Desde el inicio del gobierno de Iván Duque se vienen generando situaciones que atentan contra las conquistas que a través de la lucha ha obtenido el magisterio colombiano. La eliminación de los factores salariales para liquidar la mesada pensional de cientos de maestros que han entregado buena parte de su vida al servicio de la educación pública estatal; la dilación frente al curso remedial para el ascenso de los 8000 maestros en lista, acordado con el Gobierno en la III cohorte de la ECDF; la declaratoria de legalidad de la Directiva Ministerial No. 11, mediante la cual se obliga a la comunidad educativa a regresar a las aulas en medio de la pandemia sin la verificación mínima del cumplimiento de las condiciones establecidas por el propio Gobierno; el incumplimiento de los contratos de salud por parte de los actuales prestadores sin que el Ministerio de Educación y la Fiduprevisora adelanten acciones efectivas que como fideicomitente y contratante les corresponden; la negación del derecho a la seguridad y salud en el trabajo de manera integral tal como lo establece el Decreto 1655 de 2015; adicionalmente en la actualidad, se impide a los trabajadores de la educación reclamar su dinero de cesantías cada vez que lo requieran para los fines establecidos, y en un contubernio del Ministerios de Hacienda y Educación, el Gobierno desconoce y bloquea el derecho reconocido por sentencia judicial de solicitar anticipo de sus cesantías sin la barrera de esperar tres años desde el último pago.
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