La educación y el sujeto de la acción educativa

Por Guillermo Dávalos

En Bolivia aún el carácter universal y gratuito de la educación postulado por la CPE es una aspiración que contrasta sobre todo con la exclusión del sistema educativo de los adolescentes.

En Santa Cruz solo algo más de tres de cada diez adolescentes del nivel más pobre están escolarizados, subiendo a seis de cada diez en los tres siguientes niveles socioeconómicos y a ocho en los del nivel de mayores ingresos; por el otro lado, cerca de siete de cada diez de los del nivel más bajo de pobreza están incorporados al mercado laboral poniendo en evidencia que a mayores niveles de pobreza, mayor inserción temprana al mercado laboral y por tanto, mayor exclusión del derecho a la educación, reproduciendo el círculo vicioso de pobreza e inequidad.

Este es el contexto que explica la privación de libertad de 183 adolescentes varones y 18 mujeres menores de 18 años, además de 115 bajo medidas socioeducativas en los centros dependientes de la Gobernación de Santa Cruz y el Centro Fortaleza de la iglesia católica, quienes están asumiendo de manera auspiciosa la educación como derecho humano en contextos de privación de libertad.

La educación de las personas menores de 18 años en el encarcelamiento se presenta como un escenario altamente complejo, por la escasa pertinencia dado el carácter burocrático centralista de la gestión educativa en Bolivia, que junto la escasez de ítems se tradujeron en un viacrucis de cerca de dos años para obtener la autorización del Ministerio de Educación e instalar el Centro de Educación Alternativa Amboró en el Centro de privación de libertad de El Torno con escasos tres ítems, que son complementados con media docena de profesores voluntarios y los técnicos del centro.

Más aún se tiene que recurrir a formas poco convencionales logrando que una unidad educativa permita de manera excepcional el acceso a la educación regular inscribiendo a 38 adolescentes, quienes pasan clases a distancia con apoyo del equipo interdisciplinario de los centros de privación de libertad y figuran como alumnos de la unidad educativa solidaria, puesto que no pueden acceder al CEA por restricciones de edad. Como corolario de este persistente empeño se logró la promoción de una docena de bachilleres a los que sumará otro tanto esta gestión, los que a la fecha carecen de oportunidades de profesionalización.

Está claro, por tanto, que el primer reto para asegurar el derecho a la educación pasa por romper con el secante centralismo de la gestión educativa de manera que la misma sea pertinente a los sujetos poseedores de este derecho que, en el caso de adolescentes menores de 18 años privados de libertad, debe darse en el marco de una inserción o inclusión social que fortalezca sus capacidades en la construcción de planes de vida y de compromiso frente al mundo en el que viven pugnando por integrarse al mundo adulto y por el otro se oriente a la tecnificación y apropiación de conocimientos y herramientas a través de un plan de capacitación para el trabajo.

A los jóvenes que salen de las cárceles sin educarse, además se le suman las condiciones deficitarias e inferiores que suelen impactar en la subjetividad por estar en el encierro, transformándolos en personas frustradas, con más resentimiento, más hostilidad, más violencia, más vulnerabilidad. Este contexto los suele hacer volver al circuito de violencia y delito que sumado a las condiciones sociales y económicas, la estigmatización y las familias que los reciben con una alta vulnerabilidad, solo logran profundizar los procesos de exclusión.

Fuente del artículo: https://www.eldeber.com.bo/opinion/La-educacion-y-el-sujeto-de-la-accion-educativa-20180814-0007.html

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Educación, ¿primera responsabilidad del Estado?

Por: Guillermo Dávalos

Las medidas extremas asumidas por el magisterio cruceño demandando el incremento de maestros para cubrir el déficit de alrededor de 1.500 docentes en el departamento de Santa Cruz, junto con otras demandas sectoriales, nos obliga a cuestionarnos sobre el precepto constitucional que proclama que “la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla” (Art.77 de la CPE).

Revisando los datos, verificamos que, hasta el 2004, lo que se logró fue que el gasto en educación ascendiera al 4,7% del PIB y el 13% del presupuesto general del Estado. Trece años después se constata que el presupuesto de educación no ha crecido sustancialmente, puesto que el presupuesto del sector educativo en 2016 representó algo más del 20% del presupuesto total del Estado (con universidades) y un 8,2% del PIB. Si se quita el gasto de universidades, la participación del sector educativo se reduce al 6,2% del PIB. Es decir que, en términos relativos, no ha variado mucho la asignación presupuestaria a educación.

Por otra parte, los hogares en Santa Cruz destinan, en promedio, la mayor parte de su presupuesto hacia la alimentación (53%). El siguiente sector al cual destinan sus recursos son los gastos en vivienda y servicios básicos (18%), seguidos por los gastos en educación (6,5%). Este último gasto es mayor al que se destina a vestimenta e inclusive a salud.

En la educación pública, el Estado cubre alrededor del 80% del costo de la educación de los niños, niñas y adolescentes y el 20% restante los hogares, destacándose que casi un 95% de estos recursos se destina al pago de salarios de alrededor de 40.000 maestros cruceños. El dato importante que interesa destacar es que la cuantía del gasto por alumno en educación, desde una perspectiva comparada en el contexto sudamericano, en Bolivia es bajo.

Sin embargo, el nivel de inversión no es el único indicador que hace a la calidad educativa, puesto que, como el caso de Finlandia, que sin ser los que más invierten en educación (menos del 7% del PIB), ni los que imponen la mayor carga horaria a los niños en las escuelas, ni se inclinan por dar cantidades excesivas de tarea para la casa, ni excesivos y periódicos exámenes, pero siempre ocupan los primeros puestos en las listas internacionales que evalúan los niveles educativos.

Son muchos los factores que hacen que la educación en Finlandia sea una de las mejores del mundo, pero uno de los temas clave, según varios expertos, es la calidad de los profesores. «El profesorado tiene un nivel de formación extraordinaria, con una selección previa tan exigente que no se compara con ninguna otra en el mundo», explica Xavier Melgarejo, un sicólogo y sicopedagogo español que estudia el sistema educativo en Finlandia desde hace más de una década.

La contraparte de esta exigencia es el reconocimiento, no necesariamente en términos económicos, ya que los sueldos de los educadores no
presentan grandes diferencias con el resto de Europa, pero «los maestros son considerados profesionales académicos y tienen la responsabilidad de desarrollar su trabajo, por eso se ejerce sobre ellos un control social», explica la Secretaria Permanente del Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia.

Contrariamente, en Bolivia los maestros no solo han perdido en el último tiempo gradualmente el reconocimiento de la sociedad, sino que
además no están sometidos a ningún control de calidad, puesto que por disposición del artículo 2 inciso 6 de la Ley de Educación: “Se garantiza la carrera docente y la inamovilidad del personal docente, administrativo y de servicio del magisterio nacional”. Es decir, basta graduarse de docente para tener garantizada su “inamovilidad” como educador en una suerte al parecer de apropiación del “derecho a la educación”.

No hay duda que nos hacemos parte del movimiento del magisterio enarbolando la bandera en procura de una educación universal, democrática, gratuita y de calidad, al mismo tiempo de plantear el reto de superar los llamados ‘derechos adquiridos’ como la ‘inamovilidad’ en procura de recuperar el derecho pleno a la educación    de los niños, niñas y adolescentes.

Fuente del Artículo:

https://www.eldeber.com.bo/opinion/Educacion-primera-responsabilidad-del-Estado-20180405-9433.html

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