Author: Abelardo Carro Nava

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Cambios de centro de trabajo, entre la norma y la opacidad: ahora en Zacatecas.

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

El proceso de cambio de centros de trabajo, regularmente, si no es que siempre, se ve rodeado de una serie de omisiones, opacidades e irregularidades administrativas en las distintas Secretarías de Educación de la República Mexicana. Es, sin duda, un tema que no debe tomarse a la ligera pues la movilidad del personal adscrito a estas dependencias es un derecho del que goza todo trabajador, independientemente de la o las razones que lo hayan llevado a tomar una decisión de esta naturaleza.

Así lo establece la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM) en su artículo 90, correspondiente al Título Sexto, Previsiones Generales: “La Secretaría establecerá, mediante disposiciones de carácter general, de conformidad con la legislación laboral aplicable, las reglas de los procesos para la autorización de cambios de centros de trabajo, dentro de la entidad federativa de que se trate, así como los cambios de una entidad federativa a otra. Los cambios de adscripción se realizarán únicamente al término del ciclo escolar, salvo por necesidades de servicio o por razones de enfermedad, peligro de vida y seguridad personal debidamente comprobadas. En dichas disposiciones, se contemplarán los términos de participación de las representaciones sindicales para garantizar los derechos y las prestaciones laborales en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la demás normatividad aplicable. Las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados tomarán las medidas necesarias a efecto de que el periodo mínimo de permanencia en el centro de trabajo será de dos años, salvo por causas de fuerza mayor. Los cambios de centro de trabajo que no cuenten con la aprobación de la autoridad correspondiente serán sancionados conforme a la normatividad aplicable. Dichos cambios, en ningún caso, serán objeto de regularización”.

Pero también, el Reglamento Interno de la Secretaría de Educación Pública (RISEP) en su Artículo 27, referente a las atribuciones de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, Fracción XVIII: “Administrar y operar el proceso de control de plazas del personal de las unidades administrativas de la Secretaría, así como coordinar los procesos de movilidad de su personal”.

Y bueno, para tales propósitos, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) emitió, en 2021, las Disposiciones Generales del Proceso para la Autorización de Cambio de Centro de Trabajo cuyo objetivo, como su nombre lo indica, consiste en regular el proceso para la autorización de cambio de centro de trabajo del personal docente, técnico docente, asesor técnico pedagógico, de dirección y supervisión, dentro de las entidades federativas, así como los cambios de una entidad federativa a otra, en educación básica y en educación  media superior.

Ahora bien, con estos referentes que en el papel lucen muy bien, las distintas áreas o departamentos que forman parte de las estructuras de las Secretarías de Educación de los estados, implementan diversas acciones que forman parte del proceso referido y, para lo cual, de acuerdo a sus circunstancias, recursos o materiales, pero, sobre todo, con el conocimiento del personal presumiblemente participante, comienzan a desarrollar las actividades para que se logre este propósito, y es aquí donde las cosas dejan de lucir muy bien, pues las inconsistencias surgen cuando las convocatorias son elaboradas y publicadas sin conocimiento de causa y sin considerar las posibles consecuencias que podrían desprenderse entre los aspirantes y las propias dependencias administrativas dado que los criterios de valoración que se establecieron para revisar la documentación recibida, así como la emisión de resultados, distan mucho de ser transparentes. Para muestra un botón, o dos botones, si usted gusta.

Hace unos días, en Tamaulipas, fueron rechazadas solicitudes de cambio de centro de trabajo de algunos profesores porque su techo financiero no estaba actualizado. Una situación que la Secretaría de Educación de Tamaulipas no resolvió con la brevedad que el caso ameritaba para que los trabajadores de la educación, adscritos a esa dependencia, no enfrentaran una problemática al momento de participar en el proceso de movilidad de este año. En este caso, la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, no tomó en cuenta la situación que “vivían” esos maestros por lo que, en un principio, no fueron considerados, sin embargo, después de acudir a otras instancias en esa misma Dependencia, logró resolverse de manera favorable para éstos. ¿Desconocimiento, omisión u opacidad de parte de quien se encuentra al frente de una responsabilidad de esta naturaleza? Afortunadamente tal problema fue resuelto y el personal demandante se vio favorecido pues la razón les asistió en ese momento.

Desafortunadamente en Zacatecas la cosas no ha tenido el mismo fin, pues la emisión de resultados derivados del proceso de este año presentó ciertas irregularidades, entre las que destacan: a) emisión de una primera lista de ordenación sin nombres y, posterior a ello, publicación de otra lista con nombres en las que se observaba que se habían movido los lugares dados a conocer en la primera de ellas, ¿por qué dos listas?; b) valoración de los documentos recibidos sin que los criterios de revisión fueran claros, transparentes y equitativos, por ejemplo en el tema de la antigüedad, a diversos solicitantes se les asignó una antigüedad menor de la que poseen (debidamente comprobada mediante constancia que la misma dependencia entrega) y a otros se les incrementó ¿la razón?; c) criterios de desempate inconsistentes pues, siguiendo con el ejemplo de la antigüedad, la dependencia no reportó la información, necesaria y suficiente, pero sobre todo, transparente, de los indicadores de desempate empleados entre dos, tres, cuatro o cinco participantes que tuvieran los mismos años y meses de servicio, en el centro de trabajo, etc.; d) inconsistencias en la emisión de constancias por parte de la Secretaría pues, esta institución, emitió constancias de servicios y de promoción con datos diferentes que, por obvias razones, influyeron en la valoración de los criterios de desempate ¿no existe una base de datos confiable y debidamente actualizada?.

Este tipo de omisiones, opacidades e irregularidades administrativas en esa entidad federativa originó, como parece obvio, una sentida protesta por parte de los afectados, profesores y profesoras de distintos niveles educativos quienes, en días pasados demandaron la revisión de este proceso, hecho que obligó a la autoridad educativa a abrir sus puertas para establecer una mesa de diálogo que, hasta el momento en que cierro estas líneas, ha permitido revisar cada uno de los casos en lo que, como he señalado, existen este tipo de cuestiones; no obstante, ¿qué hubiera pasado si nadie se hubiese inconformado?

