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Revolución Juliana en Ecuador: derrota de la plutocracia

Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda 

A la distancia de casi un siglo, todavía hay sectores que consideran a la Revolución Juliana como una intervención abusiva contra la empresa privada e incluso “ignominiosa” para Guayaquil.

Este 9 de julio se recordó en Ecuador a la Revolución Juliana de 1925 y a los gobiernos de su ciclo histórico, que comprendió dos Juntas provisionales hasta marzo de 1926 y, de inmediato, el gobierno de Isidro Ayora (1926-1931). Existe ahora una amplia bibliografía sobre el tema. Y en numerosos artículos, así como en varios libros, he abordado el tema a fin de entender tanto las lógicas históricas de aquel proceso, como su significado, alcances y límites (https://bit.ly/3RljQof).

La Revolución fue preparada por la Liga Militar de jóvenes oficiales. Fue el primer golpe de Estado institucional de las fuerzas armadas en la vida del país (realmente del ejército); pero los militares no tomaron directamente el poder ya que prefirieron encargar la administración del Estado a civiles, aunque bajo su tutela y respaldo. Inspirados en principios sociales (las influencias de la Revolución Mexicana y de la Rusa se extendieron y también hubo oficiales incipientemente “socialistas”) la motivación central fue anti oligárquica, pues entre 1912 y 1925, durante la “época plutocrática”, el país, en forma creciente, había caído bajo el dominio económico y político de una clase de hacendados, agroexportadores de cacao, comerciantes y, sobre todo, banqueros, que manejaron los sucesivos gobiernos a su servicio. No existían impuestos directos, tampoco legislación laboral y los míseros recursos estatales, dependientes de los préstamos bancarios privados y otros ingresos insuficientes, impedían inversiones en bienes y servicios públicos.

El ciclo juliano fue una bisagra entre el siglo XIX-histórico y el siglo XX-histórico. Inauguró el papel del Estado en la economía, a través de varias instituciones: Banco Central (BCE), Contraloría, Superintendencia de Bancos, reordenamiento del Ministerio de Hacienda; por primera vez se fiscalizó a los bancos; se estableció el impuesto sobre las rentas personales, capitales y también utilidades; hubo reformas a las aduanas y los aranceles; se trató de impulsar la industria con medidas proteccionistas; además de la creación del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, de las Direcciones de Salud y de la Caja de Pensiones, fueron dictadas las primeras leyes laborales (contrato individual, jornadas máximas y descansos obligatorios, trabajo de mujeres, desahucio, jubilaciones, accidentes del trabajo), consagrados y ampliados por la Constitución de 1929 que, además, estableció los primeros lineamientos de algo parecido a una reforma agraria; fue reformada la educación secundaria y universitaria; pero se quedó corta la inversión pública, en una coyuntura desfavorable por la crisis del cacao, otrora el primer producto en las exportaciones del país. El julianismo ecuatoriano abrió el espacio político de la izquierda, por lo que pudieron fundarse el Partido Socialista (PSE, 1926) y el Comunista (PCE, 1931). Y sentó las bases para el largo proceso de superación del régimen oligárquico, que solo se logró durante las décadas de 1960 y 1970. También es posible compararlo con movimientos de oficiales jóvenes como el que se produjo en Chile (1924) o con el Tenentismo en Brasil (1922-1927); pero está más identificado con los “populismos” clásicos que las ciencias sociales latinoamericanas han destacado en Brasil con Getulio Vargas, México con Lázaro Cárdenas o con la Argentina de Juan Domingo Perón. Sin duda la Revolución Juliana es el primer intento por crear una economía social, que incluso se anticipó, en buena parte, a las políticas del New Deal implementadas por el gobierno de F. D. Roosevelt (1933-1945) en los EEUU.

Las oligarquías ecuatorianas de la época y particularmente los banqueros, poco identificables como burguesías capitalistas en ascenso, reaccionaron en contra de los julianos. En Guayaquil, durante la primera junta, se dijo que “los serranos” querían llevarse el oro de la Costa y llegaron a organizarse “guardias cívicas” para defender la propiedad privada bajo los gritos de “Guayaquil independiente”. Según Luis N. Dillon, presidente de la primera junta provisional, el país estuvo al borde la guerra civil. Fue resistida la creación del BCE, fustigado el impuesto a las rentas -aunque pronto se aprendió a evadirlo- y continuaron las prácticas explotadoras del trabajo. Como no hubo continuidad del “modelo” juliano ni de sus políticas, entre 1931 y 1948 Ecuador pasó a vivir un ciclo de inestabilidad impresionante, con la sucesión de una veintena de gobiernos, aunque la corta dictadura del general Alberto Enríquez Gallo (1937-1938) retomó los ideales julianos y expidió el Código del Trabajo. Pero también, rápidamente, los grupos dominantes aprendieron a captar las instituciones julianas y a volcarlas a su servicio.

A la distancia de casi un siglo, todavía hay sectores que consideran a la Revolución Juliana como una intervención abusiva contra la empresa privada e incluso “ignominiosa” para Guayaquil. Si se examinan las demandas de los grupos de poder económico y empresarial en el Ecuador del presente, podrá advertirse que el neoliberalismo como eje ideológico de sus planteamientos, disfraza los viejos ideales oligárquicos de la “época plutocrática” pre-juliana y que bien podrían esquematizarse en una serie de consignas: no al Estado, no a los impuestos, no al trabajo regulado, a las cuales se suman ahora: si al extractivismo, si a los tratados de libre comercio y si a las tan anheladas “privatizaciones”. Desde 2017 esos ideales fueron revividos bajo el manto de un modelo de economía empresarial-neoliberal -y ahora nuevamente plutocrática- que se supone como avanzada y moderna para el siglo XXI, que el país ya experimentó durante las décadas finales del siglo XX e inicios del XXI. Las consecuencias eran previsibles, de modo que en los últimos cinco años se ha reconcentrado la riqueza, incrementó la polarización social, así como la conflictividad derivada del deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la población, e incluso se han visto afectadas la institucionalidad del Estado y la vida democrática.

En el trasfondo descrito, Ecuador experimentó dos movilizaciones indígenas y populares en octubre de 2019 y julio de 2022, que desafiaron la marcha neoliberal del país. Tal como ocurriera durante la primera época plutocrática, desde el Estado se respondió con represión y criminalización de las protestas. Es incierto el camino futuro, actualmente sujeto a un férreo bloque de poder en cuyas filas han aparecido sectores clasistas y racistas. Sus élites económicas no están dispuestas a ceder en el modelo de economía que tanto les beneficia. En todo caso, tan solo dentro de tres años, Ecuador y sus fuerzas armadas seguramente celebrarán el centenario de una revolución que no solo dio continuidad a la Revolución Liberal Radical (1895), sino que se inspiró en ideales sociales y progresistas, que distinguieron un ciclo significativo para la historia contemporánea del país.

