José Joaquín Brunner

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Contradicciones dentro del capitalismo académico

mayo 4, 2016febrero 26, 2023José Joaquín Brunner

José Joaquín Brunner

Resulta difícil imaginar que en las actuales circunstancias se pueda llevar a efecto una reforma paradigmática de las políticas y del sistema de educación superior para sustraerlo de las contradicciones del capitalismo académico y elevarlo a la condición de un servicio público universal, gratuito, de calidad y libre de las tensiones del entorno. Una cosa son los deseos y las ilusiones; otra distinta es realizarlos en la práctica.

En este cuadro, se observa el inicio -en años recientes- de lo que podría llegar a ser un verdadero cambio de marea en las políticas de educación superior en la región. De hecho, según un estudio en elaboración, 11 de los 19 países latinoamericanos han promovido “iniciativas significativas de cambio de la legislación de base de la educación superior”.

Una revisión panorámica de dichos cambios permite constatar que ellos corresponden en su mayor parte a una reacción frente a lo que se consideran excesos de las políticas neoliberales que favorecieron la privatización de la expansión, la creación de mercados en el ámbito de la educación superior y el uso por parte de los gobiernos de mecanismos e instrumentos de cuasimercado para el financiamiento de las instituciones estatales. Como consecuencia, los sistemas nacionales habrían perdido cohesión, crecido anárquicamente y segmentado social y académicamente, debilitado su vocación pública y capacidad de servicio al desarrollo y bienestar nacionales. En breve, habrían sido envueltos por el capitalismo académico y hoy se desenvolverían de acuerdo a sus lógicas.

Un buen ejemplo de este cambio de marea es la reforma en curso en Chile, aunque recién se halla al comienzo de su concreción.

Programáticamente, esta reforma se propone modificar el paradigma de la política pública en el sector. Se trataría de pasar de la educación superior entendida como un bien de consumo, se dice, a entenderla como un derecho social garantizado. Representaría un intento por desmercantilizar o descomodificar la educación superior chilena. En otras palabras, el objetivo programático y paradigmático sería crear un espacio desprivatizado (no comercial ni competitivo) para el desarrollo de una educación pública entendida como un bien público “puro” y, por ende, exclusivamente financiado por la renta nacional. Desaparecerían los precios (de mercado) de la educación superior y ella sería sujeta a una regla de “gratuidad universal”, según proclama el gobierno de la Presidenta Bachelet.

Por lo mismo, desprivatizar la provisión supondría traspasar una parte progresivamente mayor de la matrícula del sector privado al estatal, aumentando el tamaño actual de las universidades estatales y creando un amplio conjunto de nuevas instituciones de este tipo en las principales ciudades del país. De hecho, desde ya el Estado ha acordado crear dos nuevas universidades regionales, pero de tamaño menor, y una red de centros de formación técnica (formación de ciclo corto), uno en cada una de las 15 regiones del país. De modo que la tarea de incrementar significativamente el peso de la provisión estatal aparece todavía como una cuestión incierta y constituye un formidable desafío.

Desprivatizar el financiamiento, por su lado, supondría sustituir gasto privado por gasto fiscal, incrementando el financiamiento del Estado hasta alcanzar en el límite un 100% del gasto en educación de pregrado al momento de materializarse la “gratuidad universal”. En ese momento, el fisco chileno se transformaría en líder mundial de gasto en educación superior, por encima incluso de los países nórdicos, pero con una captación de recursos por vía de impuestos inferior a la mitad de aquellos países. Es decir, se trata de un desafío aún más formidable que el anterior. Y, a todas luces, imposible de afrontar en el actual estado de desarrollo del país, con su actual carga tributaria y con los enormes déficit de arrastre en cuanto a gasto público en educación temprana y cuidado de los niños y en los niveles primario y secundario de la educación.

Adicionalmente, la reforma chilena buscaría modificar los demás componentes del modelo de gasto público de la educación terciaria, de tal manera de: (i) eliminar progresivamente el actual esquema de apoyos estudiantiles basado en créditos y becas, (ii) ofrecer un trato preferente a las instituciones estatales mediante fondos basales (no condicionados), (iii) mantener los subsidios directos actuales al grupo de universidades privadas “con vocación pública” como se las denomina, ampliando su número, y (iv) perseverar en el uso de ciertos mecanismos de cuasimercado (como fondos competitivos y contratos de desempeño) para el financiamiento de funciones de bien público de las universidades que reciben financiamiento directo del Estado.

