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Derechos laborales: el otro «enemigo»

Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

En su codicia por extender los negocios e incrementar las rentabilidades privadas, los neoliberales, libertarios anarco-capitalistas, empresarios oligárquicos y sus gobiernos en América Latina, no solo atacan a los impuestos (https://t.ly/kBHLZ) sino que han llegado a concebir que los derechos laborales y sociales son un estorbo a la “libertad económica” y los trabajadores que luchan por defenderlos son sus verdaderos “enemigos” de clase. La historia del capitalismo y de la región contradice sus conceptos.

A partir de la primera Revolución Industrial, con el desarrollo de las manufacturas y fábricas, que determinaron el aparecimiento del trabajo asalariado, el capitalismo del primer siglo se levantó sobre la tremenda explotación a los trabajadores. En Inglaterra y Alemania, a la vanguardia de la nueva era económica, las jornadas superaban las 16 horas diarias, sin descansos semanales ni vacaciones; los salarios apenas permitían supervivir a las familias obreras en la miseria; los sindicatos, huelgas y manifestaciones estaban prohibidos; no existían indemnizaciones ni seguridad social. Esas condiciones de vida fueron denunciadas por los pensadores sociales. Conquistar derechos incentivó la lucha de clases, de modo que los trabajadores lograron conquistas, pero pasando por represiones, muertes y sufrimientos. Los historiadores han seguido estos procesos desde esa época hasta el presente, evidenciando que la riqueza de los empresarios nunca provino de su genialidad, sus emprendimientos ni su “trabajo”, sino de la acumulación del valor socialmente generado.

En América Latina la época colonial sentó las bases de la jerarquización social y de la explotación de la fuerza de trabajo especialmente de los indígenas y campesinos. Las repúblicas surgidas tras los procesos independentistas construyeron Estados oligárquicos, en los cuales las familias de las endogámicas élites de terratenientes, comerciantes y banqueros que controlaron el poder político en los diferentes países, reprodujeron las mismas condiciones laborales heredadas de la colonia. Solo desde mediados del siglo XIX fue abolida la esclavitud y a fines del mismo los liberales y radicales procuraron regular el trabajo para convertirlo en acuerdo mutuo sujeto a los Códigos Civiles, considerando que la igualdad ante la ley solucionaría las inequidades. Sin embargo, con el lento despertar del capitalismo latinoamericano en el siglo XX, si bien se dictaron tempranas leyes como: descanso dominical en Argentina y Colombia (1905), accidentes de trabajo en Guatemala (1906), jornada de ocho horas diarias en Cuba (1909), Panamá (1914), Uruguay (1915) y Ecuador (1916), fue la Constitución de México de 1917 la que inauguró la era del derecho social latinoamericano, al reconocerlos para los trabajadores de ese país.

Hasta entonces, no existían jornadas reguladas, salarios mínimos, pagos por horas extras, indemnizaciones, descansos, límites al trabajo femenino, seguridad social. De modo que, siguiendo el ejemplo mexicano, surgieron los sucesivos Códigos del Trabajo en Chile y Brasil (1931), Venezuela (1936), Bolivia (1939), Costa Rica (1943), Nicaragua (1945), Guatemala y Panamá (1947) y en la siguiente década los códigos merecieron nuevos adelantos en otros países: Argentina, Cuba, Perú, Uruguay, Colombia, República Dominicana, Honduras, Paraguay. Esta conquista de leyes laborales tuvo el objetivo de proteger a los trabajadores, imponer derechos, hacer frente a los explotadores empresarios y hacendados, lograr el mejoramiento de la vida de los trabajadores y de sus familias, que nunca se logró dejando las relaciones obrero/patronales en manos de la “iniciativa privada” y de la “libertad contractual”.

En Ecuador la cuestión social se institucionalizó gracias a los gobiernos nacidos de la Revolución Juliana (1925-1931). En 1925 se fundó el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, y en 1928 la Caja de Pensiones. El presidente Isidro Ayora (1926-1931) expidió varias leyes sobre: Accidentes del Trabajo; Jubilación, Montepío Civil, Ahorro y Cooperativa; Caja de Pensiones; Contrato Individual de Trabajo; Jornada Máxima y Descanso; Trabajo de Mujeres, Menores y Protección a la maternidad; Desahucio; Procedimientos. La Constitución de 1929 reconoció los derechos laborales en forma parecida a la mexicana. En 1938 se expidió el Código del Trabajo. En las siguientes décadas se hicieron reformas y se dictaron nuevas disposiciones, siempre con la idea de garantizar los derechos proclamados como irrenunciables e intangibles.

Históricamente, las leyes laborales y los derechos de los trabajadores no han impedido el desarrollo económico ni el emprendimiento privado, pero sí han puesto límites al insaciable apetito de acumulación de los propietarios del capital, que se alimenta más cuando los trabajadores y sus familias quedan sometidos a infames condiciones de vida. Aun así, América Latina es, en la actualidad, la región más inequitativa del mundo y, con los gobiernos empresariales inspirados en el neoliberalismo y el anarco-capitalismo, se han agravado el desempleo, el subempleo, la informalidad, la pobreza y la miseria, como no ocurría cuatro décadas atrás. Desde los años 80 y 90 del pasado siglo, cuando despertaron y avanzaron, a distintas velocidades, las consignas por “flexibilizar” el trabajo, así como la subordinación a los condicionamientos del FMI, los derechos históricamente conquistados en beneficio de los trabajadores han pasado a ser atacados, cuestionados y estrangulados solo en beneficio empresarial. En cambio, han sido los gobiernos progresistas de la región los que han cortado la vía neoliberal. En Ecuador, después del gobierno de Rafael Correa (2017-2021), quien revirtió la vía neoliberal que parecía igualmente indetenible en el país, también la recuperación de la hegemonía en el Estado a partir de 2017 por parte de un bloque de poder empresarial-oligárquico se ha convertido en un serio obstáculo para el desarrollo económico con bienestar social.

