Author: Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

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La CLADE propone caminos frente a los desafíos para alcanzar la Agenda 2030 en educación

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) Deja un comentario

La CLADE participó en un encuentro de la Campaña Mundial por la Educación (CME) para intercambiar aprendizajes y fortalecer la incidencia política de la sociedad civil en defensa del derecho humano a la educación pública y gratuita.

El 26 de enero, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Educación, la Campaña Mundial por la Educación (CME) convocó al encuentro virtual de aprendizaje político “Cambio de poder y narrativas: aprender del trabajo de la CME como movimiento en Naciones Unidas y más allá”.

La intención del espacio fue lograr intercambios entre integrantes de la CME que les permitan tener lecciones de sus experiencias de incidencia, perfeccionar sus estrategias de acción colectiva y fortalecer su capacidad para influir en las estructuras de poder y las narrativas globales en torno a la educación.

Al mismo tiempo, la membresía de la CME está llamada a seguir reflexionando sobre su participación en los espacios políticos globales, fortalecer la colaboración e innovar en enfoques para sostener una defensa eficaz e inclusiva de la sociedad civil a favor de una educación pública gratuita y de calidad para todas y todos.

El seminario virtual tuvo la participación de varias personas que, desde diversas regiones del mundo trabajan por el reconocimiento del derecho humano a la educación para todas y todos. Concretamente, pusieron sobre la mesa la participación fundamental de la sociedad civil en la búsqueda de ese derecho; la preocupación del aumento de la privatización en detrimento de su alcance ; y por supuesto, el compromiso de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre educación (ODS4), que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas.

Retos para los caminos de la incidencia por la educación

Durante su participación en este seminario, Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE respondió a la pregunta sobre los desafíos para alcanzar la Agenda 2030 y el cumplimiento del ODS 4, desde el compromiso de que los objetivos no se olviden en el tiempo que resta para llegar al año 2030. Propuso dos caminos posibles:

El primero, plantea resignificar cada meta del ODS 4, integrando en ellas los temas que se han ido posicionando en la agenda educativa global como nuevas realidades, aunque no lo son, como: cambio climático, movilidad humana, digitalización e inteligencia artificial, juventudes y, por supuesto, financiamiento sostenible.

El desafío político para la sociedad civil es hacer visible esa conexión de manera sistemática, evitando que estos temas se conviertan en agendas paralelas que fragmenten la mirada, diluyan las responsabilidades y obliguen a la competencia por recursos. Defender cualquier marco post-2030 debe integrar las metas no cumplidas del ODS 4 como deudas históricas obligatorias e impostergables. Esta resignificación, explica Nelsy Lizarazo, puede ayudar a evitar una suerte de “procrastinación social”, o, en otras palabras, abandono de las metas para pensar en qué hacer después del 2030. Lo cual es un gran riesgo.

Con este primer camino, el planteamiento resalta la preparación para después del 2030, lo que implica no abandonar el ODS 4, por el contrario, usarlo como una arquitectura común que permita ordenar, conectar y politizar estos debates.

Y un segundo camino es, aportar y acompañar tres debates necesarios relacionados a la garantía del financiamiento sostenible del derecho humano a la educación:

  1. Los procesos hacia la Convención Fiscal en Naciones Unidas.
  2. La convocatoria abierta de la secretaría general de Naciones Unidas, António Gutérres, sobre la pertinencia o no de continuar usando el Producto Interno Bruto (PIB) como índice para tomar decisiones de cooperación, apoyo e inversión.
  3. El debate que requiere nuestra mayor investigación y posicionamiento sobre los denominados “mecanismos innovadores de financiamiento”.

La CLADE considera que, “lo que como movimiento global en los espacios regionales y nacionales logremos aportar en estos procesos, puede ser muy significativo y generar una condición verdaderamente habilitante para avanzar en las metas del ODS 4 y más allá”, fueron las palabras de cierre de Nelsy Lizarazo.

La CLADE propone caminos frente a los desafíos para alcanzar la Agenda 2030 en educación

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Serie animada sobre docentes que inspiran la pedagogía crítica

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) 8 comentarios

El Centro Internacional Otras Voces en Educación (CII-OVE) parte de la membresía de CLADE comparte una serie de animaciones que presentan la vida de docentes que han aportado a las pedagogías críticas.

La CLADE se complace en destacar la reciente producción informativa del Centro Internacional Otras Voces en Educación (CII-OVE), cuyo seriado pone en valor la figura de docentes y especialistas en educación en la transformación por la inclusión social. Este seriado puede ser utilizado para el intercambio y el debate en diversos espacios de formación, promoviendo una educación dialógica que fomenta el pensamiento crítico entre estudiantes y las comunidades.

Las producciones animadas buscan alimentar la formación docente para el pensamiento crítico como uno de los desafíos más urgentes de la política educativa en América Latina, alineándose con el compromiso de CLADE en promover una educación liberadora. Se destaca la reflexión sobre las estructuras de poder y el rol de los y las docentes en la construcción colectiva de conocimiento y en la resistencia a los códigos culturales dominantes.

El seriado es una fuente de inspiración para procesos de formación y capacitación con un enfoque en la investigación de la propia práctica, alimenta la producción de nuevos significados en el ámbito de los derechos humanos. Al compartir estas narrativas se animan prácticas pedagógicas orientadas a la transformación social justa y humana desde el aula.

El seriado consta de las siguientes producciones:

 Más producciones en CII-OVE

Serie animada sobre docentes que inspiran la pedagogía crítica

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Nuevos abordajes para el derecho humano a la educación superior: Reflexiones y propuestas desde América Latina y el Caribe

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

CLADE: Campana Latinoamericana por el Derecho a la Educacion 

La educación es un derecho humano que se ejerce a lo largo de la vida; incluye, por lo tanto, la educación en la primera infancia, la educación técnica, vocacional, profesional y universitaria para todas las personas, en cualquier etapa de su vida.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece, en su artículo 26, el derecho a la educación superior: “el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”. También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales (PIDESC), en su artículo 13, establece las obligaciones de los Estados de asegurar el acceso progresivo universal y gratuito a todas las personas a la educación superior, lo que debe realizarse sin ninguna condición. Otros instrumentos de derecho internacional relevantes son: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), que en su artículo 10 establece la igualdad de acceso a la educación para las mujeres y la eliminación de roles estereotipados que legitimen la violencia de género en el proceso educativo; la Convención de Derechos del Niño (1989), que señala en el artículo 32, que el derecho a la educación es necesario porque protege de la explotación económica y laboral, las cuales pueden entorpecer el proceso educativo del niño o la niña, y en el artículo 28 subraya que la enseñanza superior deve accesible a todos; y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) que, en su artículo 24, exige que el proceso educativo sea inclusivo para todos y en todos los niveles.

