Author: Juan J. Paz y Miño Cepeda

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Ecuador: Dependencia e industrialización

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Dependencia e industrialización

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Especial para Informe Fracto, México – https://bit.ly/2IrmsCD

La teoría de la dependencia, en la cual el sociólogo André Gunder Frank (1929-2005) fue la figura principal -aunque tuvo notables intelectuales que la cultivaron en toda Latinoamérica (entre otros: Theotonio Dos Santos, Ruy Muro Marini, Celso Furtado, Enzo Faletto, Fernando Henrique Cardoso)-, adquirió decisiva influencia en la región durante la década de 1970. Incluso en los ambientes de la izquierda académica de la época (el marxismo había ganado la hegemonía intelectual) se la tuvo como el complemento necesario a la teoría del imperialismo de V.I. Lenin. Pero quien la popularizó no fue un científico social, sino el reconocido periodista y literato uruguayo Eduardo Galeano (1940-2015), a través de su libro Las venas abiertas de América Latina (1971), de cuya interpretación el mismo autor se distanció años más tarde, admitiendo sus limitaciones sobre el tema cuando escribió la obra.

De acuerdo con los dependentistas, América Latina ingresó al mundo capitalista a partir de la conquista europea. Su economía no fue autónoma sino sujeta a la evolución de la economía de España y Portugal (las potencias colonizadoras más importantes). El proceso independentista aflojó esa dependencia, pero la región cayó bajo la dependencia de Inglaterra durante el siglo XIX. En el tránsito al siglo XX hubo un momento de autonomía, pero América Latina finalmente pasó a depender de los EEUU, primer gigante imperialista. En forma esquemática, las sucesivas dependencias consolidaron la relación metrópoli/satélites, bajo la cual ambos polos del mismo imán caminaron juntos en el proceso mundial de afirmación del capitalismo como sistema; pero mientras las metrópolis se “desarrollaron”, los satélites también lo hicieron, pero no en forma ascendente, sino en forma descendente: es decir, se “subdesarrollaron”. De modo que desarrollo y subdesarrollo son dos caras de la misma moneda. Y la única forma de romper la dependencia (condicionamiento estructural de la potencia externa a las economías internas latinoamericanas) era superar el capitalismo y caminar al socialismo.

Tan sugestiva teoría, tuvo un impacto formidable. Hubo investigadores que sostuvieron, con impecable rigurosidad, la existencia de “capitalismo” en América Latina desde la época colonial, como lo hizo Fernando Velasco (1949-1978), un joven economista ecuatoriano, brillante intelectual y político, en su tesis “Ecuador: subdesarrollo y dependencia” (1981), que años después se convirtió en un libro de amplio uso universitario. Pocos críticos, como otro ecuatoriano radicado en México y profesor de la UNAM, el sociólogo Agustín Cueva (1937-1992), desmontó y rechazó la famosa “teoría de la dependencia”.

En esencia, la concepción había sobrevalorado las relaciones internacionales y descuidado los procesos latinoamericanos internos. En realidad, al examinar los orígenes del subdesarrollo, sin duda la dependencia es un factor que no cabe descuidar, pero responde, ante todo, a la evolución propia de las economías de cada país.

Sistemas agrarios, rurales, basados en las haciendas, estancias, plantaciones y latifundios, se consolidaron desde el siglo XVIII y se prolongaron hasta bien entrado el siglo XX. Las incipientes “burguesías” comerciales y bancarias no alteraron las economías atrasadas, de servidumbre campesina e indígena y, sin duda, “pre-capitalistas”. Tampoco los primeros esfuerzos industriales, que destacaron a México, Brasil o Argentina al comenzar el siglo XX.

En Ecuador, solo el liberalismo radical, que acaudilló Eloy Alfaro, se preocupó, por primera vez, de la industrialización del país. En 1909 un Mensaje de ese presidente al Congreso abogaba por el “prudente proteccionismo” y la aprobación de una “Ley de Protección Industrial”, para seguir el ejemplo de los EEUU y de Inglaterra. El mismo año, el mandatario dictó un Decreto concediendo “el uso de ríos, cascadas y de todas las aguas que corren por cauces naturales, á los empresarios que implantaren cualquier establecimiento fabril en que se emplee fuerza hidráulica ó fuerza eléctrica”; además, exoneró de impuestos a todo recurso que facilite la industrialización. Adicionalmente, Alfaro se preocupó por fomentar la minería y la explotación del petróleo, que para la época empezaba a mover a las primeras compañías imperialistas.

Pero, si bien al comenzar el siglo XX nacieron algunas manufacturas, particularmente en la ciudad puerto de Guayaquil, el país siguió atrasado y rural. No fue la “dependencia” la que marcó ese “subdesarrollo” sino la vigencia del régimen oligárquico interno, bajo el cual no interesó el mercado nacional, sino las fáciles rentas derivadas de la superexplotación de la fuerza de trabajo, con peones y sembradores en la Costa y conciertos y huasipungueros en la Sierra. Los sueños de Alfaro tampoco se cumplieron porque el Estado no se transformó en promotor capitalista, ya que la iniciativa empresarial quedó solo en manos privadas, con lo cual la industrialización no llegó.

En 1925, la Revolución Juliana del Ecuador inauguró el largo camino de superación del régimen oligárquico y la construcción de una economía social, que privilegió la atención a los trabajadores y clases medias. Pero, apenas esbozó un principio de reforma agraria, que no se cumplió. Y dictó un Decreto que nuevamente buscó la industrialización del país, exonerando a los empresarios de todo impuesto fiscal o municipal, así como imponiendo aranceles a los productos extranjeros que podían competir con las industrias, a las que se liberó las importaciones. Tampoco Ecuador se industrializó, porque a las elites rectoras de la economía nacional no les interesó cambiar el régimen agrario y rural, de cuyo fácil rentismo gozaban.

Tuvo que llegar el “desarrollismo” de la década de 1960 para que Ecuador, como ocurrió con otros países latinoamericanos, se transformara y empezara, realmente, su modernización capitalista.

En un interesante libro de Alejandro Lipschutz (1883-1980) titulado Marx y Lenin en la América Latina y los problemas indigenistas (Premio Casa de las Américas, 1974), este célebre médico e investigador (nació en Letonia, pero vivió en Chile) demostró que la concentración de tierras en Chile, causante de las desigualdades visible al comenzar los sesenta, era peor que la que tuvo Rusia antes de la Revolución de octubre de 1917, con la cual se inició el socialismo en ese país. Si se guía por los datos del Ecuador de la Junta Nacional de Planificación de la época, se encontrará que la situación en este país era peor aún que la de Chile. De modo que el capitalismo seguía estrangulado por la situación existente en el campo.

Eso explica que, bajo el programa norteamericano “Alianza para el Progreso”, y los postulados de la CEPAL sobre industrialización sustitutiva de importaciones, el desarrollismo ecuatoriano, inaugurado por la Junta Militar (1963-1966), que de todos modos fue reaccionaria y pronorteamericana (aunque en el país la atrasada elite empresarial la tildó siempre de “comunista”), implantara la reforma agraria, promoviera la industria, protegiera a los empresarios e impulsara el definitivo despegue capitalista del Ecuador.

La historia latinoamericana y ecuatoriana demostró que por simple iniciativa privada, la industria no prosperó, sino que fue necesario el intervencionismo activo del Estado para que despegara. Ese proceso desarrollista duró hasta la década de 1970. Sin embargo, el neoliberalismo, despertado desde la década de 1980, alteró el progreso económico y social de América Latina, incluso afectando el crecimiento industrial, pues benefició a las economías especulativas del sector financiero y comercial.

