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Privatización del tiempo laboral

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

Esta verdadera privatización del tiempo laboral, nueva e inédita en la historia latinoamericana contemporánea, seguramente convertirá a Ecuador en el primer país de la región que arrasa con la conquista mundial de 8 horas de jornada diaria máxima.

Desde la década de 1980, América Latina experimenta un persistente avance de la flexibilización laboral de la mano de gobiernos neoliberales, que ha destruido derechos históricamente alcanzados, para favorecer exclusivamente a las empresas. Se supone que los altos beneficios empresariales logrados e incluso el retiro o achicamiento de los Estados y la revisión de impuestos a favor de los inversionistas, levantarían el empleo y mejorarían la calidad de vida general. Nada de eso ha ocurrido en los países que han adherido a semejantes conceptos, a pesar de las aceleradas modernizaciones capitalistas, porque el cuadro del desempleo y la miseria, mientras sigue concentrándose la riqueza en forma imparable, incluso se agravó durante la pandemia del Coronavirus, conforme lo demuestran los estudios anuales de la CEPAL.

Ecuador también ha experimentado el camino flexibilizador. Durante las décadas finales del siglo XX, una elite de grandes empresarios ecuatorianos, que ha prevalecido sobre el conjunto del empresariado, ha venido desarrollando un cuadro de consignas económicas y sociales, alimentado por la difusión de la ideología neoliberal en América Latina. Sus mayores demandas han procurado extender la jornada y adaptarla a los intereses de la empresa, introducir el trabajo por horas y la tercerización laboral, suprimir recargos por horas extras y suplementarias, eliminar el reparto de utilidades, así como también la jubilación patronal y sobre todo las indemnizaciones, sujetar el salario a la “eficiencia” y estrangularlo al mínimo extremo, regular la sindicalización, los contratos colectivos y la huelga, facilitar despidos, privatizar la seguridad social. Existe suficiente documentación y publicaciones en internet que comprueban el camino seguido por las demandas laborales empresariales, además de serias investigaciones universitarias sobre el tema.

Acogiendo esas consignas, los sucesivos gobiernos de la época democrática nacida en 1979, contribuyeron a la consolidación de un modelo empresarial-neoliberal de desarrollo, bajo el cual la flexibilización laboral ganó terreno. Se llegó a tales niveles, que un amplio cuadro de reformas laborales intentadas por el gobierno de Gustavo Noboa (2000-2003) a través de la “Ley para la Promoción de Inversión y la Participación Ciudadana” fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional de la época (Resolución en firme No. 193-2000-TP). La Asamblea Constituyente de 2007/2008 también debió expedir el “Mandato 8” (RO#330-6/5/2008) para prohibir toda precarización laboral que avanzaba incontenible, un asunto acogido por la Constitución de 2008 que incluso tuvo que prohibir el trabajo por horas y el tercerizado. Pero desde 2017, con el gobierno de Lenín Moreno, el poder empresarial privado recuperó su hegemonía y la flexibilización laboral se volvió imparable, hasta desembocar en la “Ley Humanitaria” (2020), expedida con el pretexto de la pandemia Covid-19, que afectó seriamente principios y derechos laborales.

Siguiendo el mismo rumbo, el gobierno de Guillermo Lasso presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de “Ley de Oportunidades” (https://bit.ly/2Y06OoS) que incluyó diversos temas, por lo cual no se le dio trámite. Sin embargo, la Unidad Técnica-Jurídica de la Asamblea ha dejado un contundente Informe sobre las inconstitucionalidades y violaciones a los derechos de los trabajadores que contiene el proyecto (https://bit.ly/3kQHKcY). Ha sido un impase jurídico temporal. Era evidente que el gobierno persistiría, de modo que el mismo presidente Lasso anunció que librará una “batalla democrática” (https://bit.ly/3F9I0vJ) para defender su propuesta. Y es que, en estricto rigor, las disposiciones sobre el trabajo que contiene el proyecto mencionado, no ofrecen un cuadro que salga del marco de la arremetida contra los derechos laborales que proviene del sector empresarial neoliberal-oligárquico desde hace cuatro décadas, sino que lo agrava.

La novedad es doble: de una parte, se dice que con esta ley se trata de crear empleo para el 70% de ecuatorianos que carecen de empleo formal; y, de otra, se afirma que se respetarán los derechos adquiridos y fijados por el Código del Trabajo, mientras, en forma paralela, la Ley-O solo regirá para los nuevos trabajadores. De acuerdo a los contenidos de la nueva ley el resultado será igualmente doble: por un lado, 70% de ecuatorianos podrán someterse a trabajos precarizados; por otro, habrá dos códigos del trabajo para dos tipos de trabajadores, los antiguos y los nuevos, afectando, de este modo, no solo la igualdad jurídica ante la ley, sino las oportunidades para tener mejores condiciones de vida, pues los antiguos trabajadores contarán con garantías de las que, en adelante, carecerán los nuevos trabajadores.

Lo que ocurre en la coyuntura ecuatoriana corre el peligro de generalizarse en toda América Latina, pues los empresarios neoliberales y los gobiernos que los representan, están conectados e intercambian ideas y experiencias. De modo que es necesario comprender que, en cuanto a su parte laboral, la propuesta de la Ley-O tiene dos ejes fundamentales: uno, el recorte a los “gastos” que tengan que hacer los empresarios; y dos, la privatización del tiempo de trabajo (tiempo laboral).

Desde una estricta visión económica, el trasfondo del proyecto es la reducción, al máximo, de los “gastos” empresariales. Con respecto al Código del Trabajo vigente, lo que se propone es entre otros asuntos: reducción del salario (hoy es de U$ 400 mensuales); disminución en el pago por horas suplementarias o extraordinarias; sustancial reducción de indemnizaciones por terminación del contrato y por despidos; eliminación de la jubilación patronal (el Código vigente la establece para quien ha trabajado en la misma empresa durante 20 años); recuperaciones e indemnizaciones para el empleador. No hay duda que el propósito final es, exclusivamente, aumentar las ganancias y rentabilidades empresariales, a costa de estrangular a los trabajadores, sin que importe, por tanto, su bienestar humano y familiar. Basta con que tengan trabajo y algo para sobrevivir en ínfimas condiciones.

