Author: Juan J. Paz y Miño Cepeda

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Civilizaciones: ¿conflicto o convivencia?

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Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
Diversos momentos históricos han alimentado en Occidente la desconfianza y hasta el desconocimiento sobre la trayectoria de los pueblos del Medio Oriente. En parte ha respondido a los prolongados conflictos entre el cristianismo y el islam, aunque también se ha debido a múltiples factores políticos, económicos y culturales. Las culturas de sus sociedades han sido percibidas como exóticas y sus formas de gobierno como ajenas a los ideales políticos que, especialmente desde la modernidad europea, promovían la división de poderes y también la separación entre Iglesia y Estado. Durante el siglo XIX, las potencias imperiales europeas consideraron al Medio Oriente como región estratégica para el comercio y los recursos, y en el siglo XX adquirió aún mayor relevancia por el petróleo.

En ese marco, no se ha comprendido adecuadamente la dimensión histórica de Irán como un Estado-civilización. Desde la antigüedad puede seguirse su compleja evolución en distintos momentos: era Elamita, Imperio Aqueménida (550–330 a.C.) fundado por Ciro el Grande, la conquista de Alejandro Magno, la gran Persia Islámica, la invasión Mongol y la Edad Media, su incorporación a la Edad Moderna desde el siglo XVI, la Persia Contemporánea entre 1786-1925, año en el cual se instaló la Dinastía Pahlaví (El Sha), hasta la Revolución de 1979 que derrocó la monarquía y estableció la República Islámica iniciada con el gobierno del Ayatolá Jomeini (1979-1989) y la sucesión de Alí Jameneí (1989-2026).

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán tiene múltiples explicaciones oficiales. Pero ha merecido numerosos análisis desde el mundo académico, comunicacional y cultural, donde se advierte que no están en juego solo los peligros del desarrollo nuclear de Irán y el petróleo, sino una compleja trama de intereses imperialistas y geoestratégicos, entre los que sobresale el afán de Estados Unidos por mantener presencia en el Medio Oriente, aprovechar el petróleo y recuperar una hegemonía unipolar mundial ahora decadente.

De modo que no son simples expresiones de exceso verbal las que, en plena guerra, ha lanzado el presidente Donald Trump al tratar de imponer sus ultimatos a Irán. El presidente del país considerado como la más grande potencia en la historia contemporánea, de un Estado que otrora se presentaba como ejemplo de progreso, civilidad, democracia y libertad, ha resquebrajado esa imagen. Amenazó a Irán con atacar sus infraestructuras esenciales, dejando centrales eléctricas y puentes «ardiendo, explotando y sin poder ser utilizados nunca más«. Dijo que regresaría a ese país “a la edad de la piedra” (https://t.ly/Aogov). Al ser cuestionado por los ataques a objetivos civiles respondió: «Porque son animales… tenemos que detenerlos» (https://t.ly/h9WfK). También calificó de «matones, animales y gente horrible» a los líderes iraníes. Advirtió: «Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá» (https://t.ly/ljzWF).

Las palabras de Trump alarmaron en el mundo (https://t.ly/z9heX). En diversos medios se consideró como «incitación a crímenes de guerra» y potencialmente «genocidio»; la ONU abogó por el apego a las normas internacionales; el Papa León XIV igualmente cuestionó las amenazas a una civilización; la OTAN no se involucró en el conflicto y varios países europeos no prestaron sus bases militares.

En América las cosas son distintas: Trump cuenta con el abierto respaldo del presidente argentino Javier Milei y tiene como aliados incondicionales a los gobiernos de Daniel Noboa en Ecuador y Santiago Peña en Paraguay. Toda América Latina está amenazada por el Corolario Trump (https://t.ly/QNMF9) y por la Estrategia de Defensa Nacional (https://t.ly/-Hqw_) que imponen una subordinación exclusiva a los intereses de los Estados Unidos y el distanciamiento con sus “adversarios”: China, Rusia, los BRICS. Están desafiadas las posiciones soberanas y latinoamericanistas, como las que impulsan gobiernos progresistas como los de Claudia Sheinbaum (México), Lula da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia), mientras contra Cuba se ha redoblado el más escandaloso e inhumano bloqueo de la historia contemporánea.

Lo paradójico de este momento histórico conflictivo es que las advertencias y amenazas de Trump en contra de un Estado-civilización de más de 5,000 años contrasta con la posición que ha planteado China desde marzo de 2023, cuando el presidente Xi Jinping lanzó la “Iniciativa para la Civilización Global” (ICG, http://bit.ly/4cjpbHQ), que reconoce las distintas vías que tiene la modernización porque depende de las realidades históricas de cada país y que, por tanto, no hay “modelos” superiores para imponer a otras civilizaciones. Cada país tiene el derecho a desarrollar no solo su economía, sino su propia cultura. El mundo requiere del diálogo y el aprendizaje entre las diversas civilizaciones. Todas comparten los valores comunes de la humanidad: paz, desarrollo, equidad, justicia, democracia, libertad, pero bajo las condiciones de sus herencias y sus realidades. Todas tienen un patrimonio por defender. La comprensión y la valoración mutua requieren de intercambios culturales, educativos, comunicativos, tecnológicos. Se llama a crear una «comunidad de futuro compartido para la humanidad». China logró que la ONU estableciera el 10 de junio como el Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones (https://t.ly/ooY5-).

El diálogo civilizatorio, con respeto y soberanía, ha desafiado la visión imperial de cualquier potencia y, sin duda, de los EE.UU. cuya hegemonía mundial está en pleno retroceso con el avance del siglo XXI. Si se observa lo sucedido en Europa y se dimensionan los ataques de Trump contra varios de sus gobiernos, así como en contra de la OTAN, resulta evidente que la política exterior de los EE.UU. ha perdido respetabilidad entre los antiguos aliados. Y es otra paradoja que la guerra contra Irán resulte en un fortalecimiento de las posiciones internacionales de Rusia, pero sobre todo de China, el mayor “enemigo” potencial.

La hegemonía de los EE.UU. ha tenido que replegarse agresivamente sobre América Latina, donde puede imponer el neomonroísmo aunque bajo la resistencia de los gobiernos progresistas. En esta región confronta abiertamente con países que mantienen relaciones con China, Rusia y los BRICS y que difícilmente se aflojarán, pues no solo participan Estados sino empresarios. Además, a fines de 2025 China difundió el tercer Documento sobre la Política hacia América Latina y el Caribe(https://t.ly/uurqI), en el que se expresa el objetivo de elevar la cooperación a un nivel superior privilegiando al Sur Global, su desarrollo y paz, y reforzando las diversidades culturales. Se descarta cualquier intervencionismo o imposición. Son propuestas que contrastan con EE.UU. que desde hace décadas no han planteado una política que resulte comparable y alternativa.

