Author: Karina Batthyany

Page 1 of 2
1 2

«Necesitamos políticas para promover el acceso a la educación pública superior»

Karina Batthyany Deja un comentario

Por: Karina Batthyány

Hoy quiero sistematizar el tema de la Educación Superior, las Universidades Públicas y sus desafíos actuales, ya que atravesamos una coyuntura particular en nuestra región marcada por encrucijadas de distintos fenómenos en lo político, lo social y en materia económica. Por eso, es imprescindible profundizar la reflexión crítica sobre la educación superior pública universitaria, sus alcances, limitaciones y retos tanto a nivel nacional como regional, partiendo de la base de defenderla como un derecho humano.

La Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) de 2018 se manifestó de manera muy clara en este sentido: el acceso, el uso y la democratización del conocimiento como un bien social, colectivo y estratégico son fundamentales para garantizar los derechos humanos básicos. Además, ¿por qué limitar ese derecho humano solamente a algunos niveles como el primario y el secundario sin incluir la educación universitaria?

La CRES 2018 también planteó que la educación, la ciencia, la tecnología y las artes deben ser un medio para la libertad y la igualdad sin distinción social, de género, etnia, religión o edad. La educación no es una mercancía. Y desde la CRES se afirmó: “Instamos a los Estados nacionales a no suscribir tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten formas de mercantilización en cualquier nivel del sistema educativo”.

Desde la década de los 80, en nuestra región latinoamericana y caribeña, la educación superior es objeto de un proceso de mercantilización creciente a nivel local e internacional. Aún en los países con una fuerte tradición de universidad pública, gratuita y laica, todavía no se ha logrado discutir el financiamiento de la educación superior de manera sustentable y sigue siendo parte de un nicho de mercado o negocio privado por fuera de la planificación del financiamiento público.

Entonces, tenemos que insistir en el reconocimiento del carácter de bien público y social de la educación superior como un derecho humano. Pero en la actualidad hay dificultades para implementarla por parte de los estados, como también en la posibilidad efectiva de todos y todas, los ciudadanos y las ciudadanas, de ejercer ese derecho en su vida concreta y cotidiana.

A su vez, observamos adversidades financieras y económicas en los países de la región, que ponen en cuestión el derecho humano a la educación superior pública con una característica estructural, en términos de desigualdad, en la insuficiente inversión en los sistemas educativos y formación de calidad.

La educación superior como un derecho humano se conecta con otro tema más amplio que es el derecho a la educación en el proceso de formación a lo largo de toda la vida. En este punto hay algunos dilemas importantes dentro del marco de la educación pública superior que está pendiente resolver en nuestra región, como las políticas concretas para promover el acceso equitativo a ella.

Allí tenemos tres elementos en términos de funcionamiento de las economías. El primero es que América Latina es una de las regiones con mayor desigualdad en el mundo a nivel de ingresos y riqueza. La expansión de la demanda en educación superior es motorizada por egresados y egresadas de la educación media que pertenecen a hogares de sectores bajos. Por lo tanto, no pueden acceder a la educación privada y en la medida que no hay suficiente oferta de educación pública superior ven truncadas sus aspiraciones de continuar sus estudios a nivel superior. En varios países de América Latina, la ampliación de la oferta de vacantes en educación superior, tiene más lugar en el sector privado que en el público.

En segundo lugar, tenemos la cuestión de género en el sistema universitario y la igualdad de género en la educación superior. En los últimos años, dentro de las estructuras universitarias latinoamericanas y caribeñas tenemos programas, grupos y estudios feministas. Además, encontramos un crecimiento interesante en términos de carreras, institutos y equipos que ampliaron las agendas de investigación y renovaron perspectivas metodológicas en este sentido. Esto no quiere decir se hayan superado las inequidades de género al interior de las universidades públicas, sino que adquirieron más visibilidad y hoy cuestionan los procesos de producción y circulación del conocimiento, así como también las estructuras y las configuraciones institucionales en materia de carrera docente y participación en los espacios de toma de decisiones dentro de las universidades.

Por último, está la cuestión de cuál es el papel de la ciencia abierta en la producción y la circulación del conocimiento y cómo es su evaluación en las decisiones de la estructura docente, investigación y espacios universitarios. Desde el Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica (FOLEC), estamos trabajando para promover alternativas en la evaluación y la circulación del conocimiento, así como la producción en materia de investigación, que también contemplen las desigualdades asociadas a la posibilidad de acceso en términos de estructura universitaria. Reconocemos la necesidad de avanzar sobre acuerdos regionales y compromisos institucionales a nivel nacional y regional en el acceso al conocimiento sin ningún tipo de barrera y que los resultados de investigación estén disponibles para todos y para todas y modificar la forma en que se evalúa el conocimiento y las trayectorias individuales y colectivas de investigación.

En ese sentido, lo que hoy está en disputa a nivel regional es la concepción del conocimiento como bien público con políticas de acceso abierto, con la promoción de un discurso académico y político que considere la producción de conocimiento y sus realizaciones como parte del capital social para la emancipación de nuestros países. En otras palabras, está en juego cómo valoramos el conocimiento científico y cómo, a partir de esas temáticas, podemos construir sistemas más equitativos y democráticos. Estos debates contribuyen a diseñar modelos educativos que no solamente actualicen la relación entre investigación, docencia y extensión desde un marco de cooperación regional y abierta a las comunidades no universitarias, sino también recuperen otras formas de conocimiento para generar diálogos más enriquecedores en el sistema de educación superior en general y las universidades en particular.

A nivel regional, estamos atentos y atentas a los procesos de inestabilidad política en varios países que amenazan directamente el desarrollo del conocimiento en las universidades y las instituciones de investigación, ya sea por medio de restricciones presupuestarias o restricciones a la libertad académica e intelectual.

En definitiva, la educación y todos los niveles educativos deben convertirse en un derecho para todos y todas. CLACSO es un espacio de encuentro de las voces críticas que construye conjuntamente alternativas para colocar en el centro la discusión de la educación superior pública universitaria como un derecho humano en América Latina y el Caribe y fomentar cada vez más la democracia, la solidaridad, la interdependencia, el pensamiento crítico y el pensamiento transformador. En nuestra Conferencia #CLACSO2025 en Colombia, daremos continuidad a una iniciativa que comenzamos en México #CLACSO2022 en el  marco del Foro de Rectores y Rectoras, para discutir los desafíos que el espacio universitario latinoamericano y caribeño enfrenta en la actualidad.

– Siguiendo tu reflexión, pienso qué difícil es ver que los países cambian sus políticas relacionadas con las universidades públicas frente a los cambios de períodos gubernamentales y no mediante políticas de Estado a lo largo del tiempo, particualrmente en términos de fondos universitarios…

– Lamentablemente, estamos acostumbrados y acostumbradas a esos vaivenes en nuestra región, que ponen en cuestión los avances en la concepción de la educación superior como un derecho y un bien público, más allá de las voluntades concretas de los gobiernos de turno en nuestros países latinoamericanos.

