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El pedagogo Gregorio Luri apuesta por dos leyes educativas en España en lugar de una para mejorar el sistema

El Doctor en Filosofía por la UAM, pedagogo y ensayista experto en Educación, Gregorio Luri, es partidario de que España tenga dos leyes educativas, en lugar de una, para mejorar la calidad y el sistema educativo.

En unas jornadas parlamentarias organizadas por el Grupo Parlamentario Popular, el experto ha criticado la falta de consenso reinante en España a la hora de aprobarse una nueva norma en el ámbito educativo. Ese ha sido el caso, por ejemplo, de la última Ley de Educación, la LOMLOE (también conocida como ‘Ley Celaá’).

«Es difícil el consenso educativo, por tanto, quizás fuera bueno, en vez de pensar en una ley educativa, pensar en dos leyes, una sobre la estructura orgánica del sistema y otra sobre los contenidos», ha señalado Luri, que considera que en el primer caso sería «más fácil» llegar a un acuerdo.

Durante su intervención, el filósofo ha instado a fijarse en los sistemas educativos de otros países, como Finlandia, un «éxito» a su juicio: «Todos ellos comparten un rasgo muy fácil de definir, pero difícil de crear, han creado un círculo virtuoso de la confianza».  «La Administración confía en las escuelas, las escuelas confían en las familias y las familias en la Administración; hay una confianza mutua», ha destacado el experto, que no obstante, no considera «buena idea copiar a nadie».

En este sentido, el experto asegura que «ningún método ofrece garantías de calidad», ni siquiera la reducción de las ratios. «No es cierto», sentencia Luri, que asegura que generar confianza es la «clave».

Y es que, el filósofo indica que «este círculo no se refuerza con una sucesión de leyes educativas». De hecho, «cuantas más leyes se sucedan, más estamos transmitiendo a las escuelas que la normativa de hoy es una normativa provisional», afirma, y a su juicio, «la provisionalidad de la ley es un elemento que afecta a la credibilidad». «Hay que ser más serio, la seriedad es un elemento de confianza en la Ley», ha reclamado.

Asimismo, ha abogado por crear un Libro Blanco de la función docente que recoja los puntos de fractura del sistema educativo en España, ya que considera que los docentes son la parte más importante del proceso educacional. «No tiene sentido elaborar leyes educativas sin la complicidad de los docentes», comenta.

Fuente: https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-pedagogo-gregorio-luri-apuesta-dos-leyes-educativas-espana-lugar-mejorar-sistema-20210510201006.html

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LOMLOE, Nueva ley de educación: Una tibia recuperación de lo perdido

Desde el punto de vista más pedagógico hace una opción por el modelo competencial y el aprendizaje por proyectos.

Desde el punto de vista más pedagógico hace una opción por el modelo competencial y el aprendizaje por proyectos.

En este país, no terminamos nunca de avanzar. En educación, con ocho leyes en 40 años, vamos dando un paso adelante y dos para atrás y así nunca conseguimos un sistema educativo que tenga el financiamiento que se merece, la equidad necesaria y el nivel de calidad que precisamos. La nueva Ley educativa la podríamos resumir en: una tibia recuperación de lo que perdimos con la antigua ley del PP, la LOMCE.

Y como sí que avanza, pero no suficiente, las críticas le llueven por todas partes, básicamente por la derecha más reaccionaria y las patronales de la concertada. No tanto porque conculca unos “derechos adquiridos” por los centros privados concertados, sino porque la educación es un campo de batalla político, y la oposición tiene que protestar, aunque no tenga ninguna razón.

De hecho, si no fuera porque la ley anterior era tan reaccionaria en muchos aspectos, quien tendría que protestar sería el 60 o 70 % de la población que escolariza sus hijos e hijas en la escuela pública, la de todos y todas.

Decía que se avanza, tímidamente, en algunos aspectos: elimina los itinerarios segregadores desde los 13 años; suprime las reválidas, recupera la Educación Infantil como etapa educativa, desde los 0 a los 6 años; devuelve las competencias sustraídas a los claustros y consejos escolares;  pierde protagonismo la asignatura de Religión; introduce la coeducación, el medio ambiente y la memoria democrática en la escuela;  refuerza la inmersión lingüística catalana al devolver a las lenguas co-oficiales la consideración de lenguas vehiculares, juntamente con el castellano. Proclama la gratuidad en los centros concertados (difícil de llevar a cabo), así como la pérdida del concierto educativo en los centros que segregan por sexo (más difícil aún de cumplir, ya que el Tribunal El TJSC ya ha dejado en suspenso la resolución aprobada por el Departamento de educación en Cataluña de suspender el concierto a 11 centros del Opus Dei que segregan por sexo), y prohíbe destinar suelo público para centros privados.

Pero se deja por el camino una gran cantidad de reivindicaciones que son cada día más necesarias: No termina con la segregación educativa. No contempla la desaparición de los conciertos educativos. No pone fin a la precariedad de los profesionales. No soluciona la discriminación laboral del profesorado del Cuerpo de PTFP, no dota al sistema de recursos suficientes. No elimina la religión del horario lectivo. No rebaja las ratios (una de las demandas más urgentes), no garantiza la gratuidad de las escuelas infantiles ni de la universidad, ni revierte el modelo de direcciones autoritarias ni opta por la elección democrática de las mismas.  Por citar algunas de las carencias más importantes.

Desde el punto de vista más pedagógico hace una opción por el modelo competencial y el aprendizaje por proyectos, apuesta por la agrupación de asignaturas por ámbitos y limita las repeticiones de curso. Todo ello para algunos sectores no es más que el vaciamiento cultural y el desprecio a la memoria, la exigencia y el esfuerzo, lo que repercute negativamente en el alumnado más desfavorecido, porque si en la escuela no se les proporciona conocimientos, no podrán encontrarlos en otro sitio. De hecho, no hay una apuesta clara por racionalizar, disminuir o mejorar los currículos, que sería lo conveniente y necesario.

