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La inteligencia artificial entra al currículum: ¿quién decide qué debe enseñar la escuela?

Por: Dario Balvidares

Antes de detenernos en la incorporación de la inteligencia artificial al currículum de la Ciudad de Buenos Aires, conviene detenernos en una cuestión que suele quedar rápidamente subsumida por los discursos sobre innovación, modernización y nuevas tecnologías: ¿quiénes son los sujetos sobre los que se despliega esta nueva política educativa?

Poblaciones vulneradas y la disputa por la enseñanza

Ya conocemos que nuestra población sufre la fragmentación social creciente desde hace muchos años. Nuestros niños, niñas y adolescentes llegan a las escuelas atravesados por profundas desigualdades sociales, económicas, territoriales y culturales. Por eso hablamos de poblaciones vulneradas y no de “poblaciones vulnerables”, porque la diferencia no es solamente terminológica, ni ingenua. Mientras “vulnerable” puede convertir la desigualdad en una característica casi propia de determinados sujetos, “vulnerado” permite señalar los procesos sociales, históricos y políticos que producen esa situación.

No hay sujetos naturalmente vulnerables. Hay derechos vulnerados, condiciones de vida desiguales y todo un sistema ideológico-político-económico como productor de desigualdades.

La pandemia hizo particularmente visible una de esas dimensiones. Durante el aislamiento, la llamada “brecha tecnológica” mostró que el acceso a dispositivos y a la conectividad no constituía un problema exclusivamente tecnológico. Allí donde faltaba una computadora, donde la conexión era deficiente o donde un teléfono debía ser compartido por varios integrantes de una familia, se manifestaba la desigualdad social previa que encontraba en la tecnología una nueva forma de expresión. La desigualdad tecnológica era  desigualdad social que, entre otras formas, se expresaba tecnológicamente.

Aquella experiencia debería funcionar como antecedente imprescindible para pensar la actual incorporación de la inteligencia artificial a la escuela. Porque universalizar el acceso a una tecnología no significa, por sí mismo, universalizar las condiciones para apropiarse de ella. Ni que todos los sujetos puedan establecer con esa tecnología la misma relación.

La pregunta no puede reducirse, entonces, a quién tiene o no tiene acceso a una herramienta; también deberíamos preguntarnos quién cuenta con otros mediadores del conocimiento, quién puede contrastar una respuesta producida por una máquina, quién dispone de acompañamiento, de libros, de experiencias culturales y de adultos capaces de intervenir críticamente —este último término también lo pondremos bajo análisis— frente a aquello que la tecnología produce. La igualdad de acceso a una herramienta puede convivir con profundas desigualdades en las condiciones de apropiación del conocimiento.

Pero hay otra cuestión que consideramos todavía anterior.

En los últimos años se ha naturalizado una expresión que parece técnicamente neutra: “tecnologías del aprendizaje” —la que hemos puesto bajo la lupa desde distintas perspectivas en otros artículos— . Detrás de esa formulación hay una disputa pedagógica que no deberíamos perder de vista y conviene retomar, porque cada ves es mas creciente que nos hablen, desde distintas voces autorizadas (o no) de aprendizaje y cada vez menos de enseñanza. También lo hemos planteado: ¿qué ocurre con el/la docente cuando el centro de la escena se desplaza desde quien enseña hacia las tecnologías destinadas a facilitar el aprendizaje?

Es importante recordar que no existe aprendizaje escolar al margen de una relación pedagógica; y la relación pedagógica es humana en el circuito enseñanza / aprendizaje; docente / estudiante. La enseñanza no es un dispositivo técnico que pueda reducirse a la administración de aprendizajes.

Por eso, ante la llegada de la inteligencia artificial al currículum, la pregunta no debería ser únicamente qué puede aprender un estudiante con IA. Hay una pregunta anterior y políticamente más incómoda: ¿qué debe enseñar la escuela cuando incorpora la inteligencia artificial y quién decide qué debe enseñar?

La modificación de la pregunta no es menor. Porque si aceptamos sin discusión la expresión “tecnologías del aprendizaje”, corremos el riesgo de naturalizar que las tecnologías definan progresivamente los modos de acceder al conocimiento, las formas de organizarlo y hasta aquello que resulta necesario aprender. Y cuando una categoría se naturaliza, también puede desaparecer de nuestra mirada aquello que debería ser objeto de discusión —que fatalmente es lo que está pasando en tanto la docencia es el convidado de piedra de la reforma economicista/tecnológica de la educación—.

Por eso, antes de ¡celebrar la innovación!, necesitamos recuperar la pregunta por la enseñanza; no para negar la tecnología, sino para disputar su sentido pedagógico, político y social, porque per se no lo tiene.

Breve digresión

Detengámonos brevemente en las condiciones sociales de la población a la que está dirigida esta política educativa.

Según los datos del IDECBA, en el segundo trimestre de 2025 el 32,5 % de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años se encontraba por debajo de la línea de pobreza, frente al 21,1 % correspondiente al conjunto de la población de la Ciudad. La pobreza tiene, entonces, una incidencia considerablemente mayor entre quienes constituyen la población escolar.

Pero la pobreza no se reduce a los ingresos. La medición de pobreza multidimensional del IDECBA para 2025 alcanza al 20,7 % de la población porteña, incorporando distintas dimensiones de privación que permiten observar las condiciones materiales y sociales de vida más allá de la escasez de ingresos.

Estos datos importan porque estamos hablando de la misma población sobre la que se pretende universalizar una nueva relación con la inteligencia artificial.

Y conviene no olvidar aquello que la pandemia dejó expuesto: las desigualdades en el acceso a dispositivos y conectividad no eran simplemente tecnológicas, sino expresiones de desigualdades sociales preexistentes.

Por eso, antes de hablar de una supuesta universalización de la IA, también debemos preguntarnos por las condiciones sociales desde las cuales los distintos sectores de la población escolar podrán apropiarse de ella.

El currículum aumentado

La incorporación de la inteligencia artificial al currículum mediante la Resolución 1166/MEDGC/26 constituye una nueva instancia de institucionalización de esta tecnología dentro del sistema educativo porteño. El Ministerio de Educación aprobó el “Anexo Curricular: Inteligencia Artificial y Protección Digital” para los niveles Primario y Secundario, como complemento de los diseños curriculares vigentes.

La propia resolución afirma que la inteligencia artificial atraviesa “de manera transversal todas las dimensiones de la vida social” y que resulta “indispensable analizar su alcance, potencialidades y riesgos, desde una perspectiva pedagógica crítica y situada”. También sostiene que garantizar su alfabetización de manera obligatoria constituye “un imperativo de equidad educativa”, porque permitiría que todos los estudiantes accedan a una formación “crítica, situada y responsable”.

No sería razonable cuestionar, en principio, que la escuela deba abordar críticamente una tecnología que ya atraviesa buena parte de la vida social. Lo que sí nos interesa cuestionar es qué concepción de enseñanza, de conocimiento y de sujeto escolar se construye cuando la inteligencia artificial pasa a formar parte del currículum obligatorio.

Y aquí aparece una diferencia que el propio documento establece y que merece ser observada.

Para el Nivel Primario, la resolución señala que el nuevo anexo “profundiza los contenidos de inteligencia artificial del área de Educación Digital, Programación y Robótica” y que lo hace con “un enfoque centrado en la alfabetización crítica”, mediante una progresión pedagógica diferenciada entre el Primer y el Segundo Ciclo.

Para el Nivel Secundario, en cambio, habla de “un enfoque orientado al aprendizaje con inteligencia artificial”, organizado en cuatro niveles que abarcan el Ciclo Básico y el Ciclo Orientado.

En un caso, la inteligencia artificial aparece fundamentalmente como objeto sobre el cual se construye la alfabetización crítica. En el otro, como mediadora del aprendizaje.

Una cosa es enseñar acerca de una tecnología y otra es incorporarla como mediadora de los procesos mediante los cuales los estudiantes producen, buscan, organizan o validan conocimientos.

El lenguaje curricular vuelve a cobrar aquí una importancia particular. ¿Por qué “aprendizaje con inteligencia artificial” y no, por ejemplo, enseñanza con inteligencia artificial? En la segunda propuesta queda claro que la IA forma parte del conjunto de herramientas didácticas de las que pueden disponer maestrxs y profesorxs; ¿y en el primero?

Las categorías mediante las cuales la política educativa oficial nombra sus prácticas también delimitan aquello que puede ser pensado y aquello que tiende a quedar fuera de la discusión.

Ya hemos planteado esta controversia, pero siempre es bueno recordarla, porque si la IA es presentada como otras de las tecnologías para el aprendizaje, ¿qué lugar ocupa quien enseña; qué lugares ocupan la pedagogía, la didáctica; quién selecciona los contenidos que serán mediados por la IA y quién establece los criterios para determinar qué constituye un uso pedagógicamente válido?

Tener una mirada crítica sobre el sistema de relaciones que establece el poder político con el poder corporativo (empresarial EdTech)  implica también desde un enfoque decolonial (en el contexto de la colonialidad tecnológica) poner bajo sospecha una relación que propicie en un plano de “igualdad” educación y tecnología. Puesto que desde nuestra perspectiva solo la educación hace posible la tecnología y no a la inversa.

Claro que la tecnología puede formar parte de las herramientas con las que trabaja un docente. El problema aparece cuando deja de ser una herramienta seleccionada dentro de una relación pedagógica y comienza a presentarse como mediadora naturalizada de los procesos de aprendizaje.

El Plan Estratégico “Buenos Aires Aprende” 2024-2027 sitúa la transformación digital como un eje estratégico y propone “impulsar nuevas maneras de enseñar y aprender”, junto con la incorporación de nuevas funciones y potencialidades de la tecnología.

Aquí aparece algo que las reformas educativas vienen construyendo desde hace décadas y que no son solamente nuevas herramientas, sino nuevas formas de organizar la relación entre conocimiento, enseñanza y sujeto.

La tecnología no llega, entonces, a un territorio pedagógicamente vacío, sino a una escuela sobre la cual ya se viene operando una transformación de sus categorías, de sus prácticas y de sus sujetos. El desplazamiento de la enseñanza hacia el aprendizaje, de los saberes hacia las competencias y del docente hacia funciones cada vez más próximas a la facilitación, todo esto forma parte de un proceso más amplio que excede al curriculum.

Y en ese proceso se produce algo que podríamos llamar un reseteo de carácter ontológico de los cuerpos docentes. No solamente se modifican las tareas que deben realizar, sino las características que se espera que encarnen. El docente debe ser flexible, adaptable, innovador, facilitador, capaz de incorporar permanentemente nuevas herramientas y de adecuarse a transformaciones definidas fuera de la propia relación pedagógica y de manera acrítica.

