El fantasma de la privatización que desde hace años ronda a la educación pública ha resucitado con más fuerza en medio del actual proceso electoral, esto en razón a que intereses particulares quieren acabar con un derecho fundamental que debe ser financiado y garantizado por el estado.
Teniendo en cuenta que la educación es un derecho humano y fundamental y debe ser publica y universal para todos, la principal tarea del Estado es garantizar los recursos necesarios para invertir en el sector y así garantizar la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas. Sin embargo, los intereses privados han buscado diferentes formas de quedarse con estos recursos mediante la privatización.
Raúl Vásquez Arias, presidente de la ADE: “Bonos, vouchers, educación contratada, entre otras, son clases de concesiones que el Estado quiere darle a particulares para que administren la educación, y ese es el detalle, pues el Estado es quien debe garantizar, administrar y financiar este derecho, pero con estas modalidades que está creando lo que busca es desentenderse de su responsabilidad y obligación para con este derecho fundamental”.
Por ende, los colegios de educación contratada se basan en políticas privatizadoras que toman la educación como una mercancía, porque en el fondo lo que buscan es quedarse con los recursos, y hacer con la educación lo que hicieron con la salud. que el derecho esté supeditado al capital.
Jhon Granados, integrante del CEID Fecode: “En Bogotá tenemos una experiencia con los colegios en concesión y varios estudios han demostrado que estos colegios no sólo no garantizan una mayor calidad educativa, sino que son establecimientos donde se les puede negar el derecho a los estudiantes cuando no cumplen con las condiciones que exige la institución, porque al convertirse en educación privada los colegios terminan escogiendo a quien matriculan y a quien no”.
Por estos días, desde diferentes campañas políticas se escuchan cantos de sirena que ofrecen formas de subsidios, bonos y vauchers, todos son un riesgo para el derecho a la educación pública, pues buscan que los padres y madres sometan la formación de sus hijos a los vaivenes del mercado, además desfinancian el sistema educativo, deterioran aún más las condiciones y facilitan la corrupción. Por eso, la invitación de Fecode es a unir fuerzas para defender este derecho como bien supremo.
Fuente de la información e imagen: https://www.fecode.edu.co
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