LOMCE

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España: División ante la nueva ley educativa aprobada por el Consejo de Ministros

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Europa/España/05 Marzo 2020/eldiariolaeducacion.com

Se podría decir que nadie está del todo contento con la previsible próxima ley de educación que llegará al crongreso en los próximos días después de la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros de esta mañana.

Mientras que sectores como el de Escuelas Católicas (principal patronal de la escuela concerada) entienden que el proyecto nace sin consenso con la comunidad educativa y supone un ataque a la libertad de elección de las familias y al propio sistema de conciertos, otros sectores ven una esperanza en la recuperación de ciertos valores por parte del sistema y en la derogación de la Lomce.

El proyecto de ley, conocido desde hace más o menos un año, fue desgranado hace unos pocos días en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. Lo explicó la propia ministra Isabel Celaá a todos los grupos parlamentarios. Insistió entonces la ministra en cuestiones como la coeducación, la lucha contra la segregación escolar ya sea socioeconómica o de otro tipo, en la centralidad que ha de tener la escuela pública o en el proyecto que de aquí a un año quiere poner en marcha para desarrollar una auténtica carrera docente.

Hoy, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ha insistido en algunos de estos aspectos, así como en la apuesta del Ejecutivo por el desarrollo de la educación infantil de primer ciclo, en la vuelta a los ciclos en la primaria para evitar el aumento producido de la repetición durante el periodo de desarrollo de la Lomce o la necesidad de generar un sistema educativo que permita que todo el alumnado, independientemente de la vía en la que esté matriculado, tenga acceso al título de graduado en secundaria obligatoria.

La ministra ha insistido en la obligación de que el sistema lo sea de excelencia y de equidad. Muchos de los puntos nuevos del texto insisten en la idea de una atención personalizada al alumnado o en el camino hacia la educación inclusiva que suponga un cierto trasvase de alumnado de la educación especial hacia la ordinaria a lo largo de una década.

Para Escuelas Católicas la nueva ley supone un ataque a la escuela concertada, por varios motivos. El proyecto de ley suprime el llamado criterio de la demanda social, introducido por la Lomce y utilizado en algunas comunidades autónomas para favorecer el crecimiento de los conciertos mientras se cerraban unidades en centros públicos. Desde el punto de vista de esta patronal, la mayoritaria, resulta una medida «especialmente preocupante», como lo es también la vuela a la entrada de un representante municipal en los concejos escolares de los centros concertados. Figura que califican como de «comisario político».

Finalmente la patronal de centros católicos critica la falta de consenso de este proyecto de ley y el hecho de que no haya pasado por el Consejo de Estado o el Consejo Escolar del Estado. Unos trámites, el primero, según explicó Celaá en el Congreso la pasada semana, no obligatorio, y el segundo, pasado en la anterior legislatura. El Ministerio ha presentado exactamente el mismo texto que ya aprobara el Consejo de Ministros hace un año para, efectivament,  evitar la obligación de tener que pasar por este trámite y acelerar su llegada al Congreso.

La crítica a la falta de participación también se ha podido notar en las redes sociales, en donde no han sido pocos los docentes que llevan días criticando el hecho de que no se cuente con ellas y ellos a la hora de redactar la ley que determinará su trabajo en los próximos años. Peticiones de bajadas de ratio y de aumento de recursos personales y económicos son las más habituales estos días en redes como Twitter,

En la otra punta, podría estar el sindicato FeSP-UGT que ha ha mostrado su alegría ante la posibilidad de derogar la Lomce y, con ella, sus efectos sobre el sistema educativo. También ha hecho hincapié en lo positivo que tiene el que se apueste por la educación pública o la coeducación.

Esto sí, se muestra el sindicato descontento con el hecho de que la ley solo contemple una subida del presupuesto dedicado a educación de hasta un 5% durante la legislatura. Este sindicato, como otros colectivos, apuestan por alcanzar un 7% del PIB en los próximos años.

Organizaciones como Save the Children también han pedido más energía para el texto que salga del Congreso de los Diputados. Sobre todo en dos apuestas: la lucha contra la segregación escolar y en el desarrollo de una educación infantil de 0-3.

Para esta ONG faltan medidas más específicas en relación a la segrgación socioeconómica, «en concreto desde la admisión, la financiación de los centros educativos y la revisión de los conciertos», dice en un comunicado la entidad. Save the Children propone un endurecimiento de los conciertos y de la persecución contra el cobro ilegal de cuotas, así como un reparto más equilibrado de la población en peor situación socioeconómica.

Duda presupuestaria

Una ley que podría nacer con pies de barro si en su tramitación no se tiene en cuenta un marco mínimo de inversión. Muchas de las medidas que propone, de sus principios básicos, como el de la escuela inclusiva, pasan por un importante aumento de la financiación de la educación, ya sea pública o concertada.

La apuesta por un sistema educativo inclusivo que no segregue al alumnado con necesidades educativas especiales, o al que esté en condiciones socioeconómicas más complejas, requiere de más personal de apoyo en los centros, un personal «desaparecido» durante los años de graves recortes económicos.

La ley prevé una apuesta por la universalización del 0-3, algo que recoge el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Pero no se ha hablado de la cuantía d este aumento de centros educativos ni del número de sus profesionales.

Y mientras la ley pasa su trámite con más o menos dificultades, problemas como el de las ratios en las aulas siguen muy presentes. O el de las horas lectivas del profesorado. Con la modificación legislativa queel Ministerio hiciera en la última legislatura dejó al arbitrio de las comunidades autónomas los máximos de ratio por aula, lo que ha supuesto que aquellas en las que el PSOE gobierna hayan apostado por una bajada más o menos significativa de las ratios impuestas por el Decreto 14/2012 impuesto por José Ignacio Wert cuando era ministro de Educación. Otras, como Madrid, se han mantenido en las mismas cifras.

Qué hay de nuevo

Desde el Ministerio se ha insistido en que el texto no es simplemente una vuelta a la LOE de 2006, sino mucho más. Como ejemplo, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha hablado del peso que tendría una visión de la ley desde la óptica de los derechos de la infancia o del peso que tendrá la coeducación a lo largo de todo el texto.
También se han recogido algunas de las reivindicaciones de los colectivos de la educación infantil, aunque dejando algunas puertas abiertas a posibilidades que no mejorarían, de facto, la situación de esta primera etapa educativa.

La Lomloe recoge, eso sí, la vuelta a los ciclos en educación primaria. Un cambio no menor si se tiene en cuenta que ha habido un cierto repunte de la repetición de curso con su desaparición auspiciada por la Lomce. «No hacerlo así supone un aumento de repeticiones indeseables», ha dicho la ministra Celaá durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El gran reto educativo que tendrá por delante la ley, posiblemente, sea el de la disminución del Abandono Educativo Temprano (AET) que, aunque ha descendido mucho en los últimos años, se encuentra más de dos puntos porcentuales por encima del objetivo marcado por la UE para España del 15% para este 2020. No parece razonable pensar que en los próximos meses pueda reducirse esta cifra.