Finalmente, hay que subrayar que no existe un conflicto de civilizaciones, como lo había concebido hace décadas el profesor Samuel Huntington en su obra “El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial” (1996), sino que inevitablemente, en esa “reconfiguración”, nace un mundo nuevo para el siglo XXI no solo multipolar, sino pluricivilizatorio.

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Capital extranjero en América Latina: Una historia problemática

Juan J. Paz y Miño Cepeda Deja un comentario

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

La visión empresarial que se ha extendido por América Latina clama por la inversión extranjera directa, bajo la confianza de que servirá para levantar el desarrollo. Pero la realidad ha sido contradictoria y la historia puede despejar algunas dudas.

A raíz de las independencias, los Estados nacionales en construcción vieron en el capital extranjero un posible agente auxiliar para el progreso. Durante el siglo XIX predominaron los capitales europeos y los británicos dominaron sobre las deudas públicas, puertos, ferrocarriles y bancos. Eran inversiones privadas bajo la protección diplomática y militar de sus Estados. A fines del siglo, con el despegue imperialista de Estados Unidos, comenzó la incursión de sus empresas: materias primas, agricultura, ganadería, minería (sobre todo petróleo), electricidad, tranvías, agua, teléfonos, bancos. México fue un país preferente por el ambiente favorable al capital estadounidense creado por el porfiriato (1876-1911).

En el marco del monroísmo y del Corolario Roosevelt del “Gran Garrote” (1904), empresas norteamericanas como la Standard Oil (SOCO, petróleo) y la United Fruit Company (UFCO, bananos) adquirieron determinante poder económico e injerencia política. Literalmente, la SOCO, del magnate John D. Rockefeller, disputó con la Royal Dutch Shell (anglo-holandesa) el petróleo del Chaco, que derivó en la guerra entre Bolivia y Paraguay (1932-1935). Tras la experiencia, el gobierno boliviano nacionalizó el petróleo (1937). Las mismas compañías estuvieron involucradas en el conflicto territorial entre Ecuador y Perú, que desembocó en el Protocolo de Río de Janeiro (1942) por el cual Ecuador perdió territorios amazónicos. En México la SOCO se negó a aceptar un fallo de la Suprema Corte que obligaba a mejorar las condiciones laborales. Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo (1938). Otras compañías mineras en Perú (petróleo) o Chile (cobre) tienen similar historia. La matanza de la Escuela de Santa María de Iquique en Chile (1907) fue consecuencia de la negativa de las empresas salitreras, mayormente británicas, a mejorar las condiciones laborales. En todas partes la represión fue una respuesta común para defender a las empresas foráneas.

La UFCO dejó su propia historia traumática. En Guatemala su intervención hizo famoso al término “Banana Republic”. Cuando el presidente Jacobo Arbenz impulsó la reforma agraria la empresa vociferó contra el “comunismo”. Los hermanos Dulles (Allen, director de la CIA, y John Foster, Secretario de Estado), otrora abogados de la compañía, organizaron el golpe de Estado que derrocó a Arbenz. En Colombia, la UFCO se negó a negociar con los huelguistas acusados de “comunistas” y el ejército intervino provocando la “Masacre de las Bananeras” (1928) con centenares de trabajadores muertos. Paradójicamente, en Ecuador la UFCO, propietaria de la gigantesca Tenguel, un verdadero “enclave” con trabajadores sujetos a condiciones miserables en la hacienda, salió del país (1962). Quien continuó con la agroexportación fue el ecuatoriano Luis Noboa Naranjo, antiguo empleado de la competidora Standard Fruit Co., que creó su propia empresa, a través de la cual acumuló una enorme fortuna, al mismo tiempo que el banano sostuvo la economía nacional. Sus descendientes consolidaron el poder económico y la influencia política. Desde 2023, la presidencia del nieto Daniel Noboa, produjo en Ecuador lo que los sociólogos denominan “captura del Estado”.

Hasta mediados del siglo XX los capitales extranjeros se asentaron principalmente en los grandes países: Argentina, Brasil, México. Pero en la postguerra mundial se consolidó la hegemonía de EE.UU. que desplazó a los capitales europeos. El monroísmo de la Guerra Fría también garantizó su presencia; y en las décadas de 1960 y 1970 el desarrollismo, para el cual era esencial la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), alentó las inversiones norteamericanas en diversos países. Sin embargo, la consigna empresarial por abrir puertas sin fronteras ni límites al “capital extranjero” bajo los supuestos del “mercado libre”, solo nació durante las décadas de 1980 y 1990, gracias a la extensión de la ideología neoliberal a partir del impulso que le dieron el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), las cartas de intención con el FMI y el decálogo del Consenso de Washington. La dictadura de Augusto Pinochet hizo de Chile el pionero en abrir puertas indiscriminadas al capital extranjero y bajo ese perverso ideal se inspiraron otros gobiernos latinoamericanos.

Las nefastas consecuencias sociales del neoliberalismo llevaron a identificar como “décadas perdidas” las dos finales del siglo XX. Además, de acuerdo con la CEPAL la Inversión Extranjera Directa (IED) sigue concentrada en pocos países (Brasil, Chile, México), mientras que en otros es irregular o escasa, pues las empresas buscan rentabilidades rápidas y fáciles, que permitan acumulación en sus matrices foráneas. De modo que el “espejismo” del crecimiento de la IED debe ser contrastado examinando las áreas de interés, pues predomina la extracción minera a costa del medio ambiente, la provisión de tecnologías, las grandes obras de infraestructura, la comunicación, algunos servicios y la protección de patentes y marcas. A las transnacionales les convienen gobiernos que respalden sus intereses, achiquen el intervencionismo estatal, flexibilicen las relaciones laborales y admitan responsabilidades con la suscripción de “Tratados Bilaterales de Inversión” (TBI).