De otra parte, en América Latina se conoce perfectamente el camino privatizador de bienes y servicios públicos, pero el proyecto laboral del gobierno del presidente Lasso implica la apropiación privada del tiempo de trabajo.  En efecto, la jornada de trabajo “es la que se ejecuta dentro de un tiempo de veinticuatro horas”, de manera que deja de distinguirse la jornada diurna de la nocturna; la máxima será de 12 horas y “por regla general” no excederá de las 40 semanales, aunque “podrán ser distribuidas hasta en seis jornadas de trabajo a la semana” (excepcionalmente en 7), algo ajeno al Código vigente que establece 8 horas diarias y 40 semanales en 5 días, con obligatorio descanso sábados y domingos (con recargos al salario si se excede esos tiempos); además, puede ser parcial (1 hasta 12 horas, lo cual es una sutil introducción del trabajo por horas prohibido por la Constitución); también: “conforme lo acuerden las partes, las jornadas de trabajo pueden ser distintas unas de otras, es decir, cantidad de horas de trabajo, horarios y lugares de trabajo diferentes entre ellos”. Se contempla jornada continua de hasta 22 días (excepto sector naviero y turístico que puede llegar a 44 días), con descansos acumulables en vacaciones; de otra parte, por causas señaladas, el empleador puede reducir la jornada (y los salarios) hasta el 50%; solo cuenta el trabajo “efectivamente” realizado, de modo que los permisos médicos o por calamidad doméstica deben ser recuperados en las horas no trabajadas (o restituidas del salario); las faltas injustificadas se recuperan “en la hora y en el día” que se le indique al trabajador; se norman los períodos por maternidad y lactancia; las horas suplementarias y extraordinarias solo son las que no se contemplen en el contrato como pactadas (disminuyen los recargos al 25% y máximo 50% eliminando el 100%); los períodos de vacaciones los fija el empleador y podrán ser continuos o discontinuos; para estudios se concede 1 hora diaria; a pesar del contrato y del supuesto “derecho a la desconexión”, el patrono podrá cambiar, en cualquier tiempo, la modalidad del teletrabajo; el contrato colectivo no rige para un trabajador que pacte lo contrario con su empleador; hay contratos eventuales; aumenta el período de prueba de 3 a 5 meses y además, el contrato por tiempo definido dura mínimo 6 meses y máximo 4 años, puede modificarse y solo será indefinido cuando pase los 4 años (en el Código actual son contratos indefinidos los que pasen de 1 año); el contrato puede terminar por una serie de causas y también por “justas causas” y si son las del empleador, el trabajador deberá indemnizarle con un mes de su última remuneración.

Como puede advertirse, se pretende que el Estado deje de ser regulador del tiempo de trabajo y garante del derecho social, porque en adelante serán las empresas las que decidan, según su conveniencia, cómo se usa y distribuye la jornada. Esta verdadera privatización del tiempo laboral, nueva e inédita en la historia latinoamericana contemporánea, seguramente convertirá a Ecuador en el primer país de la región que arrasa con la conquista mundial de 8 horas de jornada diaria máxima y con descansos semanales, que se logró conquistar a raíz de la masacre obrera de Chicago en 1886, en cuyo recuerdo se conmemora (excepto en los EEUU) el 1 de Mayo como Día del Trabajo, una jornada que Ecuador la estableció en 1916, durante el gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno (RO#10-12/Sep/1916). En forma, al parecer definitiva, el dominio del capital y sus condiciones puede ganar el último terreno que le faltaba, si finalmente se aprueba la ley que, con el paso de los años, no solo regirá para los “nuevos” trabajadores sino para todos.

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VI CELAC ¿Latinoamericanismo en recuperación?

Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

Después de concluidos los procesos de independencia, empezó la construcción de los nuevos Estados latinoamericanos bajo un doble signo: la idea de unidad, para constituir grandes países e incluso lograr una sola Hispanoamérica, cuyo mayor representante fue Simón Bolívar; y la presencia de las fuerzas desintegradoras de las oligarquías regionales, que pretendieron construir republiquitas bajo su dominio.

El aislamiento entre países caracterizó la vida latinoamericana hasta bien entrado el siglo XX. Los esfuerzos efectivos para la integración regional arrancaron recién en 1960 con la ALALC y la primera oleada (Pacto Andino, 1969 y CARIFTA, 1968), a la que siguió la segunda (MERCOSUR, 1994/1995; Comunidad Andina, 1996; SICA, SIECA, AEC y entidades como SELA, OLADE, etc. y una amplia red de acuerdos pluri y binacionales).

Las integraciones económicas, pensadas exclusivamente como mercados que se abren y empresarios que los aprovechan, siempre fueron un fracaso, a pesar de los éxitos iniciales. La globalización en las décadas finales del siglo XX, acompañada por la implantación del modelo neoliberal en América Latina, arruinaron los ideales de integración entre Estados, precisamente por privilegiar tratados de libre comercio o acuerdos bilaterales. En plena globalización, los EEUU lograron impulsar la creación del ALCA (acordada en 1994 y constituida en 1998), que reunió a los países del hemisferio, excluyendo a Cuba. La resistencia a esa creación, encabezada por Hugo Chávez como presidente de Venezuela (1999-2013), llevó a crear el ALBA (2004) y a un nuevo esquema de integración que no privilegió simplemente intereses empresariales, sino de amplia repercusión social, bajo Estados soberanos. Además, nacieron dos instituciones: UNASUR (2008) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC, 2010), que integró a 33 países, incluyendo a Cuba, pero excluyendo a los EEUU.

UNASUR y CELAC crecieron y se potenciaron durante el primer ciclo de gobiernos progresistas de América Latina. Pero las circunstancias cambiaron con el “retorno” de gobiernos conservadores, empresariales y neoliberales. En 2017 se realizó la V Cumbre de CELAC, que no volvió a convocarse, hasta la reciente VI Cumbre convocada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, realizada el 18 de septiembre (2021) en México. En el intermedio, el expresidente Lenín Moreno se convirtió en artífice de la desintegración latinoamericanista, al punto de cerrar el edificio de UNASUR en Quito (septiembre 2019) y retirar la estatua de Néstor Kirchner que estuvo en su entrada.

Sin la potencialidad que en otro momento ofrecieron los gobiernos progresistas, la VI Cumbre de CELAC no alcanzó la misma dimensión del pasado. El latinoamericanismo ha sido golpeado por la posición del Canciller de Colombia, lanzado contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, pero también por el presidente del Paraguay, Marco Abdo Benítez, quien coincidió contra Venezuela, además del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, cuestionando a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Al mismo tiempo, Nicaragua se lanzó contra el gobierno de Alberto Fernández (Argentina), quien no asistió a la Cumbre, al que acusó de ser un “instrumento del imperialismo norteamericano” (https://bit.ly/3zlvTrl); y, finalmente, cuenta la ausencia del Jair Bolsonaro, presidente del Brasil, quien se retiró de la entidad en 2020. Sin embargo, el panorama del pasado se ve alterado con la presencia virtual del presidente de China, Xi Jinping, quien habló del esfuerzo de América Latina “por la independencia y el autofortalecimiento mediante la unidad”, además de enfatizar en el buen futuro del Foro China-CELAC, un asunto que indudablemente debe comprenderse como el proyecto de nuevos caminos en la geopolítica continental, que seguramente inquieta a diversos sectores de la región.

