Author: Juan J. Paz y Miño Cepeda

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Ecuador: Empresarios en lucha de clases contra los trabajadores

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

Aprovechando la debilidad conceptual en materia social que caracteriza al gobierno de Lenín Moreno, así como de su exclusiva inclinación empresarial, una elite clasista propone una serie de reformas laborales supuestamente “necesarias” para el avance del país. De este modo, ese sector ha lanzado su lucha de clases contra los trabajadores.

En sus filas se argumenta: 1. El Código del Trabajo impide el crecimiento del empleo; 2) Es necesario generar empleo para 5 millones de personas de la población económicamente activa que carece de él, pues solo 3 millones tiene trabajo formal; 3) La dinamia moderna exige cambiar normas obsoletas, pues el Código es de 1938; 4) Los jóvenes no desean trabajos fijos y prefieren un “salario emocional” (concepto nuevo, ya introducido en otros países, y que supone horarios flexibles y remuneraciones variables); 5) Las empresas requieren de facilidades para invertir; 6) Los dirigentes sindicales solo se quejan y no formulan una sola propuesta para la creación de empleos.

Bajo esa visión, se propone una serie de reformas, cuyos alcances centrales presento en el siguiente cuadro:

PROPUESTAS EMPRESARIALES ALCANCES LABORALES
JORNADA LABORAL:
* Cumplir las 40 horas semanales en 3,5 días;
* Cumplir 40 horas en 6 días semanales;
* Abolir el “sábado” como día de descanso obligatorio.		 * Violación a la jornada máxima de 8 horas diarias, para introducir la de 12 horas.
* Violación a la jornada semanal de 40 horas, que debe cumplirse en 5 días, para volverla de 3,5 días o de 6 días;
* En ningún caso se pagará el 50% de recargo al salario por horas suplementarias (lunes a viernes) ni el 100% en días de descanso obligatorio (sábado y domingo);
* Desconoce la jornada diurna y la nocturna;
* Arbitrario y engañoso incremento de la jornada a 48 horas semanales, pues solo el domingo será considerado como día de “descanso obligatorio”;
* Propuesta empresarial es un evidente RETROCESO HISTÓRICO:
>> Antes de 1916 la jornada era “libre” y ascendía a 10, 12, 14 horas o más.
>> En 1916 (Alfredo Baquerizo Moreno) se estableció jornada máxima de 8 horas diarias y 48 semanales, pero con recargos: 25% más por cada hora extra diurna; 50% más después de las seis de la tarde; y 100% más después de las doce de la noche.
>> En ausencia de legislación laboral anterior, entre 1927 y 1928 el gobierno de Isidro Ayora aprobó las siguientes leyes: Contrato individual de trabajo; Duración máxima de la jornada de trabajo y descanso semanal (8 horas diarias y 48 semanales en 6 días, y domingo como descanso obligatorio); Prevención y responsabilidad por accidentes del trabajo; Trabajo de mujeres, menores y protección a la maternidad; Desahucio del trabajo; Jubilación, montepío civil, ahorro y cooperativa; Caja de Pensiones; Jubilación obligatoria para empleados de banco.
>> 1938 – Dcto. 210, 5/agosto: Alberto Enríquez Gallo expide el “Código del Trabajo” (R.O. 78 al 81, Año 1, Quito 14 al 17/noviembre/1938), que dispone
– jornada máxima diaria: 8 horas;
– jornada semanal máxima: 44 horas;
– “descanso forzoso”: sábado tarde y domingo;
– jornada de turno nocturna (entre 7pm y 6am): recargo del 25%;
– horas suplementarias: máximo 4 en un día y 12 a la semana;
– recargo por horas suplementarias: 50%;
– recargo por horas extras y por jornada después de las 12 de la noche: 100%;
– “Ni aún por escrito podrá estipularse mayor duración de trabajo diario que la establecida”.
>> 1979: se establece la jornada máxima de 40 horas semanales.
CONTRATO A TIEMPO FIJO:
* 1 año como tiempo mínimo y 3 como máximo		 * Revive modalidad de contrato que atenta contra la estabilidad del trabajador;
* Durante el tiempo de vigencia, el empleador podrá despedir al trabajador, sin indemnizaciones;
* Desahucio solo sobre el tiempo que falte para concluir el contrato, lo que ahorra “costos” empresariales;
* Alienta el incumplimiento de la obligatoria afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
CONTRATOS EVENTUALES U OCASIONALES: 
* Eliminar el 35% de recargo		 * Ahorro de “costo” laboral con esa supresión;
* Trabajador en inestabilidad por ser una modalidad de contrato ocasional.
CONTRATO POR EMPRENDIMIENTO: 
* Aplicable a nuevas empresas o inversiones;
* Podrá durar hasta 3 años.		 * Trabajador precarizado, porque puede ser despedido en cualquier momento, sin indemnizaciones;
* Viola el principio de estabilidad laboral.
CONTRATO POR PROYECTO:
* Servicios para lograr un objetivo y duración máxima de 2 años.		 * Se introduce esta modalidad contractual;
* Precarización del trabajador: carece de casi todos los otros derechos;
* Práctica habitual: “robo intelectual” del proyecto presentado.
PERÍODO DE PRUEBA:
* Aumenta de 90 a 180 días;
* También 180 días para trabajadoras domésticas (tenían 15 días a prueba)		 * Se amplía el tiempo de uso de fuerza de trabajo.
* El trabajador puede ser despedido en cualquier momento durante esos 180 días, sin indemnizaciones.
*Empresario ahorra el pago de “costos” por indemnización.
INDEMNIZACIONES POR DESPIDO INTEMPESTIVO:
* Se reduce de 1 año a 6 meses el impedimento para despedir a trabajadores con incapacidad temporal o enfermedad;
* Podrá despedirse al trabajador que pasa al servicio militar o a algún cargo público obligatorio;
* Disminuye el cálculo de indemnizaciones: 1 mes por año de servicio, pero con máximo de 12 meses.
* Eliminar el “despido ineficaz”, el reintegro del trabajador como medida cautelar, y otras.		 * Ahorro del empleador por “costos” debidos al despido intempestivo;
* Mayor facilidad para despedir a trabajadores.
JUBILACIÓN PATRONAL:
* Se otorga con 25 años de labor “continua e ininterrumpida”;
* Se calculará el “haber individual de jubilación”, pero “se restará el valor de la totalidad de los aportes patronales depositados en el IESS”;
* “En ningún caso” el valor de la pensión mensual de jubilación patronal será mayor que la remuneración básica unificada (RBU) general del último año; ni inferior al 10% de la RBU si el jubilado solo goza de la jubilación del empleador; y al 8% de la RBU si el jubilado es beneficiario de doble jubilación.
* Por “acuerdo de las partes” el empleador podrá entregar al jubilado un “fondo global”, de acuerdo con un cálculo que se propone.		 * Se burla la jubilación patronal, porque “desaparece” la contribución empresarial a la seguridad social, que se reduce a los aportes del trabajador y del Estado. El propio trabajador paga su jubilación “patronal”;
