Muchas de las personas encargadas de diseñar las políticas educativas, dirigir y asesorar los ministerios de educación, escribir los textos escolares que usan los docentes, programar las evaluaciones censales escolares, organizan los planes de estudio de las licenciaturas e incluso dirigen y enseñan en las facultades de educación, no conocen el oficio de ser maestro, tampoco saben que la pedagogía es un campo de saber con una amplia producción teórica.
Con títulos universitarios en todas las demás disciplinas, pero con un limitado conocimiento de lo que es la enseñanza, muchas de estas personas no conocen la escuela por dentro ni su funcionamiento, por eso cometen tantos errores de cálculo y de táctica, que se costean con los impuestos que pagamos todas y todos.
Los maestros y las maestras son las únicas personas que nunca se van de la escuela, por esta razón conocen las limitaciones de las reformas producidas desde Bogotá, y profetizan los puntos de quiebre de indicadores y variables que no pueden maniobrar con tanta pobreza y marginalidad en las zonas más apartadas de los grandes centros urbanos. Este es uno de los graves problemas que tenemos en Colombia, la desigual relación entre política y pedagogía, entre tecnócratas y docentes. Para la muestra un botón: nuestras tres últimas ministras de educación han sido economistas, sobra decir que aquí en Colombia hizo carrera la idea según la cual la pedagogía no hace falta para dirigir la educación pública en el segundo país más inequitativo de América Latina.
En el año 2014 la Fundación Compartir, esa misma que entrega anualmente los premios a los mejores maestros en Colombia, realizó un estudio titulado “Tras la excelencia docente ¿Cómo mejorar la calidad de la educación de todos los colombianos? sustentado en una serie de comparaciones y mediciones entre calidad de la educación (resultados de las pruebas Saber y Pisa) y el perfil de formación de los docentes colombianos. Alejandro Álvarez (2014) advierte sobre el reduccionismo economicista del estudio y el riesgo de las “recomendaciones” que sugiere al Ministerio de Educación Nacional. Quiero citar algunos planteamientos que considero esenciales para ponernos en antecedentes de la expedición del decreto 2450 de 2015.
Una verdad de puño, es que en la mayoría de las universidades colombianas las facultades de educación no son consideradas las de mayor importancia, o al menos no tanto como aquellas donde se forman ingenieros, abogados o médicos. Tampoco los resultados de las pruebas ECAES obtenidos en sus programas de licenciatura son determinantes en la definición de las mejores universidades. Desde finales de los años noventa el asunto de la formación pedagógica como ya lo mencioné, quedó al garete, y en algunas universidades poco importó el decaimiento del decreto 272, y la crisis resultante de concursos en los cuales los licenciados quedaban por fuera y los profesionales de otros campos accedían al empleo oficial en el magisterio.
El debilitamiento no es culpa solamente de los reformistas neoliberales, también de quienes sin contar con autoridad académica “usurparon” los lugares del saber pedagógico y redujeron el ámbito de la educación al sentido común. Incluyo aquí a profesores que confundieron por décadas didáctica y pedagogía, y pedagogía con metodología, o quienes llegaron en paracaídas a estos programas universitarios para luego declararlos “cabeza de ratón” en el ranking académico.
Fuente del articulo: http://fecode.edu.co/revistavirtual/index.php/noticias-4