Page 1 of 4
1 2 3 4

Declaración final del Foro Político de Alto Nivel no ofrece respuestas adecuadas a los desafíos para alcanzar el desarrollo sostenible en un contexto de pandemia

Publicada por: CLADE

Por: Fabíola Munhoz

Sociedad civil se manifiesta contra la declaración ministerial adoptada por los Estados miembros de la ONU sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el cierre del Foro dedicado al seguimiento a esta agenda en el ámbito internacional

“El FPAN de este año no ha logrado presentar recomendaciones de acción audaces y  transformadoras en un momento en el que aproximadamente 4 millones de personas han perecido a causa de la pandemia del COVID-19, cerca de 190 millones han enfermado, más de 250 millones han perdido sus empleos, más de 1,6 millones han visto interrumpida su educación y cientos de millones más ya han caído en el hambre y la pobreza extrema. Es inexcusable que, durante esta crisis mundial, los Estados miembros no se hayan puesto de acuerdo en una Declaración Ministerial fuerte, centrada en los derechos humanos, transformadora y orientada a la acción”.

Esta es la opinión que las organizaciones y redes de la sociedad civil que forman parte de los Grupos Principales y Otras Partes Interesadas de la ONU (MGOS, por su acrónimo en inglés), expresaron sobre el contenido de la declaración ministerial adoptada hoy (16 de julio), luego del cierre de la edición 2021 del Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de la ONU, instancia principal de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito internacional. Los MGOS son el espacio de participación de la sociedad civil en el monitoreo y revisión de los ODS a nivel global.

Redes y organizaciones integrantes de dichos Grupos, entre ellas la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), afirman en posicionamiento público divulgado hoy, que les entristece profundamente la falta de ambición de los Estados para responder a las crisis a las que el mundo se enfrenta actualmente. Destacan, así mismo, que los derechos humanos, la igualdad de género y el equilibrio ecológico deben ser fundamentales en todos los esfuerzos de recuperación y restauración ante los efectos del COVID-19.

“Reafirmar viejos compromisos (que eran claramente insuficientes antes de la pandemia) no es una respuesta adecuada a la pandemia. Nos preocupa enormemente la negativa constante a abordar las causas fundamentales y los obstáculos sistémicos para lograr un mundo en el que nadie se quede atrás (la continua dependencia de las fuentes de energía fósiles, la búsqueda de un crecimiento infinito de las economías extractivas, las relaciones de poder desiguales que engendran una deuda insostenible y flujos financieros ilícitos, el patriarcado como herramienta política, la captura corporativa de la gobernanza, la agenda de desarrollo y sostenibilidad y sus implicaciones para el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, por nombrar algunos)”, se afirma en el comunicado.

> Lee el posicionamiento completo.

> Lee la declaración ministerial que fue adoptada en el cierre del FPAN


Petición de destitución del Presidente del ECOSOC por violencia de género

Mientras la sociedad civil negociaba un resultado sólido del FPAN 2021 y una declaración ministerial que defiendera la igualdad y la dignidad para todas y todos, el actual presidente del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), Munir Akram, ha sido considerado responsable de actos de violencia contra una mujer, y aún no rindió cuentas sobre el hecho debido a su inmunidad diplomática. El ECOSOC preside el Foro Político de Alto Nivel de la ONU.

Dichos actos de violencia fueron documentados en los registros del gobierno de Nueva York y en las noticias internacionales, incluido el periódico New York Times. Aunque Estados Unidos ha pedido anteriormente al gobierno pakistaní que retire la inmunidad a Akram para que pueda ser procesado, no lo ha hecho.

Ante este contexto, organizaciones feministas reunidas en el Grupo Principal de Mujeres de la ONU divulgan posicionamiento, en el cual demandan que las Naciones Unidas demuestren su firme compromiso contra la violencia de género, y que apoyen las demandas de los movimientos feministas y de derechos de las mujeres de Pakistán, en el sentido de que Akram sea retirado de sus funciones como enviado paquistaní ante la ONU.

“Exigimos al Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán que destituya al Sr. Munir Akram y  nombre a un representante adecuado. Exigimos a todos los representantes de los Estados miembros que cuestionen las credenciales y la participación actual y futura del Sr. Munir Akram como representante de Pakistán. Hacemos un llamamiento a los Grupos Principales, a otras partes interesadas y a los actores relevantes comprometidos con la ONU para que apoyen este llamamiento. Nos solidarizamos con las redes feministas pakistaníes y exigimos la destitución del Sr. Munir Akram de la presidencia del ECOSOC y de cualquier papel dentro de la ONU”, afirman en el comunicado.

> Lee el posicionamiento aquí

Fuente e Imagen: https://redclade.org/noticias/declaracion-final-del-foro-politico-de-alto-nivel-no-ofrece-respuestas-adecuadas-a-los-desafios-para-alcanzar-el-desarrollo-sostenible-en-un-contexto-de-pandemia/

Comparte este contenido:

COVID-19: “En varios países las situaciones de violencia contra las mujeres aumentaron”

Por: Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

Violencia, educación, políticas públicas y género son algunos de los temas que Mónica Novillo, coordinadora de REPEM, abordó en esta entrevista

En el contexto de la pandemia COVID-19, la CLADE entrevistó a Mónica Novillo, coordinadora de la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM), para conversar sobre cómo los impactos del aislamiento y de la crisis de salud y económica pueden afectar la educación y la población más vulnerable, como las niñas y las adolescentes.

Según la coordinadora de REPEM, esta crisis sanitaria revela una serie de desigualdades en nuestras sociedades. “Particularmente en el tema del derecho a la educación, varios países han tomado medidas suspendiendo las clases, cerrando los colegios, lo cual tiene una implicación en el derecho y acceso a la educación de las niñas y de los niños”.

Otro tema importante señalado es el incremento de la violencia. “Debemos reconocer que la problemática de la violencia es estructural y hace referencia a un montón de factores, pero que fundamentalmente en un momento en que hay ansiedad, se están produciendo despidos masivos, gente que está con preocupaciones también económicas y la posibilidad de contar con los ingresos necesarios para la subsistencia de la familia, etc. Están generando condiciones para exacerbar la violencia que existe en nuestros contextos”, afirmó.

Lee la entrevista completa:

¿Cuáles son los impactos de la actual pandemia para las niñas y mujeres, especialmente en lo que toca a sus derechos humanos, como educación, salud, trabajo, protección social y otros?

Mónica Novillo – Hay un impacto diferenciado en términos de género de lo que va a producir y lo que está produciendo ya el Coronavirus, no solamente en términos de salud, sino en los efectos de las medidas que se han tomando, en las condiciones en que viven las mujeres y las niñas.

Un primer impacto tiene que ver con que, en un ámbito de confinamiento, que es una de las medidas que se ha priorizado en todos los países – la cuarentena, la prohibición de circular, la restricción bajo mandato a quedarse en casa -, lo que hace es incrementar el riesgo de las niñas y las mujeres, y también de los niños, a sufrir varias formas de violencia que ocurren en la cotidianidad, en situaciones que podríamos llamar entre comillas “normales” y que ocurren cotidianamente, como la violencia intrafamiliar y la violencia sexual.

Estamos viendo que en varios países los niveles de denuncia de situaciones de violencia contra las mujeres se han incrementado, y el propio secretario general de las Naciones Unidas ya ha alertado sobre la importancia de atender las situaciones de violencia que viven las mujeres y las niñas a nivel global. Ha pedido un cese al fuego de todos los conflictos armados de todos los países, pero particularmente ha llamado la atención sobre la violencia contra las mujeres como un elemento que hay que tomar en cuenta.