Para hacer frente a dicha situación, desde el Ministerio pretenden que los diferentes itinerarios formativos del estudiantado, ya sea por la vía académica o profesional, no cierren ninguna puerta, de manera que la rama de la formación profesional básica concluya con el título de ESO y que, de esta manera, quienes la cursan tengan la opción de cruzar a la vía académica más adelante.

La inclusión ha ganado puntos a lo largo de los últimos años en el discurso educativo, entre otras cosas por el tirón de orejas que la ONU le dio al Gobierno español tras la visita de una delegación que supervisó la situación de la educación inclusiva en España. El informe, demoledor, acusaba al país de no estar haciendo su trabajo en relación a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y que implica la escolarización de todo el alumnado en un único sistema ordinario, y no en la doble vía de la educación especial o las aulas específicas dentro de los centros convencionales.

La ministra ha anunciado, como ya había hecho en otros momentos, a la iniciativa según la cual, de aquí a un año, el Gobierno se ha comprometido a tener un documento que desarrolle la carrera docente, desde la formación inicial hasta el final de la profesión.

Ha asegurado que habrá un periodo, tras la entrada del profesorado en los centros educativos, de aproximadamente un curso lectivo, en el que el nuevo docente estará tutorizado «con el fin de mejorar su práctica», ha precisado Celaá.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/03/03/division-ante-la-nueva-ley-educativa-aprobada-por-el-consejo-de-ministros/

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El negocio de la educación (ii parte). 35 años de leyes para privatizar las aulas: de la lode a la lomce.

Daniel Sánchez Caballero

Por: Daniel Sánchez Caballero

España no ha sido ajena a la mercantilización generalizada de la educación, pero lo ha hecho a partir de conceptos propios como “libertad de elección” y una regulación que ha atraído a grandes fondos de inversión.

Todo gira, básicamente, en torno a dos conceptos: “Libertad de elección” y, más recientemente, “evaluaciones estandarizadas”. España no ha sido ajena a la corriente mercantilizadora que se vive en el mundo desde finales del S.XX, pero lo ha hecho a su estilo.

El traspaso de fondos públicos a instituciones privadas y el desembarco en la educación de una lógica de “cuasimercado” empezó en 1985, cuando el Gobierno de Felipe González creó la escuela concertada con la LODE y decidió pagar a centros privados para que se integraran en la red pública.

En su momento la medida se justificó porque se ampliaba la educación obligatoria desde los 14 a los 16 años y no había colegios suficientes para acoger a este nuevo estudiantado. Pero desde entonces esta partida no ha hecho más que crecer (se ha multiplicado al menos por dos desde 1992, teniendo en cuenta la inflación) y la normativa ha ido reforzando los conciertos hasta culminar con la LOMCE, la actual ley, que llegó a blindar el pago a centros que segregaran por sexo.

La todavía vigente LOMCE ha sido el intento más obvio de desarrollar esta apuesta por hacer negocio con la educación en España. Y para entender la LOMCE hay que mirar a un sector no tan activo en España, pero muy habitual en otras coordenadas: los lobbies, y en concreto FAES, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales del PP.

“El think tank FAES es el actor que está ejerciendo especial protagonismo en el diseño y la defensa de nuevas políticas neoliberales en el ámbito educativo”, escribió Geo Saura, profesor de la Universidad de Barcelona, en el estudio Think tanks y educación. Neoliberalismo de FAES en la LOCME.

“Desde su comienzo, FAES ha ido generando narrativas para reformar el sistema educativo desde una vertiente ideológica y práctica del neoliberalismo”, comenta Saura. “Los ejes centrales han sido la elaboración de discursos en los que se aboga por ofrecer libertad de elección de centro a las familias y modificar los roles que debe ocupar el Estado en el control de la educación”.

Francisco López Rupérez, uno de sus más ilustres miembros en cuestiones educativas, escribió en 2003 que la educación estaba afectada por la “enfermedad de lo público”. Enfermedad que se curaba con mecanismos de privatización. Pedro Schwartz, otro de los ideólogos de cabecera de FAES, definió en 2008 el sistema de distribución de alumnado como “soviético centralizador” y que no promovía la libertad de elección familiar.

Cinco años más tarde de las palabras de Schwartz teníamos la LOMCE, que ya en su artículo 1 cambiaba todo el corpus legal educativo histórico al cambiar la garantía de plazas escolares para todos: ahora podrían ser públicas, como siempre, o privadas concertadas, según decidieran los padres y reclamara la “demanda social”, un término lo suficientemente ambiguo como para recoger muchas cosas.

La otra pata de la mercantilización educativa, previa a la LOMCE pero consolidada en esta, son las famosas evaluaciones estandarizadas. “Son el instrumento esencial para posibilitar las políticas de privatización encubierta de cuasimercados, rendición de cuentas y gestión de resultados”, analiza Saura. Durante un tiempo se llegaron a publicar clasificaciones de colegios en la prensa. Los colegios competían entre sí y los padres elegían al mejor, en una maniobra que ahondó en la situación inversa: al final son los colegios privados-concertados los que eligen a sus alumnos mediante diferentes artimañas.

Un poco de historia

La LOMCE fue la culminación, pero tampoco surgió de la nada. La situación venía de atrás. Empieza con la LODE, en 1985, que asimila los privados en el sistema a través de los conciertos. “La LODE establece el inicio del cuasimercado educativo español distinguiendo entre colegios privados, privados-concertados y públicos para posibilitar la elección a las familias”, explica Saura. Los colegios tenían que competir por el alumnado.

La LOGSE trae cosas positivas, cuenta Beatriz Quirós, catedrática de instituto jubilada que ha estudiado la materia y publicado diversos estudios al respecto. Pero también abrió la puerta al reglamentarismo y a las desigualdades académicas. En el 95 se pone en marcha la LOPEG, que dibuja el marco legal para la entrada de la privatización del sistema educativo y profesionaliza la dirección de los centros, quitando a los Consejos Escolares la capacidad de decisión que tenían en favor de los directores.

La LOCE del PP, en 2002, ya introduce el neoliberalismo sin ambages: “Cultura del esfuerzo”, jerarquización de los centros escolares, que compiten entre sí… De esta norma los expertos destacan que se centró en la figura de la dirección de los centros, “otorgándole a la figura una toma de decisiones propias de planteamientos gerenciales”, cuenta Saura. Nunca entró en vigor porque llegó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobó la LOE, pero el camino ya estaba marcado.

“La LOE debería haber supuesto un freno a las políticas neoliberales, pero no lo hace. Se aplica la estrategia de Lisboa, no hay medidas para mantener el personal en los centros, se introducen las competencias básicas, las evaluaciones de diagnóstico, se filtran clasificaciones de colegios, empieza el gusanillo de PISA, hay que quedar bien colocado… Calan esas ideas y se pervierte la educación”, explica Quirós.

En paralelo, y al calor de la crisis de 2008, en España empiezan a recortarse los presupuestos. La administración dedica hoy a la Educación exactamente el mismo dinero que invertía en 2007, unos 47.500 millones de euros en total. Pero la escuela privada concertada, en manos de la Iglesia en su mayoría, recibe un 25% de fondos públicos más que entonces.

