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Cuba inclina la balanza de América Latina

Por: Claudio Katz

Washington opta por una estrategia de inflexible estrangulamiento para precipitar un incendio que derrumbe al régimen y evite así la riesgosa carta de la intervención extranjera.

 

Las protestas callejeras son datos cotidianos de América Latina que no sorprenden a ningún analista. Pero su irrupción en Cuba ha generado un inusual impacto por las consecuencias de esas marchas para el futuro de la región. Todos los actores políticos del hemisferio saben lo que se juega en la isla.

 

La doble vara de los medios de comunicación volvió a operar a pleno. Movilizaciones significativas pero no multitudinarias, sin víctimas ni destrozos de importantes fueron difundidas con títulos de catástrofe. En las mismas pantallas y diarios apenas se menciona el asesinato habitual de manifestantes en Colombia, los disparos para cegar jóvenes en Chile o el brutal apaleamiento de los que protestan en Perú.    

 

La pandemia y el derrumbe de la economía han potenciado en Cuba el mismo descontento que se verifica en todas partes. Pero estos dos terribles agobios del último año han sido terriblemente agravados en la isla por la singular pesadilla del bloqueo. Ningún otro país afronta el Covid y la recesión con una restricción tan brutal para adquirir alimentos, medicamentos o repuestos. Debe pagar costosos fletes o seguros y conseguir financistas dispuestos a lidiar con las sanciones de Estados Unidos.

 

Trump agravó el cerrojo obstruyendo los viajes y las remesas de los familiares que había flexibilizado Obama. Biden no modificó ese ahogo, luego de desplegar una campaña electoral macartista en la Florida. Por el contrario, mantiene la tipificación de Cuba como estado terrorista para acentuar el cerco sobre la isla.

 

Un ahogo premeditado

 

Cuba sufrió un derrumbe del 11% del PBI el año pasado. Esa caída perforó el piso de la aguda depresión sufrida por América Latina. La desaparición del turismo privó al país de las pocas divisas que tenía para sobrevivir y el gobierno se vio obligado a implementar la unificación cambiaria para recaudar dólares. Necesita esos fondos para importar alimentos, medicinas y repuestos. Como las autoridades no cuentan con muchos mecanismos para obtener esos recursos, autorizaron mayores operaciones con las ansiadas divisas.

 

Esa decisión condujo a una devaluación que acrecentó la inflación y agravó la carencia de productos de primera necesidad. También se profundizó la desigualdad entre las familias que tienen o no acceso a los dólares. Las medidas posteriormente adoptadas para paliar los efectos del ajuste cambiario, no compensaron el deterioro del poder adquisitivo.

 

Esta fragilidad externa de la economía cubana es muy conocida en todos los países latinoamericanos. Pero Cuba sufre el peculiar agravante de un ahogo premeditado impuesto por el bloqueo. Estados Unidos reforzó ese torniquete en plena pandemia. Ratificó las sanciones contra empresas del estratégico consorcio estatal GAESA, impuso el cierre de los servicios de Western Union, afianzó el drástico recorte de las remesas y reafirmó la prohibición de los vuelos. La frutilla del postre fue el cierre de los servicios consulares de la embajada norteamericana por los presuntos «ataques sónicos”.

 

Los voceros de la Casa Blanca presentan el bloqueo como un justificado embargo. Pero no ofrecen ningún argumento para explicar la brutal asfixia que imponen a los habitantes de la isla. Ese cerco contradice incluso los elogiados principios neoliberales de libre comercio. Ni siquiera pueden alegar la subsistencia de una involuntaria rémora de la guerra fría. El bloqueo fue acentuado en 1992 y 1996 y reforzado por Trump con 243 cláusulas adicionales.

 

Esta macabra ingeniería de sanciones tiene severos efectos sobre la provisión de energía. Cuba pudo aguantar sin apagones durante un tiempo, pero la aplicación del capítulo III de la Ley Helms-Burton afectó duramente el abastecimiento de combustible.

 

Mucho más dramática es la agresión en el plano sanitario. Cuba logró un manejo extraordinario de la pandemia durante el primer año, con un bajísimo indicador de muertes por millón de personas. Un país totalmente cercado vacunó al 34 % de la población mayor de 19 años con una dosis y logró la increíble proeza de crear las dos primeras vacunas elaboradas en la región. Ya consiguió la autorización para el uso de Abdala y Soberana.

 

Pero las autoridades no pudieron mantener esa misma eficacia frente al reciente rebrote de Covid. Algunos expertos atribuyen esa falla a la reanudación parcial del turismo. Un problema más crítico se verifica en la carencia de otros remedios y en la sub-ejecución de los presupuestos de salud. Para una isla que importa la mitad de los medicamentos básicos el bloqueo es doblemente criminal.

 

El gobierno estadounidense ha multiplicado los sufrimientos de Cuba en el pico del Covid para forzar su rendición. Busca provocar un desastre humanitario para presentar la intervención ulterior como un acto de socorro. Genera víctimas adrede para exhibirse luego como un gran salvador. El músico Rogers Waters ilustró muy bien este operativo, con la imagen de un vándalo que encierra y ahoga a los propietarios de una casa, para capturarla alegando que sus habitantes no saben gestionar esa unidad.

 

Biden ha obstruido también las donaciones y exige canales privados para concretar envíos a la isla sin ningún control de las autoridades. Coronó esa presión publicando un infame documento del Departamento de Estado, que presenta a las misiones de los médicos cubanos en el exterior como un ejemplo de “trabajo forzado”.

 

Ese texto denuncia que los profesionales de la isla son obligados a cumplir contra su voluntad, con una actividad destinada a exaltar los méritos del régimen. Los escribas de Washington están tan habituados a la codicia, el egoísmo y el maltrato imperial, que no conciben la existencia de actitudes de solidaridad internacional. Han naturalizado el modelo de acaparamiento de vacunas y robo de remedios que consumó Trump.

 

No se requiere gran sabiduría para comprender las raíces del descontento social en Cuba. Hay una dura acumulación de padecimiento al cabo de un bloqueo que genera agobiantes privaciones.

 

Las fuerzas en disputa

 

La presencia de muchos enojados con los sufrimientos en la isla es un dato incuestionable. Pero su grado de representatividad es incierto. Los descontentos han confluido con fuerzas derechistas que siguen un guión elaborado en Miami. Esta combinación de diferentes sujetos ya se verificó en el movimiento previo de San Isidro en noviembre pasado.

 

No es un secreto para nadie la activa presencia de una red contrarrevolucionaria. Los derechistas incitan al odio, propician incendios y auspician saqueos. Repiten el patrón de provocaciones que han practicado durante años en Venezuela. El violento tono que están adoptando los voceros de Miami dentro de Cuba, no es reportado sólo por el gobierno. También otras fuerzas de la oposición denuncian la irrupción de nuevas camadas de los viejos gusanos.

 

Si se observan las propuestas que propagan esos grupos, salta a la vista su promoción de un brutal modelo capitalista monitoreado desde la Florida. Ocultan que esa regresión conduciría a la misma devastación neoliberal que empobreció a Latinoamérica en las últimas tres décadas. A diferencia de los simples descontentos, la derecha tiene proyectos muy definidos para restaurar el status cuasi colonial del pasado.

 

La burguesía de origen cubano afincada en el Norte conforma un segmento de enorme influencia en el establishment estadounidense. Está totalmente integrada a la estructura imperial y ambiciona recuperar sus propiedades, luego de retomar el control de la isla. No disimula su odio e incentiva abiertamente la invasión de los marines. El alcalde de Miami explicitó sin ninguna diplomacia ese propósito, al reclamar una intervención con ataques aéreos semejantes a los perpetrados en Panamá y en la ex Yugoslavia.

 

Pero Washington también toma en cuenta el balance de los incontables fracasos en operativos de esa índole. Por eso opta por el curso más indirecto del bloqueo, con la expectativa de crear en la isla una crisis terminal. Con una cruel estrategia de inflexible estrangulamiento, espera precipitar un incendio que derrumbe al régimen y evite la riesgosa carta de la intervención extranjera.

 

En los últimos meses la agresión contra Cuba también escaló por las presiones que desplegaron los derechistas de América Latina. Los líderes de ese sector están muy afectados por las movilizaciones callejeras y las derrotas electorales. Sus principales figuras pierden espacios y han recibido significativos golpes en el principal país de la región (Brasil) y en los tres bastiones del cenit neoliberal (Perú, Chile y Colombia). Bolsonaro, Macri y Duque propician algún acontecimiento de gran impacto contra Cuba, para disipar el fantasma de un nuevo ciclo progresista. Ya comenzaron su incursión con una gran andanada de noticias falsas en las redes sociales.

 

La derecha tiene muy presente cómo los sucesos de la isla han inclinado en el pasado la balanza de la región. El triunfo de 1960 inspiró la gran oleada de proyectos socialistas y la permanencia de la revolución contribuyó a contener el neoliberalismo posterior. Cuba brindó soportes a las grandes rebeliones y a los ensayos progresistas de las últimas décadas y se mantiene como un gran obstáculo para los actuales ensayos neoconservadores. La retaguardia cubana opera como una reserva de proyectos populares de toda la región.

 

Si el dique geopolítico que sostiene la isla es demolido, no sólo Cuba compartiría las desgracias ya padecidas por todo el Caribe. Esa penuria implicaría la aterradora llegada de mafias y narcotraficantes para destruir una sociedad educada, con significativa equidad y aceptable nivel de convivencia. El efecto de esa demolición sobre el resto de América Latina sería igualmente brutal. Una derecha envalentonada multiplicaría de inmediato golpismo, la militarización y el despojo en toda la región.

 

La permanencia de Cuba aporta, por lo tanto, un soporte clave para la lucha de los pueblos latinoamericanos. Ese sostén presenta además un doble carril e incide sobre el futuro de la isla. Una gran derrota del imperialismo crearía el escenario requerido para rescatar a Cuba de su aislamiento. Ese contexto permitiría implementar una política continental de medidas contra el bloqueo.

 

La gravitación de Cuba para cualquier proyecto de emancipación latinoamericana volvió a notarse en las manifestaciones realizadas durante la semana pasada en las puertas de muchas embajadas, en nítida confrontación con los derechistas. La disputa que se libra en el interior de Cuba tiene eco en numerosas ciudades de América Latina. Los dos campos cuentan con significativos soportes fuera del país.

 

El grueso de la izquierda regional sostiene apasionadamente a la revolución y concentra esa defensa en la denuncia del bloqueo. Desenmascara las mentiras de los medios de comunicación, recordando que ese cerco es la principal causa de los padecimientos afrontados por los cubanos. Cualquier política económica para superar las adversidades actuales exige erradicar el acoso externo.

 

Pero no alcanza con las abrumadoras votaciones contra el bloqueo, que recientemente se corroboraron en la Asamblea General de la ONU. Se necesita una presión constante, generalizada y mundial para doblarle el brazo al imperialismo, como ocurrió con el apartheid de Sudáfrica.

 

Tampoco son suficientes los mensajes de condena verbal. Esos rechazos por parte de López Obrador y Alberto Fernández son importantes, pero deben ser complementados con donaciones y envíos de productos faltantes a la isla. Un ejemplo de esas acciones fue la reciente campaña para hacer llegar jeringas a La Habana. En el escenario de la nueva agresión, los defensores de Cuba comienzan a romper la rutina y ya conciben nuevas iniciativas contra el bloqueo.

 

Posturas en la izquierda

 

Aunque las protestas expresan una genuina insatisfacción, su expansión no contribuye a resolver los problemas de la isla. Como ocurre con todas las movilizaciones en cualquier lugar del mundo, el perfil final de esas marchas no depende sólo de las demandas enarboladas o de su masividad.

 

Las experiencias internacionales han demostrado cuán relevante es el papel de las fuerzas políticas actuantes. Hasta ahora la derecha interviene con poca autoridad en esas manifestaciones y ha quedado abierta la disputa con el gobierno, para dirimir quién hará valer su primacía.

 

Al afirmar que las “calles son de los revolucionarios”, Díaz Canel dejó planteado un posible terreno de procesamiento de esa partida. Pero también convocó al debate y a la búsqueda de caminos consensuados para superar la coyuntura actual. Ambos cursos de movilización y reflexión retoman la tradición que sembró Fidel. Ese legado supone transparentar lo que ocurre, informar la realidad y poner el cuerpo en las manifestaciones de defensa de la revolución.

 

Es importante subrayar en el ámbito de la izquierda, que las críticas a la gestión del gobierno deben desenvolverse en el propio campo y no en el bando opuesto de la oposición. Esos cuestionamientos al interior de un proceso revolucionario son tan lógicos como naturales y ya abarcan una amplia gama de temas.

 

Hay objeciones a la oportunidad, implementación y sentido de las decisiones económicas y también críticas a la sustitución de la batalla política por la simple descalificación de los descontentos. No son “delincuentes” o “marginales” y no corresponde encasillar sus acciones como un mero problema de “seguridad del estado”. Muchos manifestantes son sólo víctimas del bloqueo, que han perdido la voluntad de resistencia al imperialismo.

 

También ha sido desacertada la detención de militantes comunistas. La lucha por atraer y reconquistar a la juventud requiere recrear la imaginación para transitar por senderos inexplorados. La revolución necesita retomar la creatividad que mostró Fidel para transformar los reveses en victorias.

 

Pero cualquier iniciativa para mejorar las respuestas en el complejo escenario actual, sólo podrá prosperar en el campo de la revolución y nunca en el bando opuesto. El grueso de la izquierda dentro y fuera Cuba es consciente de ese posicionamiento y sostiene sin ningún titubeo la continuidad de una epopeya de seis décadas.

 

Pero también existe otro universo conectado con la izquierda que propone rumbos diferentes. Considera conveniente el tránsito por una avenida del medio y cuestiona con igual contundencia a los bandos protagónicos de la disputa. Ese espacio adscripto a una “tercera posición” incluye, a su vez, dos grandes variantes.

 

Una primera vertiente socialdemócrata propicia la equidistancia de Miami y La Habana, utilizando argumentos afines a la teoría de los dos demonios. Atribuye todos los problemas de la isla al clima de fanatismo que han suscitado los extremistas de ambos sectores. Pero en ese ejercicio de curioso equilibrio suele olvidar que las fuerzas en confrontación no son equiparables. Hay un poderoso agresor imperial estadounidense, que no tolera el desafío soberano de una isla próxima a sus fronteras.

 

La mirada socialdemócrata del conflicto pondera el diálogo como el principal canal para resolver las dificultades actuales. Pero no aclara la agenda de esas conversaciones. Mantiene indefinida su postura frente a la restauración plena del capitalismo, que los millonarios de Miami esperan concretar mediante el desmonte del sistema político cubano.

 

La socialdemocracia promueve con otro lenguaje la misma desarticulación de la actual estructura institucional del país. Disfraza ese propósito con su ritual exaltación de la “sociedad civil”. En los hechos, propugna la introducción de alguna modalidad del constitucionalismo burgués imperante en el resto de América Latina. Un cambio de ese tipo sepultaría el instrumento político que durante tanto tiempo ha permitido resistir los embates del imperialismo.

 

Los partidarios de la avenida del medio también desconsideran la peligrosidad de los planes derechistas. Cierran los ojos, por ejemplo, frente a la brutal desestabilización que sufre Venezuela y omiten la necesidad de preparar la defensa. Olvidan que la contrarrevolución nunca fue neutralizada con mensajes bonachones.

 

Este enfoque socialdemócrata es complementado por una segunda variante de posturas intermedias, que reúne a las distintas expresiones del dogmatismo de izquierda. Sus voceros se ubican explícitamente en el campo de las protestas y resaltan el carácter legítimo y progresivo de esas marchas. No observan ningún inconveniente en la presencia de fuerzas derechistas en ese mismo terreno y consideran oportuno batallar desde allí por otro rumbo socialista. Pero no logran develar el misterio de cómo podría emerger un rumbo anticapitalista desde un ámbito tan reacio a ese objetivo.

 

Algunos suponen que el universo de la oposición no es tan regresivo e incluso imaginan a la derecha como una fuerza externa que sólo busca “aprovechar la crisis”. No registran su gran incidencia en los acontecimientos en curso. Otros imaginan que el rechazo al capitalismo ya germina en los cuestionamientos de algunos manifestantes a los privilegios de las “Tiendas Especiales”. Suponen que ese eventual dato definiría el carácter general de las movilizaciones.

Con esos extraños razonamientos los dogmáticos describen los padecimientos económicos de Cuba, sin aportar propuestas sensatas para reencaminar al país hacia el socialismo. Mencionan el bloqueo al pasar y cuestionan los efectos nocivos del turismo. Omiten explicar de dónde saldrían las divisas para mantener los logros de la salud o la educación.

Los sucesos de Cuba no constituyen, en realidad, una incógnita tan compleja, ni carente de antecedentes. Ya existe una abrumadora experiencia para aprender de lo ocurrido en las últimas décadas. Ninguna protesta en Polonia, Hungría o Rusia desembocó en la renovación del socialismo. Al contrario, invariablemente anticiparon la restauración del capitalismo. Si se toman en cuenta esos precedentes, el desarme del sistema político conduciría al suicido de la izquierda. Lejos de abrir las compuertas para rejuvenecer el socialismo, garantizaría la demolición de ese proyecto por un tiempo muy prolongado.

 

La batalla en curso

La defensa de Cuba persiste como uno de los principales estandartes de la izquierda latinoamericana. Nadie sabe aún el alcance de esta confrontación, pero la comparación que varios analistas establecen con los exilios de Mariel (1994) ilustra la envergadura de la tensión actual. El escenario regional es muy distinto a ese período y los efectos de esas diferencias son inciertos.

En esa época signada por el derrumbe de la Unión Soviética, el ímpetu agresivo de Estados Unidos y el auge del neoliberalismo, Cuba sorprendió al mundo con su decisión de sostener el proyecto revolucionario. Contaba con el liderazgo de Fidel y la solvencia de una camada que había experimentado grandes triunfos políticos y mejoras sociales.

Ahora impera otro contexto dominado por el repliegue norteamericano, el avance de China, la crisis del neoliberalismo y la renovada disputa regional entre neoconservadores y progresistas. En la isla gobierna otra generación que aspira a continuar la admirable hazaña de seis décadas. No se puede presagiar el resultado de esa batalla, pero hay certezas en los alineamientos de los contrincantes. Cuba no está sola y los pueblos de América Latina se preparan para defenderla.

Fuente e imagen: https://www.alainet.org/es

 

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Nuevos argumentos por Palestina

Por Claudio Katz

Varios integrantes o descendientes de la comunidad judía hemos suscripto un nuevo llamamiento de solidaridad con el pueblo palestino, Convocamos a multiplicar las protestas contra los asesinatos en Cisjordania, los bombardeos en Gaza y las agresiones a los árabes de Israel.[1]

En ese pronunciamiento resaltamos la incompatibilidad de las raíces, las tradiciones y los valores de la cultura judía con las masacres perpetradas por el ejército israelí. Esos crímenes destruyen el fundamento humanista de un legado milenario proclive a la hermandad de los pueblos.

Quiénes conocimos en la infancia a los sobrevivientes del holocausto no podemos permanecer en silencio. Indigna escuchar cómo se equipara a los opresores con los oprimidos, presentando la confrontación de Medio Oriente como una “guerra entre dos contendientes”.

Los resistentes del gueto de Varsovia no constituían un “bando en conflicto” con la maquinaria del nazismo. Eran heroicos sublevados contra el cerco impuesto por un batallón genocida. También Israel despliega en la actualidad su arrolladora superioridad militar contra víctimas indefensas. Transformó a Gaza en un campo de tiro, convirtió a Cisjordania en un laberinto carcelario y maltrata a los árabes-israelíes como ciudadanos de segunda.

Ese brutal escenario resulta particularmente chocante para los descendientes de judíos en América Latina, que conocimos los tormentos padecidos durante las dictaduras de los años 70. La insultante identificación de los militantes palestinos con “grupos terroristas”, nos recuerda la equiparación de los luchadores populares con la “sedición” que hacían los militares de esa época.

En las últimas tres décadas los gendarmes israelíes estrecharon vínculos con las fuerzas represivas de América Latina. Afianzaron una oscura sociedad en el submundo del espionaje y el tráfico de armas. En las principales operaciones regionales de “contra-insurgencia” siempre aparece algún asesor militar de Israel.

En Colombia adiestran a los paramilitares en el asesinato de dirigentes sociales, en Chile enseñan a disparar a los ojos de los manifestantes, en Centroamérica comandan incursiones de guerra sucia. El mayor exportador per cápita de armas del mundo ha forjado un gran mercado para sus productos, en la región de mayor violencia social del planeta. Comercializan los drones y misiles que utilizan en sus fronteras. Cada operativo en Gaza es coronado con una feria de ventas de ese armamento.

Resulta inadmisible convalidar ese salvajismo o imitar la indiferencia que exhibe gran parte de la sociedad israelí. Al cabo de varias décadas de adoctrinamiento y militarización han naturalizado la deshumanización. Ni siquiera la matanza de niños suscita reacciones compasivas. La ideología sionista, el sistema educativo y el prolongado servicio militar han acostumbrado a una significativa parte de la población de ese país a convivir con la crueldad, la venganza y el castigo colectivo a los palestinos.

Esta validación del terrorismo de estado se acentuó en los últimos 20 años de gobiernos derechistas. Las viejas corrientes laboristas perdieron gravitación frente al fundamentalismo ideológico o religioso y se afianzó el protagonismo de los colonos, que despliegan una violencia cotidiana en Cisjordania. Por fortuna, la nueva oleada juvenil de protestas que denuncia esos atropellos encuentra un eco creciente en todo el mundo.

INCURSIONES PARA EL REDISEÑO IMPERIAL

Existen numerosos indicios del involucramiento personal de Netanyahu en la reciente escalada de provocaciones contra los palestinos. Los desalojos en Jerusalén, los asaltos a la mezquita de Al Aqsa y la intensificación del cerco en Gaza coincidieron con la proximidad de un juicio por corrupción que puede tumbar al primer ministro. El reelegido derechista intentó sortear esa amenaza política con apuestas militares.[2]

Pero la nueva secuencia de desangres también apuntó a incidir en la política externa norteamericana. Biden ha confirmado la prioridad de la disputa geopolítica con China, sin definir si esa estrategia incluirá la crecente tensión con Irán que promovía Trump o la acotada negociación que auspiciaba Obama.

Netanyahu recalienta las tensiones militares para promover la primera alternativa y frustrar la reanudación de cualquier tratativa con Teherán. El bombardeo de Gaza fue un mensaje concertado con todos los halcones de Washington.

Israel ya no actúa sólo en un territorio minúsculo del Mediterráneo. Cuenta con armamento nuclear y tiene manifiestas ambiciones de control del gas de la costa, los recursos de Siria y el territorio de Cisjordania. Participa activamente en la reconfiguración imperial de la región y aprovechó la destrucción padecida por su principal rival fronterizo para reforzar la anexión del Golán.

También la demolición de Irak y Libia consolidó ese expansionismo. Israel acompaña el proyecto estadounidense de rediseño regional, diseminación de mini-estados fallidos y despliegue de fuerzas para neutralizar a Irán.

Con la virulenta exhibición de su poder militar, Israel ha logrado subordinar a varios estados árabes. Extendió a los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos, las relaciones diplomáticas que restableció hace varias décadas con Egipto y Jordania. Los funcionarios de Tel Aviv incursionan también en lugares más alejados. Han intervenido en la balcanización de Sudán y estrecharon vínculos con las elites africanas enemistadas con sus rivales del universo árabe-musulmán.

El aprovisionamiento de la tecnología militar encabeza la agenda de todas las actividades internacionales del país. La justificación sionista de ese protagonismo bélico ha perdido sus antiguas mascaradas. Nadie puede alegar en la actualidad que Israel se militariza para defender sus fronteras de enemigos más numerosos. La pequeñez de su territorio contrasta con el gigantismo de su poder destructivo. Utiliza especialmente ese arsenal, para desconocer las resoluciones desfavorables que periódicamente aprueba la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ese descaro se asienta en el sostén incondicional de Estados Unidos. Sin el respaldo que aporta el Pentágono, los desplantes de Israel serían impracticables. El famoso lobby sionista de Washington afianza una sintonía asentada en la integración de la mini-potencia al entramado interno del imperialismo norteamericano.

Esta amalgama fue inaugurada por la sucesión de guerras que consolidaron en 1950-70 el proyecto sionista El entrelazamiento con Washington derivó posteriormente en el novedoso perfil coimperial que exhibe Israel. En esa transformación el sionismo perdió su exclusividad judaica y ha quedado enlazado a distintas redes del fundamentalismo cristiano neoconservador.

COLONIALISMO, ANEXIÓN Y APARTHEID

La reciente incursión en Gaza repitió el salvajismo habitual. Durante once días el ejército destruyó edificios, instalaciones públicas y hospitales. Asesinó a centenares de adultos y niños y pulverizó el programa de contención del Covid.

Fue la cuarta incursión a un enclave que desde el 2008 acumula miles de víctimas. Las bombas despedazan periódicamente a las familias y los asesinatos selectivos ultiman a los dirigentes de la resistencia. Como los colonos israelíes abandonaron el lugar en el 2005, los ataques se repiten a mansalva y sin ninguna consideración por la población civil.

Con el bloqueo de todas las salidas terrestres y marítimas, Gaza ha quedado transformada en una cárcel a cielo abierto. Soporta una modalidad pausada pero sistemática de limpieza étnica. En Cisjordania impera otro modelo de ocupación. Los colonos usurpan el territorio demoliendo todos los atisbos de vida normal, para remodelar las fronteras a su conveniencia. Capturan las parcelas más valiosas y afianzan la constelación de cantones que ha destruido la articulación interna de la zona.

El acuerdo de Oslo (1993) aceleró ese proceso de apropiación del territorio y del agua. La población palestina fue relegada a localidades recortadas que rememoran el viejo diagrama del bantustán sudafricano.

Los árabes-israelíes que permanecieron en el territorio inicial de estado sionista padecen una tercera variante del apartheid. Conforman una minoría marginada que actualmente reúne al 20% de la población israelí, en un casillero de ciudadanos formales sin derechos reales. Están desarmados frente a una mayoría entrenada en uno de los servicios militares más prolongados y permanentes del mundo.

Israel mantiene un sistema de propiedad estatal de la tierra laborable para asegurar la primacía de los judíos. El régimen legal también garantiza a los recién llegados, todos los derechos negados a la población originaria. Un judío proveniente de cualquier parte del mundo tiene más prerrogativas que los antiguos moradores del lugar. Con ese sistema institucional se ha erigido, en los hechos, otra variante de las teocracias imperantes en Medio Oriente.

El estado de Israel fragmenta a la población palestina en tres tipos de encarcelamientos. Los colonos regentean la prisión de Cisjordania, los soldados custodian los barrotes de Gaza y el sistema político enclaustra a los viejos residentes árabes. Con expulsiones y apartheid se ha desgarrado a toda la sociedad palestina.

Esa cirugía fue intensificada durante el mandato de Trump. El magnate incentivó la ocupación definitiva de Cisjordania y bendijo los nuevos muros y corredores que manejan los colonos. El reconocimiento internacional de Jerusalén como la capital de Israel constituiría el broche final de esa apropiación.

Basta observar los sucesivos mapas de Israel (1948, 1973, 2001, 2021) para constatar la impresionante expansión de sus territorios. El sionismo programó metódicamente ese proyecto colonialista. En sus inicios justificaba la creación de un “hogar nacional judío”, alegando derechos milenarios estipulados en las escrituras de la Biblia.

Posteriormente presentó el mismo objetivo como una reparación internacional a los sufrimientos padecidos con el holocausto. Pero omitió que esa compensación no debía basarse en el sufrimiento de otro pueblo. Con sucesivas implantaciones de pobladores foráneos terminó reproduciendo en Medio Oriente la tragedia vivida en Europa. Palestina no era una “tierra vacía” a la espera de un aluvión de inmigrantes. Albergaba una masa de habitantes organizados en comunidades multiétnicas, que fueron sometidas al suplicio de la Nakba (catástrofe).