En definitiva, es un paso tibio hacia adelante, pero con muchos pasos a recorrer. Y, a pesar de ello, a pesar que no se avanza nada en la reversión de la privatización de la enseñanza, que se consolida la doble red financiada con fondos públicos y que, de hecho, se reconoce la permanencia de la educación privada concertada, la patronal de la escuela concertada ha declarado la guerra a la nueva ley, ha creado una plataforma y ha convocado numerosas protestas aduciendo medidas que ni siquiera se corresponden con la realidad de la ley, ya que “ni se quita el castellano, ni desaparecen los centros de educación especial, ni se suprimen los conciertos, ni se elimina religión” ¿Por qué protesta, pues, la patronal concertada y la iglesia si es una ley casi hecha a su medida?, se preguntan algunos.

Han aparecido también críticas sobre la necesidad de pactar las leyes educativas, para no tener que deshacerlas cada cambio de gobierno. Y es verdad que sería muy conveniente una ley que pudiera ser aceptada y mejorada en los sucesivos gobiernos, sin tener que cambiarla cada vez, pero el problema es que, con estos mimbres, con esta oposición, con esta derecha y estas patronales religiosas que defienden con uñas y dientes sus privilegios, sus negocios y su poder para transmitir su ideología a los futuros jóvenes, digo, con estos mimbres es imposible hacer ningún pacto.

La cuestión de la doble red educativa, de la segregación social que ello conlleva y del supuesto “derecho a elegir” son temas que, en este país, se han permitido por demasiado tiempo. Las izquierdas, en general, han sido poco agresivas y han denunciado poco lo que ello comporta, y ahora es mucho más difícil revertir la situación ya que hacen valer sus “derechos adquiridos”.  No deja de ser curioso, y terrible a la vez, que una de las protestas que esgrimen las organizaciones de la concertada es que la nueva ley los considera “subsidiarios” de los centros públicos, cuando en realidad nacieron justamente para ser esto: subsidiarios, para poder escolarizar a toda la población en un momento en que las escuelas públicas no podían atender a todo el alumnado.

Necesitamos, no solamente avanzar más en los diversos aspectos antes mencionados, sino, sobre todo, hacer mucha pedagogía y cambiar el discurso. Es necesario dotar a la educación pública de todos los recursos necesarios y convencer a la mayoría de la población que la escuela no tiene que ser un reflejo de la familia, sino un lugar en donde se aprenden conocimientos y valores compartidos con la sociedad, un lugar donde se abren las mentes y no una continuación de la ideología de los padres y madres. Es necesario convencer que la socialización entre diferentes culturas, ideologías, clases sociales, religiones, sexos, identidades, etc. Es una gran riqueza y es lo que permite una sociedad cohesionada y una juventud sabia y crítica. Y ello sólo puede hacerlo la educación pública.

Seguiremos insistiendo. Nos jugamos el futuro.

  • Rosa Cañadell. Llicenciada en Psicologia. Profesora. Exportaveu d’USTEC.STEs. Articulista. Membre fuundador del Seminari ïtaca d’Educació Crítica (SIEC). Defensora de l’educació pública. 

Fuente: https://kaosenlared.net/lomloe-nueva-ley-de-educacion-una-tibia-recuperacion-de-lo-perdido/

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«El Congreso aprueba una LOMLOE mejorada, pero lejos aún de las necesidades educativas actuales»

Por: Tercera Información

STERM INTERSINDICAL señala que la controversia política y las demandas de la enseñanza privada en defensa de unos privilegios que no tienen parangón en Europa, no deben ocultar ni las mejoras ni las deficiencias de la ley.

Desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de la Región Murciana, STERM Intersindical, celebramos sin duda la eliminación de los aspectos más lesivos de la LOMCE: segregación del alumnado, eliminación de competencias a claustros y consejos escolares, calificación de la materia de Religión, reválidas. Igualmente somos plenamente conscientes de que supone un pequeño avance en las nuevas medidas de admisión del alumnado en cuanto a la distribución equilibrada del alumnado entre la pública y la concertada, se elimina la posibilidad de establecer perfiles de profesorado. Celebramos que la coeducación, el respeto a la diversidad y la educación afectivo-sexual, la inclusión e incluso la crisis climática sean aspectos centrales de la exposición de motivos. La mayor autonomía de los centros educativos -aún con importantes limitaciones democráticas-, la oferta pública para el ciclo 0-3 años, las prohibiciones de donar suelo público para la construcción de centros privados y de subvencionar colegios que segregan por razón de sexo, son todas ellas medidas necesarias.

Por otro lado, los cambios que introduce la LOMLOE sobre inmersión lingüística, el papel de la enseñanza privada concertada o la eliminación de las reválidas, la eliminación de los estándares de aprendizaje y la reducción de las veces que el alumnado puede repetir a lo largo de su escolaridad obligatoria -medidas que han demostrado ser ineficaces para reducir el fracaso y el abandono escolar- son para adecuarse a la realidad de lo que ya sucede en nuestros centros educativos con buen resultado -la cooficialidad de las lenguas propias-, o para acercarse a lo que es norma general en nuestros vecinos europeos que ni subvencionan la enseñanza privada, ni establecen carreras de obstáculos al alumnado, si no que tratan de integrarlo poniendo los medios  humanos y materiales para ello.

Sin embargo, desde STERM Intersindical, echamos de menos una apuesta más valiente para esta octava ley educativa de nuestra etapa democrática, ya que no permite hacer realidad algunas de las reivindicaciones históricas del sindicato y del colectivo docente. Consideramos que se ha perdido una oportunidad para que el profesorado y la comunidad educativa, que son quienes finalmente aplican la ley, puedan opinar y debatir en profundidad. Y que no puede suponer un cheque en blanco para aceptar políticas educativas que no contemplan las mejoras que consideramos necesarias como:

  • La reducción de las ratios, imprescindible para una atención personalizada del alumnado.

  • La falta de un nuevo modelo de ingreso a la función pública docente, ya que el actual está obsoleto y no garantiza la consolidación del profesorado interino. Al mismo tiempo, ha de solucionarse la problemática de 170.000 personas interinas, casi un tercio de la totalidad del profesorado del sistema educativo público no universitario. Hay que dar estabilidad a este profesorado, y esta ley tampoco lo establece.

  • Recuperación de derechos laborales y mejoras educativas: no se contempla la reducción de jornada lectiva,  la estabilidad de las plantillas,  los planes de estabilidad para el profesorado interino, etc.

  • La equiparación del Profesorado Técnico de Formación Profesional como profesorado de Educación Secundaria que recoge la ley, es un gran paso, pero no incluye a todo este colectivo, lo cual nos preocupa.