Con este panorama, son las familias quienes compensan este estancamiento en el gasto público en busca del mejor futuro para sus hijos: su gasto educativo ha subido casi un 50% en esa misma década, pasando de 8.700 millones de euros al año en 2007 a 12.300 diez años después.

En el mundo se siguió una tendencia parecida. Por seguir con la misma referencia temporal, los países invertían de media el 4,41% de su PIB en Educación en 2007. Una década más tarde ese porcentaje era del 4,67% de su PIB en Educación, una subida del 5%. Pero el PIB ha subido en el mismo periodo cerca de un 30%, al pasar de unos 60.000 miles de millones de euros a unos 80.000.

La escuela que segrega

Esta mercantilización de la educación está modelando una escuela más sectaria, menos social y que poco a poco va perdiendo el papel de ascensor social que sí ha llegado a ejercer. Lo dicen los profesores, que lo ven, y lo dice la estadística.

En España, el 69% de los hijos de familias con estudios superiores irá a la universidad mientras que el 56% de los descendientes de familias que no pasaron de la secundaria obligatoria (16 años) se quedarán en el mismo punto, según datos de la OCDE. Más: los descendientes del 20% de las familias más pobres necesitarán cuatro generaciones enteras para alcanzar el nivel de vida medio en el país.

La segregación campa por las escuelas. Los ricos van a clase con los ricos a la escuela privada (concertada o no) y los pobres con los pobres a la pública. Lo dice la Fundación BBVA en el informe Diferencias educativas regionales 2000-2016, lo escribió el profesor de la UAM Javier Murillo en un detallado estudio que colocaba a España como el sexto país que más segrega de Europa y a Madrid –laboratorio educativo del PP durante todo el principio del siglo XXI– como la región puntera en este apartado en Europa.

Esta distribución del alumnado tiene sus consecuencias: mejores colegios, mejores compañeros, mejores notas, mejores estudios, mejores trabajos. Esto es una cadena, está estudiado que funciona así (hablando de grandes grupos, los individuos se pueden salir de esta lógica). Si tus padres estudiaron y tienen libros en casa, más opciones tendrás tú de seguir su camino.

Y llegaron los másteres

La llegada de Bolonia supuso una especie de confirmación de estas tendencias. Fuera su intención o no, el desembarco del espacio superior de educación europeo en España (el conocido como plan Bolonia) en el curso 2008-2009 tuvo al menos un doble efecto: los másteres pasaron a ser parte fundamental de los estudios (cuestan el doble o triple que un grado) y como consecuencia las universidades se encontraron con una nueva entrada de ingresos privados. Bolonia cambió la estructura de los estudios universitarios para proponer, con carácter general, carreras más cortas (y más genéricas) que idealmente se completan con un máster para la formación específica.

Alumnos de máster en las universidades privadas.

El individualismo aspiracional con el que bombardea el capitalismo neoliberal lleva a una frenética carrera por llegar a los mejores empleos (o al menos los más remunerados). Estudiar se convierte en obligatorio por el mercado, de manera que ya se ofrecen más másteres (3.540 el último curso) que grados (2.854). Haz un máster. Haz otro. Y los hacemos: en diez años el número de alumnos de posgrados se ha cuadruplicado, multiplicando los 50.000 que hicieron uno el curso que se implantó Bolonia hasta los más de 200.000 del pasado año, según datos de Educación. Antes, uno de cada 25 estudiantes hacía un posgrado. Ahora es uno de cada seis y medio.

Y no son precisamente baratos. Además, la llegada de esta creciente fuente de ingresos para las universidades coincidió en el tiempo con el recorte a la financiación pública que impulsó Rajoy cuando empezó la crisis. Son las universidades privadas las que cada vez más están recogiendo ese pastel: han pasado de tener uno de cada seis alumnos de máster a uno de cada tres en diez años. Y subiendo.

Pero el mercado laboral dual que se está conformando (unos cuantos trabajos bien remunerados arriba, una mayoría de empleos que no requieren de demasiada formación) no es capaz de absorber a todos estos estudiantes formados y el resultado es que España el país de Europa con más universitarios en trabajos que no necesitan esa cualificación. Somos campeones en sobrecualificación: uno de cada tres empleados ha estudiado bastante más de lo que exige su puesto. Por el camino, miles de euros gastados en una formación que quizá no se utilice nunca.

Compraventa de colegios y universidades

La evolución de estas ideas y del propio mercado ha llevado a la creación de un sector educativo de dimensiones a considerar. La Educación mueve mucho dinero. Pese a los recortes, las cifras siguen siendo golosas. Los países de la UE gastaron 716.000 millones de euros en Educación en 2015, a lo que habría que sumar el gasto privado, que solo en España fueron más de 12.000 millones de euros el pasado año. Y esta partida –la de las familias–, al contrario que las públicas, solo sube.

Porque todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos. Los padres no escatiman, dentro de sus posibilidades. Los Gobiernos gastan en escuelas, en profesores, en equipamiento, tanto hardware como software. Las tecnológicas pelean por coger su trozo del pastel. Google, IBM, HP y muchos otros gigantes han saltado de lleno al sector ofreciendo recursos, en forma de maquinaria o programas, conocedores de que meter el pie en el sector solo puede traer buenas noticias. Las start-ups crecen como setas. Solo el pasado año el sector tecnológico movió unos 6.500 millones de euros en todo el mundo.

Ejemplos de este negocio en torno a la educación se pueden observar en España en todos los niveles educativos. En educación obligatoria sirva el ejemplo de los colegios Laude, un grupo compuesto por diez centros privados repartidos por el país. En 2006, los fondos Dinamia y N+1 compraron cinco colegios en una operación que se cerró por unos 18 millones de euros, según contaba la prensa entonces. El “tamaño” y el “crecimiento sólido del mercado” se citaban como puntales para una buena inversión.

El grupo fue creciendo con la compra de más centros hasta que en 2014, tras una inversión total de 35 millones, se vendió por entre 35 y 45 millones de euros al gigante International School Partnership (ISP), cuyo principal accionista es Partners Group, la firma de capital riesgo más grande de Suiza. A día de hoy, el grupo Colegios Laude SL es el segundo más grande del sector con una facturación anual de 46,8 millones de euros en 2017 y un resultado de explotación de 3,6 millones de euros.

Al menos, siempre quedarán las competencias y la satisfacción de tener una escuela “eficiente” que dé “empleabilidad” a los jóvenes. Pero, se preguntan los expertos, ¿es la “empleabilidad” una garantía de empleo por sí misma?

Fuente e imagen tomadas de: https://insurgenciamagisterial.com/el-negocio-de-la-educacion-ii-parte-35-anos-de-leyes-para-privatizar-las-aulas-de-la-lode-a-la-lomce/

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España: La Lomloe podría comenzar su andadura a primeros de marzo

Noticias

Europa/España/13 Febrero 2020/eldiariolaeducacion.com

Nadie se moja sobre la llegada del nuevo texto al Consejo de Ministros; algo que podría ser en las próximas semanas. Aunque existe una urgencia en que el trámite comience lo antes posible para derogar la Lomce antes de final de curso.

