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Cinco medidas para atajar el abandono escolar (propuestas por los profesores)

Por: Ignacio Zafra. 

Los docentes plantean soluciones en el Foro de Educación de EL PAÍS

España es el país de la Unión Europea con una mayor tasa de abandono escolar temprano: el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que como mucho terminó la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y no está estudiando. En España alcanza el 17,9% (el 7% del total de jóvenes de esas edades ni siquiera tiene la ESO), mientras la media de la UE está en el 11,9%.

Los jóvenes que dejan las aulas lo hacen básicamente para encontrar trabajo, según concluye una investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) elaborada por Lorenzo Serrano, Ángel Soler y Laura Hernández. Pero es una decisión contraproducente: el abandono temprano implica para los jóvenes menos posibilidades de encontrar empleo, y tener que conformarse con trabajos menos estables y peor pagados. El abandono es cuatro veces y media más frecuente entre quienes no terminaron la ESO. Afecta más a los hijos de emigrantes. Y se reduce cuanta mayor formación y recursos económicos tienen los progenitores. El estudio del IVIE reflejó que la tasa de abandono de los alumnos de hogares que llegaban a fin de mes «con mucha facilidad» era del 7%. Entre los que llegaban a fin de mes «con mucha dificultad» se disparaba al 44,5%.

El Foro de Educación de EL PAÍS ha planteado esta semana a la comunidad educativa la pregunta: ¿Por qué es España líder en abandono escolar y cómo hay que afrontarlo? Estas son las cinco medidas que más apoyo han recibido, al margen de la de aumentar la inversión pública en educación, que es una idea común en casi todos las respuestas.

UN ABISMO ENTRE TERRITORIOS

Existen grandes diferencias. Por sexos: entre los hombres alcanza el 21,7% y entre las mujeres, el 14%. Y por comunidades: dos cumplen el objetivo de situarse por debajo del 10% propuesto por la Comisión Europea para 2020; País Vasco (6,9%) y Cantabria (9,8%). Y otras cinco alcanzan el objetivo específico que la UE ha puesto a España, bajar del 15%: Navarra, Asturias, Castilla y León, Galicia y Madrid. En el extremo negativo se sitúan Baleares (24,4%) y Andalucía (21,9).

El problema viene de lejos: la tasa española alcanzaba el 30,9% en 2002. Y está ligado al ciclo económico: tradicionalmente, cuando las cosas van bien y hay más posibilidad de encontrar un empleo, el abandono escolar temprano aumenta, y a la inversa, según concluyó un exhaustivo estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) publicado en 2014 que le había encargado el Ministerio de Educación. La reducción experimentada en los últimos tres años, menos intensa que los anteriores, así lo refleja.

1. Reforzar las primeras etapas

Muchos profesores, como Raúl Moreno, de El Puerto de Santa María (Cádiz), creen que aunque se materialice en la adolescencia, las bases del abandono escolar se sientan mucho antes, en Primaria, aunque físicamente los alumnos sigan yendo a clase, y piden por ello reforzar esta etapa. Eduardo Ferrer Grima, que fue durante 28 años profesor director del colegio Arturo Soria de Madrid, cree además, que la educación obligatoria debería adelantarse a los tres años, en línea con los estudios que apuntan a la influencia que haber cursado esta etapa tiene en el éxito académico posterior.

2. Aumentar las becas en enseñanzas no universitarias

El primer motivo por el que los alumnos abandonan de forma temprana los estudios es el de conseguir un empleo. Y lo hacen en mucha mayor proporción los alumnos de hogares pobres. Para reducir la tasa, razonan Pedro Badía y Alonso Gutiérrez, de la Secretaría de Política Educativa de Comisiones Obreras, sería muy útil aumentara las becas y ayudas económicas en las enseñanzas no universitarias.

3. Más Formación Profesional

Son mayoría las voces que consideran que la batalla contra el abandono temprano debe ganarse en la Formación Profesional, la enseñanza que consideran más atractiva para el alumnado que ahora deja los estudios. «Faltan centros de FP y falta orientar a los alumnos hacia esta rama de la educación que tan buenos resultados está dando», señala María Teresa Parla, profesora de Electrónica en Madrid. La docente recuerda que solo el 12% de los jóvenes de 15 a 19 años cursan FP frente al 25% de media en la OCDE. Varios profesores reclaman, además, más FP dual, en la que los alumnos compaginen las clases con trabajo remunerado en empresas.

4. Bajar las ratios

La reducción del número de alumnos por aula es considerada por docentes, orientadores y padres una necesidad para poder ofrecer una educación más personalizada que con frecuencia queda enmascarada por la estadística. En España hay, de promedio, 14 estudiantes por aula, pero Beatriz Alonso, profesora de Secundaria en A Coruña, apunta: «En la España vacía hay muchos centros educativos con muy poco alumnado. Sin embargo, la realidad es que en otros lugares hay otros muchos con las clases hasta los topes». Anton Castro, profesor de FP en la misma ciudad, añade: «Cada año entran 22 adolescentes en mi taller a los que puedo atender tres minutos por hora. Ese es un gran problema. Antes de la LOMCE la ratio era de 15, por lo que tenía cuatro minutos por hora, era poco, pero ahora es peor».