Los TBI se generalizaron con la globalización tras el derrumbe del socialismo soviético. De hecho, sustituyeron a las “cañoneras” que en el pasado garantizaban las actividades privadas con intervencionismo directo. Estos tratados crearon una especie de “derecho internacional económico” que supone defender intereses legítimos de las gigantes corporaciones contra lo que conciben como “arbitrariedades” en los países latinoamericanos. Pero los TBI admiten arbitrajes a los que solo pueden acudir las empresas para demandar a los Estados, lo que ha servido para obligar a millonarias indemnizaciones. Incluso se utilizan interpretaciones ampliadas de lo que debe entenderse por «expectativas legítimas de ganancia», «trato justo y equitativo» o «expropiación indirecta». Los casos que se pueden señalar son numerosos y Ecuador es un ejemplo: Chevrón-Texaco fue demandada por comunidades indígenas (2003) por el masivo desastre petrolero en la Amazonía y la empresa fue obligada a pagar US$ 9.500 millones; pero acudió al arbitraje en La Haya y obtuvo un fallo a su favor (2018). En consecuencia, las negativas experiencias con los TBI han provocado que varios países busquen restaurar las capacidades superiores de los Estados, como ha ocurrido en Brasil (creó los Acuerdos de Cooperación y Facilitación de Inversiones – ACFI) o México e incluso Chile.

El problema del presente es que sobre América Latina se extiende la amenaza directa del Corolario Trump que define un neomonroísmo bajo el cual tienen prioridad las empresas estadounidenses, además de que los recursos de la región están sujetos a la Estrategia de Seguridad Nacional de los EE.UU. (https://t.ly/QNMF9). El continente debe quedar libre de “competidores” que resulten “amenazas” (Rusia y, ante todo, China). Los gobiernos tienen que alinearse con los intereses norteamericanos. De modo que, si bien nos hallamos en una época en la cual la antigua hegemonía mundial de los EE.UU. ha sido desplazada por el mundo multipolar que ha surgido en el siglo XXI, el “Donroísmo” neointervencionista no puede enfrentarse en forma aislada y la unidad latinoamericana es un desafío urgente. En política interna, en cada país toca superar, en forma definitiva, las visiones neoliberales y libertarias, para recuperar las vías de construcción de economías sociales y soberanas.

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El paro indígena en uno de los países más inequitativos del mundo

Juan J. Paz y Miño Cepeda Deja un comentario

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

La represión sobre las comunidades indígenas ha resultado inédita en cuatro décadas de gobiernos constitucionales y produjo decenas de heridos y tres personas fallecidas.

Desde mediados de septiembre pasado el movimiento indígena de Ecuador acordó un paro nacional con el propósito de conseguir la derogación del Decreto 126 (13/septiembre), que elevó el precio del diésel de US$ 1,80 a US$ 2,80 el galón, y que fue considerado inflacionario y agravante para la vida de las comunidades indígenas y de la población pobre. A pesar de un “diálogo” inicial con el gobierno el 15 de octubre, la CONAIE y las comunidades han sostenido que continuarán el paro desde sus territorios. Prácticamente durante un mes el país ha vivido una situación crítica y el problema no está solucionado.

El decreto ha sido solamente el motivo desencadenante de una situación que tiene otro fondo causal: la imposición, desde 2017, de un modelo de economía que ha privilegiado a grandes empresarios, que consolidó a un sector oligopólico y oligárquico como hegemónico y que ha sido garantizado a través del control político del Ejecutivo sobre las funciones del Estado y sus principales aparatos, que incluyen fuerzas armadas y policía.

Es cierto que ese “modelo” viene impuesto a través de los compromisos firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Extended Fund Facility (EFF, 31/mayo/2024) y reforzados en la segunda revisión (18/julio/2025), que todavía tiene que cumplirse, sobre todo en cuanto a privatizaciones y flexibilización laboral (https://t.ly/OXwBt). Pero hay que considerar que en el país las élites empresariales han demostrado una gran capacidad para ajustar el recetario fondomonetarista a sus específicos intereses y más allá de lo previsto.

Además, un gobierno de empresarios no logra comprender la necesidad de contar con el Estado como proveedor de infraestructuras, bienes y servicios públicos en las condiciones de un país con 70% de población desocupada y subocupada, con una “informalidad laboral” de esas dimensiones, salarios bajos, desatención en medicina y educación, seguridad social en riesgo, además de una extensa población pobre y una extrema concentración de la riqueza, que hace del país uno de los primeros más inequitativos del mundo (https://t.ly/EiMby). Creer que la empresa privada y el mercado libre podrán conseguir el desarrollo con bienestar humano es un pensamiento que no se ha aplicado en los Estados Unidos y peor en Europa, que tiene economías sociales. Y si se toma en cuenta exclusivamente a Latinoamérica, el modelo de la “libertad económica” no solo que se ha implantado literalmente a sangre y fuego, sino que no ha funcionado con la dimensión social soñada en ningún país, como lo demuestra Chile, desde la época de Pinochet, Perú o Argentina actual con el presidente Javier Milei, con quien se han afectado las condiciones de vida, trabajo y jubilación de la mayoritaria población, de acuerdo con las estadísticas, estudios e informes internacionales.

En Ecuador, buena parte de los funcionarios del Ejecutivo, comenzando por el jefe de Estado, provienen del empresariado costeño y específicamente de la ciudad de Guayaquil. Desde la presidencia de León Febres Cordero (1984-1988) y sobre todo con su alcaldía en la ciudad (1992-2000), continuada por Jaime Nebot (2000-2019), se edificó un sentido de identidad local muy particular entre el sector privado, pues ha creído que es “exitoso” su modelo de administración pública, que su autoridad empresarial está legitimada por el éxito en la acumulación de riqueza y que su propia historia, interpretada regionalmente, solo refleja la pujanza de una ciudad en la que los indios siempre fueron escasos, incluyendo el presente (https://t.ly/dP8Vk). Esa visión inutiliza a sus élites a comprender el mundo indígena y los valores históricos de la vida comunitaria, la justicia indígena, la cosmovisión ambiental y la territorialidad. En consecuencia, desde el poder, como ya ocurrió con el gobierno de Febres Cordero, el Ejecutivo se articula en torno a la autoridad centralizada, a la que hay que obedecer, pues no admite disidencias ni oposición. Desde luego, es una visión que se vincula a la que tiene el sector oligárquico nacional, que, por tanto, desvaloriza lo popular, considera a los indígenas como una especie de rémora del pasado y es incapaz de entender la lucha social reivindicativa como reacción contra las acciones gubernamentales, la dominación política y contra todo tipo de racismo y clasismo, que forman parte de herencias culturales e históricas que aún no se logran superar en la sociedad.

De otra parte, el movimiento indígena se ha visto limitado por cuanto el paro se concentró solo en ciertas regiones y con epicentro en la provincia de Imbabura, en la que, de acuerdo con los estudios sociológicos sobre el tema, se encuentra una población indígena muy preparada, productiva, con profesionales universitarios y hasta con una verdadera burguesía indígena como la que es notoria en la ciudad de Otavalo, que sufrió la represión.