“Particularmente en el tema del derecho a la educación, varios países han tomado medidas suspendiendo las clases, cerrando los colegios, lo cual tiene una implicación en el derecho y acceso a la educación de las niñas y niños, obviamente de adolescentes también”

Un segundo elemento tiene que ver con que algunos de nuestros países tienen un alto porcentaje de personas cuyos ingresos dependen del trabajo diario en la calle. Estamos hablando de trabajo informal, que es la forma en que la mayoría de la gente está efectivamente generando ingresos. Se está dando un golpe muy fuerte en las economías familiares, y por eso también los gobiernos y las medidas que se han tomado están incluyendo tratar de resolver las necesidades inmediatas de las poblaciones. Se está disminuyendo la capacidad de generar ingresos, y esto va a tener, a largo plazo, algunos impactos, como por ejemplo: la pérdida masiva de empleos y el golpe a las pequeñas y medianas empresas. [Los impactos serán grandes], particularmente, para las mujeres – porque ellas son en algunos países hasta el 70% de la fuerza laboral en el sector informal, de menor productividad, y ahí es donde se está produciendo mayor impacto.

Esta crisis sanitaria, aunque sea una crisis de salud, lo que está haciendo es revelar una serie de desigualdades en nuestras sociedades.

Particularmente en el tema del derecho a la educación, varios países han tomado medidas suspendiendo las clases, cerrando los colegios, lo cual tiene una implicación en el derecho y acceso a la educación de las niñas y niños, obviamente de adolescentes también.

En este marco, lo que está pasando es que hay grupos, sectores de la población que tienen la posibilidad de seguir las clases a distancia, sin embargo existen otros sectores que no tienen acceso ni al Internet – porque este tiene costo, y más de la mitad de la población de nuestra región no tiene acceso – pero tampoco tienen insumos, como la computadora, una tablet, etc., para seguir las clases en línea. Estos son obstáculos que están planteando claramente que hay una diferencia de acceso y de condiciones para enfrentar esas medidas que se están tomando para mitigar los efectos de la pandemia en la población.

“En el marco de los derechos a la salud y los derechos reproductivos, se ha descuidado la atención a las mujeres gestantes. Pero, particularmente se debe asegurar también la provisión de servicios para anticoncepción, acceso a medicamentos y a métodos de anticoncepción para niñas y adolescentes en el contexto del coronavirus”

A largo plazo, también habrá impactos. Si se cumplen los pronósticos en el sentido de que habrá un golpe muy fuerte en la economía de los países, va a incrementar la cantidad de personas en pobreza extrema en nuestro continente. Si se cumple ese pronóstico, vamos a tener efectos directos en el derecho a la educación de las niñas y los niños. Un primer efecto será justamente que las niñas podrían verse forzadas a dejar la escuela para dedicarse al cuidado de sus hermanos menores, para que las madres y los padres puedan salir a trabajar y a buscar alternativas económicas para subsistir.

Otro de los efectos directos, seguramente, podría ser que se restrinja el derecho a la educación de las niñas, porque ellas se verían también expuestas a uniones tempranas, como ha estado ocurriendo ya en nuestras sociedades. Entonces, lo que está haciendo la crisis es profundizar algunas brechas y algunos efectos en la vida de las niñas y mujeres, a los cuales hay que estar atentos.

Si la crisis económica será tan fuerte, eso también va a tener implicancias en otras formas de violencia, como la trata y el tráfico de personas. Las niñas, particularmente, están más expuestas a esas formas de violencia contra las mujeres.

Otro elemento que nos llama mucho la atención es que, en este contexto de salud, en el marco de los derechos a la salud y los derechos reproductivos, se ha descuidado la atención a las mujeres gestantes. Pero, particularmente se debe asegurar también la provisión de servicios para anticoncepción, acceso a medicamentos y a métodos de anticoncepción para niñas y adolescentes en el contexto del coronavirus. Eso es fundamental.

Hay que considerar también la posibilidad de que, a futuro, se incrementen las tasas de empleo infantil, particularmente para las niñas, quienes cumplen tareas, por ejemplo, en el ámbito gastronómico, apoyando en tareas de cuidado, etc. Hay que prestar particular atención a estos temas que podrían tener un impacto en la vida de las niñas y mujeres.

Queda como un elemento central en el ámbito del coronavirus y de la crisis sanitaria, que los Estados deben proyectar a futuro políticas para fortalecer los sistemas de protección social, y eso implica también distribuir y discutir, reflexionar sobre las tareas del cuidado. El cuidado se ha puesto en el centro de la crisis sanitaria porque estamos hablando de quienes demandan cuidado. Por eso, es tan importante, y las mujeres han sido tradicionalmente las responsables por el cuidado en nuestras sociedades. Entonces, hay que ver cómo en esta crisis, que está poniendo al cuidado en el centro, planteamos una redistribución, para que los desafíos no estén sobre los hombros de las mujeres.


¿Cómo los movimientos feministas se están organizando para contribuir con la superación de esta crisis, desde una perspectiva de igualdad de género?

Mónica Novillo – Ante la debilidad de los sistemas de salud para responder [a la crisis], también se está evidenciando la debilidad para responder a los efectos negativos del coronavirus en la vida de las mujeres.

Una de las primeras respuestas ha sido justamente de las organizaciones y colectivos feministas, las instituciones que tienen trabajo en temas de violencia, ya sea para visibilizar, para organizarse o para difundir el riesgo que existe de que las mujeres sufran situaciones de violencia. Pero, también para difundir los teléfonos oficiales de la policía, los servicios de atención. Se han organizado también servicios de atención psicológica, acompañamiento a mujeres en la crisis del COVID-19, no solamente en temas de violencia, sino, por ejemplo, en casos de embarazos no deseados, habilitando servicios de escucha para mujeres que están con ansiedad. Hay una cantidad de servicios que, ante la ausencia del Estado y en este nuevo contexto, las organizaciones de las mujeres están saliendo a responder.

“A través de las redes virtuales, se está compartiendo información útil para pasar la cuarentena y, sobretodo, información de prevención y para mitigar el impacto negativo de la cuarentena y el confinamiento en la vida y la subsistencia de las familias”

También algunas organizaciones de mujeres están iniciando acciones solidarias con familias que están viviendo penurias para conseguir sobrevivir y subsistir en esta cuarentena. Se ha organizado la distribución de canastas familiares para mujeres trans, trabajadoras sexuales, mujeres que son madres solas, jefas de familia monoparentales, que tienen muchos hijos, etc. Hay una solidaridad feminista que se está poniendo en marcha.

Es muy interesante como, de manera creativa, se están utilizando las redes sociales. A través de las redes virtuales, se está compartiendo información útil para pasar la cuarentena y, sobretodo, información de prevención y para mitigar el impacto negativo de la cuarentena y el confinamiento en la vida y la subsistencia de las familias. También se está dando la discusión sobre la distribución de las tareas y el cuidado al interior de la familia.


¿Qué medidas se demandan de los Estados y la comunidad internacional para proteger y asegurar los derechos de las niñas y mujeres en el actual contexto, en el ámbito educativo y más allá?

Mónica Novillo – Primero, a nuestros Estados, les estamos pidiendo focalizar políticas y medidas tratando de que los sectores más vulnerables, entre ellos las mujeres y niñas, cuenten con la posibilidad de denunciar efectivamente y contar con atención en los casos de violencia.