* El retiro camuflado de los aportes patronales al IESS al momento de la jubilación, descapitalizará a la institución en el largo plazo y obligará al Estado a buscar mayor financiamiento para sostener las pensiones;
* La forma de cálculo de la pensión jubilar la disminuye sustancialmente;
* El empresario ahorra “costos” por jubilación patronal;
* El “fondo global” tenderá a disminuir la pensión jubilar debida.
* ANTECEDENTES HISTÓRICOS:
>> 1928 (Isidro Ayora) se creó la “Caja de Pensiones” y aporte de empleados públicos. La jubilación fue restringida para esos empleados, militares, ciertos intelectuales e incapacitados. Debían tener por lo menos 10 años de servicio. Otra ley obligó a la jubilación patronal de empleados de banco.
>> 1935 (Federico Páez) se expidió la primera “Ley de seguro obligatorio” para trabajadores públicos y privados, con aporte bipartito de patronos y trabajadores. Creó el Instituto Nacional de Previsión (INP).
>> 1937: Se crea la “Caja del seguro de empleados privados y obreros”.
>> 1942 (Carlos Arroyo del Río) expide nueva Ley de seguro social obligatorio. Ante la resistencia patronal para incremento de sus aportes, se impuso al Estado la obligación de financiar el 40% de todas las pensiones.
>> 1963 (Junta Militar): se fusionaron las dos Cajas antiguas en la única “Caja Nacional del Seguro Social”.
>> 1970 (José María Velasco Ibarra): se crea el “Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social” (IESS), con contribución tripartita: Estado, patronos y trabajadores afiliados.
HUELGA:
* No podrá realizarse cuando el empleador despide a un trabajador al proponerse un contrato colectivo, o si el empleador se niega a suscribirlo.
* Se requerirá la aprobación de la mayoría de trabajadores.
* Se elimina la estabilidad de 1 año que tienen los trabajadores después de la huelga.		 * Se suprime una de las causales más importantes para la huelga legal: la negativa del empleador a suscribir un contrato colectivo;
* Se debilita la huelga como instrumento de acción de los trabajadores.
CONTRATO COLECTIVO:
* El Tribunal de Conciliación y Arbitraje queda “prohibido” de imponer cláusulas o disposiciones “que contengan privilegios y beneficios desmedidos y exagerados”, como los que enumera la propuesta.		 * El contrato colectivo, como instrumento para mejorar las condiciones laborales en la empresa y más allá de las disposiciones legales, queda ahora reducido al estricto marco de los mínimos legales ya establecidos.
* Virtualmente “desaparece” la necesidad del contrato colectivo.
ASOCIACIÓN (SINDICATOS):
* Cuota sindical siempre que el trabajador lo autorice (se suprime cuando la asociación lo solicite).
* Se elimina el pago de una cuota mínima obligatoria para la asociación o sindicato.		 * La cuota sindical ya no será obligatoria, pues su descuento quedará bajo la autorización del trabajador.
* Debilita a la organización de sindicatos y su financiamiento.
REMUNERACIÓN BÁSICA UNIFICADA:
* Si no se llega a un consenso al interior del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios (CNTS), la remuneración básica unificada (RBU) se fijará obligatoriamente de acuerdo a una fórmula matemática que contempla la inflación basada en el índice de precios al consumidor (IPC) del año previo y el crecimiento del producto interno bruto real de los 2 años previos (PIB). La ecuación es la siguiente:
∆% = ∆%−1 + ∆%−2
* Se suprime que el CNTS asesore al Ministro de Trabajo en cuanto a remuneraciones y política salarial.		 * Al fijar una fórmula matemática obligatoria, queda definida la forma en que se subirán los salarios, lo cual vuelve innecesaria toda “negociación”;
* La ecuación está pensada para que una subida de las remuneraciones sea la mínima posible, tomando en cuenta los bajos índices que tiene la inflación.
* El CNTS prácticamente desaparece;
* Ahorro de “costos” salariales para el empleador.
* ANTECEDENTE HISTÓRICO: cuando en la década de 1980 el FUT solicitaba el incremento de salarios de acuerdo con el índice inflacionario (indexación), que crecía en forma galopante, los empresarios se negaron categóricamente a esa alza “nada técnica”.
PRESCRIPCIÓN:
* Disminuye el tiempo del trabajador para su demanda laboral, de 3 años a 18 meses.		 * El trabajador deberá hacer su reclamo judicial en menor tiempo.
OTRAS:
Voceros empresariales han adelantado otras ideas:
* Eliminar o reducir el reparto de utilidades;
* Reintroducir el trabajo por horas y el tercerizado;
* Realizar una reingeniería al IESS y poner en marcha sistemas privados de seguridad social;
* El empleador es quien debe “manejar” la forma de realización del trabajo, los días necesarios, las horas convenientes, los descansos y vacaciones, los valores salariales,		 * Simplemente ajustar contra los trabajadores, pero maximizar las ganancias a cualquier costo.
* Poner en riesgo la seguridad social, que constitucionalmente debe ser universal, pública y “no se puede privatizar”.
* Pretender que el empleador maneje el contrato laboral a su antojo significará violentar no solo el trabajo, sino la vida misma del trabajador, que quedará sujeto al capricho del empresario en todas las actividades y derechos derivados de ese contrato.

Desde la perspectiva de los intereses nacionales, sociales y laborales, cabe destacar algunas conclusiones:

1. Las propuestas han sido formuladas por una elite empresarial que se atribuye la representación de los intereses nacionales y del bien del país. No refleja la posición de otros empresarios, de los medianos, pequeños o microempresarios, y peor aún de las centrales de trabajadores que han rechazado esas “reformas” laborales, de las organizaciones sociales, los profesionales, distintos sectores de clases medias o de los académicos e investigadores.

2. Como las reformas propuestas no solo arrasan con derechos laborales, sino que precarizan a los trabajadores, violan la Constitución de 2008.

3. El Código del Trabajo es una conquista histórica frente a situaciones laborales preexistentes, que carecían de regulaciones sobre jornada máxima, salario mínimo, seguridad social, salud laboral, contrato individual y colectivo, sindicalización, huelga, indemnizaciones, utilidades. Desde 1938 ha tenido múltiples reformas y nuevas disposiciones.

4. Ni el Código del Trabajo, ni los trabajadores “formales” tienen la culpa por la ineficacia empresarial y gubernamental, que son las causas que impiden la generación de más empleo.