Las clases dominantes no han podido entender que ya no tratan con indígenas de las haciendas del pasado, sino con comunidades conocedoras y muy claras sobre sus derechos como pueblos y nacionalidades, un tema que tampoco es dimensionado y que incluso no llega a ser admitido como eje de un nuevo Estado nacional. Desde luego, el movimiento indígena despertó el respaldo y solidaridad de amplios sectores principalmente en la Sierra, menor en la Amazonía y escaso en la Costa. Pero no se ha construido todavía un bloque popular orgánico y coordinado, sobre intereses nacionales comunes y no solo particulares al sector indígena. Al mismo tiempo, resulta paradójico que la reacción antigubernamental provenga de poblaciones indígenas que, por no votar por el “correísmo”, dieron su voto a favor de Daniel Noboa, contribuyendo a su triunfo electoral presidencial, algo que se tendrá que examinar al interior del movimiento, si quiere tener salida histórica a favor de sus demandas.

La represión sobre las comunidades indígenas ha resultado inédita en cuatro décadas de gobiernos constitucionales y produjo decenas de heridos y tres personas fallecidas. Las violaciones a los derechos humanos han quedado grabadas en videos que circulan en redes, así como en noticias por medios alternativos. Despertaron la atención de la prensa y los organismos internacionales como Amnistía Internacional, CIDH, Human Rights Watch, Reuters, DW, El País. Esto pone en evidencia que tampoco entre las fuerzas del orden se dimensiona el trasfondo explosivo del deterioro social ocasionado, en tan solo ocho años, por el avance del perverso modelo de la “libertad económica” (https://t.ly/RSsP-).

Como ha sido usual, desde las esferas oficiales se ha tomado un camino propagandístico para enfrentar el paro: vincularlo al “correísmo”, la “violencia” y hasta insinuar que forma parte del “terrorismo” supuestamente movilizado por los “grupos de delincuencia organizada” (https://t.ly/H2cXz). Nuevamente se advierte la incomprensión total de las raíces que provocan el estallido social en el país.

En Ecuador no puede preverse una solución definida para el largo plazo por más que se llegue a un acuerdo entre gobierno y movimiento indígena. Sujeto a las condiciones del FMI y a la voracidad con la que actúa el empresariado oligárquico, no se ve el camino para lograr un progreso económico sistemático, bajo un nuevo rumbo enfocado en lograr el bienestar humano basado en la paz, la seguridad ciudadana, la redistribución de la riqueza y el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los ecuatorianos.

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Jornada laboral: Una lucha continua

Juan J. Paz y Miño Cepeda Deja un comentario

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

El mundo contemporáneo ha sido transformado por cuatro revoluciones industriales. La primera (Inglaterra, mediados del siglo XVIII), basada en las máquinas de vapor y carbón, aceleró el crecimiento de las ciudades, el desarrollo de las fábricas y del trabajo asalariado. Las jornadas habituales en el mundo rural del pasado, que podían llegar a 14 o 16 horas diarias, inicialmente se extendieron a la industria. Resultaron insostenibles al despertar la lucha obrera, apoyada por políticos e intelectuales que denunciaron la miseria y la explotación. Inevitablemente intervinieron los Estados para expedir leyes y reducir la jornada, que a fines del siglo XIX llegaba a 10 horas diarias.

El empresario y socialista utópico Robert Owen (1771-1858) fue pionero en proponer “8 horas de trabajo, 8 horas de recreación, 8 horas de descanso”; mientras Karl Marx (1818-1883) descubrió la “ley de la plusvalía”, que explica el origen de las ganancias de los capitalistas. En 1866, la Primera Internacional de Trabajadores (AIT) fundada por Marx, así como la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), demandaron la jornada de 8 horas. Sin embargo, el movimiento fundamental ocurrió en los Estados Unidos con los huelguistas de 1886 que reivindicaron las 8 horas y cuyos “Mártires de Chicago” son recordados en el mundo al conmemorarse el 1 de Mayo como Día del Trabajo.

La segunda revolución industrial (EE. UU., Alemania, Gran Bretaña, fines del siglo XIX), con el uso de motores a base de electricidad y derivados del petróleo, tuvo repercusiones impresionantes en el transporte (ferrocarriles eléctricos, navíos, automóvil, avión), las comunicaciones (teléfono, radio, televisión) y el nacimiento de gigantes empresas (monopolios). Ese progreso material y tecnológico hizo posible la reducción mundial de las jornadas de trabajo, por la que seguían luchando los trabajadores. Paradójicamente el empresario estadounidense Henry Ford (1863-1947) fue el primero en introducir las 8 horas en sus fábricas de automóviles en 1914 y en duplicar el salario a 5 dólares, lo que salvó a su empresa, al mismo tiempo que despertó la ira de otros industriales. Esa jornada finalmente fue imponiéndose tanto en los EE. UU. como en Europa, incluso porque se sucedieron tres acontecimientos de significación internacional: la Revolución Mexicana de 1910, cuya Constitución de 1917 fue pionera en proclamar el principio pro-operario y reconocer derechos laborales con jornada máxima de 8 horas diarias y 48 semanales (Art. 123); la Revolución Rusa de 1917, que inspiró el auge de las luchas sociales por edificar un sistema postcapitalista; y el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919, cuyo Convenio No. 1 consagró la jornada máxima de 8 horas (industria) y 48 semanales.

Exceptuando México, que empezó la industrialización durante el porfiriato (1876-1911), junto con Argentina (enorme migración europea), la siderurgia en Brasil, la minería en Chile y Perú, pero todos con inversiones de voraces compañías extranjeras, en conjunto el resto de América Latina permaneció como gigante región primario-exportadora, con predominio de terratenientes y trabajo servil en el campo. La industrialización y el desarrollo capitalista recién despegaron con el avance del siglo XX.

También despertaron reformas sociales y legales, aunque los primeros países en decretar la jornada de 8 horas fueron Uruguay (1915) y Ecuador (1916): el primero por su adelantada cultura reformista social que también supo expresarse en la segunda presidencia de José Batlle y Ordóñez (1911-1915); y el segundo porque la medida en poco o nada afectaba al régimen de dominio plutocrático-bancario y terrateniente garantizado por el gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno (1916-1920). Al mismo tiempo que se establecieron jornadas máximas, fueron reconocidos amplios derechos: contrato individual y colectivo, salario mínimo, pago por horas extras, sindicalización, huelga, indemnizaciones, descansos, maternidad, seguridad social. En Ecuador los gobiernos de la Revolución Juliana (1925-1931) sentaron las primeras bases para superar el régimen oligárquico-bancario, inaugurar el papel social y económico del Estado, y decretar leyes laborales, además de expedir la progresista Constitución de 1929, que consagró sus principios. El Código del Trabajo en este país se expidió en 1938. A mediados del siglo XX los que cabe denominar como derechos laborales históricos estaban reconocidos por la OIT, la ONU y las legislaciones y códigos de los distintos países latinoamericanos.

