LO QUE ESTÁ EN JUEGO EN LA NORMAL DE TIRIPETÍO: UN ANÁLISIS HISTÓRICO CRÍTICO

Por: Jorge Cázares

A los normalistas rurales asesinados y desaparecidos

el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Gro.

Seguimos reclamando justicia.

Eran los primeros días del mes de mayo de 1923, los estudiantes de la Escuela Normal Mixta Regional (antecedente de la Normal Rural de Tiripetío) instalada un año atrás en Tacámbaro, Mich., realizaban la primera huelga; ¿cuál era la causa?: la intención del Delegado de Educación Federal de destituir al director fundador de dicha institución, el profesor liberal y guerrerense Leobardo Parra y Marquina, en su lugar, se pretendía imponer a un maestro que no gozaba de mérito alguno más que ser paisano de dicho funcionario federal. La firme determinación de los estudiantes organizados en su Sociedad de Alumnos encabezada por el joven Othón Villela Buenrostro[1], hizo que el propio Lic. José Vasconcelos, primer titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), enviara a los pocos días a ese lugar, al Inspector General de Educación para resolver el problema, logrando la no remoción del apreciado director, cuyo trabajo estaba a la vista de la comunidad normalista y de toda la población.

En el ciclo escolar 1987-88, teniendo como antecedente la modificación a los planes de estudio de la carrera docente (1984), en Tiripetío se presenta un fuerte conflicto: la Normal era infiltrada por la organización “Antorcha Campesina”[2], el director de nombre Ulises Córdova Morán había sido impuesto por las autoridades educativas, llevando consigo a un grupo de docentes y personal de apoyo, pero también a un buen número de estudiantes en su mayoría originarios del estado de Puebla que, casualmente, habían aprobado el examen de admisión aplicado en junio de 1987. Pasaron algunos meses para que los estudiantes reaccionaran pero lo hicieron sin importar las amenazas de muerte por parte del director y su grupo. Fue un movimiento de huelga muy difícil de resolver, gracias a la firmeza de la organización estudiantil, así como el apoyo brindado por las comunidades indígenas y campesinas, al final todos los infiltrados fueron expulsados.

En el año de 1926, un joven maestro de apenas 18 años de nombre Moisés Zamora, egresado de la primera generación de la Normal de Tacámbaro, era asesinado por los brazos armados del obispo Leopoldo de Lara y Torres en la comunidad de Cópitero, del mismo municipio, convirtiéndose en uno de los primeros mártires de los maestros rurales a manos de los “cristeros”. El acoso permanente hacia la primera Normal Rural de México, a sus estudiantes y maestros egresados, por parte de los sectores reaccionarios, estigmatizada como “la escuela del diablo”, fue la causa principal de su peregrinar por varios lugares hasta llegar a instalarse en la exhacienda de Coapa, Tenencia de Tiripetío, en el año de 1949, bajo la modalidad de internado para señoritas.

El 21 de junio de 2017, en el marco de una protesta estudiantil para demandar la liberación de la beca alimenticia, un estudiante de la Normal de Tiripetío, originario del municipio de Turicato, es herido de bala por la policía estatal bajo el gobierno de Silvano Aureoles. De no ser por el auxilio oportuno de sus pares y de algunos maestros de la institución –ante la ausencia de ambulancia lo trasladaron a un hospital de Morelia- seguramente el joven habría perdido la vida. De hecho la bala que le penetró por la mandíbula y se le alojó en una de las cervicales no se le pudo extraer.

En 1969, un año después de la masacre a los estudiantes por parte del gobierno de Díaz Ordaz, este mismo oscuro personaje ordenaba el cierre de más de la mitad de las Normales Rurales existentes en aquel tiempo, una de ellas fue la de La Huerta, en Michoacán, donde estudiaban jóvenes varones para maestros rurales. Estos fueron trasladados a la escuela de Tiripetío, desplazando a las mujeres a otras normales del país. Por su parte, la escuela de La Huerta se convirtió en internado para alumnas del nivel secundaria. A diferencia de los años veinte, cuando los ataques venían del clero, a partir de la década de los sesenta, las Normales Rurales han sido atacadas ferozmente por los gobiernos supuestamente herederos de la Revolución Mexicana, hasta los recientes de corte neoliberal.

El 15 octubre de 2012, los gobiernos federal y estatal[3] determinan ocupar con las fuerzas represivas las escuelas Normales de Cherán y Tiripetío, dejando un saldo de cientos de heridos y detenidos, por protestar ante la imposición de un Plan de Estudios derivado del acuerdo calderonista “Alianza por la Calidad Educativa” (ACE). El impresionante operativo policiaco tenía como objetivo no sólo golpear y detener a los jóvenes estudiantes sino cerrar algunas Normales, principalmente la rural de Tiripetío. La recuperación de las instalaciones de las escuelas ocupadas se logró en pocas horas debido al apoyo de las comunidades respectivas y de la movilización pronta del magisterio democrático de la Sección XVIII. Sin embargo, el nuevo plan de estudios bajo el enfoque por “competencias” no se pudo evitar. Tampoco, los gobiernos se hicieron responsables de los enormes destrozos y la rapiña de que fueron objeto las aulas, talleres, laboratorios, museos, por parte de sus elementos policiacos, principalmente en el emblemático Edificio Central de la “Vasco de Quiroga”.