Los administradores del decadente imperio inglés iniciaron ese desastre, mediante la típica remodelación del mapa que en todos los continentes consumaban sin consultar a los involucrados. La mayoría de los habitantes de Palestina se oponía a partición forzada de 1948 y a la consiguiente expulsión de la población originaria. Las familias que huyeron, fueron engañadas o perdieron sus pertenencias a punta de pistola quedaron automáticamente transformadas en refugiados, desprovistos del elemental derecho de retorno a sus hogares.

Desde ese momento Israel afronta el dilema sin solución de su proyecto colonialista. Debe lidiar con una masa de pobladores que no puede absorber, expulsar ni exterminar. Al concluir la guerra de 1967 los palestinos no repitieron la escapatoria de 1948. Frente al dramático y conocido destino de los refugiados, decidieron permanecer en sus hogares y comenzar la resistencia.

En los últimos sesenta años Israel ha respondido a esa defensa con violencia, masacres y muros, pero no ha podido capear los efectos de la demografía. La presencia de siete millones de palestinos entre siete millones de israelíes, torna inviable el aterrador ideal del sionismo. El genocidio perpetrado con los indios en Estados Unidos (y su posterior agolpamiento en alejadas reservas fronterizas), no puede repetirse en un diminuto territorio de Medio Oriente. El colonialismo del siglo XXI confronta con múltiples obstáculos.

FRACASOS Y RESISTENCIA

Netanyahu perpetró su nueva matanza en Gaza pero no doblegó a los resistentes. Destruyó edificios y asesinó niños sin contener la lluvia de cohetes. Tampoco desmanteló los túneles construidos por Hamas para almacenar esos misiles. Para demoler esa estructura necesitaba una nueva invasión que prefirió soslayar. Optó por aceptar la tregua, frente a la tenebrosa perspectiva de quedar empantanado en otra incursión territorial. Recordó que el último intento de ocupar Gaza desembocó en el retiro forzoso de los colonos y los soldados.

Igualmente impactante ha sido la resistencia de los palestinos de Cisjordania. Libraron con éxito una sucesión de pequeñas batallas contra el invasor. En Jerusalén frenaron la introducción de nuevos controles, impidieron el desalojo de familias de un barrio codiciado por los expansionistas y detuvieron las provocaciones sobre la mezquita de Al Aqsa.[3]

Pero la mayor sorpresa provino del interior de Israel. Por primera vez en mucho tiempo los árabes de ese territorio se sumaron públicamente a las protestas callejeras. Los actos y la huelga general en las denominadas ciudades mixtas retrataron la pujanza combativa de una nueva generación.

Esa intervención reavivó la unidad de los palestinos fragmentados en tres segmentos por el sistema colonial. El paro en Israel, las manifestaciones en Cisjordania y la resistencia de Gaza han permitido recuperar la potencialidad militante de toda una nación oprimida.

La violenta respuesta israelí reactivó, a su vez, la centralidad de la causa palestina en el mundo árabe. Encuestas recientes han confirmado el abrumador apoyo a esa lucha y el rechazo a la complicidad de los gobernantes con el enemigo sionista.[4]

La lucha de los palestinos ha recobrado impulso. No lograron recuperar sus tierras, ni construir un estado, pero consolidaron la legitimidad de su demanda. Israel no consigue ignorarlos, ni borrarlos del escenario internacional. Debe disimular las viejas proclamas del sionismo, que convocaban “al arreglo del problema palestino entre los propios árabes”, utilizando “el gran espacio que existe para ellos en otros lugares de Medio Oriente”.

El rebrote actual del conflicto pone también en aprietos a los recientes “acuerdos de Abraham” que Israel suscribió con varios emiratos. Los reyezuelos justificaron esa traición con la ridícula promesa de inducir a Netanyahu a moderar su anexionismo.

Los sionistas afrontan un complejo escenario que agrieta al establishment israelí. Aumentan las críticas al último operativo y reaparece el recuerdo de las derrotas bélicas y los reveses geopolíticos. Israel conoció el amargo sabor del repliegue en la guerra de 1973 y en la salida del sur del Líbano en 1982. Las nuevas resistencias palestinas han comenzado a quebrantar el triunfalismo de los últimos tiempos.

¿DOS ESTADOS O UN ESTADO?

Israel instrumenta su expansión con un gran despliegue de hipocresía. Finge el carácter provisional de ocupaciones que paulatinamente transforma en expropiaciones definitivas. Convierte de esa forma las mejores zonas de Cisjordania en sólidos asentamientos protegidos con retenes militares.

Cuando deben emitir algún comentario sobre esas confiscaciones, sus voceros recurren a pretextos inverosímiles. Aprovechan la complicidad de la “comunidad internacional”, que encubre todas las fechorías de los sionistas con algún comunicado de ocasión. La diplomacia europea se ha especializado en ese tipo de pronunciamientos verbales carentes de efectos prácticos.

La continuada ampliación territorial de Israel ha demolido el ensueño de los dos estados, que promocionaban los suscriptores del acuerdo de Oslo. Este convenio nunca contempló la constitución real de un estado palestino. Omitía el retorno de los refugiados y encubría la multiplicación de los asentamientos judíos. Enmascaró ese avance de la colonización hasta que la derecha capturó el gobierno israelí y enterró el inservible disfraz de las anexiones.

Esa expansión del colonialismo fue también pavimentada por la capitulación de la OLP, que ensombreció su heroica historia de resistencia aprobando un acuerdo que ha imposibilitado la creación del estado palestino. Ese aval afectó la credibilidad de la autoridad nacional palestina.

Esa dirección ejerce actualmente funciones administrativas en Cisjordania en convivencia con los ocupantes. Su dependencia financiera de las corruptas dictaduras y monarquías de Medio Oriente no es ajena a la actitud sumisa que adoptó en las últimas décadas. La ausencia de elecciones impide verificar qué grado de respaldo efectivo mantiene entre la población, frente a la gran influencia conquistada por los sectores (como Hamas), que rechazaron el sometimiento al expansionismo israelí.

La solución de los dos estados ha quedado totalmente sepultada en los términos actuales. Sólo una gran derrota de Israel obligaría al ocupante a negociar las dos cláusulas requeridas para resucitar esa salida: el retiro a las fronteras de 1967 y alguna reconsideración del retorno de los refugiados.

Ningún esbozo del estado palestino es viable desconociendo esas exigencias. El repliegue del territorio conquistado en la guerra de seis días es imprescindible para integrar a Cisjordania con Jordania y la deuda con los refugiados supone negociar distintas alternativas de reparación. En el contexto de la crisis creada por la primera intifada y el empantanamiento militar en el sur del Líbano hubo conversaciones (Taba, Ginebra) que llegaron a evaluar un asomo de esas posibilidades.

Los partidarios de retomar ese camino suelen discrepar en la forma de efectivizarlo, pero coinciden en señalar que aporta la única solución realista en escenario actual.[5] En la misma línea, otros imaginan que Jerusalén podría convertirse en un micro-modelo de esa solución, si la ciudad es unificada y al mismo tiempo dividida en una capital israelí occidental y otra palestina oriental.[6] El objetivo más deseable de un esquema confederativo podría suceder en el futuro a esa primera gran conquista.

Los críticos de esta propuesta destacan la obsolescencia de esa salida. Consideran que el proyecto de los dos estados podría haber funcionado en el pasado, pero quedó enterrado por la frustración de Oslo y la conversión de Cisjordania en un anexo de Israel. Proponen retomar la vieja tesis de la OLP de forjar un sólo estado laico y democrático.[7] Esta mirada ha ganado adeptos en distintas franjas juveniles.[8]

A favor de este curso se presenta el antecedente sudafricano de desmantelamiento del apartheid. Para preservar sus privilegios económicos, la minoría blanca se avino a generalizar el status ciudadano y a compartir el sistema político con las elites negras. Conviene igualmente recordar que la economía sudafricana integraba a los trabajadores negros explotados a sus actividades y la colonización israelí expulsa a los palestinos de sus tierras para apropiarse de sus medios de vida.

Los promotores de un sólo estado también remarcan la mayor afinidad de su planteo con las campañas internacionales de solidaridad con Palestina y boicot a la economía israelí (BDS). Subrayan que con esa estrategia se reconstruyen, además, los puentes entre dos comunidades enfrentadas. En las movilizaciones recientes, israelíes y palestinos compartieron tribunas exhibiendo prometedores signos de esa convergencia.

SIONISMO, JUDAISMO, ANTISEMITISMO

Cualquier expresión de solidaridad con Palestina afronta la inmediata respuesta denigratoria del establishment sionista. Los críticos del estado de Israel son acusados de ignorar los “derechos del pueblo judío”, como si esas prerrogativas debieran materializarse con la opresión de otra colectividad. Un colono que confisca parcelas aplasta derechos ajenos, en lugar de ejercer los propios. Lo mismo vale para un soldado que responde con balas a las piedras lanzadas por los resistentes.

Los sionistas contraatacan identificando cualquier cuestionamiento a Israel con el antisemitismo. Pero olvidan que las víctimas palestinas de sus matanzas comparten la misma raíz semítica de los pobladores judíos. Las acusaciones de antisemitismo emitidas sin ton ni son, apuntan a recrear temores ancestrales divorciados de la realidad contemporánea. Se imagina la persistencia de un gran acoso universal sobre los judíos, que Israel contrarrestaría con exhibiciones de brutalidad militar.

Pero en la actualidad las comunidades judías de mundo no afrontan ningún peligro significativo. Y la eventual reaparición de esa amenaza no quedaría atemperada con el asesinato de niños Gaza. Los sionistas resucitan el miedo al antisemitismo, para erosionar la convivencia (y mixtura) de los judíos con las distintas colectividades de sus países de origen. Recrean diferencias y propician antagonismos para fomentar la emigración a Israel.

Los judíos que rechazan esa política de auto-segregación y hostilidad al entorno son presentados como traidores a la comunidad (“se odian a sí mismos”). La simple búsqueda de coexistencias e integraciones es mal vista por los forjadores de una identidad separada. También exacerban las viejas modalidades del nacionalismo reaccionario, para justificar el despojo colonial en Medio Oriente con alusiones misioneras a la supremacía de un “pueblo elegido”

Todo el armazón conceptual del sionismo se asienta en la errónea identificación del judaísmo, el estado de Israel y el sionismo. Confunden tres conceptos muy distintos.

El judaísmo es la religión, la cultura o la tradición de un pueblo diseminado por muchos países. En cambio Israel conforma una nación surgida de la partición y colonización del territorio originalmente habitado por los palestinos. A su vez el sionismo es la ideología colonialista que justifica esa expropiación, con extravagantes teorías de exclusiva pertenencia de esa zona a los inmigrantes judíos. El antisionismo critica esa retrógrada concepción, sin adoptar actitudes anti-judías o anti-israelíes.[9]

El sionismo oscurece esas distinciones, para presentar la lucha de los palestinos como una amenaza a la supervivencia de los israelíes en Medio Oriente y de los judíos en el resto del mundo. Interpreta las convocatorias “a destruir el estado de Israel” (que repiten los mandatarios de Irán y varias corrientes islámicas), como una corroboración de sus advertencias.

Pero en su formato inicial ese viejo enunciado no era un llamado a consumar actos de genocidio o exilios forzados. Proponía el reemplazo del engendro creado por la partición (estado de Israel) por una nueva estructura estatal laica, democrática e integrada por todos los habitantes del territorio.

Al cabo de varias décadas ese escenario ha cambiado y en Israel se forjado una nación en el plano objetivo (lengua, territorio, economía común) y subjetivo (pasado y lazos culturales compartidos). Los derechos nacionales de los israelíes tienen la misma validez que los enarbolados por los palestinos y por eso la demanda de un sólo estado debe incluir actualmente el componente binacional.

UN EMBLEMA EN AMÉRICA LATINA

Los sionistas no libran una simple batalla de ideas contra sus opositores. Han consolidado una red de intereses en la cúspide del poder económico, militar y mediático de Estados Unidos, que se proyecta a otros países con gravitación de la comunidad judía. Influyen en los gobiernos, comparten actividades con las vertientes cristinas o evangelistas reaccionarias, manejan fondos millonarios y controlan instituciones, fundaciones y museos.

Esa presencia es muy visible en América Latina y especialmente en Argentina. En ese país la derecha sionista capturó la conducción de los principales organismos de la comunidad judía, consolidó vínculos con el macrismo y logró neutralizar (o acallar) al progresismo, luego de los irresueltos atentados a la embajada y la AMIA. Alberto Fernández inició su mandato con un elogioso viaje a Israel.

El amparo oficial y la idolatría que despierta Israel en los medios de comunicación hegemónicos han potenciado, además, las campañas anti-palestinas. La denuncia que realizó, por ejemplo, un diputado de la izquierda de los bombardeos en Gaza fue recientemente sucedida por virulentas presiones para expulsarlo del Parlamento.

A escala regional, el sionismo está muy involucrado en acciones golpistas contra Venezuela. No olvidan la enorme simpatía que generaron los pronunciamientos de Chávez en Palestina. El gestor del proceso bolivariano destacó las raíces comunes de las batallas populares que se libran en América Latina y el mundo árabe. Resaltó la resistencia al saqueo de los recursos naturales, en dos regiones que han padecidos los mismos despojos y agresiones del imperialismo estadounidense.

Washington ambiciona el petróleo de Venezuela y Medio Oriente. Por eso acosa a todos los países que protegen sus riquezas y ha buscado emular el militarismo israelí en América Latina, montando un apéndice bélico muy semejante en Colombia. Pero no puede contrarrestar la enorme simpatía que suscita la causa palestina en toda la región.

Palestina es el gran emblema de los jóvenes que desafían a los gendarmes en las calles de Cali, Santiago o Lima. Encarna una rebelión heroica contra la injusticia que despierta admiración en todos los rincones de América Latina. Palestina está muy presente en el corazón de nuestros pueblos.

RESUMEN

Las atrocidades cometidas por el ejército israelí suscitan nuevas protestas entre los herederos de la tradición humanista del judaísmo. Esa reacción es mayor en América Latina, frente a la importación derechista de los brutales métodos utilizados en Medio Oriente. Con anexiones y apartheid Israel participa en el rediseño imperial de la región, pero su proyecto colonialista no es viable en el siglo XXI.

La resistencia en Gaza, Cisjordania y las ciudades mixtas recompone el fragmentado tejido de los palestinos. La solución de los dos estados exigiría la reparación a los refugiados y el dudoso fin de la ocupación. Por eso gana adeptos el proyecto de un sólo estado, binacional, laico y democrático. Es necesario distinguir la cultura judía y la nación israelí del expansionismo sionista y apuntalar una lucha de Palestina que suscita admiración en América Latina.

Notas:

[1] https://ernestovillegassite.wordpress.com/2021/05/25/raices-judias-contra-genocidio-en-palestina/ Foro internacional «Raíces judías contra genocidio en Palestina» YouTube: https://bit.ly/3yItyYE

[2] Armanian, Nazanin. Palestina: un genocidio en cámara lenta, 18-5-2021,

[3] Juma, Jamal. La Operación “Guardián de los muros” no reparará los muros del apartheid de Israel, 15/05/2021. http://rebelion.org/la-operacion-guardian-de-los-muros-no-reparara-los-muros-del-apartheid-de-israel

[4] Harb, Imad. El absoluto fracaso de los Acuerdos de Abraham, 21/05/2021, https://rebelion.org/el-absoluto-fracaso-de-los-acuerdos-de-abraham/

[5] Chomsky, Noam; Achcar, Gilbert (2007). Estados peligrosos: Oriente Medio y la política exterior estadounidense. Barcelona: Paidós (cap 5)

[6] Margalit, Meir. En Israel todo el mundo trabaja para la derecha, 18-5-2021,

[7] Pappé, Ilan. Podemos contar los días hasta el próximo ciclo de violencia, 23-5-2021, https://www.eldiarioar.com/mundo/illan-pappe-historiador-israeli-contar-dias-proximo-ciclo-violencia_128_7963376.html

[8] Baroud, Ramzy, Hay que superar el apartheid en Palestina. La solución de un Estado no es ideal, pero es justa y posible, 07/12/2020, https://rebelion.org/la-solucion-de-un-estado-no-es-ideal-pero-es-justa-y-posible/

[9] Katz Claudio. Los argumentos por Palestina, 4-9-2006, https://katz.lahaine.org/los-argumentos-por-palestina/

Claudio Katz. Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz

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Basta de desalojos

Por: Claudio Katz, Eduardo Lucita, Julio Gambina

Repudiamos desalojo y represión en Guernica

En la madrugada de hoy unas 1450 familias que ocupaban desde hacía meses un predio en la localidad de Guernica, buscando poder alcanzar alguna vez una vivienda digna de ser habitada, fueron violentamente desalojadas por miles de policías de la bonaerense –los mismos que hace pocas semanas rodearon armados la casa del gobernador Kicillof primero y luego la quinta residencial donde se aloja el Presidente de la Nación, sin que se los penalizara. Balas de gomas y gases lacrimógenos a granel utilizaron para avanzar, pertrechados como robocops, contra familias humildes, quemando sus modestas casillas, impidiendo que retiraran sus pocas pertenencias, con un saldo de 37 personas detenidas y otras golpeadas y lesionadas.

El censo puso fin a las dudas sobre la cantidad de familias involucradas, también mostró el origen de las mismas. Familias en situación de calle por no poder pagar los alquileres por pérdida de ingresos, familias hacinadas o que convivían en edificios inhabitables, mujeres con niños/as que huyeron de la violencia de género incrementada por el confinamiento.

Se trata de personas en situación de vulnerabilidad, pobres de toda pobreza que forman parte del 10.5% de indigentes y de los más de tres  millones y medio de familias carentes de vivienda según los registros oficiales. Sin embargo el ministro Berni no dejó de declarar haciendo gala de su eficiencia “Ya está todo desalojado”, como si hubiera vencido en una batalla entre iguales.

El desalojo cortó las negociaciones entre responsables del gobierno provincial y la comisión de delegados de los cuatro barrios organizados en el predio, que ya habían elevado, al juez y al ministro Larroque, por medio de  la Gremial de Abogados, una propuesta realista y posible de ejecutar que no fue considerada. Los funcionarios prometieron una solución alternativa que contemplara las necesidades de las familias, la misma terminó consistiendo en sumas de dinero mensuales a cambio de desalojar los terrenos. En el medio maniobras para desgastar y dividir a los ocupantes hasta que se cumplieran los tiempos fijados por el juez para ejecutar el desalojo por la fuerza.

Es inevitable no destacar que el gobierno nacional y los provinciales no tienen la misma actitud con por ejemplo con la apropiación de Lago Escondido por parte de Joe Lewis (el amigo del ex presidente Macri); con la usurpación de tierras de la escuela Agrotécnica por la familia Etchevehere o con la estafa y fuga de capitales en el caso Vicentín; tampoco con la evasión de sectores acomodados, 100 mil lotes y 50 mil viviendas terminadas en 590 barrios cerrados, clubes de campo y countries que figuran como baldíos o pagan impuestos como tierra rural. Nada hacen con quienes retienen exportaciones buscando forzar una devaluación que agravará la actual crisis humanitaria, nada contra los desmontadores de bosques nativos o  los desarrolladores inmobiliarios que no respetan los humedales o los especuladores que compran tierras a precio vil para revenderlas. En estos casos no hay desalojos, los desalojos solo son para los pobres.

El desalojo violento de la toma de Guernica sienta un delicado precedente ante futuras ocupaciones, también una advertencia para que el intento del Proyecto Artigas no se multiplique. Es una concesión frente a la oposición derechista, la clase dominante y la presión de los grandes medios de comunicación.

Tenemos que ser claros: toda familia que ingresa en un terreno vacío y ocioso lo hace por necesidad. No hay ninguna otra explicación. Son víctimas, no culpables. Llamarlos usurpadores y delincuentes es una bajeza moral y una claudicación ideológica.

Afirmamos que donde hay una necesidad nace un derecho, no un delito. Rechazamos toda criminalización de las demandas sociales. La acción de estas familias no es delito sino denuncia. Es el grito de los excluidos por la avaricia de los poderosos.

Desde el 2001 las necesidades de acceder a una vivienda digna crecen sin parar, esto se ha agudizado bajo la administración Macri y más aun en medio de la pandemia. Es una obligación moral  de todo gobierno dar tierra y techo a quién lo necesite. No otra cosa que amparar a los desamparados.

Basta de represión y desalojos.

Solidaridad con todas las familias desalojadas.

Tierra para vivir.

Bs.As. 29.10.2020 Claudio Katz / Julio Gambina / Eduardo Lucita

Adhesiones a: declarac…@yahoo.com.ar

Fuente e imagen: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/10/30/basta-de-desalojos/

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Descifrar a China II ¿capitalismo o socialismo?

Por: Claudio Katz


La gigantesca expansión de China es el mayor ejemplo contemporáneo del desarrollo desigual y combinado. Una economía retrasada convenientemente enlazada con el mercado mundial escaló en el ranking global, dejando atrás su status subdesarrollado. Capturó tecnologías e inversiones de las potencias más avanzadas y utilizó la baratura de sus recursos, para motorizar un inédito crecimiento con rentabilidades superiores al promedio global.

Con ese asombroso despegue se ubicó en el podio de las economías centrales, luego de aunar transformaciones internas con ventajosas inserciones en la globalización. Copió innovaciones, lucró con los costos inferiores que imperan en los países relegados y consumó una expansión sin parangón. Otras economías asiáticas también crecieron, pero sin esa intensidad y con poblaciones o territorios incomparablemente menores.

El principio del desarrollo desigual y combinado operó en un nuevo contexto de globalización. Ningún precedente histórico de la expansión china actual -Estados Unidos, Japón, Alemania o la Unión Soviética- presentó una conexión tan peculiar con el capitalismo mundial.

China retomó el lugar preeminente que ya tuvo en su milenaria trayectoria. Pero los vínculos de ese remoto pasado con el renacimiento actual no son nítidos. El despunte de la nueva potencia asiática obedece a varias especificidades contemporáneas.

Pilares, etapas y singularidades

La expansión china fue posible por la existencia de un pilar socialista previo, que permitió articular los modelos planificados y mercantiles en una sorprendente dinámica de crecimiento. Ese cimiento facilitó el salto productivo desde un piso muy bajo de subdesarrollo.

La conformación socialista inicial explica la acelerada industrialización de un país devastado por la guerra, que en 1949 tenía un PBI per cápita inferior a muchos países africanos. En tres décadas remontó ese atraso con espectaculares avances en materia sanitaria (erradicación de las epidemias y aumento de la esperanza de vida de 44 a 68 años entre 1950 y 1980). Lo mismo ocurrió en el plano educativo (reducción del analfabetismo del 80 % al 16% entre 1950 y 1980) o familiar (eliminación del patriarcado ancestral) (Guigue, 2018). Las grandes mejoras en la agricultura apuntalaron el despegue posterior.

La reversión del subdesarrollo con políticas económicas no capitalistas emparenta a China con la Unión Soviética y distingue su trayectoria del curso seguido por las grandes potencias de Occidente. Las estrategias socialistas demostraron una incuestionable efectividad, frente a un retraso extremo que tiene correlatos hasta la actualidad.  La segunda potencia del mundo todavía ostenta la posición 90 en el índice de Desarrollo Humano (Ríos, 2017). Es el principal proveedor comercial y acreedor financiero de Estados Unidos, pero tiene un PIB per cápita inferior a la séptima parte de su competidor (Watkins, 2019).

El pilar socialista aportó un gran sostén a los dos períodos de desenvolvimiento posterior. Entre 1978 y 1992 predominó una etapa de generalización de las relaciones mercantiles, con estrictos límites a la privatización y a la acumulación privada de capital. El agro fue protagonista de un modelo centrado en el mercado interno. Los dirigentes chinos comprendieron con anticipación el suicidio que implicaba socializar la pobreza. Captaron que la renuncia abrupta y total al mercado conducía al dramático rumbo transitado por Camboya (Prashad, 2020). Por eso retomaron las políticas de introducción del mercado en la gestión planificada, que primero experimentaron Hungría y Yugoslavia.

A mitad de los 90 se optó por otro curso de signo pro-capitalista. Se incentivó la privatización de las grandes empresas, la gestación de una clase burguesa y la integración a la globalización. Ese giro introdujo un cambio cualitativo en la economía, que comenzó a registrar los típicos desequilibrios del capitalismo (Lin Chun, 2009a).

El correlato social de esa segunda fase se verifica en los índices de inequidad. El coeficiente Gini retrata un aumento de la desigualdad superior al registrado en cualquier otra economía asiática (Roberts, 2017). Una nueva elite de millonarios ostenta su riqueza, exalta el lujo y estrecha vínculos con sus pares del exterior. Son los protagonistas de todos los escándalos de corrupción de los últimos años. Los grupos enriquecidos propagan la cultura de la mercantilización y del consumismo que asimila gran parte de la ascendente clase media. En el polo opuesto un enorme segmento de emigrantes rurales nutre la masa de trabajadores precarizados, que sostiene el crecimiento industrial.

El principal secreto de la altísima expansión china ha sido la retención local del excedente. Esa captura explica la ininterrumpida continuidad del proceso de acumulación. Una economía con niveles de apertura externa muy bajos forjó sólidos mecanismos para asegurar la reinversión local de las ganancias.

En el debut de esa capitalización la diáspora china fue cooptada para facilitar el desenvolvimiento interno. Por esa razón entre 1985 y 2005 fue artífice de las inversiones llegadas al país (Guigue, 2018). Su gravitación inicial perdió incidencia frente al despunte posterior de una clase capitalista en el propio país, que preservó la norma de reciclar los excedentes en el ámbito local.

            El despegue chino obedeció, además, a una compleja mixtura de ingredientes internos y externos. La intensa acumulación local quedó enlazada con la mundialización, en circuitos de reinversión facilitados por el gran control a la salida de capitales. Los sucesivos modelos de transición socialista, expansión mercantil y parámetros capitalistas mantuvieron una elevada tasa de crecimiento. La diáspora brindó el puntapié inicial a un modelo productivo posteriormente enlazado con la globalización.

Ese esquema incluyó el pasaje de la fabricación inicial de manufacturas básicas a la elaboración de mercancías de nivel medio en la cadena de valor. Este avance se asentó en una absorción de tecnologías muy diferente a la pauta prevaleciente en el mundo.

Desequilibrios sin neoliberalismo, ni financiarización

China introdujo un modelo con regulaciones estatales muy alejadas del patrón neoliberal. Se integró a la globalización con una elevada presencia del sector público y con gran incidencia gubernamental en las normas de inversión. Impuso limitaciones al nivel de las ganancias, a la distribución de los dividendos y a la transferencia de los beneficios al exterior (Andreani; Herrera, 2013). La nueva potencia se asoció al capitalismo mundializado con reglas muy distintas a las imperantes en ese sistema.

            La gravitación de las empresas estatales es ilustrativa de esa estrategia. Luego de un intenso proceso de privatizaciones, las compañías del sector público conforman un núcleo minoritario, pero con dimensiones 14 veces mayores al promedio de la economía. Están localizadas, además, en las ramas estratégicas del petróleo, el gas, el acero, los seguros, las telecomunicaciones y la banca (Treacy, 2020).

China tiene un stock de activos del sector público equivalente al 150% del PIB anual, lo que triplica el acervo del sector privado. Sólo Japón cuenta con un stock semejante, mientras que en las principales economías ese porcentual no supera el 50%. Las mismas diferencias se observan en la gravitación de la inversión pública y en el peso de las empresas estatales con activos gigantescos (Roberts, 2020, 2018, 2017).

Es importante registrar, además, el elevado grado de centralización de esas compañías, que operan bajo la supervisión directa del Partido Comunista. Esas empresas garantizan el suministro de insumos baratos a toda la estructura productiva.

