Author: Juan J. Paz y Miño Cepeda

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Ecuador: «Proletarios uníos»: Cien años

Juan J. Paz y Miño Cepeda

«Proletarios uníos»: Cien años

Juan J. Paz y Miño Cepeda

La “Liga de los Comunistas” encargó a K. Marx y F. Engels la redacción de sus principios, que en 1848 se publicaron como “Manifiesto Comunista”. Es el primer antecedente para la fundación de los partidos comunistas en el mundo.

Para entonces, Marx ya contaba con una teoría sobre el desarrollo histórico, que pasó a ser el “hilo conductor” en sus estudios, y que lo resumió en su célebre “Prólogo de la Contribución a la Crítica de la Economía Política” (1859). En definitiva: “El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual, en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es el que determina su conciencia”; de modo que “la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política”. El genial resultado de sus investigaciones fue “El Capital”, voluminosa obra de la que Marx solo alcanzó a publicar el primer tomo (1867).

Pero en el “Manifiesto” se privilegió el lenguaje político y la concepción sobre la “lucha de clases”. Concluía con una famosa consigna: “Proletarios de todos los países, uníos”. Bajo esa guía, la primera época de desarrollo del “comunismo” se caracterizó por el activismo permanente, la organización del sindicalismo, la crítica radical al capitalismo y al poder burgués, la lucha por la toma del poder (sin excluir las armas) mediante la “revolución proletaria”.

El primer país en lograr esa toma del poder proletario fue la gigantesca Rusia, en 1917, cuyo proceso revolucionario fue dirigido por el “Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia” (fundado en 1898), en manos de los bolcheviques (la mayoría de izquierda del partido) y bajo el liderazgo de V. I. Lenin. A partir de 1918 pasó a denominarse “Partido Comunista de Rusia”, que en la III Internacional Comunista (Komintern, 1919), como “Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas” (PCURSS), exigió la solidaridad con la causa de los soviets y la “dictadura del proletariado”.

El surgimiento del primer país socialista en el mundo alentó el crecimiento y desarrollo de los grupos y partidos comunistas. Por lo común, nacieron de la ruptura con socialdemócratas, reformistas, anarquistas y, especialmente, con los socialistas, cuyos partidos fueron pioneros en constituirse. Así ocurrió con el PC de España (1921), escisión del PSOE; el PC fundado por los “Espartaquistas” en Alemania (KPD, 1919); el PC de Francia (1920); o el PC de Italia, fundado por los “puros” (1921), bajo el liderazgo de Antonio Gramsci. Su creciente influencia política entre los trabajadores explica, en mucho, los orígenes del fascismo, con B. Mussolini, del nacionalsocialismo con A. Hitler y del falangismo con F. Franco, pues estos tres regímenes tuvieron como rasgo decisivo el aniquilamiento de los “comunistas”.

En América Latina las ideas socialistas llegaron a países con fuerte inmigración europea, como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. El más antiguo Partido Socialista se fundó en Argentina, en 1896; y los primeros partidos comunistas surgieron al calor de la Revolución Rusa: Argentina en 1918; México, 1919; Uruguay, 1920; Chile y Brasil, en 1922; Cuba, 1925. En Ecuador el Partido Socialista se fundó en 1926 y el Comunista en 1931. Todos los partidos comunistas adhirieron a la III Internacional y disputaron ideológicamente con los socialistas y cualquier otro grupo marxista, considerado “revisionista”, “trotskista” o simplemente “burgués”. Los dogmatismos de la época impidieron la unidad de las izquierdas marxistas.

Con el desarrollo de la “guerra fría” después de la II Guerra Mundial (1939-1945), los “comunistas” de todo tipo pasaron a ser considerados enemigos de la democracia, sospechosos de atentar contra los Estados y, por tanto, perseguidos. También la “era de Stalin” (mediados de la década de 1920 hasta 1952), con la carga de autoritarismo y represión que le caracterizó en la URSS, contribuyó a alentar las previsiones del mundo occidental contra el “peligro comunista”.

Sin embargo, los partidos marxistas, en general, y los comunistas, en particular, jugaron un enorme papel en la democratización social de América Latina, tanto por la organización de los trabajadores, como por la promoción y defensa de sus derechos e incluso por la lucha que libraron contra los dominios oligárquicos y el propio camino capitalista. Después del triunfo de la Revolución Cubana (1959), al penetrar la guerra fría en la región, el “comunismo” pasó a ser el enemigo fundamental a derrotar. Y con la ruptura Chino-Soviética surgieron los partidos comunistas “pro-chinos”, que enfrentaron a toda fuerza marxista diferente.

El fracaso de las vías armadas en diversos países, condujo a que la Unidad Popular se planteara la vía pacífica, logrando alcanzar la presidencia de Chile con Salvador Allende (1970-1973). Pero, tantas décadas de inculcar el anticomunismo, particularmente en las fuerzas armadas latinoamericanas, sumado al hecho de la resistencia y ataque de las burguesías chilenas y las acciones de la CIA, condujeron a la instauración de una inédita dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet (1973-1990), que trató de eliminar al “comunismo” sin ningún límite sobre los derechos humanos. Ese terrorismo de Estado-militar se reprodujo en el Cono Sur latinoamericano.

Las dolorosas experiencias de las represiones terroristas y, sin duda, las nuevas condiciones históricas que creó el derrumbe del socialismo “clásico” en el mundo, han obligado a replantear la lucha popular latinoamericana por el socialismo. Los partidos comunistas y socialistas son ahora minoritarios en el espectro político de las izquierdas en la región, a pesar de la relativa fuerza que aún han logrado mantener en países como México, Argentina, Brasil y Chile (el PC de Cuba merece otras consideraciones). Pero, además, como partidos marxistas “tradicionales” (lo cual no significa menospreciar su historia para el ascenso social y la indudable defensa general de los intereses populares), han dejado de constituirse en alternativas de poder. En su lugar han surgido nuevas izquierdas, que incluso se encuadran en la democracia representativa para intentar llegar al gobierno y desde allí consolidar bases de poder que superen la hegemonía de los capitalistas del presente y, esencialmente, liquiden su dominio económico afirmado por el neoliberalismo. América Latina experimentó esa situación durante el primer ciclo de gobiernos progresistas y es posible que las tendencias de la actualidad conduzcan a un segundo ciclo.

En todo caso, desde la perspectiva histórica de largo plazo, se han conmemorado, en estos años, los centenarios de una serie de partidos comunistas. La República Popular China, precisamente, conmemorará, en julio de 2021, el centenario del Partido Comunista más grande del mundo y que dirige el poder, sobre la base de los replanteamientos del marxismo y la construcción de un “socialismo de mercado”, por “vía China”. En Italia también se ha recordado, el pasado 21 de enero, el centenario del Partido Comunista, que jugó un papel importante durante la resistencia al eje nazi-fascista. En noviembre seguramente España recordará el centenario de su Partido Comunista, que tuvo, igualmente, participación activa contra el totalitarismo franquista. En América Latina, los centenarios de los diversos partidos comunistas se han sucedido desde 2018. Son, pues, procesos que forman parte de la rica y variada historia de nuestra región, que inspira a algunos y disgusta a otros.