5. Tampoco hay sindicalistas “buenos”, que aceptan las reformas (como lo han hecho los de la CUT) y sindicalistas “malos” y perversos (como los del FUT, Parlamento Laboral y otros) que se oponen a ellas, no quieren modernizar al país y no comprenden los nuevos tiempos. Todo lo contrario. Los trabajadores ecuatorianos nos oponemos a las reformas laborales planteadas por empresarios supuestamente “altruistas”, pero con visión oligárquica que, para generar empleo, quieren desmantelar los derechos laborales y retornar a condiciones existentes antes de la expedición del Código del Trabajo. No solo afectan a los obreros, sino a todo tipo de trabajadores, en la agricultura, industria, comercio, construcción, turismo, servicios, etc.

6. La existencia del desempleo y del subempleo tienen raíces históricas, estructurales, empresariales, gubernamentales y también ha estado sujeta a las condiciones externas, particularmente latinoamericanas, en su relación con los centros capitalistas. Abundan libros, artículos e investigaciones de las ciencias sociales sobre estos temas, que son desconocidos por las elites dominantes y en esferas del gobierno.

7. Suponiendo que pasen las reformas, habrá potencialmente 5 millones de ecuatorianos que podrán tener empleo, pero con derechos laborales precarizados, ya que, según declaraciones de los proponentes, tales reformas solo regirán para los “nuevos” trabajadores y no para los antiguos; con lo cual, adicionalmente se creará dos tipos de trabajadores: los “formales” y los “precarizados”. De otra parte, los estudios sobre el tema dan cuenta que el crecimiento del trabajo, bajo condiciones precarizadas, no contribuye al crecimiento económico y tiene repercusiones negativas en la vida social y sobre el bienestar general, porque ahonda la concentración de la riqueza (Confer. https://bit.ly/2Z9NDVf).

8. Se está disfrazando el propósito final que pretende quitar derechos laborales al segmento de población ocupada, para supuestamente dar empleo al enorme número (60/70%) de población desocupada y subocupada.

9. Si las reformas son para futuros trabajadores, los más afectados con la precarización y flexibilización laboral propuestas serán los jóvenes y, sin duda, las nuevas generaciones.

10. Además de las reformas laborales, los empresarios que las promueven también demandan reformas tributarias, mercado libre en todas las esferas y privatización de empresas estatales. Por tanto, su visión no es de futuro, sino que demuestra mentalidades ancladas al pasado, pues añoran las condiciones económicas de las décadas finales del siglo XX, siguen aferradas a la ideología neoliberal y se ajustan a la visión aperturista que todavía mantiene el FMI. Contradicen así a los estudios existentes, que claramente han probado que las reformas laborales neoliberales, así como los paquetes económicos del FMI nunca solucionaron las condiciones de vida y de trabajo de la población, sino que las agravaron, logrando, eso si, una mayor concentración de la riqueza y remarcando los privilegios de vida de las capas ricas de la población. Puede acudirse, por ejemplo, a los estudios de la CEPAL o el de Timon Forster y otros (2019) que estudió al FMI en 135 países (https://bit.ly/2K0ZgKD).

11. Las reformas no están pensadas para producir empleo de calidad, sino para generar empleo precarizado; para no pagar horas extras, suplementarias, recargos, ni indemnizaciones, y con todo ello, aumentar o mantener fáciles y altas tasas de ganancia. Es una visión absolutamente rentista, oligárquica y nada moderna.

12. Las reformas no toman en cuenta la experiencia histórica, tampoco la legislación comparada ni los convenios con la OIT y, lo cual es aún más grave, no consideran la salud ocupacional ni las condiciones médicas más adecuadas para los trabajadores. No importan descansos, recreación, bienestar individual o familiar de las clases trabajadoras. Existe total insensibilidad del sector empresarial-oligárquico sobre lo que es un ser humano.

13. La promoción del empleo es responsabilidad del Estado, del gobierno y de los emprendedores. No son los trabajadores los que deben ser retados a formular propuestas para el empleo. La ineficacia empresarial, el conservadorismo político y la falta de criterios y convicciones sobre responsabilidad social laboral, conducen a cuestionar el mínimo marco laboral que protege a los trabajadores, a fin de removerlo para disminuir “costos”.

14. El avance tecnológico, la biotecnología, el progreso en la maquinaria, la difusión de la robótica o la cibernética, el desarrollo del internet, etc., presionan a nuevas formas de trabajo, que cabe incorporar a la legislación, pero que no implican la necesidad de abolir los derechos laborales mínimos. Al mismo tiempo, en lugar de existir una presión por el aumento de la jornada, lo que existe mundialmente es la tendencia a jornadas de trabajo menores a las 8 horas diarias y a las 40 semanales.

15. Sobre la base de experiencias históricas y fórmulas comparativas con países que pretenden edificar economías sociales (capitalismo social) y no un capitalismo salvaje como se propone para Ecuador, y tomando en cuenta que se reta a dar fórmulas para generar empleo en el país, bien puede pensarse en una serie de instrumentos de política tanto pública como privada, como las siguientes: inversiones estatales en obras, infraestructuras y servicios; incremento de impuestos directos (rentas, patrimonios, ganancias, herencias) para financiar los recursos e inversiones estatales; leyes que obliguen no solo a un mayor reparto de utilidades (hoy es apenas el 15%) sino a la reinversión productiva mínima de un porcentaje anual de las mismas; leyes obligatorias para la inversión de utilidades en servicios de atención social y proyectos de investigación universitaria; establecimiento de un tope de remuneraciones para propietarios y gerentes de empresa; leyes para el crédito obligatorio de la banca privada a emprendimientos, con intereses blandos y preferentes; sistema de trato preferencial para pequeñas y medianas empresas (PYMES); medidas de comercio exterior para proteger el desarrollo de la producción interna y desalentar las importaciones innecesarias; capacitación obligatoria y anual de los trabajadores por parte de las empresas; legislación que penalice la fuga de capitales, su ocultamiento en paraísos fiscales y obligue a su repatriación; cobro inmediato de las deudas privadas al SRI y al IESS; reformas legales para imponer nuevas infracciones laborales a quienes incumplan con derechos laborales fundamentales.

Obviamente, estas y otras alternativas económicas, sociales y laborales, planteadas desde distintos sectores de pensamiento crítico, chocan frontalmente con la visión oligárquica y neoliberal, de modo que no son receptadas en las esferas de gobierno ni en los medios de comunicación hegemónicos, abiertamente subordinados a la cultura empresarial de moda. Requieren, por tanto, de políticas generadas desde el Estado, para asegurar derechos laborales y colectivos, favorecer el emprendimiento y la productividad, al mismo tiempo que propicien una radical redistribución de la riqueza. Pero, lastimosamente, vivimos tiempos conservadores en Ecuador y en la mayor parte de países de América Latina. Sin embargo, los tiempos adversos no impiden continuar sembrando posiciones desde los intereses de las clases trabajadoras.