Los recursos con los que se contaba para la atención de casos y situaciones de violencia intrafamiliar y sexual, entre otros, han sido reducidos. La policía está fuertemente concentrada en vigilar el cumplimiento de las medidas de restricción, para que no anden por la calle, no circulen, etc.. Eso es importante, sin embargo, no puede dejarse de lado atender estas situaciones de violencia, porque son fundamentales.

“Las mujeres ocupan el 70% de la fuerza laboral en salud. Esto significa que hay una mayor exposición de las mujeres por esta relación que existe de su trabajo fuera del hogar como una extensión del mandato social, de cuidar al resto de la población”

El personal médico se ha concentrado fuertemente en la atención del coronavirus y se ha dejado sin protección a las mujeres que están en gestación, que llegan a trabajo de parto y también a los recién-nacidos.

Entonces, es fundamental asegurar que el personal que atiende los casos de violencia contra las mujeres y las niñas, la policía, otras instancias y también el personal de salud, cuenten con los insumos de bioseguridad necesarios para atender adecuadamente a las mujeres que requieran, o demanden servicios de atención.

Las mujeres ocupan el 70% de la fuerza laboral en salud. Esto significa que hay una mayor exposición de las mujeres por esta relación que existe de su trabajo fuera del hogar como una extensión del mandato social, de cuidar al resto de la población. Están, entonces, en el personal de salud y más expuestas a posible contagio del coronavirus.

Otro elemento que no podemos dejar de lado es que los Estados deben diseñar estrategias a la atención inmediata en este momento de la crisis, pero posteriormente deben tomar medidas para asegurar políticas públicas focalizadas hacia las mujeres y niñas, para prevenir los impactos que describí, como por ejemplo: que las niñas se vean de alguna manera forzadas, por el empobrecimiento, a dejar la escuela para cumplir otras tareas de cuidado, trabajo doméstico, o trabajo fuera de las casas, etc. Estas son cosas que suelen ocurrir y ya ocurrieron en otros momentos de la historia cuando se produce una crisis económica.

“Como nunca, estamos viendo que la educación, la salud, el empleo deben ser prioridades para eliminar las desigualdades que caracterizan a América Latina”

A la comunidad internacional, hay que demandar un mayor compromiso para sostener estos procesos. Es decir, esta comunidad tiene que comprometerse para que los países en desarrollo también cuenten con los recursos de cooperación, o asistencia oficial para el desarrollo, de manera que puedan impulsar medidas de protección que a futuro puedan prevenir otros tipos de crisis, como la que estamos viviendo.

La comunidad internacional tiene un rol fundamental para continuar apoyando las prioridades. Esto significa políticas públicas de protección social para no exacerbar y no profundizar las desigualdades que estamos viendo a partir de la crisis.

Como nunca, estamos viendo que la educación, la salud, el empleo deben ser prioridades para eliminar las desigualdades que caracterizan a América Latina.


¿El contexto de pandemia agrava los riesgos de que mujeres y niñas sufran discriminación y violencia?¿Por qué eso ocurre y cómo enfrentar la situación?

Mónica Novillo – Efectivamente, lo que nos está mostrando la pandemia es que se están generando riesgos de que las mujeres y las niñas sufran mayor discriminación y, sobretodo, situaciones de violencia, particularmente violencia sexual.

Debemos reconocer que la problemática de la violencia es estructural y hace referencia a un montón de factores. Pero, fundamentalmente, en un momento en que hay ansiedad, se están produciendo despidos masivos, la gente está con preocupaciones económicas y sobre la posibilidad de contar con los ingresos necesarios para la subsistencia de la familia, se están generando condiciones para que la violencia, que ya existe en nuestros contextos, independientemente del coronavirus, sea exacerbada. Cómo responder a esto, es la gran demanda.

Debemos recordar que la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar ocurre en el ámbito de la familia, en los hogares. Muchas veces, son los hogares los lugares más inseguros para las mujeres y las niñas.

“Existe un enorme porcentaje de violencia sexual que sufren las niñas y las adolescentes, la cual es perpetrada también por un integrante de la familia. En circunstancias de confinamiento, de encierro, estas situaciones de violencia pueden verse agravadas”

En algunos países, la violencia contra las mujeres es de los delitos que más se denuncian y siempre ocurre por una persona con quien la mujer ha tenido una relación íntima. En la mayor parte de los casos, ocurre con quien la mujer ha tenido hijos, o con quien está conviviendo. En condiciones especiales y peculiares, como las que estamos viviendo, las mujeres deben permanecer más tiempo en el interior del hogar, y las situaciones son complejas, generando condiciones para que ocurra la violencia contra las mujeres. En otras situaciones [estas violencias] también ocurren, por eso hablo que es una problemática estructural y hay que atenderla de manera integral.

También existe un enorme porcentaje de violencia sexual que sufren las niñas y las adolescentes, la cual es perpetrada también por un integrante de la familia. En circunstancias de confinamiento, de encierro, estas situaciones de violencia pueden verse agravadas, ante el coronavirus. Hay que demandar mayor atención a esta problemática.

LEER EL ARTICULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ

Fuente e Imagen: https://insurgenciamagisterial.com/covid-19-en-varios-paises-las-situaciones-de-violencia-contra-las-mujeres-aumentaron/

Comparte este contenido:

Educación y poder constituyente en Chile

Publicado en redclade.org

Por:  Juan González

Artículo presenta un análisis sobre cómo el derecho humano a la educación en Chile ha sido entendido en La Constitución política promulgada en 1980 durante la dictadura de Pinochet y cómo deve ser garantizado en el proceso de construcción de una nueva carta magna (proceso constituyente).

La Constitución política vigente promulgada en 1980 en dictadura (7 años después del golpe donde la elite toma el poder) tiene dos aspectos estructurales que permiten que el sistema educativo se haya puesto al servicio del proyecto político –económico neoliberal.  El primero, relega al Estado a un rol subsidiario respecto los privados.  El Estado pierde su iniciativa  educativa y sólo acude como apoyo y ayuda a otros agentes sociales que son los que impulsan la labor educativa en nuestro territorio: en consecuencia el Estado no garantiza el Derecho a la Educación a las personas.

Lo segundo, instala una determinada concepción de lo que se ha llamado históricamente en Chile la “libertad de enseñanza”. Así se consagra en la Constitución “el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos” y también “el derecho a cualquier ciudadana/o de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. Este doble principio sí está garantizado por el Estado, no así el derecho la educación, que no está garantizado. [1]

Esta “libertad” tiene larga data en Chile, desde finales del siglo XIX. En esos tiempos, la elite terrateniente conservadora y latifundista (quien aliada a la iglesia católica mantenía el control del país) no quería que las escuelas católicas – en ese entonces el 70% de la matrícula aproximadamente – fuera supervisada por el Estado durante los primeros estertores del estado docente en Chile. Tal principio perduró en la siguiente Constitución de 1925 y permitió a la elite cierta autonomía a su labor educativa: de esta forma, el proyecto educativo de la elite seguía disputando conciencias, incluso con fondos del Estado. Sin embargo, como en casi toda Latinoamérica, el sistema educativo público se fortaleció, ya hacia el año 1970 el Estado sostenía directamente aproximadamente el 70% de la matrícula aproximadamente… en crecimiento.[2]

Antes de la Reforma Neoliberal, la educación pública en Chile venía consolidándose, no sólo a través de la gestión del Estado, también a través de las propuestas que las organizaciones sociales (principalmente docentes) que venían construyendo a través de sus luchas. La historia social en Chile muestra como durante el siglo XX sucesivos movimientos de docentes, de estudiantes y trabajadores fueron amalgamando un proyecto educativo popular. Un proyecto pedagógico laico, democrático, comunitario que fue en gran parte recogido por el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, reforma educativa que el gobierno  de la Unidad Popular presentaría, junto a un proyecto de reforma constitucional,  en un  fatídico día de septiembre, cuando una oleada de sangre cayó sobre nuestro país. [3]

Con la Constitución del 80 la fórmula quedó a la medida del proyecto educativo religioso – empresarial. Combinó el Estado subsidiario con la libertad de elegir y ofertar, constituyéndose el mercado como patrón de funcionamiento para el sistema educativo chileno.

