Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

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Nuevos abordajes para el derecho humano a la educación superior: Reflexiones y propuestas desde América Latina y el Caribe

mayo 17, 2022mayo 17, 2022Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

CLADE: Campana Latinoamericana por el Derecho a la Educacion

La educación es un derecho humano que se ejerce a lo largo de la vida; incluye, por lo tanto, la educación en la primera infancia, la educación técnica, vocacional, profesional y universitaria para todas las personas, en cualquier etapa de su vida.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece, en su artículo 26, el derecho a la educación superior: “el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”. También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales (PIDESC), en su artículo 13, establece las obligaciones de los Estados de asegurar el acceso progresivo universal y gratuito a todas las personas a la educación superior, lo que debe realizarse sin ninguna condición. Otros instrumentos de derecho internacional relevantes son: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), que en su artículo 10 establece la igualdad de acceso a la educación para las mujeres y la eliminación de roles estereotipados que legitimen la violencia de género en el proceso educativo; la Convención de Derechos del Niño (1989), que señala en el artículo 32, que el derecho a la educación es necesario porque protege de la explotación económica y laboral, las cuales pueden entorpecer el proceso educativo del niño o la niña, y en el artículo 28 subraya que la enseñanza superior deve accesible a todos; y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) que, en su artículo 24, exige que el proceso educativo sea inclusivo para todos y en todos los niveles.

Según el Instituto de Estadísticas de UNESCO, la tasa bruta de matriculación en América Latina y el Caribe (porcentaje de la población matriculada en relación con la población total del grupo de edad recomendado) aumentó considerablemente entre los años 2000 y 2018, pasando del 23 al 52%. Sin embargo, el Banco Mundial identifica que solo la mitad de las y los estudiantes entre 25 y 29 años que están matriculados completan su formación. Ello ocurre por distintas razones, muchas de ellas vinculadas al inclumplimiento de los Estados con sus obligaciones en temas de derechos humanos (World Bank; Latin America and the Caribbean: Tertiary Education; 2021).

El cumplimiento del derecho a la educación, en cualquier etapa, está basado en la realización de cuatro dimensiones del derecho: la disponibilidad de la oferta educativa en todas las partes de los territorios; la accesibilidad de todas las personas, sin cualquier forma de discriminación, a la educación y a las instituciones escolares; la aceptabilidad de los contenidos educativos brindados; y la adaptabilidad de la educación al contexto en el cual los sujetos de derechos están incluidos. Cuando no cumplen cualquiera de estas dimensiones, los Estados están concretamente violando el derecho.

América Latina y el Caribe tienen una larga trayectoria en la discusión sobre el derecho a la educación superior. Hace más de cien años, cuando en septiembre de 1918, estudiantes argentinos ocuparon las

facultades de Medicina, Derecho e Ingeniería de la Universidad de Córdoba, se planteó la laicidad y la democratización de la educación universitaria.

En oposición al modelo universitario milenario europeo, de tradición autocrática y religiosa, que había sido creado en 1088 en la Universidad de Bologna, estudiantes latinoamericanos exigieron que la Universidad de Córdoba se desvinculara de los padres jesuítas, que la habían fundado en 1613. Y reclamaron: participación de los sujetos de las comunidades educativas en la gestión administrativa universitaria; autonomía universitaria; libertad de cátedra; mecanismos de asistencia social para discentes; y el acercamiento de las universidades a las necesidades de los pueblos, a través del desarrollo de iniciativas de extensión universitaria y de conocimientos que contribuyan a la justicia socioeconómica. A estas demandas, más recientemente, se sumaron el cumplimiento de la justicia socioambiental, la realización de los derechos humanos y el buen vivir. Asimismo una producción crítica de conocimientos, plural y diversa, que reconoce incluso los saberes y cosmovisiones de los pueblos indígenas originarios, afrodescendientes y de otros grupos históricamente excluidos.

Este movimiento político, emancipatorio y liberador de estudiantes argentinos, rápidamente se diseminó por el continente, provocando la asunción de federaciones estudiantiles e inspirando reformas universitarias en distintos países del mundo. En un momento en el cual hay una corrida por la inclusión de estudiantes en los sistemas de educación superior, pero dejando de lado los principios fundamentales para la transformación social, nos parece urgente recuperar estos mensajes potentes de nuestra región, reiterando que las y los estudiantes de nuestra región continúan siendo víctimas de persecuciones y procesos de criminalización por el simple hecho de luchar colectivamente por la realización de sus derechos.

La democratización de la enseñanza superior no significa un crecimiento acelerado en la tasa de matriculación, o en el número de instituciones de enseñanza, o una ampliación en la diversificación de títulos y carreras, como observamos en nuestra región. Democratización con inclusión significa crear mecanismos para revertir las tendencias de reproducción de relaciones asimétricas de poder, exacerbación de las desigualdades y de las discriminaciones en los sistemas educativos, generando sociedades más igualitarias.

El crecimiento de la oferta educativa superior no estuvo debidamente acompañado de un financiamiento adecuado, que garantice el disfrute del derecho en igualdad de condiciones para las personas. Al contrario, se dió una tendencia a la precarización de las instituciones públicas y un crecimiento de la oferta privada. Por falta de reglamentación por parte de los Estados, ello generó la multiplicación de escuelas internacionalizadas y de elite para los ricos y universidades de baja calidad para estudiantes pobres, que hacen grandes esfuerzos para pagar por la educación superior – pensando que ello les permitirá tener mejores condiciones de vida – y que terminan por no conseguir puestos de trabajo decentes por la baja calidad de la educación a la cual acceden.

Nos preocupan los procesos de privatización – hoy un 53.2% de las y los estudiantes universitarios están en universidades privadas – y la financiarización de la educación superior. La educación superior ahora se presenta como una mercancía negociada en el mercado de acciones, un negocio interesante, que homogeniza y estandariza los conocimientos y formas de pensar, y produce ciudadanos útiles a la profundización de los modelos neoliberales. También nos inquieta la hiperconcentración de la enseñanza privada en manos de pocas instituciones, muchas veces extranjeras.

En este contexto, recuperar el contenido del derecho a la educación superior nos parece fundamental:

● Una educación superior disponible para todas y todos significa que las instituciones de educación superior públicas y gratuitas deben de estar debidamente financiadas y presente en las distintas partes del territorio, con docentes con calificación y trabajando en condiciones de trabajo decente.