La cuestión, entonces, no es solamente qué hace la IA en el aula. También debemos preguntarnos qué tipo de docente y qué tipo de estudiante produce el dispositivo pedagógico-instrumental en el que esa IA se incorpora.

Otro breve paréntesis: ¿ Qué significa “crítica” ?

Hay una palabra que aparece en la propuesta curricular de la Ciudad y que, precisamente por su aparente claridad, merece ser interrogada: “crítica”. Para el Nivel Primario, el Ministerio propone un enfoque centrado en la “alfabetización crítica”. En los fundamentos de la resolución habla, además, de una perspectiva “pedagógica crítica y situada”.

Pero ¿qué significa aquí “crítica”? Desde hace décadas, los documentos de las reformas educativas recurren al “pensamiento crítico”, a la formación crítica y, más recientemente, a las alfabetizaciones críticas como expresiones que parecen otorgar por sí mismas legitimidad pedagógica a las propuestas. Sin embargo, el uso reiterado de la palabra no implica necesariamente la existencia de una concepción crítica de la educación.

Crítica de qué, respecto de qué y para transformar qué, serían las preguntas que necesariamente deberían acompañar el término.

No es lo mismo hablar de pensamiento crítico como capacidad para evaluar información, reconocer errores, contrastar fuentes o resolver problemas, que inscribir la educación en la pedagogía crítica, entendida como la perspectiva que interroga las relaciones de poder, las condiciones históricas y sociales en las que se produce el conocimiento y las formas mediante las cuales la escuela participa en su reproducción o transformación.

La diferencia resulta sustancial. Porque si “crítica” se convierte simplemente en una competencia más —como tantas otras que aparecen en los discursos contemporáneos de la reforma— puede terminar funcionando como un significante disponible para cualquier propuesta: todos pueden declararse a favor del “pensamiento crítico” sin necesidad de explicar qué relaciones de poder pretende poner en cuestión ese pensamiento.

Algo semejante ocurrió durante décadas con la palabra “calidad”; y digo “palabra” y no concepto (como lo venía haciendo, aun con sentido crítico) porque la palabra calidad fue convertida, por una suerte de consenso universal, en un significante vacío, pudo ser utilizada por organismos internacionales como OCDE y el Banco Mundial, gobiernos, fundaciones y empresas para designar proyectos educativos muy diferentes entre sí, sin que necesariamente se explicitara qué se entendía por calidad, quién la definía y según qué criterios se la evaluaba. Con “crítica” ocurre algo similar, la palabra parece decirlo todo precisamente porque puede terminar diciendo muy poco, o incluso ser meramente ornamental y no decir nada.

Y aquí aparece una paradoja particularmente significativa: mientras el documento oficial incorpora la expresión “alfabetización crítica”, debemos preguntarnos, justamente por lo que decíamos en el párrafo anterior, si esa alfabetización incluye también la capacidad de interrogar las condiciones sociales, económicas y políticas de producción de la propia inteligencia artificial; las empresas que la desarrollan; los datos con los que se entrena; los intereses que orientan su expansión; y las relaciones de poder que atraviesan su incorporación a la escuela. Porque si esas preguntas quedan fuera, de qué crítica estamos hablando.

Con esto no estamos negando la necesidad de formar estudiantes capaces de analizar, evaluar y cuestionar información. Por el contrario, la idea de la ampliación del universo crítico consiste en incluir aquellas dimensiones que los discursos de la innovación tienden a presentar como dado, neutral o inevitable y por lo tanto lo invisibilizan. Visibilizarlas es tarea de la pedagogía crítica.

¿ Qué propone el nuevo currículum ?

El nuevo anexo curricular organiza una progresión que acompaña las distintas etapas de la escolaridad. En los primeros años de Primaria, los estudiantes deben aproximarse a qué es la inteligencia artificial, reconocer su presencia en situaciones de la vida cotidiana y comenzar a identificar algunos de sus riesgos, sin interactuar directamente con estas herramientas. Luego, progresivamente, se incorporan instancias de exploración y utilización.

En Secundaria, la relación se profundiza y aparecen usos de la inteligencia artificial vinculados con la producción y con distintas áreas de conocimiento. El Gobierno de la Ciudad presenta la propuesta como una formación destinada a que los estudiantes comprendan la tecnología, aprovechen sus posibilidades y reconozcan sus riesgos.

No consiste en discutir aquí, uno por uno, esos contenidos. Lo significativo es la operación curricular que se produce en tanto la inteligencia artificial deja de ser un fenómeno contemporáneo que la escuela puede estudiar y pasa a constituir un campo de saber organizado, secuenciado y obligatorio dentro de la trayectoria escolar, cuando todavía sus alcances son difusos e incluso con impactos negativos, como ya hemos visto en ¿La educación necesita de la Inteligencia Artificial o a la inversa? hace un par de años.

La propia Ciudad presenta esta obligatoriedad como una política de equidad, destinada a que el acceso a estos conocimientos no dependa del “contexto familiar o escolar” ni de la iniciativa individual.

Pero la propuesta no se limita a enseñar qué es la IA. También busca formar determinadas disposiciones para su utilización: reconocer errores o “alucinaciones”, identificar sesgos algorítmicos, advertir sobre contenidos manipulados y considerar cuestiones vinculadas con privacidad y protección digital.

Es decir, el currículum incorpora un nuevo objeto de conocimiento y construye también un modo considerado legítimo de relacionarse con ese objeto.

Y aquí reaparece el problema de la crítica, pero ahora en otro nivel.

Si la escuela debe enseñar a reconocer los sesgos, también debe enseñar cómo se producen esos sesgos, quién produce los sistemas, con qué datos, de dónde los extrae, bajo qué intereses económicos y qué relaciones de poder atraviesan su desarrollo.

Una cosa es formar usuarios capaces de detectar que una respuesta de IA puede ser incorrecta. Otra, bastante diferente, es formar sujetos capaces de interrogar las condiciones de producción de aquello que la IA ofrece como conocimiento.

En el primer caso, la crítica puede quedar reducida a una capacidad de uso seguro y eficiente de la herramienta. En el segundo, puede convertirse en una práctica de interrogación sobre el mundo que produce la herramienta. Y es aquí donde la escuela recupera su función para el desarrollo intelectual.

¿ Quién produce los contenidos que luego el Estado incorpora al currículum ?

El currículum es una decisión estatal. Pero que sea el Estado quien lo aprueba no responde necesariamente a la pregunta por quiénes producen los marcos conceptuales, pedagógicos y tecnológicos a partir de los cuales esa decisión se construye.

La pregunta apunta a algo más complejo, apunta a la circulación de saberes, modelos, tecnologías, recomendaciones y actores que intervienen en la producción de las políticas educativas.

Aquí conviene mirar la propia arquitectura institucional de la política porteña.

La Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa, área responsable de “planificar, diseñar y promover” políticas y programas educativos, está a cargo de Oscar Ghillione. Y en nuestro análisis es necesario recordar que Ghillione fue el fundador de Enseña por Argentina, organización privada vinculada a la red internacional Teach For All, y que haya ocupado anteriormente responsabilidades en el área educativa durante el gobierno nacional de Mauricio Macri.

Tampoco resulta indiferente observar la relación que el propio Ministerio de Educación de la Ciudad mantiene con el ecosistema de Google for Education.

En junio de 2026, el Ministerio presentó su modelo de inteligencia artificial educativa en el Google for Education Chile Leadership Lab, un encuentro organizado por Google for Education. Allí la Gerenta Operativa de Educación Digital, Victoria Ezcurra, presentó la experiencia porteña en políticas públicas de inteligencia artificial aplicada a la educación.

No vamos a afirmar que Google haya escrito el currículum. Pero tampoco soslayar que el Ministerio que diseña y aplica la política participe en espacios regionales organizados por la propia empresa para presentar y compartir modelos de IA educativa.

Y la cuestión adquiere otra dimensión cuando recordamos que esta relación no aparece de la nada. Google for Education ya había desarrollado experiencias de fuerte presencia tecnológica en escuelas, como el denominado “Distrito Google” en Vicente López, durante la gestión municipal de Jorge Macri, como lo describimos en “La pedagogía del algoritmo: entre Google, Natura y el simulacro de la innovación” (2025).

Lo que observamos son los vasos comunicantes existentes entre las empresas tecnológicas, las redes internacionales, las organizaciones educativas, las fundaciones y los funcionarios que participan en la definición de las políticas públicas. Porque ahí se encuentra una de las cuestiones centrales de la reforma economicista de la que hablamos desde hace 30 años.

¿Quiénes producen los marcos conceptuales, pedagógicos y tecnológicos a partir de los cuales el Estado termina definiendo sus políticas curriculares?

Y una segunda pregunta resulta inevitable: ¿Qué circulación existe entre empresas EdTech, organizaciones filantrópicas, redes internacionales, ONG educativas y funcionarios responsables del planeamiento y la innovación educativa?

Como en otras áreas, es un error sostener que el Estado desaparece. El Estado, en educación, continúa aprobando las normas, definiendo los diseños curriculares y administrando el sistema educativo. La cuestión es observar qué actores intervienen en la producción de aquello que luego el Estado legitima como política pública.

La pregunta es ,además de quién firma la resolución, quién produce el saber que hace posible esa resolución.

Y aquí vuelve a aparecer una característica histórica de las reformas educativas; la capacidad de presentar como “innovación técnica” decisiones que contienen concepciones políticas y pedagógicas determinadas. Por eso, la incorporación de la inteligencia artificial al currículum no debería ser leída únicamente como  mera actualización de contenidos, sino como una nueva disputa por la definición de aquello que la escuela debe enseñar y de aquello que se espera que sean quienes enseñan y quienes aprenden.

Es importante remarcar esta cuestión porque estamos ante una nueva versión de debates que, bajo distintas formas, atraviesan la historia de la educación. En el siglo XIX se planteaba la tensión entre educación e instrucción; en el siglo XX, la disputa por la concepción burguesa de los valores que sustentaban los contenidos escolares; y, más recientemente, bajo los discursos de la modernización, se instaló aquel conocido latiguillo: “tenemos escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI”.

La frase la popularizó la pléyade de especialistas de la reforma economicista de la educación y condensaba, en apariencia, una constatación acerca del supuesto atraso de la escuela frente a la transformación tecnológica y social. Pero también producía una determinada lectura del problema; la escuela aparecía como aquello que debía adaptarse a un presente definido desde afuera, y no como una institución capaz de disputar qué presente y qué futuro quiere construir.

En la misma dirección vuelve a repiquetear otra fórmula recurrente: “los aprendizajes que los jóvenes necesitan”. Una expresión que parece responder anticipadamente a la pregunta por el sentido de la educación, pero que pocas veces explicita necesitan para qué, para quiénes y según qué concepción de mundo.

Ahora la inteligencia artificial aparece como una nueva frontera de esa discusión. Por eso, detrás de la aparente neutralidad de la actualización curricular reaparece una disputa que no tiene nada de nueva, ¿quién define el conocimiento que la escuela debe transmitir y qué tipo de sujeto pretende formar?

La tecnología no puede convertirse en la solución sacralizada del conocimiento

La incorporación de la inteligencia artificial al currículum no puede presentarse como una respuesta técnicamente inevitable frente a los desafíos de la educación contemporánea. Mucho menos cuando se incorpora sobre una población escolar profundamente fragmentada y cuando el propio discurso oficial recurre a expresiones como “alfabetización crítica”sin explicitar qué entiende por crítica.

La inteligencia artificial puede constituir una herramienta, un objeto de conocimiento, pero no puede convertirse en el principio organizador de la enseñanza ni en la respuesta automática frente al problema del conocimiento; porque el problema de la educación no es tecnológico, es político e ideológico.

La escuela tiene una tarea mucho más compleja que es poner a disposición de las nuevas generaciones los conocimientos producidos históricamente, desarrollar su capacidad de pensar, interpretar, argumentar, crear, establecer relaciones, formular preguntas y construir pensamiento propio.

Más filosofía, más humanísticas, más ciencias sociales son la clave para desbaratar la manipulación del algoritmo colonial.

Trabajar sobre el potencial desarrollo de la inteligencia de los estudiantes, y no de reducir su formación a un instructivo ocasional para su performatividad económica, adaptable a las demandas cambiantes del mercado y a los intereses corporativos que las generan es la tarea que debemos asumir quienes estamos vinculados a la educación, desde la docencia, la investigación y desde el colectivo gremial potenciado por los sindicatos que luchan contra el proceso de desposesión educativa.

Cuando la educación se define prioritariamente por su capacidad para producir sujetos flexibles, adaptables, competentes y funcionales a escenarios productivos que otros diseñan, el conocimiento deja de ser una posibilidad de comprensión del mundo para convertirse en un recurso de adaptación al mundo tal como está dado por la elite que lo diseña.

El mismo problema atraviesa numerosas políticas educativas provinciales y también las políticas impulsadas desde el Estado nacional: la adopción tecnológica aparece con frecuencia como solución sacralizada, como si la incorporación de dispositivos, plataformas o inteligencia artificial pudiera resolver por sí misma los problemas históricos del conocimiento y de la enseñanza. La tecnología no enseña por sí misma, la inteligencia artificial tampoco piensa por nosotros.

Y cuando la escuela acepta sin discusión y de manera acrítica los términos en los que las tecnologías ingresan al campo educativo, anula las preguntas sobre qué conocimiento vale la pena enseñar, para qué sociedad, para qué sujetos y con qué concepción de presente y futuro.

No podemos naturalizar las “tecnologías del aprendizaje”, necesitamos recuperar la enseñanza; y frente a la “solución tecnológica”, las pedagogías críticas.

La inteligencia artificial pretende convertirse en mediadora cada vez más presente en los procesos educativos, entonces la pregunta no es cuánto puede hacer la máquina por la escuela, sino qué queremos que la escuela haga por la inteligencia humana de quienes la habitan.

La inteligencia artificial entra al currículum: ¿quién decide qué debe enseñar la escuela?

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Del presentismo al control biométrico: la educación pública en tensión

Por Darío Balvidares.

El 4 de diciembre de 2025, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dictó la Resolución 1292/2025, que establece la obligatoriedad del registro de asistencia docente mediante huella digital a partir del ciclo lectivo 2026. Un acto administrativo del Poder Ejecutivo local, no de una ley sancionada por la Legislatura, lo que supondría un debate un poco más profundo sobre el biocontrol. Este es un acto prepotente a los que nos pretenden acostumbrar como con el autodenominado “protocolo de seguridad” de, la ahora senadora mileista, Patricia Bullrich.

El texto oficial presenta la medida como parte de un proceso de “modernización” y “transparencia” en la gestión educativa. Sin embargo, lo que se instala es un mecanismo de control que convierte la huella digital —un dato biométrico considerado sensible por la normativa vigente— en requisito obligatorio para el ejercicio laboral.

La Ley 1845 de Protección de Datos Personales de la Ciudad es clara en este punto. En su artículo 3 define como datos sensibles aquellos que revelan “origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”, y agrega expresamente los datos biométricos. El artículo 7 establece que “ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles”, salvo que exista una obligación legal específica o consentimiento expreso del titular. En este caso la “obligación legal” impuesta por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el Ministerio de Educación responde a una concepción del entramado ideológico del partido que gobierna, el PRO.

La tensión normativa es evidente: la resolución convierte en obligatorio lo que la ley protege como voluntario. El consentimiento deja de ser un derecho. En términos jurídicos, una resolución administrativa no puede derogar ni modificar una ley de la Legislatura. En términos políticos, se produce un desplazamiento del “presentismo” como registro administrativo para convertirse en un dispositivo de vigilancia sobre el cuerpo docente.

La huella digital no dice nada por sí sola, pero funciona como llave que vincula identidades con bases de datos centralizadas, habilitando nuevas formas de disciplinamiento.

La obligatoriedad de la huella digital no surge en un vacío institucional. En este sentido, la medida que supone un simple cambio técnico es un acto político que redefine la relación entre el Estado y los trabajadorxs de la educación.

Del disciplinamiento a la biopolítica

Uno de los encargados de fiscalizar su implementación y también uno de los dos firmantes de la resolución 1292/2025 y sus anexos es el subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa, Oscar Ghillione, el otro es Sebastián Fernández, subsecretario de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Nos interesa aquí Oscar Ghillione cuya trayectoria ilumina el sentido de esta medida. Ex CEO y fundador de la ONG Enseña por Argentina — subsidiaria de Teach For America e integrante de la red Teach For All —, con formación empresarial en la privada Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA) — una usina de formación neoliberal — y especialización en negocios en España — para no abundar — fue secretario de Gestión Educativa de la Nación durante parte del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Ghillione encarna, como los gobiernos para los que trabaja, o con los que estableció convenios, la lógica de trasladar al ámbito público las metodologías de eficiencia propias del mundo corporativo empresarial.

En este marco, la huella digital se convierte en un símbolo de esa mirada: un dispositivo que lejos de mejorar la enseñanza lo que se propone es el control disciplinar del cuerpo docente. Aquí la referencia a Michel Foucault resulta inevitable. En Vigilar y Castigar (1975), el filósofo describe cómo los dispositivos de control transforman los cuerpos en objetos de registro y normalización: “El poder disciplinario se ejerce haciendo del cuerpo un objeto y un blanco de poder. Se trata de una anatomía política: el cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone”.

La huella digital, inscrita en un sistema de presentismo obligatorio, convierte al cuerpo docente en dato, lo desarticula de su autonomía laboral y lo recompone en función de la vigilancia político-administrativa.

Pero el análisis foucaultiano no se detiene en el disciplinamiento individual. En Historia de la sexualidad I (1976), Foucault introduce la noción de biopolítica, que amplía el campo de control hacia las poblaciones: “El poder se dirige a la vida, a la especie, a la población, al cuerpo múltiple y colectivo”.

La resolución 1292/2025 se inscribe en esa lógica biopolítica. La huella digital es una forma de inscribir a toda la población docente en un sistema de vigilancia que administra tiempos, movimientos y presencias. El cuerpo del trabajador se convierte en dato y el dato en recurso gestionable.

Esta lógica disciplinaria se vuelve palpable en la propia reglamentación de la resolución. El Anexo I establece: “…a partir de enero de 2026 (…) deberá completar de manera indefectible el registro de sus datos biométricos (…) En caso de no cumplimentar lo anteriormente mencionado, se suspenderá el pago del concepto ‘Adicional salarial’ hasta tanto se regularice dicha situación”.

La huella digital, aplicada de manera obligatoria, entra en el paquete de la racionalidad instrumental bajo la retórica de la modernización: administrar a lxs trabajadorxs de la educación como recurso.

La cuestión ética es ineludible; cuando funcionarios con formación empresarial irrumpen en la función pública, lo hacen bajo la premisa de que la educación puede gestionarse como una empresa. La huella digital, reafirmamos, es un acto político que redefine la relación entre el Estado y los trabajadorxs de la educación, inscribiendo sus cuerpos en una matriz de control.

Breve digresión regional

La resolución porteña, además de entrar en el repertorio de las obsesiones de gobiernos de derecha como el PRO, se inscribe en la dinámica regional de distintos gobiernos que han intentado imponer el control biométrico en educación y administración pública, generando resistencias sindicales y judiciales.

En 2023, el gobierno mexicano impulsó la incorporación de huellas digitales y fotografías en la Clave Única de Registro de Población (CURP). La medida fue presentada como un paso hacia la “seguridad” y la “eficiencia administrativa”. Sin embargo, rápidamente se judicializó: según Infobae, “un juez federal otorgó las primeras suspensiones provisionales contra la exigencia de huellas y fotografía para la CURP biométrica”.

El diario Vanguardia MX confirmó que los amparos cuestionaban la constitucionalidad de la reforma a la Ley General de Población, señalando el riesgo de irreversibilidad en el manejo de datos sensibles. La experiencia mexicana muestra que la defensa de la autodeterminación informativa puede frenar la imposición de la biometría en el ámbito educativo y laboral.

Por otra parte, en varios municipios y estados brasileños se implementaron relojes biométricos para controlar la asistencia de docentes en escuelas públicas. La medida fue cuestionada por sindicatos y asociaciones laborales, que denunciaron su carácter punitivo y la falta de proporcionalidad.

En Divinópolis, el sindicato Sintemd denunció que el sistema de punto biométrico facial generaba “transtornos e inseguridad” en el inicio de clases (Portal Gerais, julio 2025).

En el Distrito Federal, docentes y orientadores criticaron la imposición del reloj biométrico para controlar asistencia, señalando que afecta rutinas pedagógicas y fue implementado sin debate (Brasil de Fato, abril 2025).

En algunos casos, las acciones judiciales lograron frenar la obligatoriedad, mientras que en otros se abrió un debate sobre la transparencia en el manejo de datos biométricos y la necesidad de auditorías independientes. La experiencia brasileña evidencia que la biometría aplicada al trabajo docente tiende a convertirse en un mecanismo de vigilancia laboral más que en una herramienta de gestión pedagógica.

De la huella digital al mercado educativo

La resolución 1292/2025 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con su amenaza salarial y su dispositivo biométrico, forma parte de una racionalidad más amplia que señalamos en “Carlos Torrendell y el deseo libertario: la materialización del mercado educativo”. Allí advertíamos cómo el gobierno nacional busca consolidar un modelo donde la educación pública se subordine a la lógica empresarial y privatizadora.

El caso porteño y el nacional se entrelazan: en CABA, la huella digital convierte al cuerpo docente en dato administrable, bajo amenaza de pérdida salarial. A nivel nacional, la política educativa se orienta a transformar la escuela en un mercado regulado por dispositivos de control y eficiencia fijados desde afuera por el mundo empresarial-corporativo cuyo marco fue dado desde los organismos internacionales.

Ambos movimientos expresan la misma racionalidad biopolítica: disciplinar cuerpos y gestionar poblaciones bajo la lógica del mercado. La educación pública se convierte en laboratorio de control, donde la vigilancia biométrica y la mercantilización se presentan como “modernización”.

Frente a esto, la memoria y la resistencia docente son claves. La historia reciente muestra que cada intento de disciplinamiento y privatización encontró respuesta en la organización sindical combativa, en la judicialización y en la movilización social, no en las burocracias sindicales que siempre acuerdan — de otra forma el reformismo mercantilistano hubiera llegado a estas instancias —. La defensa de la educación pública como derecho exige articular estas resistencias y denunciar la continuidad entre las políticas de desposesión educativa locales, nacionales, regionales e internacionales.

La huella digital del gobierno PRO en CABA y la mercantilización nacional que propone el borrador del proyecto de ley del gobierno libertario son dos caras de la misma estrategia. Un proyecto político que busca transformar la educación en un mercado regulado por dispositivos de control. La respuesta, entonces, no puede ser fragmentaria, requiere una resistencia articulada que combine lo mejor de la tradición de la educación pública, la ética del conocimiento y acción colectiva.

Es mentirle a la población cuando los artífices de los modelos de expropiación de la educación pública dicen que “estamos pasando del estado educador a la sociedad educadora”; lo cierto es que están transfiriendo los valores concretos y simbólicos del conocimiento al “mercado educador”, una ruleta controlada donde los ganadores están en la revista Forbes y el resto de los mortales somos una huella digital (todavía).

Del presentismo al control biométrico: la educación pública en tensión

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La pedagogía del algoritmo: entre Google, Natura y el simulacro de la innovación

En los últimos tres años, la educación pública argentina ha sido atravesada por un proceso de reconfiguración silenciosa, donde el lenguaje de la innovación desplaza el conflicto estructural y la mercantilización se disfraza de modernización.

Dos casos, para ejemplificar el rumbo de la desposesión educativa, nos permiten leer con nitidez este desplazamiento: la certificación de la escuela municipal Manuel Dorrego en Vicente López como “Google Reference School” y el convenio entre el Ministerio de Educación de Misiones, CIPPEC e Instituto Natura para reformular el régimen académico de la escuela secundaria.

Ambos modelos operan desde lógicas distintas: uno desde la certificación simbólica de una escuela municipal por parte de una corporación global, el otro desde la externalización curricular hacia fundaciones privadas. Pero comparten una matriz común: la validación privada de lo público, la estetización del entusiasmo como forma de gestión y la sustitución del vínculo pedagógico por la interfaz tecnológica.

Como señalamos en EdTech: la avanzada privatizadora y capitalismo de plataformas (Huella del Sur2023) el desembarco de las tecnologías educativas proveé las herramientas, pero también impone lógicas de gestión, evaluación y subjetivación. En Detrás de la escena educativa: nada se transforma, todo se mercantiliza (Huella del Sur 2023), develamos cómo el lenguaje de la transformación encubre la cesión de soberanía pedagógica a actores privados, que rediseñan el régimen académico sin disputar el sentido de la educación; solo la docencia intenta disputar el sentido, los gobiernos hacen convenios de manera acrítica.

La educación se organiza de acuerdo a los requerimientos del mercado en torno a la certificación de competencias operativas. Lo que se legitima no es el conocimiento en función del desarrollo de la inteligencia, sino el manejo de herramientas.

Vicente López: la escuela como interfaz.

La certificación de la escuela municipal Manuel Dorrego como “Google Reference School” en 2021 marcó un punto de inflexión en la relación entre educación pública y validación corporativa. Se trata de una distinción simbólica otorgada por Google for Education, que reconoció el uso intensivo de sus herramientas en el aula. Desde entonces, el municipio de Vicente López consolidó su perfil como “Distrito Google” (si es que algo significa esa estética publicitaria), capacitando a todos sus docentes municipales y posicionando la tecnología como eje de su política educativa.

La escuela Dorrego, financiada íntegramente por el municipio, funciona como laboratorio de diferenciación territorial. Jornada completa, enseñanza intensiva de inglés, uso de plataformas digitales y estética institucional cuidada configuran un modelo que se presenta como superador del sistema provincial. La intendenta Soledad Martínez ha insistido en que “el municipio se hace cargo de la educación”, en una retórica que tensiona con la estructura estatal de Buenos Aires, aunque los títulos siguen siendo validados por la provincia.

La reforma educativa empieza a mostrar un funcionamiento mercantil, ya no en la competencia entre escuelas públicas y privadas, sino que la competencia opera en el orden público, también como competencia política (la intendencia de Vicente López esta a cargo del PRO y el gobierno provincial de signo peronista).

Lo que se certifica no es el contenido ni la práctica pedagógica, sino la capacidad de operar herramientas. La legitimación se desplaza del saber al software, y la escuela se convierte en interfaz. En este marco, el docente se transforma en “usuario certificado”. La pedagogía se estetiza, el entusiasmo se gestiona, y la innovación se mide por la adopción de funcionalidades.

Este modelo encuentra su correlato en la irrupción de figuras como Zoe, la profesora IA, que desde la empresa Humanversum (inscripta en Delaware), se presenta como alternativa a la docencia presencial (anunciada el 15 de agosto en la escuela San José, Villa Cañás, Santa Fe). Como advertimos en el artículo “Docentes en lucha mientras desde Delaware irrumpe Zoe, la profesora IA” (Huella del Sur, 2025), la inteligencia artificial educativa no llega para complementar, sino para sustituir. La promesa de personalización algorítmica encubre la precarización del vínculo pedagógico y la desposesión del saber situado. En Vicente López, esa lógica se anticipa; la escuela pública se certifica por su compatibilidad con la plataforma.

Misiones: el régimen académico como campo de captura.

En la provincia de Misiones, el rediseño del régimen académico de la escuela secundaria se formalizó a través de un convenio entre el Ministerio de Educación, la fundación CIPPEC y el Instituto Natura. A diferencia del caso Vicente López, donde la certificación de Google opera como distinción simbólica, aquí el proceso se institucionaliza: se redacta un nuevo régimen, se territorializa la intervención y se externaliza el diseño curricular. La transformación se presenta como política pública, pero responde a matrices privadas.

El convenio, firmado en 2021, articula trayectorias flexibles, evaluación formativa y proyectos de vida como ejes de la reforma. Sin embargo, esta narrativa de innovación encubre una cesión de soberanía pedagógica. El Estado provincial delega funciones centrales —como el diseño curricular y la definición de criterios de evaluación— a fundaciones que operan con lógicas empresariales. La docencia queda relegada a la implementación, mientras el sentido de la educación se negocia en mesas técnicas sin conflicto.

En este marco, el “proyecto de vida” —presentado como horizonte pedagógico— se articula con lógicas de coaching vocacional, donde la orientación se reduce a dinámicas introspectivas, centradas en el descubrimiento de talentos individuales y la alineación con un supuesto “propósito”. Lejos de promover una reflexión crítica sobre el mundo y el lugar del sujeto en él, estas prácticas desplazan la construcción colectiva del sentido educativo hacia un entrenamiento emocional compatible con los lenguajes del mercado. El acompañamiento docente se sustituye por guías externas, y la elección se convierte en simulacro de autonomía.

La territorialización, presentada como inclusión, se convierte en dispositivo de segmentación. La flexibilidad, como promesa de autonomía, habilita la precarización. Y el proyecto de vida, como horizonte pedagógico, se transforma en coaching vocacional. En este marco, el régimen académico deja de ser una herramienta de organización del saber para convertirse en un protocolo de gestión de trayectorias.

La pedagogía del algoritmo además de imponer plataformas, reconfigura los marcos normativos. En Misiones, esa reconfiguración se legitima como política pública, pero responde a una lógica de captura. El saber se administra y la innovación se mide por la capacidad de adaptarse a estándares externos, que reconfiguran la subjetividad docente.

Matrices comunes: certificación, captura y estetización del entusiasmo.

Aunque Vicente López y Misiones operan en niveles distintos —una escuela primaria municipal, un sistema secundario provincial— ambos modelos comparten una lógica de legitimación externa. En el primero, la certificación de Google for Education valida el uso intensivo de herramientas digitales; en el segundo, el rediseño del régimen académico se formaliza a través de un convenio con CIPPEC y el Instituto Natura, que ya han intervenido en otras provincias como Mendoza y Santa Fe.

La certificación, en ambos casos, no evalúa saberes ni prácticas pedagógicas, sino compatibilidad con estándares corporativos. La legitimación se desplaza del contenido al dispositivo, del vínculo pedagógico al protocolo de gestión. Asistimos a la reconfiguración de lo público como campo de intervención y en esa intervención privada, la “innovación” se mide por la capacidad de adaptación a marcos externos.

La estetización del entusiasmo —presente en la narrativa de Vicente López y en los discursos de transformación de Misiones— funciona como dispositivo de captura. El docente se convierte en facilitador, el estudiante en usuario, y la escuela en interfaz. En este marco, la figura de Zoe, la profesora IA que irrumpe desde el paraíso fiscal de Delaware, aparece como continuidad. Como se advierte en el artículo citado más arriba, Zoe encarna la promesa de personalización algorítmica, pero también la precarización del vínculo educativo y la sustitución del saber situado por simulación computacional.

La pedagogía del algoritmo no se limita a imponer plataformas: reconfigura marcos normativos, transforma la subjetividad docente y redefine el sentido de la enseñanza. En Vicente López, esa transformación se estetiza; en Misiones, se institucionaliza. En ambos casos, el saber se administra, la innovación se gestiona, y la educación se convierte en campo de certificación.

Resistencias, genealogías y la paradoja del saber estetizado.

La pedagogía del algoritmo se infiltra en los discursos de innovación, se legitima en certificaciones simbólicas y se institucionaliza en convenios que rediseñan la educación sin conflicto. En ese proceso, el saber se convierte en atributo funcional, la enseñanza en entrenamiento operativo, y la escuela en interfaz de validación externa.

La transformación se estetiza por desplazamiento del sentido. La estética de la innovación —pantallas, logos, entusiasmo performativo— reemplaza la densidad del conocimiento por la fluidez del diseño. La escuela se presenta como moderna, eficiente, conectada, mientras el saber se reduce a la capacidad de operar herramientas. Es la paradoja de la “sociedad del conocimiento” que invoca el conocimiento como horizonte, pero se lo devalúa en su forma crítica, situada y colectiva.

Frente a este escenario, la resistencia se organiza en la disputa por el sentido, lejos de la defensa nostálgica que pretenden adjudicar los funcionarios junto a esas “externalidades” privadas, apropiadoras de los sistemas públicos.

La docencia, aún fragmentada y tensionada, sigue siendo el único actor que interpela el modelo, que pregunta por el saber, que sostiene el vínculo. En ese gesto, la pedagogía reaparece como vínculo insustituible entre docente y estudiante; una relación que no puede ser simulada por algoritmos ni reemplazada por interfaces.

La genealogía crítica que venimos trazando permite leer el presente como campo de disputa, no como destino. Pero esa lectura exige organización. Es tiempo de convocar a un Congreso pedagógico alternativo, sin la intervención de ONGs ni fundaciones, que recupere el protagonismo docente y amplíe las fronteras nacionales para comparar el avance de esta educación sin atributos que propone la reforma. Un espacio para pensar colectivamente qué se enseña, cómo se aprende y quién decide qué vale como conocimiento.

En el marco del paro docente nacional, la resistencia se manifiesta como cuerpo colectivo que interpela el modelo de reforma sin atributos. Las demandas contra el desfinanciamiento de la educación exceden lo salarial: expresan una defensa activa del vínculo pedagógico, del saber situado y de la escuela como espacio público contra el proceso de desposesión creciente.

Mientras los gobiernos celebran convenios con fundaciones y corporaciones y figuras digitales, como Zoe, irrumpen como promesas de eficiencia algorítmica, la docencia sostiene la pregunta por el sentido. La pedagogía, en su forma más viva, se despliega en las calles como portadora de significación.

¡La lucha docente es la disputa por el sentido de la educación pública!

Fuente: https://huelladelsur.ar/2025/10/16/la-pedagogia-del-algoritmo-entre-google-natura-y-el-simulacro-de-la-innovacion/

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Niñez y eficiencia. Hambre y desposesión

Por Darío Balvidares

“Hay privaciones que afectan a los niños/as y adolescentes que no son visibles mediante la estructura de ingresos o gastos de los hogares”, señala el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. La sentencia interpela no solo al modo en que se mide la pobreza, sino a la racionalidad que decide qué debe ser medido y qué puede ser omitido. En Argentina, más de 4 millones de niños conviven con inseguridad alimentaria, pero la carencia no reside únicamente en la falta de alimento, sino en una cadena de privaciones afectivas, cognitivas y sociales que modelan subjetividades.

Las políticas públicas, lejos de reparar esa trama de desigualdades, refuerzan su invisibilidad y profundizan el estado social deficitario cuando operan bajo criterios de eficiencia. Cuando la prioridad del gobierno es la reorganización del Estado donde los derechos se subsumen a métricas y algoritmos de gestión, el hambre, el deterioro cognitivo y el abandono educativo dejan de ser urgencias sociales para convertirse en externalidades técnicas.

Tal como lo expusimos en La eficiencia como el significante de la desposesión, esta lógica pedagógica enseña por omisión: lo que no se nombra, también produce sentido político. En el presente artículo proponemos una lectura transversal que vincula el hambre infantil con las políticas tecnocráticas, desmontando la neutralidad de las pruebas estandarizadas, los decretos administrativos y los organismos multilaterales que operan como arquitectos de una pedagogía del sesgo. Porque si la niñez es uno de los territorios donde se disputa el futuro, la exclusión es una forma de extinción.

Eficiencia y hambre: la desposesión como política estructural

“Hay privaciones que afectan a los niños/as y adolescentes que no son visibles mediante la estructura de ingresos o gastos de los hogares”, advierte el informe del Observatorio de la Deuda Social. Esta afirmación desestabiliza el paradigma contable que domina la gestión estatal, lo que no se traduce en cifras, no existe para la política pública. En ese marco, la eficiencia se convierte en un significante que no organiza recursos, sino que legitima omisiones, retiene alimentos y abrigo en los galpones del ministerio de Capital (in)Humano.

Durante 2024, el 35,5% de los niños y adolescentes en Argentina atravesó inseguridad alimentaria, y el 16,5% lo hizo en su forma más severa. Pero el hambre no es solo una carencia nutricional, es una forma de desposesión cognitiva, afectiva y simbólica. La desnutrición crónica afecta el desarrollo cerebral, compromete la memoria, la atención y el aprendizaje. En contextos de pobreza estructural, la infancia aprende desde la carencia, y ese aprendizaje no se mide en las pruebas estandarizadas ni en los informes de gestión.

El Decreto 436/2025, al instalar la eficiencia como principio rector, consolida una racionalidad que omite lo esencial porque no puede ser cuantificado. La supresión de políticas como “Educar en Igualdad” no responde a una evaluación pedagógica, sino a la lógica de desposesión: lo que no produce resultados medibles, se elimina. En ese sentido, el hambre infantil y la eliminación de contenidos educativos referidos a la igualdad no son hechos aislados, sino expresiones de una misma arquitectura política.

La eficiencia, entonces, no es una herramienta de mejora, sino un dispositivo de exclusión. Desposee a las niñeces de alimento, de afecto, de contexto y de sentido. Y al hacerlo, transforma el Estado en un gestor de carencias, donde los derechos se convierten en gastos y las vidas en externalidades.

Evaluar sin contexto: la estandarización como pedagogía del sesgo

“Las pruebas estandarizadas no miden lo que los alumnos saben, sino lo que pueden repetir bajo condiciones artificiales de evaluación” — advertía Robert Glaser, uno de sus propios diseñadores de los “test” estandarizados. En Argentina, estos dispositivos se han naturalizado como herramientas objetivas, cuando en realidad funcionan como instrumentos de clasificación y control, descontextualizados del entorno cognitivo, afectivo y material de quienes van a ser ¿evaluados?

El informe del Observatorio Social revela que más de 4 millones de niños y adolescentes enfrentan inseguridad alimentaria, y que el 16,5% lo hace en su forma más severa. Este dato es estructural: el hambre compromete funciones cognitivas esenciales (memoria, atención, lenguaje) moldeando la subjetividad del propio desarrollo educativo marcado por la precariedad. Sin embargo, las pruebas estandarizadas ignoran estas variables constitutivas y ofrecen resultados que refuerzan la exclusión como si fuera una diferencia de mérito o esfuerzo.

Desde una perspectiva crítica, como ya decíamos en 2016, en el artículo Las pruebas estandarizadas, otro mito del proceso de la reforma educativa,  que este modelo no mide saberes reales, sino procedimientos repetitivos y reconocimiento de resultados. En ese análisis afirmábamos: “Estas pruebas no miden lo que los alumnos saben, sino la capacidad de recordar procedimientos, o reconocer un resultado cuando se les presentan opciones múltiples.”

Este enfoque muestra cómo las pruebas se articulan con los lineamientos de organismos multilaterales que promueven la educación como mercancía, desplazando el pensamiento crítico en favor de la obediencia evaluativa y anulando el sentido pedagógico de la construcción de conocimiento como proceso.

La estandarización, entonces, opera como una pedagogía del sesgo que invisibiliza el hambre, el deterioro cognitivo y la desigualdad estructural, y lo reemplaza por una métrica que legitima la exclusión. Evalúa sin contexto, sin historia, sin cuerpo.

Breve paréntesis: cuerpo, hambre y lenguaje

“Confundir un problema de aprendizaje reactivo con un síntoma del ‘no aprender’ es como confundir a un desnutrido con un anoréxico”, escribe Inés Cristina Rosbaco en El desnutrido escolar. Dificultades de aprendizaje en los niños de contextos de pobreza urbana.  Esa distinción es política: el desnutrido escolar no elige no aprender, el entorno lo desactiva. Frente al fracaso, “ya ni siquiera puede defenderse”, porque lo que está roto no es su voluntad, sino las condiciones para que esa voluntad exista.

Rosbaco identifica una escena educativa en la que “la pobreza queda borrada como condición estructural y transformada en dificultad personal”. La escuela, muchas veces, en vez de ser refugio o reparación, se convierte en mecanismo de reiteración de esa violencia. Clasifica sin reconocer, evalúa sin contexto, patologiza el silencio del hambre.

El hambre, en este marco, es interrupción de lenguaje. Es cuerpo que no llega al aula para aprender, sino para resistir. La mirada ausente, el juego apagado, la palabra cortada son formas concretas de la desposesión. Nada más cínico que desconocer las causas del latiguillo “seis de cada diez niños no comprenden lo que leen”, producido por quienes diseñan las políticas que invisibilizan lo que estamos visibilizando en este artículo y que a la sazón, son las causas.

Es simple, allí donde se impone la eficiencia como significante de desposesión, el niño “no puede sostener el deseo de aprender” porque el sistema no está diseñado para sostenerlo.

Este paréntesis no busca conmover ni suavizar la crítica. Se propone restituir el cuerpo como campo de disputa. No hay déficit; hay exclusión estructural. No hay falla individual; hay abandono estatal. Y frente a ese abandono, cada cuerpo que aún persiste en el aula interrumpe la lógica del descarte.

Las niñeces frente a la arquitectura del daño

La eficiencia se ha instalado como el significante central de una gramática institucional que no organiza recursos, sino que desactiva derechos. Su poder no radica en lo que propone, sino en lo que permite omitir. Bajo su forma más sofisticada, la estandarización, la evaluación contable, el lenguaje administrativo, opera una política de desposesión que transforma las niñeces y adolescencias en territorio de cálculo, y su hambre en externalidad.

Las cifras del informe muestran que millones de niñxs atraviesan sus niñeces con hambre. No es un fenómeno excepcional ni transitorio, es una estructura persistente que impacta en el cuerpo, la cognición y el deseo. Como advierte Inés Rosbaco, el desnutrido escolar no fracasa por ignorancia, sino porque el sistema le niega las condiciones mínimas para sostener el deseo de aprender. La escuela, enclavada en la reforma neoliberal, no  repara, más bien prolonga, más allá de la voluntad docente. Y el Estado, cuando prioriza la eficiencia como criterio rector, se vuelve pedagogo del daño.

El orden institucional no se configura en torno a la protección, sino a la medición y punición. Y lo que no se mide, se omite. La violencia social no entra en los algoritmos, el hambre no figura en los mapas de riesgo educativo, la desigualdad no se reconoce como límite a la meritocracia. Así, lo que falta se transforma en culpa y lo que duele en déficit técnico.

Este artículo no propone una lectura sensiblera, sino una denuncia con disposición a la disputa por el sentido. Porque frente a la pedagogía del sesgo, solo una pedagogía del reconocimiento puede sostener el deseo de futuro. Y ese deseo no se mide, no se estandariza, no se administra. Se enciende, se protege, se nombra, se acompaña, se hace colectivo. Forma parte de una lucha epistemológica.

Imagen de portada: Comunitaria

Niñez y eficiencia. Hambre y desposesión

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Argentina: La enajenación educativa como motor de la desposesión

La enajenación educativa como motor de la desposesión

Darío Balvidares

Desde hace más de cuatro décadas, las reformas educativas impulsadas por organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, la CEPAL (en los principios) y la OCDE (en este siglo con mayor protagonismo), han moldeado los sistemas educativos bajo lógicas estandarizadas y profundamente economicistas.

Las diferencias en los matices discursivos de estos organismos no pueden ocultar el propósito que todos tienen en la mercantilización de la educación, tanto que siempre han colaborado para el armado de este proceso con definiciones políticas de imposición respaldadas por los continuos programas que ponen a disposición de los Estados vía créditos (endeudamiento). Con la necesaria complicidad de los alternativos gobiernos que adoptaron esas políticas y el consumo de sus propuestas programáticas.

Estos cambios, intensificados en la década de los noventa, se tradujeron en un proceso doble: la exoprivatización, por una parte, que implica la participación directa de actores privados sostenidos con dineros públicos a través de subsidios a escuelas privadas (subvención) o a asociaciones público-privadas (escuelas chárter), lo que provocó crecimiento exponencial de la educación privada y la endoprivatización, por otra parte, con la introducción de prácticas y lógicas del sector privado dentro de las instituciones educativas públicas, como la gestión basada en resultados o la competencia entre escuelas, mediante la intromisión de ONG, fundaciones y corporaciones tecnológicas en el sistema público.

Estos actores, respaldados por directrices internacionales, han logrado ocupar espacios estratégicos, como la formación y capacitación docente y directiva, el manejo de los contenidos curriculares orientándolos hacia las necesidades del mercado y del llamado “capitalismo de plataformas”, como una extensión del capitalismo digital; incluso la gobernanza de la educación a través de convenios que funcionan como una UTE (unión transitoria de empresas), como sucede en el sector minero. Convenio por el cual un gobierno a través de su ministerio o secretaría de educación establece una relación con una ONG dedicada a la educación y una fundación empresarial para establecer desde las políticas educativas hasta los formatos pedagógicos y las estrategias didácticas.

En este contexto, conceptos como “calidad” y “equidad” se han convertido en herramientas retóricas que encubren la perpetuación de desigualdades. La “calidad” se reduce a los resultados estandarizados, mientras que la “equidad” remite a la noción de “darle a cada uno lo que le corresponde”, dejando de lado el verdadero objetivo de igualdad que debería guiar a la educación pública. Estas nociones, lejos de promover una transformación social, apuntalan un modelo funcionalista que subordina la educación al mercado laboral y a los intereses de la corporación del complejo empresarial/tecnológico.

Lo interesante es que en el caso argentino, todo este proceso neoliberal de manipulación educativa tuvo los efectos críticos que todos conocemos, porque no sólo se trata o se trató de las cuestiones curriculares, sino que de lo que se trata es de la desposesión del carácter público del sistema y de la enajenación docente como proceso paralelo al de la desposesión, sin olvidar el carácter espurio de la educación por competencias y los efectos de alienación y desposesión que provoca en los estudiantes, puesto que su finalidad es establecer las métricas sobre su performatividad económica.

Una prueba de ello es el emergente de la importancia que de manera sorpresiva adquirió la “educación financiera”, tanto que pasó a ser tema de políticos, ministros de educación, gobernadores y hasta del señor presidente (por lo menos hasta la estafa $LIBRA), justamente por las “recomendaciones” de la OCDE, que también ofrecía las bondades del “bienestar socio-emocional”, conceptos que son tomados de manera acrítica por los gobiernos, nacional y provinciales porque son parte del paquete reformista que emplaza a la colonialidad del poder.

Las imposiciones sobre los nuevos “aprendizajes” quedan enmarcados en el otro arbitrario eufemismo, el de la “sociedad educadora”, concepto de tendencia global, pero reafirmado por el propio secretario de Educación nacional, Carlos Torrendell. Son conceptos que no están puestos en debate, pero que encierran el desplazamiento que fijará la sustitución del Estado por las asociaciones de la sociedad civil y las del universo empresarial, cuyo avance en las políticas educativas, en las decisiones curriculares es evidente.

Es necesario insistir en que este paradigma educativo es adoptado por los progresismos de todas las intensidades y las derechas en el espectro de todo su abanico; es cierto que hay matices, si tuviésemos que ejemplificar, aunque el ejemplo suele ser reduccionista, durante los gobiernos percibidos como progresistas hubo mayor presencia del Estado en cuanto a las “ayudas” con contribuciones monetarias a las provincias a través de “fondos” presupuestarios, así como al bolsillo docente en el ítem que se dio en llamar incentivo (aunque nunca formó parte del salario y se mantuvo como un ítem discrecional con fecha de vencimiento); como así también la realización de paritarias, para acordar cuestiones salariales y de condiciones laborales.

Esto que estamos ejemplificando, de ninguna manera resuelve los conflictos sindicales y mucho menos, modifica la orientación de las macropolíticas, que en el caso de la UNESCO, sí se hacen propuestas a los gobiernos en el sentido de las “ayudas”; matices que también se registran entre los propios organismos internacionales con respecto al subsidio del Estado nacional a la educación, aunque sí coinciden que debe ser un financiamiento diversificado, dando lugar a la entrada de privados, esto es, incentivar la endoprivatización del sistema. Solo las izquierdas hacen una mirada desde la pedagogía crítica y desde enfoques decoloniales de lo que está sucediendo con el avance reformista.

Cuando durante décadas se adopta un modelo instrumental de la economía, no cabe ninguna duda que la orientación del sistema educativo desarrollará la instrumentalidad en todas sus dimensiones, lo que provoca una distorsión de la subjetividad y de la percepción de estudiantes, docentes y en el imaginario social transmutado al consumo.

En ese imaginario el conocimiento se transforma en mercancía y, curiosamente, dentro de ese universo de mutación de la subjetividad, la objetividad se sobredimensiona hasta tal punto que tanto sujeto docente como sujeto estudiante entran en un proceso de eficiencia, valor de mercado en tanto la performatividad económica (de la que hablamos más arriba) que deben alcanzar lxs estudiantes, abandonando sus intereses personales y los más importante, sus sueños; así como la performatividad técnica que deben alcanzar los docentes para constituirse en verdaderos “facilitadores”, enajenados por las tecnologías de la educación, abandonando la posibilidad de ser sí mismos para entrar en los estándares. Se ejerce la violencia epistémica contra docentes y estudiantes, el objetivo es quebrar el circuito enseñanza-aprendizaje sostenido en lo humano.

El avance de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo añade otra capa de complejidad. Experiencias como la llevada a cabo en una escuela de Londres, donde una división prescinde de profesores humanos, representan un riesgo concreto de deshumanización del sistema educativo. Si bien la tecnología puede ser una herramienta útil, su uso como sustituto del docente amenaza con reducir la enseñanza a un proceso autómata, subordinado a métricas y algoritmos, en lugar de priorizar la interacción humana y el pensamiento crítico.

La figura del docente como guía intelectual es insustituible, especialmente en un modelo educativo que aspire a transformar y no simplemente adaptar.

El curriculum “aparece como un discurso teórico que convierte la dimensión política en un hecho pedagógico (…) el curriculum representa una expresión de lucha en torno a las formas de autoridad política, órdenes de representación, formas de regulación moral y versiones del pasado y del futuro que deberían legitimarse, aprobarse y debatirse en ámbitos pedagógicos específicos (…) el discurso curricular es una forma de ideología estrechamente relacionada con las cuestiones de poder, particularmente en cuanto a que éstas estructuran las relaciones sociales a partir de consideraciones dictadas por el sexo, la raza y la clase social” (H. Giroux 1988)1

Esta caracterización del currículum que nos acercaba Giroux nos expone, claramente, como se produce aquello que Carlos Marx llamaba enajenación, tomando el concepto del alejamiento del trabajador con el objeto que produce, me parece que aquí, tomando esa premisa pero aplicada a lo que venimos desarrollando se hace visible la distancia entre la propuesta curricular decidida fuera de los ámbitos pedagógicos de los que hablaba Giroux. Este distanciamiento entre la decisión curricular y el docente produce la “enajenación” por ausencia de participación; más aún, cuando su posterior práctica pedagógica también se manifieste mediatizada por una plataforma que lo instruirá sobre la estrategia didáctica.

En otras palabras, es ajeno a los materiales, ajeno a las propuestas y ajeno a las estrategias, porque la decisión del paradigma tecnoeducativo deconstruye hacia la precariedad intelectual la figura del educador y como parte del mismo proceso, la del estudiante alejándolo del desarrollo intelectual, para formatearlo en un producto disponible en el universo del capital humano. Lo que lleva –otra vez con Marx– a que ambos queden disueltos en la etiqueta de mercancía: el docente que debe demostrar las habilidades adquiridas para ser un “buen técnico” facilitador y el estudiante que deberá adquirir las competencias necesarias para venderse en un incierto mercado de trabajo que hoy le exige, según la moda oficial, saber “educación financiera”, aunque mañana se podrá decretar la obsolescencia de tales competencias y ese futuro trabajador, estará en las calles formando parte de las protestas contra un mercado que ya lo usó y lo desechó.

¿En verdad queremos que ese sea el modelo de educación para las generaciones presentes y futuras?

Frente a este panorama, salir del corset neoliberal requiere más que resistencia: necesita una articulación consciente desde las bases docentes, sindicales y comunitarias, que recupere el carácter público del sistema educativo y reivindique el rol del docente como intelectual crítico, no como mero “facilitador”.

La defensa y la lucha por la vigencia de la educación pública debe centrarse en fortalecer su financiamiento público, promover la igualdad como principio fundamental y rechazar cualquier intento de vaciamiento de contenidos o de deshumanización de las aulas.

La educación no es un producto ni un servicio; es un derecho y una herramienta para la emancipación social. Hoy, más que nunca, el imperativo de imaginar para transformar el sistema educativo no se resuelve adaptándose a los cambios propuestos y desarrollados para la perpetuación de la desigualdades sociales, la reducción al servilismo de la figura docente y de la performatividad económica de los estudiantes.

La profunda crisis en la que se hundió a la educación es a partir de la imposición del paradigma neoliberal como la única posibilidad de transformación, una falacia que encierra la desposesión del carácter público, la generación de subjetividades adaptables y flexibles para resolver la eficiencia en la optimización de ganancias de las minorías que traman nuestros destinos.

Un gran debate desde una perspectiva que priorice lo colectivo, lo humano y lo transformador en clave social se hace imprescindible, un congreso pedagógico donde la discusión se tome para que la producción del curriculum se discuta en los ámbitos pedagógicos específicos, entre quienes corresponda, lxs docentes revalorizando su dimensión intelectual y su praxis pedagógica.

La lucha es contra la violencia epistémica y la colonialidad del saber, justamente porque somos educadores es que tenemos el derecho a enfrentarnos con una política social y económica en la que estamos inmersos y sufrimos las consecuencias junto a lxs estudiantes, sus familias y sus entornos. Pues entonces, qué más tenemos que esperar.

Nota:

1 Henry Giroux. Los profesores como intelectuales, hacia una pedagogía del aprendizaje, Ediciones Paidos Ibérica, Barcelona, 1988

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/la-enajenacion-educativa-como-motor-de-la-desposesion/

 

Fuente de la Información: https://rebelion.org/la-enajenacion-educativa-como-motor-de-la-desposesion/

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De la educación humana y un final incierto

Las declaraciones de Elon Musk en 2024 y puestas en escena recientemente, sobre la educación y el trabajo están dirigidas masivamente a provocar cambios performativos en la conducta humana.

 

El avance tecnológico es una realidad incontrastable, tanto como el desplazamiento del capitalismo digital no solo a producir nuevas subjetividades, sino a la producción masiva de nuevas colonialidades digitales.

 

Hace unos meses nos habíamos preguntado si la educación necesitaba de la Inteligencia Artificial (IA) o era a la inversa y poco después arriesgamos la hipótesis sobre la “transeducación” como un “experimento en marcha”. Recorrimos algunos tópicos propios de la reforma mercantilista de la educación y sus conceptualizaciones afines al proceso de colonialidad del saber, por el cual el docente se transforma en un mero “facilitador”, al que se lo separa aún más de su especificidad, que es enseñar, para transformarlo en una suerte de lacayo digital de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC).

 

La separación del docente de su especificidad, tiene condicionamientos histórico/políticos de larga data; sólo para ejemplificar, la actividad docente está separada de la realización del currículum educativo que debe implementar, pero del que no participa porque se piensa y diseña en oficinas donde supuestos “especialistas” que, por lo general, responden a intereses externos (privados) al debate sobre la educación pública, lo definen.

 

En la actualidad, la distancia es mayor. Durante un tiempo la elección de los materiales de trabajo para el aula, gozaba de cierta autonomía docente, a pesar de que el canon escolar se ajustaba a los movimientos editoriales que promovían sus productos desde su propia impronta ideológica en el mercado de manuales, libros de texto y de lecturas. Pero, aun así, había margen para la decisión docente, incluso en algunos casos, incorporando materiales que no estaban “consagrados” en el canon.

 

La paradoja es que la “brecha digital”, que al principio de su entrada en escena, la problemática era la inversión que los gobiernos no hacían en conectividad y, por otra parte, las desigualdades sociales en la población estudiantil de todos los niveles de la enseñanza, tal como lo desnudó la pandemia del COVID 19, lo cierto es que cuando esa problemática aun persista e incluso se agudice por efecto de las políticas de “ajuste” permanentes, la noción de “brecha digital” ahora tiene otra significativa relevancia, en tanto el progreso transeducativo se profundice, porque la tecnología será, en un principio mediatizadora hasta operar el desplazamiento definitivo de la docencia humana que pasará a ser una pieza de museo (digital) de la educación.

 

Y eso es lo que pretenden las grandes corporaciones tecnológicas y sus EdTech con Elon Musk como referente indiscutido y otros como Ray Kurzweil, quien fuera director de Google y realizara uno de los principales aportes transhumanistas con su concepto de “singularidad tecnológica”, la que en un futuro mediato sustituirá a la “singularidad humana”.

 

También vale recordar que Andrej Karpathy fue director del departamento de inteligencia artificial de Tesla, una de las empresas de Elon Musk, es creador de Eureka Labs, una escuela nativa de IA. Desde su novedoso e inquietante “emprendimiento”, proyectará lo que él mismo definió en un posteo como “simbiosis en el profesor y la IA”.

 

Elon Musk, la primera fortuna de mundo, ha dicho en Viva Technology París 2024 y se ha reproducido en casi todos los medios, que la IA podrá ofrecer enseñanza personalizada y que “cada niño tendría un Eistein como profesor”, pero que los valores éticos y morales serían responsabilidad de los padres.

 

Está claro que a pesar de los apologistas que ven la IA como una potente expresión del principio de la “singularidad tecnológica” que puede reemplazar a la singularidad humana en diversos ámbitos del conocimiento, en este caso concreto al docente; lo que asoma, si se me permite continuar con la hipótesis de la transeducación, es un proyecto político, que en el área educativa provocará supresión de puestos de trabajo porque la IA, según sus creadores, puede dar enseñanza y tutorías personalizadas; realizar la adaptación de los contenidos según las capacidades de lxs estudiantes, también la automatización de las evaluaciones, entre otras tareas.

 

Un proyecto político que con fuerte contenido ideológico pretende poner a la mayoría de la humanidad bajo el control disciplinar de nuevas formas de aprendizaje, vinculado no al conocimiento, que será reservado para unos pocos, sino a la instrucción a través del entrenamiento y la selección de los más “aptos”.

 

También había declarado el milmillonario del saludo nazi, que en un futuro los médicos y abogados también serían reemplazados por la IA. Está claro que el proyecto es político, porque como alguna vez dijimos, el capitalismo no tiene plan B, y de lo que se trata es de sustituciones en el proceso transhumanista.

 

Poner la educación de manera experimental es, sin duda, el punto de partida original para la instalación de un paradigma que encontró en la reforma neoliberal y con la pandemia como vehículo, el escenario para la intrusión tecno/colonial/corporativa.

 

En 2014 El propio Musk funda Ad Astra, una escuela experimental con la premisa de educar a sus hijos y a los hijos de sus empleados de SpaceX, su compañía espacial donde se alojaba la escuela de manera clandestina. Luego de la pandemia la escuela se reabre en Bastrop, en el Estado de Texas y para este ciclo 2024/2025 el anuncio es su red X dice: “¡Ad Astra se lanza en Bastrop, Texas! Las solicitudes para el año escolar 2024-2025 ya están abiertas”.

 

El proyecto combina la pedagogía de María Montessori de principios del siglo XX (propuesta que vincula lo social con la pedagogía y registra la dinámica de comportamiento de lxs alumnxs) con el plan de estudios conocido como STEM (por sus siglas en inglés) ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, pero que en el caso de Ad Astra refiere a ciencia, inteligencia artificial, robótica y matemática. Sin embargo no es muy transparente su funcionamiento, puesto que le escuela se une a Xplor Education, una organización que se dedica a la creación de escuelas Montessori y que según lo que dice su página web en el apartado misión: “Nos asociamos con las empresas más innovadoras de Estados Unidos para brindar una educación Montessori distintiva para la primera infancia que conduce a individuos más capaces…”.

 

Lo que nos confirma que el verdadero paradigma que contiene la totalidad de lo que supone los cambios en educación es el mercado. La pedagogía Montessori, siempre ha sido una propuesta para las familias “favorecidas” por el sistema capitalista, es decir que siempre fue un privilegio de la élite, de escuelas privadas, cuando no una pantalla que encubre la mercadotecnia de la educación, en estos casos donde las EdTech se están apoderando de los sistemas educativos.

 

No podemos dejar de señalar en este encuadre donde los más ricos aparecen como lo protagonistas del mayor saqueo en la historia de la humanidad puesto que “la fortuna de cada milmillonario creció, en promedio, a un ritmo de dos millones de dólares al día y, en el caso de los diez milmillonarios más ricos, a un ritmo de 100 millones de dólares al día”, según el Informe OXFAN 2025 y Elon Musk es el primero de la lista que encabeza el saqueo.

 

El recortador del presupuesto público, titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés), nombrado por Donald Trump para desmantelar el Estado, lo que incluye despidos masivos, cierre de dependencias, hace que sus empleados del DOGE trabajen 120 horas semanales, según su propio posteo. Además de no tener remuneración.

 

La paradoja es que quien se supone viene a recortar el presupuesto federal en los Estados Unidos ha sido un expoliador de los dineros públicos que se fueron sumando a su obscena fortuna en forma de subsidios, contratos, préstamos y créditos que se estiman en USD 38.000 millones, según el Washington Post.

 

También se suman las sospechas de que los datos gubernamentales recogidos por el DOGE estuviesen siendo utilizados para alimentar las empresas de IA de Musk.

 

La trazabilidad de esa información tomada de las fuentes federales son un tesoro invaluable para alimentar la IA generativa, porque no se trata de la captura de conductas en internet sino de la data real sobre el comportamiento subjetivo de la población.

 

Con esta información, no necesitamos mucho más para saber el por qué de los planes tecno/coloniales para la educación.

 

El proyecto político es adueñarse en directo de la conciencia colectiva, asaltando las subjetividades, cosa que ya vemos como proceso en el comportamiento de las redes sociales donde el avance del fascismo digital es ostensible en expresiones descalificadoras, racistas, xenófobas, patriarcales contra quienes pretendan hacer una crítica al régimen “libertario” en cualquiera de sus versiones, la imperialista (Donald Trump) o la colonial (Javier Milei).

 

A la manera de conclusión

 

La tecnología en modo transhumanista se convierte en una amenaza continua porque es un instrumento de las corporaciones para establecer un dominio colectivo a través de las tecnologías del aprendizaje y la comunicación hasta completar el circuito con la IA como sustituto humano.

 

Como educadores críticos, no podemos permitir que el fascismo digitalizado nos desplace de la interacción con lxs estudiantes, que nos anule la pulsión humana para implantarnos una subjetividad performativa de los intereses de los milmillonarios que por ahora siguen gobernando nuestros destinos.

 

Somos muchxs más quienes podemos utilizar esos caminos digitales para encontrarnos, como lo hacemos en las calles, para potenciar la resistencia, primero y quebrar el paradigma, después.

 

La educación es uno de los pilares de la cohesión social, asegurar la lucha por el carácter público, apropiarse en las aulas de la tecnología, invertir la carga de la prueba manteniendo los procesos de enseñanza-aprendizaje, pueden ser las primeras acciones contra el fascismo digital.

 

No es la tecnología el problema, son los usos que el capitalismo hace de ella para satisfacer los intereses de esas minorías milmillonarias.

 

En lugar de que los docentes, abogados y médicos sean sustituidos por la IA, sería interesante experimentar el remplazo de los milmillonarios por algoritmos que distribuyan sus fortunas en la población mundial para que la humanidad salga de la pobreza en un par de milisegundos. Sería el hecho más humanizante que la tecnología nos podría dar.

 

De la educación humana y un final incierto

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El sistema educativo y la educación

No hay dudas que para estos modelos de país la educación no es importante más que en los discursos de la dirigencia que administra los asuntos públicos.

 

El sistema educativo se define por su organización administrativa y política, organización alejada de quienes hacen al cotidiano educativo (docentes y estudiantes).

 

Las luchas por la emancipación educativa son las marcas contra las especulaciones políticas por subsumir la educación pública a intereses meramente sectoriales.

 

Una tensión que fue definiendo el sistema hacia procesos de privatización creciente, porque ya no se trataba solamente del sector clerical como motor de diferenciación ideológica, como fue la disputa que se conoció como “Laica o Libre” en la década del 50 del siglo pasado de una profunda lucha que venía desde el primer Congreso Pedagógico de 1882 en el que se debatieron las bases de la que después fuera la Ley 1420 de educación común, laica y gratuita, sino de la creación del mercado educativo, con la expansión de la educación privada durante la década de 1990 (exoprivatización) y la apertura al universo de las ong y fundaciones para operar dentro del sistema vía convenios ministeriales (endoprivatización) y la injerencia empresarial directa en el contexto universitario.

 

En ese contexto las universidades nacionales también entran en una dinámica de sumisión, que bajo el eslogan de vincular esas casas de estudios con las (dudosas) “demandas sociales”, comenzaron a perder la autonomía conquistada en 1918, la que se dio en llamar, Reforma Universitaria y así quedó la marca de la lucha de la “revolución de las conciencias” registrada en la historia y que fue fuente de inspiración en Latinoamérica y el mundo.

 

En la década del 50 se triplica la matrícula universitaria tras la supresión de los aranceles, los trabajadores se vieron beneficiados por la accesibilidad a los estudios universitarios, hasta que en 1966 el general golpista, dictador Juan Carlos Onganía, decidió terminar con la autonomía en las universidades nacionales, mediante el decreto ley 16.912 que determinaba la intervención, prohibía la actividad política en las facultades y anulaba el gobierno tripartito. Ese 29 de junio mandó a desalojar y ordenó la “depuración académica”.

 

Hubo resistencia en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Arquitectura, Ingeniería, Filosofía y Letras y Medicina de la UBA y la primera consecuencia fue la feroz represión sobre estudiantes y profesores; la segunda, la renuncia de miles de profesores y el inicio de éxodo académico.

 

Tal vez ese haya sido el antecedente de lo que vendría con la dictadura genocida y desaparecedora de Jorge Rafael Videla y su banda a partir de 1976, no sólo con la intervención de las universidades sino con la militarización dentro de las propias facultades, con “oficinas” improvisadas en algún aula y un par de soldaditos con los fusiles en mano al lado del bedel que recibía las libretas universitarias de lxs estudiantes para poner en un cajoncito y retirarlas después de la clase correspondiente (como le ocurría a quien escribe estas líneas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA).

 

Cabe aclarar que, en 1975, la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina de José López Rega, ministro de Bienestar Social del tercer mandato de Juan Domingo Perón, también conocida como la Triple AAA, tenía las mismas prácticas represivas, usando como fuerza de choque a la Policía Federal con los parapoliciales y los camiones “celulares” esperando en la puerta de la facultad.

 

Este muy breve e incompleto recorrido sobre algunos de los hitos que marcaron la vida de la universidad pública tiene la intención de exponer porqué el conocimiento, en sentido amplio, es un problema para el poder y los poderosos. Porque forma en el desarrollo de la inteligencia, porque cuando es colectivo genera fuerza social, como se demostró en la multitudinaria Marcha Universitaria del 23 de abril que convocó a miles y miles universitarios, trabajadorxs, familias, estudiantes secundarios, jubiladxs; aunque para el poder, que el conocimiento sea fundamental para el mejoramiento de la sociedad, es el problema, porque eso implicaría socializar los frutos de ese conocimiento cuya finalidad, también sería, el bienestar general del conjunto de la población.

 

Pero no, esos son objetivos que deben desaparecer del imaginario popular, por eso la reforma educativa globalizada, a la que Argentina adhirió formalmente en la década del 90, durante el gobierno de Carlos Menem, vino a hacer lo que los gobiernos dictatoriales no pudieron terminar de plasmar, más que en algunos aspectos de la reorganización, como fue el principio de la fragmentación con el traspaso de las escuelas primarias a las provincias en 1979, tarea que se completa durante el “menemato” con la transferencia de los secundarios y terciarios, terminando el proceso de fragmentación educativa, que mantiene la Ley Nacional de Educación (2006). Mientras que a las universidades se las encorsetó con la Ley de Educación Superior (1.995).

 

La intervención de las universidades (en las instancias dictatoriales) siempre tuvo como finalidad no solo el control sobre el conocimiento, sino la direccionalidad del mismo, lo que significa, a grandes rasgos, el desarrollo intelectual en función social.

 

No les resultó tan sencillo imponer sus obscenos deseos, porque siempre hubo una línea de fuga en la que la resistencia se materializaba, incluso en grupos de estudio “clandestinos”. Parece un argumento para una película, pasar a la clandestinidad para estudiar, pero eso es lo que sucedía en los llamados “años de plomo”.

 

A pesar de la resistencia histórica, los principios postulados en la reforma universitaria de 1918 no pudieron filtrar el aire de los tiempos neoliberales, fueron traicionados por las políticas de la democracia y ya no se necesitaron las dictaduras cívico-militares para imponer el ordenamiento, porque el discurso de la eficiencia y la eficacia había ganado la batalla, aún con los resultados de generación de pobreza y los indicadores de indigencia.

 

El mercado comenzó a ser el ordenador del sistema educativo, ministros de educación de los distintos colores políticos de los partidos del establishment accediendo a firmar convenios con fundaciones, ong y universidades privadas de elite, en algunos casos; con empresas EdTech, que nos “aseguran el futuro” de los “aprendizajes” desde la versión del capitalismo de plataformas, como es el caso de TICMAS, con récord de audiencia de especialistas en educación y dirigentes políticos en la Feria del libro.

 

Una nueva redefinición de aquello de Marshall McLuhan, “el medio es el mensaje” para la comunicación, que en la nueva clave post-educativa debería ser “la plataforma es el aprendizaje”, donde el otro formante del binomio dialéctico queda borrado, la “enseñanza”.

 

El fin de la docencia se viene anunciando desde hace décadas, primero con las campañas de desprestigio organizadas desde el discurso transpolítico, Banco Mundial, OCDE, UNESCO, dirigentes políticos, funcionarios de turno, periodismo “independiente” y la lista sigue…

 

Mientras escribo este artículo, está finalizando la jornada del paro docente en todos los niveles de la enseñanza, por demandas salariales y laborales, también piden un aumento de emergencia para los docentes jubilados y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además de infraestructura, entre otras demandas y a un mes de la Marcha Universitaria.

 

En la semana de la pueblada en Misiones donde los docentes y lxs trabajadores de la Salud hicieron punta con los reclamos salariales a los que se sumaron la policía y los tareferos. Los docentes, con salarios de $270.000, fueron reprimidos por sus reclamos en la legislatura y en la casa del gobernador (como venimos informando en tramas).

 

También finalizó el debate en diputados, se reunieron de manera conjunta la comisión de educación y la de presupuesto por la emergencia presupuestaria en universidades. La reunión finalizó con tres dictámenes, el de la mayoría es de Unión por la Patria (UP) y el Frente de Izquierda (FIT-U) en el que se pide la inclusión del FONID. El próximo encuentro será el martes 28.

 

Esta es, simplemente, una parte del panorama actual en relación con la historia, signada por el control administrativo de la burocracia y la dominación de la colonialidad del poder en beneficio de intereses espurios. Un oxímoron en el que el sistema educativo confronta y desafía lo único por lo cual tiene significación, la escuela y la universidad públicas, que bien podrían funcionar en otro contexto, sin el peso de un sistema que lejos de sostenerlas e impulsarlas, las agrede, las ahoga y las degrada.

 

Eso es lo que estos sistemas tienen para ofrecernos, los beneficios de los intereses privados en los asuntos públicos, los negocios empresariales a expensas de las investigaciones científicas realizadas en las universidades públicas, como los convenios celebrados con la corporación minera, en algunos casos o con la generación de transgénicos en otros.

 

Son algunas de las formas “eficientes” de financiamiento al que están sometidas las universidades y de las que también tiene que dar respuestas el propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), como promotor de ese maridaje público/privado, que desvirtúa la esencia de la universidad.

 

Para cerrar, si el 90% del presupuesto universitario es para pagar los deprimidos salarios docentes, que ni siquiera el gobierno debate convocando a paritarias, es porque su representante máximo, autopercibido anarco capitalista, pretende, como lo escribió Onganía, una “limpieza académica” y el cierre programado de las universidades o su reconversión en unidades de conocimiento aplicado a los intereses empresariales y financiar las carreras que el mercado demande.

 

Solo haber escuchado lo que el señor presidente dijo en el marco del Congreso del Instituto de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), frente a la posibilidad de que de la Cámara surja la emergencia presupuestaria para la universidad, “Cualquier proyecto que manden desde el Congreso que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires,lo voy a vetar, me importa tres carajos”, nos dice todo sobre su interés por rol social del conocimiento y por la educación como derecho humano.

 

Después de todo, el evento que protagonizó el autor del libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” en el Luna Park, también constituyó un hecho pedagógico, nos enseñó que Narnia no solo es un relato fantástico, también puede ser fatalmente político.

 

Fuente: https://tramas.ar/2024/05/24/el-sistema-educativo-y-la-educacion/

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