El grado de privatización actual de la economía china es muy controvertido. Algunas estimaciones destacan la nítida preeminencia de ese sector (Hart-Landsberg, 2011) y otras restringen su incidencia dominante al 30% de PBI (Merino, 2020). Pero todos los analistas coinciden en resaltar el continuado papel protagónico de las firmas estatales.

            Otro rasgo distintivo del modelo ha sido la conservación de la tierra como propiedad pública. Esa condición está determinada por las exigencias de soberanía alimentaria, en un país que concentra el 22% de la población mundial con tan sólo el 6% de la tierra cultivable. La relación per cápita de utilización del suelo para la nutrición es 10 veces inferior al nivel imperante en Francia (Andreani, Herrera, 2013).

Las modalidades de la propiedad agraria común han sido muy diversas. La pequeña producción ha persistido, las formas comunales perdieron peso frente al ámbito privado y el despegue de los años 80 se basó en el crecimiento exponencial de todo el sector. Allí se generaron los primeros excedentes para la industrialización posterior. Como el volumen de la población urbana saltó del 20 al 50% del total, la expansión del agro fue indispensable para asegurar el abastecimiento alimentario de las ciudades. La propiedad pública garantizó ese equilibrio (Amin, 2013).

El derecho a utilizar pequeños terrenos cumple, además, una función protectora de los trabajadores migrantes, cuando el incremento del desempleo los expulsa de las ciudades. Cuentan con una especie de seguro social agrario frente a los vaivenes del mercado laboral (Au Loong, 2016). Las tensiones que generaría la implementación en el agro de las privatizaciones introducidas en el suelo urbano han disuadido esa extensión. El patrón del agrobusiness que el neoliberalismo impuso en el grueso del planeta no rige en China.

En ese país tampoco prevalece la financiarización vigente en el grueso de las economías occidentales. Las regulaciones acotan especialmente el ingreso y egreso de los capitales. Ese flujo está controlado por distintos mecanismos cambiarios, que protegen a la economía de los temblores financieros internacionales (Amin, 2018).

Ese control de las divisas no sólo otorga a China grandesventajas en la gestión de cualquier crisis. Ha permitido la conversión de los ingresos de la exportación en créditos bancarios orientados a la industrialización. Con esos mismos dispositivos se limita también la fuga de capital y la expatriación de las ganancias. La nueva clase adinerada ha sido inducida a reciclar internamente sus beneficios y a tolerar la intermediación del Banco Central en la gestión de sus fondos.

            El principal instrumento de esa regulación financiera son los bancos de propiedad estatal. Una veintena de entidades controlan el 98% de las operaciones y manejan los monumentales depósitos que orientan el crédito. Un corolario de esa supervisión es la ausencia de financiarización en los tres terrenos de ese dispositivo. El auto-financiamiento de empresas, la titularización de los bancos y el endeudamiento de los hogares son muy secundarios en comparación a cualquier economía occidental (Lapavitsas, 2016: 227).

            Con su prescindencia del neoliberalismo y la financiarización, China se ahorró muchos desequilibrios que afectan a sus competidores. Pero no ha podido soslayar las contradicciones que introduce el capitalismo. Esas tensiones irrumpieron con la sustitución de modelo mercantil-planificado por el esquema de privatización de las grandes empresas.

China es el principal epicentro mundial de la superproducción y esos sobrantes empujan a redoblar la búsqueda de mercados externos. Esa compulsión deriva en picos de sobre-inversión interna, que su vez alimentan la especulación inmobiliaria, el endeudamiento creciente y las operaciones financieras en las sombras.

Neoliberales y heterodoxos

La impresionante irrupción de China suscita admiración, temor e incomprensión. La elite occidental no logra hilvanar una interpretación coherente de lo ocurrido. Oscila entre el reproche a la continuidad del comunismo y la alegría por el giro pro-capitalista. Algunos sospechan que la nueva potencia mantiene con disfraces su viejo régimen y otros celebran su conversión al ideario de mercado.

 Estas incoherencias repiten las reacciones de la guerra fría frente al apogeo económico de la URSS. Esa expansión generaba en 1950-60 tanto odio como envidia, entre los intelectuales orgánicos del imperialismo occidental. Pero la tónica finalmente dominante frente a China es la confrontación, con todo tipo de fábulas sobre el peligro rojo o amarillo.

Lo neoliberales suelen explicar el crecimiento chino por su meritoria adopción del capitalismo. Omiten el antecedente socialista y presuponen una falsa identidad entre la vigencia del mercado y la preeminencia de las privatizaciones. La primera norma operó durante un largo tiempo en estrecha combinación con la planificación y la segunda ha quedado acotada por los límites al neoliberalismo y la financiarización.

El desarrollo chino refuta todos los mitos del capitalismo desregulado. Ese modelo no prevaleció en ninguna de las tres fases del desenvolvimiento económico del país. El impulso inicial se consumó bajo estrictas reglas de planificación centralizada, el período siguiente incorporó mecanismos de gestión mercantil y el curso actual contiene formas capitalistas acotadas por la regulación estatal. La simplificada creencia que las reglas del beneficio rescataron a esa economía de su “estancamiento socialista” es una fantasía de los derechistas, que no logran digerir la extraordinaria expansión de un modelo ajeno a sus recetas.

Ese desconcierto se traduce en esquizofrénicas loas y repudios al “orden”, la “jerarquía” o la “disciplina”, que observan en el funcionamiento del sistema económico chino. Esas características son elogiadas como sinónimo de “progreso capitalista” o denigradas como evidencias de la “dictadura comunista”. La coherencia brilla por su ausencia entre los neoliberales, a la hora de evaluar la irrupción de la nueva potencia asiática.

La heterodoxia convencional presenta a China como el principal ejemplo del capitalismo regulado. En general rehúye el debate conceptual sobre el significado de esa categoría. Simplemente refuta las ensoñaciones neoliberales de un crecimiento, guiado por la mágica presencia de la mano invisible del mercado. Esa crítica subraya la constante preeminencia de la regulación estatal en cada avance consumado por el país. Describe correctamente la decisiva ausencia del neoliberalismo y la financiarización, pero supone que la simple continuidad de esa estrategia garantiza el sendero del progreso.

            Esa mirada reduce todos los secretos del desarrollo a la presencia dominante del estado. Omite que muchos países contaron con largos períodos de primacía estatal, sin superar el atraso ante la continuada primacía del capitalismo dependiente. Al desconocer que el logro de China se cimentó inicialmente, en mayúsculas transformaciones  de tono anticapitalista, se transmite un diagnóstico incompleto y sesgado.

Los teóricos del capitalismo regulado olvidan que sus principios estuvieron totalmente ausentes en el debut de proceso y no cumplieron ningún rol importante durante la combinación del plan con el mercado. Han aparecido finalmente con formas muy singulares en la actualidad. La historia de los últimos dos siglos contiene incontables ensayos de regulación capitalista fallida que China no imitó.

Justificaciones milenaristas

            Otra explicación de la expansión del país relativiza los determinantes económicos y subraya la preeminencia de condicionamientos histórico-sociológicos. Observa el despegue como un retorno al antiguo equilibrio destruido por la primacía de Occidente. Recuerda que China es una civilización milenaria, con derecho a ocupar un lugar hegemónico en el concierto de las naciones. Por eso interpreta su protagonismo actual, como una compensación a los desvíos creados por la dominación occidental en los últimos dos siglos. Concluido ese paréntesis, la historia tendería a recuperar una trayectoria previa asentada en la centralidad de China.

Esta teoría de la venganza milenaria supone que el país recobra su legítimo predominio. Recuerda que, en el año 1800, las economías localizadas en los territorios asiáticos proveían el 49% de la producción mundial (Fornillo, 2018). Estima que China actualmente reequilibra la historia y recupera el lugar de una vieja economía de mercado, que siempre superó a otras formaciones asentadas en la preeminencia militar (Nolan, 2019). Estas miradas recuerdan que, en el pasado, la distribución del poder económico era proporcional a un patrón de peso demográfico que tiende a reaparecer (Ríos, 2017).

            Pero de su interpretación de la historia, algunos enfoques deducen la validez de una resurrección hegemónica de China en el escenario actual. Aportan importantes observaciones que mejoran nuestro conocimiento de una sociedad milenaria, pero deducen de ese pasado un controvertido derecho de China a recuperar centralidad en el mundo.

Esa nación no es portadora de ningún destino (a la dominación o a la subordinación) por la simple inexistencia de ese atributo. China no encarna ningún devenir superior al resto de la humanidad, por la misma razón Estados Unidos carece de un “destino manifiesto” como custodio de la seguridad mundial. Ese mismo faltante se extiende a Europa, que no es transmisora de ninguna “civilización” de excelencia a los pueblos de la periferia.

            Las justificaciones milenaristas retoman las mitologías de la excepcionalidad nacional, como una virtud de ciertas poblaciones frente a otras. En el caso de China, las tesis sinocéntricas han irrumpido como reacción al eurocentrismo previo. Luego de un siglo de humillación occidental suponen la validez de una retribución. Pero ese razonamiento participa de todos los mitos gestados en torno a la “invención de las naciones”, para enaltecer ciertos territorios, destinos, culturas o idiomas.

            La tradición marxista siempre ha confrontado con ese tipo de creencias, que agudizan las rivalidades nacionales y afectan los intereses compartidos de todos los pueblos del mundo. El comunismo chino propagó activamente un ideario nítidamente internacionalista durante décadas. Enarboló especialmente una variante antiimperialista de ese proyecto asentado en el protagonismo revolucionario del Tercer Mundo.

            Ese legado ha quedado ahora erosionado por el nuevo patriotismo sinocéntrico, que presenta el desarrollo de China, como una revancha frente a la opresión impuesta por Occidente (Guigue, 2018). El mismo argumento patriótico es utilizado para interpretar el enriquecimiento de los capitalistas locales, como una retribución al empobrecimiento sufrido en el pasado. La incorporación de potentados al Partido Comunista es presentada con ese fundamento como una expresión de ponderables comportamientos nacionales (Ding, 2009). Pero en los hechos ocurre todo lo contrario. Los sectores adinerados de la nueva elite china son afines a Occidente, propician el estrechamiento de la asociación transnacional y propagan el credo neoliberal.

            Algunas justificaciones nacionalistas del renacimiento de China se sustentan en la revalorización del confucionismo, como fundamento del estado, la sociedad, la ética y la armonía familiar. Otras reemplazan el análisis concreto del desarrollo desigual y combinado contemporáneo por vagos preceptos de auge y declive secular de sistemas sociales indiferenciados. Con ese enfoque, el devenir de China es despegado de su cimiento en modos de producción tributarios, capitalistas o socialistas, para ser evaluado con el dudoso patrón valorativo de las civilizaciones.

            Esa mirada diluye las singularidades de las últimas décadas en nebulosas tramas meta-históricas. El propio pasado de China se pierde en esas vaguedades. Olvida que la oleada nacionalista que sucedió a la guerra de Opio (1840) alimentó la moderna identidad china y apuntaló la conciencia nacional de la revolución republicana (1911). El posterior triunfo socialista (1949) combinó proyectos agrarios, democráticos y antiimperialistas que definieron el curso posterior del país. Los críticos del milenarismo subrayan la centralidad de estas trasformaciones (Lin Chun, 2013:197-211).

            El mismo debate se extiende a la evaluación del papel internacional de China. Algunos análisis dan cuenta de la frecuente identificación de ese rol, como el cimiento de una nueva civilización, forjada con criterios de comunidad, destino compartido, desarrollo pacífico y armonía global (Margueliche, 2020). Esa imagen idealizada de universalismo es propagada con un lenguaje despolitizado de consenso universal, que simplemente omite las tendencias destructivas del capitalismo (Lin Chun, 2019). Para superar esa evasión conviene aplicar al análisis de China, los mismos parámetros de materialismo histórico, que se utilizan para indagar la trayectoria de cualquier otra nación.

Capitalismo, socialismo, formas intermedias

Los principales interrogantes sobre China no radican en las peculiaridades de su modelo, sino en la naturaleza social de su sistema ¿Es capitalista, socialista o intermedio?

Para dilucidar ese problema hay que reconocer primero la validez de esos conceptos, en contraposición a los pensadores que los omiten o impugnan. Habitualmente descartan la relevancia actual del socialismo, considerando que el capitalismo es el único sistema válido. Esa visión convalida implícitamente la óptica neoliberal, que asoció el derrumbe de la Unión Soviética con el “fin de la historia” y la consiguiente eternidad del capitalismo. Con esa postura resulta imposible comprender la trayectoria seguida por China y caracterizar a un régimen que proclama su identidad con la perspectiva socialista.

Si se considera que esa definición es intrascendente o constituye un simple disfraz habría que extender la misma objeción a otras evaluaciones. ¿Por qué aceptar por ejemplo la consistencia de los conceptos capitalismo regulado y desregulado? ¿O de liberales y antiliberales? ¿No ocultan otra realidad subyacente que invalida esas caracterizaciones?

El análisis se torna más sensato si se reconoce que capitalismo y socialismo son las dos nociones organizadoras de la interpretación de China. Aportan reglas antagónicas de funcionamiento de la sociedad y el estado, que permiten indagar dónde se ubica ese país.

Ciertamente son conceptos insuficientes para caracterizar el modelo vigente en un país, pero aportan un punto de partida insoslayable. Antes de dilucidar las especificidades del capitalismo o del socialismo chino hay que esclarecer el significado básico de ambos términos.

La vigencia de capitalismo está dada en el terreno económico por la propiedad privada de los medios de producción y la preeminencia de normas de beneficio, competencia y explotación, junto al desequilibrio de la sobreproducción. Ninguna variedad de capitalismo se desenvuelve sin la presencia de estas condiciones.

Esos tres pilares no sólo distinguen al capitalismo de su antónimo socialista. También lo diferencian de formas incompletas o primitivas de gestión mercantil. El mercado precedió y sucederá al capitalismo. Es un dispositivo complementario de distintos sistemas y su presencia no define la naturaleza social de un país. La presentación de China como “una economía de mercado” -que conceptualizó un influyente estudioso de esa sociedad (Arrighi, 2007: cap 3 y 8)- evade la caracterización efectiva del régimen.

El pasaje de normas mercantiles acotadas y compatibles con la planificación a los tres pilares de la economía capitalista, marcó el debut potencial en China de ese sistema a principios de los años 90. La pequeña y mediana propiedad privada en el agro dio paso a grandes empresas industriales pertenecientes a la nueva burguesía. La fijación de precios por normas competitivas se amplió al grueso de las cotizaciones, se extendieron las modalidades de explotación y la acumulación de beneficios enriqueció a una influyente minoría. Además, los viejos cuellos de botella generados por la sub-producción fueron sustituidos por tensiones de sobre-inversión. Estos cambios retratan la gravitación de modalidades capitalistas en la economía china.

De esa canasta de elementos lo más significativo es el surgimiento de una clase propietarias de los medios de producción que busca transmitir privilegios a sus herederos. ¿Pero la indiscutible incidencia de este sector define la vigencia del capitalismo en China?

La respuesta sería probablemente afirmativa en otras circunstancias históricas. El país comenzó a incorporarse a ese sistema en un escenario global de neoliberalismo y financiarización, sin adoptar esas dos características. Esa limitación tornó muy incompleta desde el inicio la restauración del capitalismo. Las modalidades de alta regulación, restricción de ganancias, propiedad pública de la tierra y manejo estatal de los bancos, la moneda y el comercio exterior obstruyen la vigencia plena de ese sistema.

A diferencia de otras experiencias -como el neo-desarrollismo o el distribucionismo latinoamericano de la última década- el distanciamiento chino del neoliberalismo y la financiarización no ha sido un episodio de pocos años. Impera en un país, que forjó su economía contemporánea con pilares de socialismo.

El carácter acotado del predominio capitalista en China se verifica más nítidamente en el plano político. Esa esfera es decisiva puesto que la preeminencia de ese sistema no se define exclusivamente en el ámbito de la economía o la sociedad. Presupone también el manejo del estado por parte de la gran burguesía. La simple existencia de este sector o su elevada gravitación en el control de los recursos no determina el status capitalista de un país. Los principales resortes del poder estatal deben quedar sometidos al manejo directo o delegado de los apropiadores. Y ese control no se verifica en la actualidad en China.

El estado funciona con las normas e instituciones forjadas a partir de la revolución socialista de 1949. La continuada preeminencia del Partido Comunista -y de toda la estructura de organismos nacionales y regionales conectados a esa primacía- ilustra una modalidad de gobierno muy distinta a las formas habituales del poder político burgués.

En China no se produjo la implosión que desintegró a la URSS, ni el abrupto colapso de los regímenes del Este Europeo. La repetición de esa trayectoria que esperaban los líderes de Occidente no se verificó. La ruptura del sistema que impuso Yeltsin contrastó con la continuidad que reafirma Xi Jinping. Esa diferencia indica que la clase capitalista ya forjada en China actúa bajo un sistema político que no domina.

            Esa estructura institucional mantiene, además, ideologías, símbolos y próceres muy chocantes para los preceptos básicos del capitalismo. Reivindica el heroísmo en lugar el lucro y las metas colectivas en vez del enriquecimiento personal. Ciertamente esos principios divergen de una realidad económica sujeta en gran medida a la lógica del beneficio. Pero esa tensión también expresa los límites que afronta el reingreso pleno del capitalismo.

El legado socialista no sólo aflora lateralmente en los formalismos de los funcionarios, sino que conserva vigencia en el gran espectro de la izquierda y recobra importancia en las coyunturas de crítica a la desigualdad.  ¿Pero esos límites a la restauración capitalista indican, entonces, la continuidad de su contracara socialista?

En los términos concebidos por los clásicos del marxismo, China siempre se ubicó a una gran distancia de esa meta. Nunca alcanzo el bienestar colectivo, la abundancia material o la democracia genuina, que permitirían inaugurar la disolución de las formas opresivas del estado. Mucho más alejado de ese ideal estuvo siempre la utopía positiva del comunismo.

Durante las primeras décadas que sucedieron a la revolución rigió una transición al socialismo asentada en dos principios de esa evolución: la expansión de la propiedad pública y la intervención popular en la transformación de la sociedad. Posteriormente se incluyeron en la misma plataforma numerosos mecanismos comerciales para renovar el crecimiento. Esa etapa quedó cerrada con la conformación de una nueva clase propietaria de grandes empresas. El avance inicial al socialismo se transformó en un proceso opuesto de involución hacia el capitalismo. Esa regresión no se ha consumado, pero revirtió la tendencia precedente.

            En China no rige el capitalismo, ni el socialismo. Prevalece una modalidad histórica intermedia e irresuelta de sociedad, junto a una formación burocrática en el manejo del estado. El funcionariado que controla el poder estatal no actúa por simple delegación de la nueva clase propietaria. Busca sostener -mediante un elevado ritmo de crecimiento- un equilibrio de todos los sectores sociales del país.

Antecedentes, modelos y afinidades

Nuestra interpretación retoma ideas expuestas en un libro sobre el socialismo. Transcurridos 16 años desde la edición de ese texto, las principales definiciones conceptuales sobre China propuesto por nuestro análisis mantienen su validez (Katz, 2004:77-83). Esa continuidad ilustra cómo puede prolongarse en el tiempo, la indefinición del carácter capitalista o socialista de un sistema. Lo que parecía coyunturalmente irresuelto persiste como un proceso que será zanjado en períodos más extensos.

            El principal señalamiento de ese análisis -la restauración capitalista no ha concluido- persiste hasta la actualidad. También la mencionada existencia de tres períodos diferenciados (debut socialista, gestión mercantil, introducción del capitalismo) se mantiene como eje clarificador del problema.

Nuestro enfoque actualizado en otro texto (Katz, 2016) fue bien recibido por algunos comentaristas, que lo contrapusieron a las miradas simplistas de la realidad china (Restivo, 2020). Pero han interpretado erróneamente que postulamos el carácter irreversible de un viraje hacia el capitalismo, que a nuestro entender permanece inconcluso.

            Para dirimir el grado de reintroducción del capitalismo utilizamos los criterios aportados por un analista de los “procesos pos-comunistas” de Europa Oriental. Esos parámetros son el alcance de la propiedad privada, las normas de funcionamiento de la economía y el modelo político imperante (Kornai, 1999: 317-348).

Con esos indicadores destacamos que China avanzó hacia el capitalismo en el primer terreno, no definió un perfil definitivo en el segundo y afrontó un severo dique en el tercero. Su estadio intermedio es muy visible en comparación a lo ocurrido en Rusia o Europa Oriental.

            Nuestra mirada sintoniza con muchas caracterizaciones de la Nueva Izquierda de China. Esta afinidad se verifica ante todo en la distinción cualitativa entre el período de las reformas mercantiles (1978) y la etapa de las privatizaciones (1992). Lejos de constituir dos momentos de una misma trayectoria, involucraron rumbos contrapuestos de compatibilidad con el socialismo y alineamiento con el capitalismo (Lin Chun, 2009a).

            También compartimos la crítica frontal a un proceso de restauración, que socava las conquistas sociales logradas con la revolución, ampliando en forma dramática la desigualdad (Lin Chun, 2019). Resaltamos por igual que el tránsito de China hacia el capitalismo no es un devenir conveniente, ni inexorable para desarrollar las fuerzas productivas y que ese desenvolvimiento no exige la integración a la globalización (Lin Chun, 2009b).

            La coincidencia se extiende, además, al diagnóstico de un proceso de restauración sólo parcial del capitalismo. Ese curso puede ser revertido en la lucha por igualdad, en una sociedad con principios muy arraigados de justicia. La recuperación de la trayectoria socialista dependerá de una acción emprendida por los sujetos populares (Lin Chun, 2013:197-211).

Tres variantes de restauración

El carácter limitado de la reintroducción capitalista en China ha sido recientemente evaluado por un importante estudio, que traza comparaciones conceptuales con lo ocurrido en Europa del Este y Rusia. Diferencia los tres procesos distinguiendo la incorporación del capitalismo desde abajo, desde el exterior o desde arriba (Szelényi, 2016).

            Señala que la conformación del capitalismo en Europa del Este se procesó con gran antelación y monitoreo externo, mediante un intenso estrechamiento de lazos entre los grupos dominantes locales y sus socios de Occidente. La intelectualidad asimiló con gran fanatismo el credo neoliberal y cumplió un rol determinante en la creación del clima de entusiasmo que rodeo a la recepción del capitalismo.

Las privatizaciones quedaron en manos de los sectores que ya habían acumulado en las sombras los acervos requeridos para capturar el botín. La terapia de shock en Polonia, el transito gradual en Eslovenia, las reparaciones a los antiguos propietarios en la República Checa y la subastas de Hungría constituyeron modalidades peculiares de un curso compartido de vertiginosa restauración del capitalismo.

Las clases dominantes ya prefiguradas en la etapa previa se consolidaron con la misma velocidad, que se desmoronó la vieja conducción de los regímenes precedentes. La preeminencia de consejeros externos y la instalación de formas brutales de neoliberalismo fueron los datos más significativos de esa transformación.

            En China no se ha verificado ninguno de esos procesos. La acumulación de capital comenzó en el campo y se desenvolvió con gran lentitud hasta el inicio de las privatizaciones en las ciudades. Ese proceso se mantuvo a lo largo de varias décadas, sin extenderse a las actividades estratégicas que permanecen en manos del estado. Tampoco hubo dirección externa de la reconversión. Las empresas transnacionales fueron asociadas a un programa de crecimiento elaborado localmente y los gobiernos occidentales tuvieron poca influencia en el rumbo seguido. Las propias elites seleccionaron a la diáspora china como su contraparte privilegiada y establecieron severas limitaciones al papel del capital foráneo.

Ciertamente la ideología neoliberal penetró en el país, pero en permanente disputa con otras concepciones y nunca logró primacía.  El viejo sistema político estructurado en torno al Partido Comunista persistió y afianzó su predominio de la gestión económica. Los contrastes con lo ocurrido en Europa del Este son tan categóricos, que el autor de la comparación pone seriamente en duda la vigencia actual del capitalismo en China.

            También en Rusia la restauración fue un fenómeno fulminante y alejado de las ambigüedades que se verifican en el escenario asiático. La introducción del capitalismo se consumó a la misma velocidad que en Europa del Este por medio de virulentas privatizaciones. Yeltsin decidió construir el nuevo sistema en 500 días y repartió el grueso de propiedad pública entre sus allegados.

La nueva burguesía se gestó de la noche a la mañana y cinco años después del colapso de la URSS, los siete mayores empresarios rusos poseían la mitad de los activos del país. Los desequilibrios precipitados por la codicia se hicieron tan presentes como las turbulencias financieras.

            En esa reconversión fue visible la enorme influencia occidental, pero a diferencia de Europa Oriental el comando final quedó en manos de la nueva plutocracia moscovita. El capitalismo no reingresó desde afuera, sino desde arriba. Los protagonistas del viraje fueron los mismos actores de la cúpula política precedente. La alta burocracia de la URSS se transformó en la nueva oligarquía de Rusia. El mismo personal cambió de vestimenta y mantuvo la conducción del estado para otros fines. Esa mutación de abanderados del comunismo a exaltadores del capitalismo se verificó también en Ucrania, Bielorrusia, las antiguas repú­blicas de Asia Central y algunos países de los Balcanes.

China no atravesó por esos senderos. La reimplantación del capitalismo ha sido es un proceso tortuoso e inacabado, ante la ausencia de un mandatario dispuesto a emular a Yeltsin. El desmoronamiento de la URSS acentuó el conservadurismo de los dirigentes chinos. En lugar de sepultar la estructura política del Partido Comunista decidieron consolidarla y en vez de fusionar a la nueva clase capitalista con el poder político, sólo aceptaron su existencia como una fuerza paralela a su propia dirección.

            Por esa razón en China no ha imperado el modelo de reparto patrimonial de propiedades que introdujo Yeltsin, al rematar los activos del país entre la nueva elite. Tampoco se verificó el esquema prebendario de retribuciones en función de la lealtad que instauró Putin. Con ese mecanismo el presidente ruso acotó el poder de los codiciosos oligarcas. Expropió, criminalizó y disciplinó a esos acaudalados, con la misma virulencia que utilizaban los zares contra los boyardos. Pero ninguna de sus acciones modificó el status capitalista del país.

También en China hay tensiones de gran porte y el férreo comando que ejerce Xi Jinping apunta a impedir el desmadre de esas disputas. Algunos analistas estiman que gobierna utilizando un conjunto de reglas ocultas y no escritas, que reproducen la antigua autoridad del emperador sobre las capas subordinadas. Equilibra especialmente los choques entre el funcionariado que asciende con las reglas de la meritocracia y los ahijados del viejo liderazgo comunista (Au Loong, 2016).

Pero incluso con esas modalidades de gestión, el poder político mantiene las denominaciones, estatutos e ideologías del proceso inaugurado en 1949. Aquí radica la gran diferencia con Rusia que sepultó todos los vínculos con la revolución de 1917. La disímil penetración del capitalismo en ambos países está muy conectada con esa divergencia de actitudes hacia el pasado.

Comparaciones con el origen del capitalismo

Una revisión de los debates sobre el origen del capitalismo contribuye a clarificar la naturaleza actual de China. Al indagar cómo nació ese sistema se puede discernir de qué forma ha resurgido dónde había sido erradicado.

La controversia entre los historiadores marxistas sobre el nacimiento del capitalismo contrapuso a los intérpretes de su debut en el agro (Dobb, 1974), con los teóricos de su consolidación primigenia en el comercio (Sweezy, 1974). La primera visión atribuía la transición a la erosión en Europa de las estructuras feudales, como consecuencia de las rebeliones campesinas. La segunda resaltaba el auge urbano que deterioró a la nobleza, acentuó la huida de los siervos y transformó la renta de productos en dinero.

Esa discusión buscaba dirimir si el capitalismo emergió en un largo proceso de acumulación primitiva en el agro y generalización del trabajo asalariado en las ciudades, o si por el contrario despuntó cuando se afianzaron las relaciones comerciales.