Las anteriores medidas serían complementadas con cambios en la gobernanza del sistema de manera de ampliar la esfera de atribuciones del Estado fortaleciendo sus roles de supervisión, fiscalización, regulación y control de la calidad.

Como puede verse, se trata de un plan ambicioso -que a veces he llamado iluso e inviable- de reformas que, expresivas del cambio de marea que parece estar ocurriendo en América Latina, reúne en un solo paquete un conjunto de reformas que diferentes otros gobiernos en la región vienen promoviendo separada y gradualmente durante el último quinquenio.

De cualquiera manera, como he argumentado en ocasiones anteriores, resulta difícil imaginar que en las actuales circunstancias se pueda llevar a efecto una reforma paradigmática de las políticas y del sistema de educación superior para sustraerlo de las contradicciones del capitalismo académico y elevarlo a la condición de un servicio público universal, gratuito, de calidad y libre de las tensiones del entorno. Una cosa son los deseos y las ilusiones; otra distinta es realizarlos en la práctica.

Foro Líbero.

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Más allá de la educación para todos

abril 28, 2016febrero 26, 2023José Joaquín Brunner

Jose Joaquin Brunner

Sean las que sean, éstas debiesen ir un paso más allá de las metas de Educación para Todos (EPT), hacia las cuales las sociedades nacionales de la región -y sus diversos grupos internos de clase, etnia, género y localización- han avanzado desigualmente[1]. Se trata de avances disímiles que, a su vez, han sido principalmente de acceso a, participación en, y cobertura cuantitativa de la educación en los niveles pre-primario, primario, secundario y terciario.

Lo que se requiere ahora es algo mucho más difícil de lograr. Se trata de transformar la experiencia educativa -especialmente la de los niños y jóvenes provenientes de los sectores de menores recursos- en un proceso que por un lado compense las desigualdades de origen socioeconómico y cultural y, por el otro, los prepare para aprender a lo largo de la vida y así poder ejercer roles adultos en un medioambiente caracterizado por el cambio continuo, la inseguridad y la presión productiva.

La expansión de las oportunidades educacionales en América Latina no ha servido hasta ahora para compensar las desigualdades de origen socioeconómico y cultural. Si bien es cierto, hoy en día millones de niños y jóvenes antes excluidos de la educación ingresan al proceso formativo K-12 (término que engloba la educación preescolar, primaria y secundaria), en promedio una mitad no lo completa y la otra mitad sigue trayectorias altamente disímiles desde el punto de vista de la calidad formativa. En efecto, entre quienes completan la educación secundaria -condición para evitar el riesgo de caer bajo la línea de la pobreza en América Latina- en promedio, un 50% no ha logrado a los 15 años el dominio mínimo de las competencias de aprendizaje definidas por la prueba PISA.

En breve, la educación ampliada que hoy se ofrece en la región más que compensar por las desigualdades de origen tiende a reproducirlas y con ello a limitar el futuro de la mayoría de los jóvenes. De hecho, solo una fracción de ellos está en condiciones de acceder a la educación terciaria. Por lo mismo, la mayoría de los jóvenes -con educación secundaria de baja calidad o una escolarización aun menor- no se encuentra lo suficientemente preparada para continuar aprendiendo a lo largo de la vida, integrarse al mundo del trabajo, asumir sus responsabilidades cívicas y enfrentar las incertidumbres de la vida contemporánea. Como consecuencia sus expectativas de movilidad social, satisfacción de necesidades materiales y culturales así como sus deseos de aprovechamiento de las oportunidades y bienes de la modernidad, se ven frustradas. Un sordo malestar resulta de estas circunstancias, malestar que tal como ocurre con los volcanes de la cordillera de Los Andes, hace erupción cada cierto tiempo tornando inestable el orden político y la convivencia social.

¿Cómo avanzar entonces a partir del 2015 hacia un horizonte educativo más equitativo para la población de niños y jóvenes latinoamericanos?