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/proletarios-unios-cien-anos/

 

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Ecuador – No Intervención: un tema latinoamericano

Juan J. Paz y Miño Cepeda

No Intervención: un tema latinoamericano

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Ecuador, lunes,  14 de Diciembre, 2020

Después de la independencia de los EEUU (1776), América Latina fue la primera región del mundo en romper con el coloniaje europeo en los albores del sistema capitalista, pues en Asia y África la liberación anticolonial solo se logró durante el siglo XX.

Las nacientes repúblicas latinoamericanas del siglo XIX se desarrollaron en una época de nuevos conflictos e intereses entre las potencias occidentales por dominar el mundo y en la cual también los EEUU requirieron de zonas de influencia. Para ello sirvió la “Doctrina Monroe” (1823), orientada en sus orígenes a detener cualquier intento europeo de reconquista colonial en el continente, pero que se transformó en una guía de la conducta exterior de los EEUU frente a Latinoamérica. Por eso, en 1896, convocado por iniciativa del caudillo liberal ecuatoriano Eloy Alfaro, se reunió en México el primer Congreso de naciones del continente -boicoteado por los EEUU-, que apenas pudo reunir a 8 países, pero que emitió un contundente documento en el cual, además de cuestionar el uso del “monroísmo” para la expansión de los intereses norteamericanos, acordó la necesidad de sujetar a esa doctrina a un verdadero orden jurídico continental.

De este modo, la urgencia de preservar la soberanía de cada país y la independencia nacional, hicieron de América Latina la región pionera en impulsar el principio de no intervención como política internacional, precisamente con el avance del siglo XX, en el cual la fase del imperialismo capitalista crecientemente afirmó un nuevo tipo de disputas económicas entre las grandes potencias, que derivó en dos guerras mundiales (1914-1918 y 1939-1945) y en constantes intervenciones sobre los países del “Tercer Mundo”.

Las propuestas contra el intervencionismo de las grandes potencias ya se encuentran en el chileno Andrés Bello, los argentinos Carlos Calvo y, sobre todo, Luis María Drago, quien en 1902 se lanzó contra la incursión armada de Alemania, Gran Bretaña e Italia sobre Venezuela, para cobrar sus deudas (“Doctrina Drago”). También el mexicano Isidro Fabela escribió sobre el intervencionismo, mientras su compatriota, el presidente Venustiano Carranza (1917-1920), al calor de la cultura radical y nacionalista que incubó la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917 -una Carta de enorme importancia mundial, que inauguró el derecho social en América Latina- proclamó la no intervención como política del Estado y como fundamento para respetar la soberanía de los pueblos y sus formas autónomas de gobierno (“Doctrina Carranza”).

Pese a esos iniciales y visionarios conceptos sobre la no intervención, fue la VII Conferencia Internacional Americana, reunida en Uruguay en 1933, la que adoptó la “Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados” (https://bit.ly/3qPnEkf), estableciendo: Art. 8- Ningún Estado tiene derecho de intervenir en los asuntos internos ni en los externos de otro. Además, en la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, realizada en Buenos Aires en 1936 (a la que asistió Franklin D. Roosevelt, presidente de los EEUU) igualmente se acordó: Art. 1º.—Las Altas Partes Contratantes declaran inadmisible la intervención de cualquiera de ellas, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos interiores o exteriores de cualquiera otra de las Partes. // La violación de las estipulaciones de este artículo dará lugar a una consulta mutua, a fin de cambiar ideas y buscar procedimientos de avenimiento pacífico (https://bit.ly/3nbxJWG).

Todo parecía advertir que el principio de no intervención quedaba históricamente consagrado en América. De modo que al nacer la OEA, su Carta constitutiva, aprobada en Bogotá el 30 de abril de 1948, simplemente se acogió y ratificó lo siguiente: Art. 19- Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen (https://bit.ly/2IEILoi).

Cuando se creó la ONU (1945) y sobre la experiencia sufrida por la II Guerra Mundial (1939-1945), la idea de la paz pareció un mensaje de valor universal, de modo que el “Proyecto de Declaración de Derechos y Deberes de los Estados” (1949) incluyó varios principios sobre la soberanía e independencia de los Estados y acordó: Art. 3- Todo Estado tiene el deber de abstenerse de inter­venir en los asuntos internos o externos de cualquier otro Estado; y en el Art. 9: Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recu­rrir a la guerra como instrumento de política nacio­nal, y de toda amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquiera otra forma incompatible con el derecho y el orden internacionales (https://bit.ly/33ZlwwL).

Parecía un progreso civilizatorio de la humanidad. Sin embargo, contrariando todos estos marcos históricos y jurídicos, el desate de la guerra fría en el mundo desde la década de 1950 y su introducción en América Latina a raíz de la Revolución Cubana (1959) alentaron nuevos intervencionismo de las grandes potencias. El combate al “comunismo” en nuestra región se convirtió en pretexto y justificación para el intervencionismo norteamericano en todos los países latinoamericanos y mediante diversos mecanismos. Entre tantos casos, podría anotarse la invasión a Guatemala (1954) para derrocar al presidente Jacobo Arbenz y garantizar los intereses de la United Fruit Co.; el ilegítimo bloqueo económico a Cuba (que continúa hasta el presente pese a las condenas mundiales); el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en Chile (1973) para instaurar la terrorista dictadura de Augusto Pinochet; o el financiamiento y apoyo a los “contras” en Nicaragua para derrocar al Sandinismo, que logró tomar el poder por las armas en 1979 y dar fin a la sanguinaria dinastía de los Somoza. De nada sirvió que la Corte Internacional de Justicia emitiera, en 1986, un inédito y contundente fallo, que dice: La Corte. Por 12 votos contra 3. Decide que los Estados Unidos de América, al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas contras o al estimular, apoyar y ayudar por otros medios las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua han actuado, en perjuicio de la República de Nicaragua, infringiendo la obligación que les incumbe con arreglo al derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro Estado (https://bit.ly/3qMKr0c). Imposible dejar de señalar la guerra de las Malvinas en 1982, que enfrentó a Gran Bretaña con Argentina.

Pero el sentido hegemónico y perdurable en el continente ha sido el intervencionismo dirigido exclusivamente contra gobiernos que los EEUU han considerado que perjudican a sus intereses y que no terminó con el derrumbe del socialismo de tipo soviético. Se ha mantenido y revivió específicamente durante el ciclo de los gobiernos progresistas latinoamericanos, siempre sospechosos por “socialistas” o “izquierdistas”. Su mayor expresión ha sido Venezuela, país contra el que se ha instaurado el segundo bloqueo económico norteamericano en el continente, que es la raíz de los enormes problemas que ahora tiene ese Estado.