● Significa que, cuando sea necesario, el Estado brinde educación superior a distancia, pero de manera complementaria a la educación presencial, y garantizando las condiciones para que todas las y los educandos puedan estudiar – lo que supone el acceso universal a internet y a dispositivos tecnológicos y a plataformas accesibles, preferencialmente de código abierto y adoptando software libres. Durante la pandemia, los procesos de enseñanza-aprendizaje fueron asumidos por las familias, estudiantes y docentes, quienes tuvieron que comprar equipos de conexión, pagar el acceso a internet y plataformas; pero son los Estados los que deben asumir los costos de transformación digital, sin privatización.
● Ser accesible para todas y todos significa que todas las barreras que impiden el acceso a este derecho deben ser superadas. Así, la educación superior tiene que ser gratuita y no puede adoptar procesos excluyentes para el ingreso a las universidades, que suelen dejar afuera a los grupos históricamente marginados. Por otra parte, donde la gratuidad de la educación pública superior ya esté garantizada, es imperativo no retroceder justamente porque la gratuidad debe ser progresivamente cumplida para todas las personas. Tampoco pueden haber barreras en términos de infraestructura o de cualquier otra naturaleza, que impidan el acceso de personas con distintas discapacidades o minorías étnicas, migrantes y otros grupos a la enseñanza superior.
● La educación superior ha servido durante siglos para formar grupos sociales dominantes de la población. Urge ampliarla a los sectores históricamente excluidos y con perspectiva intercultural e interseccional. Crear y ampliar políticas de acción afirmativa para garantizar el acceso y políticas intersectoriales para garantizar la permanencia de estos grupos en la educación.
● La educación superior debe de ser un bien común, una inversión que la sociedad hace en colectivo, para generar justicia social y ambiental. Un instrumento habilitador de la realización de los demás derechos. En este sentido, nos preocupa la ofensiva del capital corporativo, muchas veces extranjero, que pretende habilitar al sector empresarial para la titulación en carreras cortas y rápidas y también influenciar los espacios de gobernanza global y de toma de decisión sobre políticas educativas, de manera poco transparente y democrática. Asimismo, nos inquietan los procesos de privatización y comercialización de la educación, que amplifican las desigualdades y segregaciones en los sistemas. Aquí, los Estados tienen un rol fundamental de regular la oferta privada y evitar el endeudamiento de las y los estudiantes y de sus familias, de manera de no seguir arrastrando las falencias de la educación básica.
● Ser aceptable significa que el contenido de la educación superior debe poner el centro de su proyecto político-pedagógico la dignidad humana, el pensamiento crítico, la transformación de las sociedades, la realización de todos los derechos humanos, la paz y la convivencia democrática. En tal sentido, la presencialidad es fundamental para cumplir con el derecho a una educación que enseñe a vivir, convivir, compartir y a crear colectivamente una sociedad de justicia social.
● Ser aceptable significa romper con la lógica del pensamiento único, estandarizado, hegemónico y mantenedor del status quo; significa aceptar y valorar la diversidad, incluso en los procesos evaluativos, que deberían seguir criterios formativos y no únicamente economicistas.
● Significa responder a las expectativas de los sujetos de derechos y de los distintos actores de las comunidades educativas, que deben participar en la gestión de las universidades y en la definición de las políticas educativas. Y garantizar las condiciones para que todas las personas puedan estudiar y seguir la trayectoria de vida que deseen.

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● Ser aceptable significa garantizar un ambiente libre de violencia, intimidación, acoso, hostigamiento, amenazas y demás agresiones contra las mujeres, personas LGTBQI+ o cualquier otro grupo, en razón de su participación en la comunidad académica o del ejercicio de actividades. También, libre de violencia contra las instituciones, los laboratorios y las bibliotecas universitarias.
● Las mujeres han tardado seis siglos en acceder a las universidades. Ahora hay que garantizar la ruptura de estereotipos de género y de la cultura patriarcal, de manera que ellas puedan permanecer estudiando en las áreas que deseen, incluso en Ciencias, Matemáticas, Ingeniería y Tecnología (STEM, por sus siglas en inglés) donde siguen poco presentes, y que logren concluir sus cursos elegido, participando en la toma de decisiones.
● Por otro lado, hay que volver a valorar las carreras humanistas, la filosofía, el arte, la música, el deporte porque ellas permiten comprender los procesos históricos, políticos, sociales y proponer alternativas para el desarrollo de las sociedades.
● Ser aceptable es reconocer que la educación superior universitaria debe de tener un compromiso con la enseñanza, con la investigación y con la extensión universitaria. Y garantizar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, elementos fundamentales para consolidar la democracia, el pluralismo de ideas, el progreso científico y el buen vivir.
● Ser adaptable significa que la educación debe de ser flexible para responder al contexto de cada estudiante, permitiendo que él o ella permanezca estudiando y culmine sus estudios, incluso en contextos de emergencia.
● La democratización de la educación superior implica que actores que tuvieron sus derechos violados en etapas anteriores de su vida estarán en las universidades y otras instituciones de enseñanza superior, y que por lo tanto las escuelas deberán adaptarse para acoger de manera adecuada a este nuevo grupo, brindando asistencia social y emocional cuando sea necesario, y adoptando una cultura de colaboración, en lugar de la cultura de la competición, meritocracia e individualismo.
● Considerando la indivisibilidad e indisociabilidad de los derechos humanos, también será necesario adoptar políticas intersectoriales y interseccionales para prevenir posibles nuevas violaciones de derechos, sea en la presencialidad o en la educación a distancia, y para evitar el desgranamiento que mayormente sucede en los primeros años de la educación.Finalmente, para garantizar la educación superior universitaria y no universitaria como derecho humano, es fundamental asegurar las condiciones para la realización de ese derecho. Urge garantizar buenas condiciones para las y los docentes, incluyendo buenos salarios, infraestructura laboral y libertad de cátedra. Es hora de descolonizar y despatriarcalizar la construcción de los conocimientos, incorporar los saberes y cosmovisiones de los pueblos indígenas, de las y los afrodescendientes, personas migrantes, minorías étnicas, las comunidades LGTBQI+ y otros grupos históricamente excluidos. Es hora de asegurar la libertad académica para proteger la diversidad de métodos, temáticas y fuentes de investigación acordes con las prácticas y reglas internas de cada disciplina.
Es imperativo asegurar un financiamiento público y adecuado de la educación superior pública y estatal, que garantice el acceso y permanencia de las y los estudiantes, sin recurrir a “soluciones” basadas en los préstamos, que, en largo y mediano plazos, disminuyen los recursos disponibles para la educación debido al servicio de la deuda que deben de pagar los Estados, las y los estudiantes y sus familias individualmente. Para ello, es fundamental adoptar mecanismos de justicia fiscal y de control de la evasión y elusión de impuestos, con miras a disponer de más recursos para la educación.

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Asimismo, es urgente garantizar la presencialidad, la territorialidad, y las condiciones para la organización estudiantil y docente, así como la participación de las comunidades educativas en la definición de las políticas, adoptando una gobernanza transparente y democrática, basada en los intereses de la comunidad universitaria en diálogo abierto y permanente con la sociedad. Así, los órganos de gobierno y cogobierno universitario deben transmitir en vivo sus reuniones y dinámicas de toma de decisión para abrir paso a modelos de democracia directa y abierta.

¡La educación superior es un derecho; no es una mercancía! ¡Es imperativo que todos los Estados la asuman como responsabilidad primordial, cumplan con sus obligaciones, y hagan todos los esfuerzos para que ella se realice para todas y todos!

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Nicaragua: Las mujeres no son libres, las mujeres no están seguras

diciembre 31, 2021diciembre 27, 2021Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

Por: Aldania Serrano

Publicado en redclade.org

A pesar de las últimas reformas en la Constitución Política de Nicaragua, que incluye leyes que protegen a las mujeres, en el país se está viviendo una coyuntura con una centralización de poder y poca seguridad para la ciudadanía y a la vez múltiples crisis, en las que los niños, niñas, adolescentes y mujeres son más afectadas debido a su nivel de vulnerabilidad.

Para hablar sobre la violencia basada en género en Nicaragua, se debe reconocer que los nicaragüenses se encuentran en una sociedad patriarcal. Desde que las personas nacen se les asignan roles en dependencia de su sexo biológico, como consecuencia, las mujeres y niñas están creciendo en un sistema que dicta lo que deberán hacer el resto de sus vidas.

Es importante señalar que la violencia basada en género está sustentada por el sistema patriarcal en el que dominan los hombres sobre las mujeres, la mayoría de las veces, las mujeres sufren violencia a raíz de su cuerpo y la concepción de los hombres sobre él.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 736 millones de mujeres (una de cada tres), son víctimas de violencia física o sexual realizada por un compañero íntimo o agresiones sexuales perpetradas por otras personas, unas cifras que se han mantenido estables a lo largo del decenio más reciente.

También, para ONU mujeres, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo y se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta, y Nicaragua no es la expepción.

Así se manifiesta la violencia basada en género

“¿Ya tenes novia en la escuelita?”, todas las personas en Nicaragua ya han escuchado esta expresión que le dicen a los niños. Desde que son infantes se crían a los niños con la idea de que deben ser coquetos, que deben decirles ¨piropos¨ a las niñas y mujeres en la calle, pero no se les dice que en realidad eso es acoso y violencia normalizada porque invaden el espacio y la privacidad de las niñas y mujeres.