Sobre la base de la retracción de la iniciativa educativa estatal y la liberalización de una oferta subsidiada se diluyó la educación pública hasta  borrar incluso su significado histórico. En 30 años la matrícula de la educación obligatoria pasó al control de los privados. De un 22 % en 1982 a un 42% en 1990 a casi un 70 % (quizás más) en la actualidad. Durante los gobiernos democráticos el sistema subsidios a la oferta se extendió a la educación superior, la cual está en un 85 % controlada por los privados. Similar proceso se espera ocurra con la creciente cobertura de la educación parvularia.[4]

¿Qué es hoy la educación pública con estos porcentajes de matrícula? ¿Qué sentido de construcción social puede tener? El sentido de la educación, tema tan relevante para pensar la educación que queremos quedó, hace años, en manos de los privados ¿Qué privados son? ¿Representan lo público?  No son organizaciones comunitarias, sociales, menos populares las que gestionan las escuelas en Chile. En los años ochenta muchas de estas escuelas comenzaron a ser gestionadas por pequeños comerciantes que vieron en el “mercado educativo” una oportunidad de negocio. Un mal negocio, que sin recursos, sin alianzas y lo peor de todo sin proyecto, tenía un costo social y humano que muchos ya no quieren sostener.

¿Quién se hace cargo? No ha sido el Estado. La Constitución no lo promueve, ni lo permite.  Se “ha hecho cargo” en gran parte, el empresariado, que a través de fundaciones, corporaciones,  agencias,  programas, donaciones, subsidios y un complejo entramado de  alianzas público-privadas ha imprimido el sello mercantil al sistema educativo en Chile. Tras la retórica de la calidad han manipulado el sentido común de las personas, incluso de los mismos profesores, haciendo que la educación sea desde su propio origen una mercancía más en el proyecto político y económico empresarial. En este proyecto competimos por la educación, requerimos libertad de elección, porque si la educación no se traduce en un mejor empleo, no tiene ya ningún sentido.

El proyecto educativo neoliberal pasó de la pinochetista Constitución al sentido común nacional.  Las sistematizaciones existentes sobre las discusiones constituyentes hechas en los últimos años muestran una realidad compleja. Si bien la educación sigue siendo una amplia demanda ciudadana, la calidad y su gratuidad son la principal demanda mencionada por las asambleas y cabildos sistematizados hasta la fecha. Educación cívica y no sexista aparecen en forma muy secundaria.  Otros temas como la inclusión, la participación, el sentido de la educación, o lo comunitario prácticamente no aparecen. [5]

¿Qué cambio constitucional podría revertir esto? O mejor dicho, ¿es posible pensar una constitución sin un proyecto educativo que se oponga al proyecto de la elite?  No podemos repetir recetas anteriores y debemos apropiarnos del contexto. Para esto es importante cuestionar el norte educativo  del proyecto educativo de la elite. La lucha por la educación debe tener un nuevo Sur.

El “pacto por la paz” que dio origen a este cambio constitucional no tomó en cuenta los tiempos que requiere este proceso. Peor aún, no consideraron el tremendo error que puede significar lanzarse a legitimar un entramado constitucional sin haber avanzado conjuntamente en un proyecto popular anti neoliberal. En el caso de la Educación. el proyecto educativo popular neoliberal debe apostar a sacar a los empresarios y la Iglesia del control de la educación, pero para eso debe poner sobre la mesa un proyecto educativo que  vaya más allá de la calidad y la gratuidad, que portan en si  la reproducción de la competencia como un virus endémico del sistema escolar.

Este proyecto educativo popular para el siglo XXI debe basarse en las luchas de los movimientos sociales, tal como lo hizo el casi triunfante proyecto educativo popular que se fraguó en las luchas del siglo XX. Son las organizaciones de actores educativos, las que no firmaron ningún acuerdo son las que deben dar continuidad a este proceso.  ¿Educación y poder constituyente? El poder constituyente en educación comenzó con el siglo. El 2001 los estudiantes secundarios protagonizaron el mochilazo, el 2006 el pingüinazo[6] y el 2011 abrió un nuevo período de luchas intersectoriales que sacudieron el sentido común neoliberal con la revuelta popular en Octubre del 2019. Este período nos dejó una serie de propuestas[7] sobre las cuales las organizaciones debemos trabajar, difundir y formar (nos) para que, en un lapso más largo que los tiempos que da el pacto convencional, podamos conquistar el sentido común nacional.

Propuestas que hablan de una educación pública garantizada por el Estado, por supuesto que gratuita y de calidad, pero con un proyecto educativo popular, más allá del mercado, con sentido democrático y comunitario. Que permita a las comunidades repensar y construir los sentidos de la educación ante los desafíos del siglo XXI. Solo así podremos ejercer auténticamente poder constituyente, poner freno al desarrollo proyecto educativo de la elite y por fin realmente escribir la historia a nuestra manera.


[1] Más en detalle Folleto N° 1 “LA EDUCACIÓN ANTE EL MOMENTO CONSTITUYENTE -Foro por el Derecho a la Educación Pública ¿Qué dice la actual constitución?

[2] Entre el año 1925 y el año 1973 la Educación Pública aumentó de 500.000 a más de 3 millones de matriculados (Manuel Riesco). Riesco, M. (2007). La necesidad de reconstruir el sistema nacional de educación público desmantelado por la dictadura y la LOCE. Revista Pensamiento Educativo, PUC, 40, 243-261.

[3]  Algunos significados asociados a la Libertad de Enseñanza en la reforma constitucional propuesta por la Unidad Popular el año 1973: “La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista, y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, (…) Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir esos textos escolares, y los establecimientos tendrán libertad para elegir los que prefieran. (….)El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se hará tomando en cuenta su capacidad y aptitudes. El personal académico es libre para desarrollar las enseñanzas conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran.

[4] A pesar de la tenaz oposición de las funcionarías de la Junta Nacional de Jardines infantiles, este sistema de subsidios se aprobó pase recientemente en el parlamento para aumentar la cobertura en la educación parvularia.

[5] Unidad Social, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad de La Frontera, Universidad de Los Lagos y Universidad Austral de Chile. (2021). Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente: sistematización de 1.233 cabildos ciudadanos .disponible en https://doi.org/10.34720/wk9d-dp94 . ver también las sistematizaciones hechas a los encuentros locales autoconvocados realizados en todo Chile el 2016. Un buen artículo sobre el tema es Ihnen, C., Millaleo, S., & Soto, F. (2020). El debate constitucional sobre el derecho a la educación y su impacto en la ciudadanía. Revista de ciencia política (Santiago), 40(3), 699-728.