Según el Instituto de Estadísticas de UNESCO, la tasa bruta de matriculación en América Latina y el Caribe (porcentaje de la población matriculada en relación con la población total del grupo de edad recomendado) aumentó considerablemente entre los años 2000 y 2018, pasando del 23 al 52%. Sin embargo, el Banco Mundial identifica que solo la mitad de las y los estudiantes entre 25 y 29 años que están matriculados completan su formación. Ello ocurre por distintas razones, muchas de ellas vinculadas al inclumplimiento de los Estados con sus obligaciones en temas de derechos humanos (World Bank; Latin America and the Caribbean: Tertiary Education; 2021).

El cumplimiento del derecho a la educación, en cualquier etapa, está basado en la realización de cuatro dimensiones del derecho: la disponibilidad de la oferta educativa en todas las partes de los territorios; la accesibilidad de todas las personas, sin cualquier forma de discriminación, a la educación y a las instituciones escolares; la aceptabilidad de los contenidos educativos brindados; y la adaptabilidad de la educación al contexto en el cual los sujetos de derechos están incluidos. Cuando no cumplen cualquiera de estas dimensiones, los Estados están concretamente violando el derecho.

América Latina y el Caribe tienen una larga trayectoria en la discusión sobre el derecho a la educación superior. Hace más de cien años, cuando en septiembre de 1918, estudiantes argentinos ocuparon las

facultades de Medicina, Derecho e Ingeniería de la Universidad de Córdoba, se planteó la laicidad y la democratización de la educación universitaria.

En oposición al modelo universitario milenario europeo, de tradición autocrática y religiosa, que había sido creado en 1088 en la Universidad de Bologna, estudiantes latinoamericanos exigieron que la Universidad de Córdoba se desvinculara de los padres jesuítas, que la habían fundado en 1613. Y reclamaron: participación de los sujetos de las comunidades educativas en la gestión administrativa universitaria; autonomía universitaria; libertad de cátedra; mecanismos de asistencia social para discentes; y el acercamiento de las universidades a las necesidades de los pueblos, a través del desarrollo de iniciativas de extensión universitaria y de conocimientos que contribuyan a la justicia socioeconómica. A estas demandas, más recientemente, se sumaron el cumplimiento de la justicia socioambiental, la realización de los derechos humanos y el buen vivir. Asimismo una producción crítica de conocimientos, plural y diversa, que reconoce incluso los saberes y cosmovisiones de los pueblos indígenas originarios, afrodescendientes y de otros grupos históricamente excluidos.

Este movimiento político, emancipatorio y liberador de estudiantes argentinos, rápidamente se diseminó por el continente, provocando la asunción de federaciones estudiantiles e inspirando reformas universitarias en distintos países del mundo. En un momento en el cual hay una corrida por la inclusión de estudiantes en los sistemas de educación superior, pero dejando de lado los principios fundamentales para la transformación social, nos parece urgente recuperar estos mensajes potentes de nuestra región, reiterando que las y los estudiantes de nuestra región continúan siendo víctimas de persecuciones y procesos de criminalización por el simple hecho de luchar colectivamente por la realización de sus derechos.

La democratización de la enseñanza superior no significa un crecimiento acelerado en la tasa de matriculación, o en el número de instituciones de enseñanza, o una ampliación en la diversificación de títulos y carreras, como observamos en nuestra región. Democratización con inclusión significa crear mecanismos para revertir las tendencias de reproducción de relaciones asimétricas de poder, exacerbación de las desigualdades y de las discriminaciones en los sistemas educativos, generando sociedades más igualitarias.

El crecimiento de la oferta educativa superior no estuvo debidamente acompañado de un financiamiento adecuado, que garantice el disfrute del derecho en igualdad de condiciones para las personas. Al contrario, se dió una tendencia a la precarización de las instituciones públicas y un crecimiento de la oferta privada. Por falta de reglamentación por parte de los Estados, ello generó la multiplicación de escuelas internacionalizadas y de elite para los ricos y universidades de baja calidad para estudiantes pobres, que hacen grandes esfuerzos para pagar por la educación superior – pensando que ello les permitirá tener mejores condiciones de vida – y que terminan por no conseguir puestos de trabajo decentes por la baja calidad de la educación a la cual acceden.

Nos preocupan los procesos de privatización – hoy un 53.2% de las y los estudiantes universitarios están en universidades privadas – y la financiarización de la educación superior. La educación superior ahora se presenta como una mercancía negociada en el mercado de acciones, un negocio interesante, que homogeniza y estandariza los conocimientos y formas de pensar, y produce ciudadanos útiles a la profundización de los modelos neoliberales. También nos inquieta la hiperconcentración de la enseñanza privada en manos de pocas instituciones, muchas veces extranjeras.

En este contexto, recuperar el contenido del derecho a la educación superior nos parece fundamental:

● Una educación superior disponible para todas y todos significa que las instituciones de educación superior públicas y gratuitas    deben de estar debidamente financiadas y presente en las distintas partes del territorio, con docentes con calificación y trabajando en condiciones de trabajo decente.