Aunque desde tiempo atrás el presidente López Obrador sostuvo la necesidad de reemplazar a la OEA por otra institución independiente, la Declaración (https://bit.ly/3Ew9cVo) final del cónclave no se refiere a esta entidad que, desde su creación, representó directamente el americanismo impulsado por los EEUU. De todos modos, en esa Declaración sí se logró rechazar las medidas unilaterales y el intervencionismo contra la soberanía de cada pueblo, en clara alusión al bloqueo a Cuba y a las sanciones contra Venezuela o Nicaragua, que son incompatibles con el Derecho Internacional.

Es relevante para la América Latina contemporánea, que la Declaración vuelva a proclamar la unidad y la integración; reclame un orden internacional más justo, equitativo y armónico; idealice la democracia y el respeto a los derechos humanos; destaque la educación como “elemento vertebral” para el desarrollo sostenible; se pronuncie contra la corrupción; formule la erradicación de la pobreza; reconozca la igualdad de género y condene toda práctica discriminatoria; sea sensible con el problema ambiental, el cambio climático y los desastres naturales; formule posiciones en torno al tema migratorio, el problema mundial de las drogas; rechace todo terrorismo; haga referencia a la inteligencia artificial, así como las tecnologías de información y comunicación; salude la creación de la “Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio” (ALCE).

Sin duda, tiene enorme importancia el reconocimiento de América Latina como zona de paz, libre de armas nucleares y “libre de colonialismo y colonias”, por lo cual trasciende que la Declaraciónreconozca la soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Igualmente es significativo que se declare el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la acogida al “Decenio Internacional 2022-2032 de las Lenguas Indígenas”, así como la felicitación al “Foro Permanente de Afrodescendientes”. Desde la perspectiva de la historia, se considera que “la trata transatlántica de esclavos y el genocidio indígena en la región fueron crímenes atroces contra la humanidad”. Indudablemente se ha considerado la Carta que en 2019 envió AMLO al Rey de España, para que reconozca el hecho de la conquista y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan (https://bit.ly/2XFgvcH).

De otra parte, el discurso del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tomó como ejemplo la integración de la Comunidad Europea para imaginar que igual rumbo podría tomar la región. Desde su tradicional perspectiva empresarial expresó que el mundo nos escuchará “cuando tengamos grandes mercados comunes, donde crezca nuestra riqueza. Cuando un ciudadano de Guayaquil pueda venderle libremente cacao a otro ciudadano de El Salvador o cuando un floricultor de Quito pueda hacer fortuna vendiendo flores aquí en México y viceversa” (https://bit.ly/3zlvTrl).

La VI CELAC puede entenderse como un momento de recuperación del latinoamericanismo afectado por los gobiernos conservadores. En este sentido es un avance frente al pasado inmediato. Pero la correlación política internacional entre quienes marcan el ritmo de las economías sociales y quienes pretenden simplemente el fortalecimiento de las economías neoliberales todavía no es favorable al progresismo latinoamericano. Por tanto, la Declaraciónfinal de la Cumbre corre el riesgo de ser una inspiración teórica, sin avanzar sobre los planteamientos formulados y concretarlos, de manera efectiva, para el beneficio de las sociedades de la región.

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¿Conquistadores o «libertadores»?

El trasfondo histórico del coloniaje es una marca distintiva de la historia latinoamericana.

El 1 de marzo de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dirigió una carta al Rey Felipe VI, de España (lo mismo hizo en carta dirigida al Papa Francisco), en la cual sostiene que ese año se cumple medio milenio de la llegada de Hernán Cortés, que en 2021 el país conmemorará 500 años de la caída de Tenochtitlán y celebrará, el 21 de septiembre, 200 años de su independencia. En consecuencia, dice la carta, es necesario reflexionar sobre los hechos del pasado, porque la conquista “se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos«; implantó “un ordenamiento social basado en la segregación de castas y razas; se impuso la lengua castellana y se emprendió la destrucción sistemática de las culturas mesoamericanas«; y, por tanto, “México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan” (https://bit.ly/3mck5ot). La carta dirigida al Papa tiene el mismo sentido, pues igual disculpa se espera de la iglesia católica. Obviamente, la carta provocó malestar en España y la respuesta de su gobierno, que “lamenta profundamente” el texto y sostiene: “La llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas” (https://bit.ly/3y2aymf).

El desencuentro político y diplomático no ha terminado, porque el gobierno de México ha vuelto a plantear su posición crítica frente a la conquista española, con motivo de que el pasado 13 de agosto precisamente se recordó la caída de Tenochtitlán. Un twitter de VOX, el partido de la ultraderecha española, dio un motivo adicional, pues sostuvo: “Tal día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Orgullosos de nuestra Historia” (https://bit.ly/3k2Q7k3).

Desde la perspectiva historiográfica, el tema no es reciente. La interpretación conservadora más antigua sostiene que, ante el avance del protestantismo en Europa, Dios premió a la España ultracatólica y unificada por los reyes Fernando e Isabel, con el descubrimiento de un nuevo continente, sobre el cual pudo iluminar a nuevos pueblos con la religión verdadera del mundo. Sin embargo, Fray Bartolomé de las Casas destacó los horrores de la conquista, lo cual dio origen a la “leyenda negra” que, según la interpretación española, fue alimentada por Gran Bretaña, como potencia imperialista que, a su tiempo, quería derrotar al poderío español, atacándolo, a fin de resaltar las colonizaciones “pacíficas” en manos británicas.

De hecho, otra tradición historiográfica ha sostenido que los indios americanos consideraron a los españoles como “dioses”, pues sus augurios, mitos y creencias llevaron a esa conclusión. No fue solo entre los aztecas de México, sino también entre los Incas, como lo ha sostenido Nathan Wachtel en su libro Los vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista española (1976), quien considera, en definitiva, que la visión indígena explica, mucho más que las armas europeas, su propia derrota. Pero, Camilla Townsend, en su libro El Quinto Sol. Una historia diferente de los aztecas (2019), desmitifica el supuesto carácter sanguinario de los aztecas, y recientemente aseguró: “Es un disparate, los aztecas no veían a los españoles como dioses” (https://bit.ly/2UEKH6o). A su vez, en Los conquistadores. Figuras y escrituras (1999), el historiador Jacques Lafaye, sostuvo que los españoles, en cambio, consideraban sus acciones como proyección, en otras geografías, de la guerra contra los moros, a los que lograron expulsar de la provincia y, además, asumían la conquista como misión salvadora de otros pueblos.

Desde luego, no faltan quienes interpretan la conquista como “liberación” de unas poblaciones sometidas por los aztecas o por los incas, según sea el caso, ya que eran imperios opresores de pueblos a su vez conquistados con anterioridad a la llegada de los españoles, Así lo hace Marcelo Gullo en su obra Madre Patria. Desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán (2021). Pero no es el único. Y la guerra del Tahuantinsuyo explica bien la situación: las poblaciones que habían respaldado a Huáscar, vieron en los conquistadores, a seres que podían ayudarles a tomar venganza contra Atahualpa, el Inca vencedor y contra quien tenían serios motivos para rebelarse. En Ecuador la historia tradicional consideró a Huáscar como traidor y quien se levantó contra el Inca “legítimo”; pero en Perú se sostenía todo lo contrario. Estas visiones paralelas se sujetaron, largo tiempo, al conflicto territorial que los dos países mantuvieron en su vida republicana.