Tengo en mi memoria, la imagen de algunos funcionarios de alguna Secretaría de Educación, quienes, de manera conjunta y secreta con representantes de alguna Sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con listas en mano, “palomeaban” quienes serían acreedores a dichos cambios de centro de trabajo.

Un pasado, a todas luces negro que, desde luego, tiene que desaparecer. Esperemos no sea el  caso en la entidad que refiero.

Al tiempo.

Referencias:

SEGOB. (2019). Decreto por el que se expide la Ley General de Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. DOF. Recuperado de: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573860&fecha=30/09/2019

SEGOB. (2020). Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. DOF. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600454&fecha=15/09/2020

SEP. (2021). Disposiciones Generales del Proceso para la Autorización de Cambio de Centro de Trabajo. USICAMM.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/cambios-de-centro-de-trabajo-entre-la-norma-y-la-opacidad-ahora-en-zacatecas/

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Abuso sexual y explotación infantil en las escuelas: el secreto

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

No basta con implementar una educación sexual en cada centro educativo para el conocimiento e identificación de los riesgo…

Un tema que, de alguna forma fue eclipsado por el reciente proceso electoral que vivimos en México, fue el que denunció en los últimos días del mes de mayo la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia (ODI), a través de un informe en el que se “reveló la persistencia de abusos sexuales y pornografía infantil detectados en 18 escuelas en agravio de decenas de infantes de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca” (Díaz, 2021).

El referido informe denominado: “Es un secreto. La explotación sexual en las escuelas”, contó con el apoyo de denunciantes solidarios como Lucia Serevitje, María Azuela Gómez, Lydia Cacho, Manuel Gil Antón y Juan Martín Pérez quienes, ofrecieron diversas entrevistas a diferentes medios de comunicación, con el propósito de llamar la atención y hacer visible “un secreto a voces”. Y es que, como sabemos, el tema delicado como lo es no es del todo reciente, veamos por qué afirmo esto.

En 1989, con la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, se reconoció por primera vez explícitamente el derecho del niño y de la niña a estar protegido contra todas las formas de explotación y abusos sexuales (UNICEF, 2006). Posteriormente, en 1996, en el Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial Infantil celebrado en Estocolmo (Declaración de Estocolmo, 1996), se definió a la explotación sexual comercial infantil como una violación fundamental de los derechos de la niñez; ésta abarcaba el abuso sexual por parte del adulto y remuneración en dinero o especie para el niño (a) o para una tercera persona o personas; también se consideró al niño (a) como objeto sexual y mercancía. Consecuentemente la explotación sexual comercial de la niñez, en dicho Congreso, se constituyó como una forma de coerción y violencia contra ésta, lo cual equivalía al trabajo forzado y una forma contemporánea de esclavitud, por tanto, se incluyó en esta categoría de explotación sexual comercial: la pornografía, la prostitución, el tráfico de niños y niñas con fines sexuales y el turismo sexual.

Por su parte, la representante regional para América Latina de la Asociación contra la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes hace tiempo informó, que el combate a la comercialización y explotación sexual infantil no era prioridad para los gobiernos de América Latina, incluyendo a México, pues los recursos económicos destinados eran insuficientes. Además de ello, aseguró que existían enormes “hoyos” en las legislaciones y códigos penales, así como también, complicidad – por omisión o acción – de las autoridades policiacas que impedían el desmembramiento y castigo de las redes internacionales dedicadas a estos crímenes violatorios de los derechos humanos (CONAPRED, s/f).

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, el de nuestro país, de acuerdo con el estudio realizado en el 2000 por Elena Azaola, en colaboración con la UNICEF, DIF y CIESAS denominado “Infancia Robada”, y que fue desarrollado en 6 ciudades del territorio mexicano, se afirmó que existían aproximadamente 16,000 personas menores de edad explotadas en el comercio sexual.

Esto, de alguna manera se corrobora en fechas recientes puesto que, en agosto de 2019, en el Foro “Violencia Sexual Infantil y Adolescente: Retos Legislativos”, el director médico del Hospital de Pediatría del Centro Médico Siglo XXI, del IMSS, Javier López Aguilar, afirmó que según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupaba el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año, por lo que informó que desde hace 20 años, Tlaxcala era la entidad con mayor incidencia de pederastia y trata infantil, seguido por Querétaro y Chihuahua, lo que mostraba la inoperancia de la justicia penal y civil en esta materia (Boletín del Senado de la República, 2019).

En este mismo sentido, pero en noviembre de 2020, la organización Aldeas Infantiles SOS, denunció que México ocupaba el primer lugar en abuso sexual infantil a escala mundial; esta organización indicó que en 4 de cada 10 casos el delito fue cometido por familiares o gente cercana a los menores. Asimismo, señaló, que lo grave es que, por cada mil casos de abuso a menores, únicamente 100 se denunciaban, solo 10 llegaban a juicio y 1 alcanzaba condena (Valadez, 2020).

Expuesto lo anterior, vienen algunos cuestionamientos a mi mente: ¿cuáles son las estrategias y acciones preventivas que los gobiernos mexicanos han implementado para disminuir las cifras tan alarmantes en nuestro país por agresiones contra los infantes?, ¿es suficiente contar con un protocolo para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas que conforman el Sistema Educativo Nacional (SEN)?, ¿qué otras herramientas o instrumentos pueden elaborarse e implementarse para disminuir y erradicar tan infames actos cometidos contra menores de edad?, ¿qué ha hecho la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para poner especial atención en estos asuntos?, ¿por qué nuestro país no ha avanzado en esta materia?