La ventaja del primer enfoque radicó en su acertada identificación del capitalismo con un sistema de competencia por beneficios surgidos de la explotación. Esa generación de ganancias requiere propiedad privada de los medios de producción y normas de lucro asentadas en la extracción de plusvalía. El simple predominio de los parámetros mercantiles no consagra el predominio del capitalismo.

Retomando esa diferenciación, China debería reunir actualmente las condiciones señaladas por la tesis del origen agrario para presentar un status capitalista. No alcanza con la universalización de las reglas comerciales para constatar esa vigencia. Justamente en la trayectoria contemporánea del país, la etapa de expansión del mercado sin privatizaciones no implicó el inicio del capitalismo. Sólo en el periodo posterior emergió la restauración. La acumulación por abajo en el agro constituyó, a lo sumo, un presupuesto de ese cambio y no un indicio de su consumación.

Otra discusión sobre el nacimiento del capitalismo opuso a los historiadores que subrayaban su origen nacional (Wood, 2002:103-121), con los estudiosos que remarcaban su génesis internacional (Wallerstein, 1988: 33-35). Esa controversia contraponía la existencia de múltiples trayectorias de un sistema forjado en el siglo XIX, con visiones de un régimen que irrumpió como totalidad mundial en el siglo XVI.

            En este caso, el acierto de la primera mirada radica en los criterios que aportó para estudiar cada capitalismo nacional, en función de sus diferencias con los sistemas previos. El inconveniente de la segunda óptica estriba en la disolución de esas singularidades. Remonta la existencia del capitalismo a un lejano pasado y supone que ya operaba como entramado global.

Esa divergencia de criterios internos o externos para definir la presencia del capitalismo cobra actualidad, para evaluar las trayectorias nacionales divergentes seguidas por Rusia o Europa del Este frente a China. Esos procesos se desenvolvieron en un mismo escenario de globalización neoliberal, pero transitaron por cursos nacionales muy distintos.

La expansión mundial del capitalismo que sucedió al fin de la guerra fría, no implicó la implantación del mismo sistema en todos los rincones del planeta. China (o Cuba y Vietnam) ha seguido un rumbo distinto en un contexto común. Por las mismas razones que la existencia de un sistema-mundo no equivalía a la automática adscripción de la URSS a esa totalidad, la preeminencia actual de la globalización no presupone el capitalismo en China.

Este señalamiento es importante para evitar los equívocos inversos, que asignan a la nueva potencia asiática una misión civilizatoria mundial. Si la globalización no define el status capitalista de China, la expansión internacional de ese país tampoco alumbra otro funcionamiento del resto del mundo.

Revolución y contrarrevolución burguesa

Las discusiones sobre el origen del capitalismo afianzaron la percepción de una larga transición de varios siglos, con diversas modalidades de coexistencia de clases dominantes (Vitale, 1984). Esta misma conclusión podría aplicarse en la actualidad a China, Su eventual pasaje al capitalismo, no debería necesariamente presentar el abrupto desenlace que imperó en Rusia o Europa del Este. Podría efectivizarse a lo largo de varias décadas y en ese caso correspondería caracterizar al régimen vigente durante ese período intermedio.

En los debates historiográficos de esa transición surgió la noción de formación económico-social, para conceptualizar la existencia de variadas articulaciones entre modos de producción, con predominio desigual del capitalismo (Cueva, 1988). Esa noción fue utilizada para caracterizar, por ejemplo, las mixturas imperantes en América Latina entre los siglos XV y XIX. Hubo diversas combinaciones del capitalismo con el esclavismo (plantaciones) o con el feudalismo (haciendas). La misma mirada podría aplicarse en la actualidad a China, para considerar su formación económico-social en términos de un eventual “social-capitalismo”.

            Pero estas categorías económicas no alcanzan para definir cuándo rige el capitalismo. En las mixturas de la transición la burguesía conquistó su dominio de la sociedad, pero sólo ejerció efectivamente esa primacía cuando capturó el poder del estado. El imperio de la competencia, la ganancia y la explotación no consagró el status capitalista, mientras el estado permaneció en manos de otros grupos dominantes. Fue lo ocurrido por ejemplo con el estado absolutista durante la era feudal. Sólo cuando la burguesía controló ese resorte quedaron despejados todos los escollos para la acumulación.

Esta conclusión del debate historiográfico tiene especial aplicación para el escenario actual de China. Tal como ocurrió en el pasado, una nueva clase dominante ya monitorea gran parte de la economía sin manejar el poder político, lo que a su vez impide el pleno despegue del capitalismo.

El punto de giro en el pasado fue clarificado en la evaluación de las revoluciones burguesas, que constituyeron la modalidad clásica de conquista del poder por parte de la clase capitalista. La caída de monarquía (Francia) o la guerra de secesión (Estados Unidos) fueron ejemplos típicos de ese viraje (Piqueras, 2000).

Pero estas contundentes mutaciones no fueron el único curso de la historia y esa indefinición reaparece en la actualidad. Las fechas exactas del cambio de régimen que se observaron en Rusia, Polonia, Alemania del Este o Hungría, no se han extendido a China.

En la comparación corresponde igualmente subrayar que las revoluciones burguesas del pasado no constituyeron el simple antecedente de las contrarrevoluciones del presente. Un monumental abismo separa al surgimiento del capitalismo de su retorno. La principal diferencia estriba en la total carencia de complementos progresistas en el plano democrático, nacional o agrario (Anderson, 1983). El resurgimiento actual más bien profundiza los ingredientes regresivos de la instauración del capitalismo, que predominó en los países centrales desde la segunda mitad del siglo XIX (Callinicos, 1989). Esa misma tónica ha prevalecido en la restauración del sistema al cabo de una centuria en Rusia y Europa del Este.

            Conviene recordar también que en numerosos lugares del mundo el capitalismo emergió sin revolución burguesa, mediante transformaciones pasivas o auto-conversiones de los estados. El paulatino aburguesamiento de la antigua nobleza en Japón y Alemania fueron los típicos modelos de esa gestación por arriba (Takahashi, 1974). Se podría argumentar que China está transitando por una reconversión semejante, mediante el pausado padrinazgo del capitalismo por los mismos sectores que dominaron el sistema precedente.

            Pero esa transición de largo plazo sería muy distinta a los precedentes del siglo XIX. Implicaría en China el triunfo del proyecto neoliberal y el estrechamiento de lazos con los socios occidentales. Esa eventualidad constituye por ahora sólo una de las opciones en juego. Las alternativas en disputa requieren un análisis más específico que abordaremos en el tercer artículo de esta serie.

18-9-2020

RESUMEN

La irrupción de China ilustra la dinámica contemporánea del desarrollo desigual y combinado. El cimiento socialista, el complemento mercantil y los parámetros capitalistas apuntalaron un modelo enlazado a la globalización, pero centrado en la retención local del excedente. La ausencia de neoliberalismo y financiarización ahorraron al país los desequilibrios afrontados por sus competidores. Pero la penetración del capitalismo genera sobreinversión y excedentes a descargar en el exterior.

La ortodoxia explica la expansión china por un imaginario predominio de la desregulación y la heterodoxia por la simple aplicación de controles que han fallado en otros lugares. Ambos omiten el cimiento socialista. La óptica milenarista enaltece un destino imaginario y supone raíces remotas para procesos muy recientes.

El capitalismo está presente pero no domina aún en la economía. La nueva clase burguesa tampoco logró el control del estado, pero la transición socialista se revirtió y prevalece un status intermedio. La acotada restauración contrasta con las trayectorias de Europa Oriental y Rusia. Una comparación con el origen del capitalismo sugiere la posibilidad de largas transiciones y mixturas de sistemas.

Claudio Katz[1]

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[1] Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz

Fuente e imagen: https://contrahegemoniaweb.com.ar/seccion/secciones/debates_estrategicos/

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El resurgimiento americano que no logró Trump

Por: Claudio Katz 

 

Trump concluye su presidencia con tres crisis simultáneas que jaquean su ambición de otro mandato. La pandemia, la depresión económica y la rebelión de los afroamericanos han trastocado el escenario electoral.

El magnate ejerció una presidencia disruptiva que transgredió todas las normas. Demolió la sobriedad, exaltó la grosería, extremó la fanfarronería e instaló un inédito desorden en los asuntos públicos. Su alocada confianza y su comportamiento patotero desconcertaron a los analistas.

Se generalizó la imagen de un insano sin brújula, que insulta dignatarios, humilla jefes de estado y viola todos los compromisos. Pero esa constatación no alcanza para entender el contexto actual. Se necesita una evaluación serena de los propósitos y resultados de su gestión en el terreno económico y geopolítico, tanto a escala global como regional.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Trump buscó utilizar el poderío geopolítico-militar de Estados Unidos para recuperar el liderazgo económico de su país. Con esa finalidad encaró durísimas negociaciones para extender al plano comercial, los privilegios monetarios que mantiene el dólar. Intentó revertir el enorme déficit de intercambios con 100 naciones, reclamó ventajas para las exportaciones y penalidades para las importaciones. Presentó esa demanda, como una insólita reparación al trato internacional injusto que afronta el coloso del Norte.

Con ese disparatado argumento motorizó una virulenta agenda mercantilista y tensó la cuerda de todas las tratativas. Propició acuerdos bilaterales sustitutivos del multilateralismo y cuestionó ciertas normas del libre-comercio. Pero impulsó ajustes en los convenios vigentes y no un retorno al viejo proteccionismo.

Trump eligió esa estrategia para remontar el declive industrial estadounidense. Intentó aprovechar las ventajas que la primera potencia conserva en las finanzas y exigió mayor preponderancia para los bancos, los bonos del Tesoro, Wall Street y la FED.

También buscó preservar la supremacía tecnológica, mediante crecientes exigencias de cobro por los derechos de propiedad intelectual. Reclamó nuevas retribuciones por las patentes, para acrecentar las ganancias capturadas con la comercialización de esos servicios (Roberts, 2018).

Con ese control de la financiarización y del capitalismo digital, Trump esperaba forjar un nuevo equilibrio entre los sectores globalistas y americanistas de la clase dominante. Apuntaló los negocios de las empresas con cadenas de valor en otros países e incentivó también la recuperación de las compañías locales, afectadas por la competencia mundial.

El primero grupo reúne a los gigantes del comercio, las finanzas, la tecnología y la comunicación (Microsoft, Google, Facebook, Amazon, City-Group, Wall Mart). El segundo sector aglutina a los proveedores del Pentágono, las petroleras, los sojeros y las empresas centradas en el mercado interno (Lockheed, General Dynamics, Exxon, Chevron, General Electric, Bank of America) (Dierckxsens; Formento; Piqueras, 2018).

El proyecto neoliberal es compartido por ambas fracciones, pero los globalistas habitualmente sintonizan con la cúpula del Partido Demócrata y los americanistas con el establishment republicano. Clinton apuntaló al primer sector y Bush Jr. al segundo. Obama retomó el favoritismo por los mundialistas y Trump pasó de la marginalidad americanista a la defensa de todo ese segmento (Merino, 2018).

Cuando alcanzó la presidencia cumplió sus compromisos con el sector siderúrgico, el complejo industrial-militar y las corporaciones industriales, pero abrió también su gabinete a Wall Street y los globalistas. Las disputas entre ambos grupos se dirimieron en bataholas y cambios de ministros.

Para recuperar la primacía estadounidense Trump combinó protección local con negocios mundiales. Promovió la guerra comercial y las barreras arancelarias, sin obstruir el libre flujo de capitales que enriquece a los financistas. Preservó especialmente las redes digitales globalizadas que necesitan las firmas de la alta tecnología. Restringió el mercado americano para los rivales foráneos, pero sostuvo la primacía del dólar en una economía internacionalizada.

Trump apostó a forzar la sumisión de los países competidores. Trató de revertir las negativas consecuencias de la globalización, que Estados Unidos encabezó con resultados desfavorables. La primera potencia no pudo remontar su pérdida de posiciones y quedó expuesta al arrollador avance del desafiante chino.

La contención del rival asiático fue la prioridad del magnate. China bordea el pedestal de la economía mundial, al cabo de varias décadas de asombrosas tasas de crecimiento e inversión. Trump puso fin a la amistosa relación con un socio transformado en competidor, que ahora batalla por la hegemonía mundial.

El freno de China es el principal objetivo de todo el establishment de Washington. Trump tomó la delantera con una brutal pulseada en el terreno comercial. Exigió a Xi Jinping la reducción del déficit comercial y obtuvo ciertas concesiones, pero utilizó cada tregua para relanzar las hostilidades. Presionó al máximo y cantó victoria ante cualquier resultado. Disfrazó siempre sus agresiones con pretextos de seguridad nacional y acusaciones de piratería. Buscó sobretodo frenar el avance tecnológico de China en la transmisión de datos (5G) y la inteligencia artificial (Agenda 2025).

Trump trató de repetir con el gigante oriental el sometimiento que Reagan logró con Japón en los años 80. Ese país fue obligado a restringir exportaciones, revalorizar el yen y financiar el Tesoro estadounidense. Esa subordinación condujo a un estancamiento de la economía nipona, que persiste al cabo de varios experimentos fallidos de reactivación keynesiana (Roberts, 2016: (173-184).

El magnate también buscó afianzar las ventajas de Estados Unidos sobre Europa. Aprovechó la existencia de un aparato estatal unificado, frente a competidores transatlánticos que no logran extender su unificación monetaria al plano fiscal o bancario. Esa carencia de poder estatal explica la reacción débil y tardía de Europa frente a la crisis del 2008. Washington definió expeditivamente, los socorros que tramitó Bruselas en forma tortuosa. Esa pesadez potenció las tensiones generadas por los excedentes comerciales y las acreencias financieras, que acumula el Norte a expensas del Sur del Viejo Continente (Lapavitsas, 2016: 374-383). Trump incentivó esas fragilidades para impedir cualquier desafío europeo.

Bajo la apariencia de una gran improvisación, el ocupante de la Casa Blanca concibió un ambicioso plan de recuperación de la economía estadounidense. ¿Qué logró en cuatro años?

 

MAGROS RESULTADOS

La estrategia de Trump dependía de la disciplina de sus aliados (Australia, Arabia Saudita, Israel), la subordinación de sus socios (Europa, Japón) y la complacencia de un adversario (Rusia) para forzar la capitulación de otro (China). Pero el magnate no consiguió esos alineamientos y el consiguiente relanzamiento de la supremacía norteamericana falló desde el principio.

La confrontación con China fue su principal fracaso. Las amenazas no amedrentaron al dragón asiático. La acotada reducción del déficit comercial que obtuvo con la guerra de aranceles, no revirtió las desventuras de la economía estadounidense. El tablero previo se mantuvo. China aceptó mayores compras y menores exportaciones, pero no permitió la apertura financiera y el frenó de sus inversiones tecnológicas.

La ofensiva de Trump debió lidiar con las propias consecuencias de sus bravuconadas arancelarias. Traspasado cierto techo, las tarifas aduaneras impactan sobre los precios y la productividad estadounidense, que depende de la importación de insumos baratos. Además, las represalias afectan seriamente a las empresas yanquis radicadas en Oriente. China es el principal mercado para el agro y para varias ramas manufactureras. Los puestos de trabajo que podrían restaurarse con protección aduanera son amenazados por esa pérdida de adquirientes en Oriente.

La batalla comercial tiene efectos tan contradictorios, como la revaluación del yuan que exige Trump. Esa valorización potencia una divisa que aspira a disputar el señoreaje internacional del billete norteamericano. Además, China no acepta acomodar su política monetaria a los reclamos de un deudor, que ha colocado el grueso de sus títulos en los bancos asiáticos (Hernández Pedraza, 2018).

El presidente millonario logró el visto bueno formal de sus aliados, pero no el acompañamiento requerido para la batalla comercial contra China. Ningún socio resignó los negocios lucrativos con el gran cliente asiático. Israel vende armas y tecnologías a Beijing, Arabia Saudita coloca excedentes petroleros y tanto Canadá como Australia mantienen intensos intercambios con el gigante oriental (Poch, 2018).

Las dificultades para arrastrar a Europa a la confrontación con China fueron semejantes. Pero el deterioro de la relación transatlántica fue detonado por disputas más directas con el Viejo Continente. El trato agresivo del magnate hacia Europa llegó a incluir, por ejemplo, ofertas coloniales de comprar Groenlandia con su población incluida.

Algunas demandas estadounidenses fueron satisfechas. Francia enmendó su proyecto de ‘tasa Google’, Alemania redujo exportaciones para mantener su tajada en el mercado automotor y varios integrantes de la Unión Europea aceptaron adquirir más soja o gas americano. Adoptaron la misma tónica conciliadora de Japón, que accedió a una mayor apertura de su mercado interno. Pero ningún miembro de la coalición occidental renunció a los contratos con China o a su participación en la Ruta de la Seda.

Los conflictos escalaron con la demanda estadounidense de ruptura comercial con Irán. Las grandes multinacionales de Francia y Alemania (Total, Renault, Volkswagen, Siemens, Daimler) vetaron la pérdida de mercado persa que exigía Washington.

El choque en curso por el gasoducto Nord Stream 2 que enlazará a Rusia con Alemania es mucho más serio. En defensa de los proveedores norteamericanos de gas licuado, Trump conspira con sus vasallos (Ucrania, Polonia) para impedir la inauguración de una obra casi concluida. El reciente ultimátum de sanciones legales a las empresas europeas, coloca a Alemania en la disyuntiva de capitular o confrontar con Washington. ´

Frente a tantas tensiones Trump buscó asegurar la alianza con Inglaterra apuntalando un Brexit definitivo. Pero ni siquiera obtuvo la lealtad de los británicos, que juegan su propia partida en el mundo. Las frustraciones del mandatario yanqui aumentaron con la fallida alianza que propiciaba con Rusia para doblegar a China. Sus coqueteos con Moscú fueron internamente torpedeados por el establishment diplomático de Washington. Ese boicot facilitó el acuerdo defensivo que finalmente concertó Putin con Xi Jinping.

Esta sucesión de fracasos quebrantó el proyecto de restaurar la «grandeza americana» a costa del resto del mundo. Trump sólo logró inducir un alivio de la coyuntura, preservando todos los desequilibrios de la economía. La pérdida de competitividad industrial persistió, con mayor deterioro del medio ambiente por la renovada explotación del carbón y el shale-oil. La desregulación financiera acentuó los riesgos de nuevas burbujas y la retracción de ingresos por los beneficios impositivos concedidos a los grandes capitalistas agravó el déficit fiscal (Fernández Tabio, 2018).

Trump se estrelló con los mismos obstáculos que afectaron a sus antecesores. Su verborragia y pedantería no tuvieron efectos mágicos sobre la economía. Esa carencia de resultados salió a flote en la crisis que precipitó la pandemia. El desempleo, la caída del PBI y los anticipos de quiebras vuelven a situar a Estados Unidos en el centro de la tormenta. Las bravuconadas ya no disimulan la impotencia que ha caracterizado a su gestión.

OBSTÁCULOS EN AMÉRICA LATINA

Trump recordó, que para recuperar primacía en el mundo, Estados Unidos necesita exhibir poder en su propio hemisferio. Por eso asfixió a los países latinoamericanos con paquetes recargados de mercantilismo (Guillén, 2018).

Priorizó el incremento del superávit comercial. Con excepción de México, la balanza del intercambio con la región es ampliamente favorable a Estados Unidos. Para aumentar ese excedente exigió crecientes compras y estableció nuevas restricciones a las importaciones.

Presionó a la Argentina con la elevación del arancel al biodiesel y difundió una lista de doce naciones infractoras de las normas de propiedad intelectual. A Brasil no sólo le impuso limitaciones al ingreso del acero y el aluminio. Demandó también la presencia norteamericana en el negocio aeronáutico y en las licitaciones de obra pública manejadas por empresas locales.

El magnate puso la lupa en la contención del intercambio comercial de China con América Latina. Ese flujo se multiplicó por 22 veces entre el 2000 y el 2013 y alcanzó en 2017 más de 250.000 millones de dólares. Cada año se tramita la incorporación de algún nuevo país a los convenios de libre-comercio, que ya firmaron Ecuador, Perú y Chile. Beijing ofrece las inversiones y los créditos que retacea su competidor del Norte.

Trump intentó repetir con China la política de presión utilizada para disuadir la presencia europea. El Viejo Continente negocia tratados con varios países (México, Chile) o bloques (MERCOSUR), pero sin disputar primacía con Washington. España afrontó ese techo en la última década. Las tajadas que el capitalismo ibérico obtuvo en las finanzas, las telecomunicaciones y la energía a través de las privatizaciones encontraron un serio límite. Pero ese antecedente no cuenta frente a China, que confronta con Estados Unidos a otra escala regional y mundial.

El descarnado negociante que maneja la Casa Blanca buscó motorizar en la región los tratados bilaterales que sucedieron al fracaso del ALCA. Ese proyecto continental de libre comercio quedó sepultado en la cumbre de Mar del Plata (2005). El camino estadounidense -para acaparar recursos naturales y colocar excedentes- fue desde entonces sustituido por los convenios bilaterales. El gigante yanqui comenzó a negociar acuerdos muy favorables con interlocutores débiles y dispersos.

Obama incentivó esos tratados, pero aspiraba a retomar el sendero multilateral mediante otra versión del ALCA (TPP). Trump frenó ese rumbo por presión directa del sector americanista, que exigió barreras específicas en la industria (acero) y el agro (azúcar). Pero ese curso no obstruyó los negocios del segmento globalista. El equilibrio entre ambos grupos se verifica en el nuevo tratado T-MEC con México y Canadá, que sustituyó al TLCAN.

El histriónico mandatario suscribió esa renovación luego de una intensa campaña de insultos, contra «el peor acuerdo comercial de la historia». La nueva versión fue redactada para satisfacer las heterogéneas necesidades de las compañías yanquis.

Los americanistas de la industria automotriz lograron incrementar la porción de fabricación en suelo estadounidense (Merino; Bilmes, 2020). Sus pares del agro consolidaron la demolición del cultivo local de granos y oleaginosas. México ya importa el 45% de sus alimentos y consume volúmenes siderales de las sobras que acumulan las cadenas gringas (Hernández Navarro, 2020).

Pero también los globalistas de los servicios (Big Data) consiguieron su parte, con las restricciones a las transferencias internacionales de datos. A su vez las empresas farmacéuticas impusieron protecciones adicionales a las patentes y licencias.

Todas las firmas estadounidenses lucrarán, además, con las barreras introducidas a las empresas alemanas y japonesas y con el renovado sometimiento de México. Ese país continúa padeciendo bajas tasas de crecimiento, desempleo, desarraigo rural, contaminación del medio ambiente y explotación de la fuerza de trabajo.

El nuevo convenio también eliminó el arbitraje independiente, para dirimir los conflictos provocados por las empresas yanquis. Qué López Obrador haya evitado la apertura del sector energético y la desregulación de PEMEX no compensa esos perjuicios y sus elogios a Trump han sido patéticos.

El T-MEC retrató en forma acabada los objetivos de Trump. Cambió el nombre del acuerdo, para acentuar su condición de tratado amoldado al dominador del Norte. El convenio buscará reducir el déficit comercial estadounidense a costa de las compañías asiáticas y europeas, que exportan desde México a Estados Unidos. La suscripción del acuerdo fue una excepción en el cúmulo de fracasos del lenguaraz presidente. Pero la reversión del desbalance de intercambios es tan improbable, como la restauración del tercio de empleos manufactureros perdidos en el Medio Oeste.

El T-MEC no compensa la continuada presencia regional de China, que continúa ignorando todas las demandas de desalojo, con crecientes exportaciones a Brasil, México, Chile, Perú y Argentina. Trump intentará un freno adicional a través de la letra chica del convenio. Introdujo una cláusula para obstruir cualquier acuerdo comercial inconsulto de México con China. Anticipó esa presión forzando a Brasil a suspender los proyectos bioceánicos con financiación oriental. Impuso, además, el mismo congelamiento en los emprendimientos nucleares de Argentina.

Pero no logró extender ese sometimiento al abandono de los grandes negocios con China. Ni siquiera Bolsonaro pudo aceptar las prohibiciones contra al adquiriente del 40% de las exportaciones agro-industriales del país. Los mandatarios neoliberales soportan humillaciones, pero necesitan preservar las lucrativas actividades que Estados Unidos quiere confiscar.

Washington sólo exige sumisión frente a las atractivas ofertas de Beijing. Durante la pandemia China, envió los respiradores y medicinas que el tradicional socorrista del Norte acaparó para su propia población. Además, el viejo conflicto de exportaciones latinoamericanas competitivas con el Norte (soja, trigo, petróleo) vuelve a cobrar relevancia, frente a un comprador chino que pondera complementariedades con la economía regional. Por donde se lo mire, también en América Latina falló el proyecto de recuperación hegemónica estadounidense.

VACILACIONES DEL IMPERIO

La supremacía militar es el principal instrumento que dispone Estados Unidos para intentar la reconquista del liderazgo económico. Con su monumental circuito de bases desplegadas por todo el planeta, el Pentágono es el gendarme del capitalismo.

Pero la utilización de esa maquinaria siempre ha dependido de la cambiante capacidad geopolítica detentada por Washington. La belicosidad que prevaleció desde Truman a Kennedy fue sucedida por el replanteo de Nixon, el repliegue de Carter y la contraofensiva de Reagan. El intervalo de Clinton fue seguido por el unilateralismo de Bush y las indecisiones de Obama. Trump emergió en un momento de revisión y procesamiento de derrotas.

Sus inclinaciones belicistas saltan a la vista. Relanzó la guerra de las galaxias con un presupuesto récord, retomó las pruebas de misiles y rompió el tratado de desarme nuclear (Armanian, 2019). Garantizó además ganancias récord a los fabricantes de armas, mantuvo los bombardeos en Siria e Irak y ensayó una mega-bomba de alcance inédito en Afganistán (Medea; Davis, 2020).

Trump reavivó la obsesión por la seguridad y desplegó una brutal retórica belicista. Pero optó por proclamas distanciadas del universalismo protector. No utilizó la mascarada misionera de la intervención humanitaria y evitó calzarse el disfraz de custodio del mundo libre.

Retomó la tradición aislacionista, que presenta la agresión imperial como un favor concedido a los gobiernos desamparados. Subrayó especialmente que esa ayuda debe ser mendigada y remunerada. Destacó que los auxilios prestados por Estados Unidos al resto del mundo tienen un costo, que Occidente debe solventar. Con ese mensaje exigió la financiación europea de la OTAN (Anderson, 2016).

El acoso de China fue la prioridad militar del magnate. Complementó las presiones comerciales con un gran despliegue de la flota del Pacífico y exigió la desmilitarización de los arrecifes del Mar del Sur, para quebrantar el escudo defensivo de su rival. Su menú de provocaciones incluyó la detención de directivos de Huawei, el cierre de consulados chinos, la promoción del separatismo del Tibet, la recreación de complots derechistas en Hong Kong y el auspicio del independentismo de Taiwán.

Obama anticipó ese giro. Desplazó tropas desde Medio Oriente hacia el continente asiático y buscó integrar a la India al bloque anti-chino conformado con Corea del Sur, Japón y Australia. Trump redobló esa política de asedio que propicia el Partido Demócrata, con el visto bueno de Biden (Smith Ashley, 2018).

Pero China disputa el podio de la economía mundial afianzando su poderío militar. Dejó atrás su vieja condición de país periférico y se ubica en las antípodas del protectorado que Estados Unidos mantiene en Japón. La estrecha asociación que a su vez mantiene con la economía norteamericana, transforma a la potencia asiática en un adversario muy distinto al precedente soviético. No es un blanco sencillo para los estrategas de Washington, que deben reconciliar las demandas agresivas del aparato militar con las inclinaciones negociadoras de las corporaciones económicas yanquis (Petras, 2005). Trump no resolvió esa tensión y su estrategia frente a China desembocó finalmente en un coctel de vacilaciones.

LIMITACIONES BÉLICAS

El magnate carga con la pesada herencia de los fracasos militares legados por Bush. La ocupación de Irak fue un fiasco y Afganistán se transformó en un atolladero. Esas derrotas enterraron los ensueños de unilateralismo y «nuevo siglo americano». Las secuelas de esa adversidad explican el cauto manejo bélico de Trump. Las invasiones de los marines fueron reemplazadas por la boconería y las pomposas amenazas vía twitter.