1. Primero que todo debería extenderse, hasta universalizarla, laeducación preescolar. Junto con esto, debiesen desarrollarse programas de Atención y Educación para la Primera Infancia (AEPI) para los niños y niñas del 60% de los hogares con menores recursos. Estas iniciativas debiesen contar con personal profesional altamente calificado e infraestructura y equipamiento de máxima calidad. Mientras Latinoamérica no logre esta meta, no podrá valerse de la educación como un medio para compensar por las desigualdades de origen socioeconómico y cultural. Durante los próximos 15 años ésta debiese ser la prioridad absoluta de la política pública, la acción del Estado, la inversión pública y la cooperación con los privados.

2. En seguida, cabe asegurar a todos los niños y jóvenes latinoamericanos un proceso K-12 que ofrezca a todos una experiencia formativa conducente al dominio mínimo necesario de las competencias y destrezas básicas de aprendizaje de acuerdo al estándar internacional diseñado por PISA. Esto, con independencia de su hogar de origen, clase social, género, etnia o localización. El desafío es transformar la efectividad y calidad de los colegios en una real palanca para igualar al máximo posible los resultados del aprendizaje.

3. Las dos metas anteriores suponen satisfacer tres requisitos sine qua non: (i) que el sistema de educación superior provea a la AEPI y al ciclo K-12 del personal docente y directivo calificado para convertir a los colegios que actualmente tienen un desempeño mediocre o fallido en colegios efectivos capaces de alcanzar los estándares de aprendizaje propuestos; (ii) que los gobiernos, en conjunto con las sociedades civiles a nivel nacional y local, cuenten con programas de apoyo para esos colegios que necesitan transformarse, y (iii) que el gasto público destinado a la educación en América Latina sea utilizado prioritariamente y con fuertes exigencias en la rendición de cuentas para cumplir con los objetivos señalados anteriormente. Esta idea apunta a revertir la situación actual en la que una proporción de los recursos se destina a los dos quintiles de mayores ingresos, con un fuerte efecto regresivo.

4. Por último, además de mejorar drásticamente la formación del personal docente y directivo para los demás niveles del sistema educacional, es imprescindible revisar las políticas y metas de la educación terciaria, con el propósito de cumplir los siguientes tres objetivos:

(i) Desarrollar fuertemente la Educación y Formación Técnico-Profesional en conexión con las cambiantes necesidades del sector productivo y con su activa participación y colaboración. De esta manera se busca reducir la presión que existe sobre la demanda por carreras profesionales de base académica, larga duración y alto costo;

(ii) Garantizar la mayor disponibilidad de información posible para orientar la elección de los jóvenes al momento de ingresar a la educación terciaria. Esta propuesta se orienta a reducir las altas tasas de deserción, la frustración de expectativas, el derroche de recursos públicos y privados y el potencial fraude que acarrean consigo mercados poco transparentes y con fuertes asimetrías de información;

(iii) Fomentar activamente la investigación educacional tanto con recursos del Estado como por medio de la cooperación internacional. El trabajo debiese orientarse tanto hacia la solución de problemas del sistema de AEPI, escolar y terciario como hacia la innovación pedagógica, de forma tal que las políticas públicas cuenten con evidencia sobre la cual apoyarse, los docentes con medios de conocimiento para mejorar sus prácticas y las sociedades nacionales con información y argumentos que les permitan deliberar y decidir sobre los cursos más propicios para la acción educacional.

Nota: [1] Este artículo fue publicado originalmente con el título de Latin America: A Post-2015 Education Agenda en NORRAG News Nº49 de Octubre del 2013 de Network for international policies and cooperation in education and training].

Ecoportal.net

Adital

http://site.adital.com.br/

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Participación ciudadana: posibilidades y límites

abril 28, 2016abril 27, 2016José Joaquín Brunner

Cabe esperar que un sano debate acompañe a este proceso de modo de evitar que se transforme en un vehículo de mistificación o sea usado para manipular a los ciudadanos.

