Author: Juan J. Paz y Miño Cepeda

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Ecuador: Festejar la dolarización

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Festejar la dolarización

Ecuador, lunes,  13 de Enero, 2020

Juan J. Paz y Miño C.

Como en ningún otro aniversario, al cumplirse 20 años de la adopción del dólar norteamericano como moneda nacional del Ecuador, intelectuales de la derecha universitaria, así como políticos, empresarios y medios de comunicación con iguales visiones, se dedicaron, en pasados días, no solo a defender la dolarización (pocos con algunas razones económicas bien argumentadas), sino a rescatarla como una decisión benéfica para el país, inevitable en las condiciones de los años 1999/2000, y como un régimen que ha traído estabilidad monetaria, seguridad, confianza y emprendimiento.

El expresidente Jamil Mahuad (1998-2000), quien decretó la dolarización violando la Constitución de 1998, conminando y amenazando al directorio del Banco Central para que la adoptara, sin los estudios técnicos que la justificaran e incluso sin conocimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), que era, por entonces, una institución de obligada consulta, fue ampliamente entrevistado y, además, destacado por haber asumido la decisión dolarizadora. Paralelamente también se lanzó la idea de “festejar” la dolarización, incluyendo para ello la presencia de Domingo Cavallo, “padre” del sistema de convertibilidad en Argentina durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999); y que en Ecuador vino a sostener, sin ningún fundamento histórico, que “sin dolarización Ecuador estaría como Venezuela”. Tampoco faltaron los académicos del “establishment” que, desde sus propias filas, igualmente festejaron los 20 años dolarizados y sus “logros”.

Toda esta campaña ideológica del presente oculta la historia, para salvar en ella a una serie de políticos y gobernantes, pero sobre todo a una elite social privada, que hegemonizó con sus intereses sobre la economía del país desde los años 80 del pasado siglo, y que fue la beneficiaria inmediata y directa de la dolarización, en perjuicio de los más amplios sectores sociales de la época.

Porque la dolarización fue un momento especial de la construcción del modelo neoliberal-empresarial, tibiamente iniciado por Osvaldo Hurtado (1981-1984) en sus dos últimos años de gobierno, definitivamente marcado por León Febres Cordero (1984-1988), consolidado por Sixto Durán Ballén (1992-1996), quien fue el continuador económico del febrescorderismo, y reproducido por todos los gobernantes posteriores hasta 2007. Ese modelo económico compaginó con la globalización transnacional de la época y recibió las guías conductoras del FMI a través de las 16 cartas de intención suscritas por el país entre 1983 y 2003. De este modo se caminó hacia la edificación de una especie de paraíso para las capas más ricas del Ecuador, que se apoyaron en tres consignas centrales: 1. reducir el Estado a sus mínimas capacidades económicas; 2. suprimir o reducir impuestos directos y particularmente los que afectan al empresariado; 3. flexibilizar las relaciones laborales para disminuir costos y maximizar las ganancias. Es la misma trilogía actualmente vigente, en el segundo momento del modelo neoliberal-empresarial revivido por el gobierno de Lenín Moreno.

En ese telón de fondo, quien puso los cimientos de la debacle bancaria que vendría a fines de los noventa y que condujo a la dolarización, fue el gobierno de Sixto Durán Ballén, con la Ley de Instituciones Financieras (1994), que introdujo el concepto de banca múltiple, permitió los créditos vinculados, maniató a la Superintendencia de Bancos y posibilitó los créditos de liquidez del Banco Central que sirvieron para “salvar” a los bancos privados, entre los cuales el Banco Continental fue el primero en “caer” (1996), seguido luego por otras 15 instituciones financieras. Los ciudadanos quedaron impotentes ante el cierre de los bancos, los “salvatajes”, la pérdida de sus ahorros, la fuga de los banqueros corruptos y el contubernio de los sucesivos gobiernos con la clase bancaria y los empresarios ligados a sus desafueros.

Después de la sucretización de las deudas privadas durante el gobierno de Hurtado (deudas empresariales en dólares transformadas a sucres, pero pagadas en dólares por el Estado), y de la resucretización efectuada por Febres Cordero, la debacle bancaria fue el tercer gran atraco privado al país y a sus habitantes. Porque el modelo neoliberal, que agravó las condiciones de vida y trabajo de la población, condujo al negociado con recursos del BCE, al feriado bancario de 1999 y a las pérdidas de recursos de los ahorristas, así como a la ruina de los pensionistas jubilados, que no solo lloraron y se quejaron a diario, sino que incluso acudieron al suicidio, como reportaron los mismos medios periodísticos de la época. Varios de los nombres de los defensores de aquel modelo y, sin duda, de la dolarización actual, fueron actores directos de las políticas seguidas en aquellos años, aunque hoy son presentados como personajes de criterios ejemplares.

Un libro que circuló en 1999, escrito por varios autores desde distintas ópticas, y con el título Bancos y banqueros, da cuenta de esos procesos que alarmaron al Ecuador y que hasta hoy siguen en la impunidad. Uno de los autores utilizó un título que retrata exactamente lo que sucedía: “Ratas, rateros y banqueros”.

La dolarización fue el resultado de esa debacle económica e institucional (entre 1996-2006 hubo 7 gobiernos, 1 dictadura nocturna y tres presidentes derrocados: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez). Cuando se implantó el sucre como unidad monetaria del país (1884), la paridad del dólar fue de 1 sucre; cuando se creó el Banco Central (1927) fue de 5 sucres; al iniciarse la fase democrática (1979) tras las dictaduras petroleras de los setentas, el dólar equivalía a 25 sucres; pero la dolarización se adoptó con 25 mil sucres por dólar. Ese momento quedaron pulverizados los salarios de los ecuatorianos, porque el salario mínimo pasó a equivaler 4 dólares, mientras fugaban capitales, se sobre-enriquecía una elite que había acumulado en dólares y la impotencia social movilizada en protestas en las calles, apenas logró la caída de Mahuad, porque el sucesor, Gustavo Noboa (2000-2003) fue quien efectivamente dolarizó la economía y apuntaló, aún más, el modelo neoliberal-empresarial. El estudio de las consecuencias previsibles de la dolarización ecuatoriana, quedó en otro libro colectivo, titulado Dolarización. Informe urgente (2000).