Además, en muchos casos, las universidades públicas son un blanco de ataque de algunos sectores ideológicos a nivel regional y mundial, que buscan convertir a la educación superior en una mercancía y no en un derecho, recortando y reduciendo al mínimo la existencia de estos espacios. En CLACSO, siempre estaremos en el lugar de la defensa de la universidad pública como un elemento central, entre otras cosas, para el fortalecimiento democrático y la construcción de ciudadanía en nuestros países.

https://www.clacso.org/necesitamos-politicas-para-promover-el-acceso-a-la-educacion-publica-superior/

Comparte este contenido:
Leer más »

La pobreza afecta particularmente a niños, niñas y adolescentes

Karina Batthyany Deja un comentario

 Columna de Karina Batthyány

En la sede FLACSO Argentina se está desarrollando la Escuela Internacional de Posgrado de la Red de Posgrados en Infancias y Juventudes (RedINJU), que representa bastante bien el trabajo que hacemos en CLACSO.

Primero, porque es una red cooperativa y colaborativa, donde se realizan actividades como las once escuelas que antecedieron a la actual o las instancias de formación posdoctoral y otras actividades que la red realiza en términos de investigación y difusión del conocimiento. Además, involucra a los tres públicos con lo que CLACSO trabaja: movimientos y organizaciones sociales, sector académico y sector de la política pública.

Segundo, porque desde CLACSO hemos impulsado el instrumento de las Plataformas para el Diálogo Social (PDS) con la voluntad de desarrollar a lo largo y ancho de toda América Latina y el Caribe los espacios de diálogo social, desde la convicción en la construcción de alternativas transformadoras para nuestra región.

– En un momento muy particular en Argentina, con respecto a las infancias y juventudes hay un mapa sociopolítico muy complicado. Marisa Graham, titular de la Defensoría de Infancias y Juventudes de la República Argentina, comentó con cierto detalle cómo se va extremando alguna quita de derechos o dificultades muy concretas que se dan en el marco de un nuevo gobierno. ¿Cuál es tu análisis en el entorno de estos cambios políticos en la Argentina?

– En realidad, el tema de infancias y juventudes es central. Pero además, remite a políticas regresivas y de recorte de derechos para la población en general. Y políticas de derechos que trastocan profundamente la vida cotidiana, es decir, aquellos elementos que con tanto trabajo se fueron construyendo a lo largo de años para mejorar y transformar la vida cotidiana de todos y de todas y, por supuesto, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes también.

Hoy, de manera increíble, hay derechos que se están recortando a una velocidad que no nos habíamos imaginado frente a las políticas regresivas en términos de condiciones de vida, pero también de derechos muy básicos como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al cuidado. Tanto  en Argentina, como en la región habían avanzado y lamentablemente con este tipo de gobiernos y con las políticas que implementan, retroceden.

Además, se ponen en cuestión dos elementos que son centrales: el primero, la democracia. De qué estamos hablando cuando nos referimos a la democracia si no es justamente esta la que permite la existencia en términos de bienestar, en términos de las mejores condiciones posibles de todos y de todas.

Y el segundo, el tema de las desigualdades. Si partimos de una situación de desigualdad donde decimos que nuestra región es la más desigual del planeta, vaya si en estos meses en Argentina se ha profundizado esa brecha de la desigualdad. Ello, sin olvidarnos de la pobreza, cómo ha aumentado la pobreza en la Argentina desde que comenzó el año 2024 hasta ahora. Pobreza que afecta a todos y a todas, pero particularmente a niños, niñas, jóvenes y por supuesto también a las mujeres dentro de esas categorías.

– En ese marco, es difícil no excluir a la temática de cuidados. Marisa Graham lo planteaba como un tema totalmente relacionado frente al impacto concreto en el trabajo no remunerado por parte, en su mayoría, de mujeres. Estos cambios de reducción o baja por inflación de algunas asignaciones muy centrales, también empieza a poner en juego y en riesgo, ¿no?

– Sí. Primero quedó trunca la iniciativa de cuidados donde Argentina estaba avanzando de manera significativa. A partir de diciembre de 2023, con el cambio de gobierno, había avanzado en la concreción de una ley, un sistema y políticas concretas. Y algunas pocas políticas a niveles provinciales o locales que han sido desmanteladas  o se están intentando desmantelar.

Esa situación no es única en Argentina, porque lamentablemente en otros países que habían avanzado  en la conformación de sistemas de cuidados, cuando llegan gobiernos de corte neoliberal y de derecha estas políticas se recortan rápidamente, incluso en Uruguay.

Además, en términos concretos del bienestar de niños, niñas y adolescentes, todos los recortes asociados a lo que puede ser el sistema educativo pero que en realidad son políticas de cuidado, sobre todo para la primera infancia y las edades previas al ingreso escolar, también están siendo desmanteladas. Y eso no hace más que retornar al puertas adentro, es decir, a las familias y a las mujeres. Son horas y horas de actividades de cuidado.

Y por otro lado, esas mismas mujeres que se ven recargadas o sobrecargadas con ese trabajo de cuidados no remunerado, ven recortadas sus posibilidades previsionales con todas las reformas que se están haciendo, donde claramente son muchas las mujeres que van a perder la posibilidad de algún día acceder a una pensión, un retiro o una jubilación.

– Estás hablando de retracción, de lógicas de extrema derecha y te llevo a lo sucedido en Panamá. Tuvimos elecciones en ese país con el triunfo de José Raúl Mulino como nuevo Presidente, una persona extremadamente cercana a Ricardo Martinelli, ex Presidente condenado por delitos de corrupción en el marco de lo pareciera ser la extrema derecha. ¿Cuál es la reflexión que te provoca?

– La primera reflexión es la preocupación por ver cómo estos gobiernos de extrema derecha se van extendiendo en distintos países de América Latina y el Caribe, en este caso, de Centroamérica. Lo que ha ocurrido en Panamá es un punto más dentro de ese mapa que está configurando estas expresiones de extrema derecha en nuestra región y en el mundo.

Entonces, vaya si tenemos para reflexionar y también intentar, desde el trabajo que hacemos en CLACSO, buscar alternativas para este nuevo momento, donde una vez más tenemos que colocar en el centro la democracia con todas sus letras y con todos sus contenidos, como también a la democracia asociada al ejercicio ciudadano y a los derechos de la vida cotidiana. Por último, no nos olvidemos de la ubicación geográfica y geopolítica de Panamá con respecto a este nuevo triunfo electoral  de la extrema derecha en nuestro territorio latinoamericano y caribeño.

*Imagen tomada de web

https://www.clacso.org/la-pobreza-afecta-particularmente-a-ninos-ninas-y-adolescentes/

Comparte este contenido:
Leer más »

“Debemos trabajar por el conocimiento como un bien público y un derecho humano”

Karina Batthyany Deja un comentario

Por: Karina Batthyány

El 22 de octubre hubo una reunión muy importante en Chiapas, México, concretamente en Palenque. Fue frente a una docena de presidentes y cancilleres de América Latina y el Caribe para tratar el tema de las Migraciones y los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

El encuentro fue encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y se llamó “Por una Vecindad Fraterna con Bienestar”. Contó con la presencia de jefes de Estado de Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela. También estuvieron presentes el vicepresidente de El Salvador y el viceprimer ministro de Belice, así como ministros de Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panamá. No estuvo, en cambio, Estados Unidos.