Con motivo de los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a lo que hoy es América, las pasiones se encendieron: España habló del “encuentro” de dos mundos; pero las poblaciones indígenas latinoamericanas rechazaron la conquista, que destruyó las estructuras de su vida económica, social y cultural. A propósito de las fiestas de la fundación española de Quito (1534), hay quienes rechazan la conquista, pero también ha surgido un grupo de “hispanistas” que el pasado diciembre colocó ofrendas y gritó vivas y consignas a favor de la reina Isabel La Católica y del conquistador Sebastián de Benalcázar.

Se trata, pues, de polémicas historiográficas y políticas, que dependen de los intereses a los cuales se quiere defender o posicionar. Sean dioses u hombres, héroes o villanos, una España monárquica civilizadora en América o destructora de pueblos, solo una perspectiva de largo plazo permite poner en claro los acontecimientos. Porque, en esencia, la conquista fue un hecho brutal, y el triunfo de los conquistadores sobre indios finalmente sometidos y subordinados, permitió el florecimiento de la época colonial, que duró hasta los procesos de independencia de las primeras décadas del siglo XIX. No existen más los sistemas económicos y sociales que aztecas o incas crearon antes de la conquista. La crisis poblacional y la destrucción material son evidentes. Tenochtitlán fue arrasada. La colonia formó parte del proceso de acumulación originaria o primitiva del capital. Sin duda creó una nueva cultura, favoreció el mestizaje, determinó la forma en que América Latina moldeó su economía y su incursión en la vida mundial durante la Edad Moderna y parte de la Edad Contemporánea. Imposible negar que el coloniaje creó el trasfondo primario-exportador de la región y sentó las bases de la enorme brecha social producida por las castas, el dominio de los “blancos” y la miseria de los indígenas en la época colonial. Sobre esas bases se construyeron las repúblicas latinoamericanas que largamente edificaron sistemas oligárquicos propios, nacionales. La dependencia externa fue gravitante desde la época colonial y la vida de las repúblicas encontró nuevas formas de mantenerla para beneficio de las clases dominantes y explotadoras: terratenientes, comerciantes, algunos banqueros y al comenzar el siglo XX ciertos manufactureros e industriales.

Desde luego, España no tiene que ver con la edificación de las formas y sistemas de dominación y explotación construidos en la América Latina contemporánea y que responde a las particulares formas en que se produjo el desarrollo capitalista de la región. Pero el trasfondo histórico del coloniaje es una marca distintiva de la historia latinoamericana. Nuestras ciencias sociales han investigado sobre el tema permanentemente y han observado esos procesos del pasado remoto, porque sin esa perspectiva no se comprendería el presente.

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Derechos laborales y seguridad social: nuevas amenazas

Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

En América Latina y, sin duda, en Ecuador, el ingreso de la ideología neoliberal, de la mano del FMI y las teorías económicas globalizadoras a partir de la década de 1980, han alterado el piso histórico del derecho social en general y del derecho laboral, en particular.

La experiencia histórica de la superexplotación humana con sistemas como la esclavitud o la servidumbre, pero también del capitalismo de “libre competencia”, que desde su nacimiento a mediados del siglo XVIII originó fuertes luchas obreras y teorías cuestionadoras de sus condiciones laborales, explican el origen de la “cuestión social” en Europa, que condujo al nacimiento del derecho social. En América Latina, el derecho social fue inaugurado por la Constitución Mexicana de 1917 y en Ecuador por la de 1929. Bajo ese manto, se reconocieron los derechos laborales, que están regidos por el principio pro-operario, según el cual las leyes sobre el trabajo se inclinan a favorecer a los trabajadores, garantizan sus derechos y se interpretan siempre en el sentido más favorable al trabajador. Y son derechos fundamentales: contrato individual y colectivo, salario mínimo, jornada máxima, recargos sobre horas extras y suplementarias, descansos y vacaciones, protección a la mujer, prohibición del trabajo infantil, jubilación, indemnizaciones, sindicalización, huelga y seguridad social, que también es un sistema independiente que nació en 1928 con la Caja de Pensiones. Los derechos laborales forman parte de los derechos universales reconocidos por las Naciones Unidas y están ampliamente desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El derecho laboral, que refuerza los derechos individuales, de cierta manera incluso se impone sobre ellos, pues los derechos del trabajador son intangibles, es decir, no pueden alterarse y peor recortarse; pero, además son irrenunciables, de manera que ninguna persona puede, voluntaria y libremente, aceptar que no se le pague el salario mínimo o trabajar por sobre la jornada máxima en forma indefinida. Además, el derecho laboral igualmente rige como un conjunto de obligaciones para el sector patronal, cuyo incumplimiento ocasiona responsabilidades legales.

Por su naturaleza, los derechos sociales y, en su marco, los laborales, están garantizados por el Estado, de modo que los ministerios de Trabajo y otras instituciones que tienen que ver con el tema, están obligados a protegerlos y hacerlos respetar, especialmente sobre el sector empresarial que, de otro modo, establecería condiciones arbitrarias sobre el trabajo, como siempre lo ha demostrado la historia laboral en el mundo y particularmente en América Latina.

Los fundamentos históricos y los principios teóricos del derecho social y laboral han sido conquistas esenciales para el bienestar colectivo, para aliviar las tensiones entre capitalistas y trabajadores y para sentar las bases de una economía social. Los mejores ejemplos de ello se encuentran en Europa y particularmente en los países nórdicos, donde los avances del derecho y de la economía sociales han logrado convertirlos en sociedades con los mayores niveles de bienestar humano en el mundo. Incluso se habla de “socialismo nórdico” y también de sociedades con “socialismo del siglo XXI”.

Pero en América Latina y, sin duda, en Ecuador, el ingreso de la ideología neoliberal, de la mano del FMI y las teorías económicas globalizadoras a partir de la década de 1980, han alterado el piso histórico del derecho social en general y del derecho laboral, en particular. El neoliberalismo se ha unido a las tradicionales mentalidades oligárquicas de las elites empresariales latinoamericanas, que se lanzaron a liquidar los avances ya logrados en materia de derechos para los trabajadores. Han logrado éxitos en levantar la falsa idea de que los derechos laborales son “viejos”, deben “modernizarse” e impiden la “competitividad” de las actividades empresariales y el libre mercado. Y en todos los países latinoamericanos en los cuales los gobiernos neoliberales han impulsado la “flexibilidad” y la “precarización” del trabajo, no solo se agudizó la conflictividad social, sino que avanzó la desocupación, la subocupación y el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de amplios sectores de la población, mientras se reforzó el enriquecimiento empresarial. Existen innumerables estudios nacionales e internacionales que lo demuestran. Y, sobre todo está la vida cotidiana, a tal punto que la conflictividad social se ha extendido y contradice la anhelada paz, pues ahora, quienes abogan o luchan por preservar el derecho social y alentar el derecho laboral, son perseguidos, criminalizados e incluso asesinados, como ocurre, a diario, en Colombia. La política está atravesada por una aguda “lucha de clases” lanzada por las elites empresariales del neoliberalismo latinoamericano en contra de los trabajadores.