La tercera revolución industrial (EE. UU., Japón), aunque en forma progresiva durante la segunda mitad del siglo XX con la electrónica, informática, telecomunicaciones, computadoras, microprocesadores, internet, robótica, modernizó al mundo en forma espectacular, pero sin alterar sustancialmente los derechos laborales históricos. En América Latina estos fueron golpeados por el anticomunismo de la Guerra Fría introducido en la región a raíz de la Revolución Cubana (1959) y especialmente conculcados por las dictaduras militares terroristas del Cono Sur. Pero el mayor impacto laboral ha provenido de la cuarta revolución industrial (EE. UU., Europa, China, Japón, Corea del Sur) desde inicios del siglo XXI, con el desarrollo del internet, biotecnología, tecnología digital, automatización avanzada y recientemente la inteligencia artificial.

Estos impresionantes progresos humanos han alterado las tradicionales formas del trabajo, creando “fábricas inteligentes” e “industrias 4.0”, que hacen posible no solo la producción automatizada sino el alivio de la carga del trabajo diario y semanal en amplios sectores económicos, en favor del disfrute individual, familiar o colectivo, del ocio y la recreación. En Francia y Alemania ya se introdujo la semana de 35 horas, mientras en Islandia, España, Reino Unido el “experimento” con jornadas de 4 días ha resultado espectacular. La pandemia del Covid en 2020 demostró incluso que era posible el trabajo desde casa.

Sin embargo, en América Latina quienes rápidamente han intuido esos alcances no son burguesías schumpeterianas, sino los grupos dominantes tradicionales o “modernos” que han lanzado las ideas de “flexibilidad” laboral, pero para arrasar con los derechos laborales históricos. Contrariando las nuevas tendencias históricas abogan por aumentar la jornada diaria a 10 o 12 horas sin pago de horas extras, con tal de que se cubran las horas semanales que fluctúan en la región entre 40 y 48 (ocurre en Ecuador estos momentos), o extendiendo la semanal y violando, en ambos casos, las jornadas máximas. De otra parte, buscan establecer las jornadas reducidas a través del trabajo por horas, la tercerización, el “smart-working”, el “salario emocional” u otras modalidades, pero con “costos” salariales que resultan miserables, impiden la estabilidad y afectan la seguridad social. Todo se hace con la finalidad de incrementar las ganancias y pese a que numerosos estudios demuestran que la reducción de las jornadas puede aumentar la productividad y alienta la responsabilidad y el bienestar de los trabajadores, además de evitar los agotamientos, el estrés y los errores.

Los capitalistas del presente han ganado enorme terreno en América Latina contando con la ideología neoliberal, la reciente anarco-capitalista libertaria y gracias a los gobiernos empresariales. El problema es que las izquierdas, así como las organizaciones de trabajadores, no han formulado las respuestas alternativas, contundentes y eficaces que permitan contrarrestar la arremetida patronal, así como promover y demandar nuevos derechos laborales acordes con el tiempo presente. Lo común ha sido limitarse a reclamar y proteger los derechos laborales históricos. Es una situación que inevitablemente tendrá que cambiar. Requerirá, además, la clara conciencia que comprenda lo pernicioso que resultan los gobiernos empresariales.

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Historia Universal: Revisionismo histórico sobre imperios y naciones liberadas

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Revisionismo histórico sobre imperios y naciones liberadas

Juan José Paz y Miño Cepeda

Entre el 2 y 6 de septiembre (2024) se realiza en Nápoles, Italia, el XX Congreso de AHILA (Asociación de Historiadores Latinoamericanistas – www.ahila2024.it), bajo el título general “Entre América y Mediterráneo: actores, ideas, circulaciones en los mundos ibéricos”. En ese marco se inscribe el simposio “La cuestión imperial en América Latina: crisis y transformación hegemónica en la Era de las Revoluciones (1776-1848)”. Mi ponencia trata el tema: “Imperios vs. Estados liberados: el nacimiento de América Latina”. Destaco algunos lineamientos.

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda*

Colaborador de Prensa Latina

Es generalizada la división de la “Historia Universal” en cinco grandes períodos: Prehistoria y las Edades Antigua, Media, Moderna y Contemporánea; pero América no tiene la misma historia y mucho menos América Latina y el Caribe. La Época Aborigen atravesó varias fases y desembocó en los imperios Maya, Azteca e Inca. Europa había pasado por las Edades Antigua y Media. Con el “descubrimiento” europeo de América (1492) se inició la Edad Moderna, que significó mercantilismo para las potencias monárquicas y coloniaje en América. Esa relación sentó las bases del subdesarrollo latinoamericano y de la enorme brecha social entre élites ricas y propietarias frente al conjunto de la población, mayoritariamente campesina e indígena.

Revolución Francesa

Si bien la Revolución Francesa (1789) marca el inicio de la Edad Contemporánea, para América ésta se inicia con la independencia de los Estados Unidos (1776) e inmediatamente con los procesos independentistas en la región que hoy llamamos América Latina. Se trató de un proceso complejo y contradictorio, que duró por lo menos dos décadas. Arrancó con la Revolución e independencia de Haití (1804), un movimiento popular de esclavos y mulatos. En México la revolución de 1810 también fue popular, con campesinos e indígenas. Pero, finalmente, la clase criolla encabezó las luchas independentistas, expresadas inicialmente por las Juntas soberanas entre 1809-1812 (La Paz, Quito, Bogotá, Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile), que buscaban autonomía, al mismo tiempo que revistieron sus intereses con la proclama de fidelidad al rey.

Pero Caracas proclamó su independencia (1811) y prosiguieron las distintas batallas hasta que, en Sudamérica, con las batallas de Pichincha, Junín y Ayacucho, se logró la independencia definitiva. En Brasil el proceso luce como lucha palaciega, pero finalmente se conseguirá un Estado Nacional. Exceptuando los temporales imperios en México (Iturbide y luego Maximiliano) y el largo en Brasil (Pedro II, 1822-1889), en todos los países latinoamericanos se instaurarán Estados nacionales y regímenes presidenciales basados en la tripartición de funciones.

