Por: Karina Batthyány
Había quedado pendiente, a partir de una pregunta tuya en la última columna, el tema de la protección social en América Latina en estos tiempos de COVID-19 y a propósito por supuesto de informes que han salido en estas últimas semanas sobre el tema.
Abordemos este tema entonces antes situando -como ya hemos mencionado en otras columnas- que esta pandemia del COVID-19 está teniendo unos efectos muy fuertes en el ámbito de la salud y en los temas vinculados al crecimiento económico y al desarrollo social en nuestra región. Justamente la pandemia llega a América Latina y el Caribe además en un contexto de bajo crecimiento, como hemos dicho de alta desigualdad y de vulnerabilidad en la que se observaban ya tendencias crecientes en la pobreza (y en la pobreza extrema) que por supuesto se han acrecentado en este año y medio que llevamos de pandemia. Además de un debilitamiento en lo que se refiere a la cuestión social. Y recordemos, antes de la pandemia, importantes manifestaciones de descontento popular que han seguido, aunque con menor intensidad, en este año y medio producto de las medidas de confinamiento y no aglomeración.
América Latina y el Caribe como sabemos es la región que registró en este tiempo la mayor reducción de las horas de trabajo en todo el mundo. Solo para dar un dato: aproximadamente esta reducción es del 20%. Eso quiere decir 55 millones de puestos de trabajo a tiempo completo en nuestra región que han desaparecido; informe de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) del año 2020 que nos da esta cifra. Además, en 2019 el 77% de la población de la región, que son 470 millones de personas, pertenecía a los estratos de ingresos bajos o de ingresos medios bajos. Es decir que tienen cierta inseguridad económica y que sus ingresos per cápita son de hasta tres veces la línea de pobreza. Y por lo tanto no tenían un respaldo, en términos de ahorro, como para enfrentar una crisis como la que estamos viviendo.
Estos impactos desde el punto de vista social y económico nos vuelven a mostrar la matriz de la desigualdad social en nuestra región. Hemos abordado este tema en otras columnas, pero recordemos que las dimensiones estructurantes de esta matriz de la desigualdad social son justamente el pertenecer a distintos estratos socioeconómicos o clases sociales, el género, la etapa del ciclo vital, la condición étnica racial, la dimensión territorial, a los que podemos sumar otras dimensiones también como son la situación o el estatus migratorio, el encontrarse en situación de calle, la discapacidad, etc.
¿Qué es lo que ocurre? Estas desigualdades obviamente se acumulan, se potencian, interactúan entre sí causando diferencias en términos del ejercicio de los derechos de las personas en América Latina y el Caribe. ¿Qué ha pasado entonces con las medidas de protección social tanto de corto, de mediano o de largo plazo para poder enfrentar los efectos de esta pandemia que nos encontró en esta situación? Lo primero decir es que esa protección social tiene que incorporar la idea del bienestar para toda la población (para todos y para todas) y especialmente para estos grupos que sufren esta acumulación de desigualdades o que experimentan distintas formas de exclusión, de discriminación y sufren por lo tanto de manera más aguda los impactos de esta crisis.
Nuestros países latinoamericanos y caribeños han respondido de manera diferente desde el punto de vista de la protección social. De acuerdo a los datos que tenemos disponible por parte de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y OIT (Organización Internacional del Trabajo), encontramos que hasta agosto-septiembre del 2020 de los países de América Latina y el Caribe se habían anunciado aproximadamente unas 400 medidas de protección social en respuesta a la crisis de la pandemia. En la mayoría de estas medidas implicaban nuevos programas o más bien nuevas prestaciones (más de la mitad, el 56% de hecho eran nuevas prestaciones), seguida en un 24% por ajustes a programas o prestaciones ya existentes de la protección social, y luego ajustes en el gasto social aproximadamente un 11%. Como dije, casi la mitad de estas medidas se explican por nuevos beneficios o nuevas ayudas en prestaciones, sobre todo términos de alimentación, de nutrición, de salud y en algunos casos también medidas de protección al empleo. Este tipo de medidas también se ha complementado, en algunos casos, con la suspensión del pago de lo que llamamos servicios básicos o servicios esenciales como agua, luz, pero también la conectividad a internet –recordemos la importancia de este punto, por ejemplo, en los momentos de teletrabajo y teleeducación–, así como el aumento en el monto de las transferencias monetarias que ya existían pero que aumentaron su monto.