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«Guerra justa» contra los indios

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda 

Ante la movilización indígena que vivió el Ecuador desde el 13 hasta el 30 de junio de 2022, las expresiones de la vieja colonialidad, expresiones de la vieja colonialidad, que se creían superadas, han vuelto a hacerse presentes.Se trata de un fenómeno también presente en otros países latinoamericanos.

La conquista española en América encontró sociedades aborígenes en distintos grados de desarrollo. Los aztecas en Centroamérica y los incas en Sudamérica fueron las mayores civilizaciones. Abundan los estudios etnohistóricos sobre las comunidades nativas en ambas regiones, fundamentadas en vida y recursos comunes, bajo relaciones de reciprocidad. Los conquistadores, en cambio, buscaron constituir señoríos de tipo feudal, apropiándose de tierras y subordinando a las comunidades. Chocaron dos visiones culturales, pero finalmente triunfaron los “blancos”, tras librar una guerra brutal, destructiva y sin contemplaciones.

Durante la época colonial, la sociedad fue dividida en castas y los últimos estratos de la pirámide pertenecieron a los indios y a los negros esclavos. La vida comunitaria indígena logró mantenerse incluso porque sirvió para la sobrevivencia de todos sus miembros ante la continuidad y extensión de la toma de tierras, la apropiación de minas y el redoblamiento de distintos mecanismos de explotación del trabajo. Así quedaron marcados los cimientos de la diferenciación entre blancos dominantes, con una cúspide de familias terratenientes ricas, frente a la enorme masa de pobladores pobres, entre quienes los indígenas vivían en condiciones miserables.

Muy tempranamente se discutió sobre la naturaleza de los aborígenes y se concluyó que sí eran humanos. El problema, entonces, fue si la guerra y el sometimiento eran “justos”. La respuesta fue el Requerimiento (1512), documento que “legalizaba” la conquista si los aborígenes se resistían al cristianismo. Sin embargo, el fraile dominico Bartolomé de las Casas (1484*-1566), quien había pasado largo tiempo en tierras americanas, logró denunciar ante el rey las atrocidades de la conquista y la terrible condición de las poblaciones sometidas. Gracias a ello, en España se expidieron las Leyes Nuevas (1542), que regularon el trabajo indígena a fin de evitar abusos y, sobre todo, suprimieron la encomienda de servicios (asentada sobre las ancestrales relaciones de reciprocidad comunitaria de los indígenas), que permitía el aprovechamiento del trabajo en beneficio del encomendero, a cambio de su protección y evangelización. Esas Leyes ocasionaron el “general incendio” en América. El conquistador Gonzalo Pizarro levantó a los encomenderos (1544), desconoció al virrey Blasco Núñez Vela y con su ejército lo derrotó en Quito, en la famosa batalla de Iñaquito (1546). Por primera vez, los partidarios del “Gran Gonzalo”, su “caudillo libertador”, plantearon independizarse para formar un reino aparte. Sin embargo, llegó “el pacificador” Pedro de la Gasca, quien finalmente liquidó la “rebelión de los encomenderos”, derrotando a Pizarro en Jaquijahuana (1548).

La polémica sobre la conquista adquirió magnitud filosófica y teológica. Otro sacerdote, Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573) había opinado sobre la “guerra justa” para defender la conquista y sus ideas se difundieron. Escribió una obra titulada Democrates alter, sirve De justis beli causis contra indios, cuya publicación no fue autorizada en su época, de modo que se la conoció tan tarde como en 1892. De modo que en 1550 se convocó a la Junta o Controversia de Valladolid (se extendió hasta 1551) que, con la presencia de miembros del Consejo de Indias, del de Castilla, varios teólogos y un delegado papal, se realizó en el Colegio de San Gregorio. Su propósito fue el debate de las tesis de Las Casas y de Sepúlveda. Las Casas destacó la vida indígena, denunció ampliamente las barbaridades cometidas durante la conquista, la ruina en que habían quedado las poblaciones, los abusos, excesos y formas de explotación sobre el trabajo, la humillación y la miseria que agobiaba a estos seres humanos y la necesidad de protegerlos (su Brevísima relación de la destrucción de las Indias fue publicada después, en 1552). Sepúlveda, quien jamás estuvo en América, defendió la “guerra justa” sobre poblaciones idólatras, a las que era necesario imponer el evangelio; consideró que los sacrificios rituales y el canibalismo tenían que ser erradicados; que el sometimiento era benéfico para transformar las almas y desechar costumbres bárbaras, que no provenían de la perversidad sino de la falta de conocimiento sobre la verdadera religión; y que los indios debían ser tratados como menores de edad, a los cuales había que conducir y vigilar. Desde luego, es imposible resumir aquí la riqueza y magnitud de ese debate. Por primera vez un imperio colonial encaraba su propia expansión. Las Casas se constituyó en el primer defensor público de los indígenas, Sepúlveda en el gran defensor de la conquista y el coloniaje. Pero nunca se expidió un fallo o dictamen final, de carácter oficial.

Casi cinco siglos más tarde de aquellos acontecimientos, ante la movilización indígena que vivió el Ecuador desde el 13 de junio hasta el día 30 del mismo mes (2022), las expresiones de la vieja colonialidad (término empleado por un amplio sector de investigadores sociales), que se creían superadas por la vida republicana y el progreso contemporáneo de la democracia, han vuelto a hacerse presentes. Se trata de un fenómeno igualmente vivido en otros países latinoamericanos donde existen comunidades indígenas y particularmente en México, Guatemala, Bolivia y Perú. El clasismo y el racismo fueron manifiestos pocos años atrás, durante la crisis política (2019) que vivió Bolivia. Se produjeron escenas traumáticas, porque los “indios de mierda” (con esas palabras se les trató) fueron humillados, perseguidos y reprimidos con barbaridad conquistadora. Durante el paro nacional reciente en Ecuador (pero también mucho antes, en el de octubre de 2019 y aún más atrás, desde la primera marcha indígena de 1990) indígenas y pobladores movilizados recibieron furibundos ataques. Lo más grave es que también provienen de las esferas oficiales del Estado. Enfilaron contra los “vagos”, “violentos”, “terroristas”, “salvajes”, “manipulados”, “golpistas”, “mariateguistas”; se llegó a decir que el “narcotráfico” los financiaba, que los “correístas” les patrocinaban y que habían llegado a Quito para destruir, saquear e incendiar. En la ciudad hubo manifestaciones “por la paz” en las que se gritó contra “los indios hdp” y sus dirigentes. La “guerra justa” de la represión, quedó en manos del “uso progresivo de la fuerza”, que se lanzó en varios barrios populares y en forma desalmada contra indígenas y pobladores que demandan justicia económica y mejor vida (circularon numerosos videos en redes sociales), mientras sectores “blancos” clamaban porque les “metan bala”. Todos demostraron carecer de comprensión y conocimientos sobre el mundo indígena y su historia.