Fuente de la información: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=256997

 

 

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El socialismo norteamericano y nuestra América Latina

Juan J. Paz y Miño Cepeda
Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
Entre 1929 y 1933 los Estados Unidos vivieron la más grave crisis económica, que arrastró a otras naciones capitalistas. Las fórmulas liberales y tradicionales no sirvieron para solucionarla. Hasta que llegó a la presidencia el demócrata Franklin D. Roosevelt (FDR – 1933-1945) quien, contando con la asesoría de académicos de la Columbia University, inauguró el “New Deal”, un conjunto de políticas económicas cuya prioridad fue la atención a millones de desocupados y a gente en la miseria, sobre la base de generar empleo.

Los bancos fueron intervenidos para garantizar a los depositantes; las empresas industriales, vigiladas por el gobierno, debieron establecer códigos de competencia, precios, horas de negocio; fueron perseguidos los comerciantes inescrupulosos; los agricultores (previo subsidio) fueron obligados a reducir la producción; al mismo tiempo, se mantuvo la inflación sobre precios de ciertos productos; se suspendió el patrón oro; y, además, se inició un vasto plan de inversiones estatales, despertando el trabajo en obras públicas, caminos, limpieza de parques, playas, plantación de árboles, reparar, pintar, construir casas, edificios públicos, piscinas, hospitales, aeropuertos, escuelas, proyectos de riego, electrificación, empleo de jóvenes en bibliotecas, oficinas, universidades, fomento del empleo temporal, etc.

En forma inédita, se sancionó despidos de trabajadores; se introdujo la seguridad social, así como pensiones por desempleo, salud y jubilación; fueron elevados los impuestos (taxes) como el de la renta, argumentando la injusta distribución de la riqueza como parte de la crisis; pero también se dictaron leyes para garantizar salarios mínimos, elevarlos, proteger sindicatos, contratos colectivos y otros derechos laborales. En los primeros cien días, la crisis fue controlada.

El “segundo New Deal” se inició en enero de 1935, con el propósito de profundizar las reformas: el Acta sobre Seguridad Social estableció beneficios para los trabajadores retirados, seguro para los desempleados, un programa de salud general, el de bienestar para niños y el de asistencia para ancianos, que debía ser cubierto con aportes de los empresarios y los trabajadores con empleo; el fondo para el seguro de desempleo fue financiado a través de un impuesto especial cobrado compulsivamente a los patronos.

La Administración para el Progreso de los Trabajadores (WPA) también se ocupó del trabajo para los artistas: con apoyo del Teatro Federal se organizaron exhibiciones y, por primera vez, corredores y salas de los edificios públicos fueron adornados con grandes murales pintados por artistas. A fines de 1935 cerca de 20 millones de norteamericanos contaban con alguna forma de asistencia pública.

En la mentalidad norteamericana de la época, semejantes políticas significaban una ruptura con la visión liberal y, en consecuencia, el New Deal y el propio presidente Roosevelt fueron acusados de “comunistas”. Resultaba algo insólito que un presidente denunciara abiertamente “la injusta concentración del bienestar y el poder económico” en manos de una pequeña fracción de la población norteamericana. Pero FDR logró del Congreso la aprobación de un elevado impuesto sobre las rentas de los individuos y las corporaciones; y para evitar su evasión, incrementó el impuesto a las donaciones. Con razón los opositores escandalizaron en contra de lo que llamaban un “desplume a los ricos”.

Sin embargo, fueron las medidas descritas las que permitieron salir de la crisis y mejorar las condiciones de vida y trabajo de los norteamericanos que, con razón, reeligieron a Roosevelt por tres ocasiones sucesivas.

Varias de las políticas del New Deal coincidieron con lo que en América Latina intentaron los gobiernos y políticos “populistas” y reformistas de aquellos años. En Ecuador, la Revolución Juliana (1925-1931) inauguró el intervencionismo económico estatal y las políticas sociales y laborales, algo que en Chile ejecutaron, por partes y entre incidentes institucionales, tanto el gobierno de Arturo Alessandri, como las juntas militares de la joven oficialidad, en un período que va de 1920 a 1925.

En Brasil, los jóvenes militares iniciaron, en 1922, las intermitentes movilizaciones del tenentismo, que desembocaron en la revolución de 1930 y los continuados gobiernos de Getulio Vargas (1930-1934), la dictadura del Gobierno Provisional (1934-1937), el Gobierno Constitucional (1939-1945), el Estado Novo y más tarde, entre 1950-1954 como gobierno electo. Fueron momentos de un proceso que transformó al país con la modernización económica y la reforma social.

Procesos parecidos desde la década de 1920 hubo en Costa Rica, Colombia, Bolivia, El Salvador, Perú -donde apareció el APRA fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre y el Partido Comunista fundado por Carlos Mariátegui-; en Argentina, con la Unión Cívica Radical, se desembocó finalmente en el ascenso de Juan Domingo Perón (1946-1955); y en México, fue decisivo el papel nacionalista del gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940).

Se trató de una época histórica que se caracterizó por la lucha contra los regímenes oligárquicos, a fin de modernizar a las sociedades, pero, ante todo, promocionar a las masas y al creciente movimiento obrero, lo cual explica las políticas sociales y el impulso a la redistribución de la riqueza mediante el sistema tributario directo. Todos los gobiernos reformistas y populistas fueron tildados de “comunistas”, en un intento por detener el avance social y las políticas de Estado.

Los gobiernos progresistas en América Latina, que abrieron un nuevo ciclo histórico en la región al iniciarse el siglo XXI, han sido, en mucho, continuadores, bajo nuevas circunstancias, de aquellas visiones económicas y de las políticas sociales y laborales de ese pasado reformista y populista que caracterizó a la región, con distintos ritmos, desde 1920.

Volviendo a los EEUU de la actualidad, hay dos figuras políticas que toman inesperada relevancia interna y externa: Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez (AOC).

Sanders (78 años), actual senador, ya fue candidato a las primarias del Partido Demócrata en 2016 y su campaña despertó una inédita atención nacional por sus posiciones: crítica radical a la diplomacia exterior de los EE.UU., abogar por un socialismo democrático que resalta a los países europeos nórdicos, plantear la seguridad social universal y un sistema de medicina gratuita, el reparto de la riqueza, más impuestos a los ricos y amplias políticas sociales y laborales. Sanders está en campaña para lograr la presidencia de los EEUU en 2020.