  • ●  Significa que, cuando sea necesario, el Estado brinde educación superior a distancia, pero de manera complementaria a la educación presencial, y garantizando las condiciones para que todas las y los educandos puedan estudiar – lo que supone el acceso universal a internet y a dispositivos tecnológicos y a plataformas accesibles, preferencialmente de código abierto y adoptando software libres. Durante la pandemia, los procesos de enseñanza-aprendizaje fueron asumidos por las familias, estudiantes y docentes, quienes tuvieron que comprar equipos de conexión, pagar el acceso a internet y plataformas; pero son los Estados los que deben asumir los costos de transformación digital, sin privatización.
  • ●  Ser accesible para todas y todos significa que todas las barreras que impiden el acceso a este derecho deben ser superadas. Así, la educación superior tiene que ser gratuita y no puede adoptar procesos excluyentes para el ingreso a las universidades, que suelen dejar afuera a los grupos históricamente marginados. Por otra parte, donde la gratuidad de la educación pública superior ya esté garantizada, es imperativo no retroceder justamente porque la gratuidad debe ser progresivamente cumplida para todas las personas. Tampoco pueden haber barreras en términos de infraestructura o de cualquier otra naturaleza, que impidan el acceso de personas con distintas discapacidades o minorías étnicas, migrantes y otros grupos a la enseñanza superior.
  • ●  La educación superior ha servido durante siglos para formar grupos sociales dominantes de la población. Urge ampliarla a los sectores históricamente excluidos y con perspectiva intercultural e interseccional. Crear y ampliar políticas de acción afirmativa para garantizar el acceso y políticas intersectoriales para garantizar la permanencia de estos grupos en la educación.
  • ●  La educación superior debe de ser un bien común, una inversión que la sociedad hace en colectivo, para generar justicia social y ambiental. Un instrumento habilitador de la realización de los demás derechos. En este sentido, nos preocupa la ofensiva del capital corporativo, muchas veces extranjero, que pretende habilitar al sector empresarial para la titulación en carreras cortas y rápidas y también influenciar los espacios de gobernanza global y de toma de decisión sobre políticas educativas, de manera poco transparente y democrática. Asimismo, nos inquietan los procesos de privatización y comercialización de la educación, que amplifican las desigualdades y segregaciones en los sistemas. Aquí, los Estados tienen un rol fundamental de regular la oferta privada y evitar el endeudamiento de las y los estudiantes y de sus familias, de manera de no seguir arrastrando las falencias de la educación básica.
  • ●  Ser aceptable significa que el contenido de la educación superior debe poner el centro de su proyecto político-pedagógico la dignidad humana, el pensamiento crítico, la transformación de las sociedades, la realización de todos los derechos humanos, la paz y la convivencia democrática. En tal sentido, la presencialidad es fundamental para cumplir con el derecho a una educación que enseñe a vivir, convivir, compartir y a crear colectivamente una sociedad de justicia social.
  • ●  Ser aceptable significa romper con la lógica del pensamiento único, estandarizado, hegemónico y mantenedor del status quo; significa aceptar y valorar la diversidad, incluso en los procesos evaluativos, que deberían seguir criterios formativos y no únicamente economicistas.
  • ●  Significa responder a las expectativas de los sujetos de derechos y de los distintos actores de las comunidades educativas, que deben participar en la gestión de las universidades y en la definición de las políticas educativas. Y garantizar las condiciones para que todas las personas puedan estudiar y seguir la trayectoria de vida que deseen.

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  • ●  Ser aceptable significa garantizar un ambiente libre de violencia, intimidación, acoso, hostigamiento, amenazas y demás agresiones contra las mujeres, personas LGTBQI+ o cualquier otro grupo, en razón de su participación en la comunidad académica o del ejercicio de actividades. También, libre de violencia contra las instituciones, los laboratorios y las bibliotecas universitarias.
  • ●  Las mujeres han tardado seis siglos en acceder a las universidades. Ahora hay que garantizar la ruptura de estereotipos de género y de la cultura patriarcal, de manera que ellas puedan permanecer estudiando en las áreas que deseen, incluso en Ciencias, Matemáticas, Ingeniería y Tecnología (STEM, por sus siglas en inglés) donde siguen poco presentes, y que logren concluir sus cursos elegido, participando en la toma de decisiones.
  • ●  Por otro lado, hay que volver a valorar las carreras humanistas, la filosofía, el arte, la música, el deporte porque ellas permiten comprender los procesos históricos, políticos, sociales y proponer alternativas para el desarrollo de las sociedades.
  • ●  Ser aceptable es reconocer que la educación superior universitaria debe de tener un compromiso con la enseñanza, con la investigación y con la extensión universitaria. Y garantizar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, elementos fundamentales para consolidar la democracia, el pluralismo de ideas, el progreso científico y el buen vivir.
  • ●  Ser adaptable significa que la educación debe de ser flexible para responder al contexto de cada estudiante, permitiendo que él o ella permanezca estudiando y culmine sus estudios, incluso en contextos de emergencia.
  • ●  La democratización de la educación superior implica que actores que tuvieron sus derechos violados en etapas anteriores de su vida estarán en las universidades y otras instituciones de enseñanza superior, y que por lo tanto las escuelas deberán adaptarse para acoger de manera adecuada a este nuevo grupo, brindando asistencia social y emocional cuando sea necesario, y adoptando una cultura de colaboración, en lugar de la cultura de la competición, meritocracia e individualismo.
  • ●  Considerando la indivisibilidad e indisociabilidad de los derechos humanos, también será necesario adoptar políticas intersectoriales y interseccionales para prevenir posibles nuevas violaciones de derechos, sea en la presencialidad o en la educación a distancia, y para evitar el desgranamiento que mayormente sucede en los primeros años de la educación.Finalmente, para garantizar la educación superior universitaria y no universitaria como derecho humano, es fundamental asegurar las condiciones para la realización de ese derecho. Urge garantizar buenas condiciones para las y los docentes, incluyendo buenos salarios, infraestructura laboral y libertad de cátedra. Es hora de descolonizar y despatriarcalizar la construcción de los conocimientos, incorporar los saberes y cosmovisiones de los pueblos indígenas, de las y los afrodescendientes, personas migrantes, minorías étnicas, las comunidades LGTBQI+ y otros grupos históricamente excluidos. Es hora de asegurar la libertad académica para proteger la diversidad de métodos, temáticas y fuentes de investigación acordes con las prácticas y reglas internas de cada disciplina.

    Es imperativo asegurar un financiamiento público y adecuado de la educación superior pública y estatal, que garantice el acceso y permanencia de las y los estudiantes, sin recurrir a “soluciones” basadas en los préstamos, que, en largo y mediano plazos, disminuyen los recursos disponibles para la educación debido al servicio de la deuda que deben de pagar los Estados, las y los estudiantes y sus familias individualmente. Para ello, es fundamental adoptar mecanismos de justicia fiscal y de control de la evasión y elusión de impuestos, con miras a disponer de más recursos para la educación.

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Asimismo, es urgente garantizar la presencialidad, la territorialidad, y las condiciones para la organización estudiantil y docente, así como la participación de las comunidades educativas en la definición de las políticas, adoptando una gobernanza transparente y democrática, basada en los intereses de la comunidad universitaria en diálogo abierto y permanente con la sociedad. Así, los órganos de gobierno y cogobierno universitario deben transmitir en vivo sus reuniones y dinámicas de toma de decisión para abrir paso a modelos de democracia directa y abierta.

¡La educación superior es un derecho; no es una mercancía! ¡Es imperativo que todos los Estados la asuman como responsabilidad primordial, cumplan con sus obligaciones, y hagan todos los esfuerzos para que ella se realice para todas y todos!