La conflictividad y la polarización social que ha ocasionado la cultura del privilegio en favor del bloque de poder hegemónico en Ecuador, y que ha sido cultivada por el fanático interés de quienes desde hace cinco años revivieron un modelo de economía empresarial-neoliberal y ahora plutocrática, que solo ha demostrado consecuencias nefastas en América Latina, no tiene perspectivas de solución en el largo plazo. Si bien se logró un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones indígenas encabezadas por la CONAIE, el tema profundo del clasismo y del racismo entre elites ecuatorianas quedó intacto y se ha transformado en obstáculo para la edificación de una sociedad basada en los principios constitucionales de igualdad, democracia y Buen Vivir.

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América Latina y el Caribe: Cumbre de las Américas ¿entre «amigos»?

Cumbre de las Américas ¿entre «amigos»?

Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

El primer paso en la constitución de un sistema internacional continental alentado por los EE.UU. fue la Primera Conferencia Interamericana de 1890, que creó la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, transformada en 1910 en Unión Panamericana y en 1948 convertida en Organización de Estados Americanos (OEA).

Durante los procesos independentistas latinoamericanos de las primeras décadas del siglo XIX la Doctrina Monroe (1823), esquematizada en la frase “América para los americanos”, tuvo un doble propósito: de una parte, frenar cualquier intento europeo de reconquista de las antiguas colonias en el continente; de otra, asegurar los intereses comerciales de los EE.UU. en los nacientes países. Pero tal doctrina se transformó en una norma de conducta unilateral para imponer una geoestrategia continental siempre favorable a los EE.UU. Paradójicamente, durante el siglo XIX, las relaciones económicas predominantes entre la mayoría de países de América Latina fueron con Europa.

Al comenzar el siglo XX, al compás del despegue de la expansión norteamericana, el monroísmo justificó tanto intervenciones directas en Centroamérica o el Caribe, como las acciones para alinear los países de la región a los intereses de las empresas estadounidenses y de la política exterior del gigante país. El primer paso en la constitución de un sistema internacional continental alentado por los EE.UU. fue la I Conferencia Interamericana de 1890, que creó la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, transformada en 1910 en Unión Panamericana y en 1948 convertida en Organización de Estados Americanos (OEA).

La OEA fue el instrumento de la Guerra Fría en América Latina a raíz de la Revolución Cubana (1959). Por sobre sus principios y declaraciones, con la directa acción de la CIA, durante la década de 1960 fueron derrocados varios gobiernos constitucionales en la región e instauradas dictaduras militares. Las más refinadas dictaduras anticomunistas, que establecieron Estados terroristas, con permanentes violaciones de derechos humanos, fueron las del Cono Sur, en la década de 1970. Sin embargo, la OEA no actuó para sancionarlas o apartarlas del sistema interamericano, como si ocurrió con Cuba en 1962. A pesar de ello, el programa Alianza para el Progreso (ALPRO), impulsado por John F. Kennedy (1961-1963), si bien, de una parte, respondió al macartismo reinante, de otra coadyuvó al desarrollismo latinoamericano, que posibilitó liquidar los sistemas oligárquicos y las estructuras precapitalistas, para despegar la definitiva modernización capitalista.

En Ecuador, si no era por la ALPRO y la anticomunista Junta Militar (1963-1966), no se habría realizado la reforma agraria, con la cual se liquidó el tradicional sistema hacienda que estranguló toda la vida republicana y convirtió al país en uno de los más atrasados y subdesarrollados del continente. El intervencionismo estatal solo entonces permitió el despegue de la industria y del empresariado capitalista en el país.

La década de 1980 rompió la vía desarrollista. Tanto la nueva política económica internacional inaugurada por Ronald Reagan (1981-1989), orientada como vía a seguir en América Latina, así como los condicionamientos del FMI sobre la deuda externa y desde 1990 el decálogo del “Consenso de Washington”, introdujeron el neoliberalismo. Desde entonces, el sueño de “mercados libres” y empresas privadas rectoras de la economía, ha pasado a formar parte de la ideología de las derechas políticas y económicas de la región, encabezadas por las elites empresariales más ricas y oligopólicas.  Con el propósito de reforzar y “continentalizar” el aperturismo globalizador, nuevamente, bajo impulso de los EEUU, se convocó en Miami, en diciembre 1994, la primera Cumbre de las Américas. El documento oficial hace énfasis en el “libre comercio” y la “comunidad de democracias” de las Américas, vinculada a la OEA (https://bit.ly/38Zzu7g). Fue el camino diplomático para acoger el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), un acuerdo logrado en Los Ángeles, en julio.

Sin embargo, el nacimiento del ALCA fue frustrado por la Cumbre de los Pueblos, reunión paralela a la IV Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata, Argentina, en 2005. Allí los presidentes Hugo Chávez (Venezuela), Néstor Kirchner (Argentina) e Inácio Lula da Silva (Brasil) frenaron el ALCA. En cambio, impulsaron MERCOSUR, UNASUR y CELAC (Venezuela también el ALBA). Años después, Rafael Correa, presidente del Ecuador, anunció que no asistiría a la VI Cumbre (Colombia, abril 2012) si se excluía a Cuba, una posición asumida igualmente por los países del ALBA, que obligó a la presencia de Cuba en la VII Cumbre (Panamá, 2015). Fue el punto de partida para el inicio de conversaciones con los EEUU, que desembocaron en la apertura diplomática entre los dos países, incluyendo la histórica visita de Barack Obama a La Habana (marzo, 2016), un proceso revertido por el presidente Donald Trump (2017-2021), en una época de predominio de gobernantes conservadores y neoliberales en América Latina.

La convocada IX Cumbre de las Américas, a realizarse en Los Ángeles, EEUU, en junio 2022, proyecta el posible retorno del viejo y tradicional americanismo monroísta. Esta vez, los EEUU excluirían a Cuba, Nicaragua y Venezuela (https://bit.ly/3P76M4U). Ha sido Manuel López Obrador, presidente de México, el primero en cuestionar este comportamiento (https://bit.ly/3slcjed). También los países del CARICOM podrían no asistir a la Cumbre si se excluye a Cuba y se persiste en reconocer a Juan Guaidó como “presidente” de Venezuela (https://bit.ly/390kDcp). Es de esperar que los países latinoamericanos con gobiernos progresistas hagan lo mismo, porque los gobiernos conservadores y empresariales se subordinarán a la política exterior de los EE.UU.