Esta cumbre de presidentes y cancilleres latinoamericanos, concluyó con una declaración que rechazó las medidas coercitivas a la migración, sostuvo la promesa de respetar el derecho humano a migrar y la petición de más alternativas legales para la migración. Quiero destacar esta declaración, porque es el enfoque con el que hemos trabajado siempre en CLACSO el tema de Migraciones y Movilidad Humana: entendiéndola como un derecho humano.

La declaración refería: “Acordamos exhortar a que los países de origen, tránsito y destino, implementen políticas migratorias integrales que respeten el derecho humano a migrar, resguardando la vida y dignidad de las personas migrantes y sus familiares, incluyendo la promoción de opciones de regularización permanente”. Este documento fue leido por la actual canciller mexicana, Alicia Bárcena, quién además participó en nuestra última Conferencia CLACSO 2022 en México.

– Sigues en México, ¿nos puedes contar un poco cómo está avanzando esta Cumbre Global sobre Acceso Abierto? Sabemos que es muy importante en el marco de una de las políticas centrales que tiene CLACSO con otras instituciones que también están participando. ¿De qué se trata y cuáles son los avances que hubo en los encuentros de esta jornada?

– Para decirlo en un lenguaje que todos y todas podamos comprender, La Cumbre de Acceso Abierto Diamante, que está sucediendo en Toluca, México desde el día lunes, es la cumbre de acceso abierto no comercial. CLACSO  la organizó junto a otra serie de instituciones, entre las que se destacan Redalyc y AmeliCA.

Esta cumbre reúne a representantes de países del Sur Global, por supuesto de América Latina pero también de África y de la India, junto con países del Norte. Hay personas que están trabajando a nivel institucional en esta temática, que tiene como propósito la defensa de tres elementos: el concepto de ciencia abierta, el conocimiento como bien público y el acceso sin ninguna limitación a los resultados de ese conocimiento o de esa ciencia abierta.

Partimos del entendimiento de que el conocimiento y la ciencia deben poder circular ampliamente, tener impactos a nivel social y mejorar las condiciones de vida de todos y todas. En el caso de América Latina y el Caribe quiero destacar que es una región donde la investigación y la comunicación científica o los resultados de esa investigación se financian con fondos públicos, es decir, se realizan principalmente en universidades públicas o en instituciones financiadas por fondos públicos. Por tanto, está muy presente esta idea de la ciencia como un bien común y como parte también del derecho reconocido y proclamado por la UNESCO: derecho humano a la ciencia.

Me detengo en el punto de que el financiamiento de ese conocimiento es público, como uno de los argumentos principales por los cuales los resultados de ese conocimiento no deben comercializarse o no deben convertirse en una mercancía objeto de comercialización, sino que deben circular abiertamente sin ningún tipo de restricción. Por eso, CLACSO hace más de 20 años apuesta a la política del acceso abierto y la practica directamente por medio de sus repositorios, su librería y su biblioteca virtual, donde hay un amplísimo catálogo de la producción propia de CLACSO. Pero también, a partir de la producción de los Centros Miembros y de otros Centros, que está disponible sin ningún tipo de barrera.

Además, quiero mencionar que en esta región, donde el conocimiento se financia principalmente con fondos públicos, tenemos un importante registro de revistas. En América Latina y el Caribe se producen más de 500 revistas científicas que están en acceso abierto para difundir ese conocimiento. Y ese acceso abierto está promovido y apoyado desde CLACSO y Redalyc, que es quien permite por medio de su generación de indicadores, catálogos, entre otros, que se convierta en una realidad.

Por eso,  estamos planteando con mucha fuerza la necesidad de que lo que en México se llama Acceso Abierto Diamante, o como lo llamamos nosotros, el Acceso Abierto No Comercial, sea una política a nivel mundial. Esta discusión tiene algunas tensiones por las diferentes visiones en función de los lugares geográficos. Además, en el Norte hay muchas instituciones que están a favor de este tipo de políticas, pero también tenemos que tener presente que es allí donde están las principales industrias comerciales que trabajan con el conocimiento ya no con esta idea de bien público, sino como una mercancía, cobrando para publicar, leer o difundir en sus revistas.

Esas revistas, además, se posicionan a nivel internacional y se vuelven una especie de círculo vicioso, porque por medio de los procesos de indexación y prestigio en la comunidad académica, se convierten en los lugares donde quienes hacemos investigación. Muchas veces es una obligación publicar allí si es que queremos estar rankeados correctamente en los índices científicos de nuestros países.

Esto también tiene que ver con la discusión que venimos impulsando desde el 2019 en CLACSO con mucha fuerza y con mucho reconocimiento a nivel regiona). Hace unas semanas, por ejemplo, estuvimos discutiendo en Lima sobre los principios de evaluación científica para las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe.

– Mientras te escuchaba, pensaba en lo potente que es este discurso relacionado con el acceso abierto a la ciencia, en un momento donde muchos países vuelven a tener un embate muy fuerte contra las comunidades científicas, y las ciencias sociales en particular, y en donde algunos sectores están hablando de la reducción de los fondos para la investigación científica. Lo pienso en dos sentidos: por un lado, el acceso abierto, pero por el otro ¿cuántas veces escuchamos la idea de que solo el sector privado tiene que ver con los avances científicos? Qué importante es ver estos datos que estás dando, relacionados con que la mayor parte de la producción científica  se financia con dinero público que termina generando conocimiento científico…

– Absolutamente. Esa es la realidad en nuestros países en términos de investigación científica. La mayoría se realiza con fondos públicos y asociados a los espacios universitarios. En México estamos discutiendo este tema. CLACSO ha traído en ese sentido aportes muy claros por medio de todo el equipo que está participando, que integran Pablo Vommaro, Laura Rovelli, y Fernanda Pampín. Quiero destacar también la participación virtual de Dominique Babini, que es pionera en estos temas para CLACSO y que es una referencia a nivel internacional.

Se están discutiendo varios ejes temáticos que tienen que ver con esta idea del conocimiento como bien público y de su implementación por medio de las políticas de acceso abierto no comercial en las infraestructuras y los sistemas de publicación. Es decir, cómo, dónde, cuándo y cuáles son las condiciones en términos diferenciales para el Norte y el Sur en esas infraestructuras y sistemas de publicación.

Esto está asociado también al multilingüismo. Hoy, el lenguaje impuesto y predominante en el campo de la ciencia es el inglés. En ese sentido, desde CLACSO estamos trabajando por el multilingüismo. Un desafío que se presenta es qué infraestructura y qué sistemas de publicaciones tenemos en los países de América Latina y el Caribe. Otro, corresponde al desarrollo de políticas y a los financiamientos para poder fortalecer este modelo no comercial de difusión del conocimiento y convertir efectivamente al conocimiento en un bien público. Y el siguiente desafío se trata de cómo cooperar internacionalmente en contextos que sabemos que son desiguales, pero garantizando que esa cooperación se dé en condiciones de igualdad. Esto, por lo menos en términos de la participación y representación, donde todas las voces, tanto las del Sur, como las del Norte, sean escuchadas en estos puntos.