De igual forma, es violencia de género cuando a las niñas solo se les permite jugar con muñecas y jugar a ¨la cocinita¨, usar faldas y ser sumisas, porque eso es lo que la sociedad ha construido desde hace mucho tiempo. Es violencia también, que a los niños no se les permita llorar en público porque ¨los verdaderos hombres no lloran¨, porque los hombres son fuertes y deben dedicarse a trabajar para el hogar, no pueden ser sensibles porque no es parte de su naturaleza… criar a los niños con estas ideas, es violencia.

La violencia basada en género también se manifiesta con acoso callejero, con micromachismos, y en palabras de la activista Integrante de la red de mujeres contra la violencia, Evelyn Flores, estos comportamientos y conductas no deben celebrarse porque son expresiones de violencia determinadas por las relaciones de poder de los hombres hacia las mujeres, que se producen como:

Violencia física
Violencia psicológica
Violencia sexual
Violencia económica
Violencia emocional

Una de las expresiones más graves de violencia, es la conducta normalizada de hombres adultos que buscan una relación amorosa con adolescentes y jóvenes, quienes son vulnerables a ceder por algún tipo de amenaza y violencia ejercida por el adulto que goza de poder y por ello abusa del mismo. Las niñas, adolescentes y jóvenes deben ser protegidas de este tipo de abusadores.

Quiénes ejercen violencia

Generalmente, son los hombres quienes ejercen violencia hacia las mujeres, no necesariamente se puede ver en una pareja, la violencia basada en género sucede independientemente de si existe o no un vínculo entre el victimario y la víctima. La violencia también está presente en sitios de trabajo, en las calles, en las iglesias, en la familia, en las escuelas y universidades.

Qué ha cambiado en los últimos años

Gracias a los esfuerzos de las mujeres feministas, con el pasar de los años, las mujeres se han empoderado y muchas cosas del pasado han cambiado, antes los hombres eran los dueños de tierras en las zonas rurales, ahora hay mujeres productoras y dueñas de sus tierras, antes era muy común que los hombres fuesen los titulares de las casas y las herencias, ahora hay más mujeres siendo incluidas, hay más mujeres tomando responsabilidades y siendo parte de esta revolución que con el tiempo será una normalidad.

En busca de una sociedad justa

Para Flores, se debe luchar en contra de la violencia basada en género, pero para ello se necesita un trabajo armónico entre hombres y mujeres, no se trata de una competencia, si no de la construcción de una sociedad más justa y democrática, en la que los hombres y las mujeres puedan vivir en paz. Asimismo, en medida que hay democracia e institucionalidad se puede combatir la violencia de género de forma más efectiva, ya que, esto permite a las mujeres y niñas gozar de sus derechos.

Las organizaciones en Nicaragua aportan a la eliminación de la violencia de género

Gracias a la lucha feminista, hay muchas mujeres que gozan de su libertad, las organizaciones de sociedad civil y personas profesionales aportan a la eliminación de la violencia de género con sus conocimientos, sus acciones y actividades dirigidas a mujeres nicaragüenses. Con esto, se pretende compartir a la ciudadanía las herramientas para que gocen plenamente de sus derechos y no sufran de discriminación, exclusión, y en un futuro se logre erradicar el machismo. Para ello, se debe educar sobre derechos humanos y los hombres deben admitir que el sistema patriarcal les provee privilegios de los que deben desprenderse para ser parte de esta lucha en contra de la violencia. Las organizaciones en Nicaragua son fundamentales para generar opinión, conocimiento, y para ayudar a las comunidades más necesitadas.

¿En Nicaragua hay leyes que protejan a las mujeres?

La activista Flores comenta que, a pesar de las últimas reformas en la Constitución Política de Nicaragua, sí existen leyes que protegen a las mujeres, así como la ley 779. Sin embargo, entre el marco legal, los operadores de justicia y las instituciones estatales y acciones, existe una brecha significativa, pues en Nicaragua se está viviendo una coyuntura muy fuerte, porque existe una centralización de poder y poca seguridad para la ciudadanía y a la vez múltiples crisis, en las que los niños, niñas, adolescentes y mujeres son más afectadas debido a su nivel de vulnerabilidad. Según la abogada Flores, el marco legal relacionado a la protección y defensa de las mujeres no debe cambiarse, pero si se pudiese aplicar a como expresa la ley, sería lo ideal para brindar justicia a las víctimas.

Femicidios en Nicaragua

Al día de hoy, el número de víctimas de violencia supera las 66, y la cifra de femicidio en grado de frustración asciende las 100, las mujeres nicaragüenses han tenido que ser resilientes y luchar por sus vidas todos los días. No hay un espacio seguro en el que las mujeres se puedan desarrollar, por ello en conjunto se necesita erradicar la violencia de género. Y según afirma Flores, solo una parte de las mujeres logra denunciar la violencia que sufre. A pesar de las leyes no se protege la integridad y dignidad de las víctimas, y a nivel de ejemplo, la activista comenta que, cuando un profesor abusa de una estudiante, la familia de la víctima tiene que presentar muchas pruebas para que se reconozca al profesor como abusador, en lugar de apoyar y proteger a la niña, y si se confirma que el maestro es abusador, como respuesta, únicamente cambian al abusador de escuela, lo que le permite cometer nuevamente esos delitos y queda impune. No hay justicia para las niñas, no hay protección para ellas.

¿Cuál es la ruta para acabar con esta problemática?

La educación, desde el enfoque de derechos humanos en la que se les enseñe a las personas que los hombre y mujeres tienen los mismos derechos y capacidades, se debe construir una educación formal e informal más sana, más humanista y facilitadora de un futuro más próspero en Nicaragua.

Los cambios culturales también son importantes, los hombres y mujeres deben tener control de su sexualidad, la responsabilidad del futuro como familia debe ser planificado por los hombres y mujeres, la carga no tiene que ser solo de la mujer. Los derechos sexuales y reproductivos deben ser parte de las nuevas formaciones.

Las víctimas son afectadas de por vida

Las víctimas de violencia no pueden desarrollarse de manera óptima, su vida corre peligro y en vista de la impunidad tienen secuelas que aumentan con el tiempo, sufren la violencia del victimario y la violencia estatal porque no tienen justicia. Si las víctimas no son atendidas pueden estar afectadas durante toda su vida.

Cuando sepas que una mujer ha sido víctima de violencia, intenta acercarte para ayudarla, escucharla y protegerla, si podes buscar ayuda psicológica, hazlo, no podemos dejarlas solas.

¿Vos cómo ayudarás a la eliminación de la violencia de género?

Fuente e Imagen: https://redclade.org/noticias/nicaragua-las-mujeres-no-son-libres-las-mujeres-no-estan-seguras/

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Brecha digital, acceso a la información y educación: retos y propuestas para América Latina y el Caribe

octubre 28, 2021octubre 28, 2021Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

Por: Fabíola Munhoz

Grupo de sociedad civil que acompaña el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030 en la región organizó diálogo virtual para recoger insumos sobre la temática, los cuales se presentarán al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible

Se realizó el 6 de octubre, el diálogo virtual “Brecha digital, acceso a la información y educación”. La sesión de trabajo fue organizada por el Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT) del Mecanismo de Participación de Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible (FPALCDS). Este Foro es la instancia oficial de seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 4 – referido a la educación, en ámbito regional.

La sesión forma parte en una serie de reuniones que tiene el objetivo de desarrollar los temas de trabajo definidos por GEACT, proponiendo políticas públicas para la solución de los problemas identificados. Se busca además incidir positivamente en los procesos de toma de decisiones sobre los ODS en la región, de manera que los resultados del trabajo del GEACT serán presentados en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para los primeros meses del año 2022.