  • La Religión Católica debe quedar fuera del currículo escolar. No es suficiente que no cuente para la nota media, que luego repercute en temas como la EBAU o la concesión de becas. La laicidad debe ser una de las bases del sistema educativo en un estado aconfesional, como establece la Constitución Española que es el Estado Español.

  • Ha de asegurarse una financiación del sistema público de enseñanza que la LOMLOE no contempla.

  • La eliminación de la asignatura de Ética en la Enseñanza Secundaria Obligatoria es inaceptable.

En definitiva, vemos como la ofensiva que están protagonizando las derechas y las patronales de la enseñanza privada concertada, con el apoyo de otras organizaciones representativas de esta enseñanza subvencionada con dinero público y en la que están utilizando a menores en sus protestas, es un tema político que en ningún caso responde, pues, a planteamientos educativos ni pedagógicos. Responde a la defensa de unos privilegios que se han dado en España, que se han incrementado con la aprobación de la LOMCE en diciembre de 2013 y que no se dan en el resto de países europeos, salvo alguna rara excepción.

Para Sterm Intersindical la LOMLOE supone una mejora con respecto a la LOMCE porque elimina sus aspectos más lesivos, pero es claramente insuficiente para quienes esperábamos un compromiso y una respuesta a la Escuela Pública, y consideramos que es otra oportunidad perdida para avanzar hacia la Escuela que queremos.

Secretariado de STERM Intersindical

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/20/11/2020/106652/

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Educación cultural y artística en tiempos de pandemia

Por: Víctor Manuel Rodríguez

  • A la difícil situación de las artes y la cultura dentro de los centros educativos, ya sea por su peso en la LOMCE o por la complejidad de muchos colectivos para acceder a ellas, se suma ahora la pandemia, que ha dejado en una situación muy compleja para que puedan desarrollarse actividades que hasta ahora eran casi normales.

Es evidente que en estos tiempos de pandemia, miedos, incertidumbre y restricciones varias, el mundo del arte y la cultura se está convirtiendo, si no en el eslabón más débil, al menos en unos de los más afectados de forma directa y dramática. Cines, teatros y espectáculos a medio gas –y eso si tienen suerte–; artistas que apenas pueden encontrar un hueco para la creación y mucho menos para la difusión de su obra; músicos que no sólo no pueden actuar sino apenas ensayar en condiciones; centros culturales, salas de exposición, cafés o locales cerrados o con acceso muy restringido…

No es de extrañar, porque tampoco es algo que pueda achacarse sólo a esta nueva y complicada situación. Las políticas culturales en nuestro país vienen siendo cada vez más cicateras y torpes. El arte –las artes– y la cultura en general son considerados por muchas administraciones productos de lujo prescindibles, cuando no peligrosos y desestabilizadores. Los medios de comunicación y entretenimiento y, de forma destacada, la televisión han ido poco a poco desplazando de sus programaciones cualquier contenido cultural y reemplazándolo por propuestas cada vez más burdas y zafias en las que se ensalzan y entronizan personajes y comportamientos chabacanos e incultos, maleducados y a menudo agresivos.

Por otro lado, en el ámbito educativo asistimos desde hace años, y sobre todo desde la aprobación de la LOMCE, a un desmantelamiento lento pero seguro de las enseñanzas artísticas, acompañado de manifestaciones de responsables políticos que las tildan de irrelevantes o, en todo caso, de muy residuales.

Una situación a la que, sin embargo, muchos profesionales de la educación han tratado de resistirse a través de diferentes vías.

La primera, sin duda, el propio empeño de los y las docentes por dotar de un mínimo de calidad y coherencia a las actividades artísticas que se desarrollan en los pocos espacios y tiempos que aún nos quedan; aprovechando, a lo largo de las etapas obligatorias, los resquicios de un currículo desmesurado, obsoleto y bulímico, y tratando de dignificar un Bachillerato de Artes al que hay quienes consideran el último recurso para el alumnado que no puede o no quiere acceder a las modalidades que de verdad importan.

La segunda vía que hemos adoptado en muchos centros, a mi modo de ver con notable éxito, ha sido la de incorporar a personas y entidades relacionadas directamente con el mundo del arte y la cultura. Muchas veces en las propias actividades lectivas, a través de proyectos, conferencias, actuaciones e intervenciones que nos han aportado nuevos aires y una motivación adicional para nuestro alumnado. Otras veces, a través de actividades y programas de carácter extraescolar en los que, si bien no se beneficia de forma directa todo el alumnado, se generan espacios de libertad, de reflexión y debate, de experimentación y creación.

En los colegios de FUHEM han sido muchos los colectivos o las personas a las que hemos recurrido. Desde hace años hemos desarrollado proyectos de trabajo de forma regular con entidades como Pedagogías Invisibles, la asociación Akántaros o Calatea Teatro, hemos realizado muchas actividades conjuntas con el Círculo de Bellas Artes y hemos contado en nuestras aulas o en nuestras actividades extraescolares con otras personas o grupos de personas que nos han ayudado a mantener viva en lo posible la llama del arte y la cultura, pero también de la transgresión, la crítica, la reflexión y la militancia, para colaborar en la construcción de un mundo mejor y más culto, más libre y más humano. Por supuesto, también hemos acudido con nuestro alumnado a cines, teatros, espectáculos, conciertos, museos, exposiciones y otras muchas manifestaciones culturales que engrosaban nuestras posibilidades de conectar lo que pasa en las aulas con el mundo de la cultura y las artes.

La crisis por la que estamos atravesando, con las incertidumbres, miedos y restricciones a los que aludía al principio, ha supuesto también un freno a estas actividades y, sobre todo, a las que tenían que ver con la colaboración de agentes culturales y artísticos externos.

Más allá de los meses transcurridos el pasado curso sin actividad educativa presencial, que supusieron ya un varapalo para el trabajo que veníamos desarrollando en estos ámbitos, programar en este nuevo curso actividades en las que podamos contar con profesionales externos resulta tremendamente difícil con los escenarios de prevención y reducción de contactos en los que se desarrolla nuestra labor.

De igual modo, hemos restringido –si no lo estaban ya en los propios lugares en los que se desarrollan– nuestras salidas de carácter artístico y cultural. Mantenemos algunas, como imagino que harán en muchos otros centros, pero no nos engañemos: el desplome es de tal magnitud que hace casi inviable la pervivencia de muchas de las actividades que se programaban cada año y, por ende, de muchas compañías, colectivos y artistas muy volcados con las instituciones educativas.