«En las próximas semanas». Este es el mantra que fuentes del Ministerio de Educación y FP, así como del grupo parlamentario socialista lanzan cada vez que alguien pregunta cuándo llegará al Consejo de Ministros la Lomloe.

El texto, que ya pasó hace un año por los trámites obligatorios de participación de la comunidad educativa en su redacción, llegará exactamente igual al Consejo de Ministros las próximas semanas. Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso aseguró el pasado viernes, ante representantes de diferentes organizaciones sociales y educativas, que el tanto desde el PSOE como desde el Gobierno quiere agilizarse todo lo posible la llegada de la ley al Parlamento.

Para ello es necesario que no se toque ni una coma del proyecto dado a conocer hace un año. Y que los cambios que puedan realizarse se hagan vía enmiendas en el trámite parlamentario.

En un acto organizado por Redes por una nueva política educativa y el Foro de Sevilla en Madrid, la parlamentaria volvió a recordar el acuerdo de toda la oposición para la derogación de la Lomce en el momento en el que hubiese una mayoría suficiente en el Congreso. Esta mayoría existe ya, aunque tenga por delante una gran dificultad para ponerse de acuerdo. En dicho encuentro, además de Martínez Seijo, también participaron Javier Sánchez, homólogo en Unidas Podemos, y Josep Nuet, del Grupo Republicano (Esquerra Republicana de Catalunya). Entre estos tres grupos sumarían 174 diputados, lo que les dejaría a dos de conseguir la mayoría absoluta necesaria para derogar la Lomce y aprobar la Lomlloe. Las leyes orgánicas (relativas a derechos fundamentales) obligan a alcanzar mayorías absolutas para su aprobación o modificación.

A pesar de las dificultades existentes en la negociación que, presumiblemente, será complicada, la intención expresada por Javier Sánchez es que este curso termine con la nueva ley ya aprobada y que pueda entrar en vigor para el próximo.

Entre las modificaciones cabría destacar, por ejemplo, la vuelta a la organización de la educación primaria por ciclos, tres; la puesta en marcha de dos evaluaciones de diagnóstico, en primaria y secundaria respetivamente; la apuesta por una educación inclusiva que prevea la redacción de un proyecto para que, en el plazo de 10 años, la escuela ordinaria tenga los recursos necesarios para atender a niñas y niños con necesidades especiales de apoyo educativo y para que los centros de educación especial vayan, progresivamente, convirtiéndose en centros de recursos y apoyo para el resto.

También prevé la recuperación del peso de los consejos escolares de centro en la toma de decisiones como la elección de las direcciones escolares; la puesta en marcha de una asignatura de Valores Cívivos en primaria y secundaria; la pérdida de importancia de la Religión al no computar para la nota y no llevar aparejada una materia espejo, o la vuelta al reparto porcentual del currículo de la LOE: el 65% corresponde al Ministerio en las comunidades sin lengua propia y un 55% en aquellas que sí la tengan.

Además de las posibles y más que probables modficaciones que sufrirá el texto en su paso por el Congreso, una duda (y también una demanda) queda en el aire: si la ley llevará aparejada una memoria económica que dé carta de naturaleza a las medidas que pretende poner en marcha. Sin un compromiso de financiación claro, será complicado que haya cambios reales y prácticos en cuestiones como la educación inclusiva, la adecuación a la Agenda 2030 de los ODS o la apuesta por un sistema educativo que evite la segregación socioeconómica de su alumnado con una escolarización más equilibrada entre los centros escolares. Una segregación, como la de la Comunidad de Madrid, relacionada, en palabras de Martínez Seijo, por el avance de la concertada en muchos territorios.

Sánchez señaló que uno de los puntos claves de la futura ley es que suponga un freno a la segregación socioeconómica del alumnado, causada en gran medida, dijo, por la privatización de los últimos años. Una ley que «avance en la defensa de la educación pública», afirmó, «y que no permita la segregación». En este sentido puntualizó que una posibilidad sería cambiar los criterios de baremación para la escolarización.

La comunidad educativa presente en la jornada señaló otros problemas importantes como las ratios en muchas comunidades autónomas, la continuación sine die de los conciertos educativos, la salida de la religión fuera de la escuela o la necesidad de un texto legal que imponga unos mínimos para la puesta en marcha de centros de educación infantil. También la necesidad de una importante reflexión sobre unos currículos enciclopédicos y poco flexibles o sobre la necesidad de que la ley, más que hablar de desarrollo sostenible, haga suya la urgencia climática.

Tanto Luz Martínez Seijo como Javier Sánchez insistieron en que la Lomloe no es simplemente volver a la LOE y sus parámetros, sino que ha de ir más lejos puesto que las circunstancias sociales y educativas han cambiado en los últimos 13 o 14 años.

Ambos hicieron hincapié en la necesidad de que la comunidad educativa vaya marcando el camino de las posibles enmiendas y mejoras que la ley vaya asumiendo durante su trámite en el Congreso. Martínez Seijo insistió en «no perder un minuto» en esta tramitación.

En este sentido, los tres diputados que acudieron a la jornada hablaron de las dificultades que habrá durante la tramitación de la ley, de las presiones que habrá por parte de las derechas, de las posibles acusaciones de adoctrinamiento a las que se someterá al nuevo texto legal. Todos expresaron la necesidad de que la comunidad educativa, además de hacer presión para conseguir mejoras en el texto, debe estar unida para conseguir la aprobación del texto que derogue la Lomce. «Vamos a un debate duro, debéis ser conscientes, dijo Nuet; sin la comunidad educativa lo podemos perder».

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2020/02/11/la-lomloe-podria-comenzar-su-andadura-a-primeros-de-marzo/

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El negocio de la educación (II parte) 35 años de leyes para privatizar las aulas: de la LODE a la LOMCE

Daniel Sánchez Caballero

Por: Daniel Sánchez Caballero

España no ha sido ajena a la mercantilización generalizada de la educación, pero lo ha hecho a partir de conceptos propios como «libertad de elección» y una regulación que ha atraído a grandes fondos de inversión.

Todo gira, básicamente, en torno a dos conceptos: «Libertad de elección» y, más recientemente, «evaluaciones estandarizadas». España no ha sido ajena a la corriente mercantilizadora que se vive en el mundo desde finales del S.XX, pero lo ha hecho a su estilo.

El traspaso de fondos públicos a instituciones privadas y el desembarco en la educación de una lógica de «cuasimercado» empezó en 1985, cuando el Gobierno de Felipe González creó la escuela concertada con la LODE y decidió pagar a centros privados para que se integraran en la red pública.

 

La todavía vigente LOMCE ha sido el intento más obvio de desarrollar esta apuesta por hacer negocio con la educación en España. Y para entender la LOMCE hay que mirar a un sector no tan activo en España, pero muy habitual en otras coordenadas: los lobbies, y en concreto FAES, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales del PP.