Lo más grave en América Latina no es solo el hecho de que el principio de la no intervención, que nació aquí, en esta región, se usa en función de la geoestrategia continental, sino que una serie de gobiernos se han inclinado por el desconocimiento o manipulación del mismo con fines exclusivamente de conveniencia política. Así ha ocurrido con los integrantes del “Grupo de Lima” (nació en 2017 y Ecuador se vinculó a él en septiembre de 2018), unilateralmente enfocado contra Venezuela. Se llegó al insólito caso, sui géneris en la historia republicana de Latinoamérica, de reconocer al autoproclamado Juan Guaidó como presidente de un país que solo existía en las mentes y declaraciones de quienes lo reconocieron.

El gobierno del Ecuador, por su parte, tuvo recientemente un doble y paradójico comportamiento. Mientras, por un lado, en un comunicado oficial que se hizo público a través de Twitter el 5 de diciembre (2020), resolvió, como política de Estado (y aún antes de que se realizaran las elecciones): “el gobierno del Ecuador no reconocerá los resultados del proceso electoral venezolano, que violan la Constitución y está viciado de toda legalidad” (https://bit.ly/37Ufv5z); por otra lado, en un nuevo comunicado del siguiente día, 6 de diciembre, la Cancillería se refirió a un Twitt de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández (opinaba sobre la ausencia de “democracia” en el país, ante la falta de legalización de la candidatura presidencial de Andrés Aráuz – https://bit.ly/3ncvXEP) y sostuvo que rechazaba esta “inaceptable intervención en los asuntos internos del Ecuador” (https://bit.ly/3a2Lmnt).

 

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/no-intervencion-un-tema-latinoamericano/

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Ecuador: Ferrocarril al cielo

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Ferrocarril al cielo

Juan J. Paz y Miño Cepeda

La expansión de ferrocarriles en Europa y los EEUU durante el siglo XIX contribuyó a su desarrollo industrial y consolidó el capitalismo; pero no ocurrió así en América Latina.

Aunque se conoce que Robert Stephenson, hijo del inventor de la locomotora, propuso a Simón Bolívar la construcción de una línea férrea desde Bogotá hasta Río Magdalena, la idea nunca se concretó. Y si bien el ferrocarril fascinaba y era visto como signo de civilización y progreso de los “grandes países”, no aparecieron rápidamente inversionistas externos y tampoco internos que asumieran los costos de algún proyecto, que resultaba demasiado caro para territorios regionalizados en casi todas las nacientes repúblicas de América Latina.

Sin embargo, en Cuba se inauguró, tan temprano como en 1837, la primera línea férrea latinoamericana. Otros países avanzaron en la construcción ferrocarrilera desde mediados del siglo XIX, como ocurrió en Brasil (1850), Perú (1851), Chile (1851), Colombia (1871), Argentina (1857), Uruguay (1869) y México (1873), aunque aquí el auge se produjo bajo el porfiriato, a partir de la década de 1880. En unos casos, inversionistas locales se asociaron principalmente con británicos, pero también hubo norteamericanos. Hay numerosos trabajos sobre el tema y obras específicas en cada país; pero una síntesis recomendable, que da cuenta de la historia de los ferrocarriles en México, Antillas, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile es la obra La expansión ferroviaria en América Latina (2015), coordinada por la historiadora económica Sandra Kuntz Ficker.

Los ferrocarriles latinoamericanos no sirvieron para la promoción capitalista, aunque tuvieron un fin económico central: el transporte de los bienes exportables como minerales, nitratos, caña de azúcar, café, guano, hasta puertos de importancia. Respondieron, ante todo, a las necesidades de las oligarquías regionales. Su construcción empleó presidiarios, trabajadores bajo enganche, migrantes (como los chinos o “coolies” en Perú), jornaleros asalariados. Del negocio, cuando fue privado, aprovechó una elite de familias.

En Ecuador no hubo interés de inversionistas locales porque el cacao se transportó aprovechando la rica cuenca del río Guayas. Pero la primera línea (1872) fue obra estatal, durante el segundo gobierno del tirano conservador Gabriel García Moreno, admirador del progreso europeo (estudió en Francia) y solo avanzó pocos kilómetros, que en los años posteriores fueron totalmente descuidados por los sucesivos gobiernos. La reconstrucción y finalización de la única línea nacional, que conectó la ciudad portuaria de Guayaquil con la andina capital Quito (452 km.), fue obra del liberal radical Eloy Alfaro y concluyó en 1908. Un resumen de la historia de ese ferrocarril, con la transcripción de varios documentos originales como los contratos con el constructor Archer Harman, puede seguirse en mi libro Eloy Alfaro. Políticas económicas (https://bit.ly/3qb2aOM). Aquella obra, que fue bautizada como “ferrocarril al cielo” (ascendía desde el mar hasta las montañas) y cuya construcción fue considerada como la más difícil del mundo, contribuyó, sin duda, a la integración nacional, al menos entre costa y sierra, pues, aunque Alfaro tuvo la idea de construir un tramo para la amazonia, nunca se hizo.

En 1925 el ferrocarril, que estuvo en manos de la “Guayaquil & Quito Railway Company”, definitivamente pasó al Estado, pues no existía ningún interés privado en mantenerlo. El raquitismo económico de las décadas posteriores y la desatención de los sucesivos gobiernos, provocaron el declive progresivo del ferrocarril alfarista, aunque llegaron a construirse ciertos tramos de conexión con las provincias de Imbabura, Esmeraldas, Azuay y Loja. En la segunda mitad del siglo XX la extensión de las redes de carreteras, así como el desarrollo del transporte en automóvil, bus y avión, literalmente condenaron al ferrocarril a su propia buena suerte. En adelante, la demagogia política repetía, sobre todo en las campañas electorales, la necesidad de “rehabilitar” el ferrocarril, románticamente visto como la obra magna de Eloy Alfaro y la Revolución Liberal Radical de 1895.

En América Latina los ferrocarriles de la segunda revolución industrial (sus fuentes de energía pasaron a ser la electricidad y el petróleo) reemplazaron a los de la primera generación (vapor), aunque no en todos los países. Esa modernización exigió nuevas obras de infraestructura, demasiado costosas en los países pequeños. De modo que los antiguos ferrocarriles quedaron para fines turísticos o comunicaciones regionales tradicionales, mientras otros realmente murieron con el tiempo.

De otra parte, en Ecuador, durante la vigencia del primer ciclo del modelo empresarial-neoliberal (1983-2006), no hubo interés alguno en la privatización del antiguo ferrocarril alfarista y tampoco en invertir en él. Sin embargo, el gobierno que asumió con alguna seriedad la rehabilitación y la atención postergadas por décadas, fue el del presidente Rodrigo Borja (1988-1992), quien adquirió varias locomotoras a electrodiesel, además de interrumpir, al menos temporalmente, el galope neoliberal. Después, continuó el descuido y el deterioro. Pero fue el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) el que asumió la definitiva “rehabilitación” del ferrocarril, que logró la reparación y readecuación de las vías, así como de todas las estaciones, modernizando el servicio. El ferrocarril recobró su antiguo esplendor, recuperó actividades económicas de las poblaciones unidas por la línea férrea y potenció el turismo. Para este gobierno fue un asunto de identidad con la Revolución Liberal Alfarista, así como una inversión estatal que se demostró viable y capaz de mantener locomotoras, vagones, instalaciones y otras infraestructuras consideradas como patrimonio histórico de la nación.