Pero esta nueva Cumbre tiene un elemento particular a considerar: el problema de Ucrania. Es previsible que el “americanismo” intente moverse por la alineación continental a favor de los EE.UU. y la OTAN. Es una geoestrategia en la confrontación entre las grandes potencias, realmente ajena a los países latinoamericanos, que ya se han visto afectados con las sanciones contra Rusia. En esa posible perspectiva continentalista el “enemigo” no solo es Rusia, sino, ante todo, China. El resultado conduciría a frenar las posibilidades económicas soberanas de América Latina con otras regiones del mundo, que no son sus “enemigos”. Además, América Latina es una región de paz y, por tanto, no tiene razones para alinearse con ninguna de las potencias que juegan sus propias geoestrategias. Tiene que exigir la paz en una guerra inconcebible y abogar por un americanismo de nuevo tipo, capaz de convertirse en una fuerza mundial por la paz y las variadas democracias del siglo XXI, respetando el multilateralismo en nacimiento y la multiculturalidad del mundo, en el que no cabe que ninguna potencia se atribuya poseer la vía verdadera y única para la construcción del bienestar humano.

Quizás en los EE.UU. las elites del poder puedan comprender las nuevas dimensiones de la historia del siglo XXI y comprometerse en un nuevo programa para el desarrollo de América Latina, sobre la base de descartar el neoliberalismo, tan nefasto para la región. Las experiencias históricas durante las cuatro pasadas décadas, podrían ser asimiladas de una manera distinta, a fin de que los EE.UU. contribuyan seriamente a reforzar procesos de economías sociales, con fuertes capacidades estatales, altos impuestos a las capas ricas, bienes y servicios públicos de calidad (educación, salud, medicina, seguridad social, infraestructuras), que se han demostrado eficaces, en el marco del propio capitalismo latinoamericano contemporáneo, para dar soluciones estructurales a la economía, con mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo para sus poblaciones.

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Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/cumbre-de-las-americas-entre-amigos/

 

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Privatización del tiempo laboral

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

Esta verdadera privatización del tiempo laboral, nueva e inédita en la historia latinoamericana contemporánea, seguramente convertirá a Ecuador en el primer país de la región que arrasa con la conquista mundial de 8 horas de jornada diaria máxima.

Desde la década de 1980, América Latina experimenta un persistente avance de la flexibilización laboral de la mano de gobiernos neoliberales, que ha destruido derechos históricamente alcanzados, para favorecer exclusivamente a las empresas. Se supone que los altos beneficios empresariales logrados e incluso el retiro o achicamiento de los Estados y la revisión de impuestos a favor de los inversionistas, levantarían el empleo y mejorarían la calidad de vida general. Nada de eso ha ocurrido en los países que han adherido a semejantes conceptos, a pesar de las aceleradas modernizaciones capitalistas, porque el cuadro del desempleo y la miseria, mientras sigue concentrándose la riqueza en forma imparable, incluso se agravó durante la pandemia del Coronavirus, conforme lo demuestran los estudios anuales de la CEPAL.

Ecuador también ha experimentado el camino flexibilizador. Durante las décadas finales del siglo XX, una elite de grandes empresarios ecuatorianos, que ha prevalecido sobre el conjunto del empresariado, ha venido desarrollando un cuadro de consignas económicas y sociales, alimentado por la difusión de la ideología neoliberal en América Latina. Sus mayores demandas han procurado extender la jornada y adaptarla a los intereses de la empresa, introducir el trabajo por horas y la tercerización laboral, suprimir recargos por horas extras y suplementarias, eliminar el reparto de utilidades, así como también la jubilación patronal y sobre todo las indemnizaciones, sujetar el salario a la “eficiencia” y estrangularlo al mínimo extremo, regular la sindicalización, los contratos colectivos y la huelga, facilitar despidos, privatizar la seguridad social. Existe suficiente documentación y publicaciones en internet que comprueban el camino seguido por las demandas laborales empresariales, además de serias investigaciones universitarias sobre el tema.

Acogiendo esas consignas, los sucesivos gobiernos de la época democrática nacida en 1979, contribuyeron a la consolidación de un modelo empresarial-neoliberal de desarrollo, bajo el cual la flexibilización laboral ganó terreno. Se llegó a tales niveles, que un amplio cuadro de reformas laborales intentadas por el gobierno de Gustavo Noboa (2000-2003) a través de la “Ley para la Promoción de Inversión y la Participación Ciudadana” fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional de la época (Resolución en firme No. 193-2000-TP). La Asamblea Constituyente de 2007/2008 también debió expedir el “Mandato 8” (RO#330-6/5/2008) para prohibir toda precarización laboral que avanzaba incontenible, un asunto acogido por la Constitución de 2008 que incluso tuvo que prohibir el trabajo por horas y el tercerizado. Pero desde 2017, con el gobierno de Lenín Moreno, el poder empresarial privado recuperó su hegemonía y la flexibilización laboral se volvió imparable, hasta desembocar en la “Ley Humanitaria” (2020), expedida con el pretexto de la pandemia Covid-19, que afectó seriamente principios y derechos laborales.

Siguiendo el mismo rumbo, el gobierno de Guillermo Lasso presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de “Ley de Oportunidades” (https://bit.ly/2Y06OoS) que incluyó diversos temas, por lo cual no se le dio trámite. Sin embargo, la Unidad Técnica-Jurídica de la Asamblea ha dejado un contundente Informe sobre las inconstitucionalidades y violaciones a los derechos de los trabajadores que contiene el proyecto (https://bit.ly/3kQHKcY). Ha sido un impase jurídico temporal. Era evidente que el gobierno persistiría, de modo que el mismo presidente Lasso anunció que librará una “batalla democrática” (https://bit.ly/3F9I0vJ) para defender su propuesta. Y es que, en estricto rigor, las disposiciones sobre el trabajo que contiene el proyecto mencionado, no ofrecen un cuadro que salga del marco de la arremetida contra los derechos laborales que proviene del sector empresarial neoliberal-oligárquico desde hace cuatro décadas, sino que lo agrava.

La novedad es doble: de una parte, se dice que con esta ley se trata de crear empleo para el 70% de ecuatorianos que carecen de empleo formal; y, de otra, se afirma que se respetarán los derechos adquiridos y fijados por el Código del Trabajo, mientras, en forma paralela, la Ley-O solo regirá para los nuevos trabajadores. De acuerdo a los contenidos de la nueva ley el resultado será igualmente doble: por un lado, 70% de ecuatorianos podrán someterse a trabajos precarizados; por otro, habrá dos códigos del trabajo para dos tipos de trabajadores, los antiguos y los nuevos, afectando, de este modo, no solo la igualdad jurídica ante la ley, sino las oportunidades para tener mejores condiciones de vida, pues los antiguos trabajadores contarán con garantías de las que, en adelante, carecerán los nuevos trabajadores.