Cierto es, que la escuela en un espacio privilegiado en el que las interacciones son una constante entre los diversos actores educativos y no educativos que a diario confluyen en ella. Cierto es, que no podemos generalizar en cuanto a pensar que todo trabajador de la educación forma parte de un grupo delincuencial que atenta contra los derechos de los niños y las niñas. Cierto es, que el informe dado a conocer por ODI es una seria llamada de atención para todos los que formamos parte del SEN, dados los patrones y denuncias que se han presentado y que, como señala dicho informe, “pudieran ser indicativos de que algunas escuelas han sido capturadas por la comisión de delitos de explotación sexual en línea” (Díaz, 2021).

¿Qué futuro queremos para nuestros hijos? Obliga a pensarnos en el presente para actuar en consecuencia.

No basta con implementar una educación sexual en cada centro educativo para el conocimiento e identificación de los riesgos y conductas de violencia sexual en su contra, no basta que se implementen vías de comunicación seguras, confiables, accesibles y anónimas para la denuncia de los hechos, no basta con la existencia de una corresponsabilidad en la actuación de las autoridades e instancias especializadas en la protección de los infantes. No, no es ni será suficiente todo esto si no hacemos visibles tal hecho y, mucho menos, si NO ESCUCHAMOS A NUESTROS HIJOS Y LES CREEMOS.

Referencias:

Fuente:  https://profelandia.com/abuso-sexual-y-explotacion-infantil-en-las-escuelas-el-secreto/

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El SNTE y el patrullero 777: ¡A sus órdenes jefe!

Abelardo Carro Nava

Por: ABELARDO CARRO NAVA

¿Por qué el SNTE no se ha puesto de lado de los trabajadores de la educación que dice representar y, en su lugar, solo ha respondido a sus órdenes jefe?…

Mientras escribo estas líneas vienen a mi mente algunos momentos de antaño.

Cómo olvidar aquellos fines de semana en los que, reunidos en familia, disfrutábamos de una película en un televisor de bulbos que proyectaba, en blanco y negro, a personajes tan inolvidables que formaron parte de ese cine de oro mexicano. Cómo olvidar las sonrisas, tristezas o llanto que propiciaban las actuaciones de diversos actores que fueron parte de un elenco inolvidable. Cómo olvidar que esa forma de entretenimiento lograba trasladarnos a ciertos lugares que, de alguna u otra forma, eran difíciles de recorrer por las condiciones económicas que atravesábamos en casa. Sí, cómo olvidarlo…

Con verdadero aprecio recuerdo aquella película que, en más de una ocasión, logró arrancarme una tremenda carcajada: el patrullero 777. Una comedia mexicana que fue protagonizada por Mario Moreno “Cantinflas” con su particular estilo. La trama era muy sencilla de entender: el sargento Diógenes Bravo (Cantinflas) era constantemente reprendido por su jefe porque acostumbraba a resolver diversas situaciones que encontraba en su camino empleando métodos muy personales y divertidos.

¡A sus órdenes jefe!, fue el sello que caracterizó al personaje que Mario Moreno le dio vida. Tal expresión, la empleaba cada vez que su jefe requería de su presencia, ya sea para reprenderlo o bien, para darle alguna instrucción. Desde luego, quienes gozamos de sus ocurrencias, pudimos interpretar esta forma de comunicación de diversas maneras: sarcasmo, obediencia, temor o simplemente diversión. En fin.

De vuelta a la realidad en que ocurre este texto, abro las carpetas que guardo celosamente en mi computadora para comenzar a planear las clases de la semana que viene, no sin antes, revisar el calendario escolar pues el fin del ciclo se aproxima y debo tener presente las fechas para organizar las actividades que implementaré y las tareas que encomendaré a mis estudiantes.

La duda salta y la incertidumbre ronda mi pensamiento, ¿será que regresaremos a las aulas en el mes de junio tal y como lo han dicho las autoridades? La más reciente noticia que difundieron diversos medios de comunicación apunta a tal hecho. Y es que, tanto la profesora, Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el profesor, Alfonso Cepeda, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así lo pactaron hace unos días.

Una vez más el patrullero 777 regresa a mi mente; de brote pronto, aparece la imagen del sargento Diógenes frente al mayor Urbano Magalón con su conocida frase ¡A sus órdenes jefe!

Tal analogía no es desproporcionada, por el contrario, cubre ciertos requisitos para emplearla en estas líneas pues, ante la instrucción recibida, el subordinado se limita a acatar las órdenes sin considerar las consecuencias de éstas.

Y es que, durante todo este confinamiento educativo, ¿qué es lo que ha hecho este sindicato? Peor aún, ¿qué acciones ha emprendido la dirigencia sindical para defender los derechos laborales y profesionales de sus agremiados ante los constantes atropellos por parte de la autoridad educativa federal y las de los estados? Aún hay más, ¿por qué el SNTE no se ha puesto de lado de los trabajadores de la educación que dice representar y, en su lugar, solo ha respondido a sus órdenes jefe?

Miro a mi alrededor, y en mi espacio de trabajo, al igual que muchos de mis compañeros y compañeras, encuentro todos los materiales y recursos didácticos que tuve que adquirir para continuar con mi trabajo a distancia. Ninguno de ellos tiene el logo del SNTE o de la Secretaría. Tienen mi sello, y un dejo de satisfacción recorre mi cuerpo, pues el proceso formativo y aprendizajes de los chicos jamás se detuvieron.

Miro a mi alrededor, y pienso en los compañeros y compañeras que ya no están con nosotros. Se nos adelantaron en el camino. Con ellos está mi recuerdo y cariño.

La realidad dista mucho de las imágenes y comunicados que, pomposamente, ha difundido la SEP y el SNTE sobre ese pacto para un regreso seguro a las escuelas. Se alude a la vocación, compromiso moral y a un respaldo sindical, pero, ninguno representa a los trabajadores de la educación y, como parece obvio, muy poco han hecho por la educación y por brindar las mejores condiciones a todos los actores educativos. La foto es lo que cuenta. La empatía y sensibilidad que tanto promueven, quedan muy lejos.

