Author: Guillermo Dávalos

Las medidas extremas asumidas por el magisterio cruceño demandando el incremento de maestros para cubrir el déficit de alrededor de 1.500 docentes en el departamento de Santa Cruz, junto con otras demandas sectoriales, nos obliga a cuestionarnos sobre el precepto constitucional que proclama que “la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla” (Art.77 de la CPE).

Revisando los datos, verificamos que, hasta el 2004, lo que se logró fue que el gasto en educación ascendiera al 4,7% del PIB y el 13% del presupuesto general del Estado. Trece años después se constata que el presupuesto de educación no ha crecido sustancialmente, puesto que el presupuesto del sector educativo en 2016 representó algo más del 20% del presupuesto total del Estado (con universidades) y un 8,2% del PIB. Si se quita el gasto de universidades, la participación del sector educativo se reduce al 6,2% del PIB. Es decir que, en términos relativos, no ha variado mucho la asignación presupuestaria a educación.

Por otra parte, los hogares en Santa Cruz destinan, en promedio, la mayor parte de su presupuesto hacia la alimentación (53%). El siguiente sector al cual destinan sus recursos son los gastos en vivienda y servicios básicos (18%), seguidos por los gastos en educación (6,5%). Este último gasto es mayor al que se destina a vestimenta e inclusive a salud.

En la educación pública, el Estado cubre alrededor del 80% del costo de la educación de los niños, niñas y adolescentes y el 20% restante los hogares, destacándose que casi un 95% de estos recursos se destina al pago de salarios de alrededor de 40.000 maestros cruceños. El dato importante que interesa destacar es que la cuantía del gasto por alumno en educación, desde una perspectiva comparada en el contexto sudamericano, en Bolivia es bajo.

Sin embargo, el nivel de inversión no es el único indicador que hace a la calidad educativa, puesto que, como el caso de Finlandia, que sin ser los que más invierten en educación (menos del 7% del PIB), ni los que imponen la mayor carga horaria a los niños en las escuelas, ni se inclinan por dar cantidades excesivas de tarea para la casa, ni excesivos y periódicos exámenes, pero siempre ocupan los primeros puestos en las listas internacionales que evalúan los niveles educativos.

Son muchos los factores que hacen que la educación en Finlandia sea una de las mejores del mundo, pero uno de los temas clave, según varios expertos, es la calidad de los profesores. «El profesorado tiene un nivel de formación extraordinaria, con una selección previa tan exigente que no se compara con ninguna otra en el mundo», explica Xavier Melgarejo, un sicólogo y sicopedagogo español que estudia el sistema educativo en Finlandia desde hace más de una década.

La contraparte de esta exigencia es el reconocimiento, no necesariamente en términos económicos, ya que los sueldos de los educadores no
presentan grandes diferencias con el resto de Europa, pero «los maestros son considerados profesionales académicos y tienen la responsabilidad de desarrollar su trabajo, por eso se ejerce sobre ellos un control social», explica la Secretaria Permanente del Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia.

Contrariamente, en Bolivia los maestros no solo han perdido en el último tiempo gradualmente el reconocimiento de la sociedad, sino que
además no están sometidos a ningún control de calidad, puesto que por disposición del artículo 2 inciso 6 de la Ley de Educación: “Se garantiza la carrera docente y la inamovilidad del personal docente, administrativo y de servicio del magisterio nacional”. Es decir, basta graduarse de docente para tener garantizada su “inamovilidad” como educador en una suerte al parecer de apropiación del “derecho a la educación”.

No hay duda que nos hacemos parte del movimiento del magisterio enarbolando la bandera en procura de una educación universal, democrática, gratuita y de calidad, al mismo tiempo de plantear el reto de superar los llamados ‘derechos adquiridos’ como la ‘inamovilidad’ en procura de recuperar el derecho pleno a la educación    de los niños, niñas y adolescentes.