Hay diferentes expectativas e interpretaciones respecto del proceso de participación consultiva impulsado por el gobierno con el propósito de obtener insumos para la formulación de una nueva Constitución. Asimismo, la puesta en marcha de este proceso ha dado lugar a una serie de controversias. ¿Hubo suficiente información de manera de incentivar la participación? ¿Sirvió de algo la etapa previa de educación cívica? ¿Llegaron a evaluarse sus resultados? ¿Existe un informe público al respecto? ¿Cuánta gente participó en la fase educacional preparatoria y cuánta se espera participe en la actual consulta-conversación? ¿Qué resultado se espera del período de cabildos y grupos autoconvocados? ¿En cuál papel cabe el Consejo Observador en este procedimiento consultivo? ¿Por qué debe ser observado el proceso?

La literatura reconoce una amplia variedad de procedimientos de participación en procesos de naturaleza política, con desigual alcance o cobertura y el uso de diferentes medios y metodologías.

Por ejemplo, pueden usarse referendos, audiencias públicas, encuestas de opinión, grupos focales, elaboración negociada de reglas y normas, conferencias de consenso, paneles o jurados ciudadanos, comités asesores públicos o ciudadanos, consultas a partir de documentos técnicos de autoridad, etc. Es interesante revisar algunas características de estos procedimientos para entender mejor aquel elegido por el gobierno. De hecho, cada uno cumple diferentes funciones, impone disímiles demandas de tiempo y usa distintos mecanismos.

Así, los referendos pueden involucrar a toda la población de un país o una comuna; suelen tener amplia cobertura. Los ciudadanos participantes votan. La participación es instantánea y se consuma en ese acto. Habitualmente se elige entre una o dos alternativas. Cada voto vale igual. El resultado es vinculante. En Chile se ha habla de usar este método para ratificar popularmente la carta constitucional que surja de los procedimientos previos.

Diferente es el modo de operación de las encuestas de opinión pública. En este caso se administra un cuestionario a una muestra representativa (cientos o miles de personas) de la población debidamente estratificada o segmentada. Las entrevistas mismas se realizan en un acto que puede tomar desde unos pocos minutos hasta una hora o más, según la amplitud del cuestionario. Y el procedimiento puede durar desde unos pocos días a algunas semanas. Puede llevarse a cabo presencialmente, cara a cara, o vía telefónica. Sirve esencialmente para reunir información. Se utiliza de forma intensa para fines comerciales o políticos. En interacción con los medios de comunicación, redes sociales, opinólogos y analistas que difunden e interpretan los resultados cuantitativos, las encuestas dan lugar al constructo que solemos llamar ‘opinión pública encuestada’, la que luego es invocada por la clase política con diferentes fines. En Chile, las encuestas se han convertido en una de las plataformas más utilizadas para guiar la polis. Así, el mercado de las ideas ha sido gradualmente reemplazado por el mercado de las preferencias.

Los grupos focales (focus groups) son instancias en que se reúne un número de 5 a 15 personas representativas del público o públicos objeto de indagación para conversar con un mínimo de dirección y orientación sobre uno o más asuntos propuestos por un facilitador. Persiguen conocer, por vía del análisis de esas conversaciones que son grabadas o filmadas, las opiniones o actitudes de los colectivos representados respecto de un temario implícito. Se usa extensamente en estudios de mercado, incluido el mercado de preferencias políticas y/o para profundizar sobre temas de seguridades ciudadana, reacciones frente a hechos o reformas, etc. En Chile su uso se ha extendido partiendo por el ágora hasta llegar a la acrópolis y la polis.

Las audiencias públicas son frecuentemente utilizadas por el Congreso y el gobierno para conocer opiniones expertas y/o de grupos de interés y partes interesadas sobre asuntos específicos, con el propósito de elaborar posteriormente o de afinar una política pública. Las audiencias pueden durar algunas horas o prolongarse a los largo de semanas o meses según el número de grupos, corrientes de opinión e intereses se desee escuchar y la complejidad de la agenda consultada. La información recogida puede o no incidir en los tomadores de decisiones; esto depende exclusivamente de quienes deciden y organizan las consultas. En Chile, los últimos gobiernos han empleado frecuentemente este medio de consulta en materias educacionales, de salud, medioambientales, relativas a la previsión, el transporte y para la legislación sobre transparencia y anti-corrupción.

La formulación de reglas negociadas se produce mediante la convocatoria a comités de trabajo donde las partes interesadas y representantes de la autoridad pública se reúnen para acordar una regulación de un cierto asunto o proceso, en un tiempo limitado. Suele practicarse en algunos países en materias medio ambientales o en instancias de regulación industrial y laboral.