No es cierto que la dolarización permitió estabilizar al país. Así lo demuestran varios artículos del reciente libro Dolarización: dos décadas después (1999). Pero, además, no puede olvidarse que quienes la sostuvieron fueron los miles de migrantes que, ante el derrumbe de la vida y el trabajo, salieron a España, Italia y los EEUU. Las remesas enviadas por esos migrantes a sus familias representaron, casi durante una década posterior, el segundo rubro de ingresos para el país después de las exportaciones de petróleo. Según el Banco Mundial (BM), en 2006 Ecuador recibió 2.922 millones de dólares por remesas, las que llegaron a representar el 6% del PIB. Y, de otra parte, a pesar de la dolarización, fue la población ecuatoriana la que aprendió a sobrevivir con la extraña moneda, la que tuvo que sufrir no solo por los desafueros bancarios sino por la arremetida contra sus derechos laborales, y la que experimentó el abismo entre sus ingresos y el de las elites económicas enriquecidas a costa de todo el país.

Hay responsables históricos del modelo neoliberal-empresarial y de la dolarización, aunque se trate de que hoy aparezcan como referentes académicos, periodísticos y políticos. Se argumenta, como en efecto es así, que hoy los ecuatorianos no quieren salir de la dolarización. No es porque el sistema sea “bueno”, sino porque históricamente se recuerda el manejo de las elites con el sucre, las devaluaciones, los intereses usureros, los salvatajes. Al menos la población experimenta que puede conservar su poder adquisitivo y que ya no existe el riesgo descontrolado de la inflación.

Sin embargo, celebrar la dolarización es como celebrar la conquista española: se olvidan los acontecimientos de inicio, para sostener, a estas alturas, que “gracias” a la conquista española hoy tenemos religión católica, idioma castellano, ciudades de origen colonial y cultura occidental. Ya no se ve la destrucción ocasionada por la conquista, la subordinación de las poblaciones indígenas, la introducción de las formas más agudas de explotación de la fuerza de trabajo, el inicio del subdesarrollo y de la acumulación originaria. La dolarización parece lucir hoy un beneficio económico, porque se silencia a la población que sufrió, que perdió patrimonios, que cayó en sus niveles de ingresos, de vida y de trabajo.

El Ecuador salió adelante por su gente y no por la elite que continúa con su atrasada visión económica para completar el cuadro de beneficios exclusivos mediante las políticas que todavía faltan profundizar, de la mano de los compromisos con el FMI: flexibilizar el trabajo y privatizar bienes y servicios del Estado.

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/festejar-la-dolarizacion/

Autor: Juan J. Paz y Miño C.

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Ecuador: Nuevas visiones sobre la «Revolución Ciudadana»

Juan J. Paz y Miño Cepeda
Nuevas visiones sobre la «Revolución Ciudadana»
Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
Al menos en tres artículos escritos en los meses finales de 2018 (https://bit.ly/2MTaHn8; https://bit.ly/37AIIkh; y, https://bit.ly/2Qm77Ee) repasé los libros y artículos esenciales que se habían escrito sobre el gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Contaba con casi un centenar de textos que merecían ser tomados en cuenta para estudiar a la Revolución Ciudadana con la seriedad y rigurosidad con las que ese ciclo histórico -como cualquier otro en nuestra vida republicana- debe ser tratado.La “descorreización”, impulsada en sus orígenes por la extrema derecha, paradójicamente coauspiciada por las izquierdas inicialmente “morenistas” (hoy en retirada, como lo hicieron con Correa), y que desde 2017 se convirtió, además, en consigna oficial de las funciones del Estado, de las empresas privadas de comunicación más influyentes, e incluso de la revivida doctrina militar de la seguridad nacional, no solo ha pretendido que desaparezca la historia real de ese ciclo del progresismo latinoamericano, sino que impide distinguir sus logros, los límites y hasta sus “pecados”. Pero empiezan a aparecer nuevas investigaciones. Tomaré en cuenta dos recientes.

El artículo del profesor Germán Carrillo García, “Triple revolución en Ecuador. Contradicciones de la economía política frente a la construcción de un Estado Social” (https://bit.ly/2Fmx1lg, dic/2019), permite ubicar, claramente, la sucesión histórica de tres procesos: 1) el ciclo del “desarrollismo” durante las décadas de 1960 y 1970, que por el aumento de las capacidades estatales, su incursión económica, la planificación, la reforma agraria, la industrialización sustitutiva de importaciones y el crecimiento empresarial inducido, lograron superar la ruralidad y el atraso del país, que desde entonces adquirió una típica fisonomía capitalista de rasgos latinoamericanos; 2) el ciclo del “neoliberalismo”, durante las décadas de 1980, 1990 e inicios del siglo XXI, cuando se asumen las consignas anti-estatales, de privatización, mercado libre y hegemonía de los intereses privados, que arrasaron con el avance en las condiciones de vida y de trabajo, precarizando a las mayorías sociales; y, 3) el ciclo del “neodesarrollismo” de la revolución ciudadana, que recuperó el papel del Estado y mejoró las condiciones sociales, aunque en un marco de “notable retórica política” -dice el autor- frente a una realidad socioeconómica que dependió del auge petrolero y que, por lo mismo, empezó a dar un giro “neoliberal” en las alianzas público-privadas, ante los desajustes externos.

El análisis todavía general de ese tercer ciclo, realizado por el profesor Carrillo, bien puede complementarse y ampliarse con el estudio que realiza otro profesor, Miguel Ruiz Acosta, en “Desafiando al neoliberalismo desde la mitad del mundo: repolitización de la economía bajo la Revolución Ciudadana” (https://bit.ly/39DVIaF, nov/2019), que ofrece un sólido trabajo sobre cuatro políticas del gobierno de Rafael Correa: la tributaria; de regulación financiera; sobre el mercado de trabajo; y las políticas de bienestar social.