También tenemos la necesidad casi imperiosa de avanzar en la implementación de las modificaciones a los sistemas de evaluación científica. Tenemos un círculo vicioso que se da entre la producción de conocimiento y los lugares por los que se canaliza su difusión. Mientras en los sistemas de evaluación de nuestros países perviva esta idea de que hay que publicar en las revistas de mejor ranking, de mejor posicionamiento, que normalmente son revistas comerciales y en inglés, no podremos avanzar en las políticas de acceso abierto.

La discusión es súper interesante y muy intensa. Seguiremos trabajando y apoyando esa convicción profunda que tenemos en CLACSO sobre el conocimiento como un derecho humano, la ciencia como un derecho humano, el conocimiento como un bien público y el acceso abierto sin ningún tipo de restricciones y absolutamente no comercial, como la herramienta y la forma necesaria para todo esto.

https://www.clacso.org/debemos-trabajar-por-el-conocimiento-como-un-bien-publico-y-un-derecho-humano/

Comparte este contenido:
Leer más »

“La pandemia tiene un impacto silencioso y devastador en la educación”

Karina Batthyany

Por:  Karina Batthyány

En base a la temática de las desigualdades, hay un instrumento muy valioso que es la publicación anual de la CEPAL sobre el Panorama Social de América Latina y el Caribe, que dio a conocer hace un par de semanas el correspondiente a 2022. Por supuesto, trae un análisis detallado y minucioso de las distintas dimensiones de la desigualdad, pero siempre pone el foco en un aspecto particular: en 2022 es la temática de la educación.

Voy a sintetizar algunos de los mensajes principales de dicho informe:

-Se comienza mostrando la crisis social prolongada que está enfrentando nuestra región latinoamericana y además se encuentra agudizada por un contexto de incertidumbre en el tercer año de pandemia: profundiza las desigualdades sociales y que tiene un impacto silencioso y devastador -palabras del informe- en la educación.

-Esta edición del Panorama Social de América Latina y el Caribe toma como tema central la educación y el lugar de la educación en el debate de las políticas para la recuperación de nuestra región.

-Si miramos desde 20215, se observaba en la región ya un deterioro claro en los niveles de bienestar; un deterioro además a partir de 2014 en lo que venía siendo la disminución de la brecha de la desigualdad y que a partir de 2015 deja de cerrarse y empieza a amplificarse nuevamente.

-Desde 2015, hay un estancamiento en los avances de los logros educativos y un alza de la pobreza también leve, pero año tras año cada vez hay una leve alza de este indicador. La pandemia del COVID-19 generó esa crisis de la que tanto hemos hablado: una crisis social significativa que continuó durante todo el 2022 por tercer año consecutivo.

-Estamos todos y todas esperando el fin de la pandemia, pero la región no ha logrado todavía avanzar hacia la recuperación luego de estos impactos sociales y recuperar por lo menos el nivel de 2019, es decir, el nivel anterior al inicio de la pandemia.

-Además, sumemos el impacto del escenario geopolítico inestable marcado, por ejemplo, por la guerra de Ucrania, pero también en estos procesos de búsqueda de desestabilización políticas de las democracias latinoamericanas. Entonces, sumemos ese impacto entre el escenario geopolítico y el escenario económico mundial que está marcado por la desaceleración del crecimiento económico, por la lenta generación de empleo, sobre todo de empleo calidad, y las presiones inflacionarias que está afectando a todo el mundo y a la región latinoamericana y caribeña también. Han implicado un aumento en el precio de los alimentos, en el precio de la energía y caídas importantes en la inversión en la economía regional.

-La CEPAL nos muestra que tras la expansión del 6.5 por ciento del producto bruto interno regional en 2021, este 2022 se estima que cierre a fin de año con un crecimiento económico del 3.2 por ciento (la mitad que el año anterior). Y se proyecta para el 2023 una nueva mitad, es decir, un crecimiento de apenas 1.5 por ciento para nuestra región. Si a esto le sumamos además la elevada inflación, sobre todo en el componente de los alimentos en las canastas de consumos de los hogares, evidentemente podemos ver el efecto sobre las personas y los hogares de menores ingresos, llamados los quintiles de menores ingresos que afectan a los sectores más vulnerables de la población en nuestra región.

-La CEPAL llama en su informe a consolidar las políticas sociales inclusivas para proteger y para garantizar el bienestar de la población y para permitir el ejercicio con plenitud de sus derechos.

-En particular, en el informe se detalla de manera muy interesante el incremento de la inseguridad alimentaria y nutricional, utilizando datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) para mostrar el alza en el precio de los alimentos y cómo eso implica un crecimiento tanto a niveles de pobreza, pero particularmente en la situación de la población con hambre. Desde el último dato disponible de 2021, afecta a casi 57 millones de personas en la región.

-En los informes del panorama social, siempre aparecen las estadísticas detalladas de pobreza. Quiero destacar una en especial que es la pobreza de las personas menores de 18 años en nuestra región. El último dato disponible nos muestra que el 45.4 por ciento de las personas menores de 18 años están en condición de pobreza. A su vez, la pobreza extrema estaría afectando casi al 19 por ciento de las personas menores de 18 años.

En este contexto, es necesaria más que nunca la atención de las necesidades inmediatas de la población y el fortalecimiento de las capacidades humanas en el mediano plazo. Es allí que ingresa en el análisis de este informe del Panorama Social la dimensión educativa. El impacto también de la pandemia en el sector educativo que la CEPAL denomina “una crisis silenciosa” como consecuencia de la prolongada interrupción de la educación presencial en la región y las repercusiones que esto tiene en materia de pérdida de aprendizajes, que no fue parte de la respuesta inmediata de nuestros estados y nuestros países frente a la crisis y que esto no hace más que profundizar las desigualdades educativas preexistentes.

Justamente nuestra región es una de las que interrumpió las clases presenciales por períodos más prolongados a partir del 2020 en el inicio de la pandemia. Y eso implicó la discontinuidad de los estudios o un acceso de manera remota para algunos/as estudiantes, porque no todos/as pudieron conectarse o seguir los cursos de manera virtual. Es decir, ha generado brechas en el desarrollo de habilidades, la pérdida de oportunidades de aprendizaje y el riesgo del aumento en el abandono escolar. Esta situación también ha contribuido a debilitar la protección de otros derechos esenciales que se dan en el marco de la estructura educativa, más concretamente en el espacio del sistema educativo como es la protección frente a la violencia, la alimentación, la sociabilidad, entre otras.

Esta crisis junto con las privaciones críticas que enfrentan la infancia y la adolescencia y los riesgos de incremento de la inseguridad alimentaria pone en riesgo el desarrollo y el bienestar de toda una generación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y produce un efecto que sin duda atenta también las oportunidades de desarrollo en la región. Este efecto se refiere a las consecuencias en las trayectorias educativas y laborales de las generaciones afectadas por el cierre prolongado de escuelas y de centros de estudios, que también están afectadas por los efectos económicos de la pandemia con disminución de los ingresos en los hogares, de protección social, con condiciones de bienestar socioemocional de las personas también afectada. Todo pone en cuestión las oportunidades de aprendizaje en el corto y mediano plazo. Sin dudas, exige acciones urgentes, es decir, no se trata de empezar a pensar qué podemos hacer, sino acciones hoy mismo por esta crisis “silenciosa” -como la llama la CEPAL- donde ha dejado en evidencia que los sistemas educativos de América Latina y el Caribe no estaban preparados para enfrentar estos cambios y esto no hizo más que agudizar las desigualdades educativas existentes antes de la pandemia.