5. Potenciar los equipos de orientación escolar

Parte de las respuestas opinan que el abandono se reduciría con mejores equipos de orientación, que en muchos centros corre ahora a cargo de profesionales con centenares de alumnos a su cargo. «Los equipos de orientación apenas pueden diagnosticar, y no tienen recursos para tratar a los alumnos con necesidades educativas», afirma David González, orientador en Madrid. González considera que, debido a esas carencias se produce «un sobrediagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y un infradiagnóstico de trastornos de lectura, cálculo y dislexia».

Fuente de la reseña: https://elpais.com/sociedad/2019/10/04/actualidad/1570204493_705336.html

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España: La censura sobre la diversidad sexual entra en la escuela

Europa/España/03 Octubre 2019/El país

Murcia permite a las familias excluir a sus hijos de talleres sobre el colectivo LGTBI. CC OO lleva a la Fiscalía a Hazte Oír por pedir a 20.000 centros que secunden el pin parental

La censura sobrevuela las escuelas en España. Desde que arrancó el curso hace unas semanas, más de 20.000 centros educativos públicos y concertados de las diferentes autonomías —en total existen unos 28.000— han sido los destinatarios de la última campaña del colectivo de ultraderecha Hazte Oír, que ha hecho un envío masivo de un kit titulado Mis hijos, mi decisión, en el que alerta a las familias de un supuesto “adoctrinamiento de género”, por el que los escolares estarían recibiendo instrucciones sobre “conductas lésbicas”, “aborto” o qué hacer en el día del Orgullo Gay.

Comisiones Obreras cree que esa acción podría ser constitutiva de un delito de odio y este lunes presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que inicie una investigación. “La legislación educativa vigente promueve la educación en valores, igualdad y diversidad afectivo-sexual y ese envío masivo de documentos es una intromisión ilegítima en el sistema educativo”, señala Carmen Perona, responsable del departamento jurídico de la Federación de Enseñanza del sindicato.

La campaña llega después de que en mayo Murcia —con el anterior Gobierno en solitario del PP— se convirtiera en la primera autonomía en activar el llamado pin parental, una de las propuestas estrella de Vox en las últimas elecciones, que obliga a los centros educativos a informar a las familias de todas las actividades complementarias organizadas dentro del horario lectivo, y el derecho de los progenitores a dar su consentimiento o no a cada uno de esos talleres. La autonomía de los centros no les permite poner en marcha el pin parental porque excede sus competencias. En el caso de Murcia, CC OO ha recurrido la instrucción ante la consejería y está a la espera de una resolución.

El pin parental sería, en teoría, inviable. Las normativas autonómicas establecen que estas actividades complementarias en los colegios e institutos —que, a diferencia de las extraescolares, se desarrollan en horario lectivo—, son obligatorias para todos los alumnos y evaluables, por lo que los padres no pueden negarse a que sus hijos reciban este tipo de formación. Por otra parte, todos los talleres complementarios se incluyen en la programación anual de los centros, lo que quiere decir que son públicos y accesibles para los familiares. “Esos talleres, que pueden ser de temática diversa, son aprobados por el claustro, presentados en el consejo escolar —con representación de las familias— y, finalmente, supervisados por la inspección educativa”, apunta Raimundo Benzal, inspector de Educación recientemente jubilado.

Entre los materiales enviados ahora por Hazte Oír a los colegios e institutos, hay un libro de 100 páginas en cuya portada aparecen dos mujeres paseando; una lleva un carrito de bebé. “¿Es niño o niña?”, pregunta una a la otra. “Pues no lo sabemos porque todavía no habla”, le contesta. Bajo la viñeta y con el título Dejad a los niños en paz, se puede leer “una respuesta ciudadana al adoctrinamiento de género”. “Es una provocación, quieren que sus ideales religiosos dominen la escuela y eso supondría un retroceso, la vuelta a la censura”, critica Esperanza, una profesora de un colegio rural de Castilla y León con 49 alumnos. “Recibimos el paquete como un catálogo publicitario más, pero no es una empresa, y nos preguntamos de dónde han sacado el dinero para sufragar la campaña”, lanza la docente.

Entre los documentos enviados, el colectivo insta a directores de centro, docentes y familias a solicitar por escrito a los consejeros de Educación de las diferentes autonomías la puesta en marcha del pin parental, e incluyen una carta tipo con los huecos para introducir los datos personales. La Agencia Española de Protección de Datos también ha tomado cartas en el asunto y anunció en su cuenta de Twitter que ha iniciado una investigación.

En su página web, animan a las familias a secundar un documento que enviarán a los líderes de PP, Ciudadanos y Vox a nivel nacional para pedirles que incluyan el pin parental en la próxima ley educativa. Ya suman más de 42.200 firmas. “No hace falta cambiar una ley entera, tampoco estamos pidiendo cambios en las asignaturas troncales ni en las optativas, sino mayor protagonismo de los padres en la educación y valores que reciben sus hijos”, indica Teresa García, portavoz de Hazte Oír.