En el diálogo de ayer, se identificaron problemas relacionados a los temas educación, academia, ciencia y tecnología, y a la vez se plantearon soluciones viables en época de pandemia y postpandemia.

Participaron: Pablo Cavataio, Asesor de la Vicepresidencia de ARSAT Argentina; Maximiliano Estigarribia, Director de ETIS, Argentina; Javier Tolcachier, de la Agencia Pressenza en Argentina; Ana Gabriela Castro Fuentes, del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica; Luis Bonilla Molina, de Otras Voces en Educación Venezuela; y Mauro Jarquín, del Observatorio Latinoamericano y Caribeño de Organismos Multilaterales, Bancas de Desarrollo, Cooperaciones Tecnológicas y Filantropía de México, bajo la moderación de Nora González Chacón, de la Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica (ACED).

Según Javier Tolcachier, la Internet, un espacio tan vital para nuestra interacción social, ha ido mutando en sus características, alejándose de todo posible control democrático y siendo cada vez más permeada por los intereses mercantiles corporativos. Intereses que concentran poder y riquezas en un puñado de empresas transnacionales que van ejerciendo un control de facto sobre los contenidos que circulan por la red.

“Sí!, la internet y sus tecnologías conexas, que idealmente pudieran servir para una mayor democratización del conocimiento y del quehacer político, que pudieran contribuir a una mejor distribución del bienestar y el patrimonio colectivo de la humanidad, se encuentran intervenidas por intenciones monopólicas particulares, que impiden o dificultan que aquello se realice. De allí que es imprescindible analizar con mayor precisión cuáles son las intenciones y procesos que subyacen a la instalación de este modelo tecno-digital, cuáles son sus principales impactos y su posible devenir”, destacó.

Lee aquí su ponencia completa.

Mira a continuación la grabación del encuentro

https://www.facebook.com/100003046220012/videos/572130027427965/

Próximas sesiones del grupo

El GEACT mensualmente implementa una reunión de trabajo de una hora y media a dos horas, en la que cada uno de sus grupos temáticos presenta datos relevantes sobre los desafíos existentes e identifica o propone soluciones. La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) forma parte en el GEACT, representada por Nora González Chacón, de la ACED, y Marcela Browne, de Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).

En estos encuentros, se propone reunir insumos para la elaboración de un pequeño documento base, que se discutirá nuevamente con los grupos de trabajo previo a su envío al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible el 2022.

Los próximos encuentros de la serie, discutirán: Migrantes y derecho a la educación (17 noviembre de 2021), Derecho a la Educación e inclusión a lo largo de la vida (26 de enero de 2022); Presentación de documento final (28 de febrero de 2022).

Fuente de la información: https://redclade.org

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Declaración final del Foro Político de Alto Nivel no ofrece respuestas adecuadas a los desafíos para alcanzar el desarrollo sostenible en un contexto de pandemia

julio 23, 2021julio 21, 2021Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

Publicada por: CLADE

Por: Fabíola Munhoz

Sociedad civil se manifiesta contra la declaración ministerial adoptada por los Estados miembros de la ONU sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el cierre del Foro dedicado al seguimiento a esta agenda en el ámbito internacional

“El FPAN de este año no ha logrado presentar recomendaciones de acción audaces y transformadoras en un momento en el que aproximadamente 4 millones de personas han perecido a causa de la pandemia del COVID-19, cerca de 190 millones han enfermado, más de 250 millones han perdido sus empleos, más de 1,6 millones han visto interrumpida su educación y cientos de millones más ya han caído en el hambre y la pobreza extrema. Es inexcusable que, durante esta crisis mundial, los Estados miembros no se hayan puesto de acuerdo en una Declaración Ministerial fuerte, centrada en los derechos humanos, transformadora y orientada a la acción”.

Esta es la opinión que las organizaciones y redes de la sociedad civil que forman parte de los Grupos Principales y Otras Partes Interesadas de la ONU (MGOS, por su acrónimo en inglés), expresaron sobre el contenido de la declaración ministerial adoptada hoy (16 de julio), luego del cierre de la edición 2021 del Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de la ONU, instancia principal de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito internacional. Los MGOS son el espacio de participación de la sociedad civil en el monitoreo y revisión de los ODS a nivel global.

Redes y organizaciones integrantes de dichos Grupos, entre ellas la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), afirman en posicionamiento público divulgado hoy, que les entristece profundamente la falta de ambición de los Estados para responder a las crisis a las que el mundo se enfrenta actualmente. Destacan, así mismo, que los derechos humanos, la igualdad de género y el equilibrio ecológico deben ser fundamentales en todos los esfuerzos de recuperación y restauración ante los efectos del COVID-19.

“Reafirmar viejos compromisos (que eran claramente insuficientes antes de la pandemia) no es una respuesta adecuada a la pandemia. Nos preocupa enormemente la negativa constante a abordar las causas fundamentales y los obstáculos sistémicos para lograr un mundo en el que nadie se quede atrás (la continua dependencia de las fuentes de energía fósiles, la búsqueda de un crecimiento infinito de las economías extractivas, las relaciones de poder desiguales que engendran una deuda insostenible y flujos financieros ilícitos, el patriarcado como herramienta política, la captura corporativa de la gobernanza, la agenda de desarrollo y sostenibilidad y sus implicaciones para el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, por nombrar algunos)”, se afirma en el comunicado.

> Lee el posicionamiento completo.

> Lee la declaración ministerial que fue adoptada en el cierre del FPAN

Petición de destitución del Presidente del ECOSOC por violencia de género

Mientras la sociedad civil negociaba un resultado sólido del FPAN 2021 y una declaración ministerial que defiendera la igualdad y la dignidad para todas y todos, el actual presidente del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), Munir Akram, ha sido considerado responsable de actos de violencia contra una mujer, y aún no rindió cuentas sobre el hecho debido a su inmunidad diplomática. El ECOSOC preside el Foro Político de Alto Nivel de la ONU.

Dichos actos de violencia fueron documentados en los registros del gobierno de Nueva York y en las noticias internacionales, incluido el periódico New York Times. Aunque Estados Unidos ha pedido anteriormente al gobierno pakistaní que retire la inmunidad a Akram para que pueda ser procesado, no lo ha hecho.

Ante este contexto, organizaciones feministas reunidas en el Grupo Principal de Mujeres de la ONU divulgan posicionamiento, en el cual demandan que las Naciones Unidas demuestren su firme compromiso contra la violencia de género, y que apoyen las demandas de los movimientos feministas y de derechos de las mujeres de Pakistán, en el sentido de que Akram sea retirado de sus funciones como enviado paquistaní ante la ONU.

“Exigimos al Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán que destituya al Sr. Munir Akram y nombre a un representante adecuado. Exigimos a todos los representantes de los Estados miembros que cuestionen las credenciales y la participación actual y futura del Sr. Munir Akram como representante de Pakistán. Hacemos un llamamiento a los Grupos Principales, a otras partes interesadas y a los actores relevantes comprometidos con la ONU para que apoyen este llamamiento. Nos solidarizamos con las redes feministas pakistaníes y exigimos la destitución del Sr. Munir Akram de la presidencia del ECOSOC y de cualquier papel dentro de la ONU”, afirman en el comunicado.

> Lee el posicionamiento aquí

Fuente e Imagen: https://redclade.org/noticias/declaracion-final-del-foro-politico-de-alto-nivel-no-ofrece-respuestas-adecuadas-a-los-desafios-para-alcanzar-el-desarrollo-sostenible-en-un-contexto-de-pandemia/

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COVID-19: “En varios países las situaciones de violencia contra las mujeres aumentaron”

mayo 30, 2021junio 21, 2021Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

Por: Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

Violencia, educación, políticas públicas y género son algunos de los temas que Mónica Novillo, coordinadora de REPEM, abordó en esta entrevista

En el contexto de la pandemia COVID-19, la CLADE entrevistó a Mónica Novillo, coordinadora de la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM), para conversar sobre cómo los impactos del aislamiento y de la crisis de salud y económica pueden afectar la educación y la población más vulnerable, como las niñas y las adolescentes.