«El think tank FAES es el actor que está ejerciendo especial protagonismo en el diseño y la defensa de nuevas políticas neoliberales en el ámbito educativo», escribió Geo Saura, profesor de la Universidad de Barcelona, en el estudio Think tanks y educación. Neoliberalismo de FAES en la LOCME.

«Desde su comienzo, FAES ha ido generando narrativas para reformar el sistema educativo desde una vertiente ideológica y práctica del neoliberalismo», comenta Saura. «Los ejes centrales han sido la elaboración de discursos en los que se aboga por ofrecer libertad de elección de centro a las familias y modificar los roles que debe ocupar el Estado en el control de la educación».

Francisco López Rupérez, uno de sus más ilustres miembros en cuestiones educativas, escribió en 2003 que la educación estaba afectada por la «enfermedad de lo público». Enfermedad que se curaba con mecanismos de privatización. Pedro Schwartz, otro de los ideólogos de cabecera de FAES, definió en 2008 el sistema de distribución de alumnado como «soviético centralizador» y que no promovía la libertad de elección familiar.

Cinco años más tarde de las palabras de Schwartz teníamos la LOMCE, que ya en su artículo 1 cambiaba todo el corpus legal educativo histórico al cambiar la garantía de plazas escolares para todos: ahora podrían ser públicas, como siempre, o privadas concertadas, según decidieran los padres y reclamara la «demanda social», un término lo suficientemente ambiguo como para recoger muchas cosas.

La otra pata de la mercantilización educativa, previa a la LOMCE pero consolidada en esta, son las famosas evaluaciones estandarizadas. «Son el instrumento esencial para posibilitar las políticas de privatización encubierta de cuasimercados, rendición de cuentas y gestión de resultados», analiza Saura. Durante un tiempo se llegaron a publicar clasificaciones de colegios en la prensa. Los colegios competían entre sí y los padres elegían al mejor, en una maniobra que ahondó en la situación inversa: al final son los colegios privados-concertados los que eligen a sus alumnos mediante diferentes artimañas.

Un poco de historia

La LOMCE fue la culminación, pero tampoco surgió de la nada. La situación venía de atrás. Empieza con la LODE, en 1985, que asimila los privados en el sistema a través de los conciertos. «La LODE establece el inicio del cuasimercado educativo español distinguiendo entre colegios privados, privados-concertados y públicos para posibilitar la elección a las familias», explica Saura. Los colegios tenían que competir por el alumnado.

La LOGSE trae cosas positivas, cuenta Beatriz Quirós, catedrática de instituto jubilada que ha estudiado la materia y publicado diversos estudios al respecto. Pero también abrió la puerta al reglamentarismo y a las desigualdades académicas. En el 95 se pone en marcha la LOPEG, que dibuja el marco legal para la entrada de la privatización del sistema educativo y profesionaliza la dirección de los centros, quitando a los Consejos Escolares la capacidad de decisión que tenían en favor de los directores.

La LOCE del PP, en 2002, ya introduce el neoliberalismo sin ambages: «Cultura del esfuerzo», jerarquización de los centros escolares, que compiten entre sí… De esta norma los expertos destacan que se centró en la figura de la dirección de los centros, «otorgándole a la figura una toma de decisiones propias de planteamientos gerenciales», cuenta Saura. Nunca entró en vigor porque llegó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobó la LOE, pero el camino ya estaba marcado.

«La LOE debería haber supuesto un freno a las políticas neoliberales, pero no lo hace. Se aplica la estrategia de Lisboa, no hay medidas para mantener el personal en los centros, se introducen las competencias básicas, las evaluaciones de diagnóstico, se filtran clasificaciones de colegios, empieza el gusanillo de PISA, hay que quedar bien colocado… Calan esas ideas y se pervierte la educación», explica Quirós.

En paralelo, y al calor de la crisis de 2008, en España empiezan a recortarse los presupuestos. La administración dedica hoy a la Educación exactamente el mismo dinero que invertía en 2007, unos 47.500 millones de euros en total. Pero la escuela privada concertada, en manos de la Iglesia en su mayoría, recibe un 25% de fondos públicos más que entonces.

Con este panorama, son las familias quienes compensan este estancamiento en el gasto público en busca del mejor futuro para sus hijos: su gasto educativo ha subido casi un 50% en esa misma década, pasando de 8.700 millones de euros al año en 2007 a 12.300 diez años después.

En el mundo se siguió una tendencia parecida. Por seguir con la misma referencia temporal, los países invertían de media el 4,41% de su PIB en Educación en 2007. Una década más tarde ese porcentaje era del 4,67% de su PIB en Educación, una subida del 5%. Pero el PIB ha subido en el mismo periodo cerca de un 30%, al pasar de unos 60.000 miles de millones de euros a unos 80.000.

La escuela que segrega

Esta mercantilización de la educación está modelando una escuela más sectaria, menos social y que poco a poco va perdiendo el papel de ascensor social que sí ha llegado a ejercer. Lo dicen los profesores, que lo ven, y lo dice la estadística.

En España, el 69% de los hijos de familias con estudios superiores irá a la universidad mientras que el 56% de los descendientes de familias que no pasaron de la secundaria obligatoria (16 años) se quedarán en el mismo punto, según datos de la OCDE. Más: los descendientes del 20% de las familias más pobres necesitarán cuatro generaciones enteras para alcanzar el nivel de vida medio en el país.

La segregación campa por las escuelas. Los ricos van a clase con los ricos a la escuela privada (concertada o no) y los pobres con los pobres a la pública. Lo dice la Fundación BBVA en el informe Diferencias educativas regionales 2000-2016, lo escribió el profesor de la UAM Javier Murillo en un detallado estudio que colocaba a España como el sexto país que más segrega de Europa y a Madrid –laboratorio educativo del PP durante todo el principio del siglo XXI– como la región puntera en este apartado en Europa.

Esta distribución del alumnado tiene sus consecuencias: mejores colegios, mejores compañeros, mejores notas, mejores estudios, mejores trabajos. Esto es una cadena, está estudiado que funciona así (hablando de grandes grupos, los individuos se pueden salir de esta lógica). Si tus padres estudiaron y tienen libros en casa, más opciones tendrás tú de seguir su camino.

Y llegaron los másteres

La llegada de Bolonia supuso una especie de confirmación de estas tendencias. Fuera su intención o no, el desembarco del espacio superior de educación europeo en España (el conocido como plan Bolonia) en el curso 2008-2009 tuvo al menos un doble efecto: los másteres pasaron a ser parte fundamental de los estudios (cuestan el doble o triple que un grado) y como consecuencia las universidades se encontraron con una nueva entrada de ingresos privados. Bolonia cambió la estructura de los estudios universitarios para proponer, con carácter general, carreras más cortas (y más genéricas) que idealmente se completan con un máster para la formación específica.

Alumnos de máster en las universidades privadas.
Alumnos de máster en las universidades privadas.

