Author: Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica

Severa crisis de la educación en Uruguay

Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica

Por: Gervasio Zorrilla/ Estrategia.Ia

Si bien la falta de recursos ha sido un reclamo histórico para la educación, sector fundamental de la sociedad y del Estado, en los últimos dos años de gobierno derechista se profundizaron los problemas y se hicieron trizas los paradigmas de la laicidad, gratuidad y obligatoriedad en aras de  un concepto mercantilista. El entendimiento del Ejecutivo está tan alejado de las necesidades de la niñez, juventud y adolescencia, que toma medidas restrictivas, represivas y de recortes presupuestarios.

Uruguay: ¿Crisis educativa o imposición de un nuevo modelo educativo? | Red Filosófica del Uruguay

Los reclamos contemplan la reforma educativa que consideran “regresiva”, la censura que han padecido reiteradas veces cuando realizaron pintadas en murales de los centros educativos, problemas edilicios, mejores condiciones de estudio y mayor presupuesto. Los reclamos se vienen repitiendo en los últimos años: el reclamo por el 6% + 1 del Producto Bruto Interno (PBI) viene de larga data, pero el gobierno no toma esta bandera con compromiso verdadero con la educación.

Pero a pesar de las continuas evaluaciones que demuestran que la educación es la base de todo, incluso de la disminución del crimen, parece un hecho que no existe la misma concepción en el gobierno.

El país atraviesa importantes dificultades relacionadas a su educación: bajos niveles de cobertura en educación media y terciaria; altas tasas de repetición desde la educación primaria; niveles de extraedad muy importantes como correlato de la alta repetición; altos índices de desafiliación escolar (en particular en la educación media) y por consiguiente un número muy elevado de jóvenes que no logra completar el ciclo educativo obligatorio y bajos niveles de aprendizajes. entre otros.

Si se analizan las problemáticas según el origen socioeconómico de los estudiantes, los resultados arrojan la existencia de una marcada desigualdad.

Toda una maquinaria mediática, política y académica construye y difunde a diario el discurso de que la educación está en crisis porque los docentes faltan, hacen paros, su formación es deficiente, son corporativos, frenan todas las reformas. La tónica es la descalificación a los sindicatos, la presentación de información errónea y/o tendenciosa sobre el salario docente para ubicarlos como una casta privilegiada. Instalan la falsa oposición entre “docentes privilegiados” y “alumnos necesitados”.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, educado en la Universidad Católica de Lovaina y promotor de la Universidad Católica del Uruguay, es autor de “La segunda reforma”, en la que se opone a la educación pública y sugiere la transferencia de recursos públicos a la educación privada. Además, su pareja, Maya Cikurel es acusada de lavar dinero en el escándalo Odebrecht.

La educación en América Latina enfrenta una crisis silenciosa, que con el tiempo se volverá estridente”

El discurso de la crisis educativa como problema docente forma parte de un relato más amplio que identifica a la crisis con la educación pública (es sólo ésta la que estaría en crisis) al tiempo que asocia lo alternativo con la educación privada. Las coberturas sobre temas educativos de medios derechistas repiten la misma fórmula: exaltación de los logros de un liceo privado, comparación de ese éxito con “el fracaso” de los públicos, y reflexión sobre generalizar a todo el sistema las experiencias “exitosas” privadas.

En los años 60 el sistema educativo uruguayo tuvo como característica principal la expansión en el número de estudiantes, de docentes y de establecimientos educativos. Paralelamente se produce una actualización de las propuestas pedagógicas. En esa época la educación era un orgullo nacional. Sin embargo las oportunidades de trabajo para jóvenes eran muy limitadas.

Lejos de ser un problema original del Uruguay, las campañas de estigmatización docente son parte de una estrategia internacional dirigida a destituir los sistemas educativos públicos, subsumir a la educación a las necesidades de la globalización capitalista y transformar radicalmente el sentido del quehacer docente .

