El gasto salarial del sector público sigue subiendo, con lo cual se mantiene su excesivo peso en el total del Presupuesto General de la Nación. A estos fondos hay que agregarles los seguros médicos y otros recursos destinados a capacitación, viáticos y beneficios no salariales. Esto no sería un problema si la gestión pública satisficiera mínimamente las expectativas ciudadanas. Lo que indispone a la gente es financiar con sus impuestos a funcionarios públicos poco comprometidos con la prestación de servicios de calidad. La situación actual del servicio civil, además de ser un problema económico, es también político porque genera deslegitimidad e induce al conflicto.
Esta semana, la prensa y las redes difundieron varios problemas que tienen que ver con la gestión de los recursos humanos. Un techo que se cayó y la falta de agua en el Instituto de Previsión Social, incumplimientos de las normativas ambientales que acabaron en incendios y quejas de estudiantes becados que no pueden acceder a cargos docentes en la Universidad Nacional son algunos ejemplos.
Otros de larga data son los cargos docentes ocupados por personas sin las competencias necesarias, funcionarios en los “freezers”, acomodados con salarios y beneficios incomprensiblemente altos, los que coimean para hacer “correr” el expediente o dejar entrar productos irregularmente por la frontera, entre otros grupos que consumen una parte importante de los recursos públicos.
Todos estos opacan a quienes realizan bien su trabajo y que en muchos casos ganan menos y toman riesgos derivados de sus labores. Los anteriores, aun cuando se los conoce, permanecen impunemente en sus lugares de trabajo.
El éxito de las políticas públicas depende de las personas que las implementan. Si bien en el caso de la infraestructura el peso relativo de los recursos humanos es menor, la calidad de la obra termina siendo posible gracias a una buena gestión de los contratos y de los procesos de fiscalización. Si estas personas fueron contratadas sin tener en cuenta las capacidades necesarias o ingresaron de la mano de un político es casi seguro que su trabajo será deficiente. La situación empeora si sus remuneraciones e incentivos son independientes de sus resultados y si la impunidad prevalece.
En este contexto, no debe asombrar el rechazo ciudadano a contribuir con el pago de impuestos y a manifestar su indisposición. La calidad de los servicios públicos es fuente de bienestar de la población y como tal influye en la satisfacción con el rol del Estado. En contrapartida, una gestión estatal ineficiente y de baja calidad promueve la desafección y la deslegitimidad política.
Así se abona el terreno para el conflicto y debilidad en la cohesión social, rompiéndose el pacto social. El proceso de desarrollo encontrará un obstáculo imposible de ser removido. Las autoridades y los políticos deben empezar a tomar con seriedad la impostergable necesidad de impulsar la carrera del servicio civil, a fin de transitar hacia mejores resultados de los funcionarios públicos. Solo de esta manera la ciudadanía aceptará que sus recursos se inviertan en remuneraciones públicas.
Fuente de la Información: https://www.ultimahora.com/inaceptable-gasto-salarial-alto-baja-calidad-las-politicas-n2844021.html
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