Las revoluciones independentistas de América Latina no fueron “burguesas” y tampoco se propusieron instalar un nuevo modo de producción, el capitalismo, sobre la derrota del feudalismo, que no existió en la región. Las independencias se ubican en la “Era de las Revoluciones” con su propio contenido: terminaron con el colonialismo. Se trata de un proceso de significación mundial en la era del capitalismo. Los países de Asia y África conquistarán sus respectivas independencias solo en el siglo XX.

Desde luego, en los procesos independentistas latinoamericanos se incrustan los intereses de los imperios europeos y los nacientes de los Estados Unidos. El Caribe se convirtió en la “frontera imperial”, pues allí disputaron siempre las potencias europeas que frenaron su plena libertad, como ocurrió en Cuba, que alcanzó la suya en 1898, para ser inmediatamente frustrada e intervenida por los Estados Unidos. En el conjunto de nuevos países latinoamericanos, la amenaza intervencionista de los imperios y monarquías europeas parecía impedirse con la Doctrina Monroe proclamada en 1823. Sin embargo, prosiguieron las intervenciones en distintos países, al mismo tiempo que los Estados Unidos aseguraban su creciente expansionismo en el continente.

América Latina

Esta situación fue determinante para que América Latina se transformara en región pionera en proclamar y exigir el respeto a la soberanía e independencia de los pueblos, claramente expresada por el célebre Benito Juárez (1858-1872). El ecuatoriano Eloy Alfaro retomó esos principios para convocar al Congreso Continental en 1896 que se realizó en México. El boicot de los Estados Unidos impidió la asistencia de la mayoría de los países, aunque el Congreso aprobó un contundente documento que exigía la independencia de Cuba, reivindicaba los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiva y, sobre todo, planteó la necesidad de sujetar la Doctrina Monroe a un Derecho Público acordado por todos los países del continente. Una posición desafiante que hasta hoy tampoco ha podido concretarse, pues la OEA pasó a ser un instrumento de ese mismo americanismo.

Las potencias imperiales pretendieron subordinar la América Latina libre a sus intereses, al mismo tiempo que entre ellas buscaban imponer la hegemonía. Por eso nuestra región ha debido afrontar intervencionismos e injerencias a lo largo de toda su vida republicana. Y no solo frente a las potencias europeas, sino ante los Estados Unidos, que como primera potencia mundial imperialista en el siglo XX también tiene larga historia de intervenciones en los países latinoamericanos y sigue buscando cómo imponer la Doctrina Monroe en el presente.

En la actualidad existe un fuerte proceso revisionista de la historia nacida en las potencias centrales. Particularmente el “hispanismo” de derechas (patrocinado por el partido VOX) ha buscado éxito en sus concepciones y extendido sus estudios y argumentos en los círculos académicos a los que llega. Desde su visión, América Latina no fue “conquistada”, ya que los conquistadores fueron “libertadores” de pueblos sometidos por Aztecas e Incas, a tal punto que al puñado de hombres que llegaron desde España se unieron miles de nativos deseosos de su “libertad”. La monarquía nunca estableció colonias, sino provincias pertenecientes a un solo Estado, administrado por la Corona a través de una serie de funcionarios en América.

La “leyenda negra” sobre la conquista y la colonia fue obra de las potencias enemigas de España y particularmente de Gran Bretaña. España ejerció una misión civilizatoria y mantuvo tres siglos de paz. Las independencias fueron obra de agentes criollos relacionados con Gran Bretaña, Francia y la masonería. Líderes como Simón Bolívar son traidores que buscaban beneficios personales o grupales.

Marx

Hay quienes tratan a Bolívar como “miserable y vil” y en su respaldo dicen que hasta Karl Marx se refirió así contra el “Libertador”, lo cual es cierto, pues Marx tiene una biografía de Bolívar que demuestra un aislado desconocimiento del tema, que no afecta la genialidad de su pensamiento y sus estudios sobre el capitalismo.

Por todos estos medios, a los latinoamericanos se nos trata de convencer que la conquista no fue tal, que la colonia es un invento pues no existió, que las independencias son el peor error cometido, que sus líderes eran canallas y perversos y que, a fin de cuentas, América Latina no tiene historia propia, sino que debe sujetarse a las interpretaciones y criterios que vienen de los países “civilizados” del Occidente. Son ideas que recuerdan a G.W.F. Hegel, para quien América no es más que “eco de vida ajena”.

Pero felizmente las ciencias sociales latinoamericanas son sólidas y tienen un amplio desarrollo propio. A estas alturas conocemos bien la historia de la región, por lo cual los latinoamericanos consideramos a las independencias como el punto de nacimiento de lo que hoy es la América Latina libre, soberana e independiente. Desde luego, estos son principios que nos guían. Porque nuestra lucha por afirmarlos continúa, ya que las injerencias siguen tan activas como en el pasado.

Fuente de la Información: https://firmas.prensa-latina.cu/2024/09/05/revisionismo-historico-sobre-imperios-y-naciones-liberadas/

 

 

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Derechos laborales: el otro «enemigo»

Juan J. Paz y Miño Cepeda Deja un comentario

Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

En su codicia por extender los negocios e incrementar las rentabilidades privadas, los neoliberales, libertarios anarco-capitalistas, empresarios oligárquicos y sus gobiernos en América Latina, no solo atacan a los impuestos (https://t.ly/kBHLZ) sino que han llegado a concebir que los derechos laborales y sociales son un estorbo a la “libertad económica” y los trabajadores que luchan por defenderlos son sus verdaderos “enemigos” de clase. La historia del capitalismo y de la región contradice sus conceptos.

A partir de la primera Revolución Industrial, con el desarrollo de las manufacturas y fábricas, que determinaron el aparecimiento del trabajo asalariado, el capitalismo del primer siglo se levantó sobre la tremenda explotación a los trabajadores. En Inglaterra y Alemania, a la vanguardia de la nueva era económica, las jornadas superaban las 16 horas diarias, sin descansos semanales ni vacaciones; los salarios apenas permitían supervivir a las familias obreras en la miseria; los sindicatos, huelgas y manifestaciones estaban prohibidos; no existían indemnizaciones ni seguridad social. Esas condiciones de vida fueron denunciadas por los pensadores sociales. Conquistar derechos incentivó la lucha de clases, de modo que los trabajadores lograron conquistas, pero pasando por represiones, muertes y sufrimientos. Los historiadores han seguido estos procesos desde esa época hasta el presente, evidenciando que la riqueza de los empresarios nunca provino de su genialidad, sus emprendimientos ni su “trabajo”, sino de la acumulación del valor socialmente generado.