Los derechos laborales sistemáticamente han sido afectados, el Ministerio del Trabajo ha pasado a ser dirigido por personas que responden a los intereses empresariales y las políticas laborales han abandonado el principio pro-operario, incluyendo la seguridad social, cada vez en mayor riesgo. Ecuador es hoy uno de los diez peores países para los trabajadores en el mundo (https://t.ly/-R_Qm ; https://t.ly/l2Eoa) pero entre los empresarios hay quienes resaltan que el país ocupa el cuarto lugar entre los más altos salarios de América Latina (https://t.ly/9kjd5) y por eso se oponen a cualquier aumento; en tanto a nivel internacional el BID reconoce que 3 de cada 10 trabajadores latinoamericanos “no alcanzan a tener los ingresos necesarios para superar el umbral de la pobreza” (https://t.ly/uvMD0 ; https://t.ly/UvDZE).

Escudándose en el neoliberalismo y ahora también en el libertarianismo anarco-capitalista, se ataca a la justicia social como aberrante y violenta. El presidente Javier Milei en Argentina se erige como moderno ídolo para quienes siguen sus ideas y creen defender la “libertad económica”, un concepto perverso en América Latina, encaminado contra el Estado, los impuestos y los derechos laborales. En última instancia se pretende retornar a la época en la cual se carecía de normas y los trabajadores simplemente tenían que sujetarse al poder de los propietarios del capital. Es un proceso que solo los trabajadores organizados podrán detener.

Blog del autor: Historia y Presente
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Precarización laboral: un triunfo empresarial

Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

Si bien Adam Smith (1723-1790) es considerado como el fundador de la economía liberal clásica, los liberales, neoliberales y libertarios contemporáneos nunca han sido consecuentes con la teoría del valor-trabajo de Smith, sino que la rechazan. Es decir, desechan precisamente el lado científico del fundador, para dedicarse a las simples consideraciones del mercado y los precios. Y lo extienden a lo que han bautizado como “mercado laboral” o “mercado del trabajo”, con lo cual borran toda consideración sobre los derechos laborales, que solo aparecen como estorbos u obstáculos al mercado libre y a los empresarios.

Pero Smith vivió la época de inicios del capitalismo, mientras que los liberales contemporáneos, entre los que hay que contar a los más alabados, como Friedrich von Hayek (1889-1992), Milton Friedman (1912-2006), Ludwig von Mises (1881-1973), Murray Rothbard (1926-1995) y otros tantos entre la Escuela Austríaca y el Anarcocapitalismo, han vivido la época que va del imperialismo a la crisis civilizatoria del presente. Smith apenas pudo observar el problema social creado por el capitalismo, aunque tuvo la perspicacia de comprender que del trabajo de los obreros provienen las ganancias de los capitalistas, una realidad que consideró algo propio a las “leyes naturales” del sistema. Por eso, fueron los críticos del liberalismo clásico, que experimentaron directamente las enormes consecuencias sociales de la miseria obrera y la opulencia de las burguesías, quienes desarrollaron teorías anticapitalistas al compás del avance del siglo XIX. Prácticamente en la segunda mitad de ese siglo, Karl Marx (1818-1883) desnudó las leyes del capitalismo y descubrió, superando a Smith, que la burguesía se apropia de la plusvalía, es decir del valor creado por los proletarios, por sobre el valor de su fuerza de trabajo.

Durante el siglo XIX fueron crecientes las reivindicaciones obreras; y sus acciones, siempre reprimidas incluso en forma sangrienta, inevitablemente condujeron a que los Estados comenzaran a proclamar derechos laborales, para evitar no solo la agudización de lo que Marx llamó lucha de clases, sino por el temor de una revolución social que condujera al socialismo. Todos esos procesos han sido ampliamente estudiados por una gigantesca cantidad de obras y artículos, que han afirmado el desarrollo de las ciencias sociales.

Pero, sin duda, América Latina siguió procesos diferentes. El coloniaje europeo fue el que marcó las bases estructurales del subdesarrollo, la dependencia y la extrema polarización social que heredaron los Estados nacionales, una vez concluidas las guerras de independencia anticolonial en la región. Durante el siglo XIX fueron aisladas y pocas las conquistas sociales, como la abolición de la esclavitud, del tributo de indios o de las formas más oprobiosas del trabajo servil. De modo que es con el siglo XX y el despegue del capitalismo en América Latina, aunque en forma diferenciada entre países, cuando el desarrollo de las clases obreras y el auge de las luchas indígenas y campesinas provocaron el surgimiento de la legislación laboral. A consecuencia de la Revolución Mexicana, se expidió en este país la Constitución de 1917, que fue la primera en reconocer el principio pro-operario, jornadas máximas, salario mínimo, descansos, protección de menores y mujeres, sindicalización, indemnizaciones por despido y otros derechos de los trabajadores, así como de los campesinos sobre las tierras. Esa Constitución inspiró el desarrollo de la legislación social en otros países latinoamericanos. Desde luego, las conquistas llegaron con el ascenso de masas, de las clases trabajadoras y la acción de intelectuales y políticos sensibles a las demandas sociales.

Ese ascenso fue parcialmente detenido por la Guerra Fría, que en América Latina tomó raíces a partir de la Revolución Cubana (1959). Los derechos laborales fueron afectados y los empresarios acusaban de “comunista” a cualquier reivindicación laboral, especialmente si era sindical. Las terribles dictaduras militares de los 60 y 70 ante todo arremetieron contra demandas laborales y persiguieron a dirigentes. El inicio de las democracias estables al comenzar la década de 1980 permitió retomar la defensa de los derechos laborales. Fue por poco tiempo. Enseguida, los acuerdos con el FMI, la penetración de la ideología neoliberal y la globalización transnacional que resultó del derrumbe del socialismo de tipo soviético, crearon las condiciones favorables para que las elites empresariales definieran un conjunto de consignas orientadas a flexibilizar y precarizar las relaciones laborales, lo cual significó el golpe histórico a los derechos conquistados desde inicios del siglo XX.

En definitiva, los derechos laborales se desarrollaron ante la necesidad de proteger a los trabajadores de las arbitrariedades de los capitalistas, que en la época de Smith sobreexplotaban a obreros que trabajaban sobre las 12 horas diarias, recibían salarios miserables, no tenían descansos y peor seguridad. Su condición humana era morir trabajando para los capitalistas. Y similar historia es la que siguió América Latina, de lo cual existen estudios e investigaciones en todos los campos de sus ciencias sociales.

