Malgastar 645.955 euros en unas reválidas que deben ser boicoteadas

Agustín Moreno

El gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Cristina Cifuentes aprobó el 21 de marzo la contratación de un servicio de apoyo didáctico y técnico para la realización de las pruebas externas de 3º y 6º de primaria y de 4º de ESO. Las pruebas afectarán en Madrid a 180.000 alumnos y a 2.400 centros. Se trata de la externalización de la realización, tabulación, documentación y análisis de las evaluaciones finales que se empeñan en mantener. El coste de 645.955,20 euros supone más del doble de lo destinado a estas pruebas el curso pasado y permitiría, por ejemplo, la contratación de más de 30 profesores para mejorar la calidad educativa.

Hay que recordar que la comunidad educativa viene movilizándose desde hace tiempo contra estas pruebas que consagra la LOMCE. En concreto, el 26 de octubre de 2016 hubo una huelga general en la educación con un amplio seguimiento, y en noviembre se realizó otra huelga de estudiantes. Como resultado de ellas, y por su debilidad política, el gobierno dio marcha atrás a las reválidas. No fue una retirada completa, solo de sus efectos académicos, dónde se jugaban la titulación el alumnado de 4º de ESO y de 2º de Bachillerato. Pero se dejó en manos de las comunidades autónomas el desarrollo de pruebas en esos niveles.

La comunidad de Madrid ha ido siempre de kamikaze en los ataques a la escuela pública, a su privatización y a la realización de rankings de centros. En esta línea ha aprobado que la reválida de 4º de ESO se hará el 19 de mayo con carácter censal en todos los centros de Madrid capital, y de forma muestral en las otras cuatro áreas territoriales. Es la forma que tiene el PP de sostenella y no enmendalla. Mantienen una secuela de reválidas para volver a la idea original si retornan a la mayoría absoluta. Asusta pensar en el elevadísimo coste que tendría su generalización y los negocios-chollos derivados.

Los efectos negativos de estas reválidas son evidentes aunque no afecten a la titulación.

• Distorsionan el proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros al ponerlos a competir. Desde marzo se han empezado a producir en algunos centros presiones de los equipos directivos sobre el profesorado. Quieren que se centren en la preparación de la reválida de 4º de ESO, obviando el programa que están obligados a dar en el tercer trimestre. Tratando de salvar el prurito del centro, corren el riesgo de convertirlos en academias preparadoras de las pruebas, algo sencillamente contrario a la calidad educativa.

• Sirven para elaborar rankings de centros que se utilizan en la lucha por el mercado del alumnado entre la doble red de centros (públicos y privados-concertados). En este sentido, no hay plenas garantías de que una empresa privada no acabe filtrando de manera selectiva las pruebas a centros amigos, a pesar de las cláusulas de confidencialidad que se puedan establecer. En ese supuesto, los resultados estarían contaminados.

• Estresan al profesorado, al alumnado y a sus familias, y una prueba hecha así no mide nada. Si acaso, las diferencias realmente existentes entre los centros. Éstas se deben más a un proceso de escolarización desequilibrado que potencia la administración educativa (zona única, concentración del alumnado con dificultades en los centros públicos), y al nivel de recursos invertidos. Por ejemplo, los centros del sur de Madrid no tendrán los mismos resultados que los de la zona norte; o los centros de “excelencia” y las secciones de los “bilingües que aquellos que el PP se empeña en convertir en guetos. Para este viaje no hacen falta alforjas.

La evaluación puede ser útil si tiene carácter formativo y no selectivo; si se evalúa todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y se valoran los avances conseguidos y no solo el resultado final; si se analiza todo el sistema y no solo una parte y se tienen en cuenta las características socioeconómicas de cada centro; si sirve para aumenta la equidad y dar más recursos a los centros que más lo necesitan. Evidentemente, no es el caso ni en los fines ni en el procedimiento.

Así las cosas, no sería coherente que el alumnado que secundó masivamente las huelgas vaya a realizar las reválidas, ni que las familias que apoyaron esta iniciativa envíen ahora a sus hijos como corderos, ni que el profesorado que tantas veces salió a la calle contra la LOMCE participe en su aplicación. No olvidemos que seguimos dando la titulación de ESO en los centros. En Vallecas hemos empezado a debatirlo y lo tenemos bastante claro, lo hemos llevado a la Marea Verde y nos gustaría que el debate se generalice. Yo estoy esperando que los sindicatos me convoquen a participar en un boicot que debería ser generalizado contra unas pruebas que son una farsa y un despilfarro del dinero público.

Fuente del articulo: https://www.cuartopoder.es/ideas/2017/04/03/malgastar-645-955-euros-unas-revalidas-deben-boicoteadas/

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