En América Latina la época colonial sentó las bases de la jerarquización social y de la explotación de la fuerza de trabajo especialmente de los indígenas y campesinos. Las repúblicas surgidas tras los procesos independentistas construyeron Estados oligárquicos, en los cuales las familias de las endogámicas élites de terratenientes, comerciantes y banqueros que controlaron el poder político en los diferentes países, reprodujeron las mismas condiciones laborales heredadas de la colonia. Solo desde mediados del siglo XIX fue abolida la esclavitud y a fines del mismo los liberales y radicales procuraron regular el trabajo para convertirlo en acuerdo mutuo sujeto a los Códigos Civiles, considerando que la igualdad ante la ley solucionaría las inequidades. Sin embargo, con el lento despertar del capitalismo latinoamericano en el siglo XX, si bien se dictaron tempranas leyes como: descanso dominical en Argentina y Colombia (1905), accidentes de trabajo en Guatemala (1906), jornada de ocho horas diarias en Cuba (1909), Panamá (1914), Uruguay (1915) y Ecuador (1916), fue la Constitución de México de 1917 la que inauguró la era del derecho social latinoamericano, al reconocerlos para los trabajadores de ese país.

Hasta entonces, no existían jornadas reguladas, salarios mínimos, pagos por horas extras, indemnizaciones, descansos, límites al trabajo femenino, seguridad social. De modo que, siguiendo el ejemplo mexicano, surgieron los sucesivos Códigos del Trabajo en Chile y Brasil (1931), Venezuela (1936), Bolivia (1939), Costa Rica (1943), Nicaragua (1945), Guatemala y Panamá (1947) y en la siguiente década los códigos merecieron nuevos adelantos en otros países: Argentina, Cuba, Perú, Uruguay, Colombia, República Dominicana, Honduras, Paraguay. Esta conquista de leyes laborales tuvo el objetivo de proteger a los trabajadores, imponer derechos, hacer frente a los explotadores empresarios y hacendados, lograr el mejoramiento de la vida de los trabajadores y de sus familias, que nunca se logró dejando las relaciones obrero/patronales en manos de la “iniciativa privada” y de la “libertad contractual”.

En Ecuador la cuestión social se institucionalizó gracias a los gobiernos nacidos de la Revolución Juliana (1925-1931). En 1925 se fundó el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, y en 1928 la Caja de Pensiones. El presidente Isidro Ayora (1926-1931) expidió varias leyes sobre: Accidentes del Trabajo; Jubilación, Montepío Civil, Ahorro y Cooperativa; Caja de Pensiones; Contrato Individual de Trabajo; Jornada Máxima y Descanso; Trabajo de Mujeres, Menores y Protección a la maternidad; Desahucio; Procedimientos. La Constitución de 1929 reconoció los derechos laborales en forma parecida a la mexicana. En 1938 se expidió el Código del Trabajo. En las siguientes décadas se hicieron reformas y se dictaron nuevas disposiciones, siempre con la idea de garantizar los derechos proclamados como irrenunciables e intangibles.

Históricamente, las leyes laborales y los derechos de los trabajadores no han impedido el desarrollo económico ni el emprendimiento privado, pero sí han puesto límites al insaciable apetito de acumulación de los propietarios del capital, que se alimenta más cuando los trabajadores y sus familias quedan sometidos a infames condiciones de vida. Aun así, América Latina es, en la actualidad, la región más inequitativa del mundo y, con los gobiernos empresariales inspirados en el neoliberalismo y el anarco-capitalismo, se han agravado el desempleo, el subempleo, la informalidad, la pobreza y la miseria, como no ocurría cuatro décadas atrás. Desde los años 80 y 90 del pasado siglo, cuando despertaron y avanzaron, a distintas velocidades, las consignas por “flexibilizar” el trabajo, así como la subordinación a los condicionamientos del FMI, los derechos históricamente conquistados en beneficio de los trabajadores han pasado a ser atacados, cuestionados y estrangulados solo en beneficio empresarial. En cambio, han sido los gobiernos progresistas de la región los que han cortado la vía neoliberal. En Ecuador, después del gobierno de Rafael Correa (2017-2021), quien revirtió la vía neoliberal que parecía igualmente indetenible en el país, también la recuperación de la hegemonía en el Estado a partir de 2017 por parte de un bloque de poder empresarial-oligárquico se ha convertido en un serio obstáculo para el desarrollo económico con bienestar social.

Los derechos laborales sistemáticamente han sido afectados, el Ministerio del Trabajo ha pasado a ser dirigido por personas que responden a los intereses empresariales y las políticas laborales han abandonado el principio pro-operario, incluyendo la seguridad social, cada vez en mayor riesgo. Ecuador es hoy uno de los diez peores países para los trabajadores en el mundo (https://t.ly/-R_Qm ; https://t.ly/l2Eoa) pero entre los empresarios hay quienes resaltan que el país ocupa el cuarto lugar entre los más altos salarios de América Latina (https://t.ly/9kjd5) y por eso se oponen a cualquier aumento; en tanto a nivel internacional el BID reconoce que 3 de cada 10 trabajadores latinoamericanos “no alcanzan a tener los ingresos necesarios para superar el umbral de la pobreza” (https://t.ly/uvMD0 ; https://t.ly/UvDZE).

Escudándose en el neoliberalismo y ahora también en el libertarianismo anarco-capitalista, se ataca a la justicia social como aberrante y violenta. El presidente Javier Milei en Argentina se erige como moderno ídolo para quienes siguen sus ideas y creen defender la “libertad económica”, un concepto perverso en América Latina, encaminado contra el Estado, los impuestos y los derechos laborales. En última instancia se pretende retornar a la época en la cual se carecía de normas y los trabajadores simplemente tenían que sujetarse al poder de los propietarios del capital. Es un proceso que solo los trabajadores organizados podrán detener.

Blog del autor: Historia y Presente
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Precarización laboral: un triunfo empresarial

Juan J. Paz y Miño Cepeda Deja un comentario

Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

Si bien Adam Smith (1723-1790) es considerado como el fundador de la economía liberal clásica, los liberales, neoliberales y libertarios contemporáneos nunca han sido consecuentes con la teoría del valor-trabajo de Smith, sino que la rechazan. Es decir, desechan precisamente el lado científico del fundador, para dedicarse a las simples consideraciones del mercado y los precios. Y lo extienden a lo que han bautizado como “mercado laboral” o “mercado del trabajo”, con lo cual borran toda consideración sobre los derechos laborales, que solo aparecen como estorbos u obstáculos al mercado libre y a los empresarios.