Pormenorizando en datos y fuentes, queda igualmente en claro, que la revolución ciudadana, como dice el autor, no solo fue un cambio de gobierno, sino un “cambio de régimen”, que supo repolitizar la economía en contra de la ideología neoliberal. 1) En materia tributaria, crecieron los impuestos directos y, con sucesivas reformas, se institucionalizó su cobro efectivo, apuntando contra la evasión, lo que destapó las reacciones de las cámaras de la producción. Por cierto, en este punto vale destacar la rigurosa investigación de Timm B. Schützhofer, pionera en estudiar el régimen tributario de la Revolución Ciudadana (https://bit.ly/39DTRCH, feb/2019). 2) Se produjo una “expropiación financiera”, pues el Estado logró imponer sus regulaciones a la poderosa banca privada, especialmente en cuanto a intereses, liquidez, garantías, comisiones; auditó la deuda externa; renegoció contratos petroleros; repatrió reservas internacionales y realizó vastas e importantes inversiones públicas; con todo lo cual provocó las reacciones de los banqueros y de las elites empresariales. 3) En lo laboral, ciñéndose al Mandato 8 de la Asamblea Constituyente y a la Constitución de 2008, el gobierno actuó para reducir la “tasa de explotación” y con ese fin garantizó los derechos fundamentales para los trabajadores, incrementó sustancialmente los ingresos laborales guiado por el principio del “salario digno” y amplió la cobertura de la seguridad social; pero fue, dice el autor, una política laboral “híbrida”, ya que si bien mejoró el trabajo formal y también la atención al informal (las estadísticas lo demuestran), afectó ciertos derechos para los servidores públicos, promovió un sindicalismo oficialista (CUT, PL) y se distanció con las organizaciones de trabajadores más reconocidas, incluso llegando a ciertos giros “flexibilizadores” en sus dos últimos años, algo que yo señalé en aquel tiempo y que el profesor Ruiz lo destaca en una cita. 4) En bienestar social los avances fueron evidentes, a través de la seguridad social ya referida, además de la extensión y cobertura con servicios públicos (educación, medicina, vivienda), subsidios focalizados, programas de transferencia condicionados como el bono de desarrollo humano y el incremento del gasto social.

Ese conjunto de políticas “neodesarrollistas”, según el autor (coincide con Carrillo), trajeron resultados: incremento sostenido del salario real (se demostró que el alza salarial no fue obstáculo para el crecimiento del trabajo formal), reducción sustancial de la pobreza y paralelamente de las desigualdades sociales, además del fortalecimiento de las capacidades estatales regulatorias y de la institucionalidad. Lo comprueban los datos económicos y los cuadros insertos en el artículo. Ecuador fue reconocido como el primero en América Latina en cuanto a la mayor eficacia en la disminución de desigualdades, y el segundo en reducción de la pobreza, de acuerdo con entidades internacionales (FMI, BM, PNUD, OIT, CEPAL) y otros estudios académicos. Como señala Ruiz, se demostró que sí hay alternativas al neoliberalismo.

Sobre la base de los estudios realizados por los profesores Carrillo y Ruiz, bien puede sostenerse que durante el ciclo de la Revolución Ciudadana estuvo en proceso de construcción un tipo de economía social, que logró distinguirse del modelo neoliberal-empresarial que le antecedió por décadas. Pero, además, si se observa con perspectiva histórica, ese tipo de economía daba continuidad a esfuerzos nacionales de otras épocas, de manera que es irracional hablar de la existencia de una supuesta economía “correísta” o de una “década perdida”, cuando los datos prueban lo contrario.

La educación universal, laica y gratuita fue una conquista del radicalismo en la Revolución Liberal de 1895, así como la asistencia pública, antecesora de la seguridad social, pero también el sindicalismo. Las políticas sociales, los derechos de los trabajadores, la cajas del seguro y pensiones, los impuestos directos y la necesidad de imponer el poder público a los intereses bancarios y empresariales particulares nacen con la Revolución Juliana de 1925. Los rastros iniciales del “desarrollismo” se encuentran en el gobierno de Galo Plaza Lasso (1948-1952), se afirmaron en las décadas de los 60 y 70, y solo así se logró superar definitivamente el régimen oligárquico y el sistema hacienda. El “neodesarrollismo” de la revolución ciudadana tuvo esas bases. Los principios para una economía social fueron ampliados sucesivamente por las Constituciones de 1929, 1945 y 1979 (lo estudio en un artículo publicado en 2007 en el libro Asamblea Constituyente y Economía, https://bit.ly/2STwkrm), de modo que la Constitución de 2008 responde a ese avance.

En cambio, el régimen oligárquico del siglo XIX, la época plutocrática (1912-1925), o las décadas neoliberales de fines del siglo XX, que se caracterizaron por la hegemonía de los intereses privados, no cambiaron la fisonomía del país, se sustentaron en el agravamiento de las condiciones de vida y de trabajo, y fortalecieron la concentración de la riqueza en unas elites despreciadoras de las responsabilidades sociales del Estado. Incluso las Constituciones de 1967 y 1998 reflejan los intereses privados en la economía, que sustentan el modelo empresarial.

Para Germán Carrillo está claro que desde 2017 “Lenín Moreno, ha demostrado con solvencia su adhesión incondicional a esas élites señaladas por Hirschman, que junto a las instituciones globales del capitalismo neoliberal no desestiman la imposición de políticas de austeridad a las bases del cuerpo social”; y para Miguel Ruiz, “el actual Gobierno [de Lenín Moreno], a pesar de haber emergido del propio seno de la Revolución Ciudadana, [ha] dado un giro de 1800 no sólo en materia geopolítica, sino también en los ámbitos económico y social”; y agrega: “ Como lo mostró el gran estallido social de inicios de octubre de 2019, la nueva orientación de la política pública no sólo dejó de lado un proyecto de desarrollo nacional de carácter inclusivo, sino que resucitó la vieja idea de que no hay más alternativa que regresar a la (anti)política del neoliberalismo”.

Cabe añadir que el giro dado desde 2017, mediante el cual se cortó un camino económico y social distinto al neoliberalismo, ha sido acompañado por las orientaciones contra los “correístas” y, ante todo, contra “la más grande corrupción que ha tenido la historia”, según afirman los enemigos del ciclo de la revolución ciudadana. Desde las filas del “correísmo” se denuncia la persecución, el lawfare y el odio político. Pero también hay voces de reconocidos abogados y juristas, que cuestionan acusaciones o procesos (véase, por ejemplo, https://bit.ly/2uk2Icz); a quienes se suman los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (https://bit.ly/2QINKV7; y https://bit.ly/36qoOrU); e incluso de la Interpol (https://bit.ly/37CdxFm), u otras (https://bit.ly/2ZP4E8A; https://bit.ly/2MWKHaK; https://bit.ly/39LlOsf). La Asociación de jueces se pronunció contra la intromisión amenazante de la Fiscalía sobre el tema de las causas despertadas a raíz de la rebelión indígena y popular de octubre 2019 (https://bit.ly/2rY0wXq).

El debate jurídico puede resultar interminable. Pero en términos históricos, no debía confundirse la lucha contra la corrupción y el necesario juzgamiento de los implicados (algo que todos los ecuatorianos exigimos), con la destrucción, al mismo tiempo, del modelo económico y social que Ecuador ha tratado de construir, entre oleadas políticas, avances y retrocesos, desde los más remotos tiempos de la Revolución Liberal y la Revolución Juliana.