En Siria el millonario retiró tropas, abandonó a los aliados kurdos, avaló el protagonismo de Turquía y aceptó la preeminencia de Rusia. En Afganistán mantuvo los bombardeos reduciendo efectivos y en Corea del Norte archivó el ultimátum. Enfrentó un antagonista con armas nucleares que no puede ser barrido con los mercenarios utilizados en Libia.

Las provocaciones contra Irán han sido más inciertas. Trump jugó con fuego en el asesinato de la principal figura de las fuerzas armadas y en los extraños atentados del estrecho de Ormuz. Pero no aceptó la escalada que propiciaron sus socios israelíes y saudíes. Sostuvo la anexión de Cisjordania y las masacres de los yemenitas, pero no comprometió al Pentágono con otra intervención.

Trump sólo alentó guerras locales de bajo costo para testear la reacción de sus enemigos (Petras, 2018). Ya no cuenta con las alianzas globales que tuvo Bush. Varios aliados flaquean en el exterior (Inglaterra, Francia), otros enfrentan resistencias internas a la militarización (Alemania, Japón) y algunos son más proclives a la negociación que a la confrontación (Corea del Sur) (Rousset, 2018).

La reticencia a ensanchar los conflictos detonó varios pugilatos palaciegos, como el despido de Bolton o la renuncia de Mattis, que potenciaron la desorientación del alto mando. El magnate priorizó una recuperación económica, que exige la continuidad de la preponderancia bélica sin ningún resultado adverso y en ningún momento logró plasmar esa ecuación.

La fallida alianza con Putin dinamitó sus planes. Buscó ese acuerdo con las propuestas de reingreso ruso al G 7 y con el buen trato hacia una potencia, acostumbrada a negociar en las cúspides. Intentó congelar las hostilidades en Ucrania y los misiles en Polonia, pero chocó con el Congreso, los Demócratas y la prensa, que respondieron con un potencial impechment a su condescendencia con Moscú.

Trump alentó la habitual alianza con Rusia contra China que suele propiciar el Departamento de Estado, cuando falla la opción inversa. En los últimos años Kissinger favorecía el entendimiento con Moscú para neutralizar a Beijing, en contraposición Brzezinski que motorizaba el acoso a Rusia, para mantener buenos negocios con China. El establishment siempre ha oscilando entre ambas variantes (Gandásegui, 2018). Pero en esta ocasión, las indefiniciones estadounidenses fortalecieron el dique defensivo forjado por Putin con Xi Jinping.

El magnate tampoco pudo someter a Europa. La irresuelta exigencia de mayor sostén financiero de la OTAN provocó una seria erosión de la alianza transatlántica. Alemania consolidó su comando de la Unión Europea, con mayores ambiciones de negocios propios y creciente autonomía del padrinazgo norteamericano. Ese distanciamiento se afianzó con el divorcio iniciado por Inglaterra para distanciarse del Viejo Continente.

Pero la independencia germana obliga a reconsiderar la gestación de un ejército europeo desligado de Washington. Alemania objeta esa iniciativa, puesto que su carencia de estructuras bélicas colocaría al país en un lugar subordinado. La fractura entre poder militar (Francia) y económico (Alemania) y los divergentes intereses entre los 26 miembros de la Unión Europea impiden forjar un dispositivo militar unificado (Serfati, 2018).

El capitalismo europeo no ha podido emanciparse de la tutela bélica estadounidense y por eso acompañó las incursiones de Irak y Ucrania. Pero ha encontrado un significativo espacio para resistir el reclamo monetario de Trump.

El mandatario yanqui no consiguió las victorias geopolíticas que hace varias décadas obtuvo su admirado Reagan. Tampoco logró la división del campo enemigo que efectivizó Nixon. Sólo se asemeja a este último personaje, en la enemistad con los medios de comunicación y en los disgustos con la burocracia de Washington. El escandaloso morador de la Casa Blanca evitó un Watergate, pero no la ausencia de resultados de su gestión. Falló en restablecer el poder de fuego imperial que necesita Estados Unidos para recuperar un liderazgo económico.

DESVENTURAS EN EL HEMISFERIO

Trump reforzó el control imperial sobre América Latina. Mantuvo el equipamiento del Comando Sur de Miami, con fuerzas equivalentes al Golfo Pérsico o al Mediterráneo y afianzó la jefatura de la IV Flota sobre una vasta red de uniformados y agentes del Pentágono. Las bases de Colombia fueron surtidas del aprovisionamiento requerido para acciones de gran alcance y la supervisión del Amazonas se afianzó con los gendarmes de la zona.

El belicoso mandatario redobló la presión para liquidar la autonomía militar y el equipamiento diversificado de Brasil. Integró a los generales de ese país al diseño continental de Washington y acentuó la conexión de las fuerzas de seguridad argentinas con la DEA, la CIA y el FBI.

La penetración yanqui en las estructuras militares de Latinoamérica se consumó con el manoseado pretexto de enfrentar el narcotráfico. La sangría de México ya ha demostrado que esa excusa sólo encubre la periódica mudanza de plantaciones y guaridas de los carteles. La continuada demanda de narcóticos por parte de consumidores del Norte incrementa los millonarios ingresos de los intermediarios estadounidenses. Las narco-burguesías locales se enriquecen con el negocio que comparten con los financistas gringos del narcotráfico.

Trump consolidó un proceso de militarización que ha potenciado la atroz degradación social de Centroamérica. Las guerras mafiosas se desenvuelven con armamento «made in USA» y la complicidad de estructuras estatales infiltradas por las embajadas estadounidenses.

Pero la gran prioridad del bocón de la Casa Blanca estuvo localizada en Venezuela. Propició todos los complots imaginables para recuperar el control de la principal reserva petrolera del hemisferio. Instaló asesores en las fronteras, financió la auto-proclamación de Guaidó, ensayó la farsa de la ayuda humanitaria, tanteó una guerra eléctrica y auspició incontables asonadas en los cuarteles. Sólo los intentos de invasión a Cuba han superado ese cronograma de incursiones.

El agresor del Norte desparramó también provocaciones para intimidar a las potencias rivales. Retomó la Doctrina Monroe contra la presencia de buques rusos en el Caribe, instalaciones informáticas chinas en Sudamérica o simples visitas de funcionarios iraníes a los países hostilizados. Desplegó ejercicios militares para subrayar su disgusto con esas misiones.

Estados Unidos carece en América Latina de apéndices asociados para ejercer el control militar del continente. No cuenta con un socio estructural e histórico que cumpla el rol de Israel en Medio Oriente o Australia en Oceanía. Por esa razón debe mantener su presencia directa en el hemisferio.

Esa intervención repite la norma de los últimos cien años. Washington siempre recuerda a las clases dominantes locales quién ejercer la jefatura efectiva en la región. Utiliza un variado menú de cooptaciones, chantajes y amenazas para sostener su primacía, saboteando la conformación de un bloque geopolítico latinoamericano unificado y autónomo.

Trump reiteró ese manual del imperialismo con gran nostalgia por las cañoneras de Thodore Roosevelt. Añora las incursiones de Reagan para recapturar Centroamérica y la impudicia de Bush para despachar tropas.

Por eso ha intentado exhibir un perfil de brutalidad decisoria contrapuesto al tinte conciliatorio de Obama. Sustituyó la apertura hacia Cuba por el endurecimiento del embargo y reemplazó la distensión inaugurada con la CELAC y UNASUR por la virulencia de la OEA y el Grupo de Lima. En lugar de ponderar la «alianza entre iguales» que realzan los diplomáticos del continente, enrostró a Latinoamérica la superioridad de Estados Unidos.

Con estas diferencias de trato Trump mantuvo la política de estado hacia la región, que han compartido todos los mandatarios republicanos y demócratas. El magnate arremetió contra Cuba, frente a un antecesor que no levantó el embargo. Conspiró abiertamente contra Venezuela, ante un precursor que dejó correr el fracasado golpe del 2002. Apuntaló una asonada en Bolivia, que coronó operativos similares aprobados por Obama en Honduras y Paraguay.

Con estilos y retóricas muy diferentes, la Casa Blanca siempre apuntala a sus agentes serviles. Trump ha mantenido esa estrategia de larga data, centrada en desplazar competidores externos, anular la autonomía de la burguesía regional y sofocar las rebeliones populares (Morgenfeld, 2017: 359-362).

Pero también en este campo emergió un divorcio entre los dichos y los hechos. Las amenazas del magnate chocaron con la imposibilidad de repetir la intervención a Granada (1983) y Panamá (1989) o la última ocupación de Haití (2010), recubierta de rescate humanitario.

Su principal fracaso se verificó en Venezuela. En el dramático escenario económico-social que afronta ese país, no pudo derrocar al diabolizado chavismo. El secuestro de la petrolera CITGO o la captura de lingotes de oro (junto a Inglaterra), no diluyeron su impotencia frente al gobierno bolivariano. La agenda imperial afrontó significativos obstáculos en América Latina.

SOSTÉN DERECHISTA, CAOS DE GESTIÓN

Trump sintoniza con una oleada marrón en el mundo, que condujo a varios personajes indigeribles a la presidencia. Encarna un tipo de liderazgo que ha canalizado parte del descontento social, con la ruinosa situación generada por el neoliberalismo. Frente al techo que encontraron las protestas populares y la ausencia de respuesta de los progresistas, la derecha capturó ese malestar. En Estados Unidos ese round fue ganado por el TEA Party y no por Occupy Wall Street.

El desbocado mandatario aunó la base conservadora tradicional de los republicanos en la «América profunda», con las vertientes reaccionarias más extremas. Retomó el viejo mensaje religioso, homofóbico y racista, con una nueva carga de resentimientos hacia la burocracia de Washington, los impuestos federales y los intelectuales globalizados.

El magnate prometió restaurar la gloria en un país decepcionado con la gestión previa. Obama defraudó a los afroamericanos agobiados por los asesinatos policiales y a los latinos, golpeados por un récord de expulsión de indocumentados. También desmoralizó a los verdaderos demócratas, frustrados por la continuidad del espionaje interno y a los asalariados, enojados con la destrucción del tejido industrial.

Trump aprovechó un vacío político para hostilizar a los inmigrantes. Exaltó la identidad anglosajona y atacó el multiculturalismo cosmopolita imperante en las dos costas. Desde el sillón presidencial profundizó su burda alabanza a la pureza americana y con una catarata de exabruptos comandó el proyecto derechista más audaz del mundo desarrollado.

A diferencia de sus pares europeos logró superar la marginalidad política atrapando una de las grandes formaciones partidarias. No debió lidiar con la ausencia de identidad nacional homogénea o con el temor a corroer la moneda común que impera en el Viejo Continente. Tampoco tuvo que transitar por el tortuoso camino del irresuelto Brexit (Anderson, 2017). Pero esas ventajas no bastaron para consolidar su mandato.

Gestionó durante cuatro años una incontable secuencia de escándalos, peleas y despidos. Las memorias que difunden sus despechados funcionarios retratan una administración caótica y sujeta a los caprichos de un imprevisible timonel. Trump se desdijo hasta el cansancio, clausuró y reabrió dependencias, cerró y reinicio el Congreso y estuvo al borde de un desplazamiento por acusaciones de corrupción. Siempre mostró los dientes y subió la apuesta en las feroces internas. Pero el barullo de su administración confirmó su incapacidad para cohesionar un proyecto de reconstrucción imperial.

Trump es un reaccionario que auspicia la represión, coquetea con el suprematismo blanco e induce provocaciones paraestatales de las milicias. Pero no forjó un régimen fascista. Ese término es erróneamente utilizado como sinónimo de autoritarismo o insania presidencial (Bhaskar, 2019). Con esa etiqueta se omite la enorme distancia que lo separa del fascismo clásico de entreguerras.

Actualmente no impera un marco de guerras interimperialistas, levantamientos revolucionarios o amenazas comunistas. Las clases dominantes no auspician la reconquista bélica de territorios, el terror para demoler sindicatos o el confinamiento de las minorías. El léxico brutal no define a un fascista (Riley, 2019).

El bonapartismo es un concepto más apto para caracterizar al personaje que el mote vacío de populismo. Trump intentó combinar el liderazgo carismático con el manejo unipersonal de un sistema plutocrático. Gobernó en sistemática tensión con la burocracia estable, la cúpula del Partido Demócrata y la elite de la comunicación. Pero no logró construir una jefatura efectiva del estado. Su débil bonapartismo desembocó en simple incoherencia y ausencia de resultados (Cinatti, 2018).

El BOOMERANG DE LOS LATINOS

Trump desplegó una furibunda agresión contra los latinos. Para movilizar a su base derechista reavivó el imaginario conservador, que atribuye el fin del sueño americano a la afluencia de trabajadores foráneos.

Esa mirada identifica el declive del capitalismo yanqui con los flujos inmigratorios, cuando esa corriente genera un contrapeso a esa regresión. Los jóvenes extranjeros compensan el envejecimiento de la fuerza laboral y nutren de cerebros a los sectores más dinámicos. La simplificación chauvinista ignora estos datos, para potenciar la desesperación de los estadounidenses afectados por la precarización y el desempleo.

El perverso mandatario incentivó el resentimiento de los blancos empobrecidos contra los latinos, con un viejo libreto de odio de las clases medias hacia los desamparados. Retomó la antigua receta del racismo sureño contra los afroamericanos. Con esa estrategia construyó una base política autónoma para sostener sus insultos contra los latinos «invasores», «delincuentes» y «violadores».

Trump comenzó su espantosa prédica con una convocatoria a construir el muro fronterizo que debía frenar el aluvión de drogas. Sólo omitió que el grueso los narcóticos ingresa por otra vía. Autorizó redadas para cazar indocumentados en las grandes ciudades, soslayando las plantaciones, que no podrían levantar sus cosechas sin el auxilio de los migrantes (Majfud, 2019).

El brutal mandatario llegó al extremo de promover la separación de las familias en los campos enjaulados de la frontera. Durante la pandemia suspendió los visados argumentando que los extranjeros introducen el virus. Pero olvidó que una represalia equivalente cerraría el acceso de todos los estadounidenses al resto del mundo.

Muchas diatribas del presidente no traspasaron el universo del verbo. La construcción del muro avanzó lentamente y México no cargó con su financiación. La deportación de dreamers quedó bloqueada por las apelaciones judiciales y la indignación social frenó la separación de padres e hijos indocumentados. Tampoco la publicitada militarización de la frontera redujo las caravanas de centroamericanos, que necesitan expatriarse para sobrevivir.

Trump combinó la agresividad interna contra los latinos con el apoyo a la restauración conservadora en toda la región. Buscó recrear la vieja subordinación de los gobiernos serviles al amo imperial. Forjó un enlace especial con tres dinosaurios (Duque, Bolsonaro y Macri) que comparten su miopía derechista y su ceguera neoliberal.

El magnate intentó extender a Sudamérica la red de convergencias, que enhebró con personajes tan abominables como Bin Salman o Netanyahu. Esa coincidencia con déspotas y criminales sintonizó con su activo sostén de los golpistas (Añez), los represores (Piñera) y los usurpadores (Lenin Moreno).

Pero el renovado sometimiento de sus vasallos no resucitó la vieja dominación yanqui. Ni siquiera los colonizados presidentes de la región pudieron sostener el idilio con un mandatario que desprecia a todos los nacidos en Latinoamérica. Las burlas y desplantes del plutócrata erosionaron el entreguismo nativo, en un marco de coincidentes encuestas que resaltan el abrumador repudio a Trump en toda la zona.

Ese rechazo no reconoce fronteras y ha sido potenciado por el fracasado intento de reconstruir el Ministerio de Colonias de la OEA. Todo el empeño que pusieron los trogloditas del Departamento de Estado (Abrams, Rubio, Pompeo) para sustituir los mecanismos autónomos de UNASUR y CELAC por el servilismo del Grupo de Lima tuvieron magros resultados. No lograron forjar coberturas suficientes para la conspiración contra Venezuela, el embargo contra Cuba o el golpismo en Bolivia.

Al desconcertar a sus títeres del Sur Trump cavó su propia fosa. Los mensajes de egoísmo nacional sepultaron el disfraz auxiliador del imperio y quebrantaron el sostén geopolítico de su proyecto.

REBELIONES EN LA PROPIA CASA

El viraje represivo actual en varios países de América Latina es enfáticamente aprobado por Trump. Comparte el despliegue de la violencia estatal contra el descontento popular y aporta especialistas para ese atropello. Ya reactivó los organismos y fundaciones yanquis dedicados a espiar y desorganizar los movimientos de resistencia. Las embajadas han recobrado protagonismo en ese trabajo conspirativo.

La tradicional rebeldía de América Latina prende todas las alarmas de Washington. Las sublevaciones que irrumpieron en las últimas dos décadas inquietan a un mandante imperial, preocupado por los rebrotes del ciclo político progresista que disputa con la restauración conservadora.

La vitalidad de la lucha social en la región se verificó el año pasado, en una secuencia de batallas que apuntaló victorias y contuvo los retrocesos. Las revueltas desenmascararon en Chile el modelo neoliberal y doblegaron en Ecuador el ajuste del FMI, pero no evitaron el golpe en Bolivia y la persistencia de los atropellos en Brasil. Las protestas sacudieron también a Colombia, Haití y Honduras y la derecha perdió su manejo del gobierno en México y Argentina, pero el ajuste neoliberal se mantuvo en el grueso del continente. La pandemia sólo introdujo un paréntesis en estas convulsiones.

Pero lo que nadie previó fue el estallido de enormes protestas en el propio corazón del imperio. La rebelión de los afroamericanos ha convulsionado a las grandes ciudades estadounidenses, con manifestaciones multirraciales contra la impunidad policial. La enorme popularidad de esas movilizaciones neutralizó la reacción represiva de Trump (Catalinotto, 2020).

Esa sublevación converge con el rebrote de las huelgas y el gran protagonismo de una nueva generación que renueva la épica de los años 60 (Carbone, 2020). Los estandartes de las marchas («no puedo respirar», «las vidas los negros valen») reavivan la insubordinación y obligan a revisar el legado de la esclavitud. Las iniciativas para arrodillarse cuando se entona el himno nacional o para derribar los monumentos insultantes ilustran ese viraje (Sharon Smith, 2020).

La lucha de los afroamericanos es la primera acción callejera de envergadura e impacto internacional luego de la pandemia. Esa reacción tiene un gran impacto sobre América Latina y reconecta las resistencias populares de ambas regiones, al cabo de un prolongado divorcio.

La enorme población latina de Estados Unidos podría articular ambos procesos. Los inmigrantes, residentes, descendientes e indocumentados conforman una comunidad vilipendiada por Trump y denigrada por los gobernantes derechistas que forzaron su expatriación.

El repudio al presidente más anti-latino de historia americana crea puentes entre el antiimperialismo latinoamericano y el progresismo estadounidense. En el Norte se batalla por un sistema de salud y educación universitaria gratuitos y en el Sur por la redistribución del ingreso y la contención de la hemorragia que provoca la deuda externa. El enorme impacto de Sanders y de los candidatos radicales que lo acompañan ha establecido un nuevo cimiento de convergencia con la izquierda latinoamericana.

¿FRACASO PARCIAL O DEFINITIVO?

Para lograr la reelección Trump no sólo debe disimular el incumplimiento de sus promesas. Necesita también esconder su irresponsabilidad criminal en el manejo de la pandemia. Con negacionismo e improvisación multiplicó el número de muertes, el récord de contagiados y el caos sanitario. Su figura será recordada por la indiferencia ante las fosas comunes. Ahora decidió forzar el retorno al trabajo y la apertura de los colegios, para crear el clima de normalidad requerido para sostener su candidatura (Davis, 2020). No repara el costo humano de esa aventura.

Trump sube la apuesta de provocaciones frente a un adversario demócrata, que ha optado por el silencio para disputar el voto conservador. Busca activar su base de adictos contra ese inmovilismo de Biden. Las encuestas lo desfavorecen, pero construyó su carrera en esa adversidad y ensayará un clima de virulencia electoral para posicionarse en la recta final (Morgenfeld, 2020).

El sistema electoral no exige mayoría de votos, sino simple superioridad de delegados y un sufragio con los inconvenientes de la pandemia y el voto por correo favorece todo tipo de tropelías.

Pero el imprevisible resultado de esos comicios no modificará el fracaso de su gestión. Sólo determinará el relanzamiento o naufragio de su proyecto. Trump no logró en cuatro años la recomposición de la economía estadounidense. El resto del mundo no sostuvo esa recuperación y el rival chino continuó ascendiendo. Desplegó exhibiciones de belicismo que no compensaron su impotencia en los escenarios de conflicto. Esas limitaciones acotaron el intervencionismo en América Latina y erosionaron su capacidad interna de mando. Ahora confronta con protestas radicales que lo desafían en la calle.

Este balance de la gestión de Trump es insoslayable para evaluar lo que podría suceder si gana o pierde en noviembre. Su programa no encarna el capricho de un lunático. Expresa una de las estrategias en juego del poder capitalista, que las clases dominantes mantendrán o corregirán después de la elección.

 

RESUMEN

Los desenfrenos de Trump encubrieron sus fracasos. No logró recuperar la economía estadounidense, ni frenar el desafío chino. Tampoco consiguió la neutralidad rusa o el sometimiento de sus socios occidentales. Ni siquiera la renovación del tratado bilateral que impuso a México inició la recaptura de América Latina.

Confrontó con un adversario muy distinto a la Unión Soviética, evitó poner a prueba el poder imperial y disfrazó sus vacilaciones con bravuconadas. Eludió invasiones y no pudo derrocar al chavismo.

El caos de su gestión socavó sus pretensiones autoritarias y las agresiones contra los latinos afectaron la sumisión de la derecha regional. Terminó afrontando una revuelta de los afroamericanos que converge con las luchas populares del hemisferio. Su impotencia salió a flote en la pandemia y la clase dominante definirá si relanza o sustituye su proyecto.

 

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Fuente: https://katz.lahaine.org/seccion/economia-internacional/

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La economía de la pos-pandemia en disputa

Por: Claudio Katz

La enorme dimensión de la crisis económica argentina salta a la vista y no es consecuencia de la cuarentena. Es un efecto de la pandemia que ha desencadenado en todo el mundo una impactante crisis capitalista. El virus se ha expandido en forma dramática bajo un sistema social regido por la desigualdad, la miseria y la explotación.

Este diagnóstico contrasta con la presentación derechista de la crisis como una desgracia argentina, provocada por el «populismo» y la «dictadura de sanitaristas». Los voceros de la anticuarentena ocultan que la economía se desploma en todo el planeta junto a un dramático número de muertos. Las políticas negacionistas amplifican esos fallecimientos y las estrategias de protección contienen la tragedia.

Los derechistas no pueden brindar un sólo ejemplo de su mágica solución de pocas víctimas y pleno funcionamiento de la economía. Omiten que sus modelos de Brasil, Chile o Perú han conducido a catástrofes sanitarias y a desplomes de la producción.

Pero también es evidente que el cuidado de la salud priorizado en Argentina coexiste con una terrible depresión económica. Ya impera un dramático tobogán descendente del nivel de actividad.

Después de dos años de aguda recesión se avizora una nueva contracción del producto del 9,9%% y crece el peligro de cierres masivos de empresas, con la consiguiente explosión del desempleo. La pobreza podría alcanzar el 50% recreando un escenario muy semejante al 2001. Los últimos datos de abril indican una caída del 26,4% del PBI, que supera el descalabro récord de marzo de 2002 (16,7%).

El cuatrimestre acumula un declive productivo del 11% que corona 30 meses seguidos de retracción. La tasa de crecimiento requerida para compensar ese derrumbe debería superar ampliamente las previsiones de muchos analistas (3,9%-4,3% para 2021). Registrar la gravedad de este contexto es el punto de partida para elaborar un urgente plan económico. Lo peor no pasó y «el último esfuerzo» de la cuarentena para contener las infecciones será el debut de los gravísimos problemas que afrontará una economía demolida.

La reconstrucción puede transitar por dos modelos contrapuestos. Un camino está signado por la desigualdad, en un marco de precarización laboral, primarización y extractivismo. El esquema alternativo supone la revitalización del ingreso popular, la recuperación del empleo y la reindustrialización. Esta conocida disyuntiva entre el ajuste y la redistribución se dirime en varios planos.

POLÍTICAS ECONÓMICAS CONTRAPUESTAS

Desde hace varios meses la economía sobrevive con socorros estatales. Ese protagonismo de la intervención pública -que repite lo ocurrido en todas las crisis anteriores- es silenciado por los neoliberales. Disimulan la total inviabilidad de sus doctrinas de reinado del mercado en las situaciones de emergencia.

La acción del estado nacional se asemeja a las iniciativas imperantes en todo el mundo, pero con subsidios muy inferiores a las economías centrales. La continuidad del sostén estatal luego de la pandemia está fuera de discusión, pero el monto y distribución de los recursos públicos suscita grandes controversias.

La derecha exige privilegiar las subvenciones a los grupos de poder, para inducir una reactivación con alta concentración de capitales. Auspicia la quiebra de las empresas insolventes para facilitar su captura por los grandes conglomerados. Propicia una nueva versión de la «doctrina del shock», que utilizan los sectores dominantes en la crisis para imponer atropellos neoliberales.

Ese modelo fue explicitado por la firma aérea LATAM, que condicionó su permanencia en el país al achatamiento de los salarios y a la destrucción de las normas laborales. El mismo esquema propician las empresas de servicios (Globo, Rappi) que redujeron sueldos y las compañías que exprimen a los asalariados con el teletrabajo.

Para imponer su ajuste recesivo los derechistas exigen un recorte de la emisión, reflotando los temores inflacionarios que suscita la expansión de la masa monetaria. Pero no toman en cuenta el efecto inverso que genera la depresión del consumo y omiten la insoslayable necesidad de liquidez para cualquier reactivación.

Un control efectivo de los precios -en los mercados altamente concentrados de bienes básicos- permitiría contrarrestar el peligro del rebrote inflacionario. Con la ley de abastecimiento y ciertas medidas de control vecinal se podría contrarrestar la aceleración de la carestía, que no es una inexorable desventura de Argentina.

Las mayorías populares necesitan una sólida reactivación del mercado interno asentada en la restauración del poder adquisitivo. Es el sendero contrapuesto al ajuste ansiado por los neoliberales. La unificación de los planes de asistencia en torno a un ingreso universal significativo y la recomposición del salario serían dos pilares de esa recuperación.

Es vital incrementar los sueldos en el sector formal para detener la perversa dinámica actual de redistribución de la pobreza. El ajuste de los asalariados en blanco para sostener a la paupérrima asistencia de los precarizados es una tendencia nefasta. Refuerza la igualación hacia abajo y el financiamiento de la supervivencia de los más necesitados con los recursos de otros trabajadores. Esa involución se verifica en el terreno de las jubilaciones y debe ser revertida de inmediato.

El relanzamiento de la obra pública con significativa gestión desde abajo constituye el segundo eje de un plan económico progresista. Hay muchas propuestas de organizaciones sociales para generar cuatro millones de puestos de trabajo al año, mediante programas administrados en forma coordinada por los movimientos, los sindicatos y los municipios.

El tercer basamento de un proyecto redistributivo es el reflote de la industria nacional. En la pandemia se ha demostrado que resulta factible reconvertir muchas actividades a las necesidades prioritarias del país. El ejemplo de fabricar respiradores podría extenderse a otros productos y ramas industriales.

Estas iniciativas requieren una amplia financiación con bajas tasas de interés, que presuponen un cambio radical en el sistema financiero. El planteo progresista debe ubicarse en las antípodas del ajuste y requiere mayor gasto público con mayores recursos.

Frente a estas dos grandes opciones el gobierno transita por el camino intermedio que inauguró antes de la pandemia, oscilando entre las mejoras y el torniquete. Otorgó alivios sociales (aumentos de la asignación universal y las jubilaciones mínimas, congelamiento de tarifas, tarjeta alimentaria). Pero también avasalló derechos como la suspensión de la movilidad de las jubilaciones.