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Nicaragua: Las mujeres no son libres, las mujeres no están seguras

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

Por: Aldania Serrano

Publicado en redclade.org

A pesar de las últimas reformas en la Constitución Política de Nicaragua, que incluye leyes que protegen a las mujeres, en el país se está viviendo una coyuntura con una centralización de poder y poca seguridad para la ciudadanía y a la vez múltiples crisis, en las que los niños, niñas, adolescentes y mujeres son más afectadas debido a su nivel de vulnerabilidad.

Para hablar sobre la violencia basada en género en Nicaragua, se debe reconocer que los nicaragüenses se encuentran en una sociedad patriarcal. Desde que las personas nacen se les asignan roles en dependencia de su sexo biológico, como consecuencia, las mujeres y niñas están creciendo en un sistema que dicta lo que deberán hacer el resto de sus vidas.

Es importante señalar que la violencia basada en género está sustentada por el sistema patriarcal en el que dominan los hombres sobre las mujeres, la mayoría de las veces, las mujeres sufren violencia a raíz de su cuerpo y la concepción de los hombres sobre él.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 736 millones de mujeres (una de cada tres), son víctimas de violencia física o sexual realizada por un compañero íntimo o agresiones sexuales perpetradas por otras personas, unas cifras que se han mantenido estables a lo largo del decenio más reciente.

También, para ONU mujeres, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo y se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta, y Nicaragua no es la expepción.

Así se manifiesta la violencia basada en género

“¿Ya tenes novia en la escuelita?”, todas las personas en Nicaragua ya han escuchado esta expresión que le dicen a los niños. Desde que son infantes se crían a los niños con la idea de que deben ser coquetos, que deben decirles ¨piropos¨ a las niñas y mujeres en la calle, pero no se les dice que en realidad eso es acoso y violencia normalizada porque invaden el espacio y la privacidad de las niñas y mujeres.

De igual forma, es violencia de género cuando a las niñas solo se les permite jugar con muñecas y jugar a ¨la cocinita¨, usar faldas y ser sumisas, porque eso es lo que la sociedad ha construido desde hace mucho tiempo. Es violencia también, que a los niños no se les permita llorar en público porque ¨los verdaderos hombres no lloran¨, porque los hombres son fuertes y deben dedicarse a trabajar para el hogar, no pueden ser sensibles porque no es parte de su naturaleza… criar a los niños con estas ideas, es violencia.

La violencia basada en género también se manifiesta con acoso callejero, con micromachismos,  y en palabras de la activista Integrante de la red de mujeres contra la violencia, Evelyn Flores, estos comportamientos y conductas no deben celebrarse porque son expresiones de violencia determinadas por las relaciones de poder de los hombres hacia las mujeres, que se producen como:

  • Violencia física
  • Violencia psicológica
  • Violencia sexual
  • Violencia económica
  • Violencia emocional

Una de las expresiones más graves de violencia, es la conducta normalizada de hombres adultos que buscan una relación amorosa con adolescentes y jóvenes, quienes son vulnerables a ceder por algún tipo de amenaza y violencia ejercida por el adulto que goza de poder y por ello abusa del mismo. Las niñas, adolescentes y jóvenes deben ser protegidas de este tipo de abusadores.

Quiénes ejercen violencia

Generalmente, son los hombres quienes ejercen violencia hacia las mujeres, no necesariamente se puede ver en una pareja, la violencia basada en género sucede independientemente de si existe o no un vínculo entre el victimario y la víctima. La violencia también está presente en sitios de trabajo, en las calles, en las iglesias, en la familia, en las escuelas y universidades.

Qué ha cambiado en los últimos años

Gracias a los esfuerzos de las mujeres feministas, con el pasar de los años, las mujeres se han empoderado y muchas cosas del pasado han cambiado, antes los hombres eran los dueños de tierras en las zonas rurales, ahora hay mujeres productoras y dueñas de sus tierras, antes era muy común que los hombres fuesen los titulares de las casas y las herencias, ahora hay más mujeres siendo incluidas, hay más mujeres tomando responsabilidades y siendo parte de esta revolución que con el tiempo será una normalidad.

En busca de una sociedad justa

Para Flores, se debe luchar en contra de la violencia basada en género, pero para ello se necesita un trabajo armónico entre hombres y mujeres, no se trata de una competencia, si no de la construcción de una sociedad más justa y democrática, en la que los hombres y las mujeres puedan vivir en paz. Asimismo, en medida que hay democracia e institucionalidad se puede combatir la violencia de género de forma más efectiva, ya que, esto permite a las mujeres y niñas gozar de sus derechos.

Las organizaciones en Nicaragua aportan a la eliminación de la violencia de género

Gracias a la lucha feminista, hay muchas mujeres que gozan de su libertad, las organizaciones de sociedad civil y personas profesionales aportan a la eliminación de la violencia de género con sus conocimientos, sus acciones y actividades dirigidas a mujeres nicaragüenses. Con esto, se pretende compartir a la ciudadanía las herramientas para que gocen plenamente de sus derechos y no sufran de discriminación, exclusión, y en un futuro se logre erradicar el machismo. Para ello, se debe educar sobre derechos humanos y los hombres deben admitir que el sistema patriarcal les provee privilegios de los que deben desprenderse para ser parte de esta lucha en contra de la violencia. Las organizaciones en Nicaragua son fundamentales para generar opinión, conocimiento, y para ayudar a las comunidades más necesitadas.

¿En Nicaragua hay leyes que protejan a las mujeres?

La activista Flores comenta que, a pesar de las últimas reformas en la Constitución Política de Nicaragua, sí existen leyes que protegen a las mujeres, así como la ley 779. Sin embargo, entre el marco legal, los operadores de justicia y las instituciones estatales y acciones, existe una brecha significativa, pues en Nicaragua se está viviendo una coyuntura muy fuerte, porque existe una centralización de poder y poca seguridad para la ciudadanía y a la vez múltiples crisis, en las que los niños, niñas, adolescentes y mujeres son más afectadas debido a su nivel de vulnerabilidad. Según la abogada Flores, el marco legal relacionado a la protección y defensa de las mujeres no debe cambiarse, pero si se pudiese aplicar a como expresa la ley, sería lo ideal para brindar justicia a las víctimas.