Educación en Uruguay: características, cifras y otros detalles a tener en cuenta - Movimiento de Participación Popular

Wilkipedia señala que “En la educación pública uruguaya, son principios fundamentales la laicidad, gratuidad y obligatoriedad, tal como fueran proclamados por José Pedro Varela en la reforma de 1876. Según estudios de la Unesco, la educación uruguaya garantiza igualdad al poseer características institucionales que impiden la mercantilización de la educación, la educación de Uruguay favorece la equidad.

La población tenía acceso a educación gratuita desde primer nivel de preescolar hasta la graduación en la universidad. El país cuenta con una universidad pública de acceso libre y gratuito​, la Universidad de la República, que consta de 16 facultades y servicios anexos. La oferta de educación pública se ve complementada por instituciones de educación privada que abarcan desde la educación preescolar hasta la terciaria.

Son numerosas las instituciones confesionales (católicas, metodistas, judaicas, etc.); también se destacan algunos colegios bilingües, mayormente ingleses, y también los hay franceses, alemanes e italianos. Uruguay fue precursor en materia de educación preescolar en América Latina, merced a la labor pionera de Enriqueta Compte y Riqué, quien fundó el primer jardín de infantes ya en 1892. La educación preescolar también es obligatoria.

Pero estos dos últimos años para la educación el panorama ha venido empeorando. La reforma educativa que baja sensiblemente la calidad de la enseñanza, la persecución a los gremios y sindicatos, así como la autonomía y el cogobierno, tiene vetas dictatoriales, ya que a ciertos hombres de poder que se manejan dentro del Estado con mentalidad empresarial y criados en ambientes antipopulares, elitistas y privados, no les satisface.

Y con esa misma mentalidad, decidieron que la Universidad de la República no tendrá un peso de presupuesto a partir del 2023. Estudiantes y docentes expresaron la “honda preocupación” por la que pasan los gremios y sindicatos de la educación por los recortes presupuestales a la Universidad de la República.

Un editorial de La Diaria señala que es penoso que la Universidad de la República tenga que forcejear año tras año en busca de recursos para el mantenimiento de tareas básicas, cuya importancia para el país es innegable, y que el rector Rodrigo Arim deba dedicar tiempo y esfuerzos a exponer razones cuya comprensión está al alcance de cualquier persona con un mínimo de sentido común.

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Señala que en una institución privada de enseñanza, el aumento de la cantidad de estudiantes trae consigo más ingresos y, si la dirección tiene buen criterio, por lo menos una parte de ese dinero se destina a que no empeore la relación entre horas docentes y alumnos. En una institución pública, los recursos disponibles no dependen de la cantidad de estudiantes, y cuando esta crece (como sucede en la Udelar, con casi 5.000 más por año), queda en manos del Poder Ejecutivo que también lo haga el presupuesto.

El gobierno de Luis Lacalle dispuso en el Presupuesto de 2023 un incremento cero para atender el número de matrícula, de recursos humanos, investigación, retener jóvenes, postgrados, becas, y confirmó una rebaja de los fondos de la Universidad de la República (Udelar), lo que afecta a más de 146 mil estudiantes, más de seis mil docentes y no docentes y al futuro de la educación en el país.

La función de las universidades no es mantenerse sin cambios en un mundo cambiante, y para no quedarse atrás se ven obligadas, entre otras cosas, a innovar regularmente en investigaciones, proyectos y carreras, al tiempo que van mejorando su infraestructura desde lo edilicio hasta lo tecnológico.

A esto se suman, en la situación actual de la Udelar, la demanda en alza de becas – en un período de caída de ingresos para la mayoría de la población-, la necesidad estratégica de continuar y potenciar el desarrollo institucional fuera de Montevideo, la capital, y el apoyo a los investigadores jóvenes.

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En los últimos años los poderes Ejecutivo y Legislativo han disminuido la asignación de fondos presupuestales y lo previsto en el proyecto de Rendición de Cuentas enviado al Parlamento implica una caída en siete puntos porcentuales.

Si bien el producto interno bruto de Uruguay se ha recuperado tras el período de emergencia sanitaria, y el oficialismo derechista decidió este año revertir parcialmente algunos recortes del gasto público, mantiene las reducciones presupuestarias en el área de educación superior, lo que algunos analistas ven como apoyo al negocio de las universidades privadas y al concepto de que la educación es para el que pueda pagarla.