[6] Pingüinos se les llama en Chile a lxs estudiantes secundarixs.

[7] Para revisar algunas de ellas en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública. Libro:  Una década de luchas y propuestas por el derecho a la educación. Revisar Además documentos de sistematización. Encuentro Nacionales de Actores Educativos 2020-2021 y Folletos para el debate constituyente en la misma web.

Fuente e Imagen: https://redclade.org/noticias/educacion-y-poder-constituyente-en-chile/

Comparte este contenido:

Lucha por una educación con igualdad de género

América Latina / 13 de marzo de 2019 / Autor: CLADE / Fuente: aler.org

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, fecha que marca la lucha por los derechos de las niñas y mujeres, y el combate a la violencia y discriminación relacionada a género. Desde el punto de vista de la CLADE, para alcanzar la igualdad de género es necesario promover una educación emancipadora y garante de derechos

Iniciamos el mes de marzo, y con él comienzan los preparativos para la celebración del 8/3 – Día Internacional de la Mujer. La fecha instituye la unión de mujeres de todos los continentes del mundo, que a menudo están separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas, sociales y políticas, pero que en este día luchan juntas en pro de la igualdad de género, la justicia y los derechos humanos.

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) defiende que la lucha por los derechos de las mujeres, la equidad e igualdad de género y la superación de la discriminación y violencia de género, debe pasar por exigir la realización de una educación emancipadora y garante de derechos para todas y todos.

Plantea también que el fortalecimiento de sistemas de educación laicos, públicos, gratuitos y de calidad es una condición clave para la realización de la igualdad de género y la formación no sexista, así como para la superación de la violencia en y desde la educación, pues conlleva a mayores niveles de igualdad social y hace frente a causas estructurales de las discriminaciones e inequidades.

“La igualdad de género y la superación de la violencia de género en y desde la educación son componentes fundamentales que deben ser trabajados desde la educación en la primera infancia hasta la universidad y más allá, incluso con el incremento de investigaciones académicas. Asimismo, la adolescencia configura una etapa especialmente importante, que demanda de los sistemas educativos particular atención”, afirma la declaración final del “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación”, evento organizado en mayo de 2018 por la CLADE con el apoyo de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.

Marcos sobre Género y Educación

Actualmente, diversos instrumentos de derechos humanos reconocen que la educación desempeña un papel decisivo para el logro de la igualdad entre los géneros y la eliminación de la discriminación y violencia por razón de género. A la vez, establecen que los Estados tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos a la educación y a una vida libre de violencia y discriminación.

Entre ellos, destacamos la Recomendación General Nro. 35 sobre la violencia por razón de género contra las niñas y las mujeres y la Recomendación General Nro. 36 sobre el derecho a la educación de las niñas y las mujeres.

Género, educación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Romerito-Pontes-500x333.png

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen metas y objetivos destinados a la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, y el Marco de Acción para la Educación 2030 reconoce que “la igualdad de género está inextricablemente ligada al derecho a la educación”.

La CLADE defiende que “es urgente eliminar las barreras ideológicas, culturales y estructurales para garantizar la igualdad entre los géneros y superar la discriminación y violencia por razón de género en y desde la educación”.

Para ello, subraya que los Estados deben actuar en el sentido de: garantizar escuelas físicamente accesibles, trayectos y entornos seguros a los centros educativos, infraestructura escolar e instalaciones adecuadas, seguras y con perspectiva de género; establecer currículos y materiales educativos sin estereotipos de género y que aborden la igualdad de género, así como planes de educación sexual integral; asegurar la protección y prevención contra el abuso sexual y otras formas de violencia y maltrato, así como asignar recursos humanos y financieros e institucionalidad apropiados para establecer la igualdad de género en la educación.

Videos – Con miras a promover la igualdad de género en escuelas, centros educativos y espacios culturales, la CLADE preparó un listado con 10 videos que abordan cuestiones relacionadas a género

Eliminación de la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género

Ismael-Alejandro-Somarriba-500x333.jpg

Según informe de ONU Mujeres y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en el 2017, América Latina y el Caribe es la región que tiene el más alto índice de violencia contra las mujeres en el mundo.

“La violencia contra las mujeres es la violación más generalizada de los derechos humanos y el feminicidio/femicidio es su expresión extrema. Catorce de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas de femicidio/feminicidio están en América Latina y Caribe y se estima que 1 de cada 3 mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia sexual, lo que alcanza la categoría de epidemia, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS). El femicidio/feminicidio y la violencia sexual están estrechamente ligados a una seguridad ciudadana deficitaria, a una impunidad generalizada y a una cultura machista que subvalora a las mujeres”, se afirmó en la página web de la ONU al momento de la publicación del informe.

Según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2.559 mujeres fueron víctimas de feminicidio o femicidio en el 2017. Si a estos se suman los datos de otros 4 países de la región, que sólo registran los feminicidios cometidos a manos de la pareja o ex pareja de la víctima, este número asciende a 2.795 mujeres muertas este año.

Más allá de la violencia contra las niñas y mujeres de manera general, es importante recordar que las mujeres lesbianas y trans, así como todas las personas gays, bisexuales e intersex, sufren violencia y discriminación por su orientación sexual e identidad de género.

El ámbito educativo es uno de los espacios donde más frecuentemente se encuentra ese tipo de situaciones de discriminación y violencia. Las personas LGBTI enfrentan barreras para acceder a sistemas educativos seguros y de calidad, como intimidación, hostigamiento y amenazas por parte de compañeros/as de escuela y docentes. Las escuelas a menudo perpetúan y refuerzan los prejuicios existentes en nuestras sociedades, y la discriminación y la violencia sufridas en el ámbito escolar provocan niveles preocupantes de deserción.

La CLADE considera que la eliminación de la violencia de género en los centros educativos y sus entornos es un elemento fundamental para garantizar el derecho humano a la educación y promover un ambiente de aprendizaje seguro y equitativo para todas las personas.

“Es de extrema importancia abordar las diversas formas de violencia y discriminación por razón de género en el ámbito educativo, teniendo en cuenta los factores que agravan esta problemática, como los culturales, económicos, ideológicos, tecnológicos, políticos, religiosos, sociales y ambientales, así como las prácticas tradicionales nocivas”, afirma la Campaña.

Puntos claves para la superación de la violencia de género – Conozca cinco pasos fundamentales que Estados, centros educativos y sociedad en general deben adoptar para promover un mundo sin violencia y con equidad e igualdad de género.

Fuente del Artículo:

https://aler.org/node/5406

ove/mahv

Comparte este contenido:

CLADE: Se creó el mecanismo de participación de la sociedad civil en el seguimiento regional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

CLADE/ 08 de mayo de 2018/Fuente: http://same2017.campanaderechoeducacion.org

La CLADE participó en el II Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, en el cual se consensuó el mecanismo de participación de la sociedad civil, y seguirá colaborando con la elaboración de directrices para su funcionamiento.

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) estuvo presente en el “II Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, que se realizó del 16 al 20 de abril, en Santiago, Chile, convocado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Participaron en el encuentro cerca de 300 representantes de sociedad civil de la región, entre ellos Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de CLADE, Marcela Ballara, de la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), Patricio Véjar, del Foro por el Derecho a la Educación de Chile, y representantes del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL).