Qué curioso, hoy se encuentran al frente de tales instancias, dos profesores que alguna vez conocieron las entrañas del banquillo de cada uno de los salones que pisaron.

Los tiempos parecen haber cambiado. Las necesidades y demandas han aumentado, pero las fotografías tienen el mismo significado: político y nada educativo.

¿Cuán lejos estamos de un verdadero cambio educativo?

“Quisiera decir algunas cosas compañeros y las voy a decir, aunque me arreste el maloso del mayor Malagón, mucho se ha dicho que se hará justicia caiga quien caiga y resulta que caen los que no debieran caer, mientras a aquellos a quienes les cae de todo, esos nunca caen; vivimos en un mundo de desorden y de violencia, un mundo donde nadie respeta las instituciones, ni las instituciones respetan a nadie, un mundo de injusticias donde se abusa de la autoridad que da el poder…” Fragmento de la película El patrullero 777, expresado por el sargento Diógenes Bravo.

Fuente: https://profelandia.com/el-snte-y-el-patrullero-777-a-sus-ordenes-jefe/

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La reapertura de las escuelas no pasa por la SEP

Abelardo Carro Nava

Por. Abelardo Carro Nava

Dos cuestiones llamaron mi atención de lo expresado por el presidente López Obrador, por un lado, aseguró que la SEP emitiría ese día un documento…

Prácticamente a un mes de que culminé el ciclo escolar 2020-2021, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en voz de su titular, la profesora Delfina Gómez, ha convocado a las maestras, maestros, padres de familia y autoridades educativas de nuestro país, a regresar a clases presenciales a partir del 7 de junio (Profeladia.com, 2021). Tal convocatoria se expresó durante la conferencia de prensa del 28 de mayo en Palacio Nacional, y bueno, el presidente hizo lo propio y respaldó este llamado porque, según él, ya hay condiciones para ¿regresar a la normalidad? a las escuelas dado que el sector educativo, prácticamente en su totalidad (85%), ha sido vacunado, aunado al hecho de que la inoculación de los adultos mayores no se ha detenido y en próximos días se continuará con los adultos cuyas edades oscilan entre los 40 y 49 años.

En esta misma conferencia, se difundió un video donde se pudieron observar y escuchar, algunos testimonios de profesores cuyas palabras refieren el deseo de regresar a clases por diversas razones, y no se equivocan. Desde hace algún tiempo he venido comentado que la inmensa mayoría de maestros y maestras tienen ese anhelo, pero también he sostenido con argumentos y datos, que las condiciones en las instituciones educativas no son las idóneas para que todos los actores educativos y no educativos tengan un regreso seguro.

Ahora bien, dos cuestiones llamaron mi atención de lo expresado por el presidente López Obrador, por un lado, aseguró que la SEP emitiría ese día un documento oficial para formalizar el regreso a clases presenciales en el país a partir del 7 de junio, pero, por otra parte, el que independientemente de este documento, cada comunidad educativa podría decidir si regresa a clases presenciales o no, “porque todo es voluntario nada es por la fuerza”.

¿Se oficializa el regreso, pero es voluntario? Menuda forma de deslindarse de la responsabilidad que trae consigo la apertura de los centros escolares sin que el gobierno federal, y los gobiernos locales, hayan hecho lo que corresponde para habilitar o rehabilitar la mayoría de los espacios físicos educativos, para dotar de suficientes y necesarios insumos para cuidar la salud y prevenir contagios, para asegurar que haya agua, drenaje y una adecuada ventilación en cada uno de los planteles y salones de clase, para capacitar sobre estos asuntos a padres de familia, alumnos, profesores, directivos y todo aquella persona que, de manera directa o indirecta, se involucra diariamente en las actividades de las escuelas, para informales sobre una línea de trabajo que permita delinear el camino para un regreso seguro de todos los involucrados más allá de lo que se menciona en el protocolo que la SEP elaboró y que hasta la fecha no ha modificado, en fin, ¿por qué no se habló de todo eso?, ¿por qué no se presentaron datos sobre la posible afectación de los aprendizajes de los alumnos durante todo este tiempo?, ¿por qué no se detalló cuántas maestras y maestros han recibido una capacitación sobre la detección de enfermedades como el COVID-19 y los protocolos establecidos por la propia Secretaría?, ¿por qué no se especificó cuántos padres de familia fueron capacitados sobre este mismo asunto?, ¿por qué no se informó del número de escuelas que se habilitaron y rehabilitaron más allá de las que contempla el programa la Escuela es Nuestra?, ¿por qué no se mencionó que, en algunas entidades federativas, se está obligando a los padres de familia y maestros a firmar una carta responsiva, mediante la cual, se deslinda a la SEP y al gobierno federal de cualquier afectación que pudieran tener los niños en su salud por un posible contagio?, ¿por qué no se dijo que, a unas semanas de que terminé el ciclo escolar, la SEP y las Secretarías de los estados, solicitan las evaluaciones de los alumnos a los profesores quienes, por tres o cuatro semanas posteriores a su entrega, repasan contenidos o refuerzan algunos temas vistos en los bimestres lo cual propicia algunas complicaciones porque, tanto los estudiantes como los padres de éstos, sabedores de que su hijo ya ha sido evaluado, deja de mostrar el mismo interés por su desempeño académico?, ¿por qué no se presentó un plan que permitiera aprovechar al máximo esas tres o cuatro semanas para que se trabajara con todos estos temas qua planteo en estas interrogantes para que se iniciara el ciclo escolar 2021-2022 con una base un tanto más sólida que permitiera la toma de decisiones de cada uno de los planteles educativos?, ¿por qué en Tabasco y Baja California ya se están citando a los trabajadores de la educación sin tomar en cuenta lo que desde la misma presidencia nacional se menciona?, ¿es voluntario el regreso o no lo es?