Los paneles/jurados de ciudadanos elegidos para representar las diversas visiones respecto de un asunto controvertido funcionan en sesión cerrada con un facilitador independiente y la ayuda de expertos. Se reúnen en varias ocasiones hasta alcanzar algunas conclusiones que son dadas a conocer a través de un reporte o mediante una conferencia de prensa. A diferencia de las audiencias expertas, estas instancias implican a personas que no son especialistas y aportan el juicio ciudadano.

Los comités asesores integrados por públicos o ciudadanos se integran asimismo con personas representativas de la comunidad y/o de partes interesadas. Se reúnen convocadas por una autoridad durante un tiempo de varias semanas o meses para discutir sobre algún asunto relevante y facilitar una determinada solución o abordaje de un problema. Se ha usado, por ejemplo, tras algunas catástrofes para reparar daños o iniciar la reconstrucción de lugares.

Por último, las conferencias de consenso reúnen a miembros del público general (sin conocimiento especializado) en número de 10 a 20 seleccionados por un comité organizador, los cuales tras ser informados y preparados en la materia bajo escrutinio deliberan con ayuda de un facilitador, consultan a expertos y organizan audiencias, arribando a conclusiones que son transmitidas al público. Pueden servir para luego escalar hacia consensos mayores, a partir de una base que ha sido previamente construida pensando en facilitar acuerdos.

Las consultas a partir de documentos técnicos preparados por la autoridad son utilizados por los gobiernos y agencias públicas con el fin de recibir opiniones ciudadanas sobre una propuesta. Sirven para dar un sustento más amplio al conocimiento experto al mismo tiempo que para enriquecer los contenidos de la propuesta ajustándolos a las percepciones del público.

Como puede verse, hay un variado arco de posibilidades de participación.

En el caso de la consulta organizada por la administración Bachelet, bajo la supervisión de un consejo independiente de observadores, se trata de un procedimiento complejo que durará varios meses. Se inicia -como se señaló antes- con cabildos y grupos autoconvocados a nivel comunal para luego ascender al nivel provincial y regional y concluir, finalmente, en el nivel nacional, mediante la elaboración de un informe síntesis de todas las anteriores etapas. Este documento servirá a la autoridad presidencial como insumo no-vinculante para la elaboración de las bases de una nueva constitución, las que serán entregadas al Congreso Nacional, el cual determinará el procedimiento a seguir para discutir y aprobar la nueva carta fundamental.

Si bien puede ser engorroso, este procedimiento establece un mecanismo adicional de participación al lado de los anteriores, aunque limitado en sus resultados. A fin de cuentas, se trata nada más que de reunir insumos no vinculantes. Es un mecanismo que algunos han entendido como una suerte de encuesta desestructurada de opinión pública, sin muestra representativa de la población y carente también de un cuestionario de base que luego permita ordenar y ‘medir’ las opiniones expresadas. Asimismo, se ha dicho que se asemeja a una secuencia de numerosos grupos focales en torno a un temario complejo -las reglas básicas de la institucionalidad política de la República y los derechos de los individuos- con facilitadores pero sin una metodología equivalente para recoger las opiniones ni para interpretarlas posteriormente.

En realidad, se trata de un medio adicional de auscultación y agregación de opiniones, deseos y preferencias recogidos en reuniones cara a cara, con una duración de tres o cuatro horas cada uno. Resultará en una expresión no-representativa, pero ojalá ‘masiva’ según esperan los patrocinadores gubernamentales de la consulta, de preferencias, las que deben servir para indicar las opiniones de un público no-especialista sobre la nueva constitución.

Algo similar, por tanto, al proceso de consulta aparentemente más expedito organizado por el Presidente Lagos, cuyo producto fue entregado ayer al público. Usando la tecnología digital de redes y sin mayor parafernalia ni etapa previa de educación cívica, cumplió igualmente el rol de auscultar ideas y preferencias.

En Chile, la participación voluntaria en actividades de la polis, bien sabemos, es bastante baja, incluso en el acto de votar que supone una inversión limitada de tiempo y energía. A su vez, la participación voluntaria en actividades solidarias de la sociedad civil -en juntas vecinales, parroquias, sindicatos, gremios, asociaciones culturales y comunitarias, etc.- es también limitada.