Por supuesto que también se reconoce en el informe algunos de los esfuerzos que se hicieron en los países, para intentar dar cierta continuidad educativa desde los hogares de manera remota, pero con debilidades y desigualdades en las condiciones de infraestructura y de equipamiento y también de habilidades por parte del personal docente para transformar los métodos de enseñanza y mantener el vínculo educativo con toda la población estudiantil de la región.

Entonces, es imperativo que apostemos por la recuperación de esos procesos educativos y también por la transformación del sector educativo en sintonía con los procesos de cambios que estamos observando en otras dimensiones en el ámbito social, dimensión laboral y ambiental.

Se necesita mayor inversión en el sector educativo desde la primera infancia en adelante. Esta crisis silenciosa en la educación afecta a las nuevas generaciones y no hace más que profundizar las desigualdades. Sino colocamos el énfasis en la búsqueda de soluciones de alternativa de construcción de políticas para responder a esta urgencia, es un camino que ya sabemos a qué conduce y cómo afecta a mediano plazo a nuestra región.

Entonces, la educación es el tema central al que la CEPAL le dedica su estudio en este 2022. Tenemos que tomar de allí la información que se proporciona y también discutir algunas de las propuestas en materia de política educativa concretamente. Tema que está en la agenda de trabajo en todos los países de América Latina y también en la agenda de trabajo de CLACSO, porque estamos trabajando en el marco de nuestro programa Plataforma para el Diálogo Social, donde justamente la educación es uno de los temas en el marco de estas plataformas.

-Cuantas veces posterior a la pandemia escuchamos el decir por parte de sectores políticos “La vuelta a la normalidad”. En principio decir qué lejos de la situación de normalidad estamos si tenemos que usar esa palabra “normalidad”. Y, por otro lado, qué lejos también estamos de sociedades más igualitarias, de la posibilidad de plantear situaciones de acceso más común para un parte importante de las sociedades. Es brutal lo que cuentas en el panorama de las desigualdades… Claramente se ha profundizado las desigualdades en todos los ámbitos y lejos tendríamos que volver a esa supuesta normalidad antes de la pandemia…

Las cifras que planteo en términos de pobreza, de hambre y a su vez de bajo crecimiento económico de este año, y a su vez previsto para el próximo año, nos tiene que seguir alertando sobre la profundización de estas desigualdades en América Latina que es la región más desigual del planeta. Y si sigue por esta senda, no va a hacer más que profundizar esa lamentable etiqueta que tenemos. Por eso, es urgente la elaboración de políticas alternativas que coloquen estas preocupaciones en el centro y que construyan de una buena vez sistemas de bienestar y de protección social para todos y para todas, y especialmente para estas generaciones futuras que hoy son niños, niñas y adolescentes, que entre otras cosas también tienen comprometido su desarrollo educativo por los efectos de la pandemia.

https://www.clacso.org/la-pandemia-tiene-un-impacto-silencioso-y-devastador-en-la-educacion/

Comparte este contenido:
Leer más »

“La mitad de la población latinoamericana está quedando por fuera de la protección social”

Karina Batthyany

Por: Karina Batthyány

Recordemos a modo de contexto general que los países de nuestra región tienen un panorama económico más que complejo. Al menor crecimiento económico, se suman en nuestros países las presiones inflacionarias, el bajo dinamismo de la creación del empleo, las caídas de la inversión y crecientes demandas sociales que vuelven a observarse en las calles de América Latina y el Caribe.

Esta situación se traduce en desafíos muy importantes por supuesto para la política macroeconómica que tiene que conciliar políticas que impulsen la reactivación económica, pero también con políticas dirigidas a controlar la inflación y a dar sostenibilidad a las cuentas y finanzas públicas.

Al escenario complejo desde el punto de vista interno de nuestra región, tenemos que agregar el escenario internacional, donde un elemento central es la guerra entre la Federación de Rusia y Ucrania, que ocasiona crecientes tensiones desde el punto de vista geopolítico, pero también un menor dinamismo del crecimiento económico global: una menor disponibilidad en materia de alimentos –nada más ni nada menos– y aumentos en el precio de la energía que incrementan esas presiones inflacionarias que ya venían dándose como resultado de la post pandemia del COVID-19.

Recordemos también que la CEPAL está proyectando para este 2022 que América del Sur crecerá solo un 2.6% (el año pasado creció un 7%), que Centroamérica y México van a crecer un 2.5% (el año pasado lo hicieron en el entorno del 6%) y que el Caribe va a ser la única sub región de nuestra región que va a crecer casi un 5% (en comparación con el 4% que creció en el año anterior).

Además, hay un aumento de la pobreza por sexto año consecutivo y la desigualdad también sigue aumentando, quebrando esa tendencia a la baja que se había iniciado en el entorno de 2002 hasta el 2014 de manera ininterrumpida. También tenemos que sumarle la crisis en la educación en términos de los problemas de continuidad, las brechas de aprendizaje, el aumento del abandono, que son un tema realmente complejo para nuestra región.

En este panorama, la situación laboral de América Latina y el Caribe, dio algunas muestras de recuperación parcial –muy parcial– durante 2021 tras la crisis causada por la pandemia, los distanciamientos y las cuarentenas en 2020. La tasa de participación laboral y el empleo registraron leves mejoras, pero algunos de los grupos más afectados por el impacto de la pandemia, como las mujeres y las personas mayoritariamente mujeres que trabajan en el servicio doméstico, siguen presentando grandes rezagos en comparación con la situación previa a la pandemia.

La recuperación parcial de la demanda local y la influencia del entorno internacional en los costos de producción, inciden en el aumento de la inflación regional, y esto afecta a los salarios mínimos y los salarios reales. Dicho de manera más sencilla: estamos observando una caída en materia salarial y en materia de salarios reales en la región.

Los salarios reales se encuentran más rezagados que la reactivación del empleo, es decir, la recuperación salarial no acompaña a la recuperación del empleo que se observa en la región, siempre comparando con los niveles anteriores a la pandemia. Y allí algunos grupos particularmente afectados como son las mujeres, los y las jóvenes y los y las trabajadoras menos calificadas, donde también observamos además un fuerte conjunto de trabajadores migrantes que están padeciendo esta crisis con mayor intensidad.

Si miramos la primera de estas dimensiones, la de género, que afecta a las mujeres, la pandemia ocasionó una salida muy importante de las mujeres del mercado de trabajo (una salida total o parcial), con una importante pérdida de ingresos y un aumento de la sobrecarga de cuidados durante las situaciones de pandemia. Mientras que la tasa de desocupación masculina pasó del 10% a fines del segundo trimestre de 2020 a 7% a fines del primer trimestre de 2022 (con una reducción mayor a los 3 puntos porcentuales), la tasa de desocupación femenina registró una disminución solamente de 2 puntos porcentuales en el mismo periodo, es decir, pasó de 12% a 10% del segundo trimestre de 2020 al primer trimestre de 2022.