La CLADE, con otras 32 organizaciones, entre ellas REPEM y la Mesa de Articulación ETIS, integró la Comisión Transitoria de sociedad civil que durante el año pasado trabajó en el diseño de un borrador de los objetivos, principios y estructura del mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible mencionado. En el encuentro, se consensuó el mecanismo, que deberá facilitar y coordinar la vinculación y participación significativa y permanente de la sociedad civil con CEPAL y con los Estados Miembros en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. Esta vinculación y participación se dará también en todo el proceso del diseño, implementación, monitoreo, reporte y evaluación de la Agenda de Desarrollo Sostenible en la región y las plataformas relacionadas a la misma. Asimismo, el mecanismo tendrá la misión de generar un espacio de rendición de cuentas entre gobiernos y sociedad civil sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe.

El mecanismo estará integrado por organizaciones, colectivos autónomos, movimientos sociales y redes locales, nacionales y regionales que se postulen para participar y trabajen por la justicia social, económica y ambiental, y en cualquiera de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. A la vez, su estructura de gobernanza será formada por 4 sub-regiónes (Centro América, México y Caribe Hispano-hablante; Caribe Anglófono y Francófono; Zona Andina; y Conosur); 13 grupos de personas/colectivos (Niñas, niños, Adolescentes y Jóvenes; Mujeres; Personas adultas mayores; Personas afro-descendientes; Personas agropecuarias de pequeña escala, rurales y costeras; Personas con discapacidad; Personas con VIH y personas afectadas por el VIH; Personas defensoras de derechos humanos y territorios; Personas LGBTI; Personas migrantes y desplazadas por desastres o conflictos; Pueblos indígenas; Redes, colectivos, organizaciones y plataformas de ONG; Sindicatos y personas trabajadoras, trabajadoras del hogar y trabajadoras sexuales); y 3 grupos temáticos (Economías sociales y solidarias; Educación, academia, ciencia y tecnología; Justicia ecológica y ambiental).

Las organizaciones, redes y colectivos pueden inscribirse para participar en uno o más grupos y, como próximo paso, se convocará a la sociedad civil a integrar una nueva Comisión de Trabajo transitoria, que durante 6 meses se hará cargo de definir los términos de referencia de cada grupo y el proceso para elegir a sus representantes en la mesa de vinculación del mecanismo, la cual será encargada de garantizar que la sociedad civil de la región esté en todos los espacios regionales relevantes de seguimiento a la Agenda 2030, a través de la comunicación constante con CEPAL, Estados Miembros y la Presidencia del foro, para asegurar el involucramiento y la participación efectiva del mecanismo en los procesos y negociaciones intergubernamentales relacionadas con la Agenda de Desarrollo Sostenible en la región. También deberá mantener un canal de información permanente y constante para la toma de decisiones y el aviso sobre los acuerdos adquiridos. La CLADE ya manifestó su interés en participar en esta comisión y contribuirá con la consolidación del grupo temático de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología [para saber más,acceda aquí al término de referencia sobre el mecanismo].

“Ha sido un proceso muy interesante y exitoso, que se vino construyendo desde el Foro del año pasado en México. Ahora tenemos consensuada nuestra primera experiencia para dialogar sobre la Agenda 2030 con los países a nivel regional. Se trata de un proceso aún en construcción, pero definitivamente, haber logrado un espacio para educación en el mecanismo regional de seguimiento a los ODS es una conquista”, afirmó la coordinadora de Desarrollo Institucional de la CLADE.

Previamente al Foro de CEPAL, se realizó una reunión de la sociedad civil para discutir la construcción del mecanismo formal de participación mencionado y también redactar una declaración de sociedad civil que fue leída en la plenaria del Foro de los Países. El documento “Nos quieren dejar atrás. Y no lo vamos a aceptar” denuncia el hecho de que la sociedad civil no haya sido invitada a participar en la Declaración Intergubernamental presentada al final del Foro de Países y critica su contenido, así como las restricciones democráticas en la región y las múltiples formas de violación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Exige además que los gobiernos cumplan los acuerdos internacionales e integren a la sociedad civil en la toma de decisiones.

Respecto a la educación, la declaración denuncia la reducción en el último año de los presupuestos para este derecho, así como para salud y cultura en varios países de la región, y los crecientes procesos de privatización de estas áreas estratégicas para el desarrollo.

“Denunciamos el deterioro de los sistemas de educación públicos y reclamamos la educación pública, universal, gratuita, laica, inclusiva, de calidad, a lo largo de toda la vida. Exigimos la laicidad del Estado y denunciamos la influencia de los fundamentalismos religiosos en los currículos escolares, que impiden la educación integral en sexualidad y la garantía de la igualdad de género”, afirma el documento [lea la declaración completa aquí].

Fuente de la Noticia:

http://same2017.campanaderechoeducacion.org/index.php/americacaribe/177-se-creo-el-mecanismo-de-participacion-de-la-sociedad-civil-en-el-seguimiento-regional-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible

Comparte este contenido:

Entrevista: La educación inclusiva tiene como propósito derribar el mito de que las personas con discapacidad no aprenden como las demás

En entrevista al OREI, Silvia Quan, que integra la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA, por sus siglas en inglés, International Disability Alliance) y es ex vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, comenta los desafíos para la realización del derecho a la educación de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. “Todavía se cree que la educación especial es la única forma de educar a niños y niñas con discapacidad y que la educación inclusiva no es posible, pero todas las personas tienen la capacidad de aprender, de diversas maneras”.

Asimismo, comenta los obstáculos para asegurar el derecho a la educación específicamente para las niñas y mujeres con discapacidad y la importancia de que los países recolecten datos fiables sobre la situación de las personas con discapacidad. “Si no recolectamos estos datos, nunca vamos a saber cuál es la situación de las personas, nunca vamos a tomarlas en cuenta en las políticas y de esa manera no se puede avanzar con los derechos de las personas con discapacidad”, afirma.

Importantes compromisos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y lanueva Agenda para el Desarrollo Sostenible, reconocen la inclusión como elemento clave para realizar el derecho a la educación para todas las personas. ¿Podría presentar, por favor, el concepto de educación inclusiva y cómo este se relaciona con el derecho humano a la educación?

El concepto de educación inclusiva se basa en un modelo de derechos humanos. Es decir, se reconoce universalmente como un derecho para todas las personas indistintamente de sus características, su edad, etc. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas adoptó, en septiembre del 2016, la Observación General número 4 sobre la Convención, donde se reconoce la educación inclusiva como un derecho del cual todas las personas son titulares y, en esta circunstancia particular, se enfoca el derecho a la educación de las personas con discapacidad.

La educación inclusiva es aquella que no excluye a nadie. Es un sistema educativo que imparte la educación para todas las personas en un entorno donde hay diversidad y se acepta esta diversidad.

Pese a ese reconocimiento que mencionamos anteriormente, es todavía necesario exigir de los Estados la adopción e implementación de políticas inclusivas y superar muchas barreras de discriminación en nuestras sociedades. Colombia, por ejemplo, recientemente ha reglamentado con un decreto la matrícula de personas con discapacidad en las escuelas regulares, además de comunicar medidas para la producción de materiales y oferta de apoyos específicos, por ejemplo. ¿En su opinión, cuáles son los principales retos en América Latina y el Caribe para garantizar atención educativa a las personas con discapacidad en el sistema regular?

Creo que esas limitaciones se dan porque todavía se cree que la educación especial es la única forma de educar a niños y niñas con discapacidad y que la educación inclusiva no es posible porque los/as niños/as con discapacidad no aprenden igual que los/as demás estudiantes. La educación inclusiva tiene como propósito derribar este mito y establecer el concepto de que todas las personas tienen la capacidad de aprender, pero de diversas maneras.