En la emergencia actual ha persistido con su política de quedar bien con todos. Por un lado adopta medidas de sostén a los desamparados, solventando gran parte de los salarios bloqueados por la parálisis de la producción. Dispuso un tercer tramo de las ATP que involucra montos siderales y ha otorgado con el IFE auxilios a casi 9 millones de personas. Además congeló los alquileres, las hipotecas y las ejecuciones por falta de pago y anunció créditos a tasa cero para el consumo de los monotributistas y los autónomos.

Pero el gobierno también socorre a los poderosos y facilita los subsidios a los CEO de las grandes empresas. Ese absurdo auxilio estatal a los ejecutivos fue parcialmente corregido cuando se detectó que su utilización para la compra de dólares. Los receptores de la subvención ya no pueden adquirir divisas, distribuir utilidades o realizar erogaciones con otras empresas vinculadas.

El oficialismo se comprometió formalmente a prohibir los despidos, pero en los hechos no detiene su expansión. El Ministerio de Trabajo evita las informaciones diarias que provee su par de la Salud. No esclarece cuál es el mapa real de las licencias y las suspensiones. El caso testigo fue Technit. Luego de afirmar que no aceptaría los despidos avaló su concreción.

Además, el recorte de sueldos tiende a generalizarse con el pasivo aval de las autoridades y los jubilados han sufrido otro ajuste de la movilidad, inferior al que hubiera correspondido por la inflación. El pago del aguinaldo en cuotas ya es un hecho y se extiende a muchos sectores. En síntesis: la política económica constituye la primera área de disputa entre el ajuste y la redistribución, frente a un gobierno que elude las definiciones.

EL TEST DE VICENTIN

La contraposición de modelos se verifica en la intervención del estado frente a las grandes quiebras. Por eso la cesación de pagos de Vicentin se ha transformado en un caso testigo de la política oficial.

La derecha motoriza una impúdica acción de apoyo a la firma que encabezó el financiamiento de la campaña electoral de Macri. Despliega banderazos y movilizaciones para torcer la decisión oficial de expropiar la empresa, con argumentos extraídos del Reino del Revés.

Presentan a Vicentín como una firma que desarrollaba normalmente sus actividades, hasta que desembarcó un estado obsesionado con la toma de la empresa. Sólo olvidan que la compañía quebró y ha dejado un tendal de impagos. Los cómplices de ese fraude convocan a «resguardar la propiedad privada», omitiendo que la empresa vulnera ese principio al desconocer los contratos con sus proveedores. Tampoco explican el default de un holding que exportó más de la mitad de su producción, en un año con buena cosecha, aprovechando la megadevaluación y el aceitado financiamiento estatal.

Los directivos buscan impunidad ocultando las pruebas de su desfalco. El «stress financiero» que aducen no tiene ninguna credibilidad y las justificaciones centradas en la «mala gestión» o el «apalancamiento de operaciones comerciales» son inconsistentes. Los indicios de la estafa son abrumadores.

Ya existe un juicio en Nueva York para rastrear los activos escondidos en paraísos fiscales y se investiga el dinero obtenido por la sorpresiva venta de la principal firma del grupo (Renova) a Glencore. Esa multinacional gestiona una intrincada red off shore que habría facilitado la expatriación del dinero negado a los acreedores. Hay serias sospechas de un vaciamiento consumado mediante traspasos de recursos a las filiales de Vicentin en Paraguay y Uruguay.

El fraude es también encubierto por la justicia penal que cajonea la causa para proteger al ex presidente del Banco Nación. González Fraga autorizó un préstamo a la compañía por montos que superan las normas de la entidad, sin exigir garantías y fraguando la calificación del crédito.

El gobierno reaccionó rápidamente frente al peligro de desguace o extranjerización de la empresa. Percibió que los grandes jugadores foráneos del negocio alimentario (Dreyfuss, Glencore, Cargill) ansían la captura de la compañía. Por eso propició inicialmente una expropiación, buscando favorecer la creación de una empresa testigo del comercio exterior. Como Vicentin cuenta con instalaciones de acopio y puertos propios, su pertenencia al sector público permitiría neutralizar las conocidas maniobras de evasión fiscal (retención de divisas y subfacturación de exportaciones). Esa solución facilitaría, además, las negociaciones directas de estado a estado con el estratégico socio chino.

La estafa de Vicentin es investigada por muchos organismos. Hay una comisión bicameral en el Congreso y otra en la provincia de Santa Fe, que estudian el grotesco vaciamiento patrimonial, a través de donaciones y llamativos familiares en la lista de acreedores. Lo ocurrido en otro ámbito de la justicia penal -el desmonte de la red de espionaje ilegal montada por Macri- ilustra cómo se puede actuar con celeridad y contundencia. El esclarecimiento de lo ocurrido con Vicentin debería seguir ese antecedente.

Es vital recuperar el dinero de la estafa incorporando todos los activos ocultos de la empresa a la gestión de la quiebra. Existe el grave peligro de repetir lo sucedido con numerosas «argentinizaciones» que vaciaron el erario público (Correo, Aguas, Marsans-Aerolíneas, Repsol). Las indemnizaciones y juicios de esas estatizaciones engrosaron la fortuna de muchos capitalistas. Vicentin no debe terminar con otra socialización de pérdidas solventada por el pueblo argentino.

Se puede doblegar a la derecha y forjar una empresa pública bajo control social mediante la movilización popular. Hay grandes diferencias con el escenario de la 125. Ya no existe un bloque agrario homogéneo comandado por la Mesa de Enlace. Al contrario, hay filiales de la SRA (Córdoba) y un gran sector de la FA (Buzzi) que denuncian el desfalco de Vicentin.

Pero el gran escollo son las vacilaciones del gobierno. La iniciativa de expropiación fue sustituida por una intervención, que brindaba un extenso plazo para encubrir la estafa y negociar la venta de la compañía a los acreedores extranjeros. Como el juez afín a la empresa frenó esa intervención, los mismos directivos siguen al frente de una firma parada, que no compra granos y agrava su quebranto,

No se sabe si el oficialismo insistirá con el proyecto de expropiación. La derecha exhibe fuerza frente a la inacción de un gobierno, que aceptó el desafío del juez concursal a la autoridad presidencial. Hay muchos caminos para vencer pero la tibieza conduce al resultado opuesto.

OTRO SISTEMA FINANCIERO

En la crisis actual se ha confirmado el escollo que representa la estructura bancaria para una reactivación de la producción. La queja de la pequeña y mediana empresa ilustra cómo las entidades obstruyen el otorgamiento de créditos. No cubren los cheques rechazados, convalidan la ruptura de la cadena de pagos, niegan préstamos para pagar sueldos y mantienen altas tasas de interés.

Los bancos tampoco permiten las operaciones en descubierto y recurren a infinitas maniobras para eludir la refinanciación de las tarjetas de crédito. Esgrimen el pretexto de una baja calificación de las PYMES, para impedir la redistribución de los préstamos del estado entre sus clientes. Viven en un mundo aparte, ignorando el tremendo escenario creado por la demolición del consumo.

Frente a empresas que se hunden y entidades que demoran el financiamiento, el Banco Central responde tarde, mal y sin ninguna convicción. Sólo exhorta a los financistas a modificar su conducta y a lo sumo emite sugerencias de mayor control que tampoco implementa. Esa reacción oficial sólo profundiza el dramático escenario de una economía sin financiamiento.

Los monumentales paquetes de auxilio estatal se canalizan a través de bancos, que continúan definiendo a quién le llega el dinero. Cómo los financistas no quieren riesgos, ni afectación de sus ganancias, retacean la colocación de los auxilios. Mantienen el insólito privilegio de no perder un centavo, en medio del generalizado desplome del mercado interno.

Los bancos se han acostumbrado al parasitario negocio de prestarle al estado. Por eso ofrecen tan poco crédito al sector productivo. Bajo el macrismo perfeccionaron la práctica de utilizar el grueso de los depósitos en la intermediación con las Leliqs. Han ganado fortunas sin realizar ninguna expansión genuina del crédito y el año pasado duplicaron sus ganancias con la gran bicicleta de los bonos públicos.

El gobierno convalida esa perversa dinámica que acentúa el desplome de la economía. A lo sumo ha obstruido la distribución de utilidades entre los banqueros. Elude imponer la concesión de créditos a tasa cero para PYMES al borde del abismo, con mecanismos para financiar las eventuales pérdidas con los lucros acumulados por las entidades.

Hay muchos instrumentos para que los bancos colaboren con su propio patrimonio a la actual emergencia. Pero sería necesario declarar la utilidad pública del sistema financiero y restaurar la regulación estatal del manejo de los depósitos que regía hasta los años 70. Es insostenible un status quo de bancos públicos agobiados y entidades privadas florecientes.

Hay que actuar antes que la derecha desate su previsible campaña de terror sobre los pequeños ahorristas. Son expertos en sembrar el pánico con augurios de salida de los depósitos, brecha del dólar paralelo y derrumbe bursátil. Ese temblor es una posibilidad siempre latente en el dramático escenario económico que se avecina. Si el sistema financiero continúa operando sin ningún control estatal efectivo, volverán a irrumpir las grandes convulsiones en el circuito bancario.

UN IMPUESTO DECISIVO

Cualquier modelo económico afronta el durísimo escenario de arcas públicas agotadas. La recaudación se ha desmoronado y el déficit fiscal primario promedia 5 puntos del PBI. La cobertura con emisión de semejante agujero fiscal choca con evidentes limitaciones. Por esa razón se debate el impuesto a las grandes fortunas, que ha sido un gravamen muy corriente en las situaciones de emergencia.

La derecha se opone argumentando que «la presión tributaria es muy elevada». Pero los datos del Banco Mundial sitúan a la Argentina en un lugar internacional intermedio, próximo a Estados Unidos y muy por debajo del promedio europeo. La imagen de un país agobiado por impuestos es otro mito del neoliberalismo. Hasta la presidenta de Alemania recordó recientemente que los ricos de Argentina tributan muy poco, en comparación a los pares de su país.

Para bloquear el gravamen a la riqueza los poderosos despliegan una campaña de engaños. Afirman que el impuesto será inconstitucional a pesar de su aprobación por el Congreso y preparan una impugnación judicial, para defender sus privilegios con la complicidad de sus socios en los tribunales.

Los derechistas también argumentan que ese impuesto «no se aplica en ninguna parte del mundo», ignorando las incontables modalidades internacionales de tributos a la riqueza. Afirman que las «empresas no podrán afrontar ese pago en la crisis actual», omitiendo que se gravará el patrimonio y no los beneficios corrientes de las compañías. Dicen que golpeará duramente a la clase media, cuándo afectará sólo a un puñado de la población. Ninguno de los 15.000 multimillonarios alcanzados por el tributo integra los estratos medios del país.

Los neoliberales suelen exigir la «reducción del salarios de los políticos» para evitar el nuevo impuesto. Pero salta a la vista la desconexión entre ambas propuestas. Con la disminución de esas remuneraciones se recaudaría una porción insignificante del gravamen en discusión. Difunden esa disparatada idea, porque en su imaginario la administración pública debería ser gestionada por millonarios que no necesitan retribución. Con esa misma concepción elitista pregonan el reemplazo de los impuestos al patrimonio por donaciones voluntarias de los acaudalados.

El tratamiento del impuesto no tiene grandes secretos. Desde hace meses circulan varios proyectos para tasar el 1,5 % de las grandes fortunas personales, afectando al núcleo de millonarios que tributa en los escalones más altos del gravamen a los bienes personales. Otras iniciativas proponen tomar como referencia una tasa del 2% a los montos declarados en el último blanqueo del 2017. Algunos municipios -como Castelli- ya establecieron un aporte obligatorio para los vecinos con alto patrimonio. Lo recaudado se destina a reforzar la infraestructura sanitaria local.

La inmediata implementación del impuesto a la riqueza constituiría la primera advertencia de peso a los evasores del fisco. Los grandes capitalistas no sólo gozan de total impunidad para eludir sus obligaciones. Suelen exigir socorros en la crisis, olvidando su habitual práctica de evasión en la prosperidad.

La nueva gestión de la AFIP ha descubierto la gran trama de complicidades que regía en la administración macrista, para encubrir cuentas ocultas al fisco en el exterior por cifras siderales. De esa investigación surge que en el último blanqueo se transparentó sólo un tercio de los 400 mil millones de dólares radicados fuera del país.

La auditoria de esa evasión se ha tornado más sencilla, a partir de los acuerdos impositivos suscriptos con diversos organismos (como la OCDE) y resulta posible comenzar a rastrear las sumas depositadas en los paraísos fiscales. No hay impedimentos técnicos o jurídicos infranqueables, si existe la voluntad política de terminar con el fraude fiscal de los capitalistas.

El principal indicio de esa decisión sería la sanción del impuesto a la riqueza, que arrastra una inadmisible demora. En el oficialismo nadie explica por qué razón se pospone esa iniciativa. Seguramente inciden las presiones de grandes lobbies como la UIA, que ya se pronunció en contra del impuesto. Esa actitud confirma que el drama de la pandemia no conmueve a los poderosos.

El gravamen no es sólo insoslayable para afrontar la emergencia actual. Permitiría comenzar a dotar de ingresos genuinos a un modelo de reactivación asentado en la redistribución del ingreso. Además, con ese impuesto Argentina podría encabezar un giro internacional en materia impositiva. Distintos proyectos de «tasas Covid» se evalúan actualmente en España. Rusia, Italia, Suiza e Inglaterra, Alemania, Brasil, Ecuador, Chile, Bolivia y Perú.

El gravamen contribuiría a incentivar los proyectos internacionales de reforma fiscal, que se promueven para introducir impuestos progresivos sobre los servicios digitales y los elevados beneficios empresariales. Esa iniciativa busca eliminar los paraísos fiscales que absorben los recursos faltantes para el gasto social de los estados. En la sanción del impuesto a la riqueza se disputa quién ganará la primera partida de la puga entre modelos económicos neoliberales y progresistas.

LA DEUDA POR MAL CAMINO

El financiamiento de la reactivación también depende de los egresos del sector público y el consiguiente manejo de la deuda. Es sabido que Macri dejó un pasivo impagable que precipitó la cesación de pagos. Esa gigantesca deuda condiciona todo el devenir de la economía.

Inicialmente el gobierno propuso un drástico canje para posponer cualquier pago durante tres años. Promovió una quita de 65% y una reducción de las tasa de interés al 2,3%. Calculó que la deuda externa privada de 66.238 millones de dólares sufriría un recorte de 41.600 millones y señaló que esa disminución era acorde con la cotización de los bonos argentinos en el mercado (30-35% de su valor original). Destacó que la oferta era semejante a la solución encarada por Kirchner en el 2005 para resolver el default heredado del 2001 y anunció que era la única propuesta sustentable.

La derecha desató de inmediato una gran presión para modificar la oferta en estrecha sintonía con los acreedores. Actuó como vocera de fondos de inversión, que difieren sustancialmente de los tradicionales prestamistas de Argentina. Fidelity, BlackRock o Ashmore administran grandes carteras de inversión divorciadas de las regulaciones corrientes del sistema bancario. No gestionan depósitos, ni créditos. Sólo especulan con incontables títulos de países o empresas y por eso negocian con más brutalidad que sus antecesores.

Conformaron rápidamente varios comités con lobistas para exigir nuevas propuestas de «buena fe» con «ofertas amigables». Sus clones repiten una y otra vez que el rechazo de esa sumisión conducirá al precipicio. Esgrimen el fantasma del default, afirmando que «nadie prestará dinero al país luego de la pandemia». Pero omiten que esos créditos ya son negados en la actualidad. Macri dejó al país fuera del mercado crediticio y la continuada cesación de los pagos refuerza esa restricción.

Los propios derechistas reconocen que la persistencia del default no tiene grandes implicancias en el corto plazo. Además, no se sabe si la canilla de préstamos externos volverá a abrirse luego de un canje. Tampoco son relevantes los juicios en el exterior que podrían entablar los acreedores para embargar bienes del estado. El monto de esos activos es muy bajo en comparación a los pagos demandados.

La escasa incidencia financiera del default se extiende a la órbita comercial. Es muy difícil que China deje de comprar soja o carne por la cesación de pagos o que Brasil restrinja la importación de los componentes requeridos para su producción automotriz.

En lapsos más prolongados resulta imposible formular previsiones serias. Es evidente que Argentina no será el único país con problema de pagos en la tremenda crisis actual. Hay una imperiosa necesidad de utilizar todos los recursos disponibles para la reactivación interna y no se debe distraer un sólo dólar de esa prioridad

Algunos neoliberales afirman que el default recreará los juicios con los fondos buitres, que bajo el macrismo forzaron desembolsos por 15 mil millones de dólares. Pero no explican por qué razón debería repetirse esa dilapidación. La derecha presiona con amenazas retóricas y con periódicas corridas cambiarias. En esas maniobras participan intensamente los intermediarios del canje, que están apurados por cobrar sus comisiones.

Un planteo genuinamente progresista se ubica en el polo opuesto y transita por la inmediata suspensión del pago de intereses. Los acreedores no pueden quedar eximidos de los esfuerzos solicitados a toda la población durante la pandemia.

En el dramático escenario económico que se avizora, el default no es el fin del mundo y resulta preferible a un mal acuerdo. La derecha es experta en campañas de miedo, pero la experiencia enseña cuán terribles son las consecuencias de aceptar sus exigencias.

Antes de implementar cualquier pago habría que completar la auditoría de la deuda para discriminar las erogaciones. No está en debate un simple desconocimiento de la deuda, sino el esclarecimiento de su legitimidad, distinguiendo los componentes validos y fraudulentos del pasivo.

Esa investigación fue parcialmente encarada por el Banco Central, que en un reciente informe confirmó lo que ya se sabía: toda la deuda legada por el macrismo encubre una monumental fuga de capitales. En cuatro años esa salida involucró 86.200 millones de dólares, es decir el grueso del pasivo contraído. El informe no explicita los nombres de los involucrados en esa operación, pero señala una altísima concentración de empresas e individuos. Cualquier canje de la deuda desconociendo esa auditoría convalidará la estafa. Transferirá a toda la sociedad una obligación contraída el puñado de millonarios que fugó ese capital.

En este terreno crucial de la deuda gobierno ya aflojó su postura inicial y aceptó las demandas de los acreedores. Licuó especialmente el aspecto más interesante de la primera oferta que era la suspensión de todos los pagos durante tres años. Ese período se ha reducido a dos y hay versiones de giros escalonados a partir del 2021. El impostergable respiro que necesita la economía para comenzar un proceso de recuperación quedaría seriamente amenazado por esa decisión.

Con la reducción del cronograma inicial de desembolsos se mantendrá la actual corriente de pagos. En plena pandemia se concretaron dos grandes erogaciones poco difundidas (250 millones a los bonistas privados y 320 millones al FMI). Bastaría calcular cuántos respiradores y hospitales involucra ese dinero para confirmar su total inadmisibilidad.

La misma actitud de concesiones oficiales se extiende a la quita de la deuda, que se ubicaría muy lejos del 65% anunciado inicialmente. Si se acuerda un valor presente de los bonos del 50-55%, la cifra final de la oferta será incluso más «generosa» que lo auspiciado por el FMI. La reducción efectiva del pasivo también sería inferior a la obtenida en la reestructuración del 2005.

Con los acreedores se negocia también las condiciones contractuales de otro eventual default. La escasa confianza en la viabilidad del acuerdo se refleja en esa evaluación una nueva cesación de pagos. Todos aceptan la ley de Nueva York (que invariablemente opera contra del país) y tramitan el tipo de litigio (cláusulas de acción colectiva), que regiría para un canje derivado del fracaso de la versión actual.

Pero lo más grave es la atadura al FMI, que accedería a una reprogramación de sus cobranzas para asegurar su estatus de acreedor privilegiado y exceptuado de cualquier quita. Ese compromiso con el Fondo es una soga al cuello, más peligrosa que las acreencias del sector privado. Son muy conocidos los condicionamientos que impone el Fondo para forzar el cumplimiento de sus exigencias.

Ese organismo no se volvió benévolo. Como ya ocurrió en la crisis del 2008 disimula sus intenciones en medio del vendaval. Ha presionado a los fondos de inversión para que acepten el canje y despejen el terreno para su cobro de 45.000 millones de dólares que nunca ingresaron efectivamente al país.

La carga futura que implican las auditorias periódicas del FMI es ocultada mediante operaciones políticas de blanqueo. El organismo es ahora elogiado por muchos economistas antiliberales, que olvidan cómo el Fondo impuso un absurdo endeudamiento para apuntalar la fracasada reelección de Macri. A diferencia del canje del 2005 la versión actual consagra la presencia permanente del FMI, que prontamente recuperará brutal su fisonomía habitual.

La negociación del canje ha sido errónea, inoportuna y nociva. No había ninguna necesidad de implementarla en plena crisis de la pandemia. Como mínimo se podía desensillar hasta que aclare. La operación carece de la anunciada sustentabilidad, puesto que sólo despeja la situación del 20% de la deuda total. Falta resolver los pasivos pendientes con los organismos internacionales y los papeles emitidos bajo legislación nacional.

Se desaprovecha, además, la gran oportunidad que ha creado el «Gran Confinamiento Global» para introducir un drástico cambio en la carga de los pasivos que soporta el país. La presentación oficialista de Argentina como ganadora del canje disfraza las concesiones realizadas durante la negociación. Con esa operación se asumen compromisos incumplibles y se recicla el conocido trauma de nuestra historia.

BAJO EL CAPITALISMO NO GANAMOS TODOS

La derecha actúa frontalmente con delirantes argumentos de crítica a la «infodictadura», frente a un gobierno que exhibe conductas meramente defensivas. Los discursos progresistas del oficialismo tienen pocas traducciones prácticas en el plano económico. Esa postura es muy peligrosa en un escenario de derrumbe productivo, ante un enemigo que intentará aprovechar el desastre social para apuntalar su proyecto reaccionario.

El gobierno continúa equivocando el diagnóstico. Primero supuso que un arreglo de la deuda alcanzaría para reactivar la economía. Ahora imagina un devenir semejante, sin registrar la magnitud de la crisis y la consiguiente necesidad de medidas radicales.

Por eso demora el impuesto a la riqueza, titubea en la política económica y vacila en el manejo Vicentin. Sólo postula que el fin del coronavirus facilitará la reactivación y que la única prioridad inmediata es la salud. Mientras la derecha exhibe impúdicamente su plan regresivo, el gobierno navega en un mar de indefiniciones. Por eso urge un giro hacia la redistribución del ingreso, con un programa alternativo basado en los impuestos a los acaudalados y el control estatal de las finanzas y el comercio exterior.

Esta política requiere adoptar una actitud de crítica hacia el capitalismo, para confrontar con todos los fantasmas que despliega la derecha. Hay que responder de frente, señalando que ese sistema ha causado la depresión actual y no ofrece ninguna solución al empobrecimiento en curso.

El gobierno evita esa batalla porque comparte las ilusiones en gestar un capitalismo humanizado, incluyente y productivo. Alberto Fernández repite ese imaginario en sus encuentros con el gran empresariado y ratifica con evaluaciones cambiantes su fe en el sistema. A veces crítica a los capitalistas «miserables» que despiden en plena pandemia (Techint) y en otros momentos elogia a los «empresarios que sufren con el país». Sitúa en ese casillero a un campeón de las tropelías que amparó el macrismo (Mindlin).

El presidente piensa que «con el capitalismo ganamos todos» desconociendo la imposibilidad de ese resultado. El sistema actual genera exactamente lo opuesto: una minoría siempre lucra con el esfuerzo ajeno. La redistribución del ingreso es el punto de partida para erradicar ese régimen de miseria y opresión.

3-7-2020

RESUMEN

La crisis no es una peculiaridad argentina, pero presenta un alcance catastrófico y reaviva la contraposición entre el ajuste y la redistribución. Los modelos de retracción salarial y torniquete monetario contrastan con las iniciativas para recuperar los ingresos populares y reactivar la producción interna.

Vicentin es el caso testigo de esa disyuntiva. Imponer normas de utilidad pública en el sistema financiero ante bancos que ahogan el crédito es otra encrucijada. La misma batalla se procesa en el demorado impuesto a las grandes fortunas. El canje de la deuda es innecesario, nocivo y obstruye esa perspectiva. Confirma las vacilaciones de un gobierno con intenciones progresistas, pero ingenuas reivindicaciones del capitalismo.

 

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Fuente: https://katz.lahaine.org/la-economia-de-la-pos-pandemia/

Imagen: https://www.lahaine.org/mundo.php/la-economia-de-la-pos

 

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Confluencia de virus en América Latina

Confluencia de virus en América Latina

Crisis de la COVID-19

Por: Claudio Katz

 

La pandemia ya provocó en América Latina un drama mayúsculo en tres países (Brasil, Ecuador y Perú) y escenarios de gran peligro en otro grupo de naciones. El cuadro de situación cambia día a día y nadie sabe cuál será el impacto final de la infección. Hasta ahora el porcentual de fallecidos es inferior a Europa y Estados Unidos, pero la oleada de contagios no alcanzó su pico 2/.

Como el coronavirus llegó más tarde, todos los gobiernos tuvieron cierto tiempo para implementar el distanciamiento social requerido para aplanar la curva de contagios. Esa medida fue rechazada o adoptada en forma tardía por los países que concentran el grueso de las víctimas 3/.

Variantes del negacionismo

Bolsonaro es el responsable de una tasa explosiva de infectados y un ritmo desgarrador de muertes. Los contendores sustituyen a las morgues, las fosas comunes reemplazan a los cementerios y los aviones transportan ataúdes. En algunos sanatorios rige un protocolo para definir quién será sacrificado en la asignación de los escasos respiradores.

Este dantesco escenario es un efecto directo de la ausencia de prevención. Las escasas medidas de protección sanitaria fueron instrumentadas en forma caótica por los gobernadores. Bolsonaro mantiene la política criminal que Trump y Johnson debieron abandonar. Prioriza los negocios a la vida humana y minimiza la “gripecita”, mientras propicia actividades masivas e incentiva el funcionamiento corriente de la economía. Actúa como un psicópata en la presidencia que sonríe durante los paseos acuáticos, en medio del luto nacional imperante por el récord de 10.000 muertos.

Ecuador ha sido testigo de una crueldad equivalente. Guayaquil concentra el mayor número de casos per cápita de la región, con fallecidos recogidos en sus domicilios sin ninguna atención hospitalaria. Muchos cadáveres permanecieron en las calles hasta que la alcaldía habilitó una fosa común. Ni siquiera funcionaron los crematorios que cobran altas sumas por la recepción de los cuerpos. Lenin Moreno oculta la magnitud de las víctimas fatales y compite con Bolsonaro en su indiferencia ante la muerte.

En Perú el torrente de fallecidos aumenta en forma vertiginosa, a pesar de los controles y la inversión en reactivos. La incapacidad para implementar el distanciamiento social ha confirmado el rol insuficiente de los testeos. Un sistema sanitario desmantelado por años de maltrato neoliberal ha quedado desbordado por la masa de los contagiados.

Otras variantes negacionistas han descollado en el plano retórico. El ministro de salud de Chile convocó a desconocer las cuarentenas y su par de Bolivia se opuso a las campañas de prevención. Los gobiernos derechistas -que finalmente implementaron en forma parcial el confinamiento bajo la presión de las provincias o los municipios- intentan relajar o anular esa restricción. Colombia es un ejemplo de esa aplicación a regañadientes y en cuentagotas de la cuarentena.

El alto número de testeos y la baja mortalidad inicial en Chile contrastan con la gran aceleración de los contagios y el potencial desborde del sistema hospitalario. Piñera no puede desentenderse como Bolsonaro de la pandemia. Bajo el impacto de una gran rebelión popular debe simular preocupación por el avance de la infección.