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/dependencia-e-industrializacion/

 

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Ecuador: Giro neoliberal ¿exitoso plan empresarial?

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Giro neoliberal ¿exitoso plan empresarial?

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

Los empresarios ecuatorianos han mantenido desde inicios del siglo XX una misma línea de acción en torno a tres cuestiones centrales: el rechazo al Estado interventor en la economía, el cuestionamiento a todo tipo de impuestos y la sistemática oposición al avance de la legislación protectora de los trabajadores.

Los empresarios latinoamericanos del presente y sus organizaciones gremiales suelen asumir que son “apolíticos” e independientes. Consideran a sus actividades simplemente como “productivas”. Suponen que exclusivamente crean “riqueza” y trabajo, que de ellos depende la prosperidad ciudadana y que incluso cumplen una misión ética y patriótica de amplio beneficio social.

Pero la historia económica de la región demuestra que los empresarios y sus gremios, sin ser partidos políticos activos, se convierten en actores directos en las contiendas electorales con candidatos vinculados a sus redes; son fuerzas sociales permanentemente activas en las confrontaciones por el poder; pasan a ser protagonistas centrales en las disputas por la hegemonía en el Estado y normalmente buscan la implantación de gobiernos afines a sus intereses.

Sin embargo, esas dinamias empresariales aún son poco estudiadas en Ecuador, cuya experiencia es similar en otros países. Al coordinar las actividades del Taller de Historia Económica (THE) en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), logramos seguir los pronunciamientos de las cámaras de la producción en los periódicos nacionales entre 1979 y 2006. Esos materiales permitieron comprobar que las cámaras empresariales fueron activos actores políticos durante todos esos años, en los que se opusieron a las políticas “estatistas”, cuestionaron o apoyaron gobiernos, convirtieron al neoliberalismo en su dogma ideológico -aunque entendido a su manera- y, en definitiva, buscaron que las políticas públicas les beneficiaran. El mismo comportamiento como actores políticos ha continuado, bajo otros contextos, entre 2007 y el presente, como lo he destacado en múltiples artículos sobre el tema.

Una investigación publicada en el exterior actualiza el tema de los empresarios con singular novedad. Se trata del artículo “Neoliberalism in Ecuador after Correa: a surprise turn or according to economic elite’s plan?” (2019 – https://bit.ly/31fHNoG ) de Thomas Chiasson-LeBel, profesor visitante de la Universidad de California Santa Cruz. Se pregunta el autor si el “giro económico neoliberal” que dio el gobierno de Lenín Moreno debería interpretarse como una verdadera “sorpresa”, pero concluye que al verlo de esa manera se descuida un asunto central: las elites empresariales no fueron “receptoras pasivas” de ese giro, sino que tuvieron decidida acción estratégica desde años anteriores.

Sin duda, el autor reconoce que durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) la clase empresarial se sintió afectada por la nueva conducción del Estado, en la que se cortó su anterior influencia y su capacidad de control de las políticas económicas. Además, destaca los avances sociales y el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo durante ese período. Pero los empresarios no se paralizaron. Si bien hubo un sector animado por confrontar al gobierno -incluso pensaron en la posibilidad de un golpe de Estado-, las cámaras empresariales adecuaron a las circunstancias sus propias acciones y estrategias: búsqueda de nuevos socios, permanente presencia en medios, promoción de tratados comerciales, vocería a través de figuras nuevas (como fue el caso de Richard Martínez, resaltado por el autor), o la exitosa movilización contra el anuncio del nuevo impuesto a las herencias, que logró inéditas adhesiones sociales (2015) y hasta la paralización de la propuesta. He considerado a ésta como la acción que marcó el triunfalismo de las cámaras frente al gobierno de Correa.

En el artículo de Chiasson-LeBel queda claro que las elites empresariales desconfiaron de la sucesión gubernamental con Moreno, pero enseguida encontraron condiciones favorables, con la incorporación de empresarios al gabinete, con los diálogos y la conformación del “Consejo Asesor de Producción”, y sobre todo con el nombramiento de Martínez como Ministro de Economía y Finanzas (mayo 2018).

De otra parte, los principales grupos económicos supieron desarrollar estrategias innovadoras desde la época de Correa. Dice el autor que, aunque se usó la “autoproclamación exitosa” (como los vistosos casos de Álvaro Noboa y Guillermo Lasso), resultó de mayor incidencia la “competencia con la esfera pública”, pues se adoptaron mecanismos de responsabilidad social empresarial, se estrecharon vínculos con funcionarios, fue promovida la buena imagen corporativa, lograron identificarse con demandas sociales específicas (Corporación La Favorita ayudó frente al terremoto en Manabí en 2016), o prolongaron servicios y provisiones de bienes que incluso pasaron a formar parte de los requerimientos del mismo Estado.

Todo ello legitimó socialmente a los empresarios, que recuperaron espacios otrora perdidos y que finalmente ganaron determinante influencia con Moreno. Chiasson-LeBel considera que este es un factor que no se ha valorado con la observación que merece. Y, desde luego, tiene razón. Porque las izquierdas, por lo general, solo han considerado al empresariado como simple “burguesía” o “elite dominante”, sin detenerse a examinar sus acciones y mecanismos de actuación concreta, que les ha permitido ser actores políticos y lograr enchufarse en el Estado.

A lo dicho por el autor en referencia, cabe añadir algunas otras consideraciones esenciales. Porque desde la perspectiva histórica de largo plazo, los empresarios ecuatorianos han mantenido, desde inicios del siglo XX, una misma línea de acción en torno a tres cuestiones centrales: el rechazo al Estado interventor en la economía, el cuestionamiento a todo tipo de impuestos que afecten sus costos productivos o de mercado (en definitiva, sus ganancias), y la sistemática resistencia u oposición al avance de la legislación protectora de los trabajadores. En eso la “visión oligárquica” no ha sido alterada en un siglo.

Tampoco han demostrado ser el crisol de la modernización y de la avanzada innovadora (a pesar de cualquier aislada excepción), porque se han contentado con mantener posiciones rentistas y en fortalecer un “capitalismo jerárquico”. Por lo general no han comprendido la necesaria institucionalización del Estado y el desarrollo de sus capacidades, que incluso se requieren para combatir con efectividad la corrupción pública y la privada, de la que nunca hablan. A su conservadorismo económico es normal que se una su conservadorismo ideológico y político. Y su escudo en el “neoliberalismo” igualmente les ha impedido visualizar las nefastas consecuencias sociales y humanas de los sistemas de “mercado libre” en América Latina y en Ecuador, de modo que no se muestran preparados para impulsar procesos de construcción de economías sociales (por ejemplo, en la dirección de los modelos europeos o del canadiense), a los que muchos confunden como “comunistas”. Es de esperar que esas características puedan cambiar en el futuro con la rapidez que el país merece, lo cual es, sobre todo, un desafío para las universidades, formadoras de los profesionales para la administración empresarial.

Blog Historia y Presente: www.historiaypresente.com

Fuente de la Información: https://rebelion.org/giro-neoliberal-exitoso-plan-empresarial/

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El Socialismo en la experiencia latinoamericana

Juan J. Paz y Miño Cepeda

El Socialismo en la experiencia latinoamericana

 

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Juan J. Paz y Miño Cepeda

Las teorías sobre el socialismo, que nacieron en Europa durante el siglo XIX, eran prácticamente desconocidas en América Latina, incluyendo al marxismo. Con el avance del siglo XX ingresaron entre inmigrantes, elites políticas e intelectuales y acompañaron al incipiente desarrollo del movimiento obrero. La Revolución Rusa (1917) aceleró la difusión del marxismo, el nacimiento de partidos marxistas en la región y el sueño por el “socialismo”.