De otra parte, la joven AOC (30 años), que podría ser otra candidata presidencial por el Partido Demócrata, es miembro de la organización Socialistas Democráticos de América, propone un “Green New Deal” (si bien cuestiona los límites que tuvo el programa original de FDR), cuestiona el capitalismo y defiende la sanidad universal, la universidad pública gratuita, el control de armas de fuego y amplias medidas sociales y ambientales.

Estas dos figuras han vuelto sobre el camino histórico marcado por FDR, para tratar de impulsar en el país otra conducción económica y social que, de triunfar, alteraría el que luce hasta hoy como un capitalismo imperialista clásico e invencible. Y como las ideas socialistas, de la mano de Sanders y de AOC, pero también por una creciente cultura de izquierda entre los jóvenes de las nuevas generaciones, lucen cada vez más influyentes, las inquietudes políticas y oficialistas se han disparado a tal punto que el documento The Opportunity Costs of Socialism (https://bit.ly/2ySJwkA, octubre, 2018), preparado por el Consejo de Asesores Económicos (CEA) para el Presidente Donald Trump, trata de desmontar y descalificar cualquier propuesta de “socialismo” para los EEUU.

Pero, si se observan con cuidado tanto las propuestas del antiguo New Deal de FDR, como las de Sanders y de AOC, se podrá concluir que en América Latina las derechas políticas y económicas tampoco están dispuestas a consentir un camino “socialista” como el que se plantea en los EEUU. Neoliberales y derechistas son incapaces de comprender las experiencias históricas del New Deal, de modo que resulta inútil pedirles medidas alternativas a las consignas aperturistas y a los intereses privados de las elites empresariales

Y aquí, en la región, el ciclo conservador y reaccionario que se vive, no tiene la más mínima intención por imponer las regulaciones del Estado sobre el capital, los fuertes impuestos redistributivos de la riqueza y tampoco leyes que garanticen y amplíen los derechos sociales y laborales. La admiración y hasta la subordinación de las burguesías latinoamericanas a los EEUU les impide apreciar tanto al viejo New Deal como al avance de las ideas del nuevo “socialismo” norteamericano.

  www.historiaypresente.com / www.juanpazymino.com

Artículo original en Firmas Selectas de Prensa Latina: http://bit.ly/2uMpzud 

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Neoderechas: contra el laicismo y los derechos sociales

Juan J. Paz y Miño Cepeda
Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
Prensa Latina
La conquista del laicismo fue uno de los objetivos de los radicales y liberales latinoamericanos que enfrentaron a los conservadores y a la iglesia católica durante el siglo XIX y buena parte del XX. Con la implantación del laicismo coincidían varios principios: separar el Estado de la iglesia, secularizar a la sociedad, institucionalizar el matrimonio civil y el divorcio, instaurar el registro civil, respetar la libertad de cultos, garantizar la libertad de pensamiento, así como de imprenta.

De manera que lograr el poder e implantar esa gama de principios liberales tuvo, en el camino, duras confrontaciones -y hasta guerras civiles- porque ni la iglesia católica ni los conservadores estuvieron dispuestos a permitir el dominio de tesis que consideraban la encarnación del demonio o, por lo menos, de los ateos, masones, impíos y herejes que las fomentaban.

El ejemplo histórico de estos procesos ha sido México, durante La Reforma (1858-1861): gracias a la Constitución liberal de 1857 y a los gobiernos de Benito Juárez (entre 1858 y 1872) se implantó el laicismo. Procesos parecidos ocurrirían en otros países latinoamericanos. En Ecuador, el triunfo de la Revolución Liberal (1895), acaudillada por Eloy Alfaro y la Constitución de 1906, conquistó los principios y valores liberales y laicos. Sin embargo, en Colombia el laicismo fue recién introducido, en forma definitiva, en la Constitución de 1991.

Otro proceso crucial en la historia de América Latina ha sido la conquista de los derechos sociales y laborales. Ello fue posible por el ascenso de las luchas de campesinos, indígenas, trabajadores y pobladores, acompañados de intelectuales y profesionales que defendían sus causas, fenómeno que ocurre a fines del siglo XIX y, particularmente, con el avance del siglo XX.

Fueron, además, síntomas del progreso de las relaciones capitalistas que tuvieron distintos ritmos, pues en buena parte de los países latinoamericanos los regímenes oligárquicos continuaron vigentes hasta mediados del siglo XX.

Nuevamente, como una especie de momento histórico definitorio, se ubica la Revolución Mexicana de 1910 y, especialmente, su Constitución de 1917. En este 2019, precisamente, se conmemora el centenario de Emiliano Zapata (1879-1919), uno de los campesinos revolucionarios del México insurgente.

Con la Constitución mexicana fueron reconocidos la reforma agraria y los principios laborales más sensibles: pro-operario, jornada máxima, salario mínimo, contratación individual, sindicalización, huelga, indemnizaciones, seguridad social, reparto de utilidades. En Ecuador, la Revolución Juliana (1925-1931) marcó el inicio de un largo proceso para superar el régimen oligárquico, e implantó similares derechos sociales consagrados por la Constitución de 1929. En Brasil, la Carta Magna de 1934 reconoció esos derechos, aunque en forma tibia, si se la compara con la mexicana o la ecuatoriana.

Sin duda, en América Latina podemos encontrar otros fundamentos históricos a procesos que vive la región en la actualidad. Pero resalto los dos que he mencionado, esto es el laicismo y los derechos sociales-laborales como ejes vertebradores de lo que ha sido la evolución política en el siglo XX e inicios del XXI.

Y esto porque, tras el ciclo de los gobiernos progresistas latinoamericanos, el retorno del conservadorismo político y el neoliberalismo económico se asientan en burguesías y oligarquías cuya agresividad conceptual no tiene límite alguno en romper con las viejas conquistas históricas.

En Brasil, precisamente, de la mano de las sectas evangélicas y hasta de las máximas figuras del gobierno de Jair Bolsonaro, la religiosidad revive para hacer frente a la política, la intolerancia apunta a desmontar el laicismo, la fe se abandera contra el evolucionismo darwiniano, el cuestionamiento y ataque a las diferencias sexuales y de género, o el racismo y el clasismo con aires de superioridad, adquieren su rumbo propio y, además, son bendecidos y saludados por la elite “blanca”.

Los conceptos del neoliberalismo restaurado sobre bases fanáticas definen rumbos que retroceden a la época de las luchas conservadoras contra los liberales y radicales. Es la era de las neoderechas. Y parece que Marx recobra vigencia cuando sostuvo que la religión era el opio del pueblo.