Femicidios en Nicaragua

Al día de hoy, el número de víctimas de violencia supera las 66, y la cifra de femicidio en grado de frustración asciende las 100, las mujeres nicaragüenses han tenido que ser resilientes y luchar por sus vidas todos los días. No hay un espacio seguro en el que las mujeres se puedan desarrollar, por ello en conjunto se necesita erradicar la violencia de género. Y según afirma Flores, solo una parte de las mujeres logra denunciar la violencia que sufre. A pesar de las leyes no se protege la integridad y dignidad de las víctimas, y a nivel de ejemplo, la activista comenta que, cuando un profesor abusa de una estudiante,  la familia de la víctima tiene que presentar muchas pruebas para que se reconozca al profesor como abusador, en lugar de apoyar y proteger a la niña, y si se confirma que el maestro es abusador, como respuesta, únicamente cambian al abusador de escuela, lo que le permite cometer nuevamente esos delitos y queda impune. No hay justicia para las niñas, no hay protección para ellas.

¿Cuál es la ruta para acabar con esta problemática?

La educación, desde el enfoque de derechos humanos en la que se les enseñe a las personas que los hombre y mujeres tienen los mismos derechos y capacidades, se debe construir una educación formal e informal más sana, más humanista y facilitadora de un futuro más próspero en Nicaragua.

Los cambios culturales también son importantes, los hombres y mujeres deben tener control de su sexualidad, la responsabilidad del futuro como familia debe ser planificado por los hombres y mujeres, la carga no tiene que ser solo de la mujer. Los derechos sexuales y reproductivos deben ser parte de las nuevas formaciones.

Las víctimas son afectadas de por vida

Las víctimas de violencia no pueden desarrollarse de manera óptima, su vida corre peligro y en vista de la impunidad tienen secuelas que aumentan con el tiempo, sufren la violencia del victimario y la violencia estatal porque no tienen justicia. Si las víctimas no son atendidas pueden estar afectadas durante toda su vida.

Cuando sepas que una mujer ha sido víctima de violencia, intenta acercarte para ayudarla, escucharla y protegerla, si podes buscar ayuda psicológica, hazlo, no podemos dejarlas solas.

¿Vos cómo ayudarás a la eliminación de la violencia de género?

Fuente e Imagen: https://redclade.org/noticias/nicaragua-las-mujeres-no-son-libres-las-mujeres-no-estan-seguras/
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Brecha digital, acceso a la información y educación: retos y propuestas para América Latina y el Caribe

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

Por: Fabíola Munhoz

Grupo de sociedad civil que acompaña el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030 en la región organizó diálogo virtual para recoger insumos sobre la temática, los cuales se presentarán al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible

Se realizó el 6 de octubre, el diálogo virtual “Brecha digital, acceso a la información y educación”. La sesión de trabajo fue organizada por el Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT) del Mecanismo de Participación de Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible (FPALCDS). Este Foro es la instancia oficial de seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 4 – referido a la educación, en ámbito regional.

La sesión forma parte en una serie de reuniones que tiene el objetivo de desarrollar los temas de trabajo definidos por GEACT, proponiendo políticas públicas para la solución de los problemas identificados. Se busca además incidir positivamente en los procesos de toma de decisiones sobre los ODS en la región, de manera que los resultados del trabajo del GEACT serán presentados en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para los primeros meses del año 2022.

En el diálogo de ayer, se identificaron problemas relacionados a los temas educación, academia, ciencia y tecnología, y a la vez se plantearon soluciones viables en época de pandemia y postpandemia.

Participaron: Pablo Cavataio, Asesor de la Vicepresidencia de ARSAT Argentina; Maximiliano Estigarribia, Director de ETIS, Argentina; Javier Tolcachier, de la Agencia Pressenza en Argentina; Ana Gabriela Castro Fuentes, del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica; Luis Bonilla Molina, de Otras Voces en Educación Venezuela; y Mauro Jarquín, del Observatorio Latinoamericano y Caribeño de Organismos Multilaterales, Bancas de Desarrollo, Cooperaciones Tecnológicas y Filantropía de México, bajo la moderación de Nora González Chacón, de la Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica (ACED).

Según Javier Tolcachier, la Internet, un espacio tan vital para nuestra interacción social, ha ido mutando en sus características, alejándose de todo posible control democrático y siendo cada vez más permeada por los intereses mercantiles corporativos. Intereses que concentran poder y riquezas en un puñado de empresas transnacionales que van ejerciendo un control de facto sobre los contenidos que circulan por la red.

“Sí!, la internet y sus tecnologías conexas, que idealmente pudieran servir para una mayor democratización del conocimiento y del quehacer político, que pudieran contribuir a una mejor distribución del bienestar y el patrimonio colectivo de la humanidad, se encuentran intervenidas por intenciones monopólicas particulares, que impiden o dificultan que aquello se realice. De allí que es imprescindible analizar con mayor precisión cuáles son las intenciones y procesos que subyacen a la instalación de este modelo tecno-digital, cuáles son sus principales impactos y su posible devenir”, destacó.

Lee aquí su ponencia completa.

Mira a continuación la grabación del encuentro

https://www.facebook.com/100003046220012/videos/572130027427965/

Próximas sesiones del grupo

El GEACT mensualmente implementa una reunión de trabajo de una hora y media a dos horas, en la que cada uno de sus grupos temáticos presenta datos relevantes sobre los desafíos existentes e identifica o propone soluciones. La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) forma parte en el GEACT, representada por Nora González Chacón, de la ACED, y Marcela Browne, de Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).

En estos encuentros, se propone reunir insumos para la elaboración de un pequeño documento base, que se discutirá nuevamente con los grupos de trabajo previo a su envío al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible el 2022.

Los próximos encuentros de la serie, discutirán: Migrantes y derecho a la educación (17 noviembre de 2021), Derecho a la Educación e inclusión a lo largo de la vida (26 de enero de 2022); Presentación de documento final (28 de febrero de 2022).

Fuente de la información: https://redclade.org

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Declaración final del Foro Político de Alto Nivel no ofrece respuestas adecuadas a los desafíos para alcanzar el desarrollo sostenible en un contexto de pandemia

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

Publicada por: CLADE

Por: Fabíola Munhoz

Sociedad civil se manifiesta contra la declaración ministerial adoptada por los Estados miembros de la ONU sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el cierre del Foro dedicado al seguimiento a esta agenda en el ámbito internacional

“El FPAN de este año no ha logrado presentar recomendaciones de acción audaces y  transformadoras en un momento en el que aproximadamente 4 millones de personas han perecido a causa de la pandemia del COVID-19, cerca de 190 millones han enfermado, más de 250 millones han perdido sus empleos, más de 1,6 millones han visto interrumpida su educación y cientos de millones más ya han caído en el hambre y la pobreza extrema. Es inexcusable que, durante esta crisis mundial, los Estados miembros no se hayan puesto de acuerdo en una Declaración Ministerial fuerte, centrada en los derechos humanos, transformadora y orientada a la acción”.