Antes del anuncio de este día (28 de mayo) en Palacio Nacional, tuve conocimiento de que varios colectivos docentes, conjuntamente con padres de familia, tomaron la decisión de considerar el regreso a clases presenciales hasta el siguiente ciclo escolar. Una medida, sin duda, sensata como también lo es, el que otras instituciones educativas, con el acuerdo de los mentores de los alumnos, hayan decidido regresar a las aulas en las siguientes semanas.

La comunidad es conocedora de sus propias circunstancias y, desde mi perspectiva, ahí radica el meollo de este asunto no en la Secretaria.

La SEP tendría, en todo caso, marcar una trayectoria pedagógica, didáctica y de gestión propia de las funciones que realiza con la idea de ofrecer todas las herramientas, instrumentos e insumos para que esto sea posible, pero, desafortunadamente, en lo que va de estos 14 meses de confinamiento educativo, solo ha dado palos de ciego sin saber qué hacer y cómo actuar ante lo que cierto Secretario de Educación denominó “un elefante reumático” como lo es el Sistema Educativo Mexicano.

Al respecto, basta con leer lo que en la página de esta dependencia se publicó sobre este asunto y que denominó “Consideraciones generales para formalizar el regreso voluntario a clases presenciales y finalizar el ciclo escolar”; consideraciones que contienen una serie de “reglas” específicas que “brindan” una orientación a las autoridades escolares para ese regreso a clases que, para acabar pronto, no aportan nada nuevo salvo por aquel aspecto que señala que “las y los alumnos que, por decisión de sus padres de familia, renuncien al servicio presencial, deberán ser incorporados a un ¿programa de renivelación? a fin de valorar los conocimientos adquiridos, y posteriormente, ser reintegrados al nivel o grado respectivo (SEP, 2021). ¿Cuál es el fundamento de ese programa de renivelación?, ¿qué estructura tendría? Y lo que es peor, además de que la SEP plantea una educación basada en una estrategia mixta, ¿el docente tendría un programa más a trabajar con sus alumnos?, ¿no es suficiente con toda la carga administrativa que tiene?

La SEP sigue sin rumbo; viene actuando en razón de las instrucciones recibidas por quien dirige los destinos del país, y no en función de las circunstancias en las que se encuentran cada uno de los centros educativos. ¿Se imagina usted el que los profesores tengan que trabajar de manera mixta con sus alumnos, pero sin que la escuela cuente con la infraestructura, equipos y conectividad requerida para este propósito?

En suma, insisto, la falsa idea de que la crisis por la pandemia está superada y que el propio gobierno viene difundiendo con ahínco en estos días: es por demás oportunista, electorera y alejada a la realidad que vive la educación en México.

Con negritas:

Hasta el momento en que cierro estas líneas, la SEP no ha emitido un comunicado oficial sobre el regreso a clases presenciales el 7 de junio, tal y como lo señaló el presidente. Tampoco se encuentra el documento “Consideraciones generales para formalizar el regreso voluntario a clases presenciales y finalizar el ciclo escolar” puesto que el enlace que colocaron en la página de esta dependencia, remite al mismo sitio en el que no aparece. Vaya eficiencia y eficacia, ¿no cree?

Referencias:

Fuente: https://profelandia.com/la-reapertura-de-las-escuelas-no-pasa-por-la-sep/

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Romantizando el regreso a clases presenciales

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

 

Cierto, el proceso de vacunación de magisterio avanza en cada uno de los estados, pero ¿esta inoculación elimina toda posibilidad de un posible contagio en las escuelas?…

En los últimos días ha aumentado el debate sobre el regreso a clases presenciales en nuestro país. La carrera política por ver quién regresa primero comenzó en el estado de Campeche y, de ahí, algunas entidades han hecho lo propio o, como en el caso de la Ciudad de México, han anunciado que los alumnos y profesores estarán de vuelta en las aulas el próximo 7 de junio.

Curioso es como, muchos medios de comunicación, a diario difunden sendos reportajes en donde se observa a padres de familia, personal docente, administrativo y de apoyo a la educación, con cubeta, escoba y trapeador en mano, realizar actividades de limpieza, desinfección y rehabilitación de algunos espacios físicos con la finalidad de que los estudiantes, a su regreso, encuentren una institución que brinde las condiciones, mínimas e indispensables, para que se prevenga un posible contagio por el virus ya conocido. ¿Por qué no se difunde el estado en el que se encuentran estas instituciones derivado del escaso presupuesto que reciben cada año para habilitar o rehabilitar su infraestructura educativa?, ¿quién aporta los recursos económicos para esa limpieza y desinfección?, ¿son suficientes los kit’s que los gobiernos de las entidades distribuyen para este propósito consistentes en 4 litros de cloro, tres de ácido muriático, dos de jabón líquido, escobas y trapeadores, cuya duración debe ser, al menos, de dos a tres meses?, ¿por qué los padres de familia y maestros deben asumir los costos de estos insumos para cumplir un anhelo político y económico?, ¿cuál es el papel de Estado en estos asuntos?

Sí, la imagen de una madre de familia con una escoba en la mano y con los pies mojados por el agua que permite el aseo de un salón de clases vende, y vende muy bien una idea romántica sobre este regreso a clases. Los medios de comunicación lo saben, los políticos y gobernantes de sobra lo conocen, pero la obligación de éstos últimos, difícilmente se proyecta en el televisor o en otros espacios informativos.

Sí, se habla de la urgente necesidad de que los alumnos vuelvan a las escuelas; se argumenta que es necesaria la socialización entre pares porque favorece su desarrollo; se afirma que los aprendizajes no se han logrado como tendrían que lograrse dada la educación a distancia y virtual que la misma Secretaría de Educación Pública (SEP) promovió a través de cuatro televisoras nacionales y por las cuales se desembolsaron más de 400 millones de pesos; se reafirma la necesaria revaloración de la educación y el aprendizaje como pilares de la sociedad; se asegura la conformación de comités de salud para que den vida a un filtro que permita prevenir contagios entre los distintos actores educativos y no educativos.