Desde 2017 hubo la oportunidad histórica para continuar y profundizar la construcción de la economía social, en lugar de optar por la subordinación a los intereses de la elite empresarial más atrasada y reaccionaria del país, tanto como al capital transnacional y finalmente al FMI. Con estas fuerzas se ha logrado revivir un segundo momento del modelo neoliberal-empresarial que ahora rige en Ecuador, y con el cual es imposible conseguir resultados de amplio beneficio social, aunque si de privilegio para las elites económicas, como lo ha demostrado la experiencia no solo nacional, sino latinoamericana, y lo están advirtiendo los diversos estudios de la Cepal.

Los retos para recobrar el camino de construcción de una economía social se han vuelto más complejos y difíciles. Pero debieran quedar en claro algunos de los postulados más significativos, sobre la base, precisamente, de la experiencia histórica del Ecuador: 1. Es necesario fortalecer las capacidades del Estado para invertir, regular la economía e imponer el interés público sobre los intereses particulares; 2. Impuestos directos para los ricos y las elites propietarias del capital; 3. Incrementar y garantizar derechos laborales, sociales, comunitarios y ciudadanos, así como generar el trabajo que supere el desempleo y el subempleo; 4. Impulsar políticas de bienestar social que logren definitivamente servicios universales y gratuitos en educación, salud, medicina, seguridad social, pensiones, atenciones a estamentos requeridos de protección estatal y asistencias; 5. Políticas de preservación del medio ambiente; 6. Búsqueda del buen vivir; 7. Latinoamericanismo, contrapuesto al americanismo continentalista. Son lineamientos diametralmente opuestos a la edificación neoliberal-empresarial.

Autor: Juan J. Paz-y-Miño C

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Democracia confrontacional del siglo XXI

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Democracia confrontacional del siglo XXI

Juan J. Paz y Miño Cepeda

En América Latina, durante el siglo XIX, las fuerzas centrales en la lucha política fueron los conservadores y los liberales. Se trató de un conflicto entre élites, lo que la sociología histórica ha denominado Estado-oligárquico. Los conservadores, apoyados por la Iglesia católica, defendieron la tradición familiar, el orden terrateniente, el progreso casi exclusivamente agrario en alianza con agro-exportadores, mineros, comerciantes importadores y banqueros. Eran partidarios de gobiernos fuertes e incluso autoritarios.

Asimismo consideraban legítimo e institucional el sometimiento a su poder  de las poblaciones campesinas, indígenas y negras. Creían que la férrea estructura piramidal de la sociedad respondía a aceptables principios aristocráticos, y hasta a realidades inevitablemente construidas, por cuanto la desigualdad correspondia a un orden divino. La democracia debía ser restringida, tanto como los derechos, para lograr una paz y armonía sociales sujetas al poder.

Para los liberales, el orden conservador representaba al “feudalismo” y por ello abogaban por la modernidad capitalista, centrada en la potenciación de la manufactura, la industria y el amplio comercio internacional; pretendían la separación de la iglesia y el Estado, implantar el laicismo, fortalecer la educación y la asistencia públicas.

Confiaban en la democracia abierta, el imperio de la ley y la justicia, el pleno desarrollo de los derechos individuales. Solo los radicales, que eran algo así como el “ala izquierda” del liberalismo, comprendieron la incipiente presencia de los obreros y la necesidad de establecer derechos sociales. Sin duda, liberales y radicales portaban el camino futuro de la historia, mientras los conservadores representaban el pasado.

En México y Argentina, con sus respectivas Reformas a mediados del siglo XIX, se implantaron tempranamente regímenes liberales, aunque no como fruto de procesos pacíficos. En otros países, las confrontaciones políticas adquirieron rasgos de intolerancia, a tal punto que el bipartidismo acudió a la insurrección armada y  la guerra civil. Esas expresiones fueron particularmente duras en Centroamérica o en Colombia, donde la violencia ha tenido una historia bicentenaria.

Pero las luchas bipartidistas no lograron solucionar las herencias históricas de la desigualdad, la pobreza o el poder de minorías acumuladoras de la riqueza. De modo que en su matriz incubó la emergencia de nuevas clases sociales, como el sector obrero y las capas medias urbanas.

Además, con el inicio del siglo XX, tanto la expansión del imperialismo americanista, como el despertar de las ideas anticapitalistas de la mano de las doctrinas obreristas, anarquista y anarcosindicalistas, socialdemócratas, neo-católicas, de los diversos socialismos utópicos, e incluso del incipiente marxismo, produjeron el nacimiento de nuevos partidos y la consolidación del espacio político de la izquierda (no necesariamente marxista), todo lo cual determinó la lenta superación histórica del bipartidismo latinoamericano tradicional.

La expresión histórica de ese ascenso estuvo en México, no solo con la revolución de 1910, primera en el mundo por su contenido social, sino también por la Constitución de 1917, igualmente pionera, y más adelante, con el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), quien impuso la reforma agraria y la nacionalización del petróleo, antes de la Revolución Cubana (1959), que realizó la transformación más importante en la historia latinoamericana del siglo XX, pues Cuba resumió el contenido fundamental de la nueva era, en la cual la confrontación pasó a ser entre capitalismo/imperialismo, frente al socialismo.

América Latina se halla hoy en una situación comparable con los procesos descritos. El cambio sustancial estriba en que la confrontación ha pasado de la órbita política al campo de la economía y, por consiguiente, se ha vuelto, cada vez más clara, en una lucha de clases.

Superadas las décadas del “desarrollismo” de los sesentas y setentas, desde 1973 en Chile, con la dictadura terrorista de Augusto Pinochet -seguidas de similares dictaduras en el Cono Sur- y particularmente con gobernantes civiles en las décadas finales del siglo XX, América Latina entró a una era de construcción de economías neoliberales, que definieron las líneas de intereses y conducta contemporáneas de las clases empresariales.

Determinados por esas líneas, no importaron las diferencias políticas ni partidistas entre los gobiernos, porque todos apuntalaron, de una u otra manera, el camino neoliberal-empresarial.

Es innegable que el ciclo de los gobiernos “progresistas” cortó el camino neoliberal-empresarial en aquellos países donde el triunfo electoral, con amplio apoyo popular, hizo posible delinear una tendencia alternativa: la construcción de economías sociales, que incluso en Bolivia, Ecuador y Venezuela se consideraron como antesalas del “socialismo del siglo XXI”.