El giro que dio el gobierno de Lenín Moreno a la conducción económica edificada en el Ecuador durante la década anterior a su presidencia, y que ha implicado la reimplantación de un segundo ciclo de vigencia del modelo empresarial-neoliberal en la historia contemporánea, también ha tenido repercusiones sobre el ferrocarril. En 2018, Moreno ofreció, con desbordante entusiasmo y propaganda, un “tren playero” (https://bit.ly/3mjkgvy), que bordearía buena parte del litoral, pero la obra no se construyó. Al agudizarse la crisis económica, las políticas a favor del recorte de inversiones y “gastos innecesarios” del Estado, pero también por los compromisos asumidos con el FMI y finalmente debido a la expansión de la pandemia del Coronavirus, en mayo de 2020 se expidieron varios decretos y uno de ellos dispone “la extinción de la Empresa Ferrocarriles del Ecuador. Empresa Pública – FEEP” (creada en 2010) y, además, de otras 7 empresas públicas, como los Correos y los Medios Públicos de Comunicación (https://bit.ly/3qbn4NG).

El asunto no quedó allí. De acuerdo con las informaciones de prensa, a fines de noviembre (2020) se supo que 6 vagones del tren habían sido chatarrizados y posteriormente fundidos. Intervino el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para señalar su preocupación, sostener que debían seguirse las recomendaciones técnicas y solicitar, por tanto, que se abstenga de continuar con los procesos de chatarrización, que pudieran «vulnerar o afectar tanto a los bienes del patrimonio cultural ecuatoriano o potenciales bienes de interés, dado que aún no se ha agotado el proceso de inventario de los bienes de Ferrocarriles del Ecuador» (https://bit.ly/2KEcy0X). En definitiva, así ha llegado a su fin el ferrocarril ecuatoriano que caracterizó una larga época de identidad nacional y significación histórica republicana.

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/ferrocarril-al-cielo/

 

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Ecuador: La Democracia en América

Juan J. Paz y Miño Cepeda

La Democracia en América

Ecuador, lunes,  23 de Noviembre, 2020

Juan J. Paz y Miño Cepeda

En 1831 el francés Alexis de Tocqueville (1805-1859), junto con Gustave de Beaumont, fue enviado a los Estados Unidos de América, para informarse sobre el sistema penitenciario, que despertaba enorme interés. Tras nueve meses de recorrer el país, Tocqueville escribió Del sistema penitenciario de los Estados Unidos y de su aplicación en Francia (1832), que mereció el Premio Montyón, de la Academia Francesa; pero luego publicó el primer tomo de una voluminosa obra titulada La Democracia en América (1835), cuyo segundo tomo apareció cinco años más tarde (https://bit.ly/3kSn6Gj).

El éxito de La Democracia en América fue inmediato, además de haber sido premiado con 8.000 francos por la Academia Francesa. Se transformó en un “best seller” entre políticos y estudiosos, porque descubrió, para el mundo europeo de la época, un régimen republicano y presidencialista, con un tipo de “democracia” inédita. De hecho, Tocqueville inicia la obra señalando: “De las novedades que durante mi estancia en los Estados Unidos atrajeron mi atención, ninguna sobresale tanto entre mis recuerdos como la igualdad de clase, común á todos los ciudadanos. Descubrí allí sin trabajo la influencia provechosa que ejerce este hecho primordial en la sociedad. Él da al espíritu del pueblo una determinada dirección y cierto curso á las leyes; á los gobiernos máximas nuevas en que inspirarse, y particulares hábitos á los gobernados”.

La obra de Tocqueville ha pasado hasta el siglo XXI como un clásico de las ciencias sociales para la comprensión de las relaciones entre Estado y sociedad civil, sobre el valor de las libertades y la democracia, sobre el sentido de la “igualdad de clases” a la que alude su autor. Hay centenares de estudios sobre el tema. Esquematizando en algo las ideas, Tocqueville se refiere al tipo de “democracia” que encontró no solo en la institucionalidad y las leyes, sino, ante todo, en la “asociatividad” de los ciudadanos, para crear comunidades de base igualitarias, que garantizan su “libertad”. Desde luego, son conceptos con sentido propio del autor, porque Tocqueville encuentra, al mismo tiempo, sus límites en el dominio de las elites o en la existencia de la esclavitud. Pero advierte la tendencia a la “democratización” general, que la interpreta posible y deseable también para Europa: “Una gran revolución democrática se realiza entre nosotros”.

Si Tocqueville habría visitado la América Latina naciente de aquellos tiempos, sin duda habría tenido que escribir sobre la ausencia de toda democracia y el estrangulamiento de las libertades, a consecuencia del despegue de regímenes con dominación oligárquica y exclusión social. En 1831 gobernaba en Ecuador el general Juan José Flores, vinculado al conservadorismo de los hacendados serranos. Pero actuaba también un político de enorme formación intelectual: el millonario guayaquileño Vicente Rocafuerte (1783-1847), quien sería presidente del país entre 1835-1839. Por haber estudiado en Europa y haber vivido varios años en los EEUU, forjó una conciencia más adelantada que el común de sus connacionales, de modo que fue el primer mandatario ecuatoriano en preocuparse por el fortalecimiento del Estado y de la institucionalidad, la construcción de caminos y otras obras públicas (único presidente en la historia que puso su propio dinero para financiar algunas obras), el desarrollo de la educación, la implantación del laicismo (no lo logró), el crecimiento económico y la sujeción de los intereses privados al interés nacional, debiendo emplear una férrea autoridad para imponer la ley. Por cierto, Rocafuerte también escribió un folleto titulado “Ensayo sobre el nuevo sistema de cárceles” (1830), en el que destacó el sistema penitenciario estadounidense, que admiraba tanto como a ese país.

A casi dos siglos de aquella época, la democracia en los EEUU sin duda cuenta con otro tipo de estudios, tanto como la que se ha cultivado en América Latina y, desde luego, en Ecuador. La igualdad ya no es el rasgo característico de la gran nación otrora admirada en Europa y en el propio continente. La obra Capitalismo Progresista (2020), de Joseph E. Stiglitz resulta demoledora, pues verifica que el crecimiento del PIB del país no acompañó necesariamente al mejoramiento social y que se alteró desde 1980: la economía se ralentizó, el nivel de vida decayó, la desigualdad se volvió creciente, incluyendo las desigualdades de raza, condición étnica, género y oportunidades, la desigualdad en sanidad y, desde luego, en riqueza, pues el 1% de la cima dispone de más del 40% de la riqueza total del país.