Lo que ocurre en la coyuntura ecuatoriana corre el peligro de generalizarse en toda América Latina, pues los empresarios neoliberales y los gobiernos que los representan, están conectados e intercambian ideas y experiencias. De modo que es necesario comprender que, en cuanto a su parte laboral, la propuesta de la Ley-O tiene dos ejes fundamentales: uno, el recorte a los “gastos” que tengan que hacer los empresarios; y dos, la privatización del tiempo de trabajo (tiempo laboral).

Desde una estricta visión económica, el trasfondo del proyecto es la reducción, al máximo, de los “gastos” empresariales. Con respecto al Código del Trabajo vigente, lo que se propone es entre otros asuntos: reducción del salario (hoy es de U$ 400 mensuales); disminución en el pago por horas suplementarias o extraordinarias; sustancial reducción de indemnizaciones por terminación del contrato y por despidos; eliminación de la jubilación patronal (el Código vigente la establece para quien ha trabajado en la misma empresa durante 20 años); recuperaciones e indemnizaciones para el empleador. No hay duda que el propósito final es, exclusivamente, aumentar las ganancias y rentabilidades empresariales, a costa de estrangular a los trabajadores, sin que importe, por tanto, su bienestar humano y familiar. Basta con que tengan trabajo y algo para sobrevivir en ínfimas condiciones.

De otra parte, en América Latina se conoce perfectamente el camino privatizador de bienes y servicios públicos, pero el proyecto laboral del gobierno del presidente Lasso implica la apropiación privada del tiempo de trabajo.  En efecto, la jornada de trabajo “es la que se ejecuta dentro de un tiempo de veinticuatro horas”, de manera que deja de distinguirse la jornada diurna de la nocturna; la máxima será de 12 horas y “por regla general” no excederá de las 40 semanales, aunque “podrán ser distribuidas hasta en seis jornadas de trabajo a la semana” (excepcionalmente en 7), algo ajeno al Código vigente que establece 8 horas diarias y 40 semanales en 5 días, con obligatorio descanso sábados y domingos (con recargos al salario si se excede esos tiempos); además, puede ser parcial (1 hasta 12 horas, lo cual es una sutil introducción del trabajo por horas prohibido por la Constitución); también: “conforme lo acuerden las partes, las jornadas de trabajo pueden ser distintas unas de otras, es decir, cantidad de horas de trabajo, horarios y lugares de trabajo diferentes entre ellos”. Se contempla jornada continua de hasta 22 días (excepto sector naviero y turístico que puede llegar a 44 días), con descansos acumulables en vacaciones; de otra parte, por causas señaladas, el empleador puede reducir la jornada (y los salarios) hasta el 50%; solo cuenta el trabajo “efectivamente” realizado, de modo que los permisos médicos o por calamidad doméstica deben ser recuperados en las horas no trabajadas (o restituidas del salario); las faltas injustificadas se recuperan “en la hora y en el día” que se le indique al trabajador; se norman los períodos por maternidad y lactancia; las horas suplementarias y extraordinarias solo son las que no se contemplen en el contrato como pactadas (disminuyen los recargos al 25% y máximo 50% eliminando el 100%); los períodos de vacaciones los fija el empleador y podrán ser continuos o discontinuos; para estudios se concede 1 hora diaria; a pesar del contrato y del supuesto “derecho a la desconexión”, el patrono podrá cambiar, en cualquier tiempo, la modalidad del teletrabajo; el contrato colectivo no rige para un trabajador que pacte lo contrario con su empleador; hay contratos eventuales; aumenta el período de prueba de 3 a 5 meses y además, el contrato por tiempo definido dura mínimo 6 meses y máximo 4 años, puede modificarse y solo será indefinido cuando pase los 4 años (en el Código actual son contratos indefinidos los que pasen de 1 año); el contrato puede terminar por una serie de causas y también por “justas causas” y si son las del empleador, el trabajador deberá indemnizarle con un mes de su última remuneración.

Como puede advertirse, se pretende que el Estado deje de ser regulador del tiempo de trabajo y garante del derecho social, porque en adelante serán las empresas las que decidan, según su conveniencia, cómo se usa y distribuye la jornada. Esta verdadera privatización del tiempo laboral, nueva e inédita en la historia latinoamericana contemporánea, seguramente convertirá a Ecuador en el primer país de la región que arrasa con la conquista mundial de 8 horas de jornada diaria máxima y con descansos semanales, que se logró conquistar a raíz de la masacre obrera de Chicago en 1886, en cuyo recuerdo se conmemora (excepto en los EEUU) el 1 de Mayo como Día del Trabajo, una jornada que Ecuador la estableció en 1916, durante el gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno (RO#10-12/Sep/1916). En forma, al parecer definitiva, el dominio del capital y sus condiciones puede ganar el último terreno que le faltaba, si finalmente se aprueba la ley que, con el paso de los años, no solo regirá para los “nuevos” trabajadores sino para todos.

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VI CELAC ¿Latinoamericanismo en recuperación?

Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

Después de concluidos los procesos de independencia, empezó la construcción de los nuevos Estados latinoamericanos bajo un doble signo: la idea de unidad, para constituir grandes países e incluso lograr una sola Hispanoamérica, cuyo mayor representante fue Simón Bolívar; y la presencia de las fuerzas desintegradoras de las oligarquías regionales, que pretendieron construir republiquitas bajo su dominio.

El aislamiento entre países caracterizó la vida latinoamericana hasta bien entrado el siglo XX. Los esfuerzos efectivos para la integración regional arrancaron recién en 1960 con la ALALC y la primera oleada (Pacto Andino, 1969 y CARIFTA, 1968), a la que siguió la segunda (MERCOSUR, 1994/1995; Comunidad Andina, 1996; SICA, SIECA, AEC y entidades como SELA, OLADE, etc. y una amplia red de acuerdos pluri y binacionales).

Las integraciones económicas, pensadas exclusivamente como mercados que se abren y empresarios que los aprovechan, siempre fueron un fracaso, a pesar de los éxitos iniciales. La globalización en las décadas finales del siglo XX, acompañada por la implantación del modelo neoliberal en América Latina, arruinaron los ideales de integración entre Estados, precisamente por privilegiar tratados de libre comercio o acuerdos bilaterales. En plena globalización, los EEUU lograron impulsar la creación del ALCA (acordada en 1994 y constituida en 1998), que reunió a los países del hemisferio, excluyendo a Cuba. La resistencia a esa creación, encabezada por Hugo Chávez como presidente de Venezuela (1999-2013), llevó a crear el ALBA (2004) y a un nuevo esquema de integración que no privilegió simplemente intereses empresariales, sino de amplia repercusión social, bajo Estados soberanos. Además, nacieron dos instituciones: UNASUR (2008) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC, 2010), que integró a 33 países, incluyendo a Cuba, pero excluyendo a los EEUU.