La educación inclusiva pretende adecuar el sistema educativo a la diversidad presente en una escuela o en un entorno escolar. En ese sentido, se requiere, en primer lugar, voluntad de las autoridades para aceptar que la educación inclusiva es un derecho humano. Los Estados tienen que asegurar este derecho y las personas con discapacidad deben tener acceso a la educación. Luego, hay la necesidad de preparar el cuerpo docente y las familias de los/as niños y niñas que van a la escuela para comprender que es un prejuicio pensar que las personas con discapacidad no aprenden como las demás.

Asimismo, los y las docentes deben prepararse para tener metodologías e instrumentos adecuados al aprendizaje de estudiantes con discapacidad. Los métodos para los/as niños/as ciegos/as deben incluir el aprendizaje del sistema Braille, por ejemplo. Los contenidos didácticos van a ser iguales para todas y todos, pero las metodologías pueden cambiar.

Es necesaria también la revisión de las formas de evaluación y de los sistemas de promoción escolar para que sean inclusivos para todos/as los niños y las niñas, indistintamente e independiente de sus condiciones. Y respetar la evolución con relación a la edad que tienen los niños y las niñas con discapacidad porque suele pensarse que no aprenden, o que aprenden muy lento, así que en escuelas regulares a veces se encuentran niños/as con discapacidad con 14 años en clases de los primeros años de primaria, con niños/as de 7 o 8 años. La idea es que estos/as niños/as con discapacidad puedan estar con otros/as de la misma edad para que puedan desarrollarse en un entorno confortable y más adecuado.

En el 2016, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas adoptó la Observación General Nro. 3 sobre los derechos de las mujeres y niñas con discapacidadlas cuales enfrentan múltiples barreras y formas de discriminación. ¿Podría señalar cuáles son los principales obstáculos que afectan a estas niñas y mujeres? ¿Qué acciones son necesarias para eliminar estas barreras?

En el tema educativo ya se sabe de las grandes brechas que hay entre niñas y niños y que las niñas tienen menos acceso a la educación que los niños. Cuando hablamos de las niñas con discapacidad hay una afectación por la discriminación interseccional, o sea, por la condición de discapacidad y además por ser niña.

Las familias tienden a valorar más la educación de los niños en relación a la de las niñas. Tienden a pensar que llevar la niña a la escuela es un esfuerzo que no vale la pena porque al final ellas no van a aprender o no servirá para nada que aprendan.

Las niñas con discapacidad suelen ser más fácilmente víctimas de la violencia escolar por causa de sus limitaciones físicas para defenderse o porque son más vulnerables. También, en algún momento, las niñas empiezan a menstruar y se ve como un tabú el cuidado que se requiere en estos casos. Para las familias esto es muchas veces motivo de vergüenza.

Es necesario concientizar acerca del apoyo específico que pueden requerir las niñas y las jóvenes para asistir a la escuela y evidenciar los estigmas que sufren por la discapacidad y otras condiciones sociales, como ser pobre o ser indígena, entre otros. Aún no conozco ninguna experiencia en los países de la región que esté dirigida a mejorar esta situación específicamente.

¿Cuál es la importancia de las Observaciones Generales que son producidas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU? ¿De qué manera ellas contribuyen para la garantía de los derechos de estas personas?

Las observaciones generales que el Comité adopta tienen el propósito de brindar orientación a todas las personas interesadas en hacer avanzar los derechos. La Observación General número 4 sobre educación inclusiva, por ejemplo, está dirigida a los gobiernos que ya ratificaron la Convención, pero también a la comunidad educativa y a las personas con discapacidad porque es una herramienta que facilita la interpretación de este derecho. Las observaciones generales dan ejemplos de cómo poner en práctica estos derechos y también remiten a buenas experiencias ya existentes.

Actualmente, el Comité trabaja en dos nuevas observaciones: una sobre igualdad y no discriminación y otra sobre la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la toma de decisiones a nivel de los gobiernos.

¿Por qué se recolectan tan pocos datos sobre discapacidad en los censos y en las encuestas en los países? ¿Cuáles son las consecuencias de esta ausencia de información?

Hasta muy poco tiempo las personas con discapacidad no éramos recolectadas en los censos, encuestas y estadísticas porque éramos socialmente invisibles. Muchas personas con discapacidad permanecían institucionalizadas o en sus hogares sin la posibilidad de salir y participar en la vida social, económica y política.

Menos de dos décadas atrás, cuando empieza a haber un movimiento para adoptar un tratado internacional de derechos de las personas con discapacidad, como la Convención, es que se toma más conciencia de la necesidad de conocer cuál es la situación y cuántas personas con discapacidad hay en el mundo.

Después de años de esfuerzo, se formó el Washington Group on Disability Statistics (Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad), un grupo de expertos delegado por los Estados Parte de las Naciones Unidas, para construir instrumentos metodológicos y recolectar datos desagregados acerca de las personas con discapacidad. Este grupo aprobó una lista de preguntas para ser incluida en los instrumentos de los países. A la fecha esas preguntas ya han sido utilizadas por más de 80 países. Este es un instrumento efectivo elaborado desde el enfoque de derechos humanos de la Convención y dista cualitativamente de instrumentos anteriores que tenían un enfoque claramente médico y que, por ende, no lograban recolectar información adecuada sobre la situación de los derechos.

Si no recolectamos estos datos, nunca vamos a saber cuál es la situación de las personas y nunca vamos a tomarlas en cuenta en las políticas. De esa manera, hay una invisibilización continua y no se puede avanzar con los derechos de las personas con discapacidad.

Fuente de la Entrevista:

https://orei.campanaderechoeducacion.org/post_politicas/la-educacion-inclusiva-tiene-como-proposito-derribar-el-mito-de-que-las-personas-con-discapacidad-no-aprenden-como-las-demas

Comparte este contenido:

CLADE: Posicionamiento Público. Por el Derecho de Todas y Todos a la Educación para la Igualdad de Género y a la Educación Sexual Integral

CLADE/27 de marzo de 2018/Fuente: http://v2.campanaderechoeducacion.org

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, recordamos la obligación de los Estados de avanzar hacia la igualdad de género, la construcción de una agenda de derechos y no discriminación, y la responsabilidad de respetar, proteger y promover todos los derechos de las niñas y las mujeres, lo que incluye avanzar hacia la garantía efectiva del derecho a la educación que promueva la igualdad de género, y que ello supone contar con una institucionalidad de género y políticas de igualdad debidamente respaldadas presupuestariamente.

Celebramos como un gran avance el fortalecimiento de los marcos internacionales sobre la igualdad de género, con la adopción durante el pasado año por parte del Comité CEDAW de la Recomendación N° 33 sobre Acceso a la Justicia, que en su apartado D aborda el tema de la educación desde una perspectiva de género, la Recomendación General Nº 35 sobre la violencia por razón de género contra las niñas y las mujeres, y en particular la Recomendación General Nº 36 sobre el derecho a la educación de las niñas y las mujeres, la cual tiene como objetivo garantizar que las disparidades y las desigualdades basadas en formas múltiples e intersectivas de discriminación, que impiden que las niñas y las mujeres disfruten de los derechos dentro y a través de la educación, sean abordadas y finalmente eliminadas.

A nivel regional, consideramos como un paso crucial la adopción de la Opinión Consultiva sobre Identidad de Género e Igualdad y no Discriminación a parejas del mismo sexo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 24 de noviembre de 2017.

Celebramos también contar con una larga trayectoria en materia de una agenda regional de género, la que ha venido siendo impulsada fuertemente en los últimos 40 años desde diferentes esferas, entre otras la CEPAL, la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, ONU Mujeres, la academia y, en particular, por parte de las redes y movimientos feministas y de mujeres.

Recordamos, sin embargo, que esta agenda debe hacer frente a los desafíos que se presentan en el contexto de la implementación de la Agenda de Desarrollo 2030 y los nuevos compromisos asumidos por los Estados en materia de educación y de igualdad de género y, en especial, dar respuesta a las crecientes preocupaciones regionales en materia de retrocesos en el campo de los derechos humanos, los derechos de las niñas y las mujeres y la igualdad de género, así como en materia de protección de los derechos de las personas LGBTI.

Identificamos como uno de los mayores desafíos y preocupaciones el avance de tendencias conservadoras y fundamentalistas religiosas, invocando la existencia de una supuesta “ideología de género” y llevando adelante movilizaciones y estrategias contra la igualdad de género, la diversidad sexual, el derecho a la identidad de género, rechazando la educación con enfoque de género, la educación laica y la educación sexual integral, lesionando derechos consagrados y llevando adelante campañas de incidencia que promueven regresiones en este campo, incluso en el ámbito judicial, pudiéndose citar varios ejemplos en diversos países de nuestra región.

Entre las principales áreas de preocupación planteamos:

• Currícula educativa y la educación sexual integral. Así por ejemplo en Argentina, habiendo transcurridos once años de la sanción de la Ley Nacional Nro. 26.510 que establece el derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, la ley no tiene aún una aplicación plena. En Brasil, se han experimentado retrocesos en materia de igualdad de género en la nueva Base Nacional Común Curricular, y la no inclusión de la palabra “género” en el Plan Nacional de Educación, así como en planes municipales y departamentales de educación. En Costa Rica, el Programa de Estudio de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral de Educación Diversificada del Ministerio de Educación Pública (MEP), el que se implementará a partir de este año, ha generado rechazo por parte de sectores religiosos, que entienden que este programa promueve la “ideología de género”. En Ecuador, bajo el slogan “Con Mis Hijos No Te Metas” se han estado movilizando y realizando marchas contra aquellas iniciativas legislativas vinculadas a la igualdad de género y para que no se incluya el enfoque de género en los currículos educativos. En Perú, se han venido dando fuertes cuestionamientos a la implementación del nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB), por incluir el enfoque de género, y promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la construcción de la identidad de género y la educación sexual integral. A raíz de un recurso interpuesto por el colectivo Padres en Acción (PEA), la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró nula parte de la Resolución 281-2016 del Ministerio de Educación (Minedu) que aprobaba el CNEB. El Ministerio de Justicia ha apelado contra la Resolución de la Primera Sala y el caso debe resolverse en los próximos 30 días. El MINEDU mantiene su posición de incluir el enfoque de género en el currículo. Por su parte en Paraguay, el pasado año, por la Resolución Nº 29.664, se prohíbe “la difusión de materiales impresos como digitales referentes a la teoría y/o ideología de género en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias”. En Uruguay, el pasado mes de setiembre la Justicia no hizo lugar a una acción de amparo presentada por un conjunto de padres y madres de escuelas públicas y privadas, para que se impidiera la divulgación de la Propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en educación inicial y primaria, solicitud que fue desestimada tanto en primera como en segunda instancia por considerarse improcedente.

• Laicidad de los Estados: el Estado de Derecho y la laicidad se encuentran entrelazados. No puede haber Estado de Derecho sin laicidad. El Estado no puede, bajo la excusa de defender una falsa libertad religiosa, imponer determinadas preferencias y privilegios al credo católico, obligando a las niñas y niños de las escuelas públicas a seguir principios y reglas propias de un culto al que no adhieren ni practican. En Argentina, la provincia de Salta violó derechos al imponer una cátedra religiosa en las escuelas públicas*. En Brasil, un fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) en el mes de setiembre del año pasado determinó la constitucionalidad de la enseñanza confesional en las escuelas y autorizó el mantenimiento de la educación religiosa.

• Las resistencias al abordaje de la orientación sexual e identidad de género en el ámbito educativo. En Colombia, la elaboración en el ámbito del Ministerio de Educación de una guía que abordaba el tema de las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la escuela, dirigida a docentes y que pretendía dar respuesta a un mandato de la Corte Constitucional de Colombia a fin de adecuar los manuales de convivencia escolar a la diversidad sexual y no discriminación, generó en su momento enérgicos cuestionamientos. Asimismo, en el marco del actual proceso electoral en el país, candidatos de partidos de derecha o articulados con grupos confesionales fanáticos han estructurado los mensajes de sus campañas bajo el discurso contrario a la “ideología de género”. En Brasil, a su vez, desde el ámbito del movimiento “Escola sem Partido”, se han venido promoviendo propuestas normativas orientadas a prohibir que en el ámbito educativo se aborden cuestiones de género y orientación sexual.

• En Costa Rica, a finales del año pasado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pronunció, rechazando una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el Decreto Ejecutivo Nro. 38.999 que reconoce derechos de las personas LGBT, acción que fue impulsada por un grupo de trece legisladores que consideraban que este decreto promovía la “ideología de género” (expediente 17-16363-0007-CO).

Todo lo anterior supone fortalecer el compromiso desde todas las esferas de la sociedad civil y del poder público por la defensa del derecho de todas y todos a la educación para la igualdad de género y a la educación sexual integral. Una educación que nos permita reflexionar sobre los roles y estereotipos que se asignan a los géneros, y replantear nuestros conceptos de masculinidades y feminilidades, para que sean más sensibles y responsables, y busquen la construcción de sociedades cada vez más inclusivas, pacíficas y democráticas.

De hecho, todos los seres humanos debemos aprender a conocer y cuidar de nuestros cuerpos, y eso se debe empezar a trabajar en los jardines de infancia, pues la educación sexual integral también es una herramienta poderosa contra la violencia y el abuso sexual infantil, a partir del espacio de diálogo y la relación de confianza que genera entre docentes y estudiantes.

Finalmente, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que este año homenajea y destaca el importante papel de las mujeres activistas rurales y urbanas, quienes han contribuido a la transformación de nuestras sociedades y a la conquista de derechos para todas y todos, queremos llamar la atención sobre los niveles de violencia de la que en muchos casos son objeto estas activistas y defensoras de los derechos humanos y la igualdad de género, exhortando a que los Estados le garanticen una protección adecuada e impartan justicia, recordando en esta fecha los dos años del asesinato de la activista por el medio ambiente y lideresa indígena en Honduras, Berta Cáceres.

Hoy, 8 de marzo, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y la Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM) nos sumamos al Paro Internacional de Mujeres al lado de niñas y mujeres de todo el mundo, por el reconocimiento de nuestros derechos y por todas aquellas mujeres que han luchado para alcanzar los derechos que hoy tenemos.

Pinche aquí para descargar este posicionamiento completo en pdf.

*La Corte Suprema del país admitió un Amicus Curiae de CLADEM sobre el tema: http://clademargentina.com.ar/audiencia-publica-por-educacion-religiosa-en-salta/

Fuente de la Noticia:

http://v2.campanaderechoeducacion.org/es/noticias/824-2018-03-08-15-57-59.html

Comparte este contenido:
Page 1 of 4
1 2 3 4