Si bien los partidos marxistas idealizaron la necesaria toma del poder, participaron en procesos electorales y cumplieron decisivas labores en la organización de los trabajadores y clases populares, no lograron el control del Estado que hiciera posible el camino al socialismo. A su vez, los -mal llamados- regímenes “populistas”, a partir de la década de 1920 (que también hay que identificar con la izquierda de la época), construyeron economías sociales con modernización capitalista, que fortalecieron capacidades estatales, promovieron educación, salud y seguridad social, y reconocieron amplios derechos laborales. Ocurrió tempranamente con los gobiernos de la Revolución Juliana (1925-1931) en Ecuador; José Batlle y Ordóñez (1903-1907 y, sobre todo, la segunda presidencia, 1911-1915) en Uruguay; Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930) en Argentina, o parcialmente con Arturo Alessandri Palma (1920-1925 y 1932-1938) en Chile; pero con mayor claridad y definición con Getulio Vargas (1930-1945; y 1951-1954) en Brasil; Lázaro Cárdenas (1934-1940) en México y Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974) en Argentina. Todos esos gobiernos se ubican en el largo proceso de superación de los regímenes oligárquicos tradicionales.

Pero el camino definitivo al socialismo en América Latina solo se hizo posible a partir de la Revolución Cubana (1959). Se ha escrito miles de páginas sobre ella. En esencia fue el resultado de la eficaz lucha armada guerrillera, con enorme apoyo popular, en el marco del enfrentamiento a Fulgencio Batista y al intervencionismo de los EEUU. Tanto el bloqueo norteamericano, como el cerco latinoamericano impuesto por la guerra fría, explican la larga relación de la isla con la URSS hasta que el derrumbe del socialismo en ese país y en Europa del Este determinó el “período especial” de la década de 1990, durante el cual en Cuba se redefinió la economía para continuar el camino socialista.

Las guerrillas, que se generalizaron en la región a partir de la década de 1960 sobre la imagen de lo ocurrido en Cuba, no tomaron el poder, excepto en Nicaragua, con el triunfo de la Revolución Sandinista (1979); pero no pudo afianzarse la vía al socialismo, impedida por la “Contra” y los EEUU a través de la CIA, y porque el Sandinismo perdió las elecciones en 1990.

El proceso que merece particular atención y estudio, por las experiencias que dejó para la izquierda latinoamericana, es el de Chile.

La primera “República Socialista” se instaló el 4 de junio de 1932, tras el derrocamiento del presidente Juan Esteban Montero. La Junta cívico-militar integrada por el “socialista” Eugenio Matte, el general Arturo Puga y el abogado y político Carlos Dávila, la proclamó. Apenas duró 12 días, porque Dávila logró expulsar a los otros dos miembros y autoproclamarse presidente, aunque duró en el cargo solo hasta el 13 de septiembre, cuando fue derrocado.

Esa “República Socialista”, apoyada por jóvenes seguidores de Matte y de Marmaduke Grove (prestigioso marino y uno de los fundadores del Partido Socialista, que nació al siguiente año), demócratas radicales y un sector de los militares, paradójicamente no tuvo el apoyo del Partido Comunista (por entonces enemistado con los socialistas) ni de una serie de federaciones obreras; pero encendió la oposición de los estudiantes católicos (la Universidad Católica de Santiago tenía una tradición política y conservadora de años), capas medias y empresarios. La Junta y Dávila apenas esbozaron un programa, pero se logró, al menos, la creación del Ministerio de Trabajo y de Salubridad Pública.

El Frente Popular, que ya logró unir a comunistas y socialistas chilenos, junto a sectores democráticos y bases sociales, logró la presidencia de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), bajo la consigna “socialista” de “Pan, Techo y Abrigo”, una idea que entre los ecuatorianos inmediatamente recuerda la propuesta de campaña electoral del socialcristiano y rico empresario León Febres Cordero (1984-1988), quien tuvo éxito con su fórmula “Pan, Techo y Empleo” que, desde luego, no cumplió, pues su gobierno inauguró el modelo empresarial-oligárquico que rigió en el país hasta 2007 y revivió a partir de 2017.

Pero el camino más fundamentado y desarrollado para lograr conducir Chile al socialismo solo se alcanzó con el ascenso presidencial de Salvador Allende (1970-1973). Cabe seguirlo desde la campaña electoral, pues aunque la Unidad Popular (UP) logró la convergencia de sectores importantes de las izquierdas (partidos Socialista y Comunista, MAPU y otros), hubo grupos minoritarios que dudaron o no se unieron. Desde luego, las derechas procuraron impedir el triunfo y contaron con apoyo de la CIA y de un sector militar, a quien estorbó la posicion asumida por el general René Schneider, Comandante en Jefe del Ejército en aquellos días, quien proclamó el respeto institucional a la democracia y a los resultados en las urnas (“doctrina Schneider”). Esa posición explica su asesinato (1970). Instalado el gobierno, Allende debió utilizar la Constitución y los “resquicios legales” para lograr los cambios. A momentos incluso contó con el apoyo de la Democracia Cristiana (por entonces proponía el “socialismo comunitario”), que con el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) había iniciado la “chilenización del cobre”, la reforma agraria y mantuvo la inclinación política a favor de los trabajadores, acciones coincidentes con lo que haría la UP en el gobierno. Las reformas sociales fueron inéditas; pero la economía, que creció el primer año, empezó a tambalear desde el segundo. En estricto rigor histórico, nunca se instaló una economía “socialista”, pero sí fue desestabilizada la economía “capitalista”. Allende procuró actuar de acuerdo con las circunstancias. El MIR y la VOP demandaron siempre la radicalizacion acelerada. Pero el peligro de una guerra civil frenaba al mismo gobierno. Como el “socialismo” de aquellos tiempos se asociaba a la estatización completa de los medios de producción, Allende se preocupó por extender el sector de “propiedad social” frente a la privada y la mixta; sin embargo, en diversas oportunidades, las tomas de tierras y las de fábricas y otras empresas, para que se transfirieran a la administración de sus trabajadores, rebasaron el control del gobierno y aceleraron las quejas, reacciones y resistencias de las clases propietarias. Las acciones de persecusión, amedrentamiento y agresión derechista crecieron en manos de organizaciones como “Patria y Libertad” (“Tradición, Familia y Propiedad” – TFP-, grupo que también se estableció en Ecuador). Los “camioneros” se convirtieron en la fuerza opositora más efectiva. Las damas de la burguesía lanzaron sus marchas y “cacerolazos”. Los empresarios confabularon para el desabastecimiento general o la subida de precios. La sociedad se polarizó. Se confió demasiado en la institucionalidad chilena de cuatro décadas, en la que los militares siempre se mostraron respetuosos de la democracia y apartados del conflicto político.

La construcción del “socialismo por la vía pacífica” despertó enemigos poderosos en plena guerra fría: ante todo los EEUU, pues el gobierno de Richard Nixon, (1969-1974), asesorado por Henry Kissinger, su Secretario de Estado, y contando con las acciones desestabilizadoras de la CIA, no estuvo dispuesto a permitir una segunda Cuba (incluso se buscó comprometer a los militares anticomunistas brasileños y argentinos); los empresarios hicieron lo suyo para boicotear la economía, incluyendo los paros patronales; sectores de las clases medias acomodadas imaginaban riesgos; los medios de comunicación bombardeaban con su propia labor opositora; y entre los militares incubaba la conspiración definitiva. El sector militar más pervertido por el macartismo dio el golpe final y el 11 de septiembre de 1973 acabó con el gobierno socialista y con toda democracia, imponiendo la dictadura terrorista de Augusto Pinochet (1973-1990).