Lo mismo ocurre en el campo de los derechos sociales-laborales. De la mano de burguesías rentistas, conservadoras y reaccionarias, en todos los países se clama por la “flexibilidad” y la precarización del trabajo, con el supuesto de que ello dinamizará a la empresa privada y permitirá la ocupación de nueva fuerza de trabajo ahora acumulada en el sector informal y subocupado. Se trata de otro retorno a épocas anteriores, a situaciones laborales que existieron antes de la implantación de las Constituciones sociales latinoamericanas.

Con burguesías que van delineando un camino hacia el fascismo criollo, bajo regímenes electorales y formalmente democráticos -dentro de los cuales se destruyen principios y conquistas históricos-, América Latina bien podría entrar a un ciclo de nuevo dominio oligárquico. El único camino para evitarlo sigue siendo el trabajo intelectual continuo sobre las conciencias colectivas, la movilización de los sectores populares y la organización de la sociedad, a fin de que la resistencia no sea pasiva, sino activa.

Juan J. Paz-y-Miño Cepeda es Doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela. Decano de la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE). Coordinador Académico, en Ecuador, de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC). Miembro de Número de la Academia Nacional de Historia.

Fuente: http://firmas.prensa-latina.cu/index.php?opcion=ver-article&cat=P&authorID=129&articleID=2613&SEO=paz-y-mino-cepeda-juan-jose-neoderechas-contra-el-laicismo-y-los-derechos-sociales

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La ineficiencia de la desigualdad

Juan J. Paz y Miño Cepeda
Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
Desde la visión de la elite empresarial hegemónica en Ecuador, la economía nacional debe orientarse por los estímulos al sector productivo, a fin de favorecer las inversiones privadas, bajo un marco de rentabilidad atrayente. Consideran que es necesario liberar mercados, celebrar tratados de libre comercio, pero, sobre todo, achicar el tamaño del Estado, a través de distintas vías: reducir el gasto público, no aumentar la deuda externa, eliminar o reducir impuestos, salvaguardias o subsidios, privatizaciones, reducción de la burocracia. Suman a todo ello la urgencia de cambiar las leyes laborales, porque consideran que la “excesiva” regulación afecta su competitividad. Solo así, aseguran, habrá trabajo y se generará riqueza. Es la visión más conservadora, tradicional, rentista y hasta oligárquica. Lo mismo planteaban en la década de los 80 y de los 90.

Esa visión campea en el presente, no solo porque se ha impuesto en los medios de comunicación privados y en los públicos, sino porque ha sido acogida por el gobierno de Lenín Moreno como eje de su conducta económica.

La justificación para que Ecuador siga el rumbo actual es que el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) despilfarró, malgastó, hizo obras gigantescas con sobre precios, endeudó al país, creó un “sistema” de corrupción generalizado y engañó con las cifras, porque la mesa “no estaba servida”.

Suponiendo que así haya ocurrido -algo que no resiste un examen académico y crítico, aunque se impone la charlatanería en una serie de editoriales, opiniones y hasta en artículos de libros que hablan de “el gran fraude”-, la economía bien pudo seguir el camino trazado por la Constitución de 2008, pudo tomar otras alternativas como las planteadas por diversos foros de profesores universitarios y académicos, o bien pudo hacer caso a los estudios internacionales de la Comisión Económica para América Latina (Cepal); pero lo que menos debió ocurrir es seguir la senda exclusiva de los intereses empresariales privados, como signo de supuesta modernidad.

Destaco a la Cepal, porque sus estudios tienen la visión latinoamericanista y radicalmente distinta a las visiones imperiales del FMI o del BM, cuyas recetas en la región, a través del neoliberalismo alentado desde el pasado, siempre han resultado nefastas para nuestros países, como puede comprobarlo el mismo Ecuador, con 16 Cartas de Intención entre 1983-2003, que solo agravaron las condiciones de vida, trabajo, institucionalidad y gobernabilidad en el país.

Entre tantos estudios realizados por la Cepal resalto el reciente La ineficiencia de la desigualdad (2018, en: https://bit.ly/2KjOVWi). La institución reconoce que en América Latina la tendencia a la mejor distribución del ingreso se estancó en el último trienio y que la región continúa como la más inequitativa del mundo. Destaca, en forma contundente, con cifras y análisis, que la desigualdad tiene impactos negativos sobre la productividad, la fiscalidad, la sostenibilidad ambiental y la mayor o menor penetración de la sociedad del conocimiento: “Dicho de otra manera, la desigualdad es ineficiente, es un obstáculo al crecimiento, el desarrollo y la sostenibilidad”, afirma.

Mientras la tradición económica consideraba que eficiencia e igualdad se contraponían, hoy está claro que la pobreza es ineficiente. La igualdad favorece la demanda efectiva y presiona sobre la oferta de bienes y servicios. Más aún, el Estado juega el rol fundamental en la redistribución de la riqueza, de modo que los países que cuentan con mayores capacidades estatales y aplican impuestos más altos tienen mejores indicadores económicos y sociales.

Para la Cepal igualmente está claro que en América Latina y el Caribe “persisten privilegios tributarios que se concretan en exenciones, evasión y bajo impuesto a la renta”. En la región la carga tributaria promedio es la mitad del promedio de 15 países de la Unión Europea, y esta diferencia se concentra en el impuesto a la renta personal.

De acuerdo con la última información disponible -señala Cepal-, “la tasa de evasión media del IVA se sitúa en el 27,8%, con diferencias entre los países. Por un lado, se encuentra el Uruguay, con la tasa de evasión más baja de la región; luego, hay un grupo de países que exhiben tasas cercanas o superiores al 20%, pero inferiores al 30% (varios de América del Sur y México), y, por último, hay otro grupo cuyos valores superan el 30% (los de Centroamérica, el ECUADOR y el Paraguay). Las estimaciones de la evasión al impuesto sobre la renta son mucho más elevadas: el promedio de la región alcanza casi el 50% (47,5%). En un extremo están Costa Rica, el ECUADOR, Guatemala y la República Dominicana (con tasas cercanas al 65%) y, en el otro, el Brasil, Chile y México, con valores significativamente menores (entre el 28% y el 31%)”.

Estas cifras no sirven para nada en el Ecuador actual. La “Ley de Fomento Productivo…” recientemente aprobada, así como las medidas y políticas de gobierno, parten de la visión que una elite empresarial tiene sobre la economía nacional y los impuestos, pero no se fundamentan en estudios académicos y técnicos al respecto, como el de Cepal, al que hago referencia.