“Se puede discutir en qué medida esto se debe a hostilidad política, prejuicios ideológicos contra lo público, incomprensión de requisitos indispensables para que el país y su gente mejoren o simple incompetencia, pero cualquier motivo imaginable horroriza”, dice La Diaria.

Uruguay vivió entre el 2002 y el 2019 el período de expansión más importante de su historia reciente, con un crecimiento acumulado del 87% a precios constantes. El incremento de la actividad económica se reflejó en los indicadores sociales: la pobreza se redujo de 32,5% en 2006 a 8,2% en 2019, mientras que el índice Gini pasó de 45,9 en 2006 a 39,7 en el 2019, denotando una mayor igualdad en la distribución del ingreso.

No obstante, a pesar del virtuoso desempeño a nivel macroeconómico, el ámbito educativo ha tenido resultados disímiles, con áreas donde el avance fue muy escaso. Un primer aspecto positivo es el aumento del promedio de años de educación de los adultos jóvenes, lo que sin embargo no ha cerrado la brecha entre personas del quintil más alto y el más bajo de ingresos, la cual se mantiene en alrededor de un 60%.

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En el resto de los países en América Latina, la expansión educativa ha ido parcialmente cerrando brechas socioeconómicas en los años de educación formal alcanzados por los adultos jóvenes. Señala un informe de la Corporación Andina de Fomento (CAF), banco de desarrollo latinoamericano.

Uruguay logró en los últimos quince años importantes progresos en la cobertura alcanzada por los niveles educativos de los extremos. Por un lado, las tasas de escolarización bruta de niños entre 3 y 5 años han mejorado considerablemente, y lo han hecho además de la mano de cierres de brechas socioeconómicas y también en la dimensión urbano-rural.

La mayor expansión ocurrió entre los niños de 3 años, para los que se amplió la oferta de Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) y centros de educación inicial públicos. En la otra punta se encuentra la notable expansión de matrícula universitaria que se observa desde hace poco más de diez años, y que ha llegado casi a duplicar la cantidad de ingresantes por año en la universidad pública.

Esto ocurrió en el marco de la desconcentración territorial y expansión de los centros regionales en el interior del país de la estatal Universidad de la República (Udelar), así como por la creación y expansión de la Universidad Tecnológica (Utec), también con principal foco en el interior.

En buena parte, estos problemas del progreso educativo en Uruguay se asocian con el cuello de botella que ejerce el nivel secundario, especialmente en los jóvenes de menor nivel socioeconómico. Si bien se lograron importantes avances en el acceso a la secundaria en los últimos años, las tasas de matriculación bruta de jóvenes de 13 a 17 años en el quintil más pobre están aún entre las más bajas de toda América Latina.

Esto contrasta con lo observado entre jóvenes del quintil más rico, para quienes las tasas de matriculación se encuentran en los niveles más altos de la región. Al considerar la finalización del nivel secundario en vez de la matriculación, las brechas se agrandan aún más. Estas desigualdades en el nivel secundario se traducen luego en grandes diferencias en la matriculación en niveles educativos más altos.

Uruguay está entre los países con menor porción de jóvenes del quintil más pobre cursando algún tipo de educación superior y entre los que tienen un mayor porcentaje de jóvenes del quintil más rico matriculados en estos niveles educativos (comparable a los casos de Argentina y Chile).

Uruguay fue uno de los países latinoamericanos con mayor fracción de su población completando el nivel educativo considerado alto para inicios del siglo pasado, el nivel primario. Pero desde entonces, y en contraste con los avances en casi todos los países de la región, Uruguay ha quedado rezagado. La fracción de personas que completan el nivel secundario o más se ha ido estancando para las personas nacidas desde 1950 en adelante.

Por ejemplo, para los nacidos en los 80s, la fracción que completó al menos la secundaria supera el 50% para el promedio de 22 países de América Latina y el Caribe, mientras que es cercano al 40% para Uruguay. Ésto ha limitado las posibilidades de movilidad educativa ascendente, poniendo en relieve la crisis educacional en el país.