Dados estos antecedentes, se teme que la participación para producir insumos que alimenten una actividad relativamente esotérica como es la elaboración de una nueva constitución, pudiera terminar siendo relativamente baja, menos del 1% del electorado en cualquier caso.

Ante dicho riesgo, se han esgrimido dos argumentos. Uno sostiene que lo importante no es el número, sino que la `participación sea representativa de las diversas fuerzas políticas y visones culturales existentes en el país; sería de suyo bueno si atrae a mil personas que reflejen la pluralidad de la polis (¿pero cómo saberlo?), mejor si son diez mil y óptimo si son cien mil. Por consiguiente, lo importante sería la posibilidad de participar y que los participantes sean lo más variado posible. Un segundo argumento -más complicado- declara que de la ‘masividad’ del proceso de consulta depende la legitimidad del ejercicio participativo. Esto es, si fuera suficientemente numeroso (sin que se diga cuán numeroso, sin embargo), el proceso terminaría siendo representativo de una suerte de soberanía popular.

En realidad, estas formas meramente consultivas de participación difícilmente pueden reclamar para sí un poder legitimatorio, pues carecen ellas mismas de una fuente clara de legitimidad. Por eso se las define y entiende -desde el comienzo- como no-vinculantes.

Efectivamente, ellas no forman parte de una costumbre bien establecida y autoritativa que pudiera otorgarles un título especial de legitimidad tradicional; al contrario, se proclama su carácter innovador, de invento social e ingeniería de la participación. Tampoco son parte de la institucionalidad normativa de nuestro ordenamiento estatal, por lo cual se organizan precisamente como una actividad voluntaria, propia de los modos flexibles y relativamente espontáneos de la sociedad civil, aunque contradictoriamente se les impone una suerte de supervisión gubernamental. Tampoco gozan de un marco carismático de justificación, como pudiera ser un quiebre extraordinario de la constitucionalidad, una crisis fenomenal o el nacimiento revolucionario de un nuevo poder. En suma, las consultas pertenecen más bien al orden de la racionalidad instrumental y no, en cambio, al de la racionalidad sustancial y expresiva de la política.

III

Por lo mismo, nos encontramos ante un procedimiento que se halla sujeto a los típicos problemas que suscitan esta clase de ejercicios administrativamente organizados de participación masiva.

Primero, la ambigüedad del producto final. Cual es, en este caso, insumos -opiniones, sentimientos, preferencias, deseos, enunciados no-vinculantes- que servirán a unas instancias relativamente imprecisas para preparar un documento que irá a dar a otras autoridades para fines ulteriores que el público difícilmente puede captar con claridad. Al final de todo esto, se supone, habría un referendo. Y allí se cerraría el círculo, dotándose a todo el proceso de legitimidad retrospectiva. De modo que la participación más decisiva sería esta última (el referendo y no aquella previa consistente en cabildos locales, provinciales, regionales y de síntesis a nivel nacional).

Segundo, la restricción que impone la escasez del principal recurso imprescindible para la participación. Se trata del tiempo que se necesita invertir en los procesos de participación, tiempo que -como enseñan March y Olsen y varios estudios- es el más escaso de los bienes y explicaría la baja participación cada vez que ésta exige dedicar varias horas a desplazamientos, reuniones, asambleas, discusiones. Esto puede afectar desigualmente a mujeres y hombres, a distintos grupos de edad y varía según la época del año, la distancia hasta los locales de encuentro, la intensidad de la demanda por tiempo en otras actividades que compiten con la participación, las motivaciones individuales, el capital social y cultural de las personas, etc.

Tercero, los sesgos que pueden introducirse en diferentes momentos del proceso participativo distorsionando la pureza habermasiana de la deliberación racional, lo cual explica seguramente que el gobierno haya puesto el proceso en su integridad bajo la supervigilancia de un consejo de observadores independientes, aun sin poder evitar con ello el riesgo de que dichos sesgos ocurran ni poder atemperar las desconfianzas que surgen de la pregunta sobre quién es el guardián de los guardianes y así al infinito.