También a fines del primer trimestre de este año, la tasa de participación laboral femenina se ubicaba en 51% frente a la masculina que es del 74%. Allí observamos una brecha de 23 puntos, y esto tiene que ver con el rezago de la reincorporación de las mujeres en el mercado de trabajo que está condicionado por el atraso en la recuperación de los sectores económicos que concentran el empleo femenino y también, una vez más, por el aumento de la necesidad de cuidados que se manifestó con mucha fuerza tras el inicio de la pandemia.

Además, dicho empleo femenino, tomando los datos de un informe de la CEPAL, se habla de un retroceso de más 18 años en los niveles de la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo, es decir, hemos retrocedido más de 18 años a causa de los efectos de la pandemia.

Esta recuperación que estamos observando en el mercado laboral de América Latina, es desigual, es desigual desde el punto de vista género y es desigual también en relación a los sectores formales o informales y al desempleo. Veamos entonces la región de América Latina y el Caribe, que reanudó su crecimiento económico, pero con una reactivación de los mercados laborales limitados, porque en gran medida se basó en el trabajo informal esa recuperación. Y, por lo tanto, no tuvo una consecuencia directa sobre el desempleo. El desempleo llegó a superar el 10% durante la pandemia, se prevé que va a disminuir al 9% en 2022 y al 8.8% en 2023 de acuerdo a los estudios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Recordemos que antes de la pandemia nuestra región se ubicaba a niveles de desempleo menores al 8% (7.8% para ser más exacta).

Además, en 10 de los 14 países que brindan estos datos, la tasa de ocupación en este primer trimestre de 2022 no había registrado todavía los niveles del 2019. Y solo en 3 de los 14 países que presentaron los datos para el primer trimestre del 2022, la tasa de participación económica había recuperado los niveles del primer trimestre de 2019.

Además, entre 50% y 80% de las ocupaciones generadas en el proceso de recuperación, han sido en condiciones de informalidad, en una región donde ya sabemos que los niveles de informalidad en el empleo rondan el 50%. Y donde ya sabemos también que estos trabajadores y estas trabajadoras en situación informal, no tienen ningún tipo de acceso a protección social y seguridad social, lo que implicó graves niveles de inseguridad durante la pandemia.

Y, por último, el tema de los jóvenes. Sabemos muy bien que la inserción laboral en la juventud siempre es un tema relevante y desafiante. Allí volvemos a encontrar el empleo juvenil como uno de los más afectados como consecuencia de la pandemia y además donde también se producen brechas de género al interior de este sector de la población entre los y las jóvenes. La brecha de género persiste en los indicadores de empleo juvenil. Tanto la tasa de actividad juvenil como la tasa de empleo, tiene una diferencia de 25 puntos porcentuales menor en el caso de las mujeres en comparación con los varones. Y la brecha en la tasa en el desempleo juvenil, alcanza en promedio los 6 puntos porcentuales, siendo el doble de la que se observa para el total de los trabajadores de la economía. Es decir, vemos cómo estos fenómenos de género también se acentúan en un sector difícil desde el punto de vista de la inserción laboral.

Los problemas justamente de inserción laboral son generalizados entre la población juvenil, aunque se manifiestan por supuesto de manera diferencial de acuerdo a los logros educativos y a la zona de residencia de estos jóvenes. Evidentemente los jóvenes con niveles educativos medio o superior tienen menores dificultades que aquellos que no han completado los niveles medios o que tienen niveles muy básicos de ocupación. Las dificultades de inserción entre los jóvenes disminuyen en estos sectores de mayor nivel educativo o de nivel educativo medio. Los problemas también de calidad de empleo afectan a los jóvenes, y es particularmente importante el nivel de informalidad entre la población joven en el momento de la inserción laboral. La informalidad realmente es mayor que en la población en general. La inserción laboral de la población juvenil, en términos de la calidad del empleo, realmente es bastante deficitaria en comparación con los empleos que obtienen los adultos. Y eso se traduce una vez más también en términos de carencias de protección y de seguridad social.

Entonces, frente a esta situación y estos datos que estamos empezando a conocer de lo que es el desempeño de 2022, marcado por los problemas de nuestra región, pero también por esta coyuntura internacional que se prolonga e implica altos niveles de inflación, encarecimiento de los alimentos, de la energía y de servicios básicos, miremos qué está pasando a nivel del mercado de trabajo y cómo volvemos a colocar una vez más esta discusión sobre la necesidad de discutir nuevas bases para el contrato social, en este caso nuevas bases para los contratos en término sociales desde el punto de vista laboral. Y cómo una vez más, necesitamos fortalecer la participación estatal, las distintas instituciones y particularmente las vinculadas a los sistemas de protección social, para que efectivamente sean universales, sostenibles, integrales, porque si no, si lo miramos desde el punto de vista del mercado de trabajo, la mitad de la población latinoamericana nos está quedando por fuera de esta protección social. Entonces, coloquemos una vez más estos nudos estructurales en el centro de la discusión.

-Me quedé con un dato que me llamó mucho la atención que tiene que ver con el efecto después de la pandemia más dura y restrictiva de 2021, con crecimiento del 7% en América del Sur y al día de hoy las previsiones del 2.6%. Es un cambio enorme, se trató de un cierto efecto rebote después de la pandemia en cuanto a la parálisis total de la economía de la subida muy grande y después regulación… ¿Qué pasó ahí?

-Exacto. Es justamente el efecto rebote que estaba previsto que así fuera. Lo que no estaba previsto es que después de esos niveles de crecimiento, que una parte se explicaban por el rebote, la disminución fuera tan grande en este 2022. Por eso comencé explicando el contexto tanto de las dificultades regionales como las dificultades internacionales, particularmente este conflicto de la guerra de Rusia y Ucrania y el alza en determinadas materias como los alimentos, la energía y la inflación que es la que afecta directamente todo lo expuesto.

https://www.clacso.org/la-mitad-de-la-poblacion-latinoamericana-esta-quedando-por-fuera-de-la-proteccion-social/

Comparte este contenido:
Leer más »

“La presencia de mujeres líderes en los procesos de toma de decisiones mejora el desempeño de las políticas públicas”

Karina Batthyany

 Por: Karina Batthyány

En este marzo, Mes de las Mujeres, vamos a seguir recorriendo algunas de las desigualdades de género que afectan a las mujeres en América Latina y el Caribe. Hoy la temática a tratar es la participación política de las mujeres pero en un sentido más amplio en términos de toma de decisiones en distintas esferas de la sociedad.

Cuando miramos específicamente los datos vinculados a la representación de las mujeres en el ámbito político, la primera conclusión a la que llegamos es que es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones en América Latina y el Caribe y en el mundo entero.