* Investigador de las Ciencias Sociales, docente universitario uruguayo, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Fuente de la información e imagen: https://estrategia.la

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Entrevista: A Ernesto Samper, secretario de UNASUR: «Tenemos que preservar a la región como una zona de paz en el mundo»

Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica

Por: Camila Vollenweider

Desde que asumió la Secretaría General de la UNASUR, ¿cuál cree usted que han sido los principales logros, y en qué aspectos institucionales se ha visto fortalecida?

Pienso que el principal logro es haber conseguido posicionar a UNASUR como un interlocutor político dentro de la región. UNASUR nació como resultado de una serie de procesos políticos complejos a finales del siglo pasado, que suscitaron la necesidad de crear una entidad que defendiera conceptos políticos como el de la preservación de esta región como una zona de paz en el mundo, la vigencia de la continuidad democrática como un propósito de mantener a la región dentro de unos estándares de participación ciudadana, y la vigencia de los derechos humanos en términos generales. Esa defensa, por supuesto, supone unos niveles de interlocución política que creo que de alguna manera he logrado mantener durante el tiempo que llevo en esta Secretaría.

En cuanto a lo institucional, hemos reforzado la segunda tarea más importante de UNASUR que es ser un generador de políticas públicas. UNASUR funciona con 12 Consejos Sectoriales y 6 Grupos de Trabajo, y hemos reagrupado estos Consejos en función de ciertas prioridades. Por ejemplo, hay alrededor de 3 agendas centrales: una agenda social, cuyo propósito fundamental es la inclusión; una agenda económica, cuyo propósito fundamental es la productividad, y una agenda política cuyo propósito fundamental es la participación ciudadana. A partir de esa reorganización creo que hemos fortalecido la presencia política de UNASUR.

Pasados ya 9 años de la creación de UNASUR, ¿cómo analizaría la situación actual del proceso de integración unasureño?

Yo tendría que separar lo que fue el momento en que asumí la Secretaría de UNASUR, que fue una especie de “luna de miel” donde todos los países, de alguna manera, estaban enfocados en unos logros específicos, había niveles de crecimiento importantes. Todos los países de la región -sin excepción-, habían logrado sacar cerca de 180 millones de personas de la pobreza, había unos logros específicos y una gobernabilidad relativamente garantizada. Hoy debo reconocer que la crisis económica, de alguna manera, ha “contaminado” la política y las posibilidades de mantener los logros sociales, y eso de alguna forma se ha traducido en dificultades de gobernabilidad. Por supuesto que en la región se mantienen unos propósitos comunes y no se ha renunciado a cierto tipo de principios pero estamos en dificultades porque la mala economía ha traído una mala política y esa política ha dificultado las posibilidades de mantener unos equilibrios en materia de integración.

Sabemos que dentro del grupo de países que conforman la UNASUR hay divergencias respecto de las políticas comerciales con otros países o bloques, particularmente Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Cómo afecta esto a los procesos de integración, siendo que cada vez son más los países que están manifestando su voluntad de avanzar en estos Tratados de Libre Comercio?

Hay que partir del concepto básico según el cual nuestro propósito fundamental es articular un proyecto político de región, y los temas que tienen que ver con la parte de la integración comercial y económica están en otro nivel. Podríamos sintetizar esta especie de dicotomía diciendo que nosotros somos partidarios de un regionalismo abierto en lo económico, pero con una integración política en lo regional. O sea, es válido que los países, en función de sus intereses, encuentren unos relacionamientos a través de mecanismos, como pueden ser la Alianza del Pacífico, la participación de los países petroleros en la OPEP o, de alguna forma, el liderazgo que está ejerciendo Brasil en el seno de los BRICS. Todo eso es absolutamente válido dentro de un concepto de regionalismo abierto en lo económico y cuando no haya un renunciamiento a los principios políticos fundamentales que hablábamos.

Respecto de lo que ocurrió aquí en Ecuador con el terremoto, ¿UNASUR cuenta con programas o políticas específicas para abordar este tipo de catástrofes naturales en la región?