Esas elites no tienen idea de lo que es el derecho social. En Ecuador creen que basta generar trabajo y que éste se sujete a la voluntad de las partes, es decir, patrono y trabajador. El Estado, argumentan, no debe intervenir, pues la “libertad” se impone. Han cuestionado el principio pro-operario. Si dependiera solo de ellos son capaces de revivir la esclavitud. Y la última novedad (en realidad viene desde los años ochenta) es su deseo por “privatizar” la seguridad social, incluyendo las prestaciones médicas ligadas a ella. Suponen que el Estado no puede “monopolizar” la seguridad social, que debe abrirse a la “competencia”, que los ciudadanos deben tener la opción de decidir “libremente” a cuál sistema se acogen y que hay que tomar los exitosos ejemplos de las “administradoras de fondos de pensiones” (AFP) de Chile y las eficiencias de los “seguros privados”. En noviembre de 1995, movido por los mismos argumentos y mitos, el gobierno empresarial-neoliberal de Sixto Durán Ballén (1992-1996) hizo una consulta popular para privatizar la seguridad social. Felizmente la población se pronunció por el NO.

Pero, con perspectiva histórica, lo que contraponen es la seguridad social frente a la seguridad privada. La seguridad social solo puede ser pública y, como ordena la Constitución ecuatoriana (2008) tiene que ser universal y “no podrá privatizarse” (Art. 367). En Europa o Canadá, donde existen consolidados sistemas de seguridad social estatal, universal, gratuita y sustentada por fuertes impuestos, a nadie se le ocurre “privatizar” un derecho fundamental de todos los ciudadanos. En América Latina -y Ecuador- debería quedar en claro que la seguridad privada no es seguridad social. Su base es la rentabilidad empresarial. Por eso el derecho social, que incluye a la seguridad social, se impone por sobre cualquier sistema de seguridad privada y sobre los intereses empresariales. De manera que el Estado tiene que monopolizar la seguridad social, no tiene que competir con nadie, sino asegurar los derechos de sus ciudadanos. El sector privado sabrá cómo se desarrolla para ofrecer servicios a quienes deseen acudir a ellos, pero no a costa de la seguridad social monopólica del Estado.

A pesar de estas formulaciones teóricas, muy claras en otras épocas, los derechos de los trabajadores ecuatorianos se han visto seriamente afectados por las políticas antilaborales y proempresariales del gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) y particularmente las que se tomaron aprovechando de la pandemia Covid-19. La “Ley de Apoyo Humanitario” (2020) rompió con el principio pro-operario; permitió arreglos -sin protección laboral- entre empresarios y trabajadores y, sobre todo, permitió violar la jornada máxima de 8 horas diarias, que puede extenderse a 12, sin pago por horas extras ni suplementarias. Además, hay varias resoluciones sobre modalidades de contratos en materia laboral que igualmente afectan derechos históricos. Lastimosamente, todo ello ha ocurrido bajo las condiciones de debilidad, división y oportunismo político de una serie de dirigencias de las centrales de trabajadores, limitadas por su visión tradicional y su insuficiente comprensión de las condiciones del trabajo en el siglo XXI. Pero, sin duda, es urgente mantener la defensa de los derechos sociales.

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Haití, miseria y política en el Caribe

Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

La República de Haití, en la parte occidental de una de las grandes islas del Caribe (su vecino oriental es la República Dominicana), es el tercer país más extenso de la subregión (27.750 km2), con una población que ya superó los 11 millones de habitantes (90% de origen africano) y entre la cual más del 80% vive en la absoluta pobreza.

Su realidad económica, social y política, tanto como su historia, son normalmente desconocidas en la misma América Latina, lo que acentúa el aislamiento del que ha sido víctima el país desde la época de la colonia.

En 1492 Cristóbal Colón llegó a la isla, a la que bautizó como La Española. Iniciada la conquista, la escasa población nativa fue devastada, por lo cual, desde los primeros años del siglo XVI, comenzó la importación de esclavos, literalmente cazados en África. Cuando los españoles dejaron de interesarse en esa porción del territorio, a mediados del siglo XVII la zona fue ocupada por Francia, que estableció uno de los más brutales sistemas coloniales esclavistas, que marcó el origen de la miserable condición humana de la población de la isla por entonces llamada Saint-Domingue. Se convirtió en la colonia más famosa y valiosa.

Producida la Revolución Francesa (1789) y proclamada por la Convención Nacional la libertad de los esclavos (1794), estalló en la isla la rebelión anticolonial liderada por Toussaint Louverture, que el 1 de enero de 1804 proclamó la independencia. Fue la primera revolución mundial de negros y mulatos por la libertad nacional y contra la esclavitud, además de pionera en Latinoamérica. Tan idílica situación fue novelada por Alejo Carpentier en El reino de este mundo (1949). En la realidad, para someter a los luchadores independentistas, Napoleón envió un ejército de cerca de 25 mil soldados, que finalmente fue derrotado (1803), incluso por la muerte debida al acelerado contagio de enfermedades tropicales.

La vida de la naciente república transcurriría bajo la permanente inestabilidad interna, el cerco de las grandes potencias y el asedio de los EE.UU. Francia impuso a los haitianos el pago de 150 millones de francos-oro como indemnización por la independencia, que Jean-Bertrand Aristide, primer presidente electo en la historia (1991, 1993 y 2001) reclamó, exigiendo la devolución de 21 mil millones de dólares, monto al que ascendía, en términos actuales, aquella infame reparación pagada. Tampoco puede dejar de considerarse que los EEUU intervinieron directamente con sus tropas en Haití en 1915 y que se apoderaron de la isla Navaza, del archipiélago haitiano. Imposible no hacer referencia al domino del corrupto y perverso régimen de los Duvalier (François Duvalier alias “Papa Doc”, entre 1957-1971 y su hijo Jean-Claude, entre 1971-1986), quienes establecieron un dominio terrorista interno, sostenido por los sanguinarios Tontons Macoutes. Al escapar del país, Jean-Claude Duvalier se apoderó de 900 millones de dólares que se llevó a Francia, donde se instaló y garantizó su impunidad.