Liberales, neoliberales y libertarios contemporáneos no solo desconocen esa historia. Imaginan que el mercado libre podría operar como suponen que ocurría en la época de Smith. Y desde las dos últimas décadas finales del siglo XX han promovido la flexibilización de las relaciones laborales, que implica la anulación de los derechos históricamente ya avanzados. En América Latina, todos los países con gobiernos condicionados por los intereses empresariales han alimentado ese proceso. El resultado es que han provocado la agudización de la lucha de clases, no han solucionado el problema del empleo, han aprovechado de la precarización, del desempleo, el subempleo y la informalidad para presionar contra los marcos legales que han protegido a los trabajadores formales. En la región no hay disposición empresarial para crear, por lo menos, economías sociales de bienestar.

Es en ese marco que se inscribe la consulta popular y referéndum convocados por el presidente Daniel Noboa en Ecuador y que se realizará el 21 de abril (2024). Bajo un clima de inseguridad generalizada, desarticulación del Estado y penetración de mafias, que son herencias dejadas desde 2017 por los gobiernos de Lenín Moreno y del banquero Guillermo Lasso, se preguntará a la población si quiere que se modifique la Constitución para poder imponer el trabajo por horas y los contratos a plazo fijo, actualmente prohibidos por esta Carta. Es una nueva estrategia de legitimación de políticas flexibilizadoras contra los trabajadores, que aprovecha precisamente la incapacidad de atender al empleo y que, de tener éxito, la experiencia del país seguramente será replicada en otros países de la región. Pero tampoco está lejos la experiencia que ha comenzado a vivir Argentina, donde toma vuelo el sui géneris libertarianismo, que igualmente se propone arrasar con derechos laborales. En Ecuador opera en forma gradual y en Argentina mediante el shock. Da igual: de la mano de gobiernos empresariales y de empresarios presidentes, el libertarianismo ofrece un futuro de mayor inestabilidad, explotación e inseguridad. Solo pueden detenerlo los mismos trabajadores.

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Internacional: Retorno del Tercer Mundo

Retorno del Tercer Mundo

Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

África es un continente gigante, con 54 Estados soberanos. América Latina y el Caribe coincide en igual número de Estados, tomando en cuenta las numerosas islas del Caribe. Pero en ambos continentes todavía hay territorios dependientes de antiguas potencias coloniales. Las guerras de independencia en América Latina arrancaron a inicios del siglo XIX y los nuevos Estados se constituyeron, finalmente, en repúblicas presidenciales (Brasil fue temporalmente imperio y México tuvo dos momentos imperiales). En 1898 Cuba recién logró la independencia, pero Puerto Rico, igualmente liberado, pasó a depender de los Estados Unidos y se transformó en Estado Libre Asociado. África, en cambio fue un territorio gigante, con población esclavizada desde un largo pasado histórico, pero que mereció el generalizado interés de Europa en plena era capitalista, de modo que en la Conferencia de Berlín (1884-1885) se acordó el reparto de África, inaugurando así la expansión imperialista europea. Las independencias de las colonias africanas ocurrieron después de la II Guerra Mundial (1939-1945) y la descolonización se prolongó hasta mediados de la década de 1970. América Latina/Caribe conservó su independencia formal, porque la dependencia económica que durante el siglo XIX quedó establecida con Europa y particularmente con Inglaterra, pasó a manos de los EE.UU. durante el siglo XX, sobre la base del americanismo monroísta.

América Latina/Caribe y, sobre todo, África, son regiones en las que el colonialismo europeo marcó las estructuras históricas del subdesarrollo, la pobreza, la dependencia externa y las profundas divisiones sociales que se distinguen por el dominio interno de elites privilegiadas y ricas, frente a la mayoría de los habitantes que sigue en condiciones de pobreza y exclusión. Mientras África es el continente con la mayor polarización humana y la pobreza/miseria más alta en el mundo, América Latina/Caribe es la región más inequitativa entre todos los continentes. El saqueo de recursos, las intervenciones directas de las potencias para garantizar sus intereses, la brutal incursión de compañías extranjeras ávidas de minas y tantos otros ricos productos naturales de las variadas geografías, la subordinación política o la explotación inhumana de sus habitantes, han sido rasgos comunes en la historia de América Latina/Caribe y del África bajo el colonialismo y durante la era del capitalismo industrial e imperialista de Europa y de los EE.UU.

Esas adversas condiciones comenzaron a cambiar, entre avances, estancamientos y retrocesos, desde la postguerra. La Conferencia de Bandung (1955) puede considerarse como punto de partida, por el nacimiento de lo que entonces se llamó el Tercer Mundo, que reivindicó no solo independencia y soberanía, sino también el No-alineamiento con cualquiera de los dos bloques mundiales de la época: el capitalismo, hegemonizado por los EE.UU. y el socialismo, con la URSS a la cabeza. Sin embargo, África contó siempre con el apoyo y defensa de la URSS a los procesos de descolonización.

Pero la globalización capitalista y transnacional del mundo a raíz del derrumbe del socialismo de tipo soviético trajo una época compleja y de variadas repercusiones económicas para América Latina/Caribe y también para África, donde se impuso una verdadera re-colonización. En América Latina, desde las décadas finales del siglo XX, la penetración del neoliberalismo y el papel del FMI resultaron nefastos. Pero en ambos continentes también crecieron, lentamente, las relaciones económicas con Rusia, China y otros países y regiones, incluyendo los todavía escasos vínculos que han logrado establecerse entre América Latina/Caribe y África.

En plena globalización incubó, en forma inevitable, el ascenso anti-imperialista, anti-colonialista y soberanista del África y de América Latina/Caribe. En las condiciones actuales, cuando también se ha vuelto indetenible el ascenso histórico de Rusia y especialmente de China, así como de entidades regionales como los BRICS, la hegemonía de Occidente ha tenido que cambiar y se está configurando un mundo multipolar. Las “viejas” potencias advierten el fenómeno. Los EE.UU. tratan de retomar la senda del americanismo monroísta, mientras Europa busca relanzar los acercamientos tanto con América Latina/Caribe, como con África. Entre tanto, Rusia ha logrado ampliar su influencia particularmente en África, mientras China lo hace allí y aceleradamente en América Latina.

