Movimiento sindical de Uruguay protagoniza paro general de 24 horas

El presidente de la Organización, Fernando Pereira, anunció durante los preparativos que será un gran movimiento general ‘con argumentos sólidos’, refrendado por la Mesa Representativa dirigente y la participación de la Intersocial de agrupaciones populares.

Desde el martes se instalaron puestos de información con carpas y mesas para dialogar con la población sobre la causa de la protesta en por lo menos 20 lugares céntricos y barriadas de la capital.

La idea apunta a conversar sobre la actual problemática del trabajo, intercambiar sobre la realidad de los más golpeados por la pandemia y continuar la difusión de las propuestas que el movimiento sindical y la Intersocial plantearon para atender las urgencias de los sectores más vulnerables de la población.

El Diario República señaló que esta estructura movilizadora de ‘mano a mano con la gente’ carece de antecedentes en el país, al menos desde el retorno a la democracia en 1985.

Asimismo sindicatos de transportes públicos, incluidos taxis, avisaron del comienzo de afectaciones de servicios en un paro al que se adhirieron educadores, funcionarios estatales y trabajadores de la medicina que mantendrán activas las salas de urgencia.

Pereira subrayó que ‘estamos viviendo momentos muy duros’ con casi 110 mil trabajadores en el seguro de paro y muchas empresas que optan por el despido, en declaraciones en el Portal de Pit-Cnt.

Dijo además que se desestimuló la búsqueda de trabajo ‘en casi 130 mil personas, con lo cual el desempleo puede trepar a cifras muy dolorosas’, y ya decenas de miles de uruguayos se alimentan en ollas populares y estarían en el umbral de la pobreza.

Agregó que el presupuesto quinquenal presentado por el gobierno al Parlamento tiene duros recortes en áreas muy sensibles, como en la educación y la salud, lo que ponen en riesgo la calidad de los servicios públicos de calidad.

Previos movimientos reivindicativos sectoriales coincidieron en protestar recortes presupuestales que amenazan los empleos y el poder adquisitivo de jubilados y pensionistas.