Capital extranjero en América Latina: Una historia problemática

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

La visión empresarial que se ha extendido por América Latina clama por la inversión extranjera directa, bajo la confianza de que servirá para levantar el desarrollo. Pero la realidad ha sido contradictoria y la historia puede despejar algunas dudas.

A raíz de las independencias, los Estados nacionales en construcción vieron en el capital extranjero un posible agente auxiliar para el progreso. Durante el siglo XIX predominaron los capitales europeos y los británicos dominaron sobre las deudas públicas, puertos, ferrocarriles y bancos. Eran inversiones privadas bajo la protección diplomática y militar de sus Estados. A fines del siglo, con el despegue imperialista de Estados Unidos, comenzó la incursión de sus empresas: materias primas, agricultura, ganadería, minería (sobre todo petróleo), electricidad, tranvías, agua, teléfonos, bancos. México fue un país preferente por el ambiente favorable al capital estadounidense creado por el porfiriato (1876-1911).

En el marco del monroísmo y del Corolario Roosevelt del “Gran Garrote” (1904), empresas norteamericanas como la Standard Oil (SOCO, petróleo) y la United Fruit Company (UFCO, bananos) adquirieron determinante poder económico e injerencia política. Literalmente, la SOCO, del magnate John D. Rockefeller, disputó con la Royal Dutch Shell (anglo-holandesa) el petróleo del Chaco, que derivó en la guerra entre Bolivia y Paraguay (1932-1935). Tras la experiencia, el gobierno boliviano nacionalizó el petróleo (1937). Las mismas compañías estuvieron involucradas en el conflicto territorial entre Ecuador y Perú, que desembocó en el Protocolo de Río de Janeiro (1942) por el cual Ecuador perdió territorios amazónicos. En México la SOCO se negó a aceptar un fallo de la Suprema Corte que obligaba a mejorar las condiciones laborales. Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo (1938). Otras compañías mineras en Perú (petróleo) o Chile (cobre) tienen similar historia. La matanza de la Escuela de Santa María de Iquique en Chile (1907) fue consecuencia de la negativa de las empresas salitreras, mayormente británicas, a mejorar las condiciones laborales. En todas partes la represión fue una respuesta común para defender a las empresas foráneas.

La UFCO dejó su propia historia traumática. En Guatemala su intervención hizo famoso al término “Banana Republic”. Cuando el presidente Jacobo Arbenz impulsó la reforma agraria la empresa vociferó contra el “comunismo”. Los hermanos Dulles (Allen, director de la CIA, y John Foster, Secretario de Estado), otrora abogados de la compañía, organizaron el golpe de Estado que derrocó a Arbenz. En Colombia, la UFCO se negó a negociar con los huelguistas acusados de “comunistas” y el ejército intervino provocando la “Masacre de las Bananeras” (1928) con centenares de trabajadores muertos. Paradójicamente, en Ecuador la UFCO, propietaria de la gigantesca Tenguel, un verdadero “enclave” con trabajadores sujetos a condiciones miserables en la hacienda, salió del país (1962). Quien continuó con la agroexportación fue el ecuatoriano Luis Noboa Naranjo, antiguo empleado de la competidora Standard Fruit Co., que creó su propia empresa, a través de la cual acumuló una enorme fortuna, al mismo tiempo que el banano sostuvo la economía nacional. Sus descendientes consolidaron el poder económico y la influencia política. Desde 2023, la presidencia del nieto Daniel Noboa, produjo en Ecuador lo que los sociólogos denominan “captura del Estado”.