Años más tarde, el derrumbe del socialismo real iniciado en la URSS, junto con las reformas en la República Popular China (RPCh) y, sobre todo, las que introdujo Cuba a raíz del “período especial”, permitieron comprender mejor que la vía al socialismo puede tener diversas condiciones y caminos, en los que no se descarta la democracia representativa. Ha quedado claro que la estatización total de los medios de producción no es necesariamente inmediata ni forzosa. Incluso V.I. Lenin lo advirtió, al acudir a la Nueva Economía Política (NEP, 1921-1928), bajo la cual en Rusia tuvieron que revivir formas de propiedad privada, un proceso que igualmente merece estudiarse con rigor. En la actual RPCh hay un evidente sector privado y “capitalista” (hay multimillonarios chinos), pero el Estado no ha renunciado al control de la economía, proclama al marxismo como guía, pero asume la construcción de la nueva sociedad como un proceso de más largo plazo, bajo la fórmula de la “vía China al socialismo de mercado”.

Hoy, la vía al socialismo en América Latina está en discusión. La izquierda no es únicamente marxista, sino variada. El progresismo latinoamericano, como nueva tendencia en el siglo XXI, demostró las virtualidades de una economía social de transición, pero igualmente sus propios límites. Nadie puede atribuirse la verdad revolucionaria. Porque si algo debe asimilarse de la experiencia histórica, es que el socialismo constituye un proceso en construcción desde nuestro presente, bajo las particularidades y experiencias diarias de cada país, ya que no es posible reproducir las vías y modelos que han ejercitado otras sociedades.

Pichincha Comunicaciones

Autor: Juan J. Paz y Miño Cepeda

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2020/10/el-socialismo-en-la-experiencia-latinoamericana-por-juan-j-paz-y-mino-cepeda/

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Ecuador: La lucha política y el “otro bando”

Juan J. Paz y Miño Cepeda

La lucha política y el “otro bando”

Por Juan J. Paz y Miño Cepeda

Para Firmas Selectas de Prensa Latina

Los conflictos políticos entre liberales y conservadores, que caracterizaron el primer siglo de vida republicana en América Latina, no estuvieron ajenos a la intolerancia e incluso a la guerra civil. A mediados del siglo XIX, en Argentina y México lograron implantarse las primeras reformas liberales; en Colombia, en cambio, el bipartidismo, que no descartó la lucha armada en sus enfrentamientos, se extendió hasta el siglo XX; y en Ecuador el triunfo liberal solo fue posible por la revolución armada, en 1895.

La violencia, la persecución a los contrarios, la arbitrariedad procesal, la cárcel y la imposición de gobiernos autoritarios o de dictaduras han formado parte de las disputas políticas latinoamericanas del siglo XX, incluso una vez que el viejo bipartidismo fuera superado y que en su lugar surgiera la pluralidad de partidos políticos y se lograran progresos significativos en la democracia representativa.

Pero el avance de fuerzas sociales y políticas, capaces de cuestionar seriamente los poderes tradicionales, siempre fue visto como el peligro mayor. Colombia ofrece uno de los ejemplos históricos más significativos: la explosión social y el apoyo popular a Jorge Eliécer Gaitán (1903-1948) lucían como un riesgo al poder.

La solución fue doble: no solo el asesinato del carismático líder, sino la creación, una década más tarde, del “Frente Nacional”, por el cual conservadores y liberales se turnarían en el gobierno durante los próximos 16 años (1958-1974). Sin embargo, con ello excluyeron la posibilidad de acceso al poder de otros sectores, y especialmente de las izquierdas, lo cual explica el agravamiento de la violencia en el país, que desde la década de 1960 experimentó el indetenible fortalecimiento de distintos grupos guerrilleros.

La guerra fría, instalada en América Latina desde el triunfo de la Revolución Cubana (1959), sirvió para marginar todo intento de toma del poder por parte de las fuerzas de izquierda, y los gobiernos militares terroristas inaugurados por Augusto Pinochet en Chile en 1973 (en Brasil había dictaduras militares desde 1964), inspirados en el irracional anticomunismo de la época, se propusieron exterminar el marxismo y liquidar a toda izquierda, para lo cual despreciaron la vida, privilegiando las torturas, asesinatos, desapariciones y violaciones a los derechos humanos, que se convirtieron en fenómenos inéditos en la historia contemporánea de la región.

Por cierto, en los países donde no se establecieron semejantes regímenes, las derechas empresariales y políticas, normalmente en forma privada pero también en forma pública, solían argumentar que era necesario “un Pinochet” en su respectivo país (en Ecuador ese ideal formaba parte de las conversaciones y reuniones cotidianas) para acabar con tanto “comunismo”, que para esos sectores comúnmente representaban las luchas obreras y campesinas, la movilizaciones de las clases medias, las reivindicaciones por los derechos laborales y sociales, la demanda por mejora en las condiciones de vida e incluso la protección al medio ambiente.

Pero también es posible hallar momentos históricos en los cuales el odio político se despliega sin control. El ejemplo contemporáneo para América Latina se halla en Argentina, y tuvo como protagonista central a Juan Domingo Perón (1895-1974), quien ejerció la presidencia del país entre 1946-1952 y 1952-1955 (administraciones destacables, porque no fue igual su tercera presidencia entre 1973-1974).

Perón fortaleció una economía social, un poder con base popular y una orientación nacionalista. Amplió los servicios públicos, la protección a los trabajadores y la sindicalización, las reformas para mejorar la calidad de vida de las masas, la industrialización, la afectación a grandes intereses económicos tradicionales.

El papel de Eva Duarte, “Evita”, fue fundamental en el apoyo a la obra social. El “populismo” demostró sus virtudes para superar el régimen oligárquico y construir un modelo capitalista regulado por el Estado. Pero el peronismo ha merecido innumerables estudios y las polémicas persisten entre los mismos académicos, dependiendo de que se acentúe la visión sobre los indudables progresos sociales o la forma autoritaria que se atribuye a su gobierno. En todo caso, las élites del poder (para utilizar un concepto de Charles Wright Mills) no perdonaron al régimen de Perón, por la ruptura histórica que representaba. En septiembre de 1955 un golpe de Estado lo derrocó e instauró la dictadura del general Eugenio Aramburu (1955-1958).

Se definió como “Revolución Libertadora”  pero, al mismo tiempo que se volcaba a favor de la oligarquía liberal y a los intereses del gran capital interno y de los norteamericanos, intervino en los sindicatos y la Confederación General de Trabajadores, así como pasó a implementar la “desperonización” de la sociedad, que incluyó fusilamientos y cárcel.

El 5 de marzo de 1956 promulgó el famoso decreto-ley 4161 (complemento de otro, el 3855), que declaró fuera de la ley el peronismo, con disposiciones de alcances inusitados, como las de prohibir que se utilice el nombre del general Perón, el uso de fotografías, retratos o esculturas relacionados con funcionarios peronistas o sus parientes (fueron destruidas obras de arte y estatuas), el empleo de otras fórmulas relacionadas como “peronismo”, “peronista”, “justicialismo”, o “tercera posición”, la prohibición de las fechas exaltadas por el anterior régimen, las composiciones musicales o fragmentos de “Marcha de los muchachos peronistas” o también “Evita Capitana”.

Las propias fuerzas armadas fueron depuradas. Resultó imposible pensar en la participación electoral de los peronistas, pues quedó bloqueada. Y se llegó al extremo de secuestrar el cadáver de Evita, que pasó de un reparto a otro, hasta su paradero final en un cementerio de Milán, en Italia y con un nombre falso, donde permaneció largo tiempo. La proscripción oficial del peronismo duró hasta 1964.