El panorama en América Latina es aún más desalentador, según todos los estudios sobre el tema realizados por CEPAL, FMI, BM o PNUD. En Ecuador, si bien la tendencia hacia una mayor equidad se estancó desde 2014, ha recuperado el camino de la concentración acelerada de la riqueza desde 2017, con la reimplantación del modelo empresarial de desarrollo, y se agravó radicalmente desde 2020 bajo la pandemia del coronavirus, que privilegió supuestas políticas de “empleo”, pero a costa de los derechos laborales. Las condiciones de vida y de trabajo en el país se deterioraron como nunca antes, conforme puede seguirse en los distintos estudios que realiza la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador (https://bit.ly/2UMM8Md), así como en los diversos informes internacionales de las mismas entidades antes citadas. Y a la economía acompañó el descalabro inevitable de la democracia.

Stiglitz comprobó que el ritmo de las desigualdades en los EEUU es fruto de la confianza desmedida en los supuestos del mercado libre. Cuestiona severamente la conducción presidencial de Donald Trump, demostrando los niveles aún mayores de concentración de la riqueza a los que se llegó durante este gobierno. Pero lo mismo que dice Stiglitz es posible encontrar en América Latina, región en la cual las ideas del “neoliberalismo” se ajustaron bien a los intereses y visiones de empresarios conservadores, atrasados y rentistas, que son responsables, junto a los gobiernos que los han representado, del derrumbe de las condiciones de vida y de trabajo en la mayoría de países.

A pesar de los datos económicos y sociales, la democracia en los EEUU sigue considerándose como un patrimonio histórico. Este rasgo, que es una especie de herencia ideológica de la valoración que realizara Tocqueville, se advierte de inmediato en A Promised Land (hay traducción al español), el reciente libro de Barack Obama, presidente de los EEUU entre 2009 y 2017. Se trata del primer tomo de sus memorias (1.129 páginas), que resulta importante para entender la historia inmediata de la potencia americana, escrito como un relato enganchador para quien lo sigue. Allí se inserta la idea de que la democracia, la libertad y la igualdad constituyen la esencia del sistema norteamericano. En ese marco, la “era Trump”, como lo ha destacado el mismo Obama en diversas entrevistas a propósito de su libro (por ejemplo, la que publicó “El País”: https://bit.ly/3ft3Ga5), evidentemente ha representado una especie de “ruptura” con la tradición histórica. Y ha resultado inédita su intemperante posición en torno a los resultados electorales, pues Trump proclamó, como si lo hubiera aprendido de algún otro político latinoamericano, que se había producido un escandaloso “fraude” en su contra.

Lo insólito es que el gran fraude, según Rudy Guliani (ex alcalde de New York y abogado de campaña de Trump) y Sydney Powell (otra abogada), habría sido orquestado desde Cuba, con máquinas de Venezuela y Hugo Chávez de por medio (https://bit.ly/35PTGEj). Esto demuestra no solo que América Latina tiene particular importancia estratégica para los EEUU, sino que la diplomacia Trump siempre ha estado muy clara que en la región resultan “enemigos” los gobiernos que no se alinean con sus políticas.

En América Latina, en cambio, el fantasma de Venezuela y de Cuba no llama la atención, porque lo han usado las derechas políticas y económicas cada vez que quieren evitar o paralizar caminos sociales que corten el poder que ha estado bajo su hegemonía. De modo que, aunque en los propios EEUU esa acusación suena ridícula y en el mundo ha provocado burlas, en nuestra región resulta convincente para quienes quieren defender un tipo de “democracia” puesta al servicio de las elites conservadoras.

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/la-democracia-en-america/

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Ecuador: Dependencia e industrialización

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Dependencia e industrialización

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Especial para Informe Fracto, México – https://bit.ly/2IrmsCD

La teoría de la dependencia, en la cual el sociólogo André Gunder Frank (1929-2005) fue la figura principal -aunque tuvo notables intelectuales que la cultivaron en toda Latinoamérica (entre otros: Theotonio Dos Santos, Ruy Muro Marini, Celso Furtado, Enzo Faletto, Fernando Henrique Cardoso)-, adquirió decisiva influencia en la región durante la década de 1970. Incluso en los ambientes de la izquierda académica de la época (el marxismo había ganado la hegemonía intelectual) se la tuvo como el complemento necesario a la teoría del imperialismo de V.I. Lenin. Pero quien la popularizó no fue un científico social, sino el reconocido periodista y literato uruguayo Eduardo Galeano (1940-2015), a través de su libro Las venas abiertas de América Latina (1971), de cuya interpretación el mismo autor se distanció años más tarde, admitiendo sus limitaciones sobre el tema cuando escribió la obra.

De acuerdo con los dependentistas, América Latina ingresó al mundo capitalista a partir de la conquista europea. Su economía no fue autónoma sino sujeta a la evolución de la economía de España y Portugal (las potencias colonizadoras más importantes). El proceso independentista aflojó esa dependencia, pero la región cayó bajo la dependencia de Inglaterra durante el siglo XIX. En el tránsito al siglo XX hubo un momento de autonomía, pero América Latina finalmente pasó a depender de los EEUU, primer gigante imperialista. En forma esquemática, las sucesivas dependencias consolidaron la relación metrópoli/satélites, bajo la cual ambos polos del mismo imán caminaron juntos en el proceso mundial de afirmación del capitalismo como sistema; pero mientras las metrópolis se “desarrollaron”, los satélites también lo hicieron, pero no en forma ascendente, sino en forma descendente: es decir, se “subdesarrollaron”. De modo que desarrollo y subdesarrollo son dos caras de la misma moneda. Y la única forma de romper la dependencia (condicionamiento estructural de la potencia externa a las economías internas latinoamericanas) era superar el capitalismo y caminar al socialismo.

Tan sugestiva teoría, tuvo un impacto formidable. Hubo investigadores que sostuvieron, con impecable rigurosidad, la existencia de “capitalismo” en América Latina desde la época colonial, como lo hizo Fernando Velasco (1949-1978), un joven economista ecuatoriano, brillante intelectual y político, en su tesis “Ecuador: subdesarrollo y dependencia” (1981), que años después se convirtió en un libro de amplio uso universitario. Pocos críticos, como otro ecuatoriano radicado en México y profesor de la UNAM, el sociólogo Agustín Cueva (1937-1992), desmontó y rechazó la famosa “teoría de la dependencia”.

En esencia, la concepción había sobrevalorado las relaciones internacionales y descuidado los procesos latinoamericanos internos. En realidad, al examinar los orígenes del subdesarrollo, sin duda la dependencia es un factor que no cabe descuidar, pero responde, ante todo, a la evolución propia de las economías de cada país.

Sistemas agrarios, rurales, basados en las haciendas, estancias, plantaciones y latifundios, se consolidaron desde el siglo XVIII y se prolongaron hasta bien entrado el siglo XX. Las incipientes “burguesías” comerciales y bancarias no alteraron las economías atrasadas, de servidumbre campesina e indígena y, sin duda, “pre-capitalistas”. Tampoco los primeros esfuerzos industriales, que destacaron a México, Brasil o Argentina al comenzar el siglo XX.