Sí, de todo esto se habla, pero no del abandono del que han sido objeto las escuelas por parte de los distintos gobiernos que han despachado desde Palacio Nacional, incluyendo el que se encuentra en estos días por esos lares.

Al fin de cuentas hemos aceptado, que las “aportaciones voluntarias” que anualmente realizan los padres de familia se destinan en la educación de sus hijos hecho que, indudablemente ha propiciado, que el Estado, progresivamente, haya dejado de garantizar que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, el mantenimiento y las condiciones de su entorno (art. 3º Constitucional), sean las más idóneas para todos.

Por su parte, el magisterio, o buena parte de éste, ha hecho su parte. En la medida de sus posibilidades ha apoyado a sus estudiantes. En efecto, es parte de su quehacer docente, pero sus acciones van más allá de lo que representa o significa un contrato, y en ello, probablemente estemos de acuerdo.

Curiosamente, una profesora en estos días despacha desde la silla que alguna vez fue de Vasconcelos. Curiosamente, sabedora de estas y otras demandas y necesidades que prevalecen en el Sistema Educativo Nacional, favorece el próximo regreso a clases anteponiendo el interés económico y, obviamente, las indicaciones del presidente que la colocó en esa silla. Curiosamente, en las entidades de la República Mexicana se observa el mismo panorama; se sigue una línea que no brinda un regreso seguro a las aulas sino, más bien, una carrera política por demostrar que uno es mejor que el otro y viceversa.

Cierto, el proceso de vacunación de magisterio avanza en cada uno de los estados, pero ¿esta inoculación elimina toda posibilidad de un posible contagio en las escuelas?

Hace unos días, Rodolfo de la Torre, a través de su cuenta se Twitter escribió: “La ilusión de dejar atrás la crisis de la pandemia es poderosa, pero falsa y de lo más oportunista”, y no se equivoca. Distintos gobiernos han soltado una avalancha de ilusiones con el propósito de venderle, al pueblo, la idea de que la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia está superada, y no es cierto.

Ojalá, estos gobernantes, pudieran responder para qué regresarán los alumnos a las escuelas. Obviamente que tal cuestionamiento, tiene que ver con un plan educativo que responda a múltiples cuestiones de esta y otras índoles, pero, desafortunadamente, ni la SEP ni los gobiernos locales cuentan con ese plan que desde hace mucho tiempo lo solicitamos, y hoy, a escasas semanas de que culmine el ciclo escolar 2020-2021 sigue siendo un misterio, y lo que es peor, ya les urge abrir las instituciones educativas.

¿Regreso gradual y voluntario? Ahí está el detalle.

¿Para qué, quiénes y por qué? Ahí está una narrativa poderosa y por demás oportunista.

Fuente: https://profelandia.com/romantizando-el-regreso-a-clases-presenciales/

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Movimiento Magisterial Interino en Sonora, ¿por qué y para qué?

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

Nuevos organismos surgieron, como la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) al que se le transfirieron, prácticamente las mismas atribuciones que tenía la extinta CNSPD…

Para pocos es desconocido que, con la reforma educativa de 2013, la corrupción no se erradicó del Sistema Educativo Nacional (SEN). La asignación de plazas sin que hayan sido sometidas a los concursos de admisión fue evidente, así como también, el que se hayan manejado las listas de ordenamiento al antojo de las autoridades educativas locales.

Recuerdo muy bien el caso de una profesora recién egresada de una escuela normal que, después de cubrir todos los requisitos que en ese entonces se dispusieron para ocupar un lugar en el SEN, y por lo cuales obtuvo el doceavo lugar en las listas de prelación, no le fue asignado una plaza porque, a decir de las autoridades de su entidad, no había vacancias que pudieran ocuparse en ese momento. No obstante, un par de días después de que le fue dada esta respuesta por parte del responsable del Departamento, conoció de la asignación de una plaza a una ex compañera suya, egresada de la misma generación y que en la lista de prelación del mismo proceso, obtuvo el lugar 25. ¿Por qué al participante número 25 sí le otorgaron un nombramiento con base definitiva y no a quien obtuvo el número 12? Fue una de las tantas preguntas que me planteé en este entonces y que, si mi memoria no me falla, escribí en alguno de los artículos de regularmente comparto por este medio.

Obviamente esa historia no terminó ahí, después de un recurso de inconformidad y de una demanda interpuesta por la afectada, un par meses después, le informaron que ya contaban con una plaza y que tal día debería presentarse por su nombramiento. ¿De dónde salió esa plaza y quién fue el responsable de tal atropello? Fue otra de las preguntas que surgieron en mi mente en ese momento.

El tiempo pasó, y como es obvio, todo siguió su curso.

Sucesos como el que refiero fueron una constante durante ese sexenio y, por los cuales se evidenció una serie de irregularidades en un proceso que muchas autoridades educativas calificaron de “transparente”.

Llego el 2018 y con éste una promesa hacia el magisterio: todo sería diferente. La respuesta del electorado no se hizo esperar y, en ese mismo año, asumió la presidencia de la República un régimen que, en 2019, consolidó la reforma a la reforma peñanietista. Se eliminó aquel aspecto punitivo de la evaluación al desempeño docente, pero se mantuvo la esencia de la misma evaluación al ingreso y para la promoción ampliamente criticada durante las campañas políticas de ese 2018.

Nuevos organismos surgieron, como la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) al que se le transfirieron, prácticamente las mismas atribuciones que tenía la extinta Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD). ¿Mucho ruido y pocas nueces? O, lo que es peor: “mucho cambió para que todo siguiera igual”. Y bueno, una vez que este órgano administrativo desconcentrado comenzó a operar los procesos de admisión y promoción, todo empeoró, y nadie, pero absolutamente nadie, ha sido capaz de ponerle un alto a los incontables atropellos de los que han sido objeto las maestras y los maestros de México.