A esta dificultad en las actividades en el horario lectivo se añade un desplome generalizado en las de carácter extraescolar. Si bien se ha conseguido mantener a duras penas las relacionadas con los deportes o los juegos en el exterior, las que tenían que ver con el teatro, la danza, la música y el canto o la creación literaria, entre otras, se han quedado, sencillamente, sin usuarios.

El panorama es, desde luego, poco alentador, y resulta muy difícil esperar o imaginar una solución en el corto plazo. Tal vez lo único que podamos hacer ahora es, al menos, ser conscientes de esta penosa realidad y tratar de no mirar para otro lado como si no fuera cosa nuestra. Aprovechar cualquier posibilidad, por modesta que sea, para que no desaparezcan de nuestras escuelas los aires siempre frescos que nos aportan los distintos colectivos y personas que han trabajado con nosotros y nos han enriquecido con su buen hacer.

Y, por encima de todo, mantener viva la esperanza y el deseo de volver a contar con todas las alianzas posibles y necesarias cuando pase esta tormenta perfecta que ha golpeado de forma tan dura a un sector imprescindible en nuestros centros educativos, en nuestras maltrechas sociedades y en nuestras vidas.

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/11/04/educacion-cultural-y-artistica-en-tiempos-de-pandemia/

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Francisco López Rupérez: “La escuela todavía no consigue compensar lo que no se aprende en casa”

Por: Ana Torres Mernárguez. 

 

Francisco López Rupérez (Madrid, 71 años) no aprendió a ser perseverante en el colegio. Fue su padre quien le inculcó el sentido del esfuerzo, según cuenta en su último libro El currículo y la educación en el siglo XXI (Narcea) el que fue presidente del Consejo Escolar del Estado —máximo órgano consultivo en materia educativa del Gobierno— entre 2012 y 2016, con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tras una vida dedicada a la educación —fue consejero de la OCDE y de la Unesco en París—, cree que las sucesivas leyes educativas —está en trámite la octava de la democracia— no han tenido un efecto contundente a pie de aula y da un dato: el país no ha conseguido reducir el abandono escolar temprano al 15% como fijó la Comisión Europea para 2020 (está en el 17,2%).

En su última publicación, López Rupérez, que actualmente es el director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela, analiza los retos que debe afrontar el currículum en España con una prioridad: integrar las llamadas competencias globales (las habilidades sociales de los alumnos) de una forma efectiva, “con menos burocracia” y con más trabajo práctico por parte de los estudiantes.

Pregunta. Cuenta en su libro que su padre fue quien le transfirió las habilidades no cognitivas, las que no están relacionadas estrictamente con el conocimiento. ¿Se pueden adquirir en la escuela? ¿Qué peso tiene el capital sociocultural de la familia?

Respuesta. Mi padre fue un pequeño empresario y de él aprendí valores como el esfuerzo o la autoconfianza. Son habilidades de la esfera personal que en la vida adulta tienen un efecto directo en el plano laboral. Hay muchas evidencias que demuestran como las empresas valoran cada vez más esos comportamientos, incluso a veces por encima de los conocimientos. Una forma de aprenderlas es a través del ejemplo, de ver ese proceder en otra persona cuando eres niño. Esa es una de las novedades que incluye el currículum por competencias, que se introdujo en España con la LOE (ley educativa aprobada por el PSOE en 2006). La principal novedad es que no solo se centra en los conocimientos, sino en las actitudes y valores. El problema es que todavía no tenemos experiencia en la evaluación de esas habilidades.

P. ¿Está la escuela en España en posición de equilibrar esas habilidades entre quienes lo aprenden en casa y quienes no?

R. No. La escuela todavía no consigue compensar lo que no se aprende en casa. Ese es uno de los grandes desafíos. Cuando era presidente del Consejo Escolar del Estado desarrollamos una investigación en colaboración con siete universidades españolas sobre el papel de las familias. La implicación parental es uno de los cinco factores que más impacto tiene sobre los resultados académicos. Esto nos lleva al problema de la equidad.

P. La OCDE lanzó en 2018 la llamada Global Competence para evaluar a los alumnos de ese plano dentro de las pruebas PISA. Según estudios de Project Zero, de la escuela de educación de la Universidad de Harvard, hay una base científica muy fuerte sobre la relación entre la capacidad para aprender y el estado emocional.

R. La OCDE todavía no ha encontrado la fórmula para evaluar esas habilidades sociales. Uno de los errores que se cometió en España al incorporar las competencias en el currículum (con la LOE) fue que se hizo sin una estrategia y sin un método claro de evaluación. Se ignoró la complejidad del proceso, no se formó suficientemente al profesorado, ni se analizó cómo lo estaban haciendo otros países de la UE. Entonces ya lo advertimos desde el Consejo. La evaluación es necesaria, sirve para ordenar comportamientos inteligentes, para corregir errores y aprender de la experiencia. Si no hay datos sobre nuestra evolución, iremos a ciegas. Por eso, hay que replantear el sistema de evaluación, de forma que suponga menos burocracia para los docentes.

P. Dice en su libro que la LOMCE, la ley educativa aprobada por el PP en 2013, supuso todavía un mayor perjuicio para la implantación de esas competencias en el sistema educativo. ¿Por qué?

R. En España hay una excesiva confianza en el poder de las normas para transformar la realidad, y eso por sí solo no funciona. La LOE introdujo el enfoque por competencias para todas las asignaturas en primaria y secundaria. Luego la LOMCE profundizó más en el error y lo extendió también al bachillerato: todas las etapas, todos los cursos, todas las materias y al mismo tiempo. Se ignoró el enfoque gradualista que han adoptado la mayoría de países de la UE, que permite avanzar de forma progresiva y aprender de la experiencia, teniendo en cuenta de que se trata de una orientación del currículo novedosa.

P. Critica en su libro que la educación va a la zaga del progreso tecnológico y que, a la larga, eso genera mayor desigualdad económica. Hay institutos públicos en los que la red wifi no funciona.