En Ecuador, solo el liberalismo radical, que acaudilló Eloy Alfaro, se preocupó, por primera vez, de la industrialización del país. En 1909 un Mensaje de ese presidente al Congreso abogaba por el “prudente proteccionismo” y la aprobación de una “Ley de Protección Industrial”, para seguir el ejemplo de los EEUU y de Inglaterra. El mismo año, el mandatario dictó un Decreto concediendo “el uso de ríos, cascadas y de todas las aguas que corren por cauces naturales, á los empresarios que implantaren cualquier establecimiento fabril en que se emplee fuerza hidráulica ó fuerza eléctrica”; además, exoneró de impuestos a todo recurso que facilite la industrialización. Adicionalmente, Alfaro se preocupó por fomentar la minería y la explotación del petróleo, que para la época empezaba a mover a las primeras compañías imperialistas.

Pero, si bien al comenzar el siglo XX nacieron algunas manufacturas, particularmente en la ciudad puerto de Guayaquil, el país siguió atrasado y rural. No fue la “dependencia” la que marcó ese “subdesarrollo” sino la vigencia del régimen oligárquico interno, bajo el cual no interesó el mercado nacional, sino las fáciles rentas derivadas de la superexplotación de la fuerza de trabajo, con peones y sembradores en la Costa y conciertos y huasipungueros en la Sierra. Los sueños de Alfaro tampoco se cumplieron porque el Estado no se transformó en promotor capitalista, ya que la iniciativa empresarial quedó solo en manos privadas, con lo cual la industrialización no llegó.

En 1925, la Revolución Juliana del Ecuador inauguró el largo camino de superación del régimen oligárquico y la construcción de una economía social, que privilegió la atención a los trabajadores y clases medias. Pero, apenas esbozó un principio de reforma agraria, que no se cumplió. Y dictó un Decreto que nuevamente buscó la industrialización del país, exonerando a los empresarios de todo impuesto fiscal o municipal, así como imponiendo aranceles a los productos extranjeros que podían competir con las industrias, a las que se liberó las importaciones. Tampoco Ecuador se industrializó, porque a las elites rectoras de la economía nacional no les interesó cambiar el régimen agrario y rural, de cuyo fácil rentismo gozaban.

Tuvo que llegar el “desarrollismo” de la década de 1960 para que Ecuador, como ocurrió con otros países latinoamericanos, se transformara y empezara, realmente, su modernización capitalista.

En un interesante libro de Alejandro Lipschutz (1883-1980) titulado Marx y Lenin en la América Latina y los problemas indigenistas (Premio Casa de las Américas, 1974), este célebre médico e investigador (nació en Letonia, pero vivió en Chile) demostró que la concentración de tierras en Chile, causante de las desigualdades visible al comenzar los sesenta, era peor que la que tuvo Rusia antes de la Revolución de octubre de 1917, con la cual se inició el socialismo en ese país. Si se guía por los datos del Ecuador de la Junta Nacional de Planificación de la época, se encontrará que la situación en este país era peor aún que la de Chile. De modo que el capitalismo seguía estrangulado por la situación existente en el campo.

Eso explica que, bajo el programa norteamericano “Alianza para el Progreso”, y los postulados de la CEPAL sobre industrialización sustitutiva de importaciones, el desarrollismo ecuatoriano, inaugurado por la Junta Militar (1963-1966), que de todos modos fue reaccionaria y pronorteamericana (aunque en el país la atrasada elite empresarial la tildó siempre de “comunista”), implantara la reforma agraria, promoviera la industria, protegiera a los empresarios e impulsara el definitivo despegue capitalista del Ecuador.

La historia latinoamericana y ecuatoriana demostró que por simple iniciativa privada, la industria no prosperó, sino que fue necesario el intervencionismo activo del Estado para que despegara. Ese proceso desarrollista duró hasta la década de 1970. Sin embargo, el neoliberalismo, despertado desde la década de 1980, alteró el progreso económico y social de América Latina, incluso afectando el crecimiento industrial, pues benefició a las economías especulativas del sector financiero y comercial.

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/dependencia-e-industrializacion/

 

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Ecuador: Giro neoliberal ¿exitoso plan empresarial?

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Giro neoliberal ¿exitoso plan empresarial?

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

Los empresarios ecuatorianos han mantenido desde inicios del siglo XX una misma línea de acción en torno a tres cuestiones centrales: el rechazo al Estado interventor en la economía, el cuestionamiento a todo tipo de impuestos y la sistemática oposición al avance de la legislación protectora de los trabajadores.

Los empresarios latinoamericanos del presente y sus organizaciones gremiales suelen asumir que son “apolíticos” e independientes. Consideran a sus actividades simplemente como “productivas”. Suponen que exclusivamente crean “riqueza” y trabajo, que de ellos depende la prosperidad ciudadana y que incluso cumplen una misión ética y patriótica de amplio beneficio social.

Pero la historia económica de la región demuestra que los empresarios y sus gremios, sin ser partidos políticos activos, se convierten en actores directos en las contiendas electorales con candidatos vinculados a sus redes; son fuerzas sociales permanentemente activas en las confrontaciones por el poder; pasan a ser protagonistas centrales en las disputas por la hegemonía en el Estado y normalmente buscan la implantación de gobiernos afines a sus intereses.

Sin embargo, esas dinamias empresariales aún son poco estudiadas en Ecuador, cuya experiencia es similar en otros países. Al coordinar las actividades del Taller de Historia Económica (THE) en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), logramos seguir los pronunciamientos de las cámaras de la producción en los periódicos nacionales entre 1979 y 2006. Esos materiales permitieron comprobar que las cámaras empresariales fueron activos actores políticos durante todos esos años, en los que se opusieron a las políticas “estatistas”, cuestionaron o apoyaron gobiernos, convirtieron al neoliberalismo en su dogma ideológico -aunque entendido a su manera- y, en definitiva, buscaron que las políticas públicas les beneficiaran. El mismo comportamiento como actores políticos ha continuado, bajo otros contextos, entre 2007 y el presente, como lo he destacado en múltiples artículos sobre el tema.

Una investigación publicada en el exterior actualiza el tema de los empresarios con singular novedad. Se trata del artículo “Neoliberalism in Ecuador after Correa: a surprise turn or according to economic elite’s plan?” (2019 – https://bit.ly/31fHNoG ) de Thomas Chiasson-LeBel, profesor visitante de la Universidad de California Santa Cruz. Se pregunta el autor si el “giro económico neoliberal” que dio el gobierno de Lenín Moreno debería interpretarse como una verdadera “sorpresa”, pero concluye que al verlo de esa manera se descuida un asunto central: las elites empresariales no fueron “receptoras pasivas” de ese giro, sino que tuvieron decidida acción estratégica desde años anteriores.