El individualismo aspiracional con el que bombardea el capitalismo neoliberal lleva a una frenética carrera por llegar a los mejores empleos (o al menos los más remunerados). Estudiar se convierte en obligatorio por el mercado, de manera que ya se ofrecen más másteres (3.540 el último curso) que grados (2.854). Haz un máster. Haz otro. Y los hacemos: en diez años el número de alumnos de posgrados se ha cuadruplicado, multiplicando los 50.000 que hicieron uno el curso que se implantó Bolonia hasta los más de 200.000 del pasado año, según datos de Educación. Antes, uno de cada 25 estudiantes hacía un posgrado. Ahora es uno de cada seis y medio.

Y no son precisamente baratos. Además, la llegada de esta creciente fuente de ingresos para las universidades coincidió en el tiempo con el recorte a la financiación pública que impulsó Rajoy cuando empezó la crisis. Son las universidades privadas las que cada vez más están recogiendo ese pastel: han pasado de tener uno de cada seis alumnos de máster a uno de cada tres en diez años. Y subiendo.

Pero el mercado laboral dual que se está conformando (unos cuantos trabajos bien remunerados arriba, una mayoría de empleos que no requieren de demasiada formación) no es capaz de absorber a todos estos estudiantes formados y el resultado es que España el país de Europa con más universitarios en trabajos que no necesitan esa cualificación. Somos campeones en sobrecualificación: uno de cada tres empleados ha estudiado bastante más de lo que exige su puesto. Por el camino, miles de euros gastados en una formación que quizá no se utilice nunca.

Compraventa de colegios y universidades

La evolución de estas ideas y del propio mercado ha llevado a la creación de un sector educativo de dimensiones a considerar. La Educación mueve mucho dinero. Pese a los recortes, las cifras siguen siendo golosas. Los países de la UE gastaron 716.000 millones de euros en Educación en 2015, a lo que habría que sumar el gasto privado, que solo en España fueron más de 12.000 millones de euros el pasado año. Y esta partida –la de las familias–, al contrario que las públicas, solo sube.

Porque todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos. Los padres no escatiman, dentro de sus posibilidades. Los Gobiernos gastan en escuelas, en profesores, en equipamiento, tanto hardware como software. Las tecnológicas pelean por coger su trozo del pastel. Google, IBM, HP y muchos otros gigantes han saltado de lleno al sector ofreciendo recursos, en forma de maquinaria o programas, conocedores de que meter el pie en el sector solo puede traer buenas noticias. Las start-ups crecen como setas. Solo el pasado año el sector tecnológico movió unos 6.500 millones de euros en todo el mundo.

Ejemplos de este negocio en torno a la educación se pueden observar en España en todos los niveles educativos. En educación obligatoria sirva el ejemplo de los colegios Laude, un grupo compuesto por diez centros privados repartidos por el país. En 2006, los fondos Dinamia y N+1 compraron cinco colegios en una operación que se cerró por unos 18 millones de euros, según contaba la prensa entonces. El «tamaño» y el «crecimiento sólido del mercado» se citaban como puntales para una buena inversión.

El grupo fue creciendo con la compra de más centros hasta que en 2014, tras una inversión total de 35 millones, se vendió por entre 35 y 45 millones de euros al gigante International School Partnership (ISP), cuyo principal accionista es Partners Group, la firma de capital riesgo más grande de Suiza. A día de hoy, el grupo Colegios Laude SL es el segundo más grande del sector con una facturación anual de 46,8 millones de euros en 2017 y un resultado de explotación de 3,6 millones de euros.

 

En la universidad se pueden mencionar los casos de la Alfonso X El Sabio de Madrid o la Universidad Europea, dos centros privados adquiridos recientemente por unos 770 y 1.100 millones de euros, respectivamente, por sendos fondos de inversión. Las universidades dan dinero: el sector de la educación superior privada facturó 2.255 millones de euros en 2017, según la consultora DBK, con un crecimiento anual del 7%. Un total de 23 centros privados analizados por este diario ofrecieron ese año una rentabilidad media del 9,41%.

Al menos, siempre quedarán las competencias y la satisfacción de tener una escuela «eficiente» que dé «empleabilidad» a los jóvenes. Pero, se preguntan los expertos, ¿es la «empleabilidad» una garantía de empleo por sí misma?

Fuente e imagen: https://www.eldiario.es/sociedad/leyes-privatizar-aulas-LODE-LOMCE_0_992151628.html

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Los cambios en educación dependerán de cómo se concreten

Agustín Moreno

Por: Agustín Moreno

No está clara la apuesta real por la red pública y por la reducción progresiva de la educación privada sostenida con fondos públicos

 

Es un buen regalo de Reyes y comienzo de 2020 que por fin haya un Gobierno progresista. Las líneas del acuerdo de Gobierno hay que verlas globalmente y no solo de forma sectorial para valorar en su conjunto los compromisos que asumen ante la ciudadanía. En este sentido, es importante que se dediquen la mitad de los puntos a aspectos sociales, conscientes de que ese es el camino más eficaz para mejorar la situación de la mayoría social, colocar en el centro de gravedad otros temas diferentes a los que han copado el debate público en los últimos tiempos, y como vacuna frente al avance de la ultraderecha.

En mi opinión, hay cuatro grandes ejes para medir si realmente se coloca la educación como prioridad estratégica para mejorar la equidad, la formación de las personas y la cohesión social y democrática de este país.

1. La sustitución de la LOMCE. Es importante el compromiso de derogar una ley rechazada por la comunidad educativa con sus movilizaciones (Marea Verde), por la mayoría de los grupos parlamentarios y de negativos efectos en la calidad. Pero no se trata de suprimir un símbolo denostado, sino saber por qué se sustituye. La mejor manera de medir la profundidad del cambio es comparar las propuestas del Gobierno con el “Documento de Bases para una nueva Ley de Educación” elaborado por todos los sectores progresistas de educación.

Y las diferencias son grandes, si el cambio se reduce a poco más que la necesaria supresión de los itinerarios segregadores (y, supongo, que a la recuperación de programas como los de diversificación que funcionaban muy razonablemente y se los cargó el ministro Wert) o a que la Religión no cuente para la nota.

2. Red pública o doble red. No está clara la apuesta real por la red pública y por la reducción progresiva de la educación privada sostenida con fondos públicos. Uno de los grandes problemas de la educación es la doble red que selecciona y segrega al alumnado por razones socioeconómicas, clasistas. Y sobre esto no veo nada concreto. Suprimir los conciertos a los centros que segregan por sexo está bien, pero son una pequeña realidad. Insistir en la gratuidad que ya dice hoy la ley “informando a las familia” es un brindis al sol, porque serán las comunidades autónomas las que pongan o no medidas para garantizarlas. No se aborda un horizonte de negociación para suprimir la anomalía de los centros concertados e incorporar su función en la red pública.

3. La laicidad de la escuela. Corregir la barbaridad de la LOMCE de que la asignatura de Religión computase para la nota media y para las becas es lo más elemental. Ya es voluntaria y que no tenga asignatura alternativa es poco relevante. Debería asegurarse la libertad de conciencia de los niños y niñas, según dicen las Convenciones de Naciones Unidas y, para ello, la religión confesional debe de salir de la escuela y del currículo, no solo del horario escolar. Y abordar, de una vez por todas, la derogación de un concordato preconstitucional que carga de privilegios a la Iglesia católica en su labor adoctrinadora, como aprobó la mayoría parlamentaria con la PNL de febrero de 2018.