R. Hay un dato muy revelador que sale del informe PISA 2018 (que mide las competencias en matemáticas, comprensión lectora y ciencias de los alumnos de 15 años de los países de la OCDE). En España, el 48,8% de los alumnos afirmaron que no se conectaban nunca a Internet desde su centro educativo, o lo hacían menos de media hora. Eso demuestra que los déficits de infraestructuras digitales son menores que los de uso. Además, el 78,9% de los estudiantes dijo que en su centro no hay libros electrónicos, el 68,3% que no hay tabletas disponibles, y el 44,7% que no hay portátiles disponibles.

P. ¿Cree que el sistema espera que sea la Universidad quien corrija ese déficit tecnológico de los alumnos al acceder a ella?

R. Cerca de un 65% de los alumnos no van a la Universidad –según datos de Eurostat, en 2019 el 38,6% de la población entre 25 y 64 años tenía estudios universitarios, frente al 31,6% de media de la UE-. Si no adquieren esas competencias digitales en el ámbito escolar, lo tendrán que hacer en el futuro con una eficacia muy inferior. Según la UE, se trata de una de las competencias básicas, al mismo nivel del cálculo o de la lectura. Es el abc del consenso internacional en materia educativa.

P. Sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida, afirma que la educación es un prerrequisito para el aprovechamiento posterior de esa formación. ¿Dónde está la grieta en el sistema para explicar el 17,2% de abandono escolar temprano (jóvenes entre 18 y 24 años que dejaron los estudios una vez obtenido el título de la ESO)?

R. La formación a lo largo de toda la vida está condicionada de forma drástica por el hecho de haber completado los estudios de secundaria. Si no, es poco probable que se beneficien de esas posibilidades a lo largo de su vida adulta. Los portugueses, por ejemplo, ya han bajado su tasa de abandono escolar al 10%, mientras España no ha sido capaz de alcanzar el objetivo del 15% con el que se comprometió con Europa para 2020 (la media de la UE está en el 10,3%). Los mecanismos de atención a la diversidad, el apoyo a los alumnos con déficits de aprendizaje no están funcionando. Las actuaciones previstas en la normativa para reducir las diferencias en los resultados académicos ligadas el estatus socioeconómico no son efectivas. Somos los terceros en repetición por detrás de Luxemburgo y Bélgica, con una tasa de repetición entre alumnos de 15 años del 30,5%. Cuanto mayor es la repetición, menor es la tasa de graduación en la ESO, con un valor predictivo del 67%, según nuestra última investigación a partir de datos del Ministerio de Educación. Hay que replantear ese tipo de políticas y no centrarse solo en mejorar las becas. Eso costará dinero.

P. En el Congreso se está tramitando la octava ley educativa de la democracia. ¿Las diferentes normas han mejorado el sistema educativo?

R. España está estancada en el plano educativo. La evolución del sistema presenta una línea cuasi horizontal. Por ejemplo, en la última década, la población entre 25 y 34 años que ha completado la educación secundaria superior (bachillerato o formación profesional) ha pasado del 65,3 al 69,4 %, mientras que Portugal, en ese mismo periodo, ha evolucionado del 52,5 al 74,6%. Es decir, nos ha adelantado. Hay otro dato: según un análisis de PISA sobre la evolución de cada país desde la primera edición del informe (2000) hasta la última (2018), el diagnóstico para España es de una evolución “plana” o “negativa”, mientras que para Portugal es “positiva”. En el año 2011, nuestros vecinos portugueses ampliaron la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 18 años.

P. La OCDE ha identificado retos comunes para diferentes países, el primero es el rediseño de los currículums, que están sobrecargados. Es un tema que no parece interesar a los partidos en la oposición.

R. Los currículos superextensos promueven aprendizajes superficiales, hay que aligerarlos. Los aprendizajes profundos están contemplados en los parámetros educativos internacionales. El objetivo es que los alumnos puedan trasladar unos conocimientos concretos a otras disciplinas. Para que los contenidos se fijen en la memoria a largo plazo tienen que generarse estructuras, conexiones sinápticas en el cerebro. Eso hay que fabricarlo, lleva tiempo, y tiene que estar orientado por el profesor. Hay que dedicar más tiempo a aprender la misma cosa.

Fuente de la entrevista: https://elpais.com/educacion/2020-08-04/francisco-lopez-ruperez-la-escuela-todavia-no-consigue-compensar-lo-que-no-se-aprende-en-casa.html

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España: División ante la nueva ley educativa aprobada por el Consejo de Ministros

Europa/España/05 Marzo 2020/eldiariolaeducacion.com

Se podría decir que nadie está del todo contento con la previsible próxima ley de educación que llegará al crongreso en los próximos días después de la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros de esta mañana.

Mientras que sectores como el de Escuelas Católicas (principal patronal de la escuela concerada) entienden que el proyecto nace sin consenso con la comunidad educativa y supone un ataque a la libertad de elección de las familias y al propio sistema de conciertos, otros sectores ven una esperanza en la recuperación de ciertos valores por parte del sistema y en la derogación de la Lomce.

El proyecto de ley, conocido desde hace más o menos un año, fue desgranado hace unos pocos días en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. Lo explicó la propia ministra Isabel Celaá a todos los grupos parlamentarios. Insistió entonces la ministra en cuestiones como la coeducación, la lucha contra la segregación escolar ya sea socioeconómica o de otro tipo, en la centralidad que ha de tener la escuela pública o en el proyecto que de aquí a un año quiere poner en marcha para desarrollar una auténtica carrera docente.

Hoy, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ha insistido en algunos de estos aspectos, así como en la apuesta del Ejecutivo por el desarrollo de la educación infantil de primer ciclo, en la vuelta a los ciclos en la primaria para evitar el aumento producido de la repetición durante el periodo de desarrollo de la Lomce o la necesidad de generar un sistema educativo que permita que todo el alumnado, independientemente de la vía en la que esté matriculado, tenga acceso al título de graduado en secundaria obligatoria.

La ministra ha insistido en la obligación de que el sistema lo sea de excelencia y de equidad. Muchos de los puntos nuevos del texto insisten en la idea de una atención personalizada al alumnado o en el camino hacia la educación inclusiva que suponga un cierto trasvase de alumnado de la educación especial hacia la ordinaria a lo largo de una década.