Alguien, en algún momento, afirmó que la pandemia “le vino como anillo al dedo”, y no se equivocó porque, indiscutiblemente, la USICAMM, de alguna forma ha justificado su actuar debido a la contingencia sanitaria decretada por el gobierno mexicano y, por la cual, tuvo que suspender la aplicación del instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes del proceso 2020-2021, o bien, tomar decisiones poco certeras en cuanto a los procesos de promoción vertical y horizontal, pero también, en la emisión de criterios para la asignación de nombramientos a personal docente interino que obtuvo un lugar en las listas de ordenamiento en el referido proceso, hecho que propició que las autoridades educativas locales actuaran sin el debido ordenamiento legal establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCAMM) o los establecidos en la Ley Federal de Trabajo.

¿Por qué la emisión de nombramientos con código 99 (vacante definitiva con nombramiento por tiempo fijo) en lugar de un código 95 (alta provisional) a los participantes del proceso de admisión 2020-2021?*, ¿por qué después de 6 meses y sin nota desfavorable los trabajadores interinos participantes de este proceso no se les asignó una base definitiva?, ¿por qué si se cubrieron en tiempo y forma una serie de requisitos en el proceso de admisión los participantes tuvieron que esperar prácticamente un año para conocer sobre las disposiciones administrativas que en esta materia emitió la USICAMM?, ¿esta serie de acciones no traen consigo dolo y un estado de indefensión en los aspirantes a ingresar al SEN quienes, por tiempo fijo o de manera provisional, se incorporaron al servicio educativo dado que obtuvieron un lugar en las listas de prelación u ordenamiento? Y lo que desde mi perspectiva es más importante: ¿los criterios excepcionales que la USICAMM emitió hace unos meses están por encima de la Ley Federal del Trabajo y de la propia Constitución Política Mexicana?

Desde hace unas semanas, en el estado de Sonora, se conformó un Movimiento Magisterial Interino por una Estabilidad Laboral, integrado, como parece obvio, por cerca de 3000 docentes interinos (de diferentes niveles educativos y modalidades) que se vieron afectados con la serie de “criterios” que ha emitido la USICAMM (a nivel federal como local) en este tiempo de pandemia. Su demanda, a decir de la profesora Guadalupe Nieblas se resume en lo siguiente: exigir a las autoridades educativas estatales y federales, una estabilidad laboral mediante la basificación definitiva de docentes interinos de la lista de ordenamiento 1 del proceso 2020-2021, sin importar el tipo de nombramiento que se le haya entregado.

Es obvio, y hay razón en su demanda, puesto que: 1) cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria que los llevaron a obtener un lugar en la lista de prelación 1; 2) fue evidente la incapacidad de la USICAMM para efectuar la aplicación del instrumento de valoración de conocimientos y habilidades en los tiempos señalados; 3) se han asignado tutores a profesores en la entidad sonorense sin fundamento dado que, a decir de la autoridad educativa local, no se han otorgado plazas con nombramiento definitivo en meses pasados pero ¿y los tutores asignados?; 4) ha sido evidente la falta de transparencia en la probable asignación de plazas dado el desconocimiento que se tiene sobre el número disponible de éstas en estos procesos; sí, ante éstas y otras irregularidades, es que están en su derecho de exigir esa basificación y de que el estado se las otorgue porque, indiscutiblemente, no es su responsabilidad el que en este órgano administrativo no operen o existan las condiciones tecnológicas para la aplicación de dicho instrumento o que en la entidad haya opacidad y poca transparencia en los asuntos referidos. Bien dice el dicho que el nada debe nada teme, entonces, ¿por qué no auditar estos procesos por instancias ajenas a la propia Secretaría de Educación de ese estado de la República Mexicana?

La pandemia se entiende, pero la opacidad e incapacidad gubernamental en la toma de decisiones y acciones contraviene la misma ley y, por tanto, se justifican estas cuestiones.

Hasta el momento en que cierro estás líneas, tanto la federación como el estado de Sonora no ha dado una respuesta contundente a tales exigencias. En los medios de comunicación, a diario observamos y escuchamos sendas noticias que refieren la misma problemática en distintas partes del país e, incluso, en Palacio Nacional se han manifestado diversos grupos de docentes por estas mismas razones, pero, desafortunadamente, no han sido escuchado estos reclamos. Los procesos siguen su curso y las injusticias laborales: se han convertido en el pan nuestro de cada día.

* Al respecto, recomiendo leer el artículo de mi autoría y que titulé “Nuevo proceso de admisión con una admisión inconclusa”: https://profelandia.com/nuevo-proceso-de-admision-con-una-admision-inconclusa/.

Fuente: Movimiento Magisterial Interino en Sonora, ¿por qué y para qué? | Profelandia

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USICAMM: la evidente decepción de la 4T

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

Aprobada la reforma educativa de 2013, se constituyó la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) y, al Instituto Nacional para la Evaluación de Educación (INEE), le fueron conferidas otras atribuciones que no tenía contempladas desde su creación en los primeros años del 2000.

La resistencia magisterial a la reforma peñaniestista, a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no se hizo esperar. De hecho, por esos años, su presencia fue más que evidente durante las discusiones que se tuvieron en las cámaras de representantes de México. Marchas, plantones, manifestaciones, consignas, fueron parte de ello. No obstante, el Pacto Por México había cumplido su cometido: golpear al magisterio como si este fuera responsable directo de las fallidas política educativas implementadas en nuestro país.

Meses pasaron y las evaluaciones para el ingreso al Servicio Profesional Docente y para del Desempeño Docente se pusieron en marcha; la escasa claridad en cuanto al significado que se le asignó a las palabras idóneo y no idóneo–destacado y no destacado, los cercos policiacos y militares que se implementaron en – prácticamente – todo el país para que se realizaran esos ejercicios evaluativos, los resultados ampliamente cuestionados que llevaron a una clasificación del magisterio, la incapacidad de una CNSPD para hacer cumplir la ley – a nivel federal y local – tal y como fue establecida en la Constitución y sus leyes secundarias, propiciaron que cientos de maestros y maestras mostraran su inconformidad y rechazaran una evaluación a todas luces punitiva y, desde luego, a la mal llamada reforma educativa.