Esta es la opinión que las organizaciones y redes de la sociedad civil que forman parte de los Grupos Principales y Otras Partes Interesadas de la ONU (MGOS, por su acrónimo en inglés), expresaron sobre el contenido de la declaración ministerial adoptada hoy (16 de julio), luego del cierre de la edición 2021 del Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de la ONU, instancia principal de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito internacional. Los MGOS son el espacio de participación de la sociedad civil en el monitoreo y revisión de los ODS a nivel global.

Redes y organizaciones integrantes de dichos Grupos, entre ellas la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), afirman en posicionamiento público divulgado hoy, que les entristece profundamente la falta de ambición de los Estados para responder a las crisis a las que el mundo se enfrenta actualmente. Destacan, así mismo, que los derechos humanos, la igualdad de género y el equilibrio ecológico deben ser fundamentales en todos los esfuerzos de recuperación y restauración ante los efectos del COVID-19.

“Reafirmar viejos compromisos (que eran claramente insuficientes antes de la pandemia) no es una respuesta adecuada a la pandemia. Nos preocupa enormemente la negativa constante a abordar las causas fundamentales y los obstáculos sistémicos para lograr un mundo en el que nadie se quede atrás (la continua dependencia de las fuentes de energía fósiles, la búsqueda de un crecimiento infinito de las economías extractivas, las relaciones de poder desiguales que engendran una deuda insostenible y flujos financieros ilícitos, el patriarcado como herramienta política, la captura corporativa de la gobernanza, la agenda de desarrollo y sostenibilidad y sus implicaciones para el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, por nombrar algunos)”, se afirma en el comunicado.

> Lee el posicionamiento completo.

> Lee la declaración ministerial que fue adoptada en el cierre del FPAN

Petición de destitución del Presidente del ECOSOC por violencia de género

Mientras la sociedad civil negociaba un resultado sólido del FPAN 2021 y una declaración ministerial que defiendera la igualdad y la dignidad para todas y todos, el actual presidente del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), Munir Akram, ha sido considerado responsable de actos de violencia contra una mujer, y aún no rindió cuentas sobre el hecho debido a su inmunidad diplomática. El ECOSOC preside el Foro Político de Alto Nivel de la ONU.

Dichos actos de violencia fueron documentados en los registros del gobierno de Nueva York y en las noticias internacionales, incluido el periódico New York Times. Aunque Estados Unidos ha pedido anteriormente al gobierno pakistaní que retire la inmunidad a Akram para que pueda ser procesado, no lo ha hecho.

Ante este contexto, organizaciones feministas reunidas en el Grupo Principal de Mujeres de la ONU divulgan posicionamiento, en el cual demandan que las Naciones Unidas demuestren su firme compromiso contra la violencia de género, y que apoyen las demandas de los movimientos feministas y de derechos de las mujeres de Pakistán, en el sentido de que Akram sea retirado de sus funciones como enviado paquistaní ante la ONU.

“Exigimos al Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán que destituya al Sr. Munir Akram y  nombre a un representante adecuado. Exigimos a todos los representantes de los Estados miembros que cuestionen las credenciales y la participación actual y futura del Sr. Munir Akram como representante de Pakistán. Hacemos un llamamiento a los Grupos Principales, a otras partes interesadas y a los actores relevantes comprometidos con la ONU para que apoyen este llamamiento. Nos solidarizamos con las redes feministas pakistaníes y exigimos la destitución del Sr. Munir Akram de la presidencia del ECOSOC y de cualquier papel dentro de la ONU”, afirman en el comunicado.

> Lee el posicionamiento aquí

Fuente e Imagen: https://redclade.org/noticias/declaracion-final-del-foro-politico-de-alto-nivel-no-ofrece-respuestas-adecuadas-a-los-desafios-para-alcanzar-el-desarrollo-sostenible-en-un-contexto-de-pandemia/

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COVID-19: “En varios países las situaciones de violencia contra las mujeres aumentaron”

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

Por: Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

Violencia, educación, políticas públicas y género son algunos de los temas que Mónica Novillo, coordinadora de REPEM, abordó en esta entrevista

En el contexto de la pandemia COVID-19, la CLADE entrevistó a Mónica Novillo, coordinadora de la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM), para conversar sobre cómo los impactos del aislamiento y de la crisis de salud y económica pueden afectar la educación y la población más vulnerable, como las niñas y las adolescentes.

Según la coordinadora de REPEM, esta crisis sanitaria revela una serie de desigualdades en nuestras sociedades. “Particularmente en el tema del derecho a la educación, varios países han tomado medidas suspendiendo las clases, cerrando los colegios, lo cual tiene una implicación en el derecho y acceso a la educación de las niñas y de los niños”.

Otro tema importante señalado es el incremento de la violencia. “Debemos reconocer que la problemática de la violencia es estructural y hace referencia a un montón de factores, pero que fundamentalmente en un momento en que hay ansiedad, se están produciendo despidos masivos, gente que está con preocupaciones también económicas y la posibilidad de contar con los ingresos necesarios para la subsistencia de la familia, etc. Están generando condiciones para exacerbar la violencia que existe en nuestros contextos”, afirmó.

Lee la entrevista completa:

¿Cuáles son los impactos de la actual pandemia para las niñas y mujeres, especialmente en lo que toca a sus derechos humanos, como educación, salud, trabajo, protección social y otros?

Mónica Novillo – Hay un impacto diferenciado en términos de género de lo que va a producir y lo que está produciendo ya el Coronavirus, no solamente en términos de salud, sino en los efectos de las medidas que se han tomando, en las condiciones en que viven las mujeres y las niñas.

Un primer impacto tiene que ver con que, en un ámbito de confinamiento, que es una de las medidas que se ha priorizado en todos los países – la cuarentena, la prohibición de circular, la restricción bajo mandato a quedarse en casa -, lo que hace es incrementar el riesgo de las niñas y las mujeres, y también de los niños, a sufrir varias formas de violencia que ocurren en la cotidianidad, en situaciones que podríamos llamar entre comillas “normales” y que ocurren cotidianamente, como la violencia intrafamiliar y la violencia sexual.