En la reciente cumbre de la CELAC y la Unión Europea (UE), realizada el 17 y 18 de julio (2023), se acordó una Declaración final (https://rb.gy/pifqn) en la cual se condena a la esclavitud y la trata de esclavos, que incluye la trata transatlántica, como “tragedias atroces” y un “crimen de lesa humanidad”. Pero también en la más reciente II Cumbre Rusia-África realizada el 27 y 28 de julio (2023), la Declaración final es contundente en señalar: “

Promover la culminación del proceso de descolonización de África y buscar compensaciones por los daños económicos y humanitarios infligidos a los Estados africanos como resultado de las políticas coloniales, incluida la restitución de los bienes culturales arrebatados en el proceso de expolio colonial” (https://shorturl.at/yKUY9). La Cumbre con la CELAC no admitió el alineamiento de esta región con Europa en la condena a Rusia por la guerra de Ucrania. La Cumbre con África reconoció el histórico apoyo de Rusia a la causa anticolonial, pero impulsó un plan específico para acordar la paz en Ucrania. Las críticas de varios gobernantes del África contra Occidente fueron explícitas y hasta radicales. Los países africanos, así como los latinoamericanos y caribeños, no están dispuestos a que continúen las sanciones unilaterales. La CELAC logró rechazar el bloqueo a Cuba. Para África y también América Latina/Caribe, tanto Rusia como China no son potencias “enemigas” sino que ofrecen posibilidades e instrumentos económicos válidos para la promoción del desarrollo, como los acuerdos sobre energía, comunicaciones, infraestructuras, créditos e inversiones que deberán fortalecerse en el futuro y que, con distintos alcances, ya están presentes en los dos continentes representantes del Sur Global.

Estos procesos de cambio mundial aún no son considerados con fortaleza en los debates políticos. Países como Ecuador, cuyo retroceso en esta materia es impresionante, tiene un gobierno que todavía cree en la ideología neoliberal y en la libertaria, tanto como en los tratados de libre comercio para los buenos negocios de élites empresariales, ajenas a las condiciones de vida y trabajo de la población, que se han deteriorado en seis años. En los procesos hacia las elecciones presidenciales de varios países latinoamericanos estos temas no han sido abordados.

Sin embargo, el fortalecimiento del Tercer Mundo, sobre la base de los acercamientos entre América Latina/Caribe y el África, deberá atenderse y fomentarse a fin de garantizar el afianzamiento de los principios de soberanía e independencia que hoy se han renovado ante un mundo multipolar.

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Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

Fuente de la Información: https://rebelion.org/retorno-del-tercer-mundo/

 

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Desafíos latinoamericanistas del siglo XXI

Desafíos latinoamericanistas del siglo XXI

Desde que se inició la guerra en Ucrania (febrero, 2022), América Latina es una región presionada para definir posiciones alineándose con Occidente, esto es, con Estados Unidos y Europa, aliados en la OTAN. Hemos tenido experiencias similares en otros tiempos.

No hubo problema en apoyar a los Aliados durante la II Guerra Mundial (1939-1945), pues existió una clara conciencia contra el Eje nazi-fascista, a pesar de iniciales resistencias de grupos en países como Argentina o Brasil, por la existencia de familias provenientes de la migración alemana, que incluso adquirieron influencia social o política. En los países latinoamericanos se elaboraron “listas negras” con la guía de las embajadas norteamericanas, como ocurrió en Ecuador, en cuya lista aparecen no solo alemanes, sino también algunos italianos, varios japoneses y además ecuatorianos vinculados con ellos por razones de negocios.

Pero el alineamiento forzado por la Guerra Fría desde la década de los 50 y que duró hasta el derrumbe del socialismo en la URSS y los países de Europa del Este, fue una clara imposición. Era obligado unirse al “mundo libre”, en contra del “comunismo totalitario”. La CIA actuó en la década de los 60 para desestabilizar e incluso derrocar gobiernos latinoamericanos que no querían subordinarse (ocurrió en Ecuador, 1963) y los militares, convencidos del anticomunismo por el directo trabajo técnico e ideológico que sobre ellos hicieron los EE.UU. a partir del TIAR (1947), actuaron como instrumento del americanismo macartista. Por cierto, la Revolución Cubana (1959) y el aparecimiento de guerrillas inspiradas en su proceso en distintos países, sirvieron para justificar el intervencionismo militar.

La implantación de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990) y de los Estados militares terroristas en el Cono Sur, dejó un historial de crímenes de lesa humanidad, bajo el supuesto de librar una “guerra interna” de “seguridad nacional”. Estos gobiernos estaban convencidos de salvar a la región exterminando seres humanos de izquierda. Una vez recuperadas las instituciones de la democracia representativa, aunque se intentó juzgar a los antiguos represores, no se logró hacerlo en todos los países. Por orden del juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional de España, Pinochet fue detenido en Inglaterra (1998-2000) bajo acusación de haber cometido genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas. Se provocó un terremoto tanto en Inglaterra como en Chile, en el ámbito internacional y hasta en el Vaticano. Su liberación por el Ministro Jack Straw, garantizó su impunidad. Solo en Argentina se logró un proceso exitoso contra los militares y varios fueron condenados, lo cual ha sido muy bien tratado en la película “Argentina 1985”, que ha merecido varios premios internacionales.

Cuba, en cambio, sometida a un bloqueo despiadado e injustificado, que incluso se agudizó en plena pandemia de Covid del año 2020 (cualquier empresa sería sancionada por suministrar recursos médicos a la isla), es un país que goza de indudable prestigio internacional por sus lecciones de dignidad y soberanía, mantiene ahora relaciones con varios países latinoamericanos, ha recibido el respaldo directo de distintos gobiernos progresistas de la región, ha merecido los casi unánimes pronunciamientos de la asamblea de la ONU en contra del bloqueo y en forma consecutiva desde 1992, y avanza en medio de severas limitaciones y ataques de todo orden contra su camino de construcción socialista.