En el país se ha hecho todo lo contrario de lo que debe hacerse en América Latina. Porque es necesario cobrar impuestos a los evasores, encarcelar a los grandes estafadores tributarios, aumentar impuestos a los ricos (utilidades, patrimonios, herencias, entre otros) y fortalecer las capacidades estatales sin achicar al Estado, sino, por el contrario, aumentando su poder e imperio para lograr que brinde servicios de calidad (educación, medicina, seguridad social, pensiones, que requieren cada vez más de mayores ingresos para el Estado); y, especialmente, para que hegemonicen los intereses públicos y nacionales sobre los privados y rentistas.

Blog del autor: Historia y Presente

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La universidad y la investigación social

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Por: Juan J. Paz y Miño C.

En un artículo anterior (http://bit.ly/2AcQ8gJ) me referí, de manera general, a los avances en la educación superior logrados durante la última década, y sobre todo a los frenos que igualmente se acumularon y que hoy afectan a la docencia y a la investigación, víctimas de papeles, informes, evaluaciones, seguimientos y actividades que burocratizan la vida universitaria y además agobian el trabajo docente.

De persistir esta situación, precisamente la docencia y la investigación, que son el eje de la actividad de los profesores universitarios, no tendrán perspectivas de desarrollo y progreso, a pesar de las líricas declaraciones sobre la necesidad de la ciencia, de la innovación o de la producción académica.

En materia de investigación subsisten algunos dogmas. El mayor ocurre en el campo de las ciencias sociales. La moda intelectual de medir sus avances por el número de artículos publicados en revistas indexadas (que, en muchos casos, son verdaderos negocios) afecta a las ciencias sociales latinoamericanas. Pero su impacto no está en los “journals”, sino en la legitimidad e influencia que los libros y artículos alcanzan en la sociedad, la educación, la cultura y la política. Las ciencias sociales no pueden tener el mismo tratamiento que tienen las ciencias médicas o las naturales.

No se descarta las revistas especializadas, que pueden ser interesantes por las temáticas concretas. Sin embargo, en el campo de la historia hay otra consideración: el conocimiento, la innovación, el resultado académico vienen del trabajo acumulado con la revisión de fuentes en archivos a los que inevitablemente hay que consultar, en una paciente actividad de búsqueda y selección.

La Asamblea Nacional, responsable de la elaboración de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) debe afrontar con seriedad y responsabilidad la generación del ambiente adecuado para el avance de la investigación en la universidad ecuatoriana, sobre la que hoy pesan los sistemas de supervisión burocratizado basados en las “normas de calidad”.

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Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección:http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/la-universidad-y-la-investigacion-social

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Elecciones en Ecuador: un triunfo en riesgo

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Juan J. Paz y Miño C.
Prensa Latina

El domingo 19 de febrero/2017 se realizaron en Ecuador las elecciones para presidente y vicepresidente, miembros de la Asamblea Nacional, Parlamentarios Andinos y una consulta popular para que los funcionarios públicos y dignatarios no puedan tener capitales en paraísos fiscales.

El SI ganó en la consulta (al menos 55%); y Alianza País (AP) tendrá mayoría en la Asamblea (proyectadas 64 de 138 curules) y gana en el Parlamento Andino.

¿Y el Ejecutivo?

Todas las encuestadoras anticiparon el triunfo del binomio de AP Lenin Moreno/Jorge Glas. Pero el conteo oficial, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y sobre la base del 98.5% de las papeletas escrutadas (miércoles 22 de febrero, 08.53), ubicó a ese binomio con el 39.33% y al ex banquero Guillermo Lasso con el 28.19%. Moreno ha quedado prácticamente a un punto de llegar al 40% requerido (y además tener 10 puntos por lo menos sobre el candidato que le siga en votaciones), para ganar en primera vuelta. El CNE ha admitido que habrá segunda vuelta.

Pero esa diferencia ha destapado a la derecha política, económica y mediática que apoyó al banquero. En una bien orquestada estrategia, antes del proceso electoral no sólo lanzaron una “campaña sucia”, sino que sembraron la idea de que se preparaba un “fraude electoral”; y con los resultados en marcha, se activaron otros mecanismos indudablemente ya preparados: videos de individuos retenidos con mochilas llenas de votos premarcados; simpatizantes de Lasso convocados a tomar las calles, exigir la segunda vuelta aún antes de conocerse los resultados oficiales y vociferar contra el escandaloso “fraude”.

Asimismo hicieron circular supuestos pronunciamientos de las fuerzas armadas pidiendo “transparencia” del proceso, desmentidos por el Comando Conjunto; y levantaron la agresividad contra todo “cholo” y “correísta”. La “peluconería” (término que grafica a esos agresivos sectores de la “alta” clase) se ha movilizado tal como los “escuálidos” en Venezuela.

La derecha política ecuatoriana tiene larga experiencia histórica sobre el éxito que les puede proporcionar esas campañas, que cuentan ahora con el respaldo de una serie de medios de comunicación privados, que han pasado a ser sus instrumentos ideológicos. Las derechas promovieron una intensa campaña contra el referéndum constitucional de 1978 y atacaron de “comunista” a la nueva Constitución. El mismo año, en la primera vuelta quedó adelante el progresista Jaime Roldós, quien en la segunda debía confrontar con el socialcristiano Sixto Durán Ballén, cuyo partido levantó entonces la idea del “fraude”, al mismo tiempo que Durán era presionado para abandonar su candidatura y crear así un vacío que impidiera las elecciones. Finalmente ganó Roldós (1979-1981). Su gobierno y el del sucesor Osvaldo Hurtado (1981-1984) fueron sistemáticamente atacados de “comunistas” por las derechas políticas y empresariales.

En las elecciones de 1984, el perdedor en primera vuelta fue el socialcristiano León Febres Cordero y nuevamente sus partidarios vociferaron contra el “monstruoso fraude” electoral a favor de Rodrigo Borja, candidato de la Izquierda Democrática que fue el triunfador; pero como Febres ganó la segunda vuelta, nunca más volvieron a hablar del asunto.

El gobierno de Febres Cordero (1984-1988) fue el de los empresarios y así lo proclamaron. Con él hubo imposiciones violentas sobre el Congreso, donde no tenía mayoría. Y el país vivió una administración violadora de la Constitución y los derechos humanos, que inauguró la hegemonía del modelo empresarial/neoliberal, con varios escándalos de corrupción que involucraron a personajes del gobierno.

En cada elección posterior, las derechas se anticiparon a prever un “fraude”, cada vez que les convino Así volvieron a decirlo cuando triunfó Rodrigo Borja (1988-1992). Si ellos no están en el poder, no hay fraude. Esa es la consigna de su experiencia histórica. Hoy han preparado el camino con eficacia y, para la segunda vuelta, lanzarán todo su arsenal mediático y político a fin de impedir el triunfo de los candidatos de AP.