En el escrito presentado ante la Fiscalía, CC OO argumenta que la campaña de Hazte Oír contraviene las leyes LGTBI aprobadas por todas las autonomías —excepto Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, La Rioja, y Cantabria—, en las que el sistema educativo juega un papel clave en la promoción de esas políticas y donde se establecen los objetivos y las actividades que los centros deben desarrollar. Además, el sindicato expone que Hazte Oír está incitando a los colegios a “cometer una ilegalidad”, ya que la actual ley educativa (Lomce) contempla que los estudiantes deben desarrollar “una actitud contraria a los estereotipos sexistas”.

La raíz del problema, explican varios profesores consultados, fue el descontento de algunos colectivos como el Foro de la Familia —una organización civil ultraconservadora— con la participación de asociaciones LGTBI externas a los centros educativos en actividades sobre diversidad afectivo-sexual. “Estos talleres se organizan en comunidades como la madrileña desde hace años y es la forma de dar voz a personas de diferente orientación sexual, para que no todo quede sobre un papel”, explica Belén de la Rosa, secretaria de igualdad de CC OO.

María Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, asegura que si su partido consigue alzarse con el poder en las próximas elecciones tendrán que plantear la fórmula para frenar a autonomías como Murcia. “Muchos directores de centro se están sintiendo coaccionados porque se está cuestionando su libertad de cátedra y su profesionalidad”, señala. “Además, desde el punto de vista constitucional es inadmisible: va en contra del derecho del alumno a la educación y su formación en valores cívicos”, zanja.

“RESPONDE A UNA DEMANDA CRECIENTE DE LOS PADRES”

Con el inicio del curso en septiembre, la consejería murciana de Educación, en manos del Partido Popular, incluyó entre las instrucciones que remitió a los centros educativos la necesidad de que las familias den su consentimiento expreso para que sus hijos participen en actividades complementarias, aquellas que no tienen por qué estar ligadas a contenido curricular, pero que se imparten dentro del horario lectivo.

EL PAÍS preguntó a la consejería si esa medida contradice uno de los decretos que regulan la enseñanza primaria y secundaria en la región, que establecen la obligatoriedad de asistencia a esos talleres por ser evaluables, pero no obtuvo respuesta al respecto. Las mismas fuentes de la consejería de Educación señalan que la instrucción “responde a una demanda creciente de los padres”, que se aplica “en todas las temáticas” y “solo en caso de que las imparta personal ajeno al centro educativo”. Además, añaden que “dentro de la autonomía que ostentan” los colegios, cada uno determinará el modelo de consentimiento parental a cumplimentar.

Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/09/30/actualidad/1569842298_343380.html

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La apuesta real por la pública ¿para cuándo?

Por: Enrique Javier Díaz Gutiérrez.

 

En el denominado “programa común progresista”, que Pedro Sánchez ha presentado como “oferta de acción de Gobierno”, en su punto 76, y como primer punto del apartado de educación, se compromete a “aprobar una Ley Básica de Educación, que derogue la LOMCE y sus consecuencias negativas, que blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años”.

Palabras y promesas, que lleva repitiendo desde hace tiempo, pero que no ha cumplido en su anterior legislatura, teniendo oportunidad y posibilidades para ello, aunque no voluntad política. Porque realmente no ha derogado la LOMCE, tal como se había comprometido ya en 2013, y firmado por escrito con el resto de grupos parlamentarios de la oposición, asegurando que sería una de las primeras medidas si llegaba al gobierno: «Los grupos parlamentarios firmantes acuerdan que en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura procederán a derogar la LOMCE”. Solo ha escenificado una propuesta de modificación superficial de algunos aspectos (Ley Celaá), la mayoría como declaraciones de buena voluntad, encomendadas además (la mayor parte) a las comunidades autónomas, pero que, ¡oh casualidad!, tras largas vacilaciones y postergaciones, la convocatoria de elecciones generales impidió que llegara a prosperar en el Congreso de los Diputados.

No solo no ha derogado la LOMCE, incumpliendo una vez más sus promesas y compromisos firmados, sino que asegura en este “programa común” que va a blindar la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo. La primera pregunta que se nos viene inmediatamente a la cabeza es: cómo lo va a hacer, si en el segundo punto de su “programa” sólo se compromete a “situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB en el año 2025”.

Cúan largo me lo fiáis, amigo Sancho”, que diría Cervantes, en boca del Quijote, o tantos escritores del siglo de oro, para referirse a que las promesas o proyectos a largo plazo suelen olvidarse con facilidad, e incumplirse posteriormente argumentando las cambiantes circunstancias del futuro. Y, en esto, el PSOE parece que tiene larga experiencia en sus programas (desde la OTAN a la LOMCE).

Si Sánchez no asegura hasta el 2025 llegar al 5% de inversión educativa, lo que está haciendo realmente es no comprometerse él, sino comprometer “supuestamente” al próximo gobierno. No su gobierno, que es para el que presenta el programa, sino el siguiente, que puede ser otro gobierno completamente distinto. Esto se llama “tener una cara de cemento armado” o “tomar a la ciudadanía por imbéciles”.