Otras respuestas

Varios gobiernos de la región adoptaron medidas de protección sanitaria. En Argentina se introdujo una cuarentena muy estricta y temprana para preparar los circuitos sanitarios, bajo un inédito comando de los epidemiólogos. Estas medidas han permitido controlar hasta ahora la tasa de contagios, el número de fallecidos y las camas disponibles. En estos tres indicadores se verifica una abismal distancia con las cifras de Brasil, Ecuador o Perú.

Pero el peligro persiste en las zonas más vulnerables de los suburbios, las cárceles y los geriátricos. Además, la proporción de personal de salud infectado se ubica en un tope internacional y el número de testeos es muy bajo.

Cuba ofrece otro modelo de protección, basado en un sólido sistema sanitario. La población está preparada para lidiar con catástrofes periódicas (como los huracanes) y afronta la pandemia con una cuarentena parcial y normas específicas de atención de la enorme población adulta.

El sistema de salud público e igualitario de la isla permite ajustar los dispositivos, en un escenario económico muy deteriorado por el desplome del turismo y la retracción de las divisas. Estos logros son silenciados por los grandes medios de comunicación, que siempre elogian algún caso significativo (ahora Costa Rica) para ignorar los méritos de Cuba.

También llama la atención la rápida reacción del gobierno venezolano frente a la pandemia, en un contexto económico-social durísimo. Se ha logrado mantener aplanada la curva de contagios, mediante un método de control domiciliario y telefónico. El gobierno utiliza la gran estructura de organismos populares (misiones, CLAPS) y el asesoramiento médico cubano. Ha conseguido un alivio, en el dramático escenario del bloqueo, la agresión externa, la dolarización informal de los altos ingresos y la asistencia social al grueso de la población. El país bombea un tercio del petróleo extraído en el pasado, en un marco de virulenta desvalorización de su principal producto de exportación.

En México la tasa de contagios y fallecidos se intensifica en un marco contradictorio. Las confusas declaraciones presidenciales al comienzo de la pandemia fueron seguidas por medidas de cuidado y vigilancia epidemiológica, pero sin cuarentena general. Se puso en práctica un sistema de testeo, alerta temprana y centralización del sistema sanitario. El gobierno explicita sus críticas a la destrucción neoliberal de la salud pública y a la mercantilización de un sistema que desatendió las enfermedades crónicas.

Existe además un foco de potencial contagio en las maquilas, que si no es contenido podría convertir a las ciudades fronterizas en la Lombardía de México. La decisión de proteger la vida de los operarios será puesta a prueba, frente a la presión estadounidense para forzar un retorno anticipado al trabajo en ese sector.

Nicaragua plantea un enigma. Allí no rige la cuarentena, ni los barbijos, ni los testeos. Tampoco se han aplicado políticas de distanciamiento social. El gobierno convoca a concentraciones masivas, propicia las actividades festivas y mantiene abiertas las fronteras. Además, un presidente ausente propone la lectura de la Biblia para lidiar con la pandemia, omitiendo todas las recomendaciones de los epidemiólogos. En ese escenario el número oficial de fallecidos es llamativamente bajo. Seguramente se podrá dilucidar en poco tiempo esa anomalía.

Muchos factores inciden en los distintos casos en la evolución general de la infección, pero las políticas de abandono o protección de la salud agravan o atenúan los contagios. La conducta de cada gobierno es determinante de esas consecuencias.

Indefensión por la dependencia

Como la demografía determina cursos muy variados hay que ser cuidadoso en las comparaciones con otras regiones. Al igual que en Medio Oriente o África, no se sabe aún si en América Latina la oleada más fuerte de coronavirus se ha demorado o pasará de largo.

La misma cautela se impone en los contrastes entre países. La desconexión con el exterior o las dificultades del transporte interno (resultantes del propio subdesarrollo) suelen actuar como barreras al movimiento de las personas infectadas. Algunos especialistas consideran, además, que la preexistencia de otras epidemias puede contrarrestar la expansión de las nuevas.

Lo único seguro es el atroz efecto de la pandemia, si alcanza en América Latina la magnitud observada en el hemisferio norte. La elevada urbanización de la región es sinónimo de pobreza, subalimentación y viviendas sin agua corriente. El hacinamiento y la dificultad para lavarse las manos impiden cumplir los requisitos básicos del distanciamiento social. En tres áreas críticas de la cuarentena -geriátricos, cárceles y femicidos- ya hay anticipos explosivos. La emergencia sanitaria empalma, además, con otras infecciones de gran impacto como el dengue.

El desamparo de América Latina salta a la vista en la magnitud de la brecha sanitaria. La inversión per cápita en salud no llega al 10% del gasto promedio en las economías avanzadas. Mientras que la OMS recomienda destinar el 6 % del PBI a la atención sanitaria, lamedia regional se ubica en 2,2 %. Las 8 camas de hospital por cada mil habitantes que propicia el organismo oscilan entre 0,3 y 2,2 en el país más poblado (Brasil) 4/.

Estas carencias de larga data fueron agravadas por el desmantelamiento neoliberal de la salud pública. El abandono del principio de universalidad ha derivado en estructuras privadas de calidad para una minoría, en medio del generalizado colapso del sector público.

El deterioro en ese ámbito es monumental. No sólo faltan camas y respiradores para la emergencia, sino que los propios testeos han sido muy reducidos. Todos los países afrontan dificultades para importar los buscados reactivos, que los estados solventan luego de un ensayo de comercialización privada a altísimos precios 5/.

La indefensión latinoamericana frente a la pandemia es un resultado de varias décadas de neoliberalismo, precedidas de una larga trayectoria de capitalismo dependiente. Esa condición impide erigir diques efectivos contra el contagio. La misma fragilidad se ha verificado frente a otras calamidades naturales. Cada terremoto, inundación o sequía provoca desastres humanitarios, en una región que ingresó al mercado mundial bajo la sombra de una infección mortal. La viruela introducida por los conquistadores europeos diezmó en muchas zonas al 70% de la población originaria.

El coronavirus ha puesto de relieve no sólo el inconmensurable desamparo que prevalece en comparación a las economías centrales. El contraste es también significativo con los países asiáticos. Se ha verificado una distancia sideral con Corea o Singapur en el manejo de reactivos, respiradores, hospitales o mecanismos informáticos de seguimiento de los contagiados. La pandemia ha retratado en forma dramática, el lugar que actualmente ocupa cada país en la división global del trabajo.

La propia geografía del virus confirma esas diferencias. La infección irrumpió en Asia que opera como el taller del mundo y concentra todas las tensiones contemporáneas de la urbanización, la globalización y la industrialización agropecuaria. América Latina ha sido receptora de los contagios, en su condición de región agobiada por la desposesión, el extractivismo y el drenaje de la renta. Soporta una calamidad externa y exhibe poca capacidad para lidiar con esa adversidad.

Otra escala de la crisis

Los pronósticos de derrumbe económico regional son aterradores. La CEPAL ya había modificado su previsión de una leve mejora del PBI en el 2020 (1,3%) a una contracción (1,8%) y ahora proyecta un desplome del 5,3%. Estimaciones muy semejantes de la debacle difunden el Banco Mundial (4,6%) y el FMI (5,2%) 6/.

Esas cifras son equivalentes al derrumbe padecido durante la depresión de 1930 (5%) o en la Primera Guerra Mundial (4,9%). La magnitud de la regresión se verifica también en la comparación con la caída del 2009 (2%).

La gravedad de la crisis deriva de cuatro adversidades convergentes. Los precios de las materias primas se desploman, China frenará las compras de productos básicos, habrá escasez de divisas por la retracción conjunta del turismo y las remesas y el deterioro de las cadenas globales de valor afectará al enlace centroamericano.

El efecto social de esa tormenta ya se vislumbra en la previsible destrucción de 31 millones de empleos. La pesadilla de la pandemia para los trabajadores informales persistirá por la creciente pobreza que sucederá al aislamiento.

Una diferencia significativa con la crisis del 2009 es la abrupta reducción de la capacidad de endeudamiento regional. Todos los países cargan con los efectos del significativo incremento de la deuda pública, que en la última década saltó del 40% al 62%.del PBI. El costo relativo de la financiación se acentúa y circulan numerosas previsiones de un default generalizado.

Argentina afronta esa potencial cesación de pagos desde el año pasado. Ha forzado la prórroga de todos los vencimientos en moneda local, intenta postergar obligaciones con su principal acreedor (FMI) y discute con los acreedores privados un canje de títulos con quitas y exenciones en las erogaciones inmediatas.

La quiebra de las finanzas ecuatorianas es muy semejante. Su economía sobrevive con el respirador que administran los acreedores, mediante un continuado pago de intereses para refinanciar los vencimientos, que agiganta el pasivo y contrae las reservas.

En otros países predomina el efímero alivio generado por la renovación del endeudamiento. Pero la crisis actual ha desatado una acelerada emigración de capitales, que vacía por una ventanilla las divisas ingresadas por otros circuitos. Varias economías latinoamericanas forman parte del pelotón de los emergentes que sufre esa dramática salida de fondos. Ese drenaje en el mundo ya alcanzó un monto que quintuplica las expatriaciones registradas en el 2009 (100.000 millones de dólares).

Ese turbulento contexto explica el creciente clamor por la condonación de la deuda latinoamericana. La petición no se limita al Papa Francisco y a un espectro de economistas consagrados. El propio FMI afloja el financiamiento general, anticipando una eventual escalada de cesaciones de pagos. La moratoria que dispuso el G 20 para los 76 países ultra-empobrecidos es irrisoria, pero expresa el mismo temor.

Tal como ocurre a escala global, el coronavirus detonó en América Latina una crisis precedente. Los últimos siete años de bajo crecimiento anticiparon la presencia de otra década perdida y la pandemia ha precipitado la eclosión de los desequilibrios acumulados en varios frentes. En las finanzas impera una asfixia de pagos, en el comercio aumenta el desbalance, en la producción se confirman las carencias para proveer insumos sanitarios y todos los mercados internos sufren agudas contracciones. El coronavirus ha desencadenado otra típica crisis del capitalismo dependiente.

Agresiones y rescates

Las clases capitalistas utilizan la pandemia para multiplicar sus agresiones contra los trabajadores. Cuentan con el sostén explícito de los gobiernos derechistas y aprovechan la pasividad de los mandatarios de otro signo.

En Brasil se han dispuesto suspensiones, reducciones de salarios y anulaciones de contratos. En Perú se autorizan licenciamientos sin compensaciones y en Ecuador despunta una mayor flexibilización laboral con despidos en la administración pública. En Chile resucitaron una ley que desprotege a los asalariados y en Costa Rica se concertaron acuerdos para reducir el salario a la mitad. En Panamá el gobierno habilitó a los empleadores para cancelar los contratos laborales vigentes.

Algunos cínicos neoliberales afirman que esa contracción de los ingresos populares proveerá al fisco el dinero requerido para los gastos en salud. Recurren a cálculos arbitrarios para describir cómo la ausencia de austeridad estatal privó a los países de esos recursos 7/.

Con ese razonamiento contra-fáctico divulgan estimaciones que no resisten la menor evaluación. Nadie sabe lo que hubiera ocurrido con otro manejo del gasto público, pero salta a la vista que el fanatismo neoliberal demolió un hospital tras otro.

En el campo opuesto los gobiernos enemistados con la derecha han intentado una gestión más equilibrada, disponiendo limitaciones a los atropellos capitalistas. En Argentina se anunció la prohibición de los despidos, pero sin ninguna acción para impedir las cesantías. En los hechos ha imperado la convalidación oficial de la pérdida de empleos o el apañamiento de las empresas que desacatan las normas. El chantaje patronal ya forzó un duro compromiso de reducción de los haberes.

Como ya ocurrió en todas las crisis precedentes ha reaparecido el protagonismo de los estados en el sostén de la economía. Frente a ese dato los neoliberales cajonean sus doctrinas de inutilidad del sector público o invariable reinado del mercado.

El socorro estatal en América Latina es muy inferior al prevaleciente en las economías centrales. Una estimación destaca que los auxilios fiscales promedian el 10% del PBI en Estados Unidos, el 14,5% en Alemania y casi el 20% en Japón. Pero sólo oscilan entre el 0,7% y el 3,5% en Argentina, Brasil y México 8/. Otro cálculo considera que los paquetes dispuestos en los países metropolitanos rondan el 16,3% del PBI y apenas el 4,1% en América Latina 9/.

En el marco de esa brecha la magnitud de los auxilios nacionales es muy variada. Chile, Perú o Colombia habrían lanzado planes más ambiciosos que Argentina, Bolivia o Ecuador, pero las cifras en danza son muy controvertidas. Las mediciones del programa fiscal argentino, por ejemplo, oscilan entre el 1% al 7% del PBI, confirmando que sólo dentro de algún tiempo se podrá contar con evaluaciones más nítidas.

Mucho más cristalina es la interpretación cualitativa del destino de los rescates. Todos los planes socorren a cuatro actores: los empresarios, los asalariados, la clase media y los precarizados. El sostén de las firmas se consuma a través de los bancos, que intermedian en la implementación de los auxilios estatales. Esa mediación introduce un filtro de calificación de los subsidios que obstruye, demora e incluso bloquea la llegada del crédito público. Los bancos están acostumbrados al negocio financiero de corto plazo (especialmente con títulos públicos) y no asumen riesgos en la emergencia actual.

A fin de evitar el cierre o la quiebra de las firmas, el estado se hace cargo también del pago parcial de los salarios, en función del tamaño y el grado de afectación de las empresas por la cuarentena. Para la clase media se han dispuesto alivios de erogaciones (alquileres, hipotecas, servicios) y créditos a bajas tasas de interés. Los planes asistenciales se han multiplicado, para proveer algún recurso a los pauperizados que perdieron abruptamente sus ingresos.

Pero aún se desconoce cómo se distribuyen los montos en circulación entre los cuatro destinos en juego. No se sabe qué porcentual subvenciona directamente a los capitalistas y qué porción recibe la población. No hay muchos estudios precisos sobre esa decisiva distinción. Una primera evaluación comparativa -que diferencia recursos con o sin contraprestación (deudas versus ayudas sociales)- estima que el plan argentino ofrece menos socorros a los empresarios que su contraparte brasileña. Pero ensaya una estimación muy provisional 10/.

En países como México -que arrastran la traumática experiencia de paquetes fiscales que enriquecieron a los capitalistas (Fobaproa-1995)- existe especial preocupación por evitar la repetición de esa estafa.

Otro problema a dirimir es el financiamiento de los rescates. Como en todos los países el freno de la economía ha desplomado la recaudación, se discute acaloradamente el sostén de los nuevos paquetes con emisión, endeudamiento o impuestos. Los neoliberales convocan a tomar préstamos, resaltando las bajas tasas de interés imperantes en el mundo. Perú, Colombia y Brasil ya optaron por ese camino. Pero son evidentes los enormes riesgos de esa captación crediticia en plena fuga de capitales.

En países como Argentina -que tienen cerrado el acceso al crédito internacional- se debate otra alternativa: un impuesto a las grandes fortunas. Ese tributo permitiría obtener los fondos requeridos para la emergencia (3800 millones de dólares), mediante una afectación mínima del patrimonio de 15 mil acaudalados.

La iniciativa ha desatado una feroz campaña de oposición derechista, que denuncia el carácter “inconstitucional”, “inédito” y “gravoso” de un tributo que cuenta con incontables antecedentes locales e internacionales. La pandemia no conmueve a los millonarios que privilegian sus fortunas al drama de la población.

Ese impuesto no representa ninguna carga significativa para los dueños de Argentina, que tributan muy poco y evaden cifras monumentales. Suelen ocultan en el exterior las tres cuartas partes de sus patrimonios por sumas equivalentes a todo el PBI del país.

Los poderosos exaltan el modelo chileno de donaciones. Ponderan el gesto filantrópico del principal grupo empresario (Luksic) que donó un millón de mascarillas. Suponen que esa insignificante migaja bastará para enmascarar la permisividad impositiva, ante las 119 familias que en ese país detentan fortunas superiores a cien millones de dólares.

El sentido de los auxilios

Los gobiernos han repetido la misma receta de intervención del 2009. En las economías centrales, esa política de generación de liquidez (quantitave easing) permitió salvar a los bancos de un inminente quebranto. Luego de proteger la gestación de ganancias privadas, los estados generalizaron la socialización de las pérdidas a través del gasto público. El mismo rescate en la actualidad involucra en mayor medida a las empresas y a la población que a los bancos.

La pandemia impone una paralización productiva que contrae los ingresos corrientes y desencadena cortocircuitos en las cadenas de pagos. Los estados intentan contener con subvenciones la bancarrota que sucedería a ese freno del nivel de actividad. Pero el socorro presenta más parecidos con las políticas contra-cíclicas de entre-guerra, que con el sostén de los bancos durante el 2008-09.

Muchos analistas destacan las analogías actuales con la economía de guerra. La similitud se verifica en la ruptura del circuito económico, la fuerte presencia de los ministerios y el direccionamiento del gasto. Pero la gran diferencia radica en la ausencia de un propósito destructivo. En las conflagraciones se demuelen recursos productivos y humanos y en la pandemia se intenta resguardarlos.

En lugar de organizar bombardeos, asaltos y capturas se busca descubrir una vacuna que neutralice la infección. Las empresas privilegiadas son laboratorios y no contratistas de pertrechos. Por esas razones, la crisis en curso genera desvalorizaciones masivas de capitales (valor de cambio), pero no necesariamente destrucciones físicas de las empresas (valor de uso).

En la crisis actual los estados intervienen regulando la oferta. La enorme suma de fondos inyectada en la economía no tiene contrapartida en depósitos, reservas o activos de la misma envergadura. Esos montos representan un adelanto de los impuestos futuros. Expresan lo que el sector público recaudaría a partir de las ganancias, rentas y salarios surgidos de esa recuperación.

De esas tres fuentes emergería la compensación de la monumental erogación actual. Ese adelanto presupone que la reactivación futura permitirá reingresar los fondos ya anticipados por la Tesorería. Pero si esa recuperación no se concreta en el lapso esperado, la marea de desvalorizaciones impactará sobre los créditos y las monedas emitidos por los estados.

Esta conceptualización del rescate permite contextualizar el debate en curso entre monetaristas y heterodoxos, sobre los peligros inflacionarios de la emisión actual. Lo ocurrido en el 2009 ya ilustró cómo opera una enorme expansión de la liquidez sin consecuencias inflacionarias. Esa experiencia podría extenderse al inminente marco de fuerte recesión y consiguiente presión deflacionaria.

La traslación de esos parámetros a América Latina no es automática y las consecuencias inflacionarias serían muy distintas para países que soportan (Argentina, Venezuela) o no padecen esa tensión (Brasil, Chile). Pero en todos los casos, el impacto del enorme gasto público sobre los precios está momentáneamente compensado por la gravedad de la depresión en ciernes.

Por esta razón la heterodoxia refuta acertadamente los fantasmas inflacionarios, que el monetarismo despliega para exigir ajustes. Este debate es muy semejante en Argentina, Brasil y México. Pero también es cierto que la eficacia contra-cíclica del gasto público estará condicionada por la duración e intensidad de la recesión.

El trasfondo de esos debates es el modelo económico en gestación para el escenario pos-pandemia. Los neoliberales trabajan para perfeccionar el esquema de apertura comercial, flexibilización laboral y privatizaciones, con algunos ingredientes de mayor estatismo. El neo-desarrollismo conservador propicia correcciones al mismo curso, mediante regulaciones comerciales y financieras. El social-desarrollismo alienta en cambio un giro radical basado en la redistribución del ingreso. La factibilidad de cada opción dependerá del resultado de grandes conflictos políticos que se avecinan.

Resumen

El hacinamiento y la pobreza pueden transformar a la pandemia en una tragedia mayúscula. El desamparo sanitario es dramático en comparación a los países más afectados por la infección y el negacionismo criminal multiplica los fallecidos. Los gobiernos derechistas priorizan los negocios y retacean las cuarentenas, en contraposición a las administraciones que privilegian la protección de la ciudadanía.

El coronavirus ha desencadenado otra crisis del capitalismo dependiente y la escala prevista de esa convulsión es aterradora. La agresión contra los salarios y el empleo coexiste con rescates que privilegian el socorro a los empresarios. La viabilidad de esos auxilios dependerá de la duración de la recesión y sus modalidades prefiguran distintos cursos de la economía luego de la pandemia.

14/5/2020

Bibliografía

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Notas

1/ Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz

2/ Al 12 de mayo del total de 286.000 fallecidos en todo el mundo, 21.528 se localizan en América Latina y de 4.100.000 infectados hay 383.670 en la región. https://www.infobae.com /2020/05/12/

3/ El número de infectados y fallecidos según los datos oficiales de cada país es el siguiente: Brasil (169.594 casos, 11.653 muertos), Perú (68.822 casos. 1.961 muertos), México (36.327 casos, 3.573 muertos), Chile (30.063 casos, 323 muertos), Ecuador (29.509 casos, 2.145 muertos), Colombia (11.613 casos, 479 muertos), República Dominicana (10.634 casos, 393 muertos), Panamá (8.616 casos, 249 muertos), Argentina (6.278 casos, 317 muertos), Bolivia (2.831 casos, 122 muertos), Honduras (2.100 casos, 116 muertos), Cuba (1.783 casos, 77 muertos), Guatemala (1.114 casos, 26 muertos), El Salvador (998 casos, 18 muertos), Costa Rica (801 casos, 7 muertos), Paraguay (724 casos, 10 muertos), Uruguay (711 casos, 19 muertos), Jamaica (505 casos, 9 muertos), Venezuela (422 casos, 10 muertos), Nicaragua (16 casos, 5 muertos) https://www.infobae.com /2020/05/12/

4/ ¿Cuáles son los países que más invierten en salud? https://chequeado.com/el-explicador , Zibechi, Raúl. Una bomba a punto de estallar, 12-5-2020 //www.motoreconomico.com.ar

5/ La carestía de los reactivos obligó a poner un tope a su cobro. Cada uno costaba según el país entre 70 y 420 dólares. ¿Cuánto cuesta un test de coronavirus en América Latina? 1-4- 2020https://www.resumenlatinoamericano.org

6/ https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19, mayo 2020. El FMI ve una «década perdida» en América Latina por el coronavirus, 16 abr. 2020 https://www.infobae.com/america/agencias

7/ Alejandro Izquierdo; Martín Ardanaz. Cómo puede financiar América Latina el combate al virus, 15 abr. 2020, https://www.lanacion.com.ar

8/ ¿Qué hacen los países frente a la pandemia de coronavirus? 16 abr. 2020, CENTRO CEPAhttps://www.cronista.com/

9/ Coronavirus: ¿cómo ayudó cada gobierno de América Latina al sector privado?, 25 abr. 2020, https://www.lanacion.com.ar

10/ Nicolás Oliva, Guillermo Oglietti y Mariana Dondo Latinoamérica y el COVID-19: ¿Movilizar recursos o gastar en la gente? 24 mar. https://www.celag.org/latinoamericagente/

II

La pandemia reordena el contexto regional de los gobiernos reaccionarios, progresistas y radicales. También modifica el marco de las rebeliones populares que desafían la restauración conservadora.

Todos los mandatarios derechistas utilizan la cuarentena para militarizar sus gestiones. Han generalizado el estado de excepción y el protagonismo de las fuerzas armadas. En Colombia hay toque de queda y asesinatos de líderes sociales en sus propios hogares. En Perú se instauró una ley de gatillo fácil, que exime a los gendarmes de responsabilidades en el uso de sus armas. Pueden vulnerar con total impunidad el principio de proporcionalidad en sus respuestas represivas.

En Chile se ha postergado el plebiscito y aumenta el uso de un garrote, que ya provocó 45 asesinatos, centenares de heridos, miles de detenidos y 545 casos de pérdida parcial o total de la visión. También en Bolivia se pospusieron las elecciones e impera un gobierno pro-dictatorial, que intenta impedir con las botas el retorno de Evo. En Ecuador rige la misma brutalidad y una descarada manipulación de la justicia contra los opositores. En El Salvador el autoritarismo sanitario ha coronado la irrupción de los soldados en el parlamento y en Guatemala la cuarentena funciona en contubernio con el crimen organizado.

El descaro neoliberal

Los derechistas despliegan todos los argumentos del negacionismo. Suelen exigir el fin de cualquier cuarentena subrayando su efecto demoledor sobre la economía. Con sorpresiva preocupación por los humildes, describen cómo las reglas sanitarias frenan el nivel de actividad afectando a los pobres. Pero omiten que la ausencia de esa paralización convertiría a los desamparados en las principales víctimas de la infección. Lo ocurrido en Europa y Estados Unidos ha corroborado ese impacto social diferenciado del coronavirus.

Los voceros del capital también señalan que la región carece de recursos, para implementar el freno de la economía que dispusieron algunos países de Europa 1/. Pero registrando justamente esa limitación, los gobiernos que protegen la salud pública han impulsado un aislamiento social más estricto.

La contraposición entre salud y economía que difunden los derechistas es totalmente falsa. Frente a una pandemia los cursos de resguardo deben ser definidos por los sanitaristas. A los economistas sólo les corresponde evaluar opciones de cumplimiento de esas reglas. No existe una pugna de primacías entre ambas disciplinas.

En el caso de Argentina, muchos exponentes del gran empresariado valoran la centralidad oficial asignada a los epidemiólogos, pero cuestionan la falta de una presencia equivalente de los economistas. Ignoran que el consenso entre los sanitaristas para actuar en una pandemia, no se extiende a convergencias similares en el manejo de las crisis sociales. En este terreno hay visiones invariablemente contrapuestas, para dirimir cómo se reparten los costos de las medidas adoptadas para contener la infección.

Los negacionistas encubiertos levantan la voz contra el autoritarismo y el manejo estatal discrecional de la pandemia 2/. Exceptúan de esta crítica a los mandatarios neoliberales que reparten palos entre los pueblos y apuntan su dedo acusador contra el “populismo”. Esa desventura es señalada como la invariable causa de todas las desgracias latinoamericanas 3/. Pero olvidan que el coronavirus se extendió especialmente en las administraciones neoliberales, como consecuencia del resguardo de las ganancias a costa de la salud pública. El fantasma del populismo no explica nada.

Tampoco es cierto que la pandemia disolvió las ideologías, imponiendo la vigencia de conductas pragmáticas entre mandatarios de distinto signo 4/. Si hubiera imperado esa equivalencia los resultados serían semejantes y no contrapuestos. Es evidente que Bolsonaro y Fernández o Lenin Moreno y Díaz Canel no transitan por el mismo sendero.

Algunos analistas resaltan la validez de la tesis pragmática, exhibiendo encuestas de aprobación indistinta a todos los gobiernos. Pero esos sondeos sólo aportan dudosas fotografías del momento. Además, la manipulación de la información socava la credibilidad de esas evaluaciones. Los grandes medios suelen desechar los informes que contrarían sus mensajes, con el mismo descaro que impugnan las cifras de la pandemia de los gobiernos hostilizados.

Indiferencia frente a la vida ajena

Los mensajes del neoliberalismo han asumido un inédito correlato de crueldad. El manifiesto que suscribieron todos los próceres regionales de la reacción sintetiza esa brutalidad 5/. Proclaman la primacía de la Bolsa frente a la vida humana (salvo la de ellos), exaltando las facetas más anti-humanistas de su credo. La prometida felicidad del consumo ahora ocupa un lugar secundario.

Esta nueva retórica es coherente con el comportamiento de la clase capitalista regional, que en los períodos de auge económico usufructúa de los subsidios del estado. En las crisis también reclama esas subvenciones, pero sin aportar ninguna contribución a la emergencia. Ese egoísmo retrata especialmente a las burguesías locales internacionalizadas, que se han distanciado por completo de sus precedentes nacionales.