Para Escuelas Católicas la nueva ley supone un ataque a la escuela concertada, por varios motivos. El proyecto de ley suprime el llamado criterio de la demanda social, introducido por la Lomce y utilizado en algunas comunidades autónomas para favorecer el crecimiento de los conciertos mientras se cerraban unidades en centros públicos. Desde el punto de vista de esta patronal, la mayoritaria, resulta una medida «especialmente preocupante», como lo es también la vuela a la entrada de un representante municipal en los concejos escolares de los centros concertados. Figura que califican como de «comisario político».

Finalmente la patronal de centros católicos critica la falta de consenso de este proyecto de ley y el hecho de que no haya pasado por el Consejo de Estado o el Consejo Escolar del Estado. Unos trámites, el primero, según explicó Celaá en el Congreso la pasada semana, no obligatorio, y el segundo, pasado en la anterior legislatura. El Ministerio ha presentado exactamente el mismo texto que ya aprobara el Consejo de Ministros hace un año para, efectivament,  evitar la obligación de tener que pasar por este trámite y acelerar su llegada al Congreso.

La crítica a la falta de participación también se ha podido notar en las redes sociales, en donde no han sido pocos los docentes que llevan días criticando el hecho de que no se cuente con ellas y ellos a la hora de redactar la ley que determinará su trabajo en los próximos años. Peticiones de bajadas de ratio y de aumento de recursos personales y económicos son las más habituales estos días en redes como Twitter,

En la otra punta, podría estar el sindicato FeSP-UGT que ha ha mostrado su alegría ante la posibilidad de derogar la Lomce y, con ella, sus efectos sobre el sistema educativo. También ha hecho hincapié en lo positivo que tiene el que se apueste por la educación pública o la coeducación.

Esto sí, se muestra el sindicato descontento con el hecho de que la ley solo contemple una subida del presupuesto dedicado a educación de hasta un 5% durante la legislatura. Este sindicato, como otros colectivos, apuestan por alcanzar un 7% del PIB en los próximos años.

Organizaciones como Save the Children también han pedido más energía para el texto que salga del Congreso de los Diputados. Sobre todo en dos apuestas: la lucha contra la segregación escolar y en el desarrollo de una educación infantil de 0-3.

Para esta ONG faltan medidas más específicas en relación a la segrgación socioeconómica, «en concreto desde la admisión, la financiación de los centros educativos y la revisión de los conciertos», dice en un comunicado la entidad. Save the Children propone un endurecimiento de los conciertos y de la persecución contra el cobro ilegal de cuotas, así como un reparto más equilibrado de la población en peor situación socioeconómica.

Duda presupuestaria

Una ley que podría nacer con pies de barro si en su tramitación no se tiene en cuenta un marco mínimo de inversión. Muchas de las medidas que propone, de sus principios básicos, como el de la escuela inclusiva, pasan por un importante aumento de la financiación de la educación, ya sea pública o concertada.

La apuesta por un sistema educativo inclusivo que no segregue al alumnado con necesidades educativas especiales, o al que esté en condiciones socioeconómicas más complejas, requiere de más personal de apoyo en los centros, un personal «desaparecido» durante los años de graves recortes económicos.

La ley prevé una apuesta por la universalización del 0-3, algo que recoge el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Pero no se ha hablado de la cuantía d este aumento de centros educativos ni del número de sus profesionales.

Y mientras la ley pasa su trámite con más o menos dificultades, problemas como el de las ratios en las aulas siguen muy presentes. O el de las horas lectivas del profesorado. Con la modificación legislativa queel Ministerio hiciera en la última legislatura dejó al arbitrio de las comunidades autónomas los máximos de ratio por aula, lo que ha supuesto que aquellas en las que el PSOE gobierna hayan apostado por una bajada más o menos significativa de las ratios impuestas por el Decreto 14/2012 impuesto por José Ignacio Wert cuando era ministro de Educación. Otras, como Madrid, se han mantenido en las mismas cifras.

Qué hay de nuevo

Desde el Ministerio se ha insistido en que el texto no es simplemente una vuelta a la LOE de 2006, sino mucho más. Como ejemplo, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha hablado del peso que tendría una visión de la ley desde la óptica de los derechos de la infancia o del peso que tendrá la coeducación a lo largo de todo el texto.
También se han recogido algunas de las reivindicaciones de los colectivos de la educación infantil, aunque dejando algunas puertas abiertas a posibilidades que no mejorarían, de facto, la situación de esta primera etapa educativa.

La Lomloe recoge, eso sí, la vuelta a los ciclos en educación primaria. Un cambio no menor si se tiene en cuenta que ha habido un cierto repunte de la repetición de curso con su desaparición auspiciada por la Lomce. «No hacerlo así supone un aumento de repeticiones indeseables», ha dicho la ministra Celaá durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El gran reto educativo que tendrá por delante la ley, posiblemente, sea el de la disminución del Abandono Educativo Temprano (AET) que, aunque ha descendido mucho en los últimos años, se encuentra más de dos puntos porcentuales por encima del objetivo marcado por la UE para España del 15% para este 2020. No parece razonable pensar que en los próximos meses pueda reducirse esta cifra.

Para hacer frente a dicha situación, desde el Ministerio pretenden que los diferentes itinerarios formativos del estudiantado, ya sea por la vía académica o profesional, no cierren ninguna puerta, de manera que la rama de la formación profesional básica concluya con el título de ESO y que, de esta manera, quienes la cursan tengan la opción de cruzar a la vía académica más adelante.

La inclusión ha ganado puntos a lo largo de los últimos años en el discurso educativo, entre otras cosas por el tirón de orejas que la ONU le dio al Gobierno español tras la visita de una delegación que supervisó la situación de la educación inclusiva en España. El informe, demoledor, acusaba al país de no estar haciendo su trabajo en relación a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y que implica la escolarización de todo el alumnado en un único sistema ordinario, y no en la doble vía de la educación especial o las aulas específicas dentro de los centros convencionales.

La ministra ha anunciado, como ya había hecho en otros momentos, a la iniciativa según la cual, de aquí a un año, el Gobierno se ha comprometido a tener un documento que desarrolle la carrera docente, desde la formación inicial hasta el final de la profesión.

Ha asegurado que habrá un periodo, tras la entrada del profesorado en los centros educativos, de aproximadamente un curso lectivo, en el que el nuevo docente estará tutorizado «con el fin de mejorar su práctica», ha precisado Celaá.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/03/03/division-ante-la-nueva-ley-educativa-aprobada-por-el-consejo-de-ministros/

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El negocio de la educación (ii parte). 35 años de leyes para privatizar las aulas: de la lode a la lomce.