Cuarto, el riesgo que estas instancias de participación sean capturadas por minorías activas. Podría suceder con reuniones individuales, al imponer unos pocos su voluntad y activismo y conducir la deliberación hacia un fin preestablecido. O bien con una cadena de reuniones donde un grupo político organizado o una organización voluntaria controla las conclusiones actuando coordinadamente en medio de la dispersión de las voces espontáneamente congregadas.

En suma, estamos ante un experimento social probablemente más interesante para el posterior análisis sociológico y de la ciencia política que por su impacto real y efectivo en el proceso conducente a dar una mayor base de participación ciudadana y de legitimidad a la nueva constitución. Cabe esperar, por lo mismo, que un sano debate acompañe a este proceso de modo de evitar que se transforme en un vehículo de mistificación o sea usado para manipular a los ciudadanos.

Publicado en El Libero 27/4 /2016

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Entrevista a Miguel Tovar, periodista “El fotoperiodismo es un compromiso social”

abril 24, 2016abril 23, 2016José Joaquín Brunner

Katy García /PrensaRed

El periodista visual cuenta su experiencia en la cobertura de la masacre de los 43 normalistas ocurrida en México. Varias de las fotografías publicadas en el capítulo Vidas del libro Ayotzinapa, Horas Eternas, de Paula Mónica Felipe, le pertenecen. Manifestó su preocupación por los asesinatos de periodistas en su país asolado por el narcotráfico.

Miguel Tovar (38) es mexicano. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y además realizó estudios sobre cine. Trabaja para la agencia internacional de imágenes Getty. Antes, fue corresponsal de Associated Press (AP). A fines de marzo estuvo en Córdoba acompañando a Paula Mónaco Felipe, en las presentaciones del libro Ayotzinapa. Horas eternas. El texto cronica desde la mirada de las víctimas los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 que derivaron en la masacre.
(1) No solo comparten el trabajo. Son pareja. De esa unión nació Camilo, que tiene seis años.

La noche anterior a su regreso a México, luego de compartir en el Archivo Provincial de la Memoria la inauguración de una página interactiva que brinda información sobre los detenidos desaparecidos de Córdoba, el fotoperiodista accedió a conversar con Prensared.

Sentado en el umbral de una de las puertas laterales de la Iglesia Catedral de Córdoba le contó a este medio cómo fue el proceso vivido por las familias de los jóvenes normalistas que de un día para otro tuvieron que hacerse fuertes, vencer el dolor y emprender una búsqueda a ciegas. Día a día lo registró con sus cámaras.

Llano, directo, habló de los riesgos de la profesión en un contexto de violencia política y la necesidad de organización del sector. Le preocupa que 115 periodistas hayan sido asesinados. Y destaca que los ataques siguen pero se ocultan.

También cubrieron otras temáticas sociales de fuerte impacto. “Para mí, el fotoperiodismo, es un compromiso social, es mostrar las problemáticas y las injusticias. No es para obtener beneficios, ni premios”, define, convencido. Dice que en México es común encontrar fosas y cadáveres. Pero fue la mirada de una mujer en Haití la que lo hizo reflexionar sobre los límites de la profesión.

“Cubrimos historias de terror allá en México”, manifestó. En el capítulo Solidaridad,precisamente, el poeta David Huerta habla del drama de aquel país y sus tragedias. “Esto es el país de las fosas/señoras y señores/Este es el país de los aullidos/Este es el país de los niños en llamas/Este es el país de las mujeres martirizadas/Este es el país que ayer apenas existía/ Y ahora no se sabe dónde quedó”. (Pág. 173, Ayopzinapa).

-Has participado junto a Paula Mónaco Felipe en la realización de un libro que reconstruye la desaparición forzada de los alumnos de una escuela rural. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

-El libro fue prácticamente una consecuencia, un accidente. Nunca lo planeamos, mucho menos yo. No pensé que esas imágenes pudieran ser parte de una reconstrucción de las historias de los chicos o del trayecto que se vivió durante un año y del movimiento que se creó. Fue una cobertura como otras que hicimos sobre los migrantes, los femicidios, los deportados. Yo digo que son historias de terror las que cubrimos allá en México. Fue una nota más al principio. Luego nos fuimos comprometiendo y adentrando.

-¿Cómo era el contexto que rodeaba la noticia y en ese marco cómo has organizado y compilado el trabajo desde el principio?