Es evidente que hay una alianza poderosa entre las derechas políticas, las elites empresariales de las cámaras de la producción y los medios de comunicación privados colocados a su servicio. No les preocupa carecer de mayoría en el Legislativo, ni la misma Constitución de 2008, sino el control del Ejecutivo en un sistema presidencialista en el cual el presidente es jefe del Estado y jefe del gobierno; y porque, además, saben cómo imponerse a toda institucionalidad contraria a sus intereses, sin descartar -como la experiencia histórica del país lo verifica-, el uso de la represión, el autoritarismo y la prepotencia.

En Ecuador está en juego un tipo de economía y de sociedad iniciado por la Revolución Ciudadana, que quedaría truncado si es que triunfa el otro proyecto del ex banquero Lasso y sus fuerzas de sustento. No solo eso. En Ecuador está en juego la vigencia del ciclo de gobiernos progresistas, democráticos y de nueva izquierda, a los cuales busca derrotar una internacional derechista y, sin duda, el imperialismo que pueden exhibir sus “triunfos” en Argentina y en Brasil.

Pero sobre todo está en juego la posibilidad de que la población ecuatoriana avance en mayores conquistas sociales, en institucionalidad y en democracia. Buena parte de los ciudadanos parecen olvidar la historia y se han dejado seducir por la idea de que el “cambio” ofrecido vendrá de la mano de las élites que siempre los han dominado.

El triunfo de AP en la primera vuelta no es garantía para la segunda, porque no sólo tendrá que enfrentar a las fuerzas poderosas antes señaladas, sino tratar de modificar la conciencia de amplios sectores de la población que votaron en su contra.

AP gana en las siete provincias de la Costa, lo que altera el predominio derechista en esa región, aunque la tradicional oligarquía costeña y particularmente de Guayaquil mantiene una base electoral nada despreciable. AP ha perdido en cinco de las 10 provincias de la Sierra, donde hay un giro conservador, incluso en provincias centrales con significativa presencia indígena donde gana Lasso; también pierde en Galápagos y en cinco de las seis provincias de la Amazonía, donde probablemente pesó el cuestionado extractivismo minero.

De modo que el triunfo en primera vuelta tiene algo de sabor amargo, al que hay que sumar el hecho de no haber alcanzado al menos el 40% de la votación para evitar la segunda vuelta.

No solo cuentan las fuerzas opositoras que han avanzado; han pesado también los dos últimos años de la administración del Presidente Rafael Correa, por ciertos giros conceptuales, decisiones sobre leyes laborales, el tratado comercial con Europa, las alianzas público/privadas, el endeudamiento, la fuerte recesión económica y las magnificadas denuncias opositoras sobre la corrupción que, al parecer, han alejado a los antiguos simpatizantes.

Todo ello no impide evaluar que en una década Ecuador ha tenido cambios económicos, sociales, políticos e institucionales inéditos en el siglo XX, algo reconocido incluso por distintos organismos internacionales como Cepal, Pnud, BM e incluso FMI.

Pero el balance de la gestión y los logros de una década indudablemente ganada -en la que el liderazgo del presidente Rafael Correa ha sido rector e indiscutible-, tampoco ha sido suficiente para crear una conciencia social que impida las posibilidades de reversión de lo logrado.

No cuenta, por tanto, sólo la política o la economía, sino la conciencia social; y trabajar sobre ella es un asunto arduo, difícil en el tiempo. En América Latina hay momentos de progreso democratizador y otros de largos retrocesos, que esperamos no se repitan por decisiones populares en la segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo 2 de abril. AP está optimista en que triunfará. Quito, 22 de febrero de 2017

Fuente: http://bit.ly/2kV3kjg

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes

Imagen tomada de: http://www.radioformula.com.mx/images/notas/20170219_16_08_VotoEcuador_NT.jpg

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El Caribe, ¿fin de la frontera imperial?

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Por: Juan J. Paz y Miño Cepeda

El libro del célebre Juan Bosch (1909-2001) titulado “De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial”, se mueve alrededor de una idea central: el Caribe fue, desde inicios de la conquista y colonización europea de América en 1492, el espacio de disputa entre diversas potencias, un asunto que continuó en el tiempo. Ha sido una frontera de cinco siglos, acariciada fundamentalmente por España, Inglaterra, Francia, Holanda, y finalmente EE.UU.

La guerra Hispano-Cubana-Americana de 1898 sirvió para que se instalaran en el Caribe los intereses norteamericanos. La propia independencia de Cuba, obra de un pueblo que ansiaban soberanía y libertad, fue frustrada por el intervencionismo norteamericano, que convirtió a la isla en una verdadera neocolonia. De modo que la presencia imperialista, la necesidad de derrotar la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1959) y el desarrollo de la lucha popular, crearon las condiciones para el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, con la que se inició el largo y difícil camino de construcción de una nueva sociedad.

Para los EE.UU. la vía cubana al socialismo era un proceso que se debía detener, de modo que el bloqueo a la isla siempre fue un acto de intervencionismo unilateral, al margen de toda legislación internacional y solo justificado por la necesidad de impedir el “comunismo”. Con el paso de las décadas e incluso con el fin de la Guerra Fría, el bloqueo se volvió indefendible y cada vez más, al interior de las asambleas de las Naciones Unidas, se ha votado en contra del bloqueo y a favor de Cuba.

En una decisión histórica sin precedentes, en la reciente Asamblea de la ONU, 191 países votaron contra el embargo o bloqueo a Cuba y por primera vez EE.UU. e Israel se abstuvieron, cuando antes siempre habían votado en contra. La embajadora estadounidense Samantha Power reconoció: “En lugar de aislar a Cuba nuestra política aislaba a EE.UU. Incluso aquí, en Naciones Unidas” y añadió: “La resolución que se vota hoy es un ejemplo perfecto de por qué la política estadounidense de aislar a Cuba no estaba funcionando”; aunque también, tratando de conservar algo del tradicional hegemonismo, igualmente declaró que la abstención “no significa que EE.UU. está de acuerdo con todas las políticas y prácticas del Gobierno cubano”.

Estuvo muy claro, para el canciller cubano Bruno Rodríguez, que la abstención “constituye un paso positivo en el proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y EE.UU.”; pero también que “el bloqueo económico, comercial y financiero persiste y provoca daños al pueblo cubano y obstaculiza su desarrollo económico”.

Cabe observar, entonces, que en el mundo finalmente se impuso la razón histórica de Cuba y que la posición de la diplomacia norteamericana en la ONU apuntala al gobierno del presidente Barack Obama, pionero en restablecer las relaciones con Cuba. Pero también está claro, como lo señaló el propio canciller cubano, que en el futuro inmediato, más que las declaraciones y discursos, interesa el fin definitivo del bloqueo.

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