Lo cual supone, en primer lugar, que no va a revertir los recortes en educación, que aplicaron tanto PP como PSOE (segunda parte de la legislatura de Zapatero), a educación en estos años (9.000 millones de euros). Además, implica que, por muchas declaraciones y promesas que haga, si no va a haber aumento de la financiación real en esta legislatura, la bajada de ratios en las aulas no será posible y el alumnado en la pública seguirá estando masificado; que la atención a la diversidad y la inclusión seguirá posponiéndose sine día con el reiterado argumento de que no hay recursos; que la renovación y mejora de los edificios e instalaciones escolares públicas seguirá languideciendo y retrasándose; que no se podrán hacer desdobles, que se reducirán los refuerzos, que seguirá la política cicatera en becas, que se mantendrá la interinidad y precariedad del profesorado, etc.

En segundo lugar, cómo se va a blindar la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo, si no hay incremento sustancial e inmediato de la financiación a la educación pública. Los países de la OCDE que tienen una buena educación, sí que han blindado la educación pública con un presupuesto de más del 7% del PIB, y la media de la OCDE es del 6,5%. Por el contrario, en España, lo que sí está creciendo es la escuela concertada y aumentando sus ingresos y la financiación que se le otorga por parte de los poderes públicos, con el dinero de todos y todas. Aunque las consecuencias de ello son reiteradamente denunciadas (crece la desigualdad educativa, crea colegios gueto, destroza la cohesión social, segrega a minorías y migrantes y por clase social e incluso por sexo, etc.), parece que el PSOE no tiene voluntad política real de iniciar un proceso de reversión y supresión definitiva de esta anomalía española en el panorama europeo.

Pero lo más preocupante, de este primer punto, es la expresión que ahora el PSOE utiliza de forma constante y sistemática: “la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo”. Lo cual da por supuesto que ha asumido los conciertos educativos como algo inevitable e irremediable en la política educativa española. Y que van a legislar en este sentido. Si en los años 70 se promovieron como “complemento” a una red pública que no podía cubrir todas las necesidades educativas, ahora su incremento únicamente se justifica por razones de apuesta ideológica neoliberal (actualmente se estén concertando unidades en zonas donde hay unidades públicas que se cierran).

Si Sánchez y el PSOE realmente quisieran blindar la educación pública eso supondría tener voluntad política para establecer una moratoria inmediata de los conciertos educativos, y su progresiva supresión (como proponen partidos políticossindicatos, movimientos sociales y de renovación pedagógica) y destinar toda la financiación pública a la escuela pública.

Por eso sorprende aún más su enésima promesa incumplida sólo en este primer punto. Porque si asegura, en este primer punto de su “programa común”[1], que “incorporará los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años”, recordarle a Pedro Sánchez, que estos acuerdos están recogidos, desde hace tres años (y firmados por su grupo político también), en el Documento de Bases para una nueva Ley de Educación.

Y poco coinciden con sus “declaraciones de intenciones”: solo los referidos a este primer punto manifiestan la clara voluntad de la comunidad educativa progresista de este país de que haya una “oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años que garantice que todo alumno y alumna disponga de una plaza asegurada en el sistema público, de titularidad y gestión pública”, la “supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados; una red única de centros de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados. Mientras tanto, ni un solo concierto más para la educación privada y supresión inmediata de financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad”.

Quizá otro día analizaremos el resto de los puntos, que parecen más bien promesas electorales o declaraciones de intenciones, más que un programa de compromisos concretos respaldados presupuestariamente, y que no apuestan por una educación laica, como es obligatorio por la Constitución en un Estado aconfesional; que olvidan la supresión de las reválidas o la reducción de la interinidad del profesorado, etc., etc. Pero eso será otro día, porque parece que su lista de promesas incumplidas va para largo.

Fuente del artículo: https://www.tercerainformacion.es/opinion/2019/09/08/la-apuesta-real-por-la-publica-para-cuando

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España: Un sistema de becas estancado y cuestionado por la alta tasa de abandono escolar

Redacción: Rebelión

Mientras muchos españoles disfrutan de sus vacaciones en agosto, una buena parte del alumnado español más joven se enfrenta a la encrucijada de interrumpir sus estudios en septiembre. Una parte de ellos lo harán para ayudar económicamente a sus familias. El año pasado la cifra de jóvenes entre 18 y 24 años que solo obtuvo el título de la ESO, se situó en un 17,9%. Aunque el número mejoraba ligeramente, España sigue siendo uno de los países de la UE con más abandono escolar temprano.

El lunes, Día Internacional de la Juventud, varios diputados de Unidas Podemos En Comú Podem-Galicia en Comú preguntaron al Gobierno socialista si pretende mejorar un sistema de becas cuyos fallos, consideran ellos, tienen mucho que ver en el abandono escolar temprano. “Estamos muy por debajo de la media europea en abandono escolar. No estamos abordando un problema de componente de clase, género y origen a la hora de acceder a la educación”, explica a Cuartopoder.es la diputada de Podemos Lucía Muñoz Dalda, una de las parlamentarias que ha firmado la batería de preguntas.