La política empresarial, antilaboral y antisocial ocasionó la “Resistencia Peronista”, que expresó a múltiples sectores, con acciones populares, huelgas, boicot productivo, manifestaciones y también acciones clandestinas, explotación de bombas y otros atentados, que antecedieron a la conformación de grupos guerrilleros. Paradójicamente, a despecho de lo que creían sus enemigos, el peronismo se convirtió en una fuerza política e histórica de Argentina, que tiene vigencia hasta el presente, pues fue la base de respaldo del kirchnerismo y, sin duda, del triunfo presidencial de Alberto Fernández el año pasado.

Esta, que parece una historia del pasado, tiene suficientes elementos para comparar con el presente, porque el ensañamiento y la persecución política siguen caracterizando la vida latinoamericana, a pesar de los avances modernizantes. El ejemplo más significativo está en Brasil.

Los estudios que se han realizado en Latinoamérica, no han podido soslayar el hecho de que el lawfare, el contubernio de los medios de comunicación más influyentes, la judicialización forzada y selectiva, el afán por desmontar lo construido en cuanto a beneficios sociales, el deseo por recuperar la vía neoliberal-empresarial de desarrollo, a fin de garantizar el dominio de la élite económica tradicional, fueron cuidadosamente empleados para perseguir a Luiz Inácio Lula da Silva (presidente entre 2003-2010), desmontar sus logros y proscribir su figura política.

Argentina del pasado o Brasil en la historia más reciente, han sido el punto de referencia para que el camino de la política del odio contra el otro se convierta en modelo, atropellando leyes y derechos. Pero las condiciones históricas no son las mismas que tuvo la época de Aramburu.

De modo que ya no es posible ocultar las políticas de revanchismo selectivo ante el mundo y mucho menos ante las poblaciones nacionales. Tampoco es posible burlar las institucionalidades nacionales e internacionales sin consecuencias jurídicas y políticas. Como lo demostró el peronismo, los pueblos forjan ideales que los golpes no logran destruir.

Autor: Juan J. Paz y Miño Cepeda

Fuente de la Información: https://firmas.prensa-latina.cu/index.php?opcion=ver-article&cat=P&authorID=129&articleID=2846&SEO=paz-y-mino-cepeda-juan-jose-la-lucha-politica-y-el-otro-bando

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Ecuador: la izquierda frustrada

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Ecuador: la izquierda frustrada

Juan J. Paz y Miño Cepeda

En un artículo anterior (https://bit.ly/319nsQZ) traté sobre la trayectoria histórica de la izquierda partidista en Ecuador. Sobresalen: PSE, PCE, PSRE, PCMLE, MPD (hoy Unidad Popular) y otras agrupaciones menores, que asumen ser marxistas. Desde luego, a partir del derrumbe del socialismo real, la izquierda no se reduce a los partidos marxistas, ni exclusivamente a esta teoría, pues América Latina, durante el ciclo de los gobiernos progresistas, demostró que era posible el fortalecimiento de nuevas izquierdas.

Destacan, ante todo, los movimientos sociales, pues tanto el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que integra a varias centrales (CEDOCUT, CTE, CEOSL, UGTE, FETMYP, UNE, FENOGOPRE), así como el indígena, con su organización central, la CONAIE (https://conaie.org) y su brazo político Pachakutik (https://bit.ly/3frEX4a), se autodefinen como sectores de izquierda. También lo hacen distintas organizaciones de trabajadores públicos, del movimiento estudiantil, grupos feministas, ecologistas y otros minoritarios.

Pero hay una izquierda social, que es más amplia que las izquierdas partidistas y que las izquierdas “movimientistas”, reducidas, frecuentemente, a simples clubes o membretes políticos. Esa izquierda social históricamente se formó con el avance del siglo XX.

Su más remoto origen está en el sector radical del liberalismo, que respaldó a Eloy Alfaro y sus políticas (1895-1912). También se identificó con las causas del naciente movimiento obrero y ha cultivado la memoria crítica contra la matanza de trabajadores el 15 de noviembre de 1922. La Revolución Mexicana (1910-1940) y sobre todo la Revolución Rusa (1917) afirmaron la conciencia social favorable a los trabajadores, campesinos, indígenas e incluso la creciente tendencia al cuestionamiento al capitalismo y al sueño por un “socialismo” todavía difuso. Capas medias, intelectuales, profesionales y una amplia gama de sectores populares se identificaron con el proceso de la Revolución Juliana (1925-1931). La militancia activa o el respaldo a los partidos Socialista y Comunista llenó las expectativas de muchos, en una época en la que tales agrupaciones hicieron verdadera acción social, cultural y política. Y, como ha sido bien reconocido y estudiado por diversos investigadores, desde los años treinta la literatura y el arte de contenido social no solo sirvieron como denuncia de las condiciones de vida y de trabajo en el país, sino que dieron expresión a aquellos sectores identificados con la izquierda. Los ensayos políticos, así como los primeros estudios sociológicos, antropológicos, indigenistas, laboristas y hasta económicos, iniciados por prestantes figuras de la intelectualidad nacional, tanto como la labor de profesionales y académicos en las universidades públicas, igualmente han servido para alimentar la conciencia social, el cuestionamiento a la dominación oligárquica, la sensibilidad humanista, que han enriquecido el espacio de la izquierda social ecuatoriana.

Sin embargo, la gran “politización” izquierdista de la sociedad ecuatoriana ocurre a partir de la década de 1960. Se combinan múltiples factores: la Revolución Cubana (1959), las luchas guerrilleras en distintos países, así como la guerra fría y el clima de represión indiscriminada que desató el “anti-comunismo”, los éxitos y avances de los países socialistas, los movimientos por la paz y contra la guerra de Vietnam, el mayo francés (1968) y su influencia mundial, la difusión del marxismo, el activismo universitario, la cultura “anti-sistema” a través de la nueva música, el arte y sobre todo el “boom” de la literatura latinoamericana, las reacciones contra el imperialismo, el recambio con nuevas generaciones de “radicales” y “rupturistas”, etc. En la década de los setenta ya existía un amplio espectro de izquierdas sociales, identificadas con tres principios decisivos: una conciencia anticapitalista; una conciencia social y humanista, variada, favorable, ante todo, a los sectores populares, que rechazaba a la “burguesía” como clase, y que se extendía desde el cristianismo de la doctrina social católica y la teología de la liberación, hasta los marxistas independientes de cualquier partido tradicional; y una conciencia democrática, que podía aceptar los valores de la “democracia burguesa” (por allí cabe entender a la centro-izquierda) tanto como al socialismo, como único régimen posible de salida al capitalismo.

Hay marxistas que no han sido capaces de entender estas dinámicas de la sociedad, de modo que se han apresurado a juzgar como “derechista” toda posición que no es marxista, ni acepta exclusivamente sus tesis anticapitalistas o su dogmatizado “socialismo”, lo cual hoy es evidentemente cuestionable, porque nadie puede definir, con absoluta firmeza, lo que será ese sistema, una vez que se produjo la implosión del socialismo totalmente estatista. Bien puede hablarse del socialismo nórdico europeo, o del canadiense; pero también del “socialismo de mercado” de China; o tomar como ejemplo las importantes reformas económicas en Cuba, que debieron impulsarse en medio del “período especial” (1990-1996) y el bloqueo norteamericano (hoy agudizado con la política Trump), que son experiencias inéditas, que ningún otro país latinoamericano ha experimentado, exceptuando hoy a Venezuela, que sin tener una economía “socialista”, también sufre un bloqueo comparable con el cubano.