El último informe de ONU Mujeres nos muestra que sólo en 22 países en el mundo hay jefas de Estado o de gobierno mujeres. Y que 119 países nunca han tenido en toda su historia una presidenta mujer y que tan solo 14 países de todo el mundo hoy tienen gabinetes de gobierno (ministerios) que han alcanzado el 50% (o más) en la representación de las mujeres.

Estos son los primeros números más duros que podemos dar y siempre tenemos que partir de la premisa o el supuesto de que aproximadamente en la población total somos más o menos la misma cantidad de mujeres que de varones (un 50% y 50%).

Cuando llegamos a la representación política encontramos estos niveles tan bajos en nuestra región y en el mundo. Si miramos ahora específicamente América Latina y el Caribe –para eso nos basamos en el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL–, las mujeres ocupan solo el 28% de las carteras ministeriales en los poderes ejecutivos de nuestra región. Es decir, menos de uno cada tres.

Tenemos que mencionar algunos casos puntuales de nuestra región que van en el sentido contrario, como el caso de Costa Rica que desde el año 2018 tiene un gabinete compuesto por un 55% de mujeres, y recientemente Chile con un gabinete donde 14 de los 24 cargos son hoy ocupados por mujeres. Es decir, el 58%.

También vale la pena mencionar el caso colombiano con una particularidad: cuando asumió Iván Duque (presidente actual) comenzó su mandato con un gabinete paritario. Sin embargo, en el momento de los recambios muy rápidos, Duque dejó de lado el compromiso de campaña e inicio de gestión de trabajar con paridad y hoy solo 6 de los 18 ministerios en Colombia están ocupados por mujeres.

Esta falta de paridad no es exclusiva del Poder Ejecutivo: podemos mirar también la presencia de las mujeres en las Cortes Supremas de Justicia. En muchos países de la región las mujeres no alcanzan ni a ocupar una quinta parte de los puestos o de las bancas de los tribunales de Justicia. Encontramos en esta situación a México, Brasil, Colombia y Argentina, que son además los países más poblados y más extensos de nuestra región. Por cierto, el caso argentino es bastante paradigmático (el más grave) hoy en día, porque desde noviembre de 2021 no tiene ninguna integrante mujer en su máximo Tribunal de Justicia.

Si miramos el otro extremo, tenemos que destacar el avance de las mujeres en muchos de los máximos Tribunales de Justicia del Caribe, en los países como Cuba, Jamaica y Guyana; y en el Tribunal Supremo Oriental la presencia de las mujeres supera en esos casos el 60%.

Quizás el área donde más se han visto avances en estos últimos años es el tercer Poder, el Legislativo. Por supuesto de la mano de los proyectos de cuotas de género que se han ido aplicando en los distintos países y que influyen en la confección de las listas que luego se someten a elección para el Poder Legislativo.

Si bien es cierto que estos puestos siguen siendo ocupados todavía mayoritariamente por varones, la región se mantiene a la cabeza del camino a la paridad en los parlamentos nacionales a nivel mundial. Es decir, América Latina se destaca en ese camino a la paridad en los parlamentos a nivel del mundo. Y tiene hoy en promedio un 33% de mujeres parlamentarias. De los cuatro países de todo el mundo donde se ha alcanzado (o superado) la paridad en el reparto de las bancas parlamentarias, dos justamente son latinoamericanos y caribeños como Cuba y Bolivia. A su vez, tenemos a México, Costa Rica, Argentina, Perú y Ecuador, donde los números no son paritarios pero son cercanos en un 40%. En el otro extremo podemos mencionar a Brasil y Paraguay, donde las mujeres tienen muy poca participación en el reparto de las bancas parlamentarias.

Recordemos que todos los países del mundo han asumido compromisos de lograr la participación política y la distribución equilibrada del poder entre varones y mujeres en la toma de decisiones en los distintos pactos y declaraciones internacionales como las de Beijing, los objetivos de desarrollo sustentable y otras tantas.

Sin embargo, la mayoría de los países del mundo aún no ha logrado ese equilibrio de género. Siguiendo a ONU Mujeres en su informe más reciente, se muestra además cómo hay evidencias firmes, cada vez más numerosas por medio de los estudios de evaluación de impacto, de que la presencia de mujeres líderes en los procesos de toma de decisiones mejora el desempeño de las políticas públicas. En el informe se hace mención a varios ejemplos para América Latina, países como Costa Rica y Bolivia.

Por último, quiero remarcar que el Estado no es el único ámbito donde se ejerce la representación o la toma de decisiones, pero es un ámbito importante y quedan muchos lugares por conquistar, por supuesto si también incorporamos otros ámbitos de toma de decisiones como pueden ser las Cámaras Empresariales, los sindicatos, las organizaciones sociales, las grandes empresas, los directorios, empresas de los clubes deportivos, las instituciones religiosas, entre otras. Allí si hay menos información disponible, la información que tenemos es que estamos aún lejos de que la toma de decisiones en estos ámbitos se comparta de manera más o menos equitativa entre varones y mujeres. ¿Y por qué insistir con este tema? Porque es importante la participación de varones y mujeres en las decisiones que se toman y afectan en definitiva nuestra vida cotidiana, el bienestar individual y social en todos nuestros países.

-Imposible no relacionarlo con algunas noticias de las últimas horas… Una de ellas: la elección de Francia Márquez como candidata a la vicepresidencia junto a Gustavo Petro en Colombia. Es una noticia que marcó todo este contexto y adquiere aún más relevancia…

Absolutamente. Esperemos que este triunfo se confirme y avance y, sin duda, muestre el camino de compartir las responsabilidades de gobierno entre varones y mujeres.

-En Uruguay el próximo domingo 27 de marzo hay un referéndum por la LUC (Ley de Urgente Consideración) de los 135 artículos que fue aprobada en julio de 2020 en el marco de una polémica muy grande. Entiendo que en esos artículos y en la lógica de esta Ley de Urgente Consideración se involucraron muchas temáticas e inclusive yendo en contra de algunos derechos… ¿Cómo entiendes el referéndum de la LUC y cuál es su importancia?

Es una instancia clave que estamos atravesando y viviendo en Uruguay de cara al domingo 27 de marzo, donde habrá un referéndum con una opción para derogar esos 135 artículos. Hubo que juntar más de 800 mil firmas en un país de 3 millones de habitantes para poder someter esta consulta popular.

Efectivamente, esta Ley de Urgente Consideración fue aprobada en julio de 2020, con más de 400 artículos y con muy poco tiempo de Parlamento para su discusión, por las mayorías parlamentarias que tiene la actual coalición en el gobierno. Muchos de los 135 artículos que se van a someter este domingo 27 de marzo  a referéndum ponen en cuestión elementos claves de lo que es el sistema de protección y de bienestar social que a Uruguay tanto trabajo (décadas) le ha llevado construir en los avances. Algunos más recientes, concretamente de los últimos 15 años, con capítulos o artículos que refieren a educación, vivienda, seguridad y derechos laborales. Entonces, estamos efectivamente en un momento muy importante para Uruguay con el resultado de lo que va a ser esta consulta popular y que, además, también es un mecanismo para reforzar la participación democrática directa de toda la población opinando y votando sobre estos artículos que aprobó en su momento el Parlamento.