Las becas sufrieron tijeretazo con la crisis y siguen sin remontar desde entonces. En 2014 España destinó un 4,3% del gasto educativo a los estudiantes, aunque la media Europea fue del 8,6%. Los niños, niñas y adolescentes que viven en situación de pobreza, con padres en paro o de familias monomarentales no están bien cubiertos por el sistema de becas, según la ONG Save The Children. “1 de cada 4 estudiantes del 20% de la población más pobre no reciben beca pese a cumplir los requisitos económicos, generalmente por falta de información, la complejidad de la solicitud o los requisitos académicos”.

La situación pinta más negra para las familias inmigrantes. «Solo 1 de cada 10 hogares de nacionalidad de fuera de la UE recibe becas, frente a 1 de cada 3 en hogares nativos a pesar de que los primeros superan su riesgo de pobreza y el abandono escolar», señaló la organización en el informe ‘Becas para que nadie se quede atrás’ publicado a finales del año pasado.

Ayudas universitarias que llegan tarde

Por cada cuatro euros invertidos en educación obligatoria, cinco con invertidos en universitaria, a pesar de los muchos estudiantes se quedan en el camino antes de llegar a la formación superior. «Reducir la desigualdad de forma eficaz empieza por dedicar recursos a las edades más tempranas, antes de que la desigualdad de oportunidades de partida y un sistema segregador tenga efectos para toda la vida de ese niño o niña», indicó Joan Mena, diputado de En Comú Podem que registró el lunes las preguntas para el Gobierno.

Entre 2011 y 2016, casi toda la etapa de José Ignacio Wert como ministro de Educación, los becarios cayeron un 26,4% y el importe un 7,8%. El sector más afectado fue el de la educación obligatoria. “En los últimos años se ha producido un deterioro de los ayudas y los umbrales son demasiado bajos. Hay casos de familias con necesidades que se quedan en el umbral”, denuncia Daniel Velasco, de la Red de Activistas Jóvenes de IU que también ha participado en este cuestionamiento al Ejecutivo de Sánchez.

“¿Se ha planteado el Gobierno aumentar las becas compensatorias y de movilidad para bachillerato y FP hasta equiparlas con las universidades?”, preguntaron también los miembros de Unidas Podemos. “Los niveles preuniversitarios también necesitan de este tipo de becas. La vida en cuanto a nivel educativo se está encareciendo”, ha advertido Velasco, quien apunta no solo a los costes de las tasas académicas, sino también los llamados «costes ocultos de la educación”. “Aspiramos a que la educación sea completamente gratuita, incluyendo comedor y transporte”, ha indicado Muñoz.

Las notas y el retraso en las becas que impiden estudiar

Llegar al requisito de la nota mínima para recibir una beca también puede ser un problema para muchas familias de bajos recursos. “El número de personas con renta en educación no universitaria en las dos últimas decilas de renta es alrededor de un 25% inferior al que sería si solo se aplicaran criterios de renta para las ayudas”, reza el escrito que Unidas Podemos ha registrado en el Congreso. “El hecho de que haya una cuantía variable en función de criterios académicos, hace que pese más eso que no la renta”, ha criticado Muñoz.

Otro de los problemas que enfrenta el alumnado de bajos recursos es el retraso en la concesión de becas, que a menudo llegan cuando ya se encuentra bien avanzado el curso escolar. “Pasan bastantes meses desde que se solicita la beca para los estudiantes, así que es entendible que en las familias en las que de verdad exista una necesidad económica no se puedan esperar estos largos plazos”, indica Velasco.

Parálisis en los cambios del sistema de becas

Las preocupaciones son similares a las plasmadas por la comunidad educativa en el documento llamado ‘Por otra política educativa’, unas bases de consenso pensadas para servir de pilares del Pacto educativo de Estado que fracasó el año pasado. En dicho escrito se exige “la gratuidad en el acceso a la educación, dotar de becas para el acceso a estudios universitarios para quienes carecen de recursos; gratuidad y becas para materiales, comedores, desplazamientos y residencia, junto a becas salario para evitar que los hijos o hijas deban dejar los estudios para contribuir a los ingresos de la familia”.

La posibilidad de reformar este sistema de becas, y más aún de la LOMCE, como pide dicha comunidad educativa, parece lejana a día de hoy. El Consejo Escolar rechazó en junio a modo de protesta el borrador de Real Decreto que regula las ayudas estatales para este curso que entra. Lo hicieron porque el Gobierno socialista, a pesar de sus críticas a Wert, no había modificado sustancialmente el modelo de becas que ideó el exministro, indicaron. A todas luces, el hecho de que tengamos un gobierno en funciones con los presupuestos de 2019 sin aprobar mantiene la situación estancada, sin que parece que vayan a producirse cambios a corto plazo.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=259409

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España: Los sindicatos docentes apremian a la formación de gobierno: «La educación no puede esperar más»

Redacción:  Europa Press

El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, interviene desde la tribuna del Congreso de los Diputados en la primera sesión del debate de investidura a la Presidencia del Gobierno.Eduardo Parra –

El aumento de la financiación, la reversión de los recortes o la aprobación de una ley que derogue la LOMCE, sus prioridades

Portavoces de diferentes sindicatos docentes han apremiado a la formación de gobierno este jueves para «no perder otro curso» ante las reformas que consideran urgentes en el sistema educativo, como el aumento de financiación, la reversión de los recortes o la aprobación de una nueva ley educativa que derogue la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), más conocida como ‘Ley Wert’ y en vigor desde el año 2013.