Los profesores, Leobardo Parra y Marquina e Isidro Castillo, fundadores de la Normal de Tacámbaro, junto con su planta docente, fueron los artífices del diseño y puesta en marcha del primer Plan de Estudios para la formación de maestros rurales, el cual incluía diversas actividades tanto teóricas como prácticas a lo largo de cuatro semestres[4]. Esta experiencia pedagógica serviría de base para la elaboración del plan de estudios y el reglamento para las otras Normales Rurales que se iban fundando por los gobiernos revolucionarios, cuyo auge se dio en los años treinta, en el marco de la Escuela Rural Mexicana impulsada por los maestros Moisés Sáenz y Rafael Ramírez, así como de la Educación Socialista promovida por el gobierno cardenista. Sin embargo, a mediados de los años cuarenta, la SEP determinó homologar los planes de estudio para las Escuelas Normales, rurales y urbanas, perdiendo las primeras su especificidad curricular ganada desde sus orígenes[5].

A mediados del 2015 y en el marco de la imposición de la mal llamada “Reforma Educativa”, la SEP empieza a promover de manera subrepticia un Plan Integral para el Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas Normales (PIDIRFEN), el cual contemplaba la reducción de la oferta educativa de toda la formación inicial a sólo dos licenciaturas: Educación y Docencia, e Inclusión Educativa[6]. De inmediato este plan alarmó a las comunidades normalistas del país, principalmente a las rurales, por lo que desde la Normal de Tiripetío, en su XX Foro Nacional de Educación Primaria Rural celebrado en diciembre de ese mismo año, se convocan a resistir a dicho plan, pero también a construir propuestas alternativas para la formación docente. El PIDIRFEN no prosperó y algunas comunidades normalistas avanzaron en el diseño de propuestas curriculares alternativas tomando en cuenta la esencia del plan original del normalismo rural. Este fue el caso de un Colectivo Pedagógico de la Normal Rural “Vasco de Quiroga”, el cual ha desarrollado talleres, cursos y diplomados en la propia institución y con el apoyo de otras instituciones de educación superior, teniendo como resultado una propuesta curricular bajo un enfoque crítico emancipatorio[7], que en el año 2019 fue autorizada por la DGESPE[8] como programa piloto en el contexto de la actual transición curricular.

El anterior recuento histórico del normalismo rural mexicano, particularmente de la Normal de Tiripetío, permite visualizar la confrontación permanente entre dos proyectos: el liberal y el conservador, el revolucionario y el reaccionario, el oficial-burocrático-controlador y el autónomo-crítico-emancipador. Actualmente, dicha Normal atraviesa por una situación muy complicada, las contradicciones históricas aparecen de manera evidente, los dos proyectos están a  la vista. Por un lado, el oficial, cuyo propósito principal es imponer el más férreo control sobre la comunidad normalista con fines aviesos, tal y como lo han buscado los gobiernos desde los primeros años del normalismo rural[9]. Para ello, ha recurrido a todo tipo de acciones, viejas y nuevas, como: la estigmatización hacia los estudiantes y maestros como lo hiciera aquel obispo de Tacámbaro[10]; la represión artera como escarmiento, sin importar la vida de los estudiantes, al estilo díazordacista y peñanietista; el encarcelamiento de jóvenes para tenerlos como rehenes políticos, lo mismo que la expulsión de estudiantes y el cese laboral de maestros incómodos a los planes gubernamentales. Por si fuera poco, también dispone de grupos de esquiroles y mercenarios políticos que, desde adentro y desde afuera, se encargan del trabajo sucio.

Por el otro lado, se encuentran los estudiantes y trabajadores de la comunidad normalista, organizados en sus respectivas formas, estudiantil y sindical, cada una con su propia autonomía, pero coincidentes en la necesidad de la defensa y el fortalecimiento del normalismo rural a escasos dos años de llegar al centenario (2022). Proyecto académico y cultural existe, está demostrado desde sus orígenes, pero en los últimos años y ante los nuevos contextos y retos, han sido intensos los procesos de discusión, análisis y reflexión sobre el tipo de maestro rural que necesita el México del siglo XXI. Quizás esto es lo que ha reavivado el enojo de los enemigos de siempre, los sectores reaccionarios y conservadores que, aunque han cambiado de colores y vestiduras, ahí están al acecho. En el conflicto actual, queda claro, están en juego esos dos proyectos.     

Notas:

[1] Doctor en Pedagogía Crítica y Educación Popular.

[2] Esto es narrado por el propio Villela (1997), en su libro: “Un maestro del pueblo y la epopeya de la primera normal rural”. Editorial Vasconcelos. Morelia, Mich., México.

[3] Antorcha Campesina es una organización filial al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

[4] Era el último año del gobierno federal de Felipe Calderón y el segundo del priista Fausto Vallejo a nivel estatal.

[5] De acuerdo con Othón Villela (1997), el plan de estudios estaba conformado por las siguientes materias: Psicología, Principios Generales de Educación, Lenguaje, Aritmética, Geometría, Física, Anatomía, Fisiología e Higiene, Zoología, Dibujo y Gimnasia (primer semestre); Geografía de México, Historia de México, Caligrafía y Canto (segundo semestre); Química, Pequeñas Industrias, Metodología General y Técnicas Agrícolas (tercer semestre); así como una intensa actividad práctica pedagógica en las escuelas primarias de la zona (cuarto semestre).

[6] Ello ocurrió, en el contexto del discurso de la “unidad nacional” y de la instalación de un modelo de desarrollo basado en la industrialización del país, que menosprecia al campo mexicano y por lo tanto, a la educción rural.

[7] Esto implicaba cancelar de un solo golpe las licenciaturas en educación preescolar, primaria, secundaria, especial, física, etc.

[8] Propuesta que es distinta el Plan de Estudios 2018, derivado del “Nuevo Modelo Educativo” del sexenio anterior.

[9] Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación

[10] Para evitar el control y la manipulación oficial, en 1935 surgió la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), vigente hasta nuestros días.

[11] El calificativo de “la escuela del crimen” ha sustituido al de “la escuela del diablo”

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