La actitud adoptada por Techint ilustra esa conducta. Se transformó en la primera fortuna de Argentina lucrando con subsidios, privatizaciones y contratos y no dudó en disponer el masivo despido de operarios en medio de la cuarentena. Chantajeó a los trabajadores y al gobierno para imponer ese terrible atropello, que ha repetido en Guatemala, Colombia, Canadá, Brasil y Japón. La empresa fue directamente artífice del crimen social de Bérgamo, forzando la continuidad de labores en plena expansión del coronavirus. De esa forma actúan las multinacionales que se han autonomizado de los mercados internos, estableciendo sedes en ignotos paraísos fiscales.

Ciertamente la pandemia aportó una tabla de salvación a todos los gobiernos derechistas corroídos por las protestas del año pasado. Pero recuperaron la iniciativa en una coyuntura muy excepcional y les resultará difícil conservar el oxígeno logrado en esta crisis.

En muchos países la oposición ya recupera protagonismo (Ecuador, Colombia) y en otros la derecha ensaya andanadas, sin forjar proyectos o liderazgos (Argentina). La propia gestión de la pandemia exige un tipo de intervención estatal, ajeno al neoliberalismo mercantil que endiosan todos los reaccionarios. El gran test del futuro se procesa en Brasil.

Los perfiles del fascismo

Bolsonaro no se detiene ante la aterradora escalada de muertes que provoca su decisión de forzar la inmunización de la población ante el virus. Esa indiferencia retrata un experimento atroz, que ningún gobernante del capitalismo central finalmente se atrevió a ensayar en la práctica.

La alocada conducta y la lunática ideología del presidente brasileño ilustran su performance fascista. Mientras invoca a Dios y denuncia el “corona-comunismo”, tantea la viabilidad de un golpe autoritario para disolver el Congreso. Multiplica las provocaciones tosiendo en público y exhibe una maldad que combina los delirios retóricos, con la agenda clásica de la derecha neoliberal.

La necro-política que implementa frente a la pandemia es una variante la violencia fascista. Sin recurrir a la acción paramilitar propicia la muerte de los desamparados. Pero frente a la adversidad de los escenarios que afronta, aún está lejos de consumar su proyecto troglodita.

Bolsonaro ha instalado un discurso criminal pero no monopoliza el poder político. Mantiene una base social muy insuficiente y la influencia de su camarilla sobre los militares es una incógnita. Por estas razones cabe la posibilidad de un amoldamiento de su gobierno al patrón conservador clásico. También puede prevalecer su desplazamiento, si se crea una situación de ingobernabilidad.

La salida de Moro ha ilustrado por el momento la ruptura de la coalición con el establishment político, judicial y mediático. No se sabe si el ejército arbitra, tutela o depende de Bolsonaro. Las fuerzas armadas comparten su estratégica alianza con Trump y lucran con todas las prebendas corporativas que ha introducido el desequilibrado ex capitán.

Algunos analistas estiman que Bolsonaro afianza su predominio, forzando renuncias, desafiando el impeachment y negociando con militares, que a diferencia del pasado carecen de un proyecto propio de gobierno. Además, se presenta ante los poderosos como el único freno al retorno de Lula, con capacidad para imponer en el Parlamento las leyes del ajuste 6/.

La biblioteca opuesta resalta la inédita turbulencia política que generan las fosas de muertos y la economía en picada. El desbocado presidente pierde aliados y acumula un récord de denuncias para su eventual destitución 7/. Si esas tensiones convergen con una reactivación de las protestas por abajo, el gran anhelo de “Fora Bolsonaro” podría convertirse en el nuevo dato de América Latina.

Variantes del progresismo

La pandemia ha definido parcialmente el cariz del gobierno de Fernández, al frente de una coalición de vertientes conservadoras y progresistas del peronismo. Las primeras medidas y las figuras incorporadas a su administración ya presagiaban la preeminencia de los sectores centroizquierda. Ese anticipo ha sido confirmado en el manejo de la pandemia.

El tipo de protección sanitaria impulsado por el oficialismo expresa una visión progresista, pero muy alejada de propósitos radicales. Por eso se gestiona el control de la infección mediante acuerdos con el poderoso sector privado de la medicina prepaga. Se negoció con esas empresas la continuidad del servicio sin subir las cuotas y con cierta centralización de los recursos de las clínicas.

La postura progresista se verifica en un discurso anti-negacionista, que choca con la exigencia de levantar la cuarentena. Ese planteo ha contribuido a crear una importante conciencia colectiva del peligro que entrañan los contagios. Se ha producido una sorprendente aceptación de las restricciones, en un país reacio al acatamiento de esas normas.

El gobierno ha manejado las reglas del encierro hogareño sin ninguna militarización. Es cierto que abundan las denuncias de apremios, abusos e incluso represiones de las fuerzas de seguridad. Pero a diferencia del grueso de la región, esos actos no se inscriben en un marco de estado de excepción o toque de queda.

El contraste con las administraciones derechistas es notorio en varios terrenos y las diferencias con Brasil son abismales. Nunca los dos vecinos estuvieron tan distanciados en la gestión de una misma crisis. Ambos países recibieron los primeros fallecimientos por coronavirus en la misma fecha y al cabo de dos meses, la divergencia de resultados es abrumadora 8/.

Pero la reinvención progresista de Fernández frente al coronavirus será corroborada o desmentida, en su conducta frente a una crisis económica de gran arrastre recesivo y potencial cesación de pagos. Hasta ahora transitó por un sendero contradictorio. Por un lado, propicia suspender los pagos de intereses de la deuda por tres años, promueve medidas de control local de los precios, demanda a los bancos la tramitación veloz de los socorros a las empresas y anticipa un impuesto a las grandes fortunas.

Por otra parte, mantiene el encadenamiento al FMI y al futuro endeudamiento mediante canjes de títulos. Además, no implementa el freno efectivo de la carestía, convalida la obstrucción bancaria de los auxilios crediticios, tolera los despidos y la caída del salario. Habrá que ver cómo concluye la propuesta de gravar a los acaudalados. Fernández suele decir que “prefiere un 10% más de pobres que 100 mil muertos”, pero omite en esa ecuación a los ricos. Si los penaliza con impuestos significativos introducirá una variable que modificará el dilema presidencial.

La comparación con López Obrador permite evaluaciones ante otro referente de la centroizquierda latinoamericana. AMLO también transita por un camino intermedio, que lo enfrenta con la belicosa derecha mexicana. Pero mantiene buenas relaciones con Trump, elogia al ejército y negocia sin pausa con la gran burguesía.

Ha comandado una gestión más extensa que su par argentino, con magros resultados en la reducción de la violencia y la reactivación de la economía. Sostiene además cuestionados mega-proyectos de refinerías y transportes que afectan los tejidos sociales comunitarios.

Frente al coronavirus adoptó un curso de protección de la salud y ha ratificado que no despilfarrará los recursos públicos en el rescate de los grandes capitalistas. Pero López Obrador no evalúa la revisión de la deuda externa y tampoco la implantación de un tributo a las grandes fortunas. Ese gravamen es tan imprescindible en México como en Argentina, puesto que los diez principales potentados acumulan riquezas próximas a los 125 mil millones de dólares 9/. En un escenario económico que no presenta la gravedad de Argentina, AMLO ha optado por una variante más moderada del progresismo.

Defensa ejemplar y protagonismo solidario

La recuperación de Venezuela y la nueva centralidad de Cuba aportan los dos datos singulares del eje radicalizado en la crisis del coronavirus. El régimen bolivariano actuó con gran decisión para controlar la infección. Afronta la pandemia junto a bloqueos económicos y agresiones militares cotidianas. Esa batalla en dos frentes realza el logro de haber limitado los contagios. Ningún otro país debe implementar la cuarentena en medio de una gran movilización defensiva, contra los paramilitares que alberga Colombia y entrena el Pentágono.

En plena pandemia Venezuela debió disponer el toque de queda en dos provincias fronterizas para repeler el ingreso de bandas terroristas. Activó la preparación de los milicianos, repelió una provocación desde la costa y desarticuló una operación mercenaria de la CIA, que intentaba tomar el principal aeropuerto. El mayor éxito fue la captura de miembros de las fuerzas especiales estadounidenses, que conspiraban bajo la pantalla de la empresa contratista (Silvercorp).

Esa privatización de la agresión con el uso de mercenarios ilustra la abrumadora ilegitimidad de la incursión escuálida. Retoma las formas más primitivas del bandolerismo y la piratería. Al no poder implementar una invasión en regla Trump propicia ese tipo de incursiones. Pero ya comienza a experimentar la misma derrota, que sufrieron sus antecesores en Cuba (Bahía de los Cochinos) y Nicaragua (captura de aviadores espías).

La derrota de la operación mercenaria acentúa el aislamiento de Guaidó que firmó el contrato de invasión con los forajidos, prometiendo remunerar sus acciones criminales con petróleo. La división de la derecha se acrecienta, además, en medio de brutales disputas internas por el manejo de las dádivas que provee el Departamento de Estado.

Maduro está ratificando una actitud de resistencia que evita la repetición de lo ocurrido en Bolivia. También recupera autoridad regional, con la recepción de los migrantes que retornan del exilio. Los derechistas que denunciaban esa masiva expatriación, ahora silencian la salida forzada que padecen muchos venezolanos para volver a su país. Los gobiernos que utilizaron ese flujo migratorio para denigrar el proceso bolivariano han archivado sus campañas “humanitarias” y se desembarazan de una incómoda masa de extranjeros.

El repunte político de Venezuela empalma con el nuevo protagonismo de Cuba. En el perdurable centro de las transformaciones revolucionarias latinoamericanas se ha controlado la pandemia con pocos recursos. La isla continúa lidiando con un bloqueo, que recientemente impidió la llegada de una donación de reactivos y barbijos enviado por el empresario chino Jack Ma.

Pero lo más llamativo es el renovado papel internacional de país. No sólo se acrecienta la utilización de un conocido antiviral cubano para combatir la infección (Interferón Alfa 2B). La solidaridad es el rasgo dominante en un gobierno que atendió de inmediato a los primeros turistas contagiados en los cruceros.

El papel descollante de los médicos cubanos ha enervado a todos los reaccionarios. Bolsonaro, Lenin Moreno y Añez repatriaron a esos contingentes, a pesar de su insustituible papel en la contención de los desmadrados contagios. En Argentina irrumpió una disparatada campaña contra médicos extranjeros “que tienen poca formación” y actúan como “agentes de inteligencia”. Este cúmulo de tonterías incluye descalificaciones profesionales y exóticas acusaciones de manejo estatal fraudulento de los honorarios 10/.

La ceguera anticomunista impide a los denunciantes registrar que la fama de los médicos cubanos, obedece a su especialidad en curaciones de campaña en riesgosos frentes sanitarios. Esa labor ha sido realizada en un centenar de países lidiando con el dengue, el cólera y los terremotos.

Basta comparar la función que cumplen estos brigadistas, con la nefasta acción desplegada por los partícipes de las “intervenciones humanitarias” que comanda Washington. Haití ofrece un nítido ejemplo de ese contraste. Mientras que los médicos cubanos socorren víctimas, los emisarios del imperialismo manipulan gobiernos, abortan elecciones, amparan la corrupción y han colocado a dos ONGs al frente del manejo actual de la pandemia.

En los últimos dos meses Cuba desplegó una extraordinaria labor de auxilio en Italia, Andorra, Jamaica, Venezuela, Nicaragua, Surinam, Belice y Granada y ha colaborado estrechamente en operativos dentro de China. Lo más impactante es su participación en socorros de países de alto desarrollo 11/.

La experiencia de estas brigadas para manejarse en escenarios de calamidades naturales suscita generalizados elogios. Su labor puede ser interpretada como una continuidad del proyecto internacionalista inicial de la revolución cubana. El legado de esa epopeya adopta un nuevo perfil en el escenario actual.

Mutaciones geopolíticas

El encierro de Estados Unidos frente a la pandemia ha profundizado el declive del sueño americano entre sus vecinos del Sur. Las clases dominantes de la región están desorientadas por el agudo pasaje del “América first” al “América alone”. La sensación de abandono se ha intensificado frente cada improvisación de Trump.

La decisión de privar de fondos a la OMS en el pico de la infección ha sido particularmente impactante. La secretaría de CEPAL resumió ese desasosiego al proclamar que “no podemos contar con Estados Unidos”, que “requisa material médico para cubrir sus propias necesidades” y “ha perdido todo sentido de comunidad” 12/.

Los desubicados neoliberales desconocen este escenario, cuando propician el endeudamiento latinoamericano directo con la Reserva Federal, para afrontar la crisis en ciernes 13/. No registran la nueva reticencia del coloso del norte a retomar sus viejos auxilios.

El resentimiento de la región se acentúa, además, por la persecución que afrontan los indocumentados. Trump alienta ahora la expulsión de los inmigrantes contagiados, extendiendo a los latinos su furia contra China. Busca desesperadamente culpables de un virus que está devastando el sistema sanitario estadounidense.

El ataque a Venezuela sería la coronación de esa agresividad. Por eso despliega ridículas acusaciones de narcotráfico y ofrece 15 millones de dólares por la captura de los líderes chavistas. Pero una aventura bélica en regla es improbable en medio del uso de los portaaviones y las carpas de campaña para lidiar internamente con la infección. El ocupante de la Casa Blanca busca crear pánico con sus amenazas twiteras, pero sólo genera más repudios en toda geografía latinoamericana.

También la postura distante de la Unión Europea frente a las necesidades sanitarias de la región impacta en los grupos dominantes locales. Las viejas solidaridades frente a las catástrofes ya forman parte del pasado. Ahora prevalece el encierro del Viejo Continente en su propia y fallida batalla contra la pandemia. Las imágenes diarias de fallecidos en España han impacto en todo el universo iberoamericano. El fracasado manejo del coronavirus en ese país intensifica la erosión del padrinazgo peninsular sobre el Nuevo Mundo.

China ha quedado ubicada en la vereda opuesta. Los auxilios sanitarios consolidan su impresionante avance en la región. Salta la vista el contraste de actitudes con Estados Unidos y Europa. En lugar de emitir insultos o exhibir indiferencia, el gigante asiático ha ofrecido socorros. Hasta el propio Bolsonaro afronta problemas para consumar su sometimiento a Trump, ante la creciente influencia de China en los negocios de Brasil.

La gravitación de la nueva potencia en la crisis del coronavirus también confirma que China no es un simple jugador del “Sur Global”. Forma parte del selecto club de grandes colosos que definen la geopolítica mundial. La postura frente a la crítica situación que se avecina en el endeudamiento latinoamericano clarificará su posicionamiento real frente la región. La solidaridad coyuntural frente la pandemia puede quedar ratificada o anulada en esa estratégica definición.

Como cualquier pronóstico es muy prematuro, conviene evaluar con sobriedad las futuras relaciones sino-latinoamericanas. En lugar de emitir ingenuos elogios o recurrir a fantasmales prevenciones, corresponde recordar la imperiosa sociedad con China que necesita la región, para lidiar con el tradicional dominador estadounidense.

Pero los distintos replanteos afrontan el enorme vacío geopolítico creado por la pandemia. Los alineamientos derechistas están enmudecidos. El desorden que impera en Washington ha dejado sin brújula a sus peones de la OEA y el Grupo de Lima. También las alternativas forjadas en la década pasada están desarticuladas y en medio de una crisis monumental la CELAC y UNASUR no funcionan. El interregno del coronavirus ha creado un provisorio paréntesis en el ajedrez político regional.

Resistencias y convergencias

La lucha social ha quedado muy afectada por el encierro impuesto con la pandemia. La imposibilidad de movilizaciones callejeras interrumpe la continuidad de las grandes protestas que emergieron durante el año pasado. Pocos días antes de la cuarentena, la conmemoración del día de la mujer suscitó enormes manifestaciones, en las principales ciudades de América Latina. La reclusión hogareña corta una secuencia, que debería recomenzar cuando finalice el peligro de los contagios.

Ese reinició afrontará un contexto económico-social terrible. Los anticipos de esas acciones populares ya se avizoran, en los movimientos que han mantenido activos los cacerolazos (Brasil) y el clamor vecinal (Bolivia, Colombia).

Las demandas más acuciantes involucran la protección sanitaria. Pero también crecen las exigencias frente a las distintas situaciones de imposible cumplimiento de la cuarentena. El llamado a «quedarse en la casa» no funciona en viviendas precarias, con heladas en invierno y sofocaciones en verano. Allí gana espacio la auto-organización, para implementar el aislamiento comunitario («quedarse en el barrio»).

Las demandas de salarios compensatorios y alimentación son igualmente dominantes en varios países (Haití, Colombia o Bolivia). En todas partes las modalidades tradicionales de la huelga han quedado obstruidas y otro tipo de protestas informales se hacen oír. Un primer paro de repartidores de comida contra la precarización laboral y la falta de seguridad sanitaria despuntó en Argentina y tuvo eco en otros seis países. Los jóvenes bicicleteros promueven importantes iniciativas de organización sindical.

El eje democrático ocupa también un lugar central en la resistencia contra los gobiernos que militarizan su gestión. La organización de la batalla colectiva contra estos atropellos empalma con el gran espíritu de solidaridad que ha emergido frente a la infección. Son incontables las iniciativas de voluntarios que se anotan para ayudar a los enfermos, contagiados y adultos mayores. Esa oleada ilustra una creciente disposición a la acción colectiva.

Este escenario ha creado muchos terrenos para la convergencia de corrientes de izquierda con propuestas semejantes. Todas coinciden en fortalecer los sistemas de salud pública a escala nacional y en batallar a nivel global contra la mercantilización de los medicamentos, anulando los regímenes de propiedad intelectual.

La defensa de los derechos sociales se ubica al tope de esta agenda con exigencias de pago íntegro del salario, prohibición de los despidos e instauración de un ingreso universal garantizado. La cuarentena actualiza, a su vez, la demanda de alimentación suficiente y saludable, mediante la jerarquización de la agricultura cooperativa. La vivienda digna con servicios básicos garantizados se ha tornado tan imprescindible, como la suspensión de los desalojos y las moratorias de deudas a las familias asfixiadas por los pasivos.

Como todos los países necesitan financiar los gigantescos gastos públicos que exige la paralización de la economía, se ha tornado insoslayable la suspensión del pago de la deuda externa y su auditoria. Ante el desmoronamiento de la recaudación se impone la introducción de los impuestos a las grandes fortunas, con el modelo de una “tasa Covid” ya debatida en varios países 14/.

La defensa de los derechos democráticos exige el uso de mecanismos de prevención y no de represión. Es urgente la protección de los líderes y militantes perseguidos y la implementación de medidas efectivas para contener la violencia machista. Las cuarentenas han incrementado en forma exponencial la desprotección doméstica de las mujeres amenazadas.

Finalmente el rechazo de las provocaciones y los embargos imperiales contra Cuba y Venezuela es tan decisivo, como el sostén de la ayuda humanitaria internacionalista. Las coincidencias de toda la izquierda en estos programas facilitan las respuestas colectivas, pero no diluyen las controversias en curso.

Cuatro debates

Para revertir la asfixia del endeudamiento externo hay varias propuestas de condonación del pasivo con los organismos multilaterales y negociación de moras o quitas con los acreedores privados. Estas alternativas permitirían un respiro en los pagos del tributo, pero no eliminarían la continuidad ulterior de la carga. Esa eternización de las transferencias a los banqueros mantendría el grillete financiero, que impide el desenvolvimiento con igualdad de la economía latinoamericana.

Por esa razón es más acertado demandar la suspensión inmediata de los pagos y la auditoria de todos los pasivos, situando en un mismo plano los compromisos con los bonistas privados y los organismos multilaterales. No existe ninguna justificación para disponer quitas en un caso y condonaciones en el otro. Esa distinción legitima un segmento del pasivo con idénticas sospechas de fraude que la otra porción.

Los reclamos de investigación de la deuda contradicen especialmente la convalidación de las acreencias con el FMI. Este organismo adoptó últimamente un disfraz de institución bondadosa, para desactivar los cuestionamientos a su conocido rol artífice del sufrimiento popular. Es una ingenuidad contribuir a esa mascarada, abriendo el camino para el próximo retorno del Fondo a su habitual papel de auditor del ajuste.

La segunda discusión involucra la forma de implementar los programas. Como la protección frente a la pandemia ha ratificado el rol protagónico de todos los estados frente a cualquier emergencia, las estrategias políticas que propugnan soslayar esa centralidad estatal afrontan renovados problemas.

Algunos partidarios de esa orientación describen cómo la crisis del coronavirus ha confirmado la necesidad de forjar el “buen vivir” y recuperar la armonía con la naturaleza. Pero no definen cuáles son los instrumentos políticos para alcanzar esos objetivos. La pandemia ha demostrado la insuficiencia de los senderos meramente cooperativistas. Sin protagonismo del estado no serían factibles las cuarentenas y los auxilios de la salud pública. Muchos teóricos autonomistas eluden esta conclusión o la aceptan en forma implícita sin conceptualizarla.

En la coyuntura actual esa divergencia contrapone el fomento de resistencias centradas exclusivamente en la auto-organización popular, con las estrategias que privilegian también las demandas al estado (salarios, impuestos, deuda). Sólo este segundo camino permite construir alternativas políticas significativas.

El tercer debate gira en torno a las modalidades de lucha en el nuevo escenario de militarización. En muchos países la pandemia es el pretexto utilizado por la restauración conservadora para instaurar gobiernos cuasi-dictatoriales. La resistencia a semejante autoritarismo exige superar el horizonte meramente electoral.

La batalla contra el totalitarismo de Añez, la represión de Piñera, el fascismo de Bolsonaro o las agresiones de Lenin Moreno no será eficaz, si queda atada a las anteojeras institucionales, que habitualmente guían la política del progresismo.

Esa corriente mistifica las reglas formales del republicanismo, sin notar cómo las clases dominantes tienden vulnerar esos principios. Las ingenuidades institucionalistas generan dramáticas consecuencias en el duro escenario que impera en la región.

La cuarta discusión en la izquierda involucra la insoslayable distinción entre los gobiernos derechistas y progresistas. Resulta indispensable reconocer la diferencia cualitativa, que separa a un mandatario como Bolsonaro de otro como Fernández. Ese reconocimiento es la condición para actuar con realismo, en sintonía con las esperanzas populares.

Los reaccionarios, neoliberales y fascistas conforman un bloque de enemigos acérrimos de los trabajadores. Sus adversarios progresistas, reformistas y desarrollistas exhiben limitaciones e incurren en capitulaciones e insuficiencias. Ambos sectores son muy distintos y el desconocimiento de esa divergencia enceguece a la izquierda. Un abismo separa el negacionismo criminal de la protección sanitaria frente a la cuarentena, y la misma distancia se verifica entre el estado de sitio y los acotados controles de la gendarmería.

Las corrientes sectarias suelen omitir estas diferencias recurriendo a conceptos ambiguos, que se aplican indistintamente a las administraciones progresistas y derechistas (capitalistas, bonapartistas, etc). Olvidan que esos genéricos presupuestos, no anulan las distinciones entre ambos tipos de gobiernos. El desconocimiento de este hecho conduce al auto-encierro en proyectos sin futuro.

Estrategias e ideales

Una política de izquierda basada en dinámicas de radicalización permite evitar las ingenuidades autonomistas, las vacilaciones institucionalistas y las miopías sectarias. En la crisis generada por la pandemia esa orientación tiene muchas expresiones en programas, movimientos sociales y organizaciones políticas.

Esos espacios alientan el protagonismo popular para construir un proyecto anticapitalista. Apuestan a dilucidar a través de la experiencia cuáles serían las reformas posibles y propician abiertamente el avance hacia el socialismo. Promueven, además, articulaciones internacionales y acciones parlamentarias o callejeras, para forjar hegemonías políticas coronadas con rupturas revolucionarias. Ponderan especialmente la voluntad de lucha como una cualidad indispensable, en contraposición al florecimiento actual del escepticismo y la resignación.

En la convulsión global generada por el coronavirus se ha tornado particularmente relevante la contraposición entre humanismo y codicia. El primer principio protege a la población con cuarentenas y la segunda actitud condena al deceso a los sectores vulnerables. En un polo se ubica la defensa de la vida y en otro la indiferencia ante el sufrimiento y la muerte. Esa misma simetría se extiende a las conductas de solidaridad o agresión. Nunca ha sido tan transparente el contraste entre las provocaciones militares del Pentágono y los gestos de hermandad de Cuba.

El socialismo sintetiza esos principios de humanismo. No implica solamente un proyecto de largo plazo de justicia, democracia e igualdad. Supone ya mismo la defensa prioritaria de la vida. Los socialistas protegen la salud pública frente a capitalistas que sólo enaltecen sus ganancias.

Resumen

La pandemia altera el escenario de restauración conservadora y rebeliones populares. La derecha extiende la militarización y divulga argumentos negacionistas para resguardar las ganancias. Exalta ese lucro en desmedro de la vida y justifica el ajuste en plena emergencia. El experimento criminal de Bolsonaro es el gran test regional de los reaccionarios.

El rumbo sanitario progresista de Argentina se extiende a otros planos sin zanjar una tónica definitiva. La comparación con México esclarece el curso de ambos gobiernos. En plena emergencia del coronavirus Venezuela afronta con éxito la agresión imperial y Cuba ha recuperado un significativo protagonismo internacional por su labor solidaria.

El repliegue estadounidense y la introspección europea desconciertan a las elites, mientras aumenta la gravitación de China ante la parálisis de los organismos latinoamericanos. Se ha introducido un paréntesis en la lucha social, en un marco de gran confluencia de reivindicaciones populares con cuatro debates en la izquierda. El humanismo socialista recobra significado

14/5/2020

Bibliografía

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Notas

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2/Laura Di Marco, «Amagues autoritarios en medio de la pandemia» 10 abr. 2020. La Nación

3/ Andres Oppenheimer, El populismo irresponsable, 20-3-2020 La Nació

4/ Isabella Cota América Latina trata de aparcar las ideologías para priorizar los planes económicos, 17-4-2020 https://elpais.com/noticias/america

5/ Vargas Llosa Mario, Macri Mauricio, Aznar, José María Aznar y otros. Que la pandemia nos sea un pretexto para el autoritarismo” 23 abr. 020 https://www.clarin.com

6/ Lincoln Secco, A famiglia no poder 08/04/2020 https://aterraeredonda.com.br David Maciel Bolsonaro aposta no caos 19 de abril de 2020<href=»#comments»>1 https://contrapoder.net/colunas</href=»#comments»>

7/ Dario Pignotti La renuncia de Moro puso a Bolsonaro contra las cuerdas 25 abr. 2020 https://www.pagina12.com.ar,/ Eric Nepomuceno Bolsonaro liquidado, o casi 25 abr. 2020 https://www.pagina12.com.ar/

8/ A principios de mayo Argentina duplicaba el número de decesos cada 15,4 días y Brasil cada ocho. En el primer caso había 4,7 fallecidos por millón de habitantes y en el segundo 24. Las mismas diferencias se verifican en las emergencias hospitalarias. Raúl Kollmann Coronavirus: un análisis comparativo entre Brasil y Argentina, 4 mayo, 2020. https://www.pagina12.com.ar/

9/ Manuel Aguilar Mora AMLO y el bonapartismo autista, 17 abr. 2020 https://www.sinpermiso.info/

10/ Andrés Oppenheimer Coronavirus: médicos cubanos para la Argentina, La Nación, 29 abr. 2020

11/ Katu Arkonada Cuba se escribe con S de solidaridad, 25 abr. 2020 https://www.jornada.com.mx Luiz Bernardo Pericás Cuba e o coronavírus 09/04/2020 – https://teoriaedebate.org.br/

12/ Cepal: «Latinoamérica no puede contar con EE.UU. en la crisis del coronavirus». 7 abr. 2020 https://www.efe.com/efe/america/

13/ Alejandro Izquierdo, Martín Ardanaz.Cómo puede financiar América Latina el combate al virus 15 abr. 2020, La Nación.

14/ Hay proyectos en Argentina, España. Rusia, Italia, Suiza e Inglaterra, Alemania, Brasil, Ecuador, Chile, Bolivia y Perú, 29 abr. 2020, www.pagina12.com.ar/262701

 

 

Autor: Claudio Katz

Fuente de la Información: https://vientosur.info/spip.php?article15973

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