En este largo y todavía inacabado proceso de desarrollo del latinoamericanismo del siglo XXI, el más reciente quiebre del monroímo se evidenció en la IX Cumbre de las Américas, realizada en Los Ángeles, California, en junio 2022. Por decisión propia, los EE.UU. excluyeron a Cuba, Nicaragua y Venezuela, aunque Manuel López Obrador, presidente de México, fue el primero en cuestionar ese comportamiento (https://bit.ly/3slcjed). Varios países latinoamericanos no asistieron o solo enviaron delegados. Y aunque el tema de Ucrania no fue directamente tratado, al menos se insinuó (https://bit.ly/3ZANY1T). En cambio, son explícitas y tajantes las declaraciones de la comandante del Comando Sur de los EE.UU., General Laura Richardson (https://bit.ly/3HmP9MD), quien considera como parte de la “seguridad nacional” de los EE.UU. un conjunto de recursos naturales latinoamericanos (a la cabeza el litio, pero también agua) y, además, advierte contra la presencia de China y Rusia en América Latina, a quienes considera “adversarios”, y hasta pide que los países que los tengan, “donen” sus equipos militares rusos a Ucrania.

Aprovechando de esa condenable y dolorosa guerra, se ha levantado una nueva cruzada internacional, para dividir al mundo entre el campo de la “libertad” y la “democracia” y el de los “autoritarismos”, para marcar un muro entre Occidente y Oriente, casi como si se tratara de un conflicto entre la “civilización” y la “barbarie”, parafraseando los términos del argentino Domingo Faustino Sarmiento en su famosa obra publicada en 1845.

En forma abierta el tema de Ucrania se ha tratado en la reciente II Cumbre por la Democracia (29-30 marzo, 2023), una reunión internacional convocada, en forma virtual, por el presidente Joe Biden. El documento final (https://bit.ly/3Zu8aTa) se refiere a la “agresión” de Rusia y exige su retiro. Pero no fue respaldado por los presidentes Lula da Silva y López Obrador. En esta línea de comportamiento, cabe recordar que la II Cumbre de CELAC (2014) declaró a América Latina como zona de paz, ratificándolo en la VII-CELAC de Buenos Aires de enero 2023 (https://bit.ly/3JBxy5d).

A pesar de ello, no existe aún una fuerza geoestratégica latinoamericana común y capaz de imponerse, porque el documento antes referido sí fue suscrito por otros gobernantes y es clara cierta división del bloque de gobiernos progresistas de la región, si se advierte, entre otros, los pronunciamientos del presidente de Chile, Gabriel Boric cuestionando a Cuba y alineándose con los EE.UU. Los gobiernos derechistas, por su parte, no tienen frenos ante las convocatorias de las grandes potencias para un alineamiento a su favor. Ello no les libra de sus responsabilidades históricas por las políticas internas. En Ecuador el presidente Lenín Moreno (1917-1921), hoy está sujeto a un proceso penal con pedido de prisión preventiva por la Fiscalía debido a presunto delito de cohecho y trama de corrupción, y Guillermo Lasso, se halla a las puertas de un juicio político ante la Asamblea Nacional, facultado por la Corte Constitucional, sobre la base de presunto peculado, y que podría desembocar en su destitución.

Como puede advertirse, América Latina es una región que, bajo las presiones externas, está desafiada a mantenerse como zona de paz, a fortalecer el latinoamericanismo frente al monroísmo y a desvirtuar la maniquea división internacional en dos esferas de civilización, que no representa al mundo multipolar, pluricultural y de diversidad política, que tiene la humanidad al despegar el siglo XXI.

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Desigualdad social, un problema con historia

Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

 

En América Latina, las desigualdades sociales han tenido vigencia y variaciones en función de las distintas épocas históricas.

Entre las sociedades aborígenes esas desigualdades se hacen visibles desde el período que los arqueólogos denominan como “desarrollo regional”, con “señoríos”, cacicazgos y curacazgos. Las grandes culturas imperiales de Aztecas, Mayas e Incas, sobre las cuales hay ricas referencias entre los primeros cronistas de indias y que han sido estudiadas ampliamente por etnohistoriadores contemporáneos, se basaron en profundas divisiones jerárquicas y evidentes desigualdades sociales. Pero, sin duda, la conquista y el coloniaje ibérico, inauguraron los procesos que han servido de base para explicar el origen de las desigualdades contemporáneas.

Durante la colonia se sancionaron legalmente las diferencias, sobre principios racistas y clasistas, de modo que los “blancos” no solo concentraron el poder, sino que tuvieron privilegios en cargos públicos, títulos o educación. Los indígenas -y peor los negros esclavos- no solo fueron sometidos y reducidos a condiciones de pobreza extrema, sino que su fuerza de trabajo fue permanentemente sobrexplotada. Los indígenas no podían ascender en la sociedad y tampoco educarse como lo hacían las castas “superiores”. Las terribles condiciones de vida y trabajo de los indígenas y de las capas más “bajas” de la sociedad colonial, marcaron la estructura social de América Latina.

La situación no cambió con las independencias y la constitución de los Estados Nacionales. Por lo menos hasta mediados del siglo XIX se mantuvo la esclavitud, mientras los pobladores fueron excluidos de la “democracia” por no contar con ingresos mínimos ni saber leer o escribir y los indígenas fueron expresamente marginados. La hegemonía de terratenientes y comerciantes permitió que gozaran del privilegio de la riqueza legalmente reconocida. Fueron los liberales y radicales quienes progresivamente cambiaron esas herencias, al reconocer derechos individuales universales y la igualdad jurídica de los ciudadanos, aunque esa ciudadanía censitaria continuó restringida hasta bien entrado el siglo XX.

El principio de “igualdad” simplemente jurídica y legal, derivado del pensamiento ilustrado y de la filosofía republicana, ha predominado durante el siglo XX, encubriendo las desigualdades sociales que la realidad económica siempre impuso. Ensayistas y politólogos constantemente denunciaron esas realidades. Pero ha sido el desarrollo de la economía el que ha permitido ya no solo visualizar las desigualdades sociales, sino medirlas. Sin duda el refuerzo que ha dado la historia económica ha sido fundamental.