Mi experiencia como ex Presidente de un país en el cual los desastres no son cosa excepcional, es que a veces termina siendo mayor desastre el manejo de los desastres que los desastres mismos. Por eso hemos impulsado desde UNASUR un Manual de Manejo de Riesgos Naturales que ya fue consensuado y aprobado por los Cancilleres y por los responsables del tema, que permite, hacia adelante, que haya una coordinación, inclusive un apoyo operativo cuando ocurren situaciones como la del terremoto. El martes de esta semana viajamos con los embajadores de UNASUR a las zonas cero; estuvimos en Manta y fuimos a hacer entrega de algunos apoyos que hemos conseguido con recursos que recogimos entre nosotros mismos. Pero también hablamos sobre ciertos temas, por ejemplo, experiencias que tienen algunos países en el manejo de albergues. Actualmente hay 40.000 personas en albergues de la zona del terremoto, la política hacia los sectores poblacionales que padecen alguna minusvalía, que son los que quedan doblemente minusválidos porque no tienen capacidad de movilizarse, apoyar la iniciativa que ha adoptado el Presidente Correa que haya una Secretaría Operativa que de alguna manera se adelante y permita coordinar los primeros apoyos, los primeros auxilios, que son los más importantes, y los que vienen después, cuando la gente ya se olvidó que existió la tragedia. Estamos trabajando en función de lo que tenemos para ofrecer pero, en síntesis, hay un manual que hacia el futuro va a permitir que los países respondan coordinada, oportuna y pertinentemente a la ocurrencia de este tipo de desastres naturales.

¿Cómo ve el futuro de los proceso de paz en Colombia?, ¿Cuáles cree ud. que son los principales frenos para alcanzar un acuerdo de paz y, también, los distintos “proyectos” de paz por los que clama cada uno de los actores del conflicto?

Empezaría por distinguir lo que es el proceso de paz con las FARC del proceso de paz con el ELN. El proceso de paz con las FARC es un proceso que tiene raíces en las luchas campesinas de los años cincuenta, es un movimiento principalmente rural, con una clara influencia internacional de lo que fue la Unión Soviética, en su momento, de “revolución en marcha”. El proceso del ELN es, quizás, más complejo. Tiene raíces fuertemente urbanas, muy vinculado con las reivindicaciones petroleras de los años setenta y ochenta, ahora con la minería, profesionales -muchos de ellos identificados con la línea maoísta-; o sea, que los dos orígenes de los dos procesos ponen en marcha dos agendas. Sin embargo creo que, hábilmente, se ha conseguido por parte del Gobierno y, por supuesto, de los grupos guerrilleros, coincidir en más de un 60% en las dos agendas. Vamos a trabajar con dos mesas paralelas, con dos agendas, pero con un solo proceso de reconciliación. Y en ese sentido temas como la importancia que tiene las víctimas en los dos procesos, los mecanismos de la justicia transicional para garantizar el paso del conflicto al post conflicto, me parece que, de alguna manera, ayudan a darle solidez al proceso como un todo.

Ahora, claro que la paz tiene enemigos, y tiene enemigos poderosos que han comenzado a mostrar sus dientes, en cuanto han visto que el proceso avanza en forma definitiva. Y lo hacen utilizando su condición de poderes fácticos. No son actores políticos que estén cuestionando el proceso de paz; son actores políticos sin responsabilidad política que, desde los medios, desde los grupos económicos, están de alguna manera tratando de minar el proceso por debajo. Y creo que ellos han encontrado un momento preciso porque este es el momento de la verdad, por lo menos en el de las FARC, que es cuando ya la gente no sólo tiene que pedir sino también dar, y este es el momento en el que se está pactando la desmovilización, el desescalamiento, el reintegro, que son los temas más difíciles para decidir. De tal manera que sí, es un momento delicado y difícil, pero estoy confiado y optimista de que se va a llegar a un buen puerto.

¿Cree que el proceso de destitución abierto recientemente en Brasil contra la Presidenta Rousseff puede tener implicancias en la estabilidad democrática de la región?