Por: Daniel Sánchez Caballero

España no ha sido ajena a la mercantilización generalizada de la educación, pero lo ha hecho a partir de conceptos propios como “libertad de elección” y una regulación que ha atraído a grandes fondos de inversión.

Todo gira, básicamente, en torno a dos conceptos: “Libertad de elección” y, más recientemente, “evaluaciones estandarizadas”. España no ha sido ajena a la corriente mercantilizadora que se vive en el mundo desde finales del S.XX, pero lo ha hecho a su estilo.

El traspaso de fondos públicos a instituciones privadas y el desembarco en la educación de una lógica de “cuasimercado” empezó en 1985, cuando el Gobierno de Felipe González creó la escuela concertada con la LODE y decidió pagar a centros privados para que se integraran en la red pública.

En su momento la medida se justificó porque se ampliaba la educación obligatoria desde los 14 a los 16 años y no había colegios suficientes para acoger a este nuevo estudiantado. Pero desde entonces esta partida no ha hecho más que crecer (se ha multiplicado al menos por dos desde 1992, teniendo en cuenta la inflación) y la normativa ha ido reforzando los conciertos hasta culminar con la LOMCE, la actual ley, que llegó a blindar el pago a centros que segregaran por sexo.

La todavía vigente LOMCE ha sido el intento más obvio de desarrollar esta apuesta por hacer negocio con la educación en España. Y para entender la LOMCE hay que mirar a un sector no tan activo en España, pero muy habitual en otras coordenadas: los lobbies, y en concreto FAES, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales del PP.

“El think tank FAES es el actor que está ejerciendo especial protagonismo en el diseño y la defensa de nuevas políticas neoliberales en el ámbito educativo”, escribió Geo Saura, profesor de la Universidad de Barcelona, en el estudio Think tanks y educación. Neoliberalismo de FAES en la LOCME.

“Desde su comienzo, FAES ha ido generando narrativas para reformar el sistema educativo desde una vertiente ideológica y práctica del neoliberalismo”, comenta Saura. “Los ejes centrales han sido la elaboración de discursos en los que se aboga por ofrecer libertad de elección de centro a las familias y modificar los roles que debe ocupar el Estado en el control de la educación”.

Francisco López Rupérez, uno de sus más ilustres miembros en cuestiones educativas, escribió en 2003 que la educación estaba afectada por la “enfermedad de lo público”. Enfermedad que se curaba con mecanismos de privatización. Pedro Schwartz, otro de los ideólogos de cabecera de FAES, definió en 2008 el sistema de distribución de alumnado como “soviético centralizador” y que no promovía la libertad de elección familiar.

Cinco años más tarde de las palabras de Schwartz teníamos la LOMCE, que ya en su artículo 1 cambiaba todo el corpus legal educativo histórico al cambiar la garantía de plazas escolares para todos: ahora podrían ser públicas, como siempre, o privadas concertadas, según decidieran los padres y reclamara la “demanda social”, un término lo suficientemente ambiguo como para recoger muchas cosas.

La otra pata de la mercantilización educativa, previa a la LOMCE pero consolidada en esta, son las famosas evaluaciones estandarizadas. “Son el instrumento esencial para posibilitar las políticas de privatización encubierta de cuasimercados, rendición de cuentas y gestión de resultados”, analiza Saura. Durante un tiempo se llegaron a publicar clasificaciones de colegios en la prensa. Los colegios competían entre sí y los padres elegían al mejor, en una maniobra que ahondó en la situación inversa: al final son los colegios privados-concertados los que eligen a sus alumnos mediante diferentes artimañas.

Un poco de historia

La LOMCE fue la culminación, pero tampoco surgió de la nada. La situación venía de atrás. Empieza con la LODE, en 1985, que asimila los privados en el sistema a través de los conciertos. “La LODE establece el inicio del cuasimercado educativo español distinguiendo entre colegios privados, privados-concertados y públicos para posibilitar la elección a las familias”, explica Saura. Los colegios tenían que competir por el alumnado.

La LOGSE trae cosas positivas, cuenta Beatriz Quirós, catedrática de instituto jubilada que ha estudiado la materia y publicado diversos estudios al respecto. Pero también abrió la puerta al reglamentarismo y a las desigualdades académicas. En el 95 se pone en marcha la LOPEG, que dibuja el marco legal para la entrada de la privatización del sistema educativo y profesionaliza la dirección de los centros, quitando a los Consejos Escolares la capacidad de decisión que tenían en favor de los directores.

La LOCE del PP, en 2002, ya introduce el neoliberalismo sin ambages: “Cultura del esfuerzo”, jerarquización de los centros escolares, que compiten entre sí… De esta norma los expertos destacan que se centró en la figura de la dirección de los centros, “otorgándole a la figura una toma de decisiones propias de planteamientos gerenciales”, cuenta Saura. Nunca entró en vigor porque llegó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobó la LOE, pero el camino ya estaba marcado.

“La LOE debería haber supuesto un freno a las políticas neoliberales, pero no lo hace. Se aplica la estrategia de Lisboa, no hay medidas para mantener el personal en los centros, se introducen las competencias básicas, las evaluaciones de diagnóstico, se filtran clasificaciones de colegios, empieza el gusanillo de PISA, hay que quedar bien colocado… Calan esas ideas y se pervierte la educación”, explica Quirós.

En paralelo, y al calor de la crisis de 2008, en España empiezan a recortarse los presupuestos. La administración dedica hoy a la Educación exactamente el mismo dinero que invertía en 2007, unos 47.500 millones de euros en total. Pero la escuela privada concertada, en manos de la Iglesia en su mayoría, recibe un 25% de fondos públicos más que entonces.

Con este panorama, son las familias quienes compensan este estancamiento en el gasto público en busca del mejor futuro para sus hijos: su gasto educativo ha subido casi un 50% en esa misma década, pasando de 8.700 millones de euros al año en 2007 a 12.300 diez años después.