La resistencia magisterial aumentó y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación: calló.

Obviamente que, este creciente malestar en el gremio, fue bien capitalizado por algunos actores políticos que buscaban con ahínco la Presidencia de la República, entre ellos, quien hoy despecha desde Palacio Nacional. Según se dijo en Guelatao: el magisterio sería revalorizado y el ejecutivo haría uso de sus facultades para detener las afectaciones laborales y administrativas al magisterio nacional (Animal Político, 2018).

Cierto, la evaluación punitiva se canceló, pero la esencia de la reforma neoliberal de 2013, criticada hasta el hartazgo por propios y extraños, se mantuvo en 2019 cuando se aprobó la reforma a la reforma emanada de ese Pacto. ¿Tendríamos que congratularnos y ser agradecidos por ello? En absoluto. Una reforma, en sentido estricto, es un procedimiento que se realiza con el propósito de modificar, mejorar, enmendar, actualizar o innovar, progresivamente, un aspecto que es susceptible de ser transformado. Consecuentemente, si bien es cierto que la reforma del 2019 enmendó lo relativo a la evaluación punitiva dada la afectación a los derechos laborales de los trabajadores de la educación, también es cierto que, a través de los principios establecidos en la Carta Magna y las subsecuentes leyes aprobadas en 2019, ésta no modificó, mejoró, actualizó o innovó algunos principios con la intención de impulsar una transformación educativa de la envergadura que tanto promueve este régimen. La Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, solo cambió de nombre.

Y para muestra un botón. Sí, un botón denominado Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) que, desde que comenzó a operar, ha sido una total y completa decepción.

Aquí algunas razones (pero hay una infinidad de ellas), mismas que en otros artículos he señalado, pero que complemento con otras que he registrado en los últimos días:

–Existencia de un proceso de admisión inconcluso (2020-2021), plagado de inconsistencias administrativas – a nivel federal y local – dada la suspensión de la aplicación del instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes a los aspirantes cuyos nombramientos en vacantes definitivas y temporales, se asignaron de manera errónea en las entidades por la falta de claridad de la USICAMM en todo este proceso.

–Violación a la misma ley en el proceso de admisión inconcluso (2020-2021), al eliminar las dos listas de ordenamiento generadas en este proceso (antes de la suspensión de la aplicación del instrumento de valoración) estableciendo una sola lista de ordenamiento.

–Cambios repentinos, y sin fundamento, en las fechas para la aplicación de los instrumentos de valoración sin que haya un respeto al calendario publicado por la misma USICAMM.

–Registros insuficientes para los participantes en los procesos de admisión y promoción. ¿Acaso se pensó que el magisterio no deseaba evaluarse para ingresar o promoverse?

–Errores recurrentes y constantes en la plataforma y, de las cuales, se ha dado cuenta en diversos medios de comunicación sin que la USICAMM se haga responsable de tales errores.

–Rechazo de los aspirantes en los procesos de admisión y promoción, aun y cuando éstos hayan cumplido cabalmente con los requisitos estipulados en las convocatorias respectivas.

–Establecimiento de un horario de servicio de una plataforma de 9:00 a 21:00 hrs., sin que exista un fundamento legal, administrativo o tecnológico que lo justifique.

–Guías de estudio emitidas unos días antes de la evaluación para la admisión o promoción docente y con errores en su contenido y diseño.

–Evaluaciones en línea cuya responsabilidad directa (por el uso de los equipos tecnológicos) recae en los participantes, bajo “normas” absurdas y con criterios de monitoreo y seguimiento, similares a los establecidos por la CNSPD.

–Reportes de incidencias que pueden generarse por la aplicación de los instrumentos de valoración de conocimientos y habilidades, que dejan en estado de indefensión a los participantes dada la responsabilidad que les asigna a éstos la propia USICAMM. ¿Y el SNTE?

–La posible contratación de un prestador de servicios integrales que pocos conocen y que es la responsable del software que se empleará en la aplicación de los instrumentos de valoración.

–Y así, muchas, pero muchas incidencias más…

¿Acaso el que un candidato a la Presidencia haya obtenido una cantidad importante de votos en las pasadas elecciones limita o restringe el derecho a cualquier trabajador de la educación para exigir las condiciones laborales y profesionales que le permitan ingresar, permanecer y promoverse al interior del Sistema Educativo Mexicano?

No todo lo que se diga y argumente es un ataque contra esta figura presidencial o hacia el régimen que ésta representa; los hechos ahí están y son más que evidentes los atropellos que vive hoy día el magisterio.

Si con Peña Nieto la resistencia y rechazo magisterial fue un hecho tangible durante todo el sexenio dados esos atropellos de los que fueron objeto los trabajadores de la educación, ¿de qué privilegio goza el actual régimen o por qué esa resistencia y rechazo dadas las fragantes acciones que la USICAMM viene cometiendo en contra de los profesores noveles y los que ya cuentan con varios años de servicio en el Sistema no se ha observado a nivel nacional?

En 2018, en Guelatao, se expresaron promesas esperanzadoras, hoy, con el USICAMM y sus fallidos procesos de admisión y promoción: solo priva la desesperanza.

Con negritas:

Qué bueno que se aplaudió la llegada de una profesora a la Secretaría de Educación Pública; qué mal que esa misma profesora, conocedora de estos procesos, no tomé cartas en el asunto.

Referencias:

Redacción Animal Político (2018). AMLO promete a maestros reunidos en Oaxaca cancelar la reforma educativa. Animal Político. Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2018/05/amlo-maestros-oaxaca-reforma-educativa/

 

Fuente: Profelandia

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