«La educación no puede esperar más», resume el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, en declaraciones a Europa Press. «No podemos seguir trabajando en educación con unos presupuestos ya prorrogados de hace dos años, y hace falta tomar medidas como modificar la LOMCE, recuperar los profesores perdidos o mejorar las políticas de becas y ayudas», expone.

Por ello, el responsable de educación de CCOO espera que se produzca un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos que alumbre la formación de un nuevo ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, que este lunes proponía en el debate de investidura aumentar la inversión en educación hasta el 5% del PIB de forma permanente y sin depender de las coyunturas económicas.

«Esa es una cosa imprescindible, recuperar las cifras de inversión educativa anteriores a la crisis, y permitirá además abordar los retos de nuestro sistema educativo», añade García, que lanza una advertencia a los equipos que negocian un acuerdo de gobierno: «Los ciudadanos de este país no entenderían que debamos volver a las urnas».

Desde el sindicato CSIF, su responsable de educación, Mario Gutiérrez, se expresa de una manera menos diplomática. «Son unos niñatos irresponsables», se queja desde Bangkok (Tailandia), donde asiste al Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, donde participan sindicatos docentes de todos los continentes.

En opinión de Gutiérrez, la educación acumula «tres cursos escolares prácticamente muertos en negociaciones para mejorar el sistema educativo nacional», y considera una «irresponsabilidad» la posibilidad de que se frustre la formación de Gobierno abocando a la convocatoria de unas nuevas elecciones generales a finales de 2019. «La situación es bastante grave», asegura.

En su opinión, el sistema educativo mantiene «unas leyes en vigor de transitoriedad» y necesita «leyes estables» para abordar cuestiones «urgentes» como el acceso a la profesión docente, la superación de la LOMCE o el sistema de evaluación del alumnado. «Cuestiones que tienen las negociaciones absolutamente paradas», denuncia.
Los sindicatos docentes apremian a la formación de gobierno: «La educación no puede esperar más»

«NO AVANZAREMOS EN UN NUEVO SISTEMA DE BECAS»

Desde UGT, Maribel Loranca dibuja el escenario que provocaría postergar la formación de gobierno. «Continuaremos con la LOMCE y, por lo tanto –a su juicio– se mantendrán todos los efectos negativos de ésta. No se implementarán medidas para abordar el abandono escolar temprano y el fracaso escolar. No avanzaremos en un nuevo sistema de becas. En el ámbito laboral, volveremos a perder otro curso sin revertir por completo los  recortes educativos. No sé abordará la precariedad en el empleo con un nuevo sistema de ingreso y no se incrementará la inversión en educación al no haber presupuestos», enumera.

Por su parte, José Luis López Belmonte, del sindicato STES, considera «imperiosa» la necesidad de un nuevo gobierno para promover «cambios significativos» y terminar de derogar la LOMCE, que fue aprobada por el Partido Popular.

Belmonte considera que la reforma que preparó la ministra en funciones Isabel Celaá, y cuyo proyecto llegó a aprobarse en el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, «se quedaba corta pero era un avance en muchos aspectos», y lamenta que «se quedara en el tintero» por el adelanto electoral. «Lo que queremos es acabar con las políticas de recortes», sentencia.

Fuente: https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-sindicatos-docentes-apremian-formacion-gobierno-educacion-no-puede-esperar-mas-20190724180538.html

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Cierre de verano

Por: Pablo Gutiérrez del Álamo

Durante las próximas semanas y hasta primeros de septiembre vamos a estar con el cierre echado en el periódico. Hemos de coger fuerzas de nuevo para el curso que viene. Repasamos algunos de los temas que han marcado el curso que acaba de terminar.

Han sido nueve largos meses en los que han pasado muchas cosas en el ámbito educativo. Terminamos el curso anterior con un cambio de Gobierno y la llegada de un nuevo equipo al Ministerio de Educación, liderado por Isabel Celaá, con Alejandro Tiana de mano derecha en la Secretaría de Estado de Educación. Este curso lo hemos cerrado con, prácticamente, los mismos mimbres. Nos vamos sin tener gobierno todavía y sin saber si el equipo cambiará o no para el mes de septiembre. Ni siquiera si habrá que volver a las urnas en los próximos meses.

Durante este tiempo se han intentado con mayor o menor éxito, cambios en la situación del profesorado tras años de crisis y recortes en la educación. Queda la sensación de que hay mucho más por delante. Empezando por el prometido cambio de ley educativa.

Nueve meses en los que, además, la extrema derecha ha llegado a la política institucional. Hablábamos meses atrás de las políticas de países como Estados Unidos o Brasil, sin tener en cuenta la influencia que VOX habría de tener en tantos asuntos. Ahí quedan algunas de sus ideas sobre el sistema educativo, así como otras cuestiones que también impactarán (o eso pretenden) en la vida escolar de miles de chicas y chicos LGTB.