Desde 1979, el amplio espectro de la izquierda social no ha encontrado representación en los partidos de la izquierda ya conocidos; también ha observado con frustración los magros resultados electorales obtenidos en todo momento por ellos y por los movimientos sociales que se aliaron para conformar frentes supuestamente representativos de toda la tendencia; y, sin duda, cuestiona a visibles líderes de esas agrupaciones, que han perpetuado, hasta el presente, sus comportamientos acomodaticios, personalistas y típicamente enmarcados en las prácticas de la “partidocracia”. Pero también es necesario comprender que las izquierdas sociales igualmente anhelaban gobiernos más cercanos a sus definiciones y tendencias, cuando apoyaron a candidatos como Jaime Roldós (1979-1981) o Rodrigo Borja (1988-1992) y hasta creyeron en Lucio Gutiérrez (2003-2005). Tuvieron participación activa en el derrocamiento de tres gobiernos: A. Bucaram (1997), J. Mahuad (2000) y L. Gutiérrez (2005). Ha existido mayor claridad y definición con el respaldo que han dado a las huelgas nacionales del FUT a inicios de la década de los ochenta; al movimiento indígena y su indudable presencia nacional a partir del levantamiento de 1990; a las luchas populares en distintos momentos de la historia contemporánea; el repudio y cuestionamiento a los gobiernos de la derecha política; el rechazo al TLC o a los acuerdos con el FMI, así como al modelo neoliberal o empresarial-oligárquico. La izquierda social respaldó la movilización popular de octubre 2019 de diversas formas y también sufrió la represión.

Sin duda, amplios sectores de las izquierdas sociales se identificaron con el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y lo respaldaron, porque vieron en él una alternativa de nueva izquierda, que pasó a formar parte del progresismo latinoamericano. En poco tiempo, los dirigentes del partidismo y del movimientismo ya señalado, rompieron con este gobierno por una serie de causas, pasaron a combatirlo y han negado al “correísmo” alguna ubicación en la izquierda, pues consideran que solo se trató de un ciclo más de la “dominación burguesa” en Ecuador. Además, acusan a Correa de haber “criminalizado” la protesta social y haber “destruido” a la izquierda. Obviamente estos sectores fueron políticamente confrontados por Rafael Correa, quien los calificó como “izquierda infantil”.

Considerándose como la “auténtica” y hasta “única” izquierda en el país, en 2013, los sectores mencionados decidieron enfrentar al “correísmo” y articularon la “Unidad Plurinacional de las izquierdas”, integrada por Pachakutik, CONAIE, ECUARUNARI, Montecristi Vive, MPD, PCMLE, Partido Participación, Socialismo Revolucionario, RED, Movimiento Participación Democracia Radical, Poder Popular, Movimiento Convocatoria por la Unidad Provincial, FUT y Frente Popular (UNE, FEUE, FESE, UGTE, CUBE, CONFEMEC, FEUNASSC, JRE, CUCOMITAE, UNAPE, UCAE, UAPE, JATARISHUN, UNAP), que propuso como candidato presidencial a Alberto Acosta (en binomio con Marcia Caicedo). Pero todo ese sector de la “izquierdosidad”, para utilizar un concepto que emplea la investigadora argentina Irma Antognazzi (me ha escrito que en su país se observa igual comportamiento político) apenas alcanzó el 3.26% de la votación, lo que significa que no votaron por ellos sino una fracción de sus partidarios, militantes o “bases”; mientras, paradójicamente, el binomio Rafael Correa/Jorge Glas, alcanzó su mayor votación histórica, pues obtuvo el 57.17% de los votos (y 100 de 137 asambleístas), derrotando a todos los 7 contendores de derecha y de izquierda, en la primera vuelta.

La experiencia histórica no fue asimilada: los partidos y movimientos más importantes de la izquierdosidad, al no comprender el espacio ni las dinámicas históricas de la izquierda social, volvieron a reproducir el mismo comportamiento en 2017, cuando se conformó el “Acuerdo Nacional por el Cambio” (MUP, ID, Pachakutik, CONAIE, PSE, RS, PCMLE, Montecristi Vive, FUT, FP, RA, UNE  y una serie de movimientos menores), que patrocinó al binomio Paco Moncayo/Monserratte Bustamante, quienes, además, eran personalidades ajenas a sus filas y militancias propias. Alianza País (AP), por su parte, propuso al binomio Lenín Moreno /Jorge Glas. Por segunda ocasión, el partidismo y movimientismo de la “auténtica” izquierda, apenas logró el 6.71% (al menos duplicando lo obtenido en 2013) de los votos. Moreno tuvo que pasar a la segunda vuelta, en la que logró un apretado 51.16% de la votación frente al exbanquero Guillermo Lasso, patrocinado por CREO, con apoyo de las derechas políticas, económicas y mediáticas, quien obtuvo el 48.84% de la votación. No se puede soslayar un hecho histórico inédito: dirigentes y militantes de la izquierdosidad convocaron y hasta realizaron una campaña activa para que se votara por el millonario banquero, al que preferían, antes que dar el respaldo a un candidato del “correísmo”.

La izquierda social nunca se esperó el giro gubernamental de Moreno ni la restitución del modelo empresarial-oligárquico en la economía. Sin embargo, dirigentes, líderes e intelectuales del partidismo y del movimientismo de la izquierdosidad se unieron a la “descorreización”, apoyaron el referendo y consulta de 7 preguntas que el gobierno realizó (febrero 2018) para legitimar su reforma institucional del país, respaldaron activamente las labores del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana nombrado para ello, y sostuvieron, de uno u otro modo, al “morenismo”, aunque hoy aparecen confrontando sus políticas.

Desde luego el “correísmo” ha sido seriamente afectado por los casos de corrupción descubiertos y por las debilidades que el proceso de la Revolución Ciudadana dejó como herencias, las cuales han sido mejor advertidas con el paso del tiempo. Aún no está claro cómo y con quiénes podrá articular una candidatura que permita captar el apoyo de las izquierdas sociales. Pero, ¿logrará el “correísmo” una fuerza cercana a la que tuvo en el pasado? Del otro lado, parece que tampoco se quiere asumir las experiencias históricas, pues nuevamente las dirigencias de las “auténticas” izquierdas se preparan para las elecciones de 2021, sobre la base de unificar fuerzas contra el “correísmo”. Se adelanta Pachakutik, con un precandidato presidencial ampliamente reconocido por ser un actor decisivo del anticorreísmo indígena (https://bit.ly/2PgFqvx). Parece que en su elección primó esa postura, a tal punto que resultan muy sintomáticas las reacciones inmediatas que tuvieron, entre otros, tres articulistas movidos por el mismo espíritu político: uno de ellos sostiene que Leonidas Iza “marcó la cancha electoral para poner distancia con el populismo autoritario y corrupto de los correístas” (https://bit.ly/2D5z93m); otro apunta todo lo contrario, porque al decidirse por Yaku Pérez “muere ahogado el sueño correista de apropiarse del movimiento indígena para usarlo como catapulta de regreso al poder” (https://bit.ly/39T42nt); y un tercero opta por una fantasmagórica apreciación: “Tanto Vargas [Jaime] como Leonidas Iza, su cerebro a distancia, pertenecen a esa fracción de la dirigencia indígena que, si dependiera de ellos, casi preferirían contar con un brazo armado que con uno político. Y los aspirantes a ser eso (el movimiento de Cotopaxi, los Mariáteguis y otros talibanes) ya tomaron su decisión: quieren a Iza”. (https://bit.ly/2DuNW7k -2/8/2020:22h).