Las dos obras que han marcado la historiografía sobre el Caribe y que igualmente sirven para tomar dimensión de lo que significa Haití en la geopolítica del capitalismo en América Latina, pertenecen a dos ilustres escritores y políticos: una es la de Juan Bosch y se titula De Cristóbal Colón a Fidel Castro: el Caribe, frontera imperial; otra es la de Eric Williams, titulada From Columbus to Castro: The History of the Caribbean 1492-1969. Bosch fue el primer presidente electo de República Dominicana (1962-1963) después del dominio brutal de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961). Sus posiciones progresistas y anticolonialistas siempre despertaron inquietud, de modo que en 1963 fue derrocado, siguiendo luego la invasión norteamericana (1965). Williams fue Primer Ministro de Trinidad y Tobago (1962-1981) después de la proclama de independencia de la isla (1962) y también fue anti colonialista.

La coincidencia de los títulos entre esos dos autores (además sus obras se publicaron en 1970) no descarta la igual coincidencia que tuvieron en múltiples interpretaciones. Siguiendo a Juan Bosch, España y Portugal triunfaban en el continente haciéndose de amplios territorios coloniales, mientras en el norte se establecían los ingleses (Estados Unidos) y en parte los franceses (Canadá); pero el Caribe fue, desde la llegada de Colón, la región de disputa entre todas las grandes potencias coloniales del mercantilismo de la época, que tampoco dudaron en establecer allí sus bases para llenar los mares con piratas, bucaneros o corsarios, que actuaron bien en beneficio propio o como intermediarios alentados y protegidos por los Estados colonialistas. Eso explica que las diversas islas de la subregión se caractericen por haber sido territorios colonizados por España, Francia, Inglaterra, Holanda y que en el siglo XX sean objetivos del “americanismo” estadounidense, que logró incorporar a Puerto Rico como “Estado Libre-Asociado”, largamente impuso sus intereses en Cuba e intervino directamente allí, como lo hizo en Centroamérica, para edificar el traspatio de su dominación.

De modo que Haití es un producto histórico de esa cadena de dramas y vorágines. En 2004 incluso revestida como intervención “humanitaria”, las NNUU crearon la MINUSTAH, que llegó a Haití y tampoco sirvió para la estabilidad gubernamental. Puerto Rico se mantiene vinculado a los EE.UU.; y el bloqueo más escandaloso de la época contemporánea sigue manteniéndose contra Cuba, a pesar de que las NNUU, en su reciente y última Asamblea (junio 2021), resolvió por 184 votos a favor y 2 en contra (EEUU e Israel) más 3 abstenciones (Colombia, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos) pronunciarse por el fin de ese bloqueo que lleva décadas (se suma a las 28 resoluciones adoptadas anualmente desde 1992, https://bit.ly/2T8Aezm), que es el causante final del estrangulamiento económico de Cuba y que origina las dificultades sociales de la isla, en la que, contrariamente a lo que se cree, es precisamente gracias al socialismo que se ha impedido un deterioro mayor.

El asesinato del presidente Jovenel Moïse en Haití, ocurrido el pasado 7 de julio (2021), nuevamente se une a los episodios del escándalo, entre miseria social e inestabilidad política, que caracteriza a una república sin paz ni desarrollo. Tampoco se trata del primer episodio y la BBC recordaba, al respecto, en un interesante artículo (https://bbc.in/36tv18e), el magnicidio de Vilbrun Guillaume Sam, ocurrido en 1915, que derivó en la intervención con los marines norteamericanos y que duró 19 años. Lo que alarma en la actualidad es que la muerte de Moïse sea obra de un comando mercenario, integrado en su mayor parte por colombianos contratados por varias compañías (https://lat.ms/3AObyNn). Un hecho inquietante para América Latina, región en la cual las luchas políticas parecen “internacionalizarse” por todos los medios. No ha habido empacho alguno en proveer de armas al régimen de Jeanine Áñez en Bolivia, un asunto que involucra a los gobiernos de Mauricio Macri en Argentina y Lenín Moreno en Ecuador (https://bit.ly/3htJo2K); no hay alarma sobre la reunión del director de la CIA con el presidente Jair Bolsonaro y su gabinete en Brasil (https://bit.ly/3k7FKx8) y la abierta preocupación despertada por la “ola progresista” (https://bit.ly/3yLYXIY).

Desde luego, también se conforma plenamente una “internacional neoliberal”, impulsada por Mario Vargas Llosa a través de la “Fundación Internacional para la Libertad” (https://bit.ly/3yPwHVR) que logró reunir, hace poco, a reconocidas figuras políticas y también a los presidentes Iván Duque (Colombia), Sebastián Piñera (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Lacalle Pou (Uruguay), bajo la predisposición de frenar la “pandemia populista” (https://bit.ly/3e2vD8P).

Blog del autor: http://www.historiaypresente.com/haiti-miseria-y-politica-en-el-caribe/#prettyPhoto/0/

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Trabajadores latinoamericanos y derechos laborales del siglo XXI

Por: Juan J. Paz y Miño Cepeda

La región ha logrado asimilar las tecnologías de la 3-RI y de la 4-RI en los tiempos actuales, pero en forma contradictoria, pues la modernización solo ha operado en sectores limitados.

En general, se reconocen cuatro revoluciones industriales (RI): la primera, a mediados del siglo XVIII (Inglaterra), con la que se inició el régimen capitalista, se basó en la máquina de vapor, aplicada especialmente a la producción textil, la minería, el transporte (ferrocarriles y vapores) y en parte la agricultura.

La segunda, a fines del siglo XIX y comienzos del XX (EEUU y Europa), asociada al desarrollo del imperialismo, se basó en la electricidad y los derivados del petróleo, trasformó no solo las fábricas, sino toda la vida social, particularmente con automóviles, aviones, electrodomésticos, teléfonos, radio, periódicos impresos en rotativas y más tarde televisión.

La tercera (sobre todo EE. UU.), a mediados del siglo XX, nacida de la energía atómica y la extensión de la electrónica y la informática, igualmente alteró las sociedades mundiales y repercutió sobre amplias esferas del trabajo y de la vida cotidiana, especialmente con la difusión de los computadores.

La cuarta (nuevamente los EE. UU. a la cabeza) es reciente, vinculada al avance del siglo XXI y basada en una gama de desarrollos de la inteligencia artificial (AI), el internet de las cosas (IoT), robótica, realidad aumentada y virtual, “Big Data”, “fábricas inteligentes”, impresiones 3D y 4D, nanotecnología, biogenética.

Por su condición de región subordinada al desarrollo del capitalismo mundial y, además, porque las estructuras internas permanecieron como “pre-capitalistas” hasta bien entrado el siglo XX, caracterizándose permanentemente como zona primario-exportadora, América Latina no generó ninguna revolución industrial, de manera que lo que hizo es aprovechar de los avances originados en los países centrales para traerlos, aplicarlos y adaptarlos al desarrollo de su industria y sus tecnologías.

Con distintos ritmos, países como Argentina, Brasil o México, ya iniciaron su industrialización desde fines del siglo XIX, mientras los más “atrasados” (Bolivia, Ecuador, otros centroamericanos) apenas tenían unas contadas industrias hasta inicios de la década de 1960, cuando todavía predominaban las haciendas, los latifundios o las plantaciones basadas en relaciones de servidumbre y no en el trabajo asalariado típicamente capitalista.

