Author: Cecilia Dimaté Rodríguez

Cuando una nación pone fin a una guerra interna, la educación se constituye en uno de los ejes –si no el principal– para dinamizar los ámbitos sociales y políticos que permitan superar la violencia, la discriminación y la inequidad que han campeado a lo largo de su historia.

En estas condiciones, y próximos a elegir el Congreso que legislará para un país que avanza hacia la paz, son múltiples los retos que le plantea la educación. Aquí nos detendremos en los que –a nuestro juicio– requieren una respuesta inmediata y adecuada a las exigencias sociales del posconflicto.

Se trata de un deuda histórica que arrastra el cuerpo legislativo con el país, en tanto la Ley 30 de 1992 se ha quedado corta para ofrecer alternativas coherentes para el desarrollo de la Educación Superior, en especial, frente a las necesidades de formación técnica, tecnológica y profesional para ser más competitivo a nivel mundial y, fundamentalmente, para poder responder al desafío de superar el conflicto, proteger nuestros recursos naturales y aprovechar la riqueza nacional en función de la productividad y el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos.

La educación superior y, ante todo la educación pública, sobrellevan una crisis que parece insalvable, referida a la definición de políticas claras y duraderas para el sector. Esto ha llevado a que gobierno tras gobierno se ofrezcan paliativos coyunturales y no soluciones esenciales a las dificultades de acceso a la educación superior y a las condiciones de pertinencia de la formación que requiere un país como el nuestro, aspecto éste que ha ahondado las diferencias entre lo público y lo privado, limitando la posibilidad de aunar esfuerzos y lograr conjuntamente el fortalecimiento educativo en beneficio del desarrollo de un país más justo e igualitario.

En concordancia con el reto anterior, ciencia, investigación e innovación configuran un tema que debe ser atendido con excelencia por el nuevo Congreso. Este aspecto, de capital importancia para el desarrollo de un país, ha llegado a exhibir las peores condiciones de la historia de nuestro país, por cuestiones burocráticas y de recorte presupuestal.

Como lo plantea Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, se hace indispensable devolverle la institucionalidad a Colciencias y garantizarle la posibilidad de definir y aplicar políticas públicas sobre el tema sin injerencias de los gobernantes de turno. Y para ello será fundamental la labor legislativa.

Un tercer reclamo para los nuevos congresistas lo constituye la reforma de nuestra Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), con miras a fortalecerla en sus aspectos más importantes: derecho a la educación, gratuidad, calidad, autonomía curricular, profesión docente, y a convertirla en una verdadera Ley Estatutaria que integre la educación en un solo sistema y que garantice la permanencia de las decisiones que al respecto tomen los gobiernos de turno, de cara a una educación centrada en la construcción de la paz con justicia social.

En la mira de lograr una educación que cada vez exhiba una mejor calidad, la profesionalización de los maestros constituye un factor determinante, razón por la cual se hace indispensable que el Congreso se apersone de las condiciones en que hoy se encuentran y que, en especial, atienda las inconsistencias generadas por la coexistencia de dos estatutos docentes que, de entrada, conciben de manera contradictoria la profesión magisterial.

Atender este reto implica diseñar caminos que no desmejoren las condiciones laborales y salariales de los maestros y que, por el contrario, les reconozca el lugar que les corresponde a quienes están a cargo de formar los ciudadanos de un país que quiere vivir en paz y que, para el efecto, requiere de sus maestros un compromiso absoluto con la construcción de las condiciones favorables al desarrollo.

Este reto se torna transversal a todos los anteriores, en la medida en que una reforma a la educación –en cualquiera de sus niveles– requiere de una alta inversión que garantice: acceso a la educación, infraestructura adecuada, formación y calidad de vida de los maestros, condiciones de vida saludable para los estudiantes (en especial en educación básica) y recursos para la ciencia, la investigación y la innovación, entre otros aspectos que hacen de la educación el motor de desarrollo de un país.

Asumir este reto implicará una reforma al Sistema General de Participaciones, una inversión en educación superior acorde con las necesidades de un país de cara al siglo XXI y, adicionalmente, la creación de rigurosos mecanismos de control y erradicación de la corrupción, que eviten el desangre que aqueja al sector y, con ello, garanticen que los recursos propiciarán el advenimiento de un mejor país, ilustrado y en paz

Fuente del artículo: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/los-pilares-de-la-educacion-1674262.html .