Lo que asombra es que días más tarde, el Consejo Ampliado de la CONAIE decide “dejar sin efecto” las resoluciones de Pachakutik; exhortar a que las candidaturas se realicen “en coordinación y participación, con voz y voto, de la estructura organizativa del movimiento indígena”; y “respaldar a los compañeros Jaime Vargas y Leonidas Iza Salazar como precandidatos a la Presidencia de la República del Ecuador” (https://bit.ly/31xXxm5). Una situación comparable con la que ocurrió en 2016, es decir hace 4 años, a la cual me referí en dos textos que parecen tener plena actualidad: una nota en FaceBook, difundida el 7 de agosto de 2016, que titulé: “Movimiento indígena: ¿cuál es su representatividad política?” (https://bit.ly/3in5K3E); y un artículo que publiqué en diario El Telégrafo el 8 de agosto de 2016, con el título: “Movimientos sociales y política electoral” (https://bit.ly/30AAt7a).

En todo caso, ¿será posible que esta sea la tercera oportunidad para demostrar que ahora sí las agrupaciones y movimientos del anticorreísmo, han pasado a convertirse en la alternativa política que el amplio espectro de las izquierdas sociales anhela? Por lo pronto, tienen a su favor el hecho casi seguro de que Rafael Correa no podría ser candidato y que el “correísmo” no tendría un partido que le represente, si finalmente se imponen las arbitrariedades de los organismos electorales; pero también cuentan a su favor con el lawfare, la judicialización selectiva y la persecución a los “correístas”, en medio de un ambiente nacional en el que hegemonizan las fuerzas de la derecha económica, política y mediática.

Por sobre esos conflictos y posiciones irreductibles entre dos bandos, que polarizan sus propias posiciones ideológicas y marginan las posibilidades de la tan proclamada “unidad”, la amplia gama de la izquierda social mantiene la esperanza de que alguna fuerza política logre representar verdaderamente sus ideales e intereses y que finalmente se instaure un gobierno que dé continuidad a los procesos que ese sector ha respaldado desde inicios del siglo XX, entre avances y retrocesos, a pesar de las frustraciones cíclicas. De lo contrario, las derechas políticas, económicas y mediáticas asegurarán la continuidad del modelo empresarial-oligárquico, que el “morenismo” supo afianzar en apenas tres años.

Autor: Juan J. Paz y Miño Cepeda

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/ecuador-la-izquierda-frustrada/

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Desigualdades: el problema son los millonarios

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Por:  Juan J. Paz y Miño Cepeda

En los últimos años se ha despertado en el mundo una preocupación creciente sobre las desigualdades sociales, en su más amplia consideración, pues no solo se incluye la desigualdad en cuanto al reparto de la riqueza, sino también otras formas de ésta en la vida contemporánea. Pero, sin duda, las desigualdades económicas son las que golpean, con una fuerza impactante, a millones de seres humanos.

En el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), realizado del pasado 21 al 24 de enero (2020), la élite de negocios que normalmente asiste recibió un comunicado del grupo “Millonaires against pitchforks” (https://bit.ly/2SgaHj6) [1] dirigido “A nuestros compañeros millonarios y multimillonarios de todo el mundo”, en el que se afirma lo siguiente: “La desigualdad extrema y desestabilizadora está creciendo en todo el mundo. Hoy en día, hay más multimillonarios en la tierra que nunca antes, y controlan más riqueza de la que tienen. Mientras tanto, los ingresos de la mitad más pobre de la humanidad permanecen prácticamente sin cambios”.

El grupo concluye: “Por esa razón, les instamos [a los Estados] a avanzar ahora, antes de que sea demasiado tarde, para exigir impuestos más altos y más justos a millonarios y multimillonarios dentro de sus propios países y ayudar a prevenir la evasión y elusión de impuestos individuales y corporativos a través de los esfuerzos de reforma fiscal internacional”.

Al mismo tiempo, el 20 de enero, Oxfam publicó su informe “Tiempo para el cuidado” (https://bit.ly/37WRDgA), que incluye una serie de datos que deberían escandalizar a todo el planeta: en 2019, los 2.153 mil millonarios que hay en el mundo poseían más riqueza que 4.600 millones de personas; los 22 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las mujeres de África; el 1% más rico de la población posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas; y “si una persona hubiese ahorrado 10.000 dólares diarios desde el momento en que se construyeron las pirámides de Egipto, ahora poseería tan solo una quinta parte del promedio de la fortuna de los cinco millonarios más ricos del mundo”. De modo que el incremento de tan solo el 0.5% adicional en el tipo de impuesto que grava el patrimonio del 1% más rico de la población, permitiría recaudar los fondos necesarios para invertir en la creación de 117 millones de puestos de trabajo, sostiene Oxfam.

Poco tiempo atrás (diciembre, 2019), el PNUD igualmente entregó su informe sobre desarrollo humano titulado “Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI” (https://bit.ly/2GYNmx4), en el cual se resalta la situación de injusticia en América Latina, con desigualdades que se remontan a la época colonial. Y, en un hecho sin precedentes, hasta la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en su artículo “Reducir la desigualdad para generar oportunidades” (https://bit.ly/2OsveQm), llega a una conclusión inesperada:

“Para abordar la desigualdad es necesario replantear el problema. Antes que  todo, en lo que se refiere a políticas fiscales y tributación progresiva./ La progresividad de los impuestos es un aspecto fundamental de una política fiscal eficaz. Nuestras investigaciones muestran que en el segmento superior de la distribución del ingreso es posible elevar las tasas marginales de impuesto sin sacrificar el crecimiento económico”.

Pero esta afirmación no pasa de las simples palabras, porque contradice los condicionamientos que el FMI impone en América Latina, a tal punto que la Carta de Intención suscrita por el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, señala textualmente: “La reforma tributaria tendrá como objetivo mejorar la movilización de ingresos, aumentar la eficiencia, la simplicidad y la equidad, pasando de los impuestos directos a los indirectos…”, lo cual parece una burla y, además, contradice a la Constitución de 2008.

La situación de América Latina y el Caribe, que es la región más inequitativa del mundo por los términos que ha adquirido la concentración de la riqueza, también ha sido estudiada de modo particular y sistemático por la CEPAL. En 2018 la institución presentó en La Habana uno de sus últimos estudios sobre el tema, titulado La ineficiencia de la desigualdad (https://bit.ly/2RWp3q2), aunque antes publicó varios trabajos y también otros después. De acuerdo con datos de la entidad, en la región el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza; mientras el número de multimillonarios pasó de 27 a 104 desde el año 2000; y en 2019, son 66 millones de personas (10.7% de la población) las que viven en extrema pobreza.

En el mismo Foro de Davos, al que me he referido, la Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, ha insistido en que “La desigualdad es la causa estructural del malestar social en la región. Por ello, necesitamos avanzar de la cultura de los privilegios a la cultura de igualdad y la inclusión social”; y añade: “Las protestas en la región tienen un hilo común que es la desigualdad y pueden convertirse en una oportunidad para el cambio social” (https://bit.ly/31oDbLE).

En el reciente XV Foro de Análisis de la Economía Latinoamericana, que se realizó en Madrid pocos días atrás, Bárcena ha remarcado que se requiere “una política fiscal activa con medidas que impulsen el crecimiento con inclusión, además de una estrategia para garantizar la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo y un nuevo pacto social que incorpore una nueva generación de políticas y que impulse una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad, que permita avanzar en la construcción de nuevos consensos” (https://bit.ly/398QQsZ).