La región ha logrado asimilar las tecnologías de la 3-RI y de la 4-RI en los tiempos actuales, pero en forma contradictoria, pues la modernización solo ha operado en sectores limitados, ha provocado mayores diferencias productivas y ha agudizado diferencias sociales y laborales, porque lo común en América Latina es la existencia de reducidos sectores propiamente proletarios (obreros fabriles), diversificados trabajadores en el sector de servicios (comercio, bancos, infraestructuras, educación, salud, seguridad, profesionales), numerosos “informales” y subocupados, junto con amplios sectores de desocupados.

En el marco de ese panorama general, las organizaciones obreras o de trabajadores, nacieron y se fortalecieron en asocio a las demandas tradicionales generadas por los avances de la 1-RI y de la 2-RI en los distintos países. Conquistar una legislación laboral favorable fue el espacio de su actuación y de sus luchas. De modo que gracias al sindicalismo y a las organizaciones tradicionales de los trabajadores fue posible conquistar códigos del trabajo, que garanticen el principio pro-operario, así como los derechos a la jornada máxima, salario mínimo, contrato individual y colectivo, seguridad social, indemnizaciones, sindicalización, huelgas y garantías específicas para las mujeres trabajadoras.

Pero se han quedado cortas las reivindicaciones, demandas y luchas por nuevos derechos laborales, que exigen los procesos de expansión y asimilación de la 3-RI y de la 4-RI. Además, la pandemia del Covid-19 potenció, en forma rápida, los productos de la 4-RI, obligando al nacimiento de formas de trabajo inéditas: teletrabajo o Smart-working, provisión de bienes y servicios a domicilio (“uberización”), labores semi presenciales, tele-oficinas, horarios variados y flexibles, jornadas intermitentes o parciales. Hasta se ha creado un lenguaje económico y social que trata de conceptualizar las nuevas situaciones, a menudo en forma engañosa: Plattform Capitalism, Gig Economy, Economy on Demand, Intelligent Manufacturing System, Ciberusina, Smart-Cities, Cebots, Machine Learning…

La mayoría de los países latinoamericanos están lejos de llegar a los niveles del espectacular desarrollo de la 4-RI que demuestran empresas como Google, Amazon, Uber o Apple, pioneras en el mundo. La región carece de capas empresariales o de líderes innovadores capaces de lograr revoluciones semejantes. Simplemente asumen tecnologías extranjeras o desarrollan aplicaciones a las que bautizan como “innovaciones”.

Pero, además, en la región las dirigencias y organizaciones de trabajadores tampoco se han mostrado ágiles para las nuevas conquistas de derechos ante el avance bien sea limitado o bien sea amplio, de las nuevas cyber-tecnologías, del “capitalismo inteligente”. No hay idea sobre los trabajos del “futuro” (como White-hackers, Growth-hackers, expertos en IA o también en IoT, desarrolladores de sistemas, diseñadores robóticos, etc.).

En América Latina, en medio de la pandemia del Coronavirus, se afirmaron sectores empresariales que están aprovechándose del trabajo a casa sin límites horarios y en cualquier momento, lo que merece demandar el derecho a la desconexión, que en Europa ya se implementa. Informes, como el del Banco Mundial en 2016 calculan que la 4-RI desplazará a cientos de miles de trabajadores, reemplazados por robots, máquinas inteligentes y drones.

Por eso, igualmente en Europa se discute y se avanza en el derecho a una renta básica universal, apenas pensada en reducidos círculos intelectuales de América Latina.

Mientras los capitalistas de la nueva era hablan de “jornada emocional” y de “salarios emocionales”, particularmente atribuibles a los jóvenes, que supuestamente no desean ni jornadas fijas, ni salarios obligados, los gobiernos conservadores, empresariales y neoliberales quieren ajustar los códigos del trabajo ya existentes a las nuevas realidades, pero arrasando con los derechos históricos conquistados por décadas de movilización social.

De modo que las organizaciones de trabajadores se ven en la obligación de defender los derechos logrados, pero también están forzadas a entender las nuevas dinamias del trabajo y, por tanto, a generar las nuevas garantías y derechos para esos nuevos trabajos.

Los trabajadores “uberizados”, los trabajadores “emocionales” (también se los llama “knowmads” o knowledge nomads), no tienen seguridad social, por lo que se acentúa el derecho a la seguridad social universal pública; los trabajadores ya no se concentran en grandes fábricas, como para afirmar las luchas colectivas en sindicatos, porque se extiende el trabajo individualizado y autónomo, sin salarios mínimos ni jornadas máximas.

Con mayor razón, es necesario crear más garantías para estos trabajadores, utilizados por capitalistas que ya no asumen riesgos laborales propios, sino que contratan “servicios” por horas, tareas u objetivos predeterminados. Su rentabilidad se ha vuelto más “fácil” y se multiplica.

Como nunca antes, las condiciones contemporáneas creadas por las revoluciones industriales del siglo XX y particularmente la 4-RI, imponen una triple necesidad histórica: uno, Estados fuertes, capaces de garantizar los derechos individuales, laborales, colectivos, ambientales y creen la renta básica universal; dos, urgente redistribución de la riqueza, a fin de que ella no se siga concentrando en unas elites capitalistas que ahora superexplotan a “trabajadores emocionales”, al mismo tiempo que se liberan de responsabilidades frente a jornadas, salarios y seguridad social ultraflexibles; tres, fuertes impuestos a las capas ricas, un asunto que han comenzado a ver los EEUU y Europa, que ahora se deciden a incrementar impuestos a las grandes corporaciones y se fijan en los paraísos fiscales, donde se evaden impuestos.

Fuente:  https://www.alainet.org

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América Latina y El Caribe – Bicentenarios independentistas: historia siempre viva

Bicentenarios independentistas: historia siempre viva

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda 

México y Perú fueron el centro de dos poderosas civilizaciones indígenas: los aztecas en México y los incas en Perú.

La conquista española fue brutal en ambos territorios (México 1519; Perú 1532), con la destrucción de ciudades, templos y edificaciones, el derrumbe de las economías y sociedades nativas, la muerte de millones de habitantes aborígenes, el sometimiento despiadado -con la cruz y la espada- de los pobladores, cuyas resistencias y luchas fueron vencidas, sin contemplaciones.

En plena época colonial, México fue sede del Virreinato de Nueva España (1535), el primero en constituirse y que prácticamente abarcó a Centroamérica; mientras el segundo, el Virreinato del Perú (1542), fue el eje de amplias regiones sudamericanas. Las dos entidades fueron polos de poder político centralizado, en los que la población indígena siempre fue numerosa. Tanto México como Lima, las capitales virreinales, concentraron la riqueza, el boato y la primacía de la cúpula de familias de “blancos”, profundamente aliados a la Corona.