4. La Financiación. El compromiso de llegar al 5% del PIB desde el actual 4,2% está bien, ya que son 8.000 millones de euros más que fueron los que recortó el PP, pero se demora mucho en el tiempo (no se alcanzarían hasta 2025). Hace falta una fuerte e inmediata inversión en educación porque no se nota la reversión de los recortes en los centros educativos, hay que mejorar las becas y la calidad. Con este compromiso no hacemos otra cosa que aproximarnos a la media de la Unión Europea. Y esto no es suficiente: hay que trazar un horizonte de futuro hacía el 7% del PIB si queremos que España esté a la cabeza de la calidad educativa.

Muchos temas que se apuntan en el programa de gobierno están en función de cómo se produzca la financiación, de cómo se desarrollen los acuerdos con las comunidades autónomas (CCAA) y de si son o no prescriptivos para ellas. Estamos hablando de poder financiar nuevas etapas educativas como la de 0 a 3 años; de un plan eficaz contra el fracaso escolar y el abandono temprano; de reducir la interinidad (aunque no se dice cómo) del profesorado y evitar los despidos para no pagar el verano; de reducir la precariedad del profesorado universitario; de mejorar la política de becas y de reducir las tasas universitarias a la situación anterior a los recortes… Compromisos de valor aunque sin concretar que aparecen en el programa de Gobierno.

Vista la experiencia de la ley 4/2019 que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez, que debía de servir para revertir los recortes de Rajoy (DL 14/2012) y que apenas se ha notado en los centros educativos en la reducción de jornada y de ratios, porque dejaba en manos de las CCAA su concreción y aplicación, se puede temer que algunos opten más por cambios aparentes que reales.

Así las cosas, estando bien una serie de propuestas, no dejan de ser insuficientes los cambios que se plantean en educación. Y, ojo, ello siempre que haya una movilización suficiente de la comunidad educativa y de la ciudadanía progresista, porque seguramente saldrán a la calle de manera preventiva las fuerzas que defienden los privilegios, el negocio y el adoctrinamiento religioso en educación. Una nueva ley y otra política educativa serían una buena ocasión de apostar en serio por la educación pública, pero todo depende de cómo se desarrolle.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=264090

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La emergencia climática no llega a la escuela

Ana Torres Menárguez

Por: Ana Torres Menárguez

Los expertos reclaman una reforma integral del currículum académico para que la sensibilidad con el medio ambiente impregne toda la escuela

Esther Estebaranz, maestra de 58 años del colegio público madrileño Bravo Murillo, cree que mientras los políticos presumen de programas electorales con iniciativas para proteger el medio ambiente, dejan de lado lo más importante: la educación ambiental en la escuela. «Es un tema muy vistoso que da muy buena imagen, pero luego la realidad es otra: en mi colegio hemos luchado durante años para que la Administración instale termostatos en las aulas, el derroche de energía con la calefacción en invierno era tremendo», cuenta. También critica el programa académico. En todo el ciclo de Primaria, solo aparecen contenidos específicos sobre cambio climático en un tema dentro de la asignatura de inglés, asegura. En su centro, hace años pusieron en marcha una actividad durante los recreos para concienciar sobre el cuidado del planeta; los chavales se turnan para recoger los residuos arrojados en el patio. «Todo depende de la voluntad de los colegios, no hay una estrategia nacional», añade.

El escenario que describe Estebaranz no es un caso aislado. Aunque no existen datos oficiales sobre la dimensión y la calidad de la educación ambiental en los centros públicos españoles, sí hay un informe de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica) que denuncia que lejos de programas estructurados, en los colegios «priman las acciones puntuales» como celebraciones de efemérides ambientales o actividades concretas en las que solo participan grupos reducidos de alumnos. El informe Hacia una educación para la sostenibilidad (publicado en este año) alerta, además, de la falta de programas de formación del profesorado y critica que en muchos casos las iniciativas las lideran «docentes concienciados», y que cuando estos abandonan el centro los programas decaen.

«El modelo que se ha impulsado desde cada una de las autonomías es muy diferente, en su mayoría, son pequeñas acciones para reverdecer los programas académicos», apunta Carmelo Marcén, coautor del estudio. El también investigador de la Universidad de Zaragoza cree que el principal problema es que no existe un organismo estatal que supervise los programas ambientales escolares y que aunque muchos centros han mejorado la gestión ambiental de sus instalaciones, no es suficiente. «Es imprescindible que se modernicen los currículos, y eso no depende de los colegios, sino del ministerio y de las autonomías», recalca.

La semana pasada, la educación ambiental cobró protagonismo después de que el ministro de Educación de Italia, Lorenzo Fioramonti, anunciara que el cambio climático será materia de examen para los escolares de ese país el próximo curso, y que todas las escuelas dedicarán 33 horas al año, en torno a una hora a la semana, a abordar la cuestión. Italia, dijo, se convertirá en el primer país del mundo en incluir el estudio de la crisis climática en la educación obligatoria. Otra de las novedades es que esos contenidos se verán en asignaturas como Geografía, Matemáticas o Física, que pasarán a  estudiarse “desde una nueva perspectiva vinculada al desarrollo sostenible”, para analizar, por ejemplo, los efectos de la acción del hombre en las diferentes zonas del planeta.

La aprobación de la actual ley educativa, la Lomce —impulsada por el PP en solitario en 2013— supuso una reducción de los contenidos ambientales en el currículum respecto a la Loe, aprobada por el PSOE en 2006. El principal cambio se dio en una de las competencias básicas, Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico (que incluía contenidos sobre medio ambiente), que fue sustituida por Competencia Matemática, Ciencia y Tecnología. «El ministro Wert (PP) dio más importancia a lo tecnológico, y ahora depende de la voluntad de los docentes trabajar proyectos medioambientales», señala Federico García, responsable del área social de la Sociedad Española de Ornitología SEO Birdlife, la ONG que en 2017 presentó una moción en el Congreso de los Diputados para promover la «naturalización del currículo», que significa más educación ambiental en los colegios y una asignatura específica en Secundaria. La petición fue escuchada pero no supuso ningún cambio en el currículo.

La Lomce, además, eliminó la asignatura Ciencias para el Mundo Contemporáneo en Bachillerato, una materia que hasta ese momento era obligatoria para los alumnos de Ciencias y que incluía contenidos medioambientales. En su lugar, se implantó la optativa Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, y el peso curricular pasó de cuatro horas semanales a dos. La Lomce supuso también la división de la asignatura de Conocimiento del Medio en Ciencias Sociales y Ciencias naturales. «Los legisladores no entendieron que sociedad y naturaleza van de la mano, no se pueden desligar», critica Carmelo Marcén.