Entonces, tenemos nuevas transferencias monetarias que es lo más frecuente en la región (23 países de América Latina y el Caribe lo han hecho), aumento del monto de las transferencias que ya existían (11 países que lo han hecho), anticipo en algunos casos de la entrega de transferencias existentes (las adelantaron en el tiempo) y aumento de la cobertura poblacional de esas transferencias. Es decir, transferencias que ya existían pero se aumenta la cantidad de gente que recibe esas transferencias. Si lo vamos a medir en números, ahí es donde encontramos nuevamente una gran desigualdad o una gran disparidad entre nuestros países de América Latina y el Caribe, ya que la cobertura de estos paquetes (digámosle así de protección social) tiene una amplia variación en todos nuestros países entre un 0.7% a más del 10% del PBI dependiendo el país que miremos. Por ejemplo, en los extremos, encontramos a República Dominicana y a Uruguay –mi país– con 0.7% del PBI destinado a la protección social en el marco de la pandemia. Y en el otro extremo encontramos a El Salvador con el 11% del PBI; a Chile con el 6%; a Perú, Brasil, Paraguay, todos en el entorno del 4%; Argentina con también casi un 4%. En promedio globalmente si miramos toda la región, América Latina y el Caribe destinó un 3.2% del Producto Bruto Interno para apoyar a la población en esta situación.
También decir (porque importan las magnitudes en todo esto) que estas medidas extraordinarias que mencionaba o medidas que ampliaron las prestaciones tienen también una desigualdad muy importante en cuanto al monto concreto que se entrega y varía desde 40 a 345 dólares en los distintos países de América Latina para los hogares, las personas. Y dejar para el final, quizás lo podemos analizar en alguna otra columna, que también estamos observando una tendencia muy reciente de las últimas semanas en algunos de nuestros países de América Latina sobre la necesidad de pedir contraprestaciones a la población por este tipo de medidas. ¿A qué me refiero? Pongo nuevamente el caso de Uruguay, donde se habla de pedirle a la gente “algo a cambio” –digámoslo en el lenguaje sencillo– por estas prestaciones que el gobierno está otorgando. Y yo me pregunto allí: ¿Se hizo la pregunta el presidente de Uruguay sobre las contraprestaciones en casos de mujeres (también de varones pero sabemos que la mayoría son mujeres) que están en sus casas intentando teletrabajar o desempleadas, pero cuidando hijos pequeños que no están asistiendo a la escuela o a la educación inicial porque están cerradas las formas presenciales por la pandemia? Cuando discute esta medida de la contraprestación, ¿cómo sería posible para una mujer con dos hijos -pensemos- en su casa sin escuela, sin educación y obviamente en situación de vulnerabilidad desde el punto de vista socioeconómico, tener nada más que tiempo para poder cumplir con esas contraprestaciones? Prestemos atención a eso también porque es una discusión que empieza a estar presente en todos nuestros países a raíz de este aumento supuesto de la ayuda o de las prestaciones para la protección social.
-Lo que hace muy valioso tu columna de hoy es que nos planteas un panorama regional de lo que sucede en los diferentes lugares tratando de entender… Pero me quedo con la sensación de que todo esto no está generando modificaciones de bases, parecen parches sobre parches para tratar de atravesar la situación. Inclusive si en estos casos no se transforman casi en un sostén en las mismas lógicas capitalistas…
-Efectivamente en ninguno de nuestros países hubo una discusión desde el punto de vista estructural. Es decir, cuáles son aquellos elementos estructurales que tenemos que modificar para evitar llegar a esta situación, no por la pandemia sino por las desigualdades anteriores que mencionaba al inicio de la columna, que se incrementaron, se exacerbaron en la pandemia pero que ya existían. Esa es la discusión estructural de fondo que remite una vez más a la discusión de cuáles son los modelos de bienestar y desarrollo que queremos para nuestros países. Esa discusión evidentemente está ausente en la reflexión y por eso también mi comentario sobre el final: justamente como no hay un cambio de lógica en el planteo, se puede llegar a absurdos de pretender que a una mujer, por otorgarle una prestación, exigirle una contraprestación de algún tipo de trabajo comunitario, de “devolución”, por esa ayuda que está recibiendo cuando está en una situación insostenible con sus hijos, en su casa, sin escuelas, sin educación inicial y sin ningún otro tipo de apoyo. Evidentemente la discusión estructural no está presente en estas situaciones.
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