-Todos pensaban que en algún momento los jóvenes aparecerían. Era una sensación, un tema muy fuerte, y empezamos a documentar la noticia como periodistas. Después vimos que era más complejo. El gobierno empezó a decir que los restos que aparecían en fosas comunes eran de ellos. Algo que podría ser creíble porque en México es bastante común que haya desapariciones, que aparezcan fosas y se muestren restos. El panorama era desalentador pero al final veíamos que no era cierto y que todo tenía relación con la complicidad entre las autoridades y el crimen organizado. Desde los primeros días prácticamente en la primera semana junté bastante material.

– Al poco tiempo arriban los padres de los jóvenes y surge otra historia ¿Cómo viviste este proceso?

-Fuimos testigos de la formación del movimiento. Los padres empezaban a llegar, no se conocían entre ellos porque los jóvenes eran de nuevo ingreso. Apenas se empezaban a conocer con sus compañeros. No sabían sus nombres, si eran 43 o menos, o si se habían vuelto a sus casas. Era un total descontrol allí en el normal Isidro Burgos. Hemos visto cómo empezaron a resolver cuestiones básicas como la alimentación. La constante es que son personas de muy bajos recursos. Son campesinos, albañiles. Hemos visto, entonces, cómo se gestó esa organización desde lo más elemental que era resolver la comida para 80 personas que esperaban noticias de sus familiares. Con el tiempo, se armaron las brigadas y se hicieron acciones como volanteadas. Las giras, la búsqueda en las fosas en Iguala y otros pueblos. Abrazamos a los familiares y desde nuestro particular punto de vista como periodistas exigimos justicia. Sino cuando va a ser.

-¿Cómo ha sido la experiencia laboral compartida?

-El trabajo más importante lo hizo Paula. La reconstrucción y la investigación. Lo mío ni siquiera intenta ser cronológico sino que exhibe el apoyo popular, lo que fue ocurriendo. Pero hay imágenes claves por ejemplo la que muestra la quema de la puerta del Palacio Nacional. Fue muy simbólico. No lo hizo un familiar o un compañero, pero fue parte de la gente que se enardeció. Son fotos importantes para el proceso. No son los padres y sus rostros y cómo lo vivieron.

-Las noticias internacionales reportan con frecuencia asesinatos de periodistas y fotógrafos en México. ¿Tienen algún tipo de organización, cómo es?

-La realidad de los periodistas y comunicadores en general es que estamos en una de las etapas más negras. No tengo registro de tantos asesinatos de fotoperiodistas y periodistas. Sobre todo en la zona de los carteles. Mucha violencia, se produce una agresión cada dos horas. Es tremendo. Y puede venir de civiles o de personal del estado. Hasta ahora son 115 las víctimas. Existe la preocupación y entre compañeros se habla sobre la posibilidad de organizarnos.

¿Se visibiliza la problemática?

-En cierto momento parece que ha dejado de pasar. Pero no es así. Se ha dejado de hablar del tema. Los asesinatos son reales. Estamos en una de las peores situaciones de agresión a los periodistas pero hay un vacío de información de lo que realmente está pasando en México. A veces se sabe más afuera. Hay mucha presión y a veces los dueños de los medios ejercen la autocensura por diferentes causas. Pero hay gente que lo sigue haciendo de manera autónoma aunque reciben amenazas.

-¿Qué hecho o situación ha influido en tus convicciones o miradas sobre la profesión?

-Pienso que me cambió haber estado en Haití. Porque estamos acostumbrados a tener una barrera pero es innegable que te afecta ver el sufrimiento y el dolor de los demás. Nunca me interesé por premios. Para mí el fotoperiodismo e s un compromiso social, es mostrar las problemáticas, las injusticias. No para obtener beneficios ni premios. No va a cambiar el mundo por mis imágenes, he visto el sufrimiento de las personas y eso me ha cambiado.

– El fotoperiodista pone en juego el cuerpo, mucha adrenalina…

-Sí. No lo voy a negar. Antes era más arriesgado. Pero la vida me ha cambiado. No me meto a lugares jodidos. Si hace falta, lo hago. Pero tengo un hijo a quien cuidar. Guerrero es un lugar muy peligroso. Pero fue en Haití que tuve una experiencia muy fuerte. Llegué el segundo día del terremoto y me dediqué a tