Author: Catalina Olivares Urenda

En Chile, el reconocimiento de la ESI ha sido un proceso fragmentado y tibio en comparación con las exigencias establecidas en los estándares interamericanos. Actualmente, el marco legal se sustenta mayoritariamente en la Ley 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, la que, como su nombre lo indica, solo se centra en entregar información relativa a la fertilidad. Este enfoque biologicista y moralista ha sido ampliamente criticado, debido a que omite dimensiones afectivas y de derechos humanos. Además, delega su ejecución al Ministerio de Salud, lo que ha provocado que la sexualidad se aborde como una norma sanitaria y no como un proceso formativo integral, vinculado a otros aprendizajes.

Pese a que ciertas bases curriculares de establecimientos educacionales incluyen objetivos de aprendizaje sobre afectividad, lo cierto es que su implementación es profundamente desigual y depende de la voluntad de los equipos directivos y de su financiamiento, generando que el acceso a la ESI esté supeditado al nivel de ingresos de cada familia. Mientras algunos establecimientos integran la perspectiva de género, otros enfrentan resistencias institucionales o limitan los contenidos a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Esta debilidad se agrava por un sistema de financiamiento basado en fondos concursables, lo que ha demostrado ser ineficaz para cubrir las necesidades reales de los estudiantes.

Un nudo crítico central en Chile, especialmente en el contexto actual, es la tensión entre el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y el interés superior del niño. Sectores conservadores han utilizado este derecho como una barrera para impedir la entrada de contenidos sobre diversidad sexual, alegando un supuesto “adoctrinamiento”.

Sin embargo, gracias al litigio estratégico, la justicia chilena poco a poco ha comenzado a respaldar la ESI. Un ejemplo de esto fue la presentación de recursos contra JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas) en el año 2024 por entregar cuadernos que incluían un glosario con la sigla LGBTIQ+ y menciones al avance de comunidades no sexistas. La Corte Suprema, en esta instancia, rechazó las acciones de protección, utilizando como argumento central la Ley Antidiscriminación y los deberes estatales de inclusión, sentenciando que informar sobre diversidad no vulnera la libertad de conciencia de los padres.

En este mismo sentido, un avance significativo para el litigio estratégico es la reciente Ley 21.675, conocida como Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que establece la obligación de incluir educación no sexista en el sistema educativo. Este marco legal constituye una herramienta potente que permite a los litigantes exigir la inclusión de contenidos de género, superando la anterior debilidad de la Ley 20.418, que se enfocaba principalmente en la regulación de la fertilidad.

Asimismo, la relevancia de este avance se vio reforzada a propósito del control de constitucionalidad de la norma, instancia en la cual el Tribunal Constitucional en causa ROL 15276-24-CPT confirmó la constitucionalidad de la expresión “no sexista”, rechazando los argumentos que sostenían una supuesta vulneración del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, la libertad de enseñanza y la libertad de conciencia. En particular, el Tribunal sostuvo que dichos derechos encuentran límites en los principios constitucionales de dignidad humana, igualdad de derechos y no discriminación, señalando expresamente que no existe un derecho a educar en el prejuicio o en formas de desvalorización de otras personas o de sí mismas. De esta manera, la educación no sexista deja de configurarse únicamente como una aspiración programática y adquiere un sustento constitucional y normativo robusto, fortaleciendo las posibilidades de litigio estratégico orientadas a exigir su implementación efectiva.