La economía no fue una carrera o especialización autónoma sino desde las décadas de 1920 y 1930, aunque no en todos los países. Normalmente los estudios de economía eran reducidos y vinculados a la formación de los abogados, como también ocurrió largamente con la sociología y la politología. La “teoría económica” provenía, sobre todo, de los grandes países capitalistas centrales y no era raro que a sus autores se les tuviera como autoridades indiscutibles. En todo caso, lentamente comenzaron los estudios económicos sobre las realidades nacionales en distintos países y se levantaron precarias estadísticas sobre asuntos nuevos, ya que fueron tradicionales las estadísticas -muy elementales- sobre comercio exterior y hacienda pública. El despegue de la economía latinoamericana está vinculado a los gobiernos “populistas” de las primeras décadas del siglo XX, a las facultades de economía que se fundaron, también a la conformación de bloques mundiales (capitalismo, socialismo y Tercer Mundo) después de la II Guerra Mundial, la creación de organismos internacionales a raíz de los Acuerdos de Bretton Woods, en forma particular a las actividades de la CEPAL creada en 1948 y singularmente a las políticas desarrollistas de las décadas de 1960 y 1970. Hoy contamos con una diversidad de estudios sobre América Latina en los cuales se ha esclarecido el asunto relativo a las desigualdades sociales (https://bit.ly/3EzAGLk), aún antes de los modernos e interesantes trabajos que ha publicado Thomas Piketty (https://bit.ly/3KA8BHu), en los que, sin embargo, América Latina está ausente.

Los estudios contemporáneos han permitido comprender, con mayor profundidad, algunas situaciones. Está muy claro que América Latina sigue siendo la región más inequitativa del mundo; que la ideología neoliberal introducida en la región desde la década de 1980 solo agravó los términos de la desigualdad social; que esa desigualdad continúa afectando la vida y las condiciones de trabajo de amplios segmentos de la población, caracterizados por la pobreza, el desempleo y el subempleo, que afecta sobre todo a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. La pandemia del Covid incluso agravó las desigualdades sociales, sin que todavía se recuperen las situaciones anteriores a 2020, como ha ocurrido en Ecuador, donde las desigualdades incluso se han agravado: mientras en 2019 el ingreso mensual por persona del 5% más rico era 43,28 veces superior al del 5% más pobre, en 2020 era 59,25% mayor, en 2021 fue 47,68% y en 2022 es de 47,72% (https://bit.ly/3XX6Fw0). Y el tema es tan significativo que entre los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible acordado por las NNUU en 2015 y que deberían cumplirse hasta 2030, constan: fin de la pobreza, hambre cero, igualdad de género, reducción de las desigualdades (https://bit.ly/2qk9f28)

Desde luego, queda igualmente en claro, que el cuadro económico de las desigualdades sociales no solo es fruto de un pasado histórico de exclusiones y explotación humana, así como de concentración de la riqueza en minorías constituidas como clases dominantes en las distintas etapas seguidas por los países latinoamericanos, sino que es una realidad derivada del poder en los Estados, captado por esas minorías ricas. Por consiguiente, las soluciones al problema de las desigualdades sociales no pasan únicamente por su reconocimiento teórico y la formulación de políticas económicas destinadas a la redistribución de la riqueza, sino por la reestructuración de las condiciones del poder. Y esta perspectiva toma cada vez mayor fuerza en América Latina, de modo que hoy existe un proceso de construcción y toma de conciencia social -cuya extensión en el tiempo es imprevisible-, sobre la necesidad de superar las desigualdades sociales y avanzar en la inevitable afectación que ello provocará sobre las capas concentradoras de la riqueza.

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Revolución Juliana en Ecuador: derrota de la plutocracia

Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda 

A la distancia de casi un siglo, todavía hay sectores que consideran a la Revolución Juliana como una intervención abusiva contra la empresa privada e incluso “ignominiosa” para Guayaquil.

Este 9 de julio se recordó en Ecuador a la Revolución Juliana de 1925 y a los gobiernos de su ciclo histórico, que comprendió dos Juntas provisionales hasta marzo de 1926 y, de inmediato, el gobierno de Isidro Ayora (1926-1931). Existe ahora una amplia bibliografía sobre el tema. Y en numerosos artículos, así como en varios libros, he abordado el tema a fin de entender tanto las lógicas históricas de aquel proceso, como su significado, alcances y límites (https://bit.ly/3RljQof).

La Revolución fue preparada por la Liga Militar de jóvenes oficiales. Fue el primer golpe de Estado institucional de las fuerzas armadas en la vida del país (realmente del ejército); pero los militares no tomaron directamente el poder ya que prefirieron encargar la administración del Estado a civiles, aunque bajo su tutela y respaldo. Inspirados en principios sociales (las influencias de la Revolución Mexicana y de la Rusa se extendieron y también hubo oficiales incipientemente “socialistas”) la motivación central fue anti oligárquica, pues entre 1912 y 1925, durante la “época plutocrática”, el país, en forma creciente, había caído bajo el dominio económico y político de una clase de hacendados, agroexportadores de cacao, comerciantes y, sobre todo, banqueros, que manejaron los sucesivos gobiernos a su servicio. No existían impuestos directos, tampoco legislación laboral y los míseros recursos estatales, dependientes de los préstamos bancarios privados y otros ingresos insuficientes, impedían inversiones en bienes y servicios públicos.