Las burguesías latinoamericanas aprendieron la experiencia. Toda economía social contradice el camino neoliberal-empresarial, más aun si se trata del “socialismo del siglo XXI”. No están más dispuestas a que el reino de sus exclusivos intereses sea perjudicado. No tuvieron límites para acudir a los “golpes blandos” para acabar con gobiernos progresistas. En otros casos, intentaron golpes de Estado. Utilizaron las elecciones como instrumento para recuperar el poder, o anunciaron con desconocer triunfos destinados a “eternizar” a los gobernantes del progresismo.

Cualquiera sea la vía política escogida, lo que vino de inmediato resultó inédito en regímenes que se suponía habían alcanzado cierto grado de democracia moderna. Los gobiernos neoliberales-empresariales desplegaron la cacería de brujas, no contra los opositores en general, sino exclusivamente contra los líderes visibles de los gobiernos progresistas y sus colaboradores.

El combate a su corrupción sirvió de pretexto; pero, además, se convirtieron en nuevas armas para la venganza y la descalificación -tanto la judicialización política como el lawfare-, la aplicación de las leyes para forzar figuras penales al menor hecho, y la extensión de la amenaza o sospecha sobre cualquier persona crítica, que bajo situaciones normales, sería considerada inocente.

Sobre todo, se puso a la orden del día la represión de todo movimiento social de resistencia y protesta, con un nivel de arremetida en el que nada han importado las violaciones de los derechos humanos.

En apoyo de semejantes comportamientos son subordinados todos los aparatos del Estado, como ha ocurrido en Bolivia, el mayor ejemplo actual, donde se han unido ahora las orientaciones evangélicas y el racismo sin límites. Las fuerzas armadas y las policías actúan en defensa de una “democracia” que solo está vinculada a la hegemonía política de elites de derecha y rabiosos anti-progresistas, pero, que, además, solo defienden el único camino admisible en la economía: el modelo neoliberal-empresarial.

En esas fuerzas vuelve a incubar la doctrina de la Seguridad Nacional, bajo cuya óptica otra vez las “amenazas” contra los “objetivos permanentes de toda nación” solo provienen de las izquierdas y los movimientos sociales y populares. También existe el riesgo de un segundo Plan Cóndor, para coordinar persecuciones en otros países, algo que han analizado diversos investigadores.

Los medios de comunicación mercantiles también han pasado a ser instrumentos que exclusivamente se inclinan a sostener a los gobiernos conservadores,  apuntalar el modelo económico neoliberal-empresarial y contribuir a la persecución política. Las redes y el internet, al mismo tiempo que ofrecen alternativas para la información y el análisis, igualmente sirven para forzados seguimientos en contra de los opositores y de los periodistas y medios alternativos.

No puede ser más visible el comportamiento de la OEA frente a los acontecimientos de octubre y noviembre en Haití, Chile, Ecuador, Bolivia o Colombia. Surgen amenazas contra México y, desde luego la agudización del cerco imperialista contra Venezuela o Cuba.

Comparativamente con el siglo XIX, en el siglo XXI América Latina parece entrar a una era en la cual la disputa por la economía ha minado las bases de la propia democracia, rompe con antiguos valores sobre la institucionalidad y la soberanía, desnuda la violación de derechos humanos -que quedan impunes- y encuentra “violencia” solo en los movimientos sociales de obreros, campesinos, indígenas, afroamericanos y capas medias cuestionadoras del ejercicio del poder, que ha vuelto a beneficiar a los altos empresarios y propietarios del capital, como lo están demostrando todos los recientes estudios de la Cepal sobre las desigualdades crecientes en la región.

Se trata de una democracia confrontacional, en la que no se ha excluido el fascismo criollo como recurso, una tendencia que solo tiene el riesgo de agudizarse. En su base se halla el bipartidismo económico, que polariza a visibles clases sociales y que marca una grave tendencia de futuro para la región, pues las clases subordinadas -para utilizar un concepto del sociólogo e historiador Ralph Miliband-, ya no están dispuestas a que se imponga sobre ellas el privilegio de unas elites que no quieren admitir sus responsabilidades sociales. Es una lucha que hace prever un largo camino histórico.

Autor: Juan J. Paz y Miño Cepeda

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La «guerra justa» contra los indios

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Por: Juan J. Paz y Miño Cepeda

En el siglo XVI surgió el primer debate filosófico sobre la conquista española y la subordinación de las poblaciones aborígenes. Enfrentó a los sacerdotes católicos Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573) y Bartolomé de Las Casas (1484-1566).

Ginés consideró como “bárbaros” y “paganos” a los “indios”, además de “justo y conforme al derecho natural” que tales gentes sean sometidas “al imperio de príncipes y naciones más cultas y humanas” así como a la “religión verdadera” (la católica), incluso “por medio de las armas”. Las Casas, en cambio, a pesar de haber sido encomendero, consideró muy humanos a los indios, “infinitas gentes [que] a todo género crió Dios las más simples, sin maldades ni dobleces, sin rencillas ni bollicios [sic] que hay en el mundo”, además de señalar como “injusto y tiránico” todo lo que se cometía contra ellos. El uno defendió la conquista y justificó la guerra incluso con el argumento de salvar la vida de quienes eran sometidos a los sacrificios humanos para los dioses, que fuera un ritual entre los aztecas. El otro condenó el sometimiento brutal y denunció “la más dura, horrible y áspera servidumbre en que jamás hombres ni bestias pudieron ser puestos”; pero, además, sostuvo que ningún gobernante podía mandar sin consentimiento del pueblo; que nadie puede inferir perjuicio alguno a la libertad; y que hay una “justa guerra” al levantarse contra tales opresiones, con lo cual Las Casas se adelantó dos siglos al pensamiento ilustrado.

El reconocido filósofo latinoamericanista Enrique Dussel, profesor de la UNAM en México, ha sido contundente en señalar que el pensamiento de la colonialidad (y de la “modernidad”), nacido desde Ginés, perdura hasta el siglo XXI. Ha atravesado, por tanto, toda la larga historia de América Latina.

El pensamiento de la colonialidad se ha evidenciado, con profunda agudeza y una vez más, a propósito del levantamiento indígena y popular en Ecuador durante los primeros días de octubre (2019) y del golpe de Estado en Bolivia, que derrocó al presidente indígena Evo Morales.