Estamos viendo que en varios países los niveles de denuncia de situaciones de violencia contra las mujeres se han incrementado, y el propio secretario general de las Naciones Unidas ya ha alertado sobre la importancia de atender las situaciones de violencia que viven las mujeres y las niñas a nivel global. Ha pedido un cese al fuego de todos los conflictos armados de todos los países, pero particularmente ha llamado la atención sobre la violencia contra las mujeres como un elemento que hay que tomar en cuenta.

“Particularmente en el tema del derecho a la educación, varios países han tomado medidas suspendiendo las clases, cerrando los colegios, lo cual tiene una implicación en el derecho y acceso a la educación de las niñas y niños, obviamente de adolescentes también”

Un segundo elemento tiene que ver con que algunos de nuestros países tienen un alto porcentaje de personas cuyos ingresos dependen del trabajo diario en la calle. Estamos hablando de trabajo informal, que es la forma en que la mayoría de la gente está efectivamente generando ingresos. Se está dando un golpe muy fuerte en las economías familiares, y por eso también los gobiernos y las medidas que se han tomado están incluyendo tratar de resolver las necesidades inmediatas de las poblaciones. Se está disminuyendo la capacidad de generar ingresos, y esto va a tener, a largo plazo, algunos impactos, como por ejemplo: la pérdida masiva de empleos y el golpe a las pequeñas y medianas empresas. [Los impactos serán grandes], particularmente, para las mujeres – porque ellas son en algunos países hasta el 70% de la fuerza laboral en el sector informal, de menor productividad, y ahí es donde se está produciendo mayor impacto.

Esta crisis sanitaria, aunque sea una crisis de salud, lo que está haciendo es revelar una serie de desigualdades en nuestras sociedades.

Particularmente en el tema del derecho a la educación, varios países han tomado medidas suspendiendo las clases, cerrando los colegios, lo cual tiene una implicación en el derecho y acceso a la educación de las niñas y niños, obviamente de adolescentes también.

En este marco, lo que está pasando es que hay grupos, sectores de la población que tienen la posibilidad de seguir las clases a distancia, sin embargo existen otros sectores que no tienen acceso ni al Internet – porque este tiene costo, y más de la mitad de la población de nuestra región no tiene acceso – pero tampoco tienen insumos, como la computadora, una tablet, etc., para seguir las clases en línea. Estos son obstáculos que están planteando claramente que hay una diferencia de acceso y de condiciones para enfrentar esas medidas que se están tomando para mitigar los efectos de la pandemia en la población.

“En el marco de los derechos a la salud y los derechos reproductivos, se ha descuidado la atención a las mujeres gestantes. Pero, particularmente se debe asegurar también la provisión de servicios para anticoncepción, acceso a medicamentos y a métodos de anticoncepción para niñas y adolescentes en el contexto del coronavirus”

A largo plazo, también habrá impactos. Si se cumplen los pronósticos en el sentido de que habrá un golpe muy fuerte en la economía de los países, va a incrementar la cantidad de personas en pobreza extrema en nuestro continente. Si se cumple ese pronóstico, vamos a tener efectos directos en el derecho a la educación de las niñas y los niños. Un primer efecto será justamente que las niñas podrían verse forzadas a dejar la escuela para dedicarse al cuidado de sus hermanos menores, para que las madres y los padres puedan salir a trabajar y a buscar alternativas económicas para subsistir.

Otro de los efectos directos, seguramente, podría ser que se restrinja el derecho a la educación de las niñas, porque ellas se verían también expuestas a uniones tempranas, como ha estado ocurriendo ya en nuestras sociedades. Entonces, lo que está haciendo la crisis es profundizar algunas brechas y algunos efectos en la vida de las niñas y mujeres, a los cuales hay que estar atentos.

Si la crisis económica será tan fuerte, eso también va a tener implicancias en otras formas de violencia, como la trata y el tráfico de personas. Las niñas, particularmente, están más expuestas a esas formas de violencia contra las mujeres.

Otro elemento que nos llama mucho la atención es que, en este contexto de salud, en el marco de los derechos a la salud y los derechos reproductivos, se ha descuidado la atención a las mujeres gestantes. Pero, particularmente se debe asegurar también la provisión de servicios para anticoncepción, acceso a medicamentos y a métodos de anticoncepción para niñas y adolescentes en el contexto del coronavirus. Eso es fundamental.

Hay que considerar también la posibilidad de que, a futuro, se incrementen las tasas de empleo infantil, particularmente para las niñas, quienes cumplen tareas, por ejemplo, en el ámbito gastronómico, apoyando en tareas de cuidado, etc. Hay que prestar particular atención a estos temas que podrían tener un impacto en la vida de las niñas y mujeres.

Queda como un elemento central en el ámbito del coronavirus y de la crisis sanitaria, que los Estados deben proyectar a futuro políticas para fortalecer los sistemas de protección social, y eso implica también distribuir y discutir, reflexionar sobre las tareas del cuidado. El cuidado se ha puesto en el centro de la crisis sanitaria porque estamos hablando de quienes demandan cuidado. Por eso, es tan importante, y las mujeres han sido tradicionalmente las responsables por el cuidado en nuestras sociedades. Entonces, hay que ver cómo en esta crisis, que está poniendo al cuidado en el centro, planteamos una redistribución, para que los desafíos no estén sobre los hombros de las mujeres.

¿Cómo los movimientos feministas se están organizando para contribuir con la superación de esta crisis, desde una perspectiva de igualdad de género?

Mónica Novillo – Ante la debilidad de los sistemas de salud para responder [a la crisis], también se está evidenciando la debilidad para responder a los efectos negativos del coronavirus en la vida de las mujeres.

Una de las primeras respuestas ha sido justamente de las organizaciones y colectivos feministas, las instituciones que tienen trabajo en temas de violencia, ya sea para visibilizar, para organizarse o para difundir el riesgo que existe de que las mujeres sufran situaciones de violencia. Pero, también para difundir los teléfonos oficiales de la policía, los servicios de atención. Se han organizado también servicios de atención psicológica, acompañamiento a mujeres en la crisis del COVID-19, no solamente en temas de violencia, sino, por ejemplo, en casos de embarazos no deseados, habilitando servicios de escucha para mujeres que están con ansiedad. Hay una cantidad de servicios que, ante la ausencia del Estado y en este nuevo contexto, las organizaciones de las mujeres están saliendo a responder.