Es claro que el juicio apenas comienza, que en este momento esperamos que a la Presidenta se le dé el derecho a su legítima defensa y, por lo que nosotros conocemos del proceso, no hay una imputación que razonablemente pueda llevar hoy a pensar que se justifica su desvinculación permanente del Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a seguir muy atentos al proceso, al juicio; hemos reclamado el derecho de la Presidenta a su defensa adecuada. También vamos a seguir trabajando con el nuevo gobierno en los temas que tienen que ver con UNASUR, por supuesto. Brasil es un actor muy poderoso en la región, pesa mucho, y sería ingenuo desconocer que lo que pasa en Brasil no va, de alguna manera, a afectar para bien o para mal lo que suceda en la región. Y esta no es la excepción.

¿Cómo puede incidir el giro ideológico en varios gobiernos de la región respecto de las concepciones de defensa y seguridad, teniendo en cuenta que desde la UNASUR se ha buscado impulsar una noción diferente a la planteada históricamente por Estados Unidos?

Espero que no tengan una mayor influencia. La región, lleva muchísimos años -no sólo los que lleva UNASUR- tratando de caracterizar un espacio distinto, independiente, en materia de defensa. Cuando estaba vigente el sistema interamericano los ejércitos de la región trabajaban con hipótesis de conflicto. Los juegos de guerra eran por ejemplo “qué pasará si Venezuela invade a Colombia o si Perú ataca a Bolivia”; en fin, eran juegos de guerra que empezaban por crear situaciones de conflicto entre nosotros mismos. Pienso que si en algo se ha avanzado en materia política en la región es que estamos trabajando con hipótesis de confianza: es la confianza que tienen los altos mandos entre sí para reunirse y encontrar las bases de una política de seguridad hemisférica que están muy lejos de ser lo que eran las viejas políticas de la seguridad nacional. A mí me parece que es una agenda que se va a mantener, entre otras cosas, porque no hay ninguna posibilidad en este momento de pensar que pueda existir un golpe militar en la región.

Finalmente, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene la UNASUR para los próximos años?

Creo que está muy supeditado a lo que hablamos al comienzo, por eso me parece una excelente pregunta para terminar. Tenemos que preservar a la región como una zona de paz en el mundo. En un mundo lleno de conflictos étnicos, religiosos y propios de la Guerra Fría, no deja de ser una buena noticia que nuestra región sea un oasis de paz; no es que no existan conflictos, pero éstos no buscan solucionarse con violencia, de allí la importancia de cerrar el conflicto colombiano, que es el último conflicto armado importante que queda en el hemisferio. Segundo, tenemos el desafío de mantener la continuidad democrática, y esta no es una tarea fácil porque, como ya he señalado, la crisis económica ha complicado la política. El mayor desafío que tiene en este momento la región, o los dos mayores desafíos, son en primer lugar evitar que la crisis económica comience a costarnos en términos de las personas que logramos sacar de la pobreza en los últimos años. Hay cifras ya preocupantes de que, en estos meses de crisis económica, ya más de 8 o 10 millones de personas que habían dejado de ser pobres han vuelto a serlo y, en segundo lugar, superar las condiciones de este modelo extractivo de desarrollo que tenemos que nos lleva a vivir de lo que le sacamos a la tierra por encima y por debajo sin que hayamos sido capaces de agregarle valor a esto que tenemos.

Y claro, está el gran proyecto que estamos trabajando con ayuda de amigos, como Jacques Ramírez, que es el proyecto de la ciudadanía suramericana. La integración no es sólo un problema de movilidad de cosas o de servicios, sino que es esencialmente un problema de movilidad de personas y tenemos que otorgar derechos a esas personas en movilidad. Y si uno se pone a hacer una radiografía al alma de Suramérica se da cuenta de que si algo está caminando bien hoy día es el interés que tienen los suramericanos por no irse al extranjero. Y definen al extranjero como todo lo que hay por fuera de Suramérica. Entonces, que haya suramericanos que piensen que su país es Suramérica, y que lo que quieren es migrar dentro de su país y buscar oportunidades y cambiar dentro de su país, dentro de su gran país, pues creo que tenemos muchas posibilidades de fortalecer la integración.

 Fuente: http://www.celag.org/entrevista-a-ernesto-samper-secretario-general-de-unasur-tenemos-que-preservar-a-la-region-como-una-zona-de-paz-en-el-mundo-por-camila-vollenweider/

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