Meses en los que hemos visto cómo la educación inclusiva ha tenido que seguir peleando, caso a caso, en los tribunales el reconocimiento que debería tener desde 2008 cuando España firmó la Convensión de Derechos de las Personas con Discapacidad. El espaldarazo dado por el Tribunal Supremo ha supuesto un goteo de sentencias que condenan a las administraciones autonómicas a no hacer dejación de funciones y, con los apoyos necesarios y razonables, abrir las puertas de los centros ordinarios a todas las personas. Hasta hace unas semanas que conocíamos un nuevo fallo del Supremo que defendía la libertad de una familia a elegir el centro en el que matricular a su hijo.

Quedan grandes incógnitas y problemas en el aire todavía: recursos materiales en la escuela ordinaria, formación inicial y permanente en temas relacionados con la inclusión, el futuro de los centros de educación especial, que las adaptaciones significativas no supongan que una alumna no pueda seguir por la vía educativa que eligió porque el sistema no tiene previsto darle un título de la ESO…

El próximo curso promete que sigamos hablando de estos temas. También de otros que, a pesar de que llevan tiempo sobre la mesa, están cada vez siendo más difíciles de soslayar. Pensamos en esto que se ha dado en llamar el adoctrinamiento. Señalamientos y acusaciones que ponen (o intentan) poner en tela de juicio el trabajo cotidiano de decenas de miles de docentes en sus aulas. Su intento por formar a personas críticas e informadas que puedan tomar sus propias decisiones más allá de las creencias sociales o familiares. Cuando se pone en duda el derecho de estar en sociedad de determinados colectivos y se afirma que es que los y las maestras y profesoras están adoctrinando en las aulas, cualquiera diría que hay un déficit democrático importante. Los derechos humanos no son opinables. La escuela, como institución pública, del Estado, ha de permanecer claramente posicionada por el cumplimiento de estos derechos. También por su enseñanza.

De una forma u otra, el próximo otoño habrá nuevo gobierno, nuevo Ministerio de Educación. Si continúa gobernando Pedro Sánchez, nos tocará esperar a ver si, con los apoyos con los que cuente, hace o no frente a una reforma de la LOMCE, ya sea con el texto que presentó en su momento o, como creen algunos, con uno que vaya un poco más allá en algunas cuestiones.

Y habrá que ver cómo el sector de la escuela concertada responde a todo esto. No solo a un cambio legislativo de mayor o menor calado. También a lo que suceda precisamente con unos conciertos educativos que no dejan de recibir tantas críticas como defensas.

Durante el próximo curso insistiremos en publicar entrevisas y reportajes sobre personas y proyectos que nos parecen interesantes, al menos, para que la reflexión sobre la educación siga mirando hacia adelante en la construcción de un sistema educativo plenamente inclusivo, bien dotado y formado, que pueda dar respuesta no solo a las exigencias de un mercado de trabajo cada vez más liberalizado o a las de organizaciones supranacionales y privadas (como la OCDE), si no a retos de carácter social. Qué tipo de sociedad queremos y cómo haremos para que sea posible. Esta es, creemos, una de las preguntas clave que pocas veces se pone, seriamente, sobre la mesa.

Esperamos seguir contando con vuestro apoyo durante este tiempo. No solo con la difusión de nuestro trabajo (que no deja de ser la difusión del vuestro), sino con el soporte económico que nos podáis brindar con vuestras suscripciones. Es la única y mejor manera de que podamos seeguir siendo independientes frente a intereses políticos y económicos.

Durante el último año hemos sentido este apoyo, con un importante crecimiento de las visitas a El Diario de la Educación todos los días. Estamos ya holgadamente por encima de las 120.000 lectoras mensuales. La mitad provenientes de América Latina. Estamos contentos con lo conseguido pero esperamos hacer que este proyecto siga creciendo y pudiendo llegar a lugares a donde hasta ahora nos ha sido difícil entrar.

Nos gustaría que la progresión fuera en aumento, tanto en personas que decidan suscribirse como en quienes consideren interesante aquello que publicamos.

Nuestra apuesta sigue siendo esta. Hacer el mejor contenido periodístico posible. Facilitar a maestras y maestros, a familias, de la información necesaria para que puedan tomar decisiones informadas. En este sentido, también seguiremos con la apuesta de la Revista XQ, en la que cada semana intentamos recoger la actualidad informativa para que adolescentes de entre 12 y 16 años puedan hacer su primer acercamiento a la sociedad de la información.

Una ciudadanía informada y crítica es una ciudadanía democrática que defiende sus derechos de otros intereses. Dar apoyo para que esto sea posible, así como para que se defienda el derecho a la educación y a quienes, todos los días, hacéis posible que se cumpla, es nuestro objetivo prioritario.

Esperamos que tengáis un buen descanso en las próximas semanas para que podamos afrontar el siguiente curso de la mejor manera posible.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/07/22/cierre-de-verano/

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Claustros enmudecidos

Por: Guadalupe Jover

¿En qué momento dejamos de mirarnos las caras y hablar entre nosotros para pasar a mirar y hablar tan solo a quienes presiden el claustro? ¿En qué momento pasamos de analizar, debatir y decidir, a ser meros receptores de información ya procesada?