Según la coordinadora de REPEM, esta crisis sanitaria revela una serie de desigualdades en nuestras sociedades. “Particularmente en el tema del derecho a la educación, varios países han tomado medidas suspendiendo las clases, cerrando los colegios, lo cual tiene una implicación en el derecho y acceso a la educación de las niñas y de los niños”.

Otro tema importante señalado es el incremento de la violencia. “Debemos reconocer que la problemática de la violencia es estructural y hace referencia a un montón de factores, pero que fundamentalmente en un momento en que hay ansiedad, se están produciendo despidos masivos, gente que está con preocupaciones también económicas y la posibilidad de contar con los ingresos necesarios para la subsistencia de la familia, etc. Están generando condiciones para exacerbar la violencia que existe en nuestros contextos”, afirmó.

Lee la entrevista completa:

¿Cuáles son los impactos de la actual pandemia para las niñas y mujeres, especialmente en lo que toca a sus derechos humanos, como educación, salud, trabajo, protección social y otros?

Mónica Novillo – Hay un impacto diferenciado en términos de género de lo que va a producir y lo que está produciendo ya el Coronavirus, no solamente en términos de salud, sino en los efectos de las medidas que se han tomando, en las condiciones en que viven las mujeres y las niñas.

Un primer impacto tiene que ver con que, en un ámbito de confinamiento, que es una de las medidas que se ha priorizado en todos los países – la cuarentena, la prohibición de circular, la restricción bajo mandato a quedarse en casa -, lo que hace es incrementar el riesgo de las niñas y las mujeres, y también de los niños, a sufrir varias formas de violencia que ocurren en la cotidianidad, en situaciones que podríamos llamar entre comillas “normales” y que ocurren cotidianamente, como la violencia intrafamiliar y la violencia sexual.

Estamos viendo que en varios países los niveles de denuncia de situaciones de violencia contra las mujeres se han incrementado, y el propio secretario general de las Naciones Unidas ya ha alertado sobre la importancia de atender las situaciones de violencia que viven las mujeres y las niñas a nivel global. Ha pedido un cese al fuego de todos los conflictos armados de todos los países, pero particularmente ha llamado la atención sobre la violencia contra las mujeres como un elemento que hay que tomar en cuenta.

“Particularmente en el tema del derecho a la educación, varios países han tomado medidas suspendiendo las clases, cerrando los colegios, lo cual tiene una implicación en el derecho y acceso a la educación de las niñas y niños, obviamente de adolescentes también”

Un segundo elemento tiene que ver con que algunos de nuestros países tienen un alto porcentaje de personas cuyos ingresos dependen del trabajo diario en la calle. Estamos hablando de trabajo informal, que es la forma en que la mayoría de la gente está efectivamente generando ingresos. Se está dando un golpe muy fuerte en las economías familiares, y por eso también los gobiernos y las medidas que se han tomado están incluyendo tratar de resolver las necesidades inmediatas de las poblaciones. Se está disminuyendo la capacidad de generar ingresos, y esto va a tener, a largo plazo, algunos impactos, como por ejemplo: la pérdida masiva de empleos y el golpe a las pequeñas y medianas empresas. [Los impactos serán grandes], particularmente, para las mujeres – porque ellas son en algunos países hasta el 70% de la fuerza laboral en el sector informal, de menor productividad, y ahí es donde se está produciendo mayor impacto.

Esta crisis sanitaria, aunque sea una crisis de salud, lo que está haciendo es revelar una serie de desigualdades en nuestras sociedades.

Particularmente en el tema del derecho a la educación, varios países han tomado medidas suspendiendo las clases, cerrando los colegios, lo cual tiene una implicación en el derecho y acceso a la educación de las niñas y niños, obviamente de adolescentes también.

En este marco, lo que está pasando es que hay grupos, sectores de la población que tienen la posibilidad de seguir las clases a distancia, sin embargo existen otros sectores que no tienen acceso ni al Internet – porque este tiene costo, y más de la mitad de la población de nuestra región no tiene acceso – pero tampoco tienen insumos, como la computadora, una tablet, etc., para seguir las clases en línea. Estos son obstáculos que están planteando claramente que hay una diferencia de acceso y de condiciones para enfrentar esas medidas que se están tomando para mitigar los efectos de la pandemia en la población.

“En el marco de los derechos a la salud y los derechos reproductivos, se ha descuidado la atención a las mujeres gestantes. Pero, particularmente se debe asegurar también la provisión de servicios para anticoncepción, acceso a medicamentos y a métodos de anticoncepción para niñas y adolescentes en el contexto del coronavirus”

A largo plazo, también habrá impactos. Si se cumplen los pronósticos en el sentido de que habrá un golpe muy fuerte en la economía de los países, va a incrementar la cantidad de personas en pobreza extrema en nuestro continente. Si se cumple ese pronóstico, vamos a tener efectos directos en el derecho a la educación de las niñas y los niños. Un primer efecto será justamente que las niñas podrían verse forzadas a dejar la escuela para dedicarse al cuidado de sus hermanos menores, para que las madres y los padres puedan salir a trabajar y a buscar alternativas económicas para subsistir.

Otro de los efectos directos, seguramente, podría ser que se restrinja el derecho a la educación de las niñas, porque ellas se verían también expuestas a uniones tempranas, como ha estado ocurriendo ya en nuestras sociedades. Entonces, lo que está haciendo la crisis es profundizar algunas brechas y algunos efectos en la vida de las niñas y mujeres, a los cuales hay que estar atentos.

Si la crisis económica será tan fuerte, eso también va a tener implicancias en otras formas de violencia, como la trata y el tráfico de personas. Las niñas, particularmente, están más expuestas a esas formas de violencia contra las mujeres.

Otro elemento que nos llama mucho la atención es que, en este contexto de salud, en el marco de los derechos a la salud y los derechos reproductivos, se ha descuidado la atención a las mujeres gestantes. Pero, particularmente se debe asegurar también la provisión de servicios para anticoncepción, acceso a medicamentos y a métodos de anticoncepción para niñas y adolescentes en el contexto del coronavirus. Eso es fundamental.

Hay que considerar también la posibilidad de que, a futuro, se incrementen las tasas de empleo infantil, particularmente para las niñas, quienes cumplen tareas, por ejemplo, en el ámbito gastronómico, apoyando en tareas de cuidado, etc. Hay que prestar particular atención a estos temas que podrían tener un impacto en la vida de las niñas y mujeres.

Queda como un elemento central en el ámbito del coronavirus y de la crisis sanitaria, que los Estados deben proyectar a futuro políticas para fortalecer los sistemas de protección social, y eso implica también distribuir y discutir, reflexionar sobre las tareas del cuidado. El cuidado se ha puesto en el centro de la crisis sanitaria porque estamos hablando de quienes demandan cuidado. Por eso, es tan importante, y las mujeres han sido tradicionalmente las responsables por el cuidado en nuestras sociedades. Entonces, hay que ver cómo en esta crisis, que está poniendo al cuidado en el centro, planteamos una redistribución, para que los desafíos no estén sobre los hombros de las mujeres.

¿Cómo los movimientos feministas se están organizando para contribuir con la superación de esta crisis, desde una perspectiva de igualdad de género?

Mónica Novillo – Ante la debilidad de los sistemas de salud para responder [a la crisis], también se está evidenciando la debilidad para responder a los efectos negativos del coronavirus en la vida de las mujeres.