El ciclo juliano fue una bisagra entre el siglo XIX-histórico y el siglo XX-histórico. Inauguró el papel del Estado en la economía, a través de varias instituciones: Banco Central (BCE), Contraloría, Superintendencia de Bancos, reordenamiento del Ministerio de Hacienda; por primera vez se fiscalizó a los bancos; se estableció el impuesto sobre las rentas personales, capitales y también utilidades; hubo reformas a las aduanas y los aranceles; se trató de impulsar la industria con medidas proteccionistas; además de la creación del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, de las Direcciones de Salud y de la Caja de Pensiones, fueron dictadas las primeras leyes laborales (contrato individual, jornadas máximas y descansos obligatorios, trabajo de mujeres, desahucio, jubilaciones, accidentes del trabajo), consagrados y ampliados por la Constitución de 1929 que, además, estableció los primeros lineamientos de algo parecido a una reforma agraria; fue reformada la educación secundaria y universitaria; pero se quedó corta la inversión pública, en una coyuntura desfavorable por la crisis del cacao, otrora el primer producto en las exportaciones del país. El julianismo ecuatoriano abrió el espacio político de la izquierda, por lo que pudieron fundarse el Partido Socialista (PSE, 1926) y el Comunista (PCE, 1931). Y sentó las bases para el largo proceso de superación del régimen oligárquico, que solo se logró durante las décadas de 1960 y 1970. También es posible compararlo con movimientos de oficiales jóvenes como el que se produjo en Chile (1924) o con el Tenentismo en Brasil (1922-1927); pero está más identificado con los “populismos” clásicos que las ciencias sociales latinoamericanas han destacado en Brasil con Getulio Vargas, México con Lázaro Cárdenas o con la Argentina de Juan Domingo Perón. Sin duda la Revolución Juliana es el primer intento por crear una economía social, que incluso se anticipó, en buena parte, a las políticas del New Deal implementadas por el gobierno de F. D. Roosevelt (1933-1945) en los EEUU.

Las oligarquías ecuatorianas de la época y particularmente los banqueros, poco identificables como burguesías capitalistas en ascenso, reaccionaron en contra de los julianos. En Guayaquil, durante la primera junta, se dijo que “los serranos” querían llevarse el oro de la Costa y llegaron a organizarse “guardias cívicas” para defender la propiedad privada bajo los gritos de “Guayaquil independiente”. Según Luis N. Dillon, presidente de la primera junta provisional, el país estuvo al borde la guerra civil. Fue resistida la creación del BCE, fustigado el impuesto a las rentas -aunque pronto se aprendió a evadirlo- y continuaron las prácticas explotadoras del trabajo. Como no hubo continuidad del “modelo” juliano ni de sus políticas, entre 1931 y 1948 Ecuador pasó a vivir un ciclo de inestabilidad impresionante, con la sucesión de una veintena de gobiernos, aunque la corta dictadura del general Alberto Enríquez Gallo (1937-1938) retomó los ideales julianos y expidió el Código del Trabajo. Pero también, rápidamente, los grupos dominantes aprendieron a captar las instituciones julianas y a volcarlas a su servicio.

A la distancia de casi un siglo, todavía hay sectores que consideran a la Revolución Juliana como una intervención abusiva contra la empresa privada e incluso “ignominiosa” para Guayaquil. Si se examinan las demandas de los grupos de poder económico y empresarial en el Ecuador del presente, podrá advertirse que el neoliberalismo como eje ideológico de sus planteamientos, disfraza los viejos ideales oligárquicos de la “época plutocrática” pre-juliana y que bien podrían esquematizarse en una serie de consignas: no al Estado, no a los impuestos, no al trabajo regulado, a las cuales se suman ahora: si al extractivismo, si a los tratados de libre comercio y si a las tan anheladas “privatizaciones”. Desde 2017 esos ideales fueron revividos bajo el manto de un modelo de economía empresarial-neoliberal -y ahora nuevamente plutocrática- que se supone como avanzada y moderna para el siglo XXI, que el país ya experimentó durante las décadas finales del siglo XX e inicios del XXI. Las consecuencias eran previsibles, de modo que en los últimos cinco años se ha reconcentrado la riqueza, incrementó la polarización social, así como la conflictividad derivada del deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la población, e incluso se han visto afectadas la institucionalidad del Estado y la vida democrática.

En el trasfondo descrito, Ecuador experimentó dos movilizaciones indígenas y populares en octubre de 2019 y julio de 2022, que desafiaron la marcha neoliberal del país. Tal como ocurriera durante la primera época plutocrática, desde el Estado se respondió con represión y criminalización de las protestas. Es incierto el camino futuro, actualmente sujeto a un férreo bloque de poder en cuyas filas han aparecido sectores clasistas y racistas. Sus élites económicas no están dispuestas a ceder en el modelo de economía que tanto les beneficia. En todo caso, tan solo dentro de tres años, Ecuador y sus fuerzas armadas seguramente celebrarán el centenario de una revolución que no solo dio continuidad a la Revolución Liberal Radical (1895), sino que se inspiró en ideales sociales y progresistas, que distinguieron un ciclo significativo para la historia contemporánea del país.

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«Guerra justa» contra los indios

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda 

Ante la movilización indígena que vivió el Ecuador desde el 13 hasta el 30 de junio de 2022, las expresiones de la vieja colonialidad, expresiones de la vieja colonialidad, que se creían superadas, han vuelto a hacerse presentes.Se trata de un fenómeno también presente en otros países latinoamericanos.

La conquista española en América encontró sociedades aborígenes en distintos grados de desarrollo. Los aztecas en Centroamérica y los incas en Sudamérica fueron las mayores civilizaciones. Abundan los estudios etnohistóricos sobre las comunidades nativas en ambas regiones, fundamentadas en vida y recursos comunes, bajo relaciones de reciprocidad. Los conquistadores, en cambio, buscaron constituir señoríos de tipo feudal, apropiándose de tierras y subordinando a las comunidades. Chocaron dos visiones culturales, pero finalmente triunfaron los “blancos”, tras librar una guerra brutal, destructiva y sin contemplaciones.

Durante la época colonial, la sociedad fue dividida en castas y los últimos estratos de la pirámide pertenecieron a los indios y a los negros esclavos. La vida comunitaria indígena logró mantenerse incluso porque sirvió para la sobrevivencia de todos sus miembros ante la continuidad y extensión de la toma de tierras, la apropiación de minas y el redoblamiento de distintos mecanismos de explotación del trabajo. Así quedaron marcados los cimientos de la diferenciación entre blancos dominantes, con una cúspide de familias terratenientes ricas, frente a la enorme masa de pobladores pobres, entre quienes los indígenas vivían en condiciones miserables.