Hace ya un buen puñado de años, cuando empecé a dar mis primeros pasos como profesora de instituto, los claustros se celebraban en la biblioteca, nos sentábamos en círculo y todo en la vida escolar era objeto de debate. Hoy día los claustros se celebran en las salas de usos múltiples, reproducimos la disposición tradicional de las aulas -con sus filas de a uno y su mesa presidencial -, y no se dialoga apenas.

El uso del espacio importa. De hecho, el modo en que los interlocutores se sitúan en él es un buen indicador del tipo de comunicación que entre ellos se establece: más jerárquica o más democrática, más unidireccional o más participativa, más predeterminada o más abierta a la iniciativa de los hablantes. Un claustro, como casi cualquier situación comunicativa -desde una liturgia religiosa a una comida familiar- tiene sus ritos y sus rutinas, y está bien que así sea. Pero, ¿en qué momento dejamos de mirarnos las caras y hablar entre nosotros para pasar a mirar y hablar tan solo a quienes presiden el acto? ¿En qué momento pasamos de analizar, debatir y decidir, a ser meros receptores de información ya procesada?

Me cuesta recordar los nombres y los rostros de quienes fueron mis primeros directores. No he olvidado, sin embargo, los de aquellos colegas cuyas intervenciones en los claustros ensanchaban mi mirada sobre la educación hasta proyectarla más allá de las aulas; colegas de quienes aprendí que la educación es política, que cualquier decisión tiene implicaciones sociales y políticas, y que quienes las niegan son siempre quienes tienen la sartén por el mango (o carecen del más mínimo sentido crítico). Cuántas cartas, comunicados o reivindicaciones se gestaron entonces. Cuántas transformaciones tan lentas como medulares en lo que aún ni siquiera llamábamos proyecto educativo de centro salieron de ahí. El director -la directora- era entonces un primus inter pares, y nadie hablaba de profesionalizar la función directiva como nadie pretende hacerlo hoy en día con los decanos, los rectores o los alcaldes.

Jamás escuché entonces que lo que allí se dirimiera fuera la imagen del centro ni jamás se pronunció un posesivo: nuestro instituto. El compromiso era con la escuela toda, y tan acendrado estaba el sentido de lo público que cualquier colegio público, cualquier instituto, eran también los nuestros. Con frecuencia colaborábamos con ellos -o nos manifestábamos con ellos-. En los centros de profesorado -hoy tristemente desaparecidos en muchos territorios- nos formábamos todos juntos y teníamos la sensación de abordar con herramientas análogas los problemas comunes.

Cuánto han cambiado las cosas. En la Comunidad de Madrid, donde trabajo, los claustros hace tiempo que dejaron de ser foros de deliberación y debate. Se transmite información, se proyectan estadísticas y se acalla cualquier intervención alegando que “no es competencia del claustro”… o mirando el reloj con impaciencia.

Tantas movilizaciones hace apenas cinco años en defensa de la escuela pública y, en este escaso lapso de tiempo, la escuela pública ha pasado a ser gestionada -este es ahora el verbo- como una escuela privada. En las estadísticas lo que importa es quedar una décima por encima de los resultados de los otros centros de la localidad o de la Comunidad entera. Vano es advertir que ni en uno ni en otros superamos el 75% de los estudiantes que, habiendo llegado a 4º ESO -¡cuántos se nos perdieron por el camino!-, logran sacar el título de Secundaria. Inútil sugerir que indaguemos en las causas y tratemos de ponerles remedio, exigiendo de la Administración educativa los recursos que faltan -desde ratios y tiempos hasta profesionales de los departamentos de Orientación, sin cuya intervención gran parte de nuestro alumnado permanece en una situación de vulnerabilidad absoluta- y disponiéndonos como equipos docentes, como departamentos didácticos, como claustro de profesores, a ver en qué estamos fallando y en qué podemos mejorar. Porque no, el objetivo es otro. Mejorar en los rankings. El rankingpor el ranking mismo.

Se aprueban sin apenas debate alguno -o contra la voluntad del claustro- los programas de bilingüismo, fuente de sangrante segregación dentro y fuera del centro; se pide la adhesión del instituto a cualquier iniciativa de la Administración que suponga poner “un sello de calidad” en la fachada del centro, por más que las prácticas cotidianas sigan siendo las mismas; se acepta el desembarco de cualquier empresa, banco o fundación que dé visibilidad al colegio o instituto en este mercado de la educación en que, al parecer, todos estamos llamados a competir. Pretender manifestar una reserva implica “poner el cuerpo” contra el sentir mayoritario, y de ahí es difícil salir indemne.

Sé que afortunadamente hay excepciones a este triste panorama que dibujo. Que hay claustros donde se dialoga de cuestiones pedagógicamente relevantes, donde se toma la iniciativa, donde se habla y se escucha. Sé también que hay directores que, aunque la LOMCE no los obligue a ser democráticos, son conscientes de que tampoco se lo prohíbe y que, por tanto, pueden seguir sometiendo la Programación General Anual, por poner un ejemplo, a la discusión y votación del claustro de profesores y del consejo escolar. Pero mucho me temo que son los menos. Sea como sea, mirémonos en ellos para no perder los restos de dignidad profesional que nos queda.

Fuente e imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/06/06/claustros-enmudecidos/

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