Los expertos, lejos de valorar si los contenidos ambientales deben darse en una u otra asignatura, recalcan que para que tenga un impacto en la vida de los jóvenes, es imprescindible que se enseñe de forma transversal, que impregne todo el programa académico. En su informe Educación para los objetivos del desarrollo sostenible, la Unesco considera que son necesarias «experiencias directas» que afecten en lo emocional a los alumnos. «Las competencias no se pueden enseñar, sino que los alumnos las adquieren con acción, experiencia y reflexión», señala el documento. Los estudiantes tienen que ser capaces de crear en grupo «acciones innovadoras» que fomenten la sostenibilidad a escala local. «Deben adoptar una postura propia en el discurso del clima», añade.

«En el modelo tradicional de escuela, impera la lógica de transmitir información, pero los retos actuales requieren planteamientos más profundos relacionados con el comportamiento; el vínculo emocional es el que te transforma», apunta Eduard Vallory, director del Centro para la UNESCO de Cataluña. «Sucede lo mismo con el bullying o la violencia de género; los power points no sirven para nada, hace falta acción y para eso hay que cambiar el paradigma de cómo enseñamos y aprendemos», añade. En su opinión, el medio ambiente tiene que estudiarse como un todo, porque «no se puede desvincular qué son las bacterias de cómo los humanos han creado el plástico, uno de los elementos que nos está matando».

«No podemos decir que no se traten contenidos ambientales en Secundaria: en primero de la ESO está la asignatura obligatoria Geología y Biología, donde se ve el efecto invernadero o la contaminación de las aguas; en Biología de tercero de la ESO hay un tema sobre ecosistemas y acciones que favorecen la conservación del medio ambiente; a partir de ahí, ya depende de la rama y las optativas que escoge el alumno», explica José Luis Gutiérrez, profesor y jefe del departamento de Biología del instituto público Sierra de Guadarrama en la localidad madrileña de Soto del Real. A su juicio, el problema es que en el actual sistema educativo la educación ambiental se da de forma aislada, desde departamentos estancos. «Se debe abordar desde diferentes asignaturas, si no el alumno percibe que es un tema que solo preocupa a los biólogos, pero ¿qué pasa con los costes económicos de una crisis ambiental? Eso se puede tratar desde Matemáticas o Historia», opina.

Fuente: https://elpais.com/sociedad/2019/11/06/actualidad/1573065284_397571.html

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La diferencia entre enseñar a convivir y adoctrinar en el aula

Eva Bailén

Por: Eva Bailén

Para lograr un clima sano en los centros escolares es necesario conocer las razones por las que suceden los casos de acoso, conocer a las víctimas y a los agresores, y enseñar a respetar a todos

La mejora de la convivencia en los centros educativos es una prioridad. Dudo de que a ningún padre le quede un solo resquicio de duda sobre la importancia de actuar contra el acoso escolar o bullying, más hoy, con la ubicuidad y capacidad de difusión que alcanzan estos actos gracias a internet y a las redes sociales. Para lograr un clima sano en los centros escolares es necesario conocer las razones por las que suceden los casos de acoso, conocer a las víctimas y a los agresores, y enseñar a respetar a todos mediante la tolerancia, la empatía y el respeto. Pero el personal docente no puede quedarse solo en esta tarea. Las familias debemos ayudarlos y, por supuesto, no boicotearlos.

Teniendo en cuenta que el colectivo LGTBi es uno de los más afectados por el acoso escolar, es totalmente necesario que tenga el protagonismo que merece. Hace ya cuatro años que el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad editó la guía titulada “Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico” a la cual recomiendo recurrir, tanto si se es profesor, o también padre o estudiante. Tal y como recoge la introducción, ser gay, lesbiana o trans o ser considerado como tal incrementa el riesgo de ser víctima de acoso escolar. No podemos pues cerrar los ojos a la realidad.

Todo caso de bullying es doloroso, sobre todo para las víctimas. Pero también hay que poner el foco en los acosadores. Ninguno querríamos estar en el lugar de los padres de estos chicos o chicas por la sensación de fracaso que puede producir al progenitor el comportamiento de su hijo. Sin embargo, tampoco podemos dejarlos solos. Debemos darles herramientas para solucionar la situación y también hacerles entender que su implicación es vital para resolverla. Igualmente, todos debemos comprender que no habrá solución posible si no apoyamos la labor educativa.

La formación en los valores constitucionales de la convivencia, la igualdad, el respeto y la no discriminación no puede ser confundida nunca con el adoctrinamiento, como algunos insinúan. Esta formación, al contrario, es clave para que no seamos padres de víctimas, ni tampoco de acosadores, ni siquiera padres de observadores pasivos. Tenemos que corresponsabilizarnos para que sepamos estar del lado de nuestros hijos, para atajar de frente sus comportamientos nocivos cuando haya que hacerlo o enseñarles a reaccionar y a convertirse en personas empáticas y colaborativas.

Sé que hay temas tabú, sé que a las familias a veces nos cuesta hablar de ciertos temas, y que, dependiendo de la ideología de cada uno, se evita hablar de algunas cosas o, simplemente, se ignoran. Si las redes sociales desempeñan un papel clave en la virulencia del acoso escolar, impidiendo que la víctima tenga un refugio -ni siquiera en su propia casa-, también lo juegan la desinformación y la falta de educación en valores de nuestros chicos y chicas. Que no lo tratemos en casa no quiere decir que sea desconocido para ellos.

Una supuesta carencia de educación en las escuelas o en el hogar no impide que nuestros adolescentes y preadolescentes traten de informarse sobre aquello que les produce curiosidad. Aún sin buscarlo, están expuestos o reciben videos cuyos contenidos serán, con muy alta probabilidad erróneos, desde un punto de vista educativo. Contenidos que no les van a transmitir valores que les ayuden a convivir con sus compañeros y profesores. Por eso, es fundamental que no dejemos su educación en manos de YouTube, Instagram o Tik-Tok, sino que sean profesionales los que se encarguen de ello, y junto a ellos, los padres y madres.

La diversidad es bonita, no es una amenaza, sino una fuente de riqueza, una mina de oportunidades para educar a nuestros hijos en valores de tolerancia, respeto y empatía. Y así tenemos que verlo y entenderlo todos los miembros de la comunidad educativa. En esto debemos de ser una piña. No se pueden combatir los prejuicios si una parte de la comunidad se evade de su responsabilidad. Aún queda mucho por hacer para acabar con el acoso, que no solo se ceba con los jóvenes del colectivo LGTBi, también con los alumnos de altas capacidades, con los que presentan alguna discapacidad o, simplemente, con aquellos que no entran en la norma que el niño, niña o adolescente de turno decide en ese momento.

Y por si a alguien le queda alguna duda, la actual ley de educación (LOMCE) dedica un artículo, el 124, a las normas de organización, funcionamiento y convivencia, en el que se deja claro la obligatoriedad de que los centros educativos elaboren un plan de convivencia. Este plan debe prestar una especial atención a la prevención de la violencia de género y a la realización de actuaciones que promuevan la igualdad y la no discriminación. Así que nuestros docentes tienen la obligación tanto moral como administrativa de trabajar por la mejora de la convivencia como objetivo marcado por la ley. Las familias, en correspondencia, no podemos ser menos. Educar para garantizar la libertad y la convivencia no es adoctrinar.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/11/05/mamas_papas/1572945601_315181.html

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