Desde luego, las desigualdades tienen un origen histórico, aunque los millonarios del mundo y más aún los de América Latina (y peor aún los de Ecuador) piensen que su riqueza es fruto de sus emprendimientos y sus trabajos. Precisamente la historia económica y la economía política han demostrado, en forma contundente e irrebatible desde el siglo XIX, que la riqueza es, finalmente, apropiación de valor socialmente generado.

En tal virtud, la riqueza tiene que ser redistribuida e incluso cabe pensar que mundialmente es preciso ponerle límites, porque no deben existir millonarios ni multimillonarios. En mucho, la redistribución se logra con instrumentos modernos como los impuestos directos, que en América Latina tienen que ser reforzados, ampliados y cobrados a elites económicas que no solo los evaden, sino que esconden sus recursos en paraísos fiscales.

En nuestra época, como en el pasado, hay múltiples argumentos ideológicos para justificar las desigualdades y la riqueza. Y el reciente libro de Thomas Piketty, Capital e ideología (2019) precisamente retoma esa demostración. Ya contamos con la voluminosa obra (1.247 páginas) traducida al español.

En esencia, Piketty da continuidad a su famosa obra El capital en el siglo XXI (2013), pero examina, en su nuevo libro, cómo la ideología y la política han servido de fundamento para las desigualdades, desde sociedades antiguas. No es la lucha de clases, ni la economía, sostiene el autor, sino las ideas sostenidas en la época las que originan y mantienen las desigualdades. Y en su demostración utiliza una impresionante gama de fuentes y recursos.

Esta conclusión suya tiene especial relevancia para América Latina. Porque en los tiempos conservadores en que se encuentra la mayor parte de la región, el tema de las desigualdades económicas, la concentración de la riqueza y la necesidad de incrementar los impuestos directos, ha desaparecido inmediatamente con los gobiernos de derecha y ultraderecha, interesados en contentar al capital, a través de afirmar, a toda costa -también arrasando con la democracia y los derechos sociales-, el camino neoliberal y empresarial que les inspira, incluso con la compañía del FMI, como ahora ocurre en Ecuador.

El lenguaje económico en la ideología conservadora y neoliberal se interesa por los emprendimientos, las inversiones, las ganancias, la competitividad en los mercados, los tratados de libre comercio, las alianzas geoestratégicas con el capital transnacional, etc. Además, riqueza y pobreza son, bajo esa visión, fenómenos naturales, debidos a decisiones de vida individuales.

Las consignas, que igualmente se generan, abogan por el retiro del Estado y las privatizaciones, cuestionan el sistema tributario directo y argumentan la flexibilidad laboral y el recorte de derechos sociales. Es la “nueva” ideología del siglo XXI latinoamericano que, si se examina históricamente, tiene más vejez de lo que a veces se imagina.

Precisamente, contra esa ideología, corresponde librar la batalla por las ideas, a fin de fortalecer la conciencia social por el cambio, la construcción de una nueva sociedad, y el retorno del valor socialmente creado a sus legítimos dueños: los trabajadores de todas las esferas económicas en su conjunto, de cuyo esfuerzo siguen apropiándose los millonarios.

Referencias bibliográficas

[1] Millonarios contra rastrillos

Fuente e imagen: https://firmas.prensa-latina.cu/index.php?opcion=ver-article&cat=P&authorID=129&articleID=2807&SEO=paz-y-mino-cepeda-juan-jose-desigualdades-el-problema-son-los-millonarios

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Educación superior: ¿presiones para el retorno al pasado?

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Educación superior: ¿presiones para el retorno al pasado?

Ecuador, lunes,  3 de Febrero, 2020

Juan J. Paz y Miño C.

En 2006 se publicó el libro Asociación de Profesores de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). 30 Años: 1976-2006. Hay varios artículos relativos a la educación y particularmente sobre la realidad universitaria del país. Incluye un artículo mío titulado “La universidad ecuatoriana: entre el profesionalismo y el mercado” que también lo publiqué en el Boletín del THE (https://bit.ly/2ROBML9).

En mi texto contrastaba dos momentos: las décadas de 1960 y 1970 caracterizadas por la masificación y politización de las universidades, el activismo estudiantil, el ataque a las universidades públicas por su “izquierdismo”, las limitaciones en recursos; y las décadas de 1980 y 1990, cuando las preocupaciones cambiaron, por la proliferación de universidades: a fines de los 70 había 15 universidades estatales, 4 privadas y solo 1 internacional, mientras en 2005 existían 66 universidades, de las cuales 40 eran privadas. Por cierto, varias de las universidades fueron aprobadas por congresos a los que no importó la violación a la misma Ley de Educación Superior.

La masificación se agudizó en 1969, cuando fueron abolidos los exámenes de ingreso para las universidades, a consecuencia de las activas movilizaciones de los bachilleres en las calles, en las que murieron varios jóvenes, por la represión en Guayaquil. De acuerdo con distintos estudios de la época, esa supresión contribuyó al deterioro de la calidad académica de las universidades públicas. La politización y el izquierdismo, si bien convirtieron a las universidades en antenas sociales del país, igualmente afectaron la rigurosidad en los estudios.

Sin embargo, la proliferación de universidades privadas tampoco solucionó el mejoramiento académico. Las universidades de “garaje” resultaron peores para la formación de profesionales; el título pasó a ser una mercancía, al compás del modelo neoliberal-empresarial que se afirmó en Ecuador durante las mismas décadas finales del siglo XX.

Con la primera Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas y la creación del CONUEP en 1982, (CONESUP desde 2000), se dio un paso de enorme importancia para la organización, funcionamiento y supervisión de las universidades, así como para la promoción de las investigaciones académicas. Pero ese paso fue estrangulado por la economía neoliberal-empresarial. A tal punto se readecuaron los estudios universitarios con orientación al mercado, que en pregrado, las carreras de administración y comercio llegaron a representar el 26.14% del total y en postgrado el 26.21%.

Con la nueva Constitución de 2008, otra Ley de Educación Superior y la creación de la SENESCYT, se avanzó como nunca antes. Fueron cerradas casi una veintena de universidades de “garaje”, se implementó el sistema de acreditación y seguimiento a las universidades, se potenció la investigación y la producción científica, fue reforzado el criterio de titulaciones de cuarto nivel, se trazó una línea futura de lo que debía ser la educación superior. También hubo serios límites, sobre todo en cuanto a la burocratización del trabajo docente y varios dogmatismos sobre la calidad universitaria y la supervisión. Sin embargo, la idea de potenciar universidades con altos niveles académicos e investigativos también respondió a las reorientaciones económicas y políticas del país, que dejaron atrás los conceptos neoliberales.

Desde 2017, con el retorno del modelo neoliberal-empresarial, la visión sobre la educación superior se modificó. También revivieron los intereses universitarios privados, en tanto se recortan o descuidan las inversiones estatales, se cuestionan las herencias de la educación durante la década pasada por el simple apuntalamiento de la “descorreización”, e incluso aparecen posiciones políticas que pretenden la desaparición de la Senescyt y el retorno al libre ingreso a las universidades. Sería un retroceso a la época anterior a la fundación del CONUEP.

Confabulan para ello, la ausencia de visiones estructurales sobre el futuro de la educación en primaria y secundaria, y la carencia de perspectivas sobre cómo orientarlas para que la educación superior no sea presionada en contra de las exigencias académicas, que son las que deben prevalecer. Tampoco hay sentido para ofrecer otras alternativas, con decidida intervención del Estado, para invertir en instituciones y carreras que potencien tecnicaturas y profesiones medias. El revivido neoliberalismo nuevamente solo exige el recorte del “gasto” público, que provoca, inevitablemente, el recorte de recursos para la educación.

Autor: Juan J. Paz y Miño C

 

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/educacion-superior-presiones-retorno-al-pasado/

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