“A través de las redes virtuales, se está compartiendo información útil para pasar la cuarentena y, sobretodo, información de prevención y para mitigar el impacto negativo de la cuarentena y el confinamiento en la vida y la subsistencia de las familias”

También algunas organizaciones de mujeres están iniciando acciones solidarias con familias que están viviendo penurias para conseguir sobrevivir y subsistir en esta cuarentena. Se ha organizado la distribución de canastas familiares para mujeres trans, trabajadoras sexuales, mujeres que son madres solas, jefas de familia monoparentales, que tienen muchos hijos, etc. Hay una solidaridad feminista que se está poniendo en marcha.

Es muy interesante como, de manera creativa, se están utilizando las redes sociales. A través de las redes virtuales, se está compartiendo información útil para pasar la cuarentena y, sobretodo, información de prevención y para mitigar el impacto negativo de la cuarentena y el confinamiento en la vida y la subsistencia de las familias. También se está dando la discusión sobre la distribución de las tareas y el cuidado al interior de la familia.

¿Qué medidas se demandan de los Estados y la comunidad internacional para proteger y asegurar los derechos de las niñas y mujeres en el actual contexto, en el ámbito educativo y más allá?

Mónica Novillo – Primero, a nuestros Estados, les estamos pidiendo focalizar políticas y medidas tratando de que los sectores más vulnerables, entre ellos las mujeres y niñas, cuenten con la posibilidad de denunciar efectivamente y contar con atención en los casos de violencia.

Los recursos con los que se contaba para la atención de casos y situaciones de violencia intrafamiliar y sexual, entre otros, han sido reducidos. La policía está fuertemente concentrada en vigilar el cumplimiento de las medidas de restricción, para que no anden por la calle, no circulen, etc.. Eso es importante, sin embargo, no puede dejarse de lado atender estas situaciones de violencia, porque son fundamentales.

“Las mujeres ocupan el 70% de la fuerza laboral en salud. Esto significa que hay una mayor exposición de las mujeres por esta relación que existe de su trabajo fuera del hogar como una extensión del mandato social, de cuidar al resto de la población”

El personal médico se ha concentrado fuertemente en la atención del coronavirus y se ha dejado sin protección a las mujeres que están en gestación, que llegan a trabajo de parto y también a los recién-nacidos.

Entonces, es fundamental asegurar que el personal que atiende los casos de violencia contra las mujeres y las niñas, la policía, otras instancias y también el personal de salud, cuenten con los insumos de bioseguridad necesarios para atender adecuadamente a las mujeres que requieran, o demanden servicios de atención.

Las mujeres ocupan el 70% de la fuerza laboral en salud. Esto significa que hay una mayor exposición de las mujeres por esta relación que existe de su trabajo fuera del hogar como una extensión del mandato social, de cuidar al resto de la población. Están, entonces, en el personal de salud y más expuestas a posible contagio del coronavirus.

Otro elemento que no podemos dejar de lado es que los Estados deben diseñar estrategias a la atención inmediata en este momento de la crisis, pero posteriormente deben tomar medidas para asegurar políticas públicas focalizadas hacia las mujeres y niñas, para prevenir los impactos que describí, como por ejemplo: que las niñas se vean de alguna manera forzadas, por el empobrecimiento, a dejar la escuela para cumplir otras tareas de cuidado, trabajo doméstico, o trabajo fuera de las casas, etc. Estas son cosas que suelen ocurrir y ya ocurrieron en otros momentos de la historia cuando se produce una crisis económica.

“Como nunca, estamos viendo que la educación, la salud, el empleo deben ser prioridades para eliminar las desigualdades que caracterizan a América Latina”

A la comunidad internacional, hay que demandar un mayor compromiso para sostener estos procesos. Es decir, esta comunidad tiene que comprometerse para que los países en desarrollo también cuenten con los recursos de cooperación, o asistencia oficial para el desarrollo, de manera que puedan impulsar medidas de protección que a futuro puedan prevenir otros tipos de crisis, como la que estamos viviendo.

La comunidad internacional tiene un rol fundamental para continuar apoyando las prioridades. Esto significa políticas públicas de protección social para no exacerbar y no profundizar las desigualdades que estamos viendo a partir de la crisis.

Como nunca, estamos viendo que la educación, la salud, el empleo deben ser prioridades para eliminar las desigualdades que caracterizan a América Latina.

¿El contexto de pandemia agrava los riesgos de que mujeres y niñas sufran discriminación y violencia?¿Por qué eso ocurre y cómo enfrentar la situación?

Mónica Novillo – Efectivamente, lo que nos está mostrando la pandemia es que se están generando riesgos de que las mujeres y las niñas sufran mayor discriminación y, sobretodo, situaciones de violencia, particularmente violencia sexual.

Debemos reconocer que la problemática de la violencia es estructural y hace referencia a un montón de factores. Pero, fundamentalmente, en un momento en que hay ansiedad, se están produciendo despidos masivos, la gente está con preocupaciones económicas y sobre la posibilidad de contar con los ingresos necesarios para la subsistencia de la familia, se están generando condiciones para que la violencia, que ya existe en nuestros contextos, independientemente del coronavirus, sea exacerbada. Cómo responder a esto, es la gran demanda.

Debemos recordar que la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar ocurre en el ámbito de la familia, en los hogares. Muchas veces, son los hogares los lugares más inseguros para las mujeres y las niñas.

“Existe un enorme porcentaje de violencia sexual que sufren las niñas y las adolescentes, la cual es perpetrada también por un integrante de la familia. En circunstancias de confinamiento, de encierro, estas situaciones de violencia pueden verse agravadas”

En algunos países, la violencia contra las mujeres es de los delitos que más se denuncian y siempre ocurre por una persona con quien la mujer ha tenido una relación íntima. En la mayor parte de los casos, ocurre con quien la mujer ha tenido hijos, o con quien está conviviendo. En condiciones especiales y peculiares, como las que estamos viviendo, las mujeres deben permanecer más tiempo en el interior del hogar, y las situaciones son complejas, generando condiciones para que ocurra la violencia contra las mujeres. En otras situaciones [estas violencias] también ocurren, por eso hablo que es una problemática estructural y hay que atenderla de manera integral.

También existe un enorme porcentaje de violencia sexual que sufren las niñas y las adolescentes, la cual es perpetrada también por un integrante de la familia. En circunstancias de confinamiento, de encierro, estas situaciones de violencia pueden verse agravadas, ante el coronavirus. Hay que demandar mayor atención a esta problemática.

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Fuente e Imagen: https://insurgenciamagisterial.com/covid-19-en-varios-paises-las-situaciones-de-violencia-contra-las-mujeres-aumentaron/

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