Cuando en 1808 se produjo la invasión de Napoleón a España y Portugal, se alteraron las bases del poder colonial. Mientras la corte portuguesa se trasladó a vivir en Brasil, los criollos de las regiones españolas, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, no solo quedaron impactados por la prisión del rey, sino que se preguntaron a quiénes respondían las autoridades locales, si a la auténtica corona de España o al invasor francés. Y así como en la “madre patria” se formaron juntas que asumieron la resistencia y la fidelidad a “nuestro amado Fernando VII”, en las colonias americanas empezaron las reuniones conspirativas para desconocer a las autoridades y reivindicar la soberanía de los pueblos frente a los usurpadores franceses.

En 1809, en Chuquisaca y La Paz (en el Alto Perú, hoy Bolivia) estallaron las primeras revoluciones autonomistas y, al propio tiempo, fidelistas (ya que proclamaron su fidelidad al rey); pero también en Quito, el 10 de agosto de ese mismo año, se produjo la pionera rebelión autonomista, que instaló una Junta Suprema que, si bien reivindicó la autoridad legitima de Fernando VII, se constituyó, por haber logrado el primer gobierno criollo y soberano en esta Audiencia, en el movimiento que arrancó el largo proceso de la independencia del Ecuador. Por eso Quito fue considerada en Chile como “Luz de América” y su revolución (1809-1812) fue, sin duda, el Primer Grito de Independencia en el país.

Sin embargo, en México el proceso tuvo grandes diferencias. Se inició un año más tarde que la Revolución de Quito. Para septiembre de 1810 ya había un grupo de conspiradores en movimiento; y el 16 de septiembre, el cura Miguel Hidalgo aprovechó de la misa para levantar la revolución (“Grito de Dolores”). Se convirtió en un movimiento de campesinos e indígenas, de modo que en México la rebelión fue auténticamente popular (en Haití, en 1804, la primera independencia latinoamericana, fue obra de esclavos, negros y mulatos), lo que provocó la asustada alineación de los criollos y “blancos” en la defensa de la autoridad legítima, listos para frenar a semejante plebe. Vencido Hidalgo (además fusilado y decapitado) al año siguiente, la revolución siguió bajo el liderazgo de otro cura: José María Morelos, igualmente vencido (y fusilado) en 1815. Resurgirá la lucha en 1817; pero solo con el “Plan de Iguala” (1821) se logró unificar fuerzas hasta vencer definitivamente a los realistas el 27 de septiembre de 1821. Con la entrada rebelde a la ciudad de México, quedó sellada la independencia del país.

Perú fue, en cambio, el último reducto de la resistencia virreinal ante el avance independentista en Sudamérica. El proceso tuvo sus complejidades, pues si bien José de San Martín llegó a tomar Lima e incluso se proclamó la independencia (28 de julio de 1821), las autoridades españolas aún no estaban sometidas, sino retiradas estratégicamente. Después de la conferencia de Guayaquil entre San Martín y Simón Bolívar (1822), fue preciso realizar la campaña final, que quedó bajo la dirección de Bolívar. Gracias a las batallas de Junín y Ayacucho (1824) se aseguraron las definitivas independencias de Bolivia y del Perú, con lo cual terminó el virreinato.

De manera que, recordando esas historias de las respectivas gestas patrióticas, México y Perú celebran, este 2021, el bicentenario de sus independencias. Prácticamente algo más de una década atrás, se conmemoraron las independencias de la mayoría de países latinoamericanos que, para entonces, conformaron el “Grupo Bicentenario”: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, República Dominicana, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela, más los delegados de Cuba, Guatemala, Haití, Honduras y Perú.

La celebración de los bicentenarios de hace una década, coincidió con el primer ciclo de los gobiernos progresistas de América Latina, por lo cual las condiciones de aquel momento fueron propicias para dar al proceso independentista el significado histórico preciso: se trató de un acontecimiento de enorme significación mundial, pues implicó la derrota del colonialismo como sistema mundial, en los albores del capitalismo. Asia y África solo se liberarán del coloniaje en el siglo XX. Además, la existencia de gobiernos progresistas igualmente movilizó una clara conciencia latinoamericanista, de modo que podía entenderse la continuidad de las luchas por la soberanía del pasado al presente, es decir, de aquella que hace doscientos años se libró contra el colonialismo europeo y la que hoy se libra contra las fuerzas imperialistas, que siguen tratando de mantener el control sobre las economías y sociedades latinoamericanas.

En nuestros días, la región no tiene las mismas orientaciones del pasado inmediato. Hegemonizan gobiernos conservadores, dominan las políticas de las derechas, predominan los intereses de las elites económicas empresariales. En consecuencia, se han dejado a un lado los principios de independencia, soberanía y dignidad, para dar prioridad a conceptos como competitividad, mercado libre y emprendimiento individual. La celebración de los bicentenarios en México y Perú luce aislada y sin el concurso de la unidad latinoamericana en los festejos por ideales comunes, que si estuvieron presentes durante la primera ola de las conmemoraciones bicentenarias.

Cierto es que durante aquellos festejos también surgieron polémicas. Hubo sectores que cuestionaron los bicentenarios de independencias que instalaron poderes criollos, sin alterar las herencias coloniales de las desigualdades y que construyeron repúblicas oligárquicas. Se olvida un hecho esencial: el gran bien histórico de las independencias fue la liberación contra el coloniaje. Y solo eso ya merecía las conmemoraciones, por ser un hecho de trascendencia mundial en el largo camino a la liberación social, que quedó como tarea para las repúblicas inmediatamente fundadas.

Hoy, los bicentenarios independentistas en México y Perú provocan otras polémicas. En México, arqueólogos e historiadores han cuestionado la forzada conmemoración oficial de los 700 años de la ciudad de México, que uniría la fundación de Tenochtitlán con la celebración de la independencia en 2021. Para los científicos sociales, no hay base para sustento de tal conexión, ya que la antigua ciudad aborigen fue fundada en 1325. Y, en cambio, en Perú, en pleno año bicentenario, aparecen segmentos sociales que se conmueven ante la posibilidad de que en las próximas elecciones presidenciales (5 de junio) triunfe Pedro Castillo, un maestro popular, contra quien se han lanzado las mismas fuerzas que en toda la región están dispuestas a la guerra de clases, con tal de que se impida el triunfo de candidatos que no representen a las elites empresariales neoliberales y a las derechas políticas y mediáticas que les auspician. En Perú, el presidente que se elija empezará sus funciones el 28 de julio, la fecha patria. En Ecuador, el flamante presidente Guillermo Lasso asumirá su cargo el 24 de mayo, día de la Batalla del Pichincha de 1822, que selló la independencia definitiva del país.

Blog del autor: http://www.historiaypresente.com/

Fuente de la Información: https://rebelion.org/bicentenarios-independentistas-historia-siempre-viva/

 

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