En el mundo se siguió una tendencia parecida. Por seguir con la misma referencia temporal, los países invertían de media el 4,41% de su PIB en Educación en 2007. Una década más tarde ese porcentaje era del 4,67% de su PIB en Educación, una subida del 5%. Pero el PIB ha subido en el mismo periodo cerca de un 30%, al pasar de unos 60.000 miles de millones de euros a unos 80.000.

La escuela que segrega

Esta mercantilización de la educación está modelando una escuela más sectaria, menos social y que poco a poco va perdiendo el papel de ascensor social que sí ha llegado a ejercer. Lo dicen los profesores, que lo ven, y lo dice la estadística.

En España, el 69% de los hijos de familias con estudios superiores irá a la universidad mientras que el 56% de los descendientes de familias que no pasaron de la secundaria obligatoria (16 años) se quedarán en el mismo punto, según datos de la OCDE. Más: los descendientes del 20% de las familias más pobres necesitarán cuatro generaciones enteras para alcanzar el nivel de vida medio en el país.

La segregación campa por las escuelas. Los ricos van a clase con los ricos a la escuela privada (concertada o no) y los pobres con los pobres a la pública. Lo dice la Fundación BBVA en el informe Diferencias educativas regionales 2000-2016, lo escribió el profesor de la UAM Javier Murillo en un detallado estudio que colocaba a España como el sexto país que más segrega de Europa y a Madrid –laboratorio educativo del PP durante todo el principio del siglo XXI– como la región puntera en este apartado en Europa.

Esta distribución del alumnado tiene sus consecuencias: mejores colegios, mejores compañeros, mejores notas, mejores estudios, mejores trabajos. Esto es una cadena, está estudiado que funciona así (hablando de grandes grupos, los individuos se pueden salir de esta lógica). Si tus padres estudiaron y tienen libros en casa, más opciones tendrás tú de seguir su camino.

Y llegaron los másteres

La llegada de Bolonia supuso una especie de confirmación de estas tendencias. Fuera su intención o no, el desembarco del espacio superior de educación europeo en España (el conocido como plan Bolonia) en el curso 2008-2009 tuvo al menos un doble efecto: los másteres pasaron a ser parte fundamental de los estudios (cuestan el doble o triple que un grado) y como consecuencia las universidades se encontraron con una nueva entrada de ingresos privados. Bolonia cambió la estructura de los estudios universitarios para proponer, con carácter general, carreras más cortas (y más genéricas) que idealmente se completan con un máster para la formación específica.

Alumnos de máster en las universidades privadas.

El individualismo aspiracional con el que bombardea el capitalismo neoliberal lleva a una frenética carrera por llegar a los mejores empleos (o al menos los más remunerados). Estudiar se convierte en obligatorio por el mercado, de manera que ya se ofrecen más másteres (3.540 el último curso) que grados (2.854). Haz un máster. Haz otro. Y los hacemos: en diez años el número de alumnos de posgrados se ha cuadruplicado, multiplicando los 50.000 que hicieron uno el curso que se implantó Bolonia hasta los más de 200.000 del pasado año, según datos de Educación. Antes, uno de cada 25 estudiantes hacía un posgrado. Ahora es uno de cada seis y medio.

Y no son precisamente baratos. Además, la llegada de esta creciente fuente de ingresos para las universidades coincidió en el tiempo con el recorte a la financiación pública que impulsó Rajoy cuando empezó la crisis. Son las universidades privadas las que cada vez más están recogiendo ese pastel: han pasado de tener uno de cada seis alumnos de máster a uno de cada tres en diez años. Y subiendo.

Pero el mercado laboral dual que se está conformando (unos cuantos trabajos bien remunerados arriba, una mayoría de empleos que no requieren de demasiada formación) no es capaz de absorber a todos estos estudiantes formados y el resultado es que España el país de Europa con más universitarios en trabajos que no necesitan esa cualificación. Somos campeones en sobrecualificación: uno de cada tres empleados ha estudiado bastante más de lo que exige su puesto. Por el camino, miles de euros gastados en una formación que quizá no se utilice nunca.

Compraventa de colegios y universidades

La evolución de estas ideas y del propio mercado ha llevado a la creación de un sector educativo de dimensiones a considerar. La Educación mueve mucho dinero. Pese a los recortes, las cifras siguen siendo golosas. Los países de la UE gastaron 716.000 millones de euros en Educación en 2015, a lo que habría que sumar el gasto privado, que solo en España fueron más de 12.000 millones de euros el pasado año. Y esta partida –la de las familias–, al contrario que las públicas, solo sube.

Porque todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos. Los padres no escatiman, dentro de sus posibilidades. Los Gobiernos gastan en escuelas, en profesores, en equipamiento, tanto hardware como software. Las tecnológicas pelean por coger su trozo del pastel. Google, IBM, HP y muchos otros gigantes han saltado de lleno al sector ofreciendo recursos, en forma de maquinaria o programas, conocedores de que meter el pie en el sector solo puede traer buenas noticias. Las start-ups crecen como setas. Solo el pasado año el sector tecnológico movió unos 6.500 millones de euros en todo el mundo.

Ejemplos de este negocio en torno a la educación se pueden observar en España en todos los niveles educativos. En educación obligatoria sirva el ejemplo de los colegios Laude, un grupo compuesto por diez centros privados repartidos por el país. En 2006, los fondos Dinamia y N+1 compraron cinco colegios en una operación que se cerró por unos 18 millones de euros, según contaba la prensa entonces. El “tamaño” y el “crecimiento sólido del mercado” se citaban como puntales para una buena inversión.

El grupo fue creciendo con la compra de más centros hasta que en 2014, tras una inversión total de 35 millones, se vendió por entre 35 y 45 millones de euros al gigante International School Partnership (ISP), cuyo principal accionista es Partners Group, la firma de capital riesgo más grande de Suiza. A día de hoy, el grupo Colegios Laude SL es el segundo más grande del sector con una facturación anual de 46,8 millones de euros en 2017 y un resultado de explotación de 3,6 millones de euros.

Al menos, siempre quedarán las competencias y la satisfacción de tener una escuela “eficiente” que dé “empleabilidad” a los jóvenes. Pero, se preguntan los expertos, ¿es la “empleabilidad” una garantía de empleo por sí misma?

Fuente e imagen tomadas de: https://insurgenciamagisterial.com/el-negocio-de-la-educacion-ii-parte-35-anos-de-leyes-para-privatizar-las-aulas-de-la-lode-a-la-lomce/

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