Hasta mediados del siglo XX los capitales extranjeros se asentaron principalmente en los grandes países: Argentina, Brasil, México. Pero en la postguerra mundial se consolidó la hegemonía de EE.UU. que desplazó a los capitales europeos. El monroísmo de la Guerra Fría también garantizó su presencia; y en las décadas de 1960 y 1970 el desarrollismo, para el cual era esencial la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), alentó las inversiones norteamericanas en diversos países. Sin embargo, la consigna empresarial por abrir puertas sin fronteras ni límites al “capital extranjero” bajo los supuestos del “mercado libre”, solo nació durante las décadas de 1980 y 1990, gracias a la extensión de la ideología neoliberal a partir del impulso que le dieron el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), las cartas de intención con el FMI y el decálogo del Consenso de Washington. La dictadura de Augusto Pinochet hizo de Chile el pionero en abrir puertas indiscriminadas al capital extranjero y bajo ese perverso ideal se inspiraron otros gobiernos latinoamericanos.

Las nefastas consecuencias sociales del neoliberalismo llevaron a identificar como “décadas perdidas” las dos finales del siglo XX. Además, de acuerdo con la CEPAL la Inversión Extranjera Directa (IED) sigue concentrada en pocos países (Brasil, Chile, México), mientras que en otros es irregular o escasa, pues las empresas buscan rentabilidades rápidas y fáciles, que permitan acumulación en sus matrices foráneas. De modo que el “espejismo” del crecimiento de la IED debe ser contrastado examinando las áreas de interés, pues predomina la extracción minera a costa del medio ambiente, la provisión de tecnologías, las grandes obras de infraestructura, la comunicación, algunos servicios y la protección de patentes y marcas. A las transnacionales les convienen gobiernos que respalden sus intereses, achiquen el intervencionismo estatal, flexibilicen las relaciones laborales y admitan responsabilidades con la suscripción de “Tratados Bilaterales de Inversión” (TBI).

Los TBI se generalizaron con la globalización tras el derrumbe del socialismo soviético. De hecho, sustituyeron a las “cañoneras” que en el pasado garantizaban las actividades privadas con intervencionismo directo. Estos tratados crearon una especie de “derecho internacional económico” que supone defender intereses legítimos de las gigantes corporaciones contra lo que conciben como “arbitrariedades” en los países latinoamericanos. Pero los TBI admiten arbitrajes a los que solo pueden acudir las empresas para demandar a los Estados, lo que ha servido para obligar a millonarias indemnizaciones. Incluso se utilizan interpretaciones ampliadas de lo que debe entenderse por «expectativas legítimas de ganancia», «trato justo y equitativo» o «expropiación indirecta». Los casos que se pueden señalar son numerosos y Ecuador es un ejemplo: Chevrón-Texaco fue demandada por comunidades indígenas (2003) por el masivo desastre petrolero en la Amazonía y la empresa fue obligada a pagar US$ 9.500 millones; pero acudió al arbitraje en La Haya y obtuvo un fallo a su favor (2018). En consecuencia, las negativas experiencias con los TBI han provocado que varios países busquen restaurar las capacidades superiores de los Estados, como ha ocurrido en Brasil (creó los Acuerdos de Cooperación y Facilitación de Inversiones – ACFI) o México e incluso Chile.

El problema del presente es que sobre América Latina se extiende la amenaza directa del Corolario Trump que define un neomonroísmo bajo el cual tienen prioridad las empresas estadounidenses, además de que los recursos de la región están sujetos a la Estrategia de Seguridad Nacional de los EE.UU. (https://t.ly/QNMF9). El continente debe quedar libre de “competidores” que resulten “amenazas” (Rusia y, ante todo, China). Los gobiernos tienen que alinearse con los intereses norteamericanos. De modo que, si bien nos hallamos en una época en la cual la antigua hegemonía mundial de los EE.UU. ha sido desplazada por el mundo multipolar que ha surgido en el siglo XXI, el “Donroísmo” neointervencionista no puede enfrentarse en forma aislada y la unidad latinoamericana es un desafío urgente. En política interna, en cada país toca superar, en forma definitiva, las visiones neoliberales y libertarias, para recuperar las vías de construcción de economías sociales y soberanas.

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