Desde ya, yo estoy respaldando la derogación de esos 135 artículos que ponen en cuestión muchos de los avances que se han logrado en los últimos tiempos en Uruguay. Es votar por el sí a la derogación. Por ahora las encuestas marcan una situación muy pareja, como es la situación política acá en Uruguay, donde hay básicamente dos mitades: aquellas que se ubican más al lado de los progresismos y aquellas que se ubican más al lado de las políticas neoliberales. Tenemos una instancia muy democrática este domingo 27 de marzo en Uruguay.

https://www.clacso.org/la-presencia-de-mujeres-lideres-en-los-procesos-de-toma-de-decisiones-mejora-el-desempeno-de-las-politicas-publicas/

Comparte este contenido:
Leer más »

“La universidad tiene un papel central en el fomento de la democracia y el pensamiento crítico”

Karina Batthyany

Por: Karina Batthyány

En esta lógica de trabajo y de preparación que vamos rumbo a nuestra novena Conferencia en la UNAM el año próximo en junio, propongo seguir recorriendo alguno de los ejes que se van a estar abordando, discutiendo y elaborando alternativas y perspectivas en esos días de trabajo en la Conferencia. Y en este caso es sobre Educación Superior y Universidades, y particularmente Universidades Públicas.

Antes de comenzar con el desarrollo, quiero expresar desde aquí también mi solidaridad con Gerardo Caetano y la solidaridad de CLACSO, de su Comité Directivo con Gerardo Caetano, justamente un referente de la Universidad Pública uruguaya de la Universidad de la República, que ha sido víctima de agravios, de acciones intimidantes, y queremos expresar la solidaridad con él y además repudiar este tipo de acciones que en nada contribuyen a las democracias, al fortalecimiento democrático y plural y la expresión plural de las ideas en nuestros países.

Vamos entonces al tema de hoy: educación superior, universidades y los desafíos que se plantean. En primer lugar, decir que este tema será uno de los ejes de trabajo en nuestra Conferencia #CLACSO2022 de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y que vamos a colocar allí a discusión el papel de las universidades públicas, el papel del conocimiento como bien público y el derecho humano a la educación superior. En definitiva, colocar allí el papel de las universidades en el mundo actual y en nuestra región latinoamericana y caribeña que, como sabemos, está atravesando una encrucijada muy compleja por una serie de fenómenos que hemos ido desarrollando en estas columnas y que tienen que ver con lo económico, ambiental, político, ideológico, cultural, social, por supuesto lo vinculado a la salud y a los sistemas sanitarios.

Estas complejidades que además nos hablan de la necesidad de abordar analíticamente dimensiones como los derechos humanos, las desigualdades, las migraciones, los fenómenos de corrupción, las violencias, las inseguridades, y un largo etcétera, es en definitiva un lugar donde se discute y se construye alternativas son las universidades, los sistemas de educación superior. Por eso creemos que es muy importante en este marco, entendiendo estas encrucijadas que estamos atravesando, profundizar y complejizar el análisis y reflexión crítica también sobre el papel de la educación superior y particularmente de la educación superior pública y de la educación superior como derecho humano.

Analizar los alcances, las limitaciones, los retos que hoy enfrenta la educación superior tanto a nivel local como a nivel regional, sobre todo en aquellos modelos donde priman todavía los patrones neoliberales y donde se plantea también la educación superior como una mercancía. Plantear enfáticamente la necesidad de defender a la educación superior como derecho humano tal como se acordó en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) en 2018. Recordemos que la CRES en el 2018 se refería justamente al acceso, al uso y a la democratización del conocimiento como un bien social, como un bien colectivo y como un bien estratégico, esencial para garantizar los derechos humanos básicos. Planteaba a la educación, la ciencia, la tecnología y las artes como un medio para la libertad y para la igualdad, garantizándolas a todos y todas sin distinción social, de género, étnica, de religión o de edad.

La educación, decía la CRES en 2018, no es una mercancía y por eso instamos a los estado Nacionales a no subscribir tratados bilaterales o multilaterales de Libre Comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten formas de mercantilización en cualquier nivel del sistema educativo.

Conocemos bien esta realidad porque desde los 80’ en nuestra región la educación superior se convirtió en un objeto de mercado, en un proceso que entró en un proceso de mercantilización creciente de acuerdo a las dinámicas y a las reglas de los mercados locales o internacionales. Y porque también en la mayoría de los países, incluso en aquellos que tienen una fuerte tradición de universidad pública como puede ser el caso de Uruguay, de una universidad pública, laica y gratuita, no se ha logrado todavía discutir justamente el tema de cómo se financia la educación superior, y sigue siendo todavía un financiamiento marginal desde el punto de vista público y parte de un negocio –si lo podemos llamar así– privado en el ámbito del mercado.

Queremos colocar la vida y la educación en el centro y desplazar también de este ámbito el eje que hoy está centrado en el mercado. Es por eso que CLACSO y las universidades públicas de América Latina y el Caribe desde siempre e históricamente llevan adelante esta reivindicación en términos también de promover desde estos lugares de educación pública nuevos horizontes de reflexión crítica y de reflexión emancipadora. Para esto insistimos en la idea de colocar al conocimiento como un bien público, como un bien común –como se denomina en algunos casos– en esta disputa a nivel tanto regional como internacional que se está dando y que involucra también otro aspecto que es la idea del acceso abierto y de la ciencia abierta.

Estos debates creemos que contribuyen a efectivamente diseñar modelos educativos que permitan relacionar la investigación, la docencia, la extensión desde un marco de cooperación regional y desde un marco de cooperación regional abierta a las comunidades, a las comunidades no universitarias, y que permita también recuperar otras formas de conocimiento que permiten en definitiva enriquecer los diálogos tan necesarios en torno a la educación superior y a las universidades, en particular en nuestra región hoy.

Por último, quiero llamar la atención con los procesos de inestabilidad política que se están viviendo en algunos de los países de nuestra región que también amenazan el desarrollo del conocimiento y particularmente esta idea del conocimiento como bien público y las universidades como lugar de producción de conocimiento. La amenazan sea por medio de reducciones o recortes presupuestales o por medio de restricciones políticas a la libertad intelectual y al ejercicio profesional.

En definitiva entonces queremos colocar este eje como uno de los ejes centrales de nuestra Conferencia # para seguir desde CLACSO impulsando un espacio de encuentro, de las voces críticas, de las voces que promueven la reflexión y el debate en torno al rol de la educación superior y las universidades públicas, para poder pensar en conjunto alternativas para poder avanzar en esta idea de fortalecimiento del sistema de educación superior público en América Latina y el Caribe.

Creemos que la universidad tiene además un papel central en el fomento de la democracia, de la solidaridad, de la interdependencia, de la responsabilidad y por supuesto del pensamiento crítico que, como siempre decimos, es un pensamiento que además promueve o lleva implícita la idea de la transformación social.

https://www.clacso.org/la-universidad-tiene-un-papel-central-en-el-fomento-de-la-democracia-y-el-pensamiento-critico/

Comparte este contenido:
Leer más »
Page 1 of 2
1 2