UNASUR y CELAC crecieron y se potenciaron durante el primer ciclo de gobiernos progresistas de América Latina. Pero las circunstancias cambiaron con el “retorno” de gobiernos conservadores, empresariales y neoliberales. En 2017 se realizó la V Cumbre de CELAC, que no volvió a convocarse, hasta la reciente VI Cumbre convocada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, realizada el 18 de septiembre (2021) en México. En el intermedio, el expresidente Lenín Moreno se convirtió en artífice de la desintegración latinoamericanista, al punto de cerrar el edificio de UNASUR en Quito (septiembre 2019) y retirar la estatua de Néstor Kirchner que estuvo en su entrada.

Sin la potencialidad que en otro momento ofrecieron los gobiernos progresistas, la VI Cumbre de CELAC no alcanzó la misma dimensión del pasado. El latinoamericanismo ha sido golpeado por la posición del Canciller de Colombia, lanzado contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, pero también por el presidente del Paraguay, Marco Abdo Benítez, quien coincidió contra Venezuela, además del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, cuestionando a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Al mismo tiempo, Nicaragua se lanzó contra el gobierno de Alberto Fernández (Argentina), quien no asistió a la Cumbre, al que acusó de ser un “instrumento del imperialismo norteamericano” (https://bit.ly/3zlvTrl); y, finalmente, cuenta la ausencia del Jair Bolsonaro, presidente del Brasil, quien se retiró de la entidad en 2020. Sin embargo, el panorama del pasado se ve alterado con la presencia virtual del presidente de China, Xi Jinping, quien habló del esfuerzo de América Latina “por la independencia y el autofortalecimiento mediante la unidad”, además de enfatizar en el buen futuro del Foro China-CELAC, un asunto que indudablemente debe comprenderse como el proyecto de nuevos caminos en la geopolítica continental, que seguramente inquieta a diversos sectores de la región.

Aunque desde tiempo atrás el presidente López Obrador sostuvo la necesidad de reemplazar a la OEA por otra institución independiente, la Declaración (https://bit.ly/3Ew9cVo) final del cónclave no se refiere a esta entidad que, desde su creación, representó directamente el americanismo impulsado por los EEUU. De todos modos, en esa Declaración sí se logró rechazar las medidas unilaterales y el intervencionismo contra la soberanía de cada pueblo, en clara alusión al bloqueo a Cuba y a las sanciones contra Venezuela o Nicaragua, que son incompatibles con el Derecho Internacional.

Es relevante para la América Latina contemporánea, que la Declaración vuelva a proclamar la unidad y la integración; reclame un orden internacional más justo, equitativo y armónico; idealice la democracia y el respeto a los derechos humanos; destaque la educación como “elemento vertebral” para el desarrollo sostenible; se pronuncie contra la corrupción; formule la erradicación de la pobreza; reconozca la igualdad de género y condene toda práctica discriminatoria; sea sensible con el problema ambiental, el cambio climático y los desastres naturales; formule posiciones en torno al tema migratorio, el problema mundial de las drogas; rechace todo terrorismo; haga referencia a la inteligencia artificial, así como las tecnologías de información y comunicación; salude la creación de la “Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio” (ALCE).

Sin duda, tiene enorme importancia el reconocimiento de América Latina como zona de paz, libre de armas nucleares y “libre de colonialismo y colonias”, por lo cual trasciende que la Declaraciónreconozca la soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Igualmente es significativo que se declare el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la acogida al “Decenio Internacional 2022-2032 de las Lenguas Indígenas”, así como la felicitación al “Foro Permanente de Afrodescendientes”. Desde la perspectiva de la historia, se considera que “la trata transatlántica de esclavos y el genocidio indígena en la región fueron crímenes atroces contra la humanidad”. Indudablemente se ha considerado la Carta que en 2019 envió AMLO al Rey de España, para que reconozca el hecho de la conquista y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan (https://bit.ly/2XFgvcH).

De otra parte, el discurso del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tomó como ejemplo la integración de la Comunidad Europea para imaginar que igual rumbo podría tomar la región. Desde su tradicional perspectiva empresarial expresó que el mundo nos escuchará “cuando tengamos grandes mercados comunes, donde crezca nuestra riqueza. Cuando un ciudadano de Guayaquil pueda venderle libremente cacao a otro ciudadano de El Salvador o cuando un floricultor de Quito pueda hacer fortuna vendiendo flores aquí en México y viceversa” (https://bit.ly/3zlvTrl).

La VI CELAC puede entenderse como un momento de recuperación del latinoamericanismo afectado por los gobiernos conservadores. En este sentido es un avance frente al pasado inmediato. Pero la correlación política internacional entre quienes marcan el ritmo de las economías sociales y quienes pretenden simplemente el fortalecimiento de las economías neoliberales todavía no es favorable al progresismo latinoamericano. Por tanto, la Declaraciónfinal de la Cumbre corre el riesgo de ser una inspiración teórica, sin avanzar sobre los planteamientos formulados y concretarlos, de manera efectiva, para el beneficio de las sociedades de la región.

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¿Conquistadores o «libertadores»?

El trasfondo histórico del coloniaje es una marca distintiva de la historia latinoamericana.

El 1 de marzo de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dirigió una carta al Rey Felipe VI, de España (lo mismo hizo en carta dirigida al Papa Francisco), en la cual sostiene que ese año se cumple medio milenio de la llegada de Hernán Cortés, que en 2021 el país conmemorará 500 años de la caída de Tenochtitlán y celebrará, el 21 de septiembre, 200 años de su independencia. En consecuencia, dice la carta, es necesario reflexionar sobre los hechos del pasado, porque la conquista “se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos«; implantó “un ordenamiento social basado en la segregación de castas y razas; se impuso la lengua castellana y se emprendió la destrucción sistemática de las culturas mesoamericanas«; y, por tanto, “México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan” (https://bit.ly/3mck5ot). La carta dirigida al Papa tiene el mismo sentido, pues igual disculpa se espera de la iglesia católica. Obviamente, la carta provocó malestar en España y la respuesta de su gobierno, que “lamenta profundamente” el texto y sostiene: “La llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas” (https://bit.ly/3y2aymf).