Muy tempranamente se discutió sobre la naturaleza de los aborígenes y se concluyó que sí eran humanos. El problema, entonces, fue si la guerra y el sometimiento eran “justos”. La respuesta fue el Requerimiento (1512), documento que “legalizaba” la conquista si los aborígenes se resistían al cristianismo. Sin embargo, el fraile dominico Bartolomé de las Casas (1484*-1566), quien había pasado largo tiempo en tierras americanas, logró denunciar ante el rey las atrocidades de la conquista y la terrible condición de las poblaciones sometidas. Gracias a ello, en España se expidieron las Leyes Nuevas (1542), que regularon el trabajo indígena a fin de evitar abusos y, sobre todo, suprimieron la encomienda de servicios (asentada sobre las ancestrales relaciones de reciprocidad comunitaria de los indígenas), que permitía el aprovechamiento del trabajo en beneficio del encomendero, a cambio de su protección y evangelización. Esas Leyes ocasionaron el “general incendio” en América. El conquistador Gonzalo Pizarro levantó a los encomenderos (1544), desconoció al virrey Blasco Núñez Vela y con su ejército lo derrotó en Quito, en la famosa batalla de Iñaquito (1546). Por primera vez, los partidarios del “Gran Gonzalo”, su “caudillo libertador”, plantearon independizarse para formar un reino aparte. Sin embargo, llegó “el pacificador” Pedro de la Gasca, quien finalmente liquidó la “rebelión de los encomenderos”, derrotando a Pizarro en Jaquijahuana (1548).

La polémica sobre la conquista adquirió magnitud filosófica y teológica. Otro sacerdote, Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573) había opinado sobre la “guerra justa” para defender la conquista y sus ideas se difundieron. Escribió una obra titulada Democrates alter, sirve De justis beli causis contra indios, cuya publicación no fue autorizada en su época, de modo que se la conoció tan tarde como en 1892. De modo que en 1550 se convocó a la Junta o Controversia de Valladolid (se extendió hasta 1551) que, con la presencia de miembros del Consejo de Indias, del de Castilla, varios teólogos y un delegado papal, se realizó en el Colegio de San Gregorio. Su propósito fue el debate de las tesis de Las Casas y de Sepúlveda. Las Casas destacó la vida indígena, denunció ampliamente las barbaridades cometidas durante la conquista, la ruina en que habían quedado las poblaciones, los abusos, excesos y formas de explotación sobre el trabajo, la humillación y la miseria que agobiaba a estos seres humanos y la necesidad de protegerlos (su Brevísima relación de la destrucción de las Indias fue publicada después, en 1552). Sepúlveda, quien jamás estuvo en América, defendió la “guerra justa” sobre poblaciones idólatras, a las que era necesario imponer el evangelio; consideró que los sacrificios rituales y el canibalismo tenían que ser erradicados; que el sometimiento era benéfico para transformar las almas y desechar costumbres bárbaras, que no provenían de la perversidad sino de la falta de conocimiento sobre la verdadera religión; y que los indios debían ser tratados como menores de edad, a los cuales había que conducir y vigilar. Desde luego, es imposible resumir aquí la riqueza y magnitud de ese debate. Por primera vez un imperio colonial encaraba su propia expansión. Las Casas se constituyó en el primer defensor público de los indígenas, Sepúlveda en el gran defensor de la conquista y el coloniaje. Pero nunca se expidió un fallo o dictamen final, de carácter oficial.

Casi cinco siglos más tarde de aquellos acontecimientos, ante la movilización indígena que vivió el Ecuador desde el 13 de junio hasta el día 30 del mismo mes (2022), las expresiones de la vieja colonialidad (término empleado por un amplio sector de investigadores sociales), que se creían superadas por la vida republicana y el progreso contemporáneo de la democracia, han vuelto a hacerse presentes. Se trata de un fenómeno igualmente vivido en otros países latinoamericanos donde existen comunidades indígenas y particularmente en México, Guatemala, Bolivia y Perú. El clasismo y el racismo fueron manifiestos pocos años atrás, durante la crisis política (2019) que vivió Bolivia. Se produjeron escenas traumáticas, porque los “indios de mierda” (con esas palabras se les trató) fueron humillados, perseguidos y reprimidos con barbaridad conquistadora. Durante el paro nacional reciente en Ecuador (pero también mucho antes, en el de octubre de 2019 y aún más atrás, desde la primera marcha indígena de 1990) indígenas y pobladores movilizados recibieron furibundos ataques. Lo más grave es que también provienen de las esferas oficiales del Estado. Enfilaron contra los “vagos”, “violentos”, “terroristas”, “salvajes”, “manipulados”, “golpistas”, “mariateguistas”; se llegó a decir que el “narcotráfico” los financiaba, que los “correístas” les patrocinaban y que habían llegado a Quito para destruir, saquear e incendiar. En la ciudad hubo manifestaciones “por la paz” en las que se gritó contra “los indios hdp” y sus dirigentes. La “guerra justa” de la represión, quedó en manos del “uso progresivo de la fuerza”, que se lanzó en varios barrios populares y en forma desalmada contra indígenas y pobladores que demandan justicia económica y mejor vida (circularon numerosos videos en redes sociales), mientras sectores “blancos” clamaban porque les “metan bala”. Todos demostraron carecer de comprensión y conocimientos sobre el mundo indígena y su historia.

La conflictividad y la polarización social que ha ocasionado la cultura del privilegio en favor del bloque de poder hegemónico en Ecuador, y que ha sido cultivada por el fanático interés de quienes desde hace cinco años revivieron un modelo de economía empresarial-neoliberal y ahora plutocrática, que solo ha demostrado consecuencias nefastas en América Latina, no tiene perspectivas de solución en el largo plazo. Si bien se logró un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones indígenas encabezadas por la CONAIE, el tema profundo del clasismo y del racismo entre elites ecuatorianas quedó intacto y se ha transformado en obstáculo para la edificación de una sociedad basada en los principios constitucionales de igualdad, democracia y Buen Vivir.

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