Sin duda, el autor reconoce que durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) la clase empresarial se sintió afectada por la nueva conducción del Estado, en la que se cortó su anterior influencia y su capacidad de control de las políticas económicas. Además, destaca los avances sociales y el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo durante ese período. Pero los empresarios no se paralizaron. Si bien hubo un sector animado por confrontar al gobierno -incluso pensaron en la posibilidad de un golpe de Estado-, las cámaras empresariales adecuaron a las circunstancias sus propias acciones y estrategias: búsqueda de nuevos socios, permanente presencia en medios, promoción de tratados comerciales, vocería a través de figuras nuevas (como fue el caso de Richard Martínez, resaltado por el autor), o la exitosa movilización contra el anuncio del nuevo impuesto a las herencias, que logró inéditas adhesiones sociales (2015) y hasta la paralización de la propuesta. He considerado a ésta como la acción que marcó el triunfalismo de las cámaras frente al gobierno de Correa.

En el artículo de Chiasson-LeBel queda claro que las elites empresariales desconfiaron de la sucesión gubernamental con Moreno, pero enseguida encontraron condiciones favorables, con la incorporación de empresarios al gabinete, con los diálogos y la conformación del “Consejo Asesor de Producción”, y sobre todo con el nombramiento de Martínez como Ministro de Economía y Finanzas (mayo 2018).

De otra parte, los principales grupos económicos supieron desarrollar estrategias innovadoras desde la época de Correa. Dice el autor que, aunque se usó la “autoproclamación exitosa” (como los vistosos casos de Álvaro Noboa y Guillermo Lasso), resultó de mayor incidencia la “competencia con la esfera pública”, pues se adoptaron mecanismos de responsabilidad social empresarial, se estrecharon vínculos con funcionarios, fue promovida la buena imagen corporativa, lograron identificarse con demandas sociales específicas (Corporación La Favorita ayudó frente al terremoto en Manabí en 2016), o prolongaron servicios y provisiones de bienes que incluso pasaron a formar parte de los requerimientos del mismo Estado.

Todo ello legitimó socialmente a los empresarios, que recuperaron espacios otrora perdidos y que finalmente ganaron determinante influencia con Moreno. Chiasson-LeBel considera que este es un factor que no se ha valorado con la observación que merece. Y, desde luego, tiene razón. Porque las izquierdas, por lo general, solo han considerado al empresariado como simple “burguesía” o “elite dominante”, sin detenerse a examinar sus acciones y mecanismos de actuación concreta, que les ha permitido ser actores políticos y lograr enchufarse en el Estado.

A lo dicho por el autor en referencia, cabe añadir algunas otras consideraciones esenciales. Porque desde la perspectiva histórica de largo plazo, los empresarios ecuatorianos han mantenido, desde inicios del siglo XX, una misma línea de acción en torno a tres cuestiones centrales: el rechazo al Estado interventor en la economía, el cuestionamiento a todo tipo de impuestos que afecten sus costos productivos o de mercado (en definitiva, sus ganancias), y la sistemática resistencia u oposición al avance de la legislación protectora de los trabajadores. En eso la “visión oligárquica” no ha sido alterada en un siglo.

Tampoco han demostrado ser el crisol de la modernización y de la avanzada innovadora (a pesar de cualquier aislada excepción), porque se han contentado con mantener posiciones rentistas y en fortalecer un “capitalismo jerárquico”. Por lo general no han comprendido la necesaria institucionalización del Estado y el desarrollo de sus capacidades, que incluso se requieren para combatir con efectividad la corrupción pública y la privada, de la que nunca hablan. A su conservadorismo económico es normal que se una su conservadorismo ideológico y político. Y su escudo en el “neoliberalismo” igualmente les ha impedido visualizar las nefastas consecuencias sociales y humanas de los sistemas de “mercado libre” en América Latina y en Ecuador, de modo que no se muestran preparados para impulsar procesos de construcción de economías sociales (por ejemplo, en la dirección de los modelos europeos o del canadiense), a los que muchos confunden como “comunistas”. Es de esperar que esas características puedan cambiar en el futuro con la rapidez que el país merece, lo cual es, sobre todo, un desafío para las universidades, formadoras de los profesionales para la administración empresarial.

Blog Historia y Presente: www.historiaypresente.com

Fuente de la Información: https://rebelion.org/giro-neoliberal-exitoso-plan-empresarial/

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El Socialismo en la experiencia latinoamericana

Juan J. Paz y Miño Cepeda

El Socialismo en la experiencia latinoamericana

 

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Juan J. Paz y Miño Cepeda

Las teorías sobre el socialismo, que nacieron en Europa durante el siglo XIX, eran prácticamente desconocidas en América Latina, incluyendo al marxismo. Con el avance del siglo XX ingresaron entre inmigrantes, elites políticas e intelectuales y acompañaron al incipiente desarrollo del movimiento obrero. La Revolución Rusa (1917) aceleró la difusión del marxismo, el nacimiento de partidos marxistas en la región y el sueño por el “socialismo”.

Si bien los partidos marxistas idealizaron la necesaria toma del poder, participaron en procesos electorales y cumplieron decisivas labores en la organización de los trabajadores y clases populares, no lograron el control del Estado que hiciera posible el camino al socialismo. A su vez, los -mal llamados- regímenes “populistas”, a partir de la década de 1920 (que también hay que identificar con la izquierda de la época), construyeron economías sociales con modernización capitalista, que fortalecieron capacidades estatales, promovieron educación, salud y seguridad social, y reconocieron amplios derechos laborales. Ocurrió tempranamente con los gobiernos de la Revolución Juliana (1925-1931) en Ecuador; José Batlle y Ordóñez (1903-1907 y, sobre todo, la segunda presidencia, 1911-1915) en Uruguay; Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930) en Argentina, o parcialmente con Arturo Alessandri Palma (1920-1925 y 1932-1938) en Chile; pero con mayor claridad y definición con Getulio Vargas (1930-1945; y 1951-1954) en Brasil; Lázaro Cárdenas (1934-1940) en México y Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974) en Argentina. Todos esos gobiernos se ubican en el largo proceso de superación de los regímenes oligárquicos tradicionales.

Pero el camino definitivo al socialismo en América Latina solo se hizo posible a partir de la Revolución Cubana (1959). Se ha escrito miles de páginas sobre ella. En esencia fue el resultado de la eficaz lucha armada guerrillera, con enorme apoyo popular, en el marco del enfrentamiento a Fulgencio Batista y al intervencionismo de los EEUU. Tanto el bloqueo norteamericano, como el cerco latinoamericano impuesto por la guerra fría, explican la larga relación de la isla con la URSS hasta que el derrumbe del socialismo en ese país y en Europa del Este determinó el “período especial” de la década de 1990, durante el cual en Cuba se redefinió la economía para continuar el camino socialista.

Las guerrillas, que se generalizaron en la región a partir de la década de 1960 sobre la imagen de lo ocurrido en Cuba, no tomaron el poder, excepto en Nicaragua, con el triunfo de la Revolución Sandinista (1979); pero no pudo afianzarse la vía al socialismo, impedida por la “Contra” y los EEUU a través de la CIA, y porque el Sandinismo perdió las elecciones en 1990.

El proceso que merece particular atención y estudio, por las experiencias que dejó para la izquierda latinoamericana, es el de Chile.