El desencuentro político y diplomático no ha terminado, porque el gobierno de México ha vuelto a plantear su posición crítica frente a la conquista española, con motivo de que el pasado 13 de agosto precisamente se recordó la caída de Tenochtitlán. Un twitter de VOX, el partido de la ultraderecha española, dio un motivo adicional, pues sostuvo: “Tal día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Orgullosos de nuestra Historia” (https://bit.ly/3k2Q7k3).

Desde la perspectiva historiográfica, el tema no es reciente. La interpretación conservadora más antigua sostiene que, ante el avance del protestantismo en Europa, Dios premió a la España ultracatólica y unificada por los reyes Fernando e Isabel, con el descubrimiento de un nuevo continente, sobre el cual pudo iluminar a nuevos pueblos con la religión verdadera del mundo. Sin embargo, Fray Bartolomé de las Casas destacó los horrores de la conquista, lo cual dio origen a la “leyenda negra” que, según la interpretación española, fue alimentada por Gran Bretaña, como potencia imperialista que, a su tiempo, quería derrotar al poderío español, atacándolo, a fin de resaltar las colonizaciones “pacíficas” en manos británicas.

De hecho, otra tradición historiográfica ha sostenido que los indios americanos consideraron a los españoles como “dioses”, pues sus augurios, mitos y creencias llevaron a esa conclusión. No fue solo entre los aztecas de México, sino también entre los Incas, como lo ha sostenido Nathan Wachtel en su libro Los vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista española (1976), quien considera, en definitiva, que la visión indígena explica, mucho más que las armas europeas, su propia derrota. Pero, Camilla Townsend, en su libro El Quinto Sol. Una historia diferente de los aztecas (2019), desmitifica el supuesto carácter sanguinario de los aztecas, y recientemente aseguró: “Es un disparate, los aztecas no veían a los españoles como dioses” (https://bit.ly/2UEKH6o). A su vez, en Los conquistadores. Figuras y escrituras (1999), el historiador Jacques Lafaye, sostuvo que los españoles, en cambio, consideraban sus acciones como proyección, en otras geografías, de la guerra contra los moros, a los que lograron expulsar de la provincia y, además, asumían la conquista como misión salvadora de otros pueblos.

Desde luego, no faltan quienes interpretan la conquista como “liberación” de unas poblaciones sometidas por los aztecas o por los incas, según sea el caso, ya que eran imperios opresores de pueblos a su vez conquistados con anterioridad a la llegada de los españoles, Así lo hace Marcelo Gullo en su obra Madre Patria. Desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán (2021). Pero no es el único. Y la guerra del Tahuantinsuyo explica bien la situación: las poblaciones que habían respaldado a Huáscar, vieron en los conquistadores, a seres que podían ayudarles a tomar venganza contra Atahualpa, el Inca vencedor y contra quien tenían serios motivos para rebelarse. En Ecuador la historia tradicional consideró a Huáscar como traidor y quien se levantó contra el Inca “legítimo”; pero en Perú se sostenía todo lo contrario. Estas visiones paralelas se sujetaron, largo tiempo, al conflicto territorial que los dos países mantuvieron en su vida republicana.

Con motivo de los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a lo que hoy es América, las pasiones se encendieron: España habló del “encuentro” de dos mundos; pero las poblaciones indígenas latinoamericanas rechazaron la conquista, que destruyó las estructuras de su vida económica, social y cultural. A propósito de las fiestas de la fundación española de Quito (1534), hay quienes rechazan la conquista, pero también ha surgido un grupo de “hispanistas” que el pasado diciembre colocó ofrendas y gritó vivas y consignas a favor de la reina Isabel La Católica y del conquistador Sebastián de Benalcázar.

Se trata, pues, de polémicas historiográficas y políticas, que dependen de los intereses a los cuales se quiere defender o posicionar. Sean dioses u hombres, héroes o villanos, una España monárquica civilizadora en América o destructora de pueblos, solo una perspectiva de largo plazo permite poner en claro los acontecimientos. Porque, en esencia, la conquista fue un hecho brutal, y el triunfo de los conquistadores sobre indios finalmente sometidos y subordinados, permitió el florecimiento de la época colonial, que duró hasta los procesos de independencia de las primeras décadas del siglo XIX. No existen más los sistemas económicos y sociales que aztecas o incas crearon antes de la conquista. La crisis poblacional y la destrucción material son evidentes. Tenochtitlán fue arrasada. La colonia formó parte del proceso de acumulación originaria o primitiva del capital. Sin duda creó una nueva cultura, favoreció el mestizaje, determinó la forma en que América Latina moldeó su economía y su incursión en la vida mundial durante la Edad Moderna y parte de la Edad Contemporánea. Imposible negar que el coloniaje creó el trasfondo primario-exportador de la región y sentó las bases de la enorme brecha social producida por las castas, el dominio de los “blancos” y la miseria de los indígenas en la época colonial. Sobre esas bases se construyeron las repúblicas latinoamericanas que largamente edificaron sistemas oligárquicos propios, nacionales. La dependencia externa fue gravitante desde la época colonial y la vida de las repúblicas encontró nuevas formas de mantenerla para beneficio de las clases dominantes y explotadoras: terratenientes, comerciantes, algunos banqueros y al comenzar el siglo XX ciertos manufactureros e industriales.

Desde luego, España no tiene que ver con la edificación de las formas y sistemas de dominación y explotación construidos en la América Latina contemporánea y que responde a las particulares formas en que se produjo el desarrollo capitalista de la región. Pero el trasfondo histórico del coloniaje es una marca distintiva de la historia latinoamericana. Nuestras ciencias sociales han investigado sobre el tema permanentemente y han observado esos procesos del pasado remoto, porque sin esa perspectiva no se comprendería el presente.

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Derechos laborales y seguridad social: nuevas amenazas

Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

En América Latina y, sin duda, en Ecuador, el ingreso de la ideología neoliberal, de la mano del FMI y las teorías económicas globalizadoras a partir de la década de 1980, han alterado el piso histórico del derecho social en general y del derecho laboral, en particular.