A lo Ginés, elites económicas, sociales y mediáticas, han admitido la “guerra justa” contra los “indios de mierda”. Es el mismo contenido tras las palabras proferidas desde el poder, cuando se dice a los indígenas que “vuelvan a sus páramos”, cuando se los reprime por “irracionales” y se los persigue por “violentos”; o cuando también se les advierte que para seguir sus propuestas económicas “primero ganen las elecciones”, o para masacrarlos por ser seguidores de Evo Morales. Los golpistas que ingresaron al palacio de gobierno en Bolivia no dudaron en exclamar su moderno evangelismo: “Ha vuelto a entrar la Biblia al palacio. Nunca más volverá la Pachamama”.

Ginés de Sepúlveda consideraba: “es justo, conveniente y conforme a la ley natural que los varones probos, inteligentes, virtuosos y humanos, dominen sobre todos los que no tienen estas cualidades”; y añadía, al contemplar la vida de relación comunitaria entre los indígenas: “Todo esto es señal ciertísima del ánimo de siervos y sumisos de estos bárbaros”.

Bartolomé de Las Casas, en esta, Nuestra América Latina actual, revive como peligroso, subversivo y defensor de “indios violentos” que se lanzan contra el poder constituido. Como ocurriera con los conquistadores y colonizadores de hace cinco siglos, hoy se libran de toda culpa quienes imponen el modelo económico neoliberal-empresarial, quienes acuden a los golpes de Estado blandos o tradicionales, además de utilizar el lawfare y la criminalización de la protesta social, así como quienes evaden impuestos, sobre y subfacturan, fugan capitales a paraísos fiscales, sucretizan deudas o las resucretizan, se benefician de feriados bancarios y salvatajes millonarios, se subordinan al imperialismo y a sus instituciones, violan derechos humanos con impunidad o demandan esclavitudes laborales contemporáneas para maximizar ganancias y reproducir la concentración del poder y la riqueza.

A tal punto ha llegado la aberración de quienes se sienten, a lo Ginés, como dueños de lo que es “humano” y “civilizatorio”, que hasta reniegan de sus orígenes. El científico genetista César Paz y Miño verificó, en sus estudios sobre el ADN, que los ecuatorianos mestizos tenemos un 61% de indígenas, un 32% de europeos y 7% de afros. Me comentó que su artículo sobre el tema provocó un océano de ataques y descalificaciones. Es decir, hasta la ciencia es negada por el racismo y el pensamiento colonialista del siglo XXI.
Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=262837
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Ecuador: Clasismo y racismo: viejos conceptos de las élites.

Juan J. Paz y Miño Cepeda
Clasismo y racismo: viejos conceptos de las élites

 

Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
Rebelión
En un artículo anterior (https://bit.ly/32xi6h8) me referí a la mentalidad de las elites dominantes del Ecuador, que ha sido poco investigada. Hay estudios y documentos que permiten comprenderla. Voy a referirme a tres de ellos.

El primero es el libro de Camilla Townsend “Tales of Two Cities: Race and Economic Culture in Early Republican North and South America” (2000). Se estudia la “cultura económica” de las elites de Guayaquil (Ecuador) y Baltimore (USA), entre 1820 y 1835. Las dos ciudades partían de condiciones comparables e incluso en Guayaquil había el deseo de encumbrar la manufactura, mientras en Baltimore existían posiciones contra las fábricas. Pero la gran diferencia entre ambas fue la actitud frente a los trabajadores y la población. En Guayaquil se defendía el trabajo coercitivo y los bajos salarios; en Baltimore, el trabajo libre, la educación a las masas, el interés por suprimir la informalidad y la criminalidad. En Guayaquil, la población pobre lucía como “una horda peligrosa” y la gente de negocios creía que su trabajo era creador, proyectaba un nuevo mundo, era demasiado costoso construir caminos y no eran necesarias las reformas sociales o construir escuelas. Townsend concluye que la diferente visión económica de las elites marcó el futuro de las dos ciudades: estancamiento o avance.

El segundo, es el “Informe sobre las Reformas de la Ley de Jornaleros” que presentara la Sociedad Nacional de Agricultura del Ecuador el 17 de agosto de 1918. Examina la “abolición del apremio personal” y el establecimiento del “desahucio libre de los contratos de arrendamiento de servicios de jornaleros”. Es decir, la abolición que se hizo, en ese año, de la “prisión por deudas”, que acompañó al sistema del concertaje en las tradicionales haciendas ecuatorianas, a fin de que los jornaleros tuvieran libertad para contratar su trabajo por un salario. Un hecho comparable a la “liberación” de los siervos de la gleba en el viejo feudalismo europeo.

El informe sostiene “que el apremio personal es muy apto para conseguir que el jornalero realice el derecho que el patrón tiene de que trabaje en las faenas a que se obligó”; añadiendo, además, que “el desahucio libre destruiría a la agricultura”; y se concluye: “No se debe suprimir el apremio personal”, y también “no es conveniente establecer el desahucio libre”.

La posición de la SNA fue reiterada en otros de sus documentos, como el titulado “La Agricultura Nacional y los desaciertos del Poder”, en el que se sostuvo que “Las reformas sancionadas por el Jefe del Ejecutivo consagran una enorme injusticia”; además: “Los propietarios han sido despojados por el ministerio de la ley de los cuantiosos anticipos hechos al obrero, ya que no les queda medio alguno para reclamarlos”; el “pueblo” será la víctima, decía el escrito, así como la “producción agraria”, que caerá, con la consiguiente alza de los precios. Algo similar se repitió en la “Solicitud de los Agricultores al Presidente de la República”, que, en definitiva, pedía no aprobar la ley que suprimía la prisión por deudas del concertaje; y lo mismo en sus “Comunicaciones de la Sociedad Nacional de Agricultura”.

No se logró detener ni revertir la supresión del “apremio personal”, pero las relaciones del concertaje (huasipungo, arrimazgo, sembraduría, peonía, etc.) continuaron por décadas, pue solo la Ley de Reforma Agraria de 1964 logró abolir el sistema hacienda, de tan larga vida en la economía nacional, pues sus orígenes se remontan al siglo XVII colonial. Por cierto, esa ley fue atacada de “comunista” por la clase terrateniente, que creía ver en ella un logro del “castrismo cubano”, pese a que esa misma ley fue dictada por la Junta Militar (1963-1966), absolutamente anticomunista y nacida de las acciones de la CIA norteamericana en Ecuador, según un famoso libro del exagente Philip Agee.

El tercer documento es el libro de Actas del Primer Congreso de Industriales del Ecuador, realizado en Ambato, en marzo de 1935. Hubo allí un Acuerdo que hizo una serie de considerandos, entre los que destaco: “1. Que el indio ecuatoriano continúa vegetando en lamentable atraso moral y material, no obstante el haber convivio por cuatro siglos con la raza conquistadora y criolla que se adaptaron ventajosamente a la moderna civilización…; 2. Que los más elementales sentimientos humanos imponen la necesidad ineludible de levantar el nivel cultural del indio, incorporándole a la civilización…; 3. Que la vida vegetativa que hoy lleva, no se compadece ni con los principios materiales que imponen las leyes biológicas, puesto que se abstiene de los medios alimenticios, del vestuario y la habitación impuestos por el progreso del bienestar humano y de las normas higiénicas más elementales…; 4. Que el indio, tal como vive actualmente, es un factor de desequilibrio en la economía nacional puesto que produce mucho y consume poco, sin cooperar a la tributación que ha menester el Estado…; 8. Que, así mismo, es indispensable inculcar en el corazón del indio los nobles sentimientos de amor patrio, preparándole para la defensa nacional…” Con todo ello de por medio, se pedía crear “granjas agrícolas militares” y obligatorias para los indios.

Comparativamente, en 1820 o en 1918 y también en 1935, la mentalidad de las elites económicas del Ecuador mantuvo el mismo espíritu conceptual, que fue el freno para el desarrollo nacional y para la promoción de algún bienestar para los trabajadores y la población.

Podría pensarse que son términos del pasado. El problema es que tienen una faz muy actual. Basta considerar las propuestas de reformas laborales planteadas por el alto empresariado, que no cree en esenciales derechos para los trabajadores; y observar, además, que durante el levantamiento indígena y popular de los primeros doce días de octubre de 2019, entre las más acomodadas cúpulas sociales y económicas del país, pero particularmente en Guayaquil, hubo expresas voces de clasismo y racismo, que veían una “horda peligrosa” que amenazaba sus propiedades, su paz y su democracia, así como a indígenas que lo que debían hacer es “regresar a sus páramos”.

Autor: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
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.Flexibilidad laboral: el sueño para la “competitividad”

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Juan J. Paz y Miño C.

Entre enero de 1995 y agosto de 2004 mantuve una columna semanal en diario HOY de Quito, bajo el espacio denominado “Desde el Baúl”. Estuve revisando los artículos de esa época, con el propósito de preparar un libro que contenga tan vasto material.

Entre esos artículos hay varios en los que traté el tema laboral de la época. Tres de ellos tienen títulos sugerentes: “Para el debate: las 48 horas”; otro, “Mobbing” y el siguiente, “Carta contra estudio laboral 2003”. Pertenecen a los años de inicio del nuevo milenio, cuando avanzaba, indetenible, el neoliberalismo económico y las exigencias empresariales de entonces apuntaban al aumento de la jornada, el recorte de indemnizaciones y otras “flexibilidades” laborales, que pasó a ser el término de moda, y que igualmente avanzó, sobre todo con los gobiernos de Gustavo Noboa (2000-2003) y Lucio Gutiérrez (2003-2005), con quienes se precarizaron las relaciones de trabajo y se introdujo la jornada por horas y la tercerización.

El artículo sobre el “moobing” se refiere a la nueva fórmula empleada por los patronos para lograr la renuncia de algún trabajador, sin necesidad de despedirlo. Se utiliza, entre otros mecanismos, el acoso laboral y psicológico, la asignación de tareas acumulativas, cambios sistemático de órdenes, exclusión física, cambio permanente de rutinas, desvalorización de sus tareas, etc.

La “Carta” se refiere a un estudio pedido por una de las cámaras de la producción a una empresa consultora, que concluye, campantemente, que Ecuador tiene una legislación laboral atrasada, pues el Código es de 1938, que el salario es alto, la jornada limitada y que los empresarios se ven cercados por tantas responsabilidades legales frente a los trabajadores. Es un estudio imaginativo, sin pies ni cabeza, contra el cual bien valían las afirmaciones contrarias de estudios serios como los de la OIT, el Banco Mundial y la Cepal, a los que hago referencia en ese artículo.

Pero voy a reproducir totalmente el artículo sobre las 48 horas. Dice así:

<< La expedición de las Leyes de Indias, en el siglo XVI, ocasionó el revuelo entre los conquistadores españoles. Para ellos, interesados en dominar indios, tales leyes eran desastrosas. Además, resultaba un atentado contra la producción, el trabajo y la riqueza, querer imponer la “protección” de los indios. La introducción de la jornada de ocho horas laborables -en las Leyes de Indias-, la primera en la historia, fue resistida. Y los encomenderos no podían soportar aquella disposición que también introdujo el descanso durante los sábados “para que los indios pudiesen ser convenientemente adoctrinados en las cosas del alma. El encomendero que hiciese trabajar al indio en sábado, pierde el producto del trabajo y el jornal de ese día a beneficio del indio agraviado”.

Cuatro siglos de sufrimientos y luchas de los trabajadores tendrían que pasar para que el tema de la jornada de trabajo llegara a convertirse en problema de interés mundial. La Primera Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Washington, en 1919, consagró el principio de la jornada de ocho horas diarias y 48 semanales. La investigación sobre los resultados de este sistema, publicados por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en 1925-26, concluyó señalando que la implantación de la jornada de 8 horas “ejerce una acción estimulante sobre el progreso técnico” y que ejerce igual acción “sobre el rendimiento propio de los obreros, rendimiento que mejora en cantidad y calidad”. El progreso en la consideración de la jornada de trabajo no se detuvo y en 1935, un nuevo Convenio internacional, reconoció el establecimiento de la semana de trabajo de cuarenta horas, jornada que el “rey del automóvil”, Henry Ford ya la había establecido en sus empresas casi una década atrás, ocasionando el escándalo de una serie de empresarios norteamericanos que creían ver, en ese “mal ejemplo”, una traba para la economía.

 A pesar de la oposición de muchos empresarios, que creían ver el “comunismo” a las puertas, en agosto de 1938 se expidió en Ecuador el primer Código del Trabajo, que consagró la jornada de 8 horas diarias y 44 semanales, que, paradójicamente, también había sido una propuesta planteada al interior del Primer Congreso de Industriales ecuatorianos, realizado tres años antes. Pero en septiembre de 1939, a fin de promover “el incremento de la producción nacional”, un decreto del entonces Presidente Aurelio Mosquera Narváez, facultó a los patronos a exigir 48 horas sema-nales, pero eso sí, con un recargo del 100 % de la remuneración.

De manera que en Ecuador hemos experimentado desde jornadas superiores a las 8 horas diarias, hasta jornadas de 44 y de 48 horas laborables semanales. Y seguimos con una economía subdesarrollada, con trabajadores pobres y con sueldos miserables. Más aún en un mundo que tiende a reducir la jornada (36 horas ya existen en varios países), en virtud del progreso científico-técnico. Cuando se propone revivir la jornada de 48 horas (aún la de 44 o la de 45), con los mismos argumentos de otras épocas y tratando de lograr eficiencia a costa de los trabajadores, la propuesta nos hace pensar si estamos progresando frente a lo que ya tuvimos o si ahora tratamos, otra vez más, de regresar al pasado.>>

Aunque resulte larga esta reproducción, el texto permite comprender el conservadorismo ideológico persistente de nuestra clase empresarial hegemónica. Hoy, como hace 15 o 20 años atrás, añora jornadas superiores a las 8 diarias y a las 40 semanales. La propuesta actual pretende extender a 12 horas durante 3.5 días la jornada. No contempla aumento del salario y suprime el pago de horas extras o suplementarias.

La elite empresarial piensa todavía que para ser eficiente y competitiva, requiere precarizar y flexibilizar el trabajo, sin que importe el ser humano. Es una visión de origen colonial, que ha impedido modernizar al país, para que, sobre la base de una radical redistribución de la riqueza, logre bienestar colectivo, con mejoramiento de la calidad de vida y de trabajo de la población.

Autor: Juan J. Paz Y Mio C.

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Harnecker y Los conceptos elementales del materialismo histórico

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Cuando iniciaba mis estudios universitarios al comenzar la década de 1970, el marxismo era una teoría en auge en las ciencias sociales, y en las universidades públicas del Ecuador incluso existía la cátedra de “Materialismo histórico”, para la cual se utilizaban no solo textos originales de Marx, Engels o Lenin, sino una serie de manuales provenientes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que se adquirían a precios bajísimos. Predominaba esa visión “soviética” del marxismo.

Pero también circulaban los libros de Mao Zedong (Mao Tse Tung) y alguna literatura marxista de los “chinos”, que servían para contrarrestar a los “cabezones” comunistas pro-rusos. Así se definían las posiciones marxistas de aquellos años, atravesadas por dogmatismos fuertemente arraigados y que convertían a cada grupo o partido marxista (en las universidades proliferaban esas organizaciones con distintos membretes) en campeones autoproclamados de la auténtica interpretación marxista, de la correcta línea estratégica y táctica, así como de la verdadera revolución.

Sin embargo, el activismo y la retórica de aquellos tiempos, si bien sirvieron para politizar a muchos estudiantes que se definieron por el marxismo y consagraron su vida en el espacio de la izquierda nacional, no lograron crear la fuerza unificada que espiritualmente se anhelaba para encaminar la toma proletaria del poder y la instauración del soñado socialismo. Eso no resta, en modo alguno, la importancia histórica del izquierdismo de aquellos años en la lucha social contra la opresión interna y frente al imperialismo.

Pero, además, la represión institucional y gubernamental contra todo proyecto socialista tenía suficiente experiencia y dureza, como para impedir su avance definitivo. Y si bien Cuba había logrado mantener su revolución bajo las condiciones más adversas y con un bloqueo brutal, el proyecto de socialismo por la vía pacífica, impulsado por Salvador Allende en Chile desde su triunfo electoral en 1970, fue liquidado en 1973 con la implantación del terrorismo de Estado por el régimen de Augusto Pinochet, que no tuvo límite alguno al momento de perseguir, encarcelar, desaparecer, torturar y asesinar a miles de “comunistas-marxistas”. Semejante “ejemplo” fue seguido en el Cono Sur latinoamericano por otras dictaduras militares igualmente terroristas.

El triunfo del Sandinismo en Nicaragua (1979), pareció abrir un nuevo camino esperanzador para las izquierdas de América Latina, pero la frustración también llegó con el paso de los años. Y, sin duda, con el derrumbe del socialismo mundial a raíz de la perestroika impulsada por Mijaíl Gorbachov (1985-1991) en la URSS, la utopía socialista perdió piso, las filas de la izquierda se desestabilizaron y el propio marxismo decayó como teoría digna de estudio.

En este marco histórico se ubica la presencia y obra de Marta Harnecker (1937-2019), intelectual marxista chilena, quien falleció hace pocos días. Su libro “Los conceptos elementales del materialismo histórico” (1973) era utilizado como otro de los manuales para el estudio del marxismo entre los universitarios de la década de los setentas. Miles de latinoamericanos tuvieron como referente a esa obra. Algunos años más tarde comprendí ciertas limitantes de su obra y expuse mi posición crítica en una nota del libro en el que traté sobre la teoría histórica de Hegel y de Marx.

En todo caso, Marta fue para Chile, durante el gobierno de la Unidad Popular, una consecuente activista e impulsó la educación popular, cuyos cuadernillos también llegaron a Ecuador. Debiendo escapar de su país de origen por la instauración del pinochetismo, vivió primero en Cuba y más tarde en Canadá, siempre indesmayable en continuar con su labor pedagógica y teórica. La conocí en Caracas hace una década y desde entonces mantuvimos continua comunicación. Cuando venía a Quito nos juntábamos para realizar análisis de la realidad y también disfrutar de las conversaciones más triviales.

En 2014 integré, junto con el filósofo italiano Gianni Vattimo, el director de la revista Punto Final de Chile, Manuel Cabieses Donoso, el arqueólogo y escritor Mario Sanoja, y la doctora en Ciencias Sociales Alba Carosio, de Argentina, el jurado para el Premio Libertador al Pensamiento Crítico (otorgado por el gobierno bolivariano de Venezuela), que por unanimidad decidimos que se entregara a Marta Harnecker no solo por su libro “Un mundo a construir (nuevos caminos)” (2013), sino por su obra y coherencia intelectual. La última vez que la vi fue en Quito, en 2016 y desde entonces solo mantuvimos esporádicos cruces de correos electrónicos. Ahora, su recuerdo queda en miles de latinoamericanos e intelectuales del mundo.

Además de sus estudios globales, Marta también dedicó varios textos a Ecuador y queda un importante libro: “Ecuador. Una nueva izquierda en busca de la vida en plenitud” (2011). De modo que su obra y su lugar en la historia, pertenecen ahora a la herencia intelectual que fortaleció el pensamiento marxista crítico

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/200470

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