La primera “República Socialista” se instaló el 4 de junio de 1932, tras el derrocamiento del presidente Juan Esteban Montero. La Junta cívico-militar integrada por el “socialista” Eugenio Matte, el general Arturo Puga y el abogado y político Carlos Dávila, la proclamó. Apenas duró 12 días, porque Dávila logró expulsar a los otros dos miembros y autoproclamarse presidente, aunque duró en el cargo solo hasta el 13 de septiembre, cuando fue derrocado.

Esa “República Socialista”, apoyada por jóvenes seguidores de Matte y de Marmaduke Grove (prestigioso marino y uno de los fundadores del Partido Socialista, que nació al siguiente año), demócratas radicales y un sector de los militares, paradójicamente no tuvo el apoyo del Partido Comunista (por entonces enemistado con los socialistas) ni de una serie de federaciones obreras; pero encendió la oposición de los estudiantes católicos (la Universidad Católica de Santiago tenía una tradición política y conservadora de años), capas medias y empresarios. La Junta y Dávila apenas esbozaron un programa, pero se logró, al menos, la creación del Ministerio de Trabajo y de Salubridad Pública.

El Frente Popular, que ya logró unir a comunistas y socialistas chilenos, junto a sectores democráticos y bases sociales, logró la presidencia de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), bajo la consigna “socialista” de “Pan, Techo y Abrigo”, una idea que entre los ecuatorianos inmediatamente recuerda la propuesta de campaña electoral del socialcristiano y rico empresario León Febres Cordero (1984-1988), quien tuvo éxito con su fórmula “Pan, Techo y Empleo” que, desde luego, no cumplió, pues su gobierno inauguró el modelo empresarial-oligárquico que rigió en el país hasta 2007 y revivió a partir de 2017.

Pero el camino más fundamentado y desarrollado para lograr conducir Chile al socialismo solo se alcanzó con el ascenso presidencial de Salvador Allende (1970-1973). Cabe seguirlo desde la campaña electoral, pues aunque la Unidad Popular (UP) logró la convergencia de sectores importantes de las izquierdas (partidos Socialista y Comunista, MAPU y otros), hubo grupos minoritarios que dudaron o no se unieron. Desde luego, las derechas procuraron impedir el triunfo y contaron con apoyo de la CIA y de un sector militar, a quien estorbó la posicion asumida por el general René Schneider, Comandante en Jefe del Ejército en aquellos días, quien proclamó el respeto institucional a la democracia y a los resultados en las urnas (“doctrina Schneider”). Esa posición explica su asesinato (1970). Instalado el gobierno, Allende debió utilizar la Constitución y los “resquicios legales” para lograr los cambios. A momentos incluso contó con el apoyo de la Democracia Cristiana (por entonces proponía el “socialismo comunitario”), que con el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) había iniciado la “chilenización del cobre”, la reforma agraria y mantuvo la inclinación política a favor de los trabajadores, acciones coincidentes con lo que haría la UP en el gobierno. Las reformas sociales fueron inéditas; pero la economía, que creció el primer año, empezó a tambalear desde el segundo. En estricto rigor histórico, nunca se instaló una economía “socialista”, pero sí fue desestabilizada la economía “capitalista”. Allende procuró actuar de acuerdo con las circunstancias. El MIR y la VOP demandaron siempre la radicalizacion acelerada. Pero el peligro de una guerra civil frenaba al mismo gobierno. Como el “socialismo” de aquellos tiempos se asociaba a la estatización completa de los medios de producción, Allende se preocupó por extender el sector de “propiedad social” frente a la privada y la mixta; sin embargo, en diversas oportunidades, las tomas de tierras y las de fábricas y otras empresas, para que se transfirieran a la administración de sus trabajadores, rebasaron el control del gobierno y aceleraron las quejas, reacciones y resistencias de las clases propietarias. Las acciones de persecusión, amedrentamiento y agresión derechista crecieron en manos de organizaciones como “Patria y Libertad” (“Tradición, Familia y Propiedad” – TFP-, grupo que también se estableció en Ecuador). Los “camioneros” se convirtieron en la fuerza opositora más efectiva. Las damas de la burguesía lanzaron sus marchas y “cacerolazos”. Los empresarios confabularon para el desabastecimiento general o la subida de precios. La sociedad se polarizó. Se confió demasiado en la institucionalidad chilena de cuatro décadas, en la que los militares siempre se mostraron respetuosos de la democracia y apartados del conflicto político.

La construcción del “socialismo por la vía pacífica” despertó enemigos poderosos en plena guerra fría: ante todo los EEUU, pues el gobierno de Richard Nixon, (1969-1974), asesorado por Henry Kissinger, su Secretario de Estado, y contando con las acciones desestabilizadoras de la CIA, no estuvo dispuesto a permitir una segunda Cuba (incluso se buscó comprometer a los militares anticomunistas brasileños y argentinos); los empresarios hicieron lo suyo para boicotear la economía, incluyendo los paros patronales; sectores de las clases medias acomodadas imaginaban riesgos; los medios de comunicación bombardeaban con su propia labor opositora; y entre los militares incubaba la conspiración definitiva. El sector militar más pervertido por el macartismo dio el golpe final y el 11 de septiembre de 1973 acabó con el gobierno socialista y con toda democracia, imponiendo la dictadura terrorista de Augusto Pinochet (1973-1990).

Años más tarde, el derrumbe del socialismo real iniciado en la URSS, junto con las reformas en la República Popular China (RPCh) y, sobre todo, las que introdujo Cuba a raíz del “período especial”, permitieron comprender mejor que la vía al socialismo puede tener diversas condiciones y caminos, en los que no se descarta la democracia representativa. Ha quedado claro que la estatización total de los medios de producción no es necesariamente inmediata ni forzosa. Incluso V.I. Lenin lo advirtió, al acudir a la Nueva Economía Política (NEP, 1921-1928), bajo la cual en Rusia tuvieron que revivir formas de propiedad privada, un proceso que igualmente merece estudiarse con rigor. En la actual RPCh hay un evidente sector privado y “capitalista” (hay multimillonarios chinos), pero el Estado no ha renunciado al control de la economía, proclama al marxismo como guía, pero asume la construcción de la nueva sociedad como un proceso de más largo plazo, bajo la fórmula de la “vía China al socialismo de mercado”.

Hoy, la vía al socialismo en América Latina está en discusión. La izquierda no es únicamente marxista, sino variada. El progresismo latinoamericano, como nueva tendencia en el siglo XXI, demostró las virtualidades de una economía social de transición, pero igualmente sus propios límites. Nadie puede atribuirse la verdad revolucionaria. Porque si algo debe asimilarse de la experiencia histórica, es que el socialismo constituye un proceso en construcción desde nuestro presente, bajo las particularidades y experiencias diarias de cada país, ya que no es posible reproducir las vías y modelos que han ejercitado otras sociedades.

Pichincha Comunicaciones

Autor: Juan J. Paz y Miño Cepeda

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2020/10/el-socialismo-en-la-experiencia-latinoamericana-por-juan-j-paz-y-mino-cepeda/

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