Pero Smith vivió la época de inicios del capitalismo, mientras que los liberales contemporáneos, entre los que hay que contar a los más alabados, como Friedrich von Hayek (1889-1992), Milton Friedman (1912-2006), Ludwig von Mises (1881-1973), Murray Rothbard (1926-1995) y otros tantos entre la Escuela Austríaca y el Anarcocapitalismo, han vivido la época que va del imperialismo a la crisis civilizatoria del presente. Smith apenas pudo observar el problema social creado por el capitalismo, aunque tuvo la perspicacia de comprender que del trabajo de los obreros provienen las ganancias de los capitalistas, una realidad que consideró algo propio a las “leyes naturales” del sistema. Por eso, fueron los críticos del liberalismo clásico, que experimentaron directamente las enormes consecuencias sociales de la miseria obrera y la opulencia de las burguesías, quienes desarrollaron teorías anticapitalistas al compás del avance del siglo XIX. Prácticamente en la segunda mitad de ese siglo, Karl Marx (1818-1883) desnudó las leyes del capitalismo y descubrió, superando a Smith, que la burguesía se apropia de la plusvalía, es decir del valor creado por los proletarios, por sobre el valor de su fuerza de trabajo.

Durante el siglo XIX fueron crecientes las reivindicaciones obreras; y sus acciones, siempre reprimidas incluso en forma sangrienta, inevitablemente condujeron a que los Estados comenzaran a proclamar derechos laborales, para evitar no solo la agudización de lo que Marx llamó lucha de clases, sino por el temor de una revolución social que condujera al socialismo. Todos esos procesos han sido ampliamente estudiados por una gigantesca cantidad de obras y artículos, que han afirmado el desarrollo de las ciencias sociales.

Pero, sin duda, América Latina siguió procesos diferentes. El coloniaje europeo fue el que marcó las bases estructurales del subdesarrollo, la dependencia y la extrema polarización social que heredaron los Estados nacionales, una vez concluidas las guerras de independencia anticolonial en la región. Durante el siglo XIX fueron aisladas y pocas las conquistas sociales, como la abolición de la esclavitud, del tributo de indios o de las formas más oprobiosas del trabajo servil. De modo que es con el siglo XX y el despegue del capitalismo en América Latina, aunque en forma diferenciada entre países, cuando el desarrollo de las clases obreras y el auge de las luchas indígenas y campesinas provocaron el surgimiento de la legislación laboral. A consecuencia de la Revolución Mexicana, se expidió en este país la Constitución de 1917, que fue la primera en reconocer el principio pro-operario, jornadas máximas, salario mínimo, descansos, protección de menores y mujeres, sindicalización, indemnizaciones por despido y otros derechos de los trabajadores, así como de los campesinos sobre las tierras. Esa Constitución inspiró el desarrollo de la legislación social en otros países latinoamericanos. Desde luego, las conquistas llegaron con el ascenso de masas, de las clases trabajadoras y la acción de intelectuales y políticos sensibles a las demandas sociales.

Ese ascenso fue parcialmente detenido por la Guerra Fría, que en América Latina tomó raíces a partir de la Revolución Cubana (1959). Los derechos laborales fueron afectados y los empresarios acusaban de “comunista” a cualquier reivindicación laboral, especialmente si era sindical. Las terribles dictaduras militares de los 60 y 70 ante todo arremetieron contra demandas laborales y persiguieron a dirigentes. El inicio de las democracias estables al comenzar la década de 1980 permitió retomar la defensa de los derechos laborales. Fue por poco tiempo. Enseguida, los acuerdos con el FMI, la penetración de la ideología neoliberal y la globalización transnacional que resultó del derrumbe del socialismo de tipo soviético, crearon las condiciones favorables para que las elites empresariales definieran un conjunto de consignas orientadas a flexibilizar y precarizar las relaciones laborales, lo cual significó el golpe histórico a los derechos conquistados desde inicios del siglo XX.

En definitiva, los derechos laborales se desarrollaron ante la necesidad de proteger a los trabajadores de las arbitrariedades de los capitalistas, que en la época de Smith sobreexplotaban a obreros que trabajaban sobre las 12 horas diarias, recibían salarios miserables, no tenían descansos y peor seguridad. Su condición humana era morir trabajando para los capitalistas. Y similar historia es la que siguió América Latina, de lo cual existen estudios e investigaciones en todos los campos de sus ciencias sociales.

Liberales, neoliberales y libertarios contemporáneos no solo desconocen esa historia. Imaginan que el mercado libre podría operar como suponen que ocurría en la época de Smith. Y desde las dos últimas décadas finales del siglo XX han promovido la flexibilización de las relaciones laborales, que implica la anulación de los derechos históricamente ya avanzados. En América Latina, todos los países con gobiernos condicionados por los intereses empresariales han alimentado ese proceso. El resultado es que han provocado la agudización de la lucha de clases, no han solucionado el problema del empleo, han aprovechado de la precarización, del desempleo, el subempleo y la informalidad para presionar contra los marcos legales que han protegido a los trabajadores formales. En la región no hay disposición empresarial para crear, por lo menos, economías sociales de bienestar.

Es en ese marco que se inscribe la consulta popular y referéndum convocados por el presidente Daniel Noboa en Ecuador y que se realizará el 21 de abril (2024). Bajo un clima de inseguridad generalizada, desarticulación del Estado y penetración de mafias, que son herencias dejadas desde 2017 por los gobiernos de Lenín Moreno y del banquero Guillermo Lasso, se preguntará a la población si quiere que se modifique la Constitución para poder imponer el trabajo por horas y los contratos a plazo fijo, actualmente prohibidos por esta Carta. Es una nueva estrategia de legitimación de políticas flexibilizadoras contra los trabajadores, que aprovecha precisamente la incapacidad de atender al empleo y que, de tener éxito, la experiencia del país seguramente será replicada en otros países de la región. Pero tampoco está lejos la experiencia que ha comenzado a vivir Argentina, donde toma vuelo el sui géneris libertarianismo, que igualmente se propone arrasar con derechos laborales. En Ecuador opera en forma gradual y en Argentina mediante el shock. Da igual: de la mano de gobiernos empresariales y de empresarios presidentes, el libertarianismo ofrece un futuro de mayor inestabilidad, explotación e inseguridad. Solo pueden detenerlo los mismos trabajadores.

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