La experiencia histórica de la superexplotación humana con sistemas como la esclavitud o la servidumbre, pero también del capitalismo de “libre competencia”, que desde su nacimiento a mediados del siglo XVIII originó fuertes luchas obreras y teorías cuestionadoras de sus condiciones laborales, explican el origen de la “cuestión social” en Europa, que condujo al nacimiento del derecho social. En América Latina, el derecho social fue inaugurado por la Constitución Mexicana de 1917 y en Ecuador por la de 1929. Bajo ese manto, se reconocieron los derechos laborales, que están regidos por el principio pro-operario, según el cual las leyes sobre el trabajo se inclinan a favorecer a los trabajadores, garantizan sus derechos y se interpretan siempre en el sentido más favorable al trabajador. Y son derechos fundamentales: contrato individual y colectivo, salario mínimo, jornada máxima, recargos sobre horas extras y suplementarias, descansos y vacaciones, protección a la mujer, prohibición del trabajo infantil, jubilación, indemnizaciones, sindicalización, huelga y seguridad social, que también es un sistema independiente que nació en 1928 con la Caja de Pensiones. Los derechos laborales forman parte de los derechos universales reconocidos por las Naciones Unidas y están ampliamente desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El derecho laboral, que refuerza los derechos individuales, de cierta manera incluso se impone sobre ellos, pues los derechos del trabajador son intangibles, es decir, no pueden alterarse y peor recortarse; pero, además son irrenunciables, de manera que ninguna persona puede, voluntaria y libremente, aceptar que no se le pague el salario mínimo o trabajar por sobre la jornada máxima en forma indefinida. Además, el derecho laboral igualmente rige como un conjunto de obligaciones para el sector patronal, cuyo incumplimiento ocasiona responsabilidades legales.

Por su naturaleza, los derechos sociales y, en su marco, los laborales, están garantizados por el Estado, de modo que los ministerios de Trabajo y otras instituciones que tienen que ver con el tema, están obligados a protegerlos y hacerlos respetar, especialmente sobre el sector empresarial que, de otro modo, establecería condiciones arbitrarias sobre el trabajo, como siempre lo ha demostrado la historia laboral en el mundo y particularmente en América Latina.

Los fundamentos históricos y los principios teóricos del derecho social y laboral han sido conquistas esenciales para el bienestar colectivo, para aliviar las tensiones entre capitalistas y trabajadores y para sentar las bases de una economía social. Los mejores ejemplos de ello se encuentran en Europa y particularmente en los países nórdicos, donde los avances del derecho y de la economía sociales han logrado convertirlos en sociedades con los mayores niveles de bienestar humano en el mundo. Incluso se habla de “socialismo nórdico” y también de sociedades con “socialismo del siglo XXI”.

Pero en América Latina y, sin duda, en Ecuador, el ingreso de la ideología neoliberal, de la mano del FMI y las teorías económicas globalizadoras a partir de la década de 1980, han alterado el piso histórico del derecho social en general y del derecho laboral, en particular. El neoliberalismo se ha unido a las tradicionales mentalidades oligárquicas de las elites empresariales latinoamericanas, que se lanzaron a liquidar los avances ya logrados en materia de derechos para los trabajadores. Han logrado éxitos en levantar la falsa idea de que los derechos laborales son “viejos”, deben “modernizarse” e impiden la “competitividad” de las actividades empresariales y el libre mercado. Y en todos los países latinoamericanos en los cuales los gobiernos neoliberales han impulsado la “flexibilidad” y la “precarización” del trabajo, no solo se agudizó la conflictividad social, sino que avanzó la desocupación, la subocupación y el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de amplios sectores de la población, mientras se reforzó el enriquecimiento empresarial. Existen innumerables estudios nacionales e internacionales que lo demuestran. Y, sobre todo está la vida cotidiana, a tal punto que la conflictividad social se ha extendido y contradice la anhelada paz, pues ahora, quienes abogan o luchan por preservar el derecho social y alentar el derecho laboral, son perseguidos, criminalizados e incluso asesinados, como ocurre, a diario, en Colombia. La política está atravesada por una aguda “lucha de clases” lanzada por las elites empresariales del neoliberalismo latinoamericano en contra de los trabajadores.

Esas elites no tienen idea de lo que es el derecho social. En Ecuador creen que basta generar trabajo y que éste se sujete a la voluntad de las partes, es decir, patrono y trabajador. El Estado, argumentan, no debe intervenir, pues la “libertad” se impone. Han cuestionado el principio pro-operario. Si dependiera solo de ellos son capaces de revivir la esclavitud. Y la última novedad (en realidad viene desde los años ochenta) es su deseo por “privatizar” la seguridad social, incluyendo las prestaciones médicas ligadas a ella. Suponen que el Estado no puede “monopolizar” la seguridad social, que debe abrirse a la “competencia”, que los ciudadanos deben tener la opción de decidir “libremente” a cuál sistema se acogen y que hay que tomar los exitosos ejemplos de las “administradoras de fondos de pensiones” (AFP) de Chile y las eficiencias de los “seguros privados”. En noviembre de 1995, movido por los mismos argumentos y mitos, el gobierno empresarial-neoliberal de Sixto Durán Ballén (1992-1996) hizo una consulta popular para privatizar la seguridad social. Felizmente la población se pronunció por el NO.

Pero, con perspectiva histórica, lo que contraponen es la seguridad social frente a la seguridad privada. La seguridad social solo puede ser pública y, como ordena la Constitución ecuatoriana (2008) tiene que ser universal y “no podrá privatizarse” (Art. 367). En Europa o Canadá, donde existen consolidados sistemas de seguridad social estatal, universal, gratuita y sustentada por fuertes impuestos, a nadie se le ocurre “privatizar” un derecho fundamental de todos los ciudadanos. En América Latina -y Ecuador- debería quedar en claro que la seguridad privada no es seguridad social. Su base es la rentabilidad empresarial. Por eso el derecho social, que incluye a la seguridad social, se impone por sobre cualquier sistema de seguridad privada y sobre los intereses empresariales. De manera que el Estado tiene que monopolizar la seguridad social, no tiene que competir con nadie, sino asegurar los derechos de sus ciudadanos. El sector privado sabrá cómo se desarrolla para ofrecer servicios a quienes deseen acudir a ellos, pero no a costa de la seguridad social monopólica del Estado.

A pesar de estas formulaciones teóricas, muy claras en otras épocas, los derechos de los trabajadores ecuatorianos se han visto seriamente afectados por las políticas antilaborales y proempresariales del gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) y particularmente las que se tomaron aprovechando de la pandemia Covid-19. La “Ley de Apoyo Humanitario” (2020) rompió con el principio pro-operario; permitió arreglos -sin protección laboral- entre empresarios y trabajadores y, sobre todo, permitió violar la jornada máxima de 8 horas diarias, que puede extenderse a 12, sin pago por horas extras ni suplementarias. Además, hay varias resoluciones sobre modalidades de contratos en materia laboral que igualmente afectan derechos históricos. Lastimosamente, todo ello ha ocurrido bajo las condiciones de debilidad, división y oportunismo político de una serie de dirigencias de las centrales de trabajadores, limitadas por su visión tradicional y su insuficiente comprensión de las condiciones del trabajo en el siglo XXI. Pero, sin duda, es urgente mantener la defensa de los derechos sociales.

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