Una de las primeras respuestas ha sido justamente de las organizaciones y colectivos feministas, las instituciones que tienen trabajo en temas de violencia, ya sea para visibilizar, para organizarse o para difundir el riesgo que existe de que las mujeres sufran situaciones de violencia. Pero, también para difundir los teléfonos oficiales de la policía, los servicios de atención. Se han organizado también servicios de atención psicológica, acompañamiento a mujeres en la crisis del COVID-19, no solamente en temas de violencia, sino, por ejemplo, en casos de embarazos no deseados, habilitando servicios de escucha para mujeres que están con ansiedad. Hay una cantidad de servicios que, ante la ausencia del Estado y en este nuevo contexto, las organizaciones de las mujeres están saliendo a responder.

“A través de las redes virtuales, se está compartiendo información útil para pasar la cuarentena y, sobretodo, información de prevención y para mitigar el impacto negativo de la cuarentena y el confinamiento en la vida y la subsistencia de las familias”

También algunas organizaciones de mujeres están iniciando acciones solidarias con familias que están viviendo penurias para conseguir sobrevivir y subsistir en esta cuarentena. Se ha organizado la distribución de canastas familiares para mujeres trans, trabajadoras sexuales, mujeres que son madres solas, jefas de familia monoparentales, que tienen muchos hijos, etc. Hay una solidaridad feminista que se está poniendo en marcha.

Es muy interesante como, de manera creativa, se están utilizando las redes sociales. A través de las redes virtuales, se está compartiendo información útil para pasar la cuarentena y, sobretodo, información de prevención y para mitigar el impacto negativo de la cuarentena y el confinamiento en la vida y la subsistencia de las familias. También se está dando la discusión sobre la distribución de las tareas y el cuidado al interior de la familia.

¿Qué medidas se demandan de los Estados y la comunidad internacional para proteger y asegurar los derechos de las niñas y mujeres en el actual contexto, en el ámbito educativo y más allá?

Mónica Novillo – Primero, a nuestros Estados, les estamos pidiendo focalizar políticas y medidas tratando de que los sectores más vulnerables, entre ellos las mujeres y niñas, cuenten con la posibilidad de denunciar efectivamente y contar con atención en los casos de violencia.

Los recursos con los que se contaba para la atención de casos y situaciones de violencia intrafamiliar y sexual, entre otros, han sido reducidos. La policía está fuertemente concentrada en vigilar el cumplimiento de las medidas de restricción, para que no anden por la calle, no circulen, etc.. Eso es importante, sin embargo, no puede dejarse de lado atender estas situaciones de violencia, porque son fundamentales.

“Las mujeres ocupan el 70% de la fuerza laboral en salud. Esto significa que hay una mayor exposición de las mujeres por esta relación que existe de su trabajo fuera del hogar como una extensión del mandato social, de cuidar al resto de la población”

El personal médico se ha concentrado fuertemente en la atención del coronavirus y se ha dejado sin protección a las mujeres que están en gestación, que llegan a trabajo de parto y también a los recién-nacidos.

Entonces, es fundamental asegurar que el personal que atiende los casos de violencia contra las mujeres y las niñas, la policía, otras instancias y también el personal de salud, cuenten con los insumos de bioseguridad necesarios para atender adecuadamente a las mujeres que requieran, o demanden servicios de atención.

Las mujeres ocupan el 70% de la fuerza laboral en salud. Esto significa que hay una mayor exposición de las mujeres por esta relación que existe de su trabajo fuera del hogar como una extensión del mandato social, de cuidar al resto de la población. Están, entonces, en el personal de salud y más expuestas a posible contagio del coronavirus.

Otro elemento que no podemos dejar de lado es que los Estados deben diseñar estrategias a la atención inmediata en este momento de la crisis, pero posteriormente deben tomar medidas para asegurar políticas públicas focalizadas hacia las mujeres y niñas, para prevenir los impactos que describí, como por ejemplo: que las niñas se vean de alguna manera forzadas, por el empobrecimiento, a dejar la escuela para cumplir otras tareas de cuidado, trabajo doméstico, o trabajo fuera de las casas, etc. Estas son cosas que suelen ocurrir y ya ocurrieron en otros momentos de la historia cuando se produce una crisis económica.

“Como nunca, estamos viendo que la educación, la salud, el empleo deben ser prioridades para eliminar las desigualdades que caracterizan a América Latina”

A la comunidad internacional, hay que demandar un mayor compromiso para sostener estos procesos. Es decir, esta comunidad tiene que comprometerse para que los países en desarrollo también cuenten con los recursos de cooperación, o asistencia oficial para el desarrollo, de manera que puedan impulsar medidas de protección que a futuro puedan prevenir otros tipos de crisis, como la que estamos viviendo.

La comunidad internacional tiene un rol fundamental para continuar apoyando las prioridades. Esto significa políticas públicas de protección social para no exacerbar y no profundizar las desigualdades que estamos viendo a partir de la crisis.

Como nunca, estamos viendo que la educación, la salud, el empleo deben ser prioridades para eliminar las desigualdades que caracterizan a América Latina.

¿El contexto de pandemia agrava los riesgos de que mujeres y niñas sufran discriminación y violencia?¿Por qué eso ocurre y cómo enfrentar la situación?

Mónica Novillo – Efectivamente, lo que nos está mostrando la pandemia es que se están generando riesgos de que las mujeres y las niñas sufran mayor discriminación y, sobretodo, situaciones de violencia, particularmente violencia sexual.

Debemos reconocer que la problemática de la violencia es estructural y hace referencia a un montón de factores. Pero, fundamentalmente, en un momento en que hay ansiedad, se están produciendo despidos masivos, la gente está con preocupaciones económicas y sobre la posibilidad de contar con los ingresos necesarios para la subsistencia de la familia, se están generando condiciones para que la violencia, que ya existe en nuestros contextos, independientemente del coronavirus, sea exacerbada. Cómo responder a esto, es la gran demanda.

Debemos recordar que la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar ocurre en el ámbito de la familia, en los hogares. Muchas veces, son los hogares los lugares más inseguros para las mujeres y las niñas.

“Existe un enorme porcentaje de violencia sexual que sufren las niñas y las adolescentes, la cual es perpetrada también por un integrante de la familia. En circunstancias de confinamiento, de encierro, estas situaciones de violencia pueden verse agravadas”

En algunos países, la violencia contra las mujeres es de los delitos que más se denuncian y siempre ocurre por una persona con quien la mujer ha tenido una relación íntima. En la mayor parte de los casos, ocurre con quien la mujer ha tenido hijos, o con quien está conviviendo. En condiciones especiales y peculiares, como las que estamos viviendo, las mujeres deben permanecer más tiempo en el interior del hogar, y las situaciones son complejas, generando condiciones para que ocurra la violencia contra las mujeres. En otras situaciones [estas violencias] también ocurren, por eso hablo que es una problemática estructural y hay que atenderla de manera integral.

También existe un enorme porcentaje de violencia sexual que sufren las niñas y las adolescentes, la cual es perpetrada también por un integrante de la familia. En circunstancias de confinamiento, de encierro, estas situaciones de violencia pueden verse agravadas, ante el coronavirus. Hay que demandar mayor atención a esta problemática.

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Fuente e Imagen: https://insurgenciamagisterial.com/covid-19-en-varios-paises-las-situaciones-de-violencia-contra-las-mujeres-aumentaron/

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Educación y poder constituyente en Chile

mayo 30, 2021mayo 30, 2021Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

Publicado en redclade.org

Por: Juan González

Artículo presenta un análisis sobre cómo el derecho humano a la educación en Chile ha sido entendido en La Constitución política promulgada en 1980 durante la dictadura de Pinochet y cómo deve ser garantizado en el proceso de construcción de una nueva carta magna (proceso constituyente).

La Constitución política vigente promulgada en 1980 en dictadura (7 años después del golpe donde la elite toma el poder) tiene dos aspectos estructurales que permiten que el sistema educativo se haya puesto al servicio del proyecto político –económico neoliberal. El primero, relega al Estado a un rol subsidiario respecto los privados. El Estado pierde su iniciativa educativa y sólo acude como apoyo y ayuda a otros agentes sociales que son los que impulsan la labor educativa en nuestro territorio: en consecuencia el Estado no garantiza el Derecho a la Educación a las personas.

Lo segundo, instala una determinada concepción de lo que se ha llamado históricamente en Chile la “libertad de enseñanza”. Así se consagra en la Constitución “el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos” y también “el derecho a cualquier ciudadana/o de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. Este doble principio sí está garantizado por el Estado, no así el derecho la educación, que no está garantizado. [1]

Esta “libertad” tiene larga data en Chile, desde finales del siglo XIX. En esos tiempos, la elite terrateniente conservadora y latifundista (quien aliada a la iglesia católica mantenía el control del país) no quería que las escuelas católicas – en ese entonces el 70% de la matrícula aproximadamente – fuera supervisada por el Estado durante los primeros estertores del estado docente en Chile. Tal principio perduró en la siguiente Constitución de 1925 y permitió a la elite cierta autonomía a su labor educativa: de esta forma, el proyecto educativo de la elite seguía disputando conciencias, incluso con fondos del Estado. Sin embargo, como en casi toda Latinoamérica, el sistema educativo público se fortaleció, ya hacia el año 1970 el Estado sostenía directamente aproximadamente el 70% de la matrícula aproximadamente… en crecimiento.[2]

Antes de la Reforma Neoliberal, la educación pública en Chile venía consolidándose, no sólo a través de la gestión del Estado, también a través de las propuestas que las organizaciones sociales (principalmente docentes) que venían construyendo a través de sus luchas. La historia social en Chile muestra como durante el siglo XX sucesivos movimientos de docentes, de estudiantes y trabajadores fueron amalgamando un proyecto educativo popular. Un proyecto pedagógico laico, democrático, comunitario que fue en gran parte recogido por el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, reforma educativa que el gobierno de la Unidad Popular presentaría, junto a un proyecto de reforma constitucional, en un fatídico día de septiembre, cuando una oleada de sangre cayó sobre nuestro país. [3]

Con la Constitución del 80 la fórmula quedó a la medida del proyecto educativo religioso – empresarial. Combinó el Estado subsidiario con la libertad de elegir y ofertar, constituyéndose el mercado como patrón de funcionamiento para el sistema educativo chileno.

Sobre la base de la retracción de la iniciativa educativa estatal y la liberalización de una oferta subsidiada se diluyó la educación pública hasta borrar incluso su significado histórico. En 30 años la matrícula de la educación obligatoria pasó al control de los privados. De un 22 % en 1982 a un 42% en 1990 a casi un 70 % (quizás más) en la actualidad. Durante los gobiernos democráticos el sistema subsidios a la oferta se extendió a la educación superior, la cual está en un 85 % controlada por los privados. Similar proceso se espera ocurra con la creciente cobertura de la educación parvularia.[4]

¿Qué es hoy la educación pública con estos porcentajes de matrícula? ¿Qué sentido de construcción social puede tener? El sentido de la educación, tema tan relevante para pensar la educación que queremos quedó, hace años, en manos de los privados ¿Qué privados son? ¿Representan lo público? No son organizaciones comunitarias, sociales, menos populares las que gestionan las escuelas en Chile. En los años ochenta muchas de estas escuelas comenzaron a ser gestionadas por pequeños comerciantes que vieron en el “mercado educativo” una oportunidad de negocio. Un mal negocio, que sin recursos, sin alianzas y lo peor de todo sin proyecto, tenía un costo social y humano que muchos ya no quieren sostener.

¿Quién se hace cargo? No ha sido el Estado. La Constitución no lo promueve, ni lo permite. Se “ha hecho cargo” en gran parte, el empresariado, que a través de fundaciones, corporaciones, agencias, programas, donaciones, subsidios y un complejo entramado de alianzas público-privadas ha imprimido el sello mercantil al sistema educativo en Chile. Tras la retórica de la calidad han manipulado el sentido común de las personas, incluso de los mismos profesores, haciendo que la educación sea desde su propio origen una mercancía más en el proyecto político y económico empresarial. En este proyecto competimos por la educación, requerimos libertad de elección, porque si la educación no se traduce en un mejor empleo, no tiene ya ningún sentido.

El proyecto educativo neoliberal pasó de la pinochetista Constitución al sentido común nacional. Las sistematizaciones existentes sobre las discusiones constituyentes hechas en los últimos años muestran una realidad compleja. Si bien la educación sigue siendo una amplia demanda ciudadana, la calidad y su gratuidad son la principal demanda mencionada por las asambleas y cabildos sistematizados hasta la fecha. Educación cívica y no sexista aparecen en forma muy secundaria. Otros temas como la inclusión, la participación, el sentido de la educación, o lo comunitario prácticamente no aparecen. [5]

¿Qué cambio constitucional podría revertir esto? O mejor dicho, ¿es posible pensar una constitución sin un proyecto educativo que se oponga al proyecto de la elite? No podemos repetir recetas anteriores y debemos apropiarnos del contexto. Para esto es importante cuestionar el norte educativo del proyecto educativo de la elite. La lucha por la educación debe tener un nuevo Sur.

El “pacto por la paz” que dio origen a este cambio constitucional no tomó en cuenta los tiempos que requiere este proceso. Peor aún, no consideraron el tremendo error que puede significar lanzarse a legitimar un entramado constitucional sin haber avanzado conjuntamente en un proyecto popular anti neoliberal. En el caso de la Educación. el proyecto educativo popular neoliberal debe apostar a sacar a los empresarios y la Iglesia del control de la educación, pero para eso debe poner sobre la mesa un proyecto educativo que vaya más allá de la calidad y la gratuidad, que portan en si la reproducción de la competencia como un virus endémico del sistema escolar.

Este proyecto educativo popular para el siglo XXI debe basarse en las luchas de los movimientos sociales, tal como lo hizo el casi triunfante proyecto educativo popular que se fraguó en las luchas del siglo XX. Son las organizaciones de actores educativos, las que no firmaron ningún acuerdo son las que deben dar continuidad a este proceso. ¿Educación y poder constituyente? El poder constituyente en educación comenzó con el siglo. El 2001 los estudiantes secundarios protagonizaron el mochilazo, el 2006 el pingüinazo[6] y el 2011 abrió un nuevo período de luchas intersectoriales que sacudieron el sentido común neoliberal con la revuelta popular en Octubre del 2019. Este período nos dejó una serie de propuestas[7] sobre las cuales las organizaciones debemos trabajar, difundir y formar (nos) para que, en un lapso más largo que los tiempos que da el pacto convencional, podamos conquistar el sentido común nacional.

Propuestas que hablan de una educación pública garantizada por el Estado, por supuesto que gratuita y de calidad, pero con un proyecto educativo popular, más allá del mercado, con sentido democrático y comunitario. Que permita a las comunidades repensar y construir los sentidos de la educación ante los desafíos del siglo XXI. Solo así podremos ejercer auténticamente poder constituyente, poner freno al desarrollo proyecto educativo de la elite y por fin realmente escribir la historia a nuestra manera.

[1] Más en detalle Folleto N° 1 “LA EDUCACIÓN ANTE EL MOMENTO CONSTITUYENTE -Foro por el Derecho a la Educación Pública ¿Qué dice la actual constitución?

[2] Entre el año 1925 y el año 1973 la Educación Pública aumentó de 500.000 a más de 3 millones de matriculados (Manuel Riesco). Riesco, M. (2007). La necesidad de reconstruir el sistema nacional de educación público desmantelado por la dictadura y la LOCE. Revista Pensamiento Educativo, PUC, 40, 243-261.

[3] Algunos significados asociados a la Libertad de Enseñanza en la reforma constitucional propuesta por la Unidad Popular el año 1973: “La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista, y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, (…) Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir esos textos escolares, y los establecimientos tendrán libertad para elegir los que prefieran. (….)El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se hará tomando en cuenta su capacidad y aptitudes. El personal académico es libre para desarrollar las enseñanzas conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran.

[4] A pesar de la tenaz oposición de las funcionarías de la Junta Nacional de Jardines infantiles, este sistema de subsidios se aprobó pase recientemente en el parlamento para aumentar la cobertura en la educación parvularia.

[5] Unidad Social, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad de La Frontera, Universidad de Los Lagos y Universidad Austral de Chile. (2021). Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente: sistematización de 1.233 cabildos ciudadanos .disponible en https://doi.org/10.34720/wk9d-dp94 . ver también las sistematizaciones hechas a los encuentros locales autoconvocados realizados en todo Chile el 2016. Un buen artículo sobre el tema es Ihnen, C., Millaleo, S., & Soto, F. (2020). El debate constitucional sobre el derecho a la educación y su impacto en la ciudadanía. Revista de ciencia política (Santiago), 40(3), 699-728.

[6] Pingüinos se les llama en Chile a lxs estudiantes secundarixs.

[7] Para revisar algunas de ellas en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública. Libro: Una década de luchas y propuestas por el derecho a la educación. Revisar Además documentos de sistematización. Encuentro Nacionales de Actores Educativos 2020-2021 y Folletos para el debate constituyente en la misma web.

Fuente e Imagen: https://redclade.org/noticias/educacion-y-poder-constituyente-en-chile/

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Lucha por una educación con igualdad de género

marzo 13, 2019marzo 12, 2019Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

América Latina / 13 de marzo de 2019 / Autor: CLADE / Fuente: aler.org

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, fecha que marca la lucha por los derechos de las niñas y mujeres, y el combate a la violencia y discriminación relacionada a género. Desde el punto de vista de la CLADE, para alcanzar la igualdad de género es necesario promover una educación emancipadora y garante de derechos

Iniciamos el mes de marzo, y con él comienzan los preparativos para la celebración del 8/3 – Día Internacional de la Mujer. La fecha instituye la unión de mujeres de todos los continentes del mundo, que a menudo están separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas, sociales y políticas, pero que en este día luchan juntas en pro de la igualdad de género, la justicia y los derechos humanos.

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) defiende que la lucha por los derechos de las mujeres, la equidad e igualdad de género y la superación de la discriminación y violencia de género, debe pasar por exigir la realización de una educación emancipadora y garante de derechos para todas y todos.

Plantea también que el fortalecimiento de sistemas de educación laicos, públicos, gratuitos y de calidad es una condición clave para la realización de la igualdad de género y la formación no sexista, así como para la superación de la violencia en y desde la educación, pues conlleva a mayores niveles de igualdad social y hace frente a causas estructurales de las discriminaciones e inequidades.

“La igualdad de género y la superación de la violencia de género en y desde la educación son componentes fundamentales que deben ser trabajados desde la educación en la primera infancia hasta la universidad y más allá, incluso con el incremento de investigaciones académicas. Asimismo, la adolescencia configura una etapa especialmente importante, que demanda de los sistemas educativos particular atención”, afirma la declaración final del “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación”, evento organizado en mayo de 2018 por la CLADE con el apoyo de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.

Marcos sobre Género y Educación

Actualmente, diversos instrumentos de derechos humanos reconocen que la educación desempeña un papel decisivo para el logro de la igualdad entre los géneros y la eliminación de la discriminación y violencia por razón de género. A la vez, establecen que los Estados tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos a la educación y a una vida libre de violencia y discriminación.

Entre ellos, destacamos la Recomendación General Nro. 35 sobre la violencia por razón de género contra las niñas y las mujeres y la Recomendación General Nro. 36 sobre el derecho a la educación de las niñas y las mujeres.

Género, educación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen metas y objetivos destinados a la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, y el Marco de Acción para la Educación 2030 reconoce que “la igualdad de género está inextricablemente ligada al derecho a la educación”.

La CLADE defiende que “es urgente eliminar las barreras ideológicas, culturales y estructurales para garantizar la igualdad entre los géneros y superar la discriminación y violencia por razón de género en y desde la educación”.

Para ello, subraya que los Estados deben actuar en el sentido de: garantizar escuelas físicamente accesibles, trayectos y entornos seguros a los centros educativos, infraestructura escolar e instalaciones adecuadas, seguras y con perspectiva de género; establecer currículos y materiales educativos sin estereotipos de género y que aborden la igualdad de género, así como planes de educación sexual integral; asegurar la protección y prevención contra el abuso sexual y otras formas de violencia y maltrato, así como asignar recursos humanos y financieros e institucionalidad apropiados para establecer la igualdad de género en la educación.

Videos – Con miras a promover la igualdad de género en escuelas, centros educativos y espacios culturales, la CLADE preparó un listado con 10 videos que abordan cuestiones relacionadas a género

Eliminación de la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género

Según informe de ONU Mujeres y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en el 2017, América Latina y el Caribe es la región que tiene el más alto índice de violencia contra las mujeres en el mundo.

“La violencia contra las mujeres es la violación más generalizada de los derechos humanos y el feminicidio/femicidio es su expresión extrema. Catorce de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas de femicidio/feminicidio están en América Latina y Caribe y se estima que 1 de cada 3 mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia sexual, lo que alcanza la categoría de epidemia, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS). El femicidio/feminicidio y la violencia sexual están estrechamente ligados a una seguridad ciudadana deficitaria, a una impunidad generalizada y a una cultura machista que subvalora a las mujeres”, se afirmó en la página web de la ONU al momento de la publicación del informe.

Según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2.559 mujeres fueron víctimas de feminicidio o femicidio en el 2017. Si a estos se suman los datos de otros 4 países de la región, que sólo registran los feminicidios cometidos a manos de la pareja o ex pareja de la víctima, este número asciende a 2.795 mujeres muertas este año.

Más allá de la violencia contra las niñas y mujeres de manera general, es importante recordar que las mujeres lesbianas y trans, así como todas las personas gays, bisexuales e intersex, sufren violencia y discriminación por su orientación sexual e identidad de género.

El ámbito educativo es uno de los espacios donde más frecuentemente se encuentra ese tipo de situaciones de discriminación y violencia. Las personas LGBTI enfrentan barreras para acceder a sistemas educativos seguros y de calidad, como intimidación, hostigamiento y amenazas por parte de compañeros/as de escuela y docentes. Las escuelas a menudo perpetúan y refuerzan los prejuicios existentes en nuestras sociedades, y la discriminación y la violencia sufridas en el ámbito escolar provocan niveles preocupantes de deserción.

La CLADE considera que la eliminación de la violencia de género en los centros educativos y sus entornos es un elemento fundamental para garantizar el derecho humano a la educación y promover un ambiente de aprendizaje seguro y equitativo para todas las personas.

“Es de extrema importancia abordar las diversas formas de violencia y discriminación por razón de género en el ámbito educativo, teniendo en cuenta los factores que agravan esta problemática, como los culturales, económicos, ideológicos, tecnológicos, políticos, religiosos, sociales y ambientales, así como las prácticas tradicionales nocivas”, afirma la Campaña.

Puntos claves para la superación de la violencia de género – Conozca cinco pasos fundamentales que Estados, centros educativos y sociedad en general deben adoptar para promover un mundo sin violencia y con equidad e igualdad de género.

Fuente del Artículo:

https://aler.org/node/5406

ove/mahv

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Author: Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

Nuevos abordajes para el derecho humano a la educación superior: Reflexiones y propuestas desde América Latina y el Caribe