hay que actuar en la sociedad como conjunto. No podremos cambiar la Policía si no cambiamos la sociedad al mismo tiempo, superando sus injusticias más lacerantes, su corrupción y sus abusos más significativos.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/indignacion-3-8931032.html

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Las Ciencias Sociales en Venezuela: Annel del Mar Mejías Guiza

Noticias

Reporta: Susana Rivas

Desde otras voces en educación, en el segmento: Las Ciencias Sociales en Venezuela, conducido magistralmente por el Dr. Luis Bonilla-Molina, quien  en esta oportunidad en su acertada introducción  afirmó que,  en Venezuela, es muy  prolija la producción del conocimiento en el campo de la Ciencias Sociales en general, y, el esfuerzo de los y las investigadoras no está muy difundido, pues los mismos, no se encuentran bien apestado en cuanto a su visibilización en tal sentido, explica pedagógicamente que ese espacio está concebido con la intencionalidad de promover y difundir el trabajo que se hace en Venezuela, y para empampanarnos un poco más al respeto, en esta oportunidad se entrevistó a la investigadora venezolana:  Annel del Mar Mejías Guiza, quien agradeció la oportunidad de esta esta entrevista, ocasión que consideró precisa para contribuir con sus aportaciones en torno a la ciencias sociales, así como también darle cabida a las mujeres  en este significativo punto de encuentro.

Actualmente, Annel, forma parte de la Red de Antropología del Sur,  con un curriculum que se teje alrededor de la Ciencias Sociales. Oriunda de Barinas, Comunicadora Social,  Magister Etnología, que formó parte además de la Generación del Relevo de la ULA, en el área de Etnología y está adscrita actualmente, a la línea de investigación: Bioantropológica y Arqueológica de la Universidad  de los Andes.

Vale destacar que hasta la adolescencia creció en Barrancas, luego va estudiar bachillerato en Barinas,  es la segunda de 4 hermanos, la única humanista de la familia, le gusta escribir  y se identifica con la narrativa, ha sido galardonada con el premio de literatura de Monte Ávila,  y su obra su obra Mapa de Sangre, fue objeto de publicación, tiene otra premiación en su haber,  por el  libro Casa Quemada.

En Mérida cubriendo la vaguada,  conoce a su actual esposo y deja el Diario Panorama  y se va a la ULA a estudiar , a lo cual, Luis Bonilla_ Molina, en medio de la entrevista, que el conocimiento y el amor siempre van hermanados. E su conversación pausada, elocuente  y  amena, continuó conversando sobre  la Red de Antropologías del Sur, y explicó muy aplomada y agradablemente, que esta  red, congrega a un grupo de investigadores de las ciencias sociales de América Latina, especialmente de la antropología, quienes decidieron agruparse en el año 2015, para organizar el Primer Congreso Internacional de Antropologías del Sur, realizado en octubre del 2016, en Mérida, Venezuela.

Posteriormente, la Red, se conforma legalmente en tres países: Venezuela, Colombia y Argentina, con el propósito de emprender proyectos de divulgación, formación y extensión para la reflexión sobre cómo estamos haciendo antropología en nuestros países, cómo han sido sus genealogías y cuáles son las problemáticas que nos atraviesan. En el año 2017, la Red de Antropologías del Sur ingresa como una de las diez organizaciones miembros de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA), logrando una vocería con voz y voto en la Junta Directiva 2017-2020.

Actualmente, este grupo de investigadores y sus grupos aliados se volvieron  a reunir para asumir un nuevo reto: realizar el 2° Congreso Internacional de Antropologías del Sur 2020, en modalidad de evento desconcentrado en capítulos se realizó en cuatro países: Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela, en su dialogo nos narró que se construye la antropología en Venezuela desde 1953, en el Departamento. de Antropología en LA UCV, luego en el 59, se funda el IVIC,  y en el 61, el Instituto Caribe de la Salle, prosigue pues con su cronología alrededor de la Antropología, y nos explicó que la Doctora  Briceño, funda la Maestría Etnohistoria en los Andes, hecho este que la convierte en  responsables de la descentralización de la Antropología  en Venezuela, y en un unas jornadas previas al Primer Congreso de Antropología del Sur, trataron temas como la descolonización del conocimiento, debatir, intercambias e integrarlos pues la idea es saber ¿Qué hacemos? ¿Por qué Sur? ¿Qué significa?,  ¿Es geográfico, político epistémico? Además de tratar las visiones competencia y desafíos, la meta de esta red es editar libros entre muchas otras hoy día, la Asociación Latinoamericana de antropología cuenta con una vocal venezolana en la comisión directiva.

Entre sus acciones está el hecho de coeditar tomo de la antropología hecha en Venezuela, en los últimos 70 años cuentan además con la Revista Insurgente, recientemente  ingresaron como miembro pleno de las Red Clascso, del mismo modo, le aprobaron un proyecto en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, al que nombraron: Imaginarios y Representaciones Sociales. Vale acotar que su proyección es gracias al autofinanciamiento propiciado por sus miembros no tienen sede, y esta si se quiere, es la casa, de algunos de sus miembros donde se reúnen y esgrimen las mejores creaciones y proyectos ninguna  ONg, les apoya. He ahí un gran desafío que superar  cómo lograr financiamiento público sin que eso signifique perder su  autonomía, así lo acota Bonilla, en medio d la conversación y afirmar que sería bien significativo el hecho de obtener al menos, equipos de computación aunque fuesen solo 5, entre otro elementos que le pudiese facilitar su existencia y echar rienda suelta a la ejecución de las investigaciones.

La entrevista continuó con la pregunta: ¿Cómo están las ciencias Sociales en Venezuela? A lo cual Annel, respondió que,  aunque no es su área de investigación y no ha hecho investigación sistemática al respeto para decir: ¡esto es así! Pero afirma que se tiene una gran deuda y se debiera hacer un diagnóstico, de la situación real que existe,  sobre todo en un contexto de crisis multi causales  en la que vivimos, manifiesta además que en sus indagaciones pudo verificar que existen tres visiones para dibujar la Ciencias Sociales, y su estado actual en Venezuela, entre ellas: una apocalíptica, que sostiene que las Ciencias Sociales,  están arruinada pues hay perdida de la capacidad de las investigaciones, en soberanía alimentaria, ingeniería, telecomunicaciones, del mismo modo, menciona que examinando se encontró, con un informe:  “Investigando la capacidad  de ciencias tecnología en Innovación para superar la crisis en  Venezuela, allí se expresa, que está destruida y desde su imaginario, considera que hay que des construir esa afirmación,  que eso  colinda perfectamente con una visión del discurso de lástima, en donde se evidencia que para donde conseguir ayuda hay que asumir esa postura.

Hay además una ruptura de cómo se venía haciendo y con el proyecto Bolivariano Chavista, un poco revisado observó que desmonta y desmonta lo que había. Hay pues sin duda alguna, una ciencia vertical intramuros, una ciencia parcelada, con un sistema de conocimiento restringido, un ciencia que apoya el modelo capitalista, aunque en Venezuela, admite que se han permitido la creación de leyes, además del Ministerio de Ciencia y Tecnología, existe pues la visión de la resistencia y esta refleja la polarización que hay en el país, mientras que otros piensan que seguimos haciendo como se hacía antes. Vale acotar que en la ULA, se produce más de 80, revista los investigadores se financian y eso es ya práctica cotidiana. Recalcó que  la investigación científica se ha capitalizado en las universidades,  y más del 50%, tenían producción escrita en antropología pero solo con marco de acción para estudiar los indígenas pero destaca que en un 80%, se ha hecho sin financiamiento alguno, afirmó que considera que en la actualidad creamos universidades para dar clase y graduar gente, sin fomentar investigadores y aumentar la capacidad de los centros Clascso.

Destaca además, que  la investigación si bien  es difícil debería ser independiente  y no se puede mentir pues debemos reflejar lo que arroja la realidad social, pese a que tengamos financiamiento de algún ente del estado, no debemos ser sus agentes.

La subjetividad influye en la manera como generamos conocimiento si  la visión como investigadora, es que el gobierno ha destruido, se denuncia desde una postura subjetiva detrás de un proceso de investigación pormenorizado.

La red es heterogénea, hay quienes comulgan con el Chavismo, otros que migraron y un grupo que son opositores,  pero para trabajar acá se aparta esa postura personalísima y la disposición es hacerlo  en armonía plena,  se parte del respeto a la diferencia y a la diversidad de cómo se piensa, pues es tajante Annel, en afirmar que la negación de la diferencia es la intolerancia, la cultura de paz empieza con el respeto a las  diferencias, podemos debatir con otras persona pero no perder la brújula del respeto, como por ejemplo, en Colombia, que se debate fuerte pero eso, no significa ser radical y se deben evitar los radicalimos.

Pues definitivamente es preciso ver los claros y oscuro, hay que tener cuidado cuando investigamos y dialogamos con otros… Por ejemplo, yo  no ataco al diferente  por ser mujer… La investigaciones que  reflejan solo la opinión personal no tiene sentido,  ya para eso luce mejor un ensayo, o un artículo, soy mujer dirigiendo una red entre hombre en un país con retazos de machista,  pero el imán que la une es la Dra. Briceño, pues no por ser mujer,  se es dulce, pues  esto es una imagen estereotipada.

La entrevista, con esta acuciosa investigadora, culmina con la solicitud de parte de Bonilla-Molina, con un mensaje dirigido a los jóvenes en un momento turbulento siendo lo atractivo el mercado el comercio, realmente si es válido inmiscuirse en el mundo de la ciencias sociales, y hacer carrera de investigadores, pues es este el momento,  que se necesita y uno de los tantos aspectos seria indagar sobre la violencia política, pues desde el 2014, no se investigan y es capital para entender lo que ocurre en el país por ejemplo, hubo en Mérida, calles convertidas en ghetos  y es urgente, analizar estas realidades porque no la estamos analizando  hay que seducir a los jóvenes, si formamos a 100 y de esos solo a dos  les guste, ya es ganancia para que puedan entender  el presente  donde impera una economía de remesa, necesitamos hacer investigaciones. La Red de Antropologías del Sur, es definitivamente  una real red de investigación-acción que  intenta ser un espacio de resistencia comprometida hoy más que nunca con las Ciencias Sociales del Sur, Creamos en este proyecto, considero que es difícil  hoy día sobre todo en la condiciones actuales . Es difícil crear libros y revista  pero este proceso, no debe girar solo en alrededor del cerebro, sino también, en torno al corazón.

Desde Otras Voces en Educación, deseamos éxito a los planes futuros, de Annel, sabemos que es un tren que va a la velocidad que permite la pendiente.  A grosso modo, recogimos tan versátil entrevista, con una investigadora que dibuja con firmeza lo realizado y lo pendiente en el marco de la Ciencias Sociales en Venezuela y más allá.

Descarga el vídeo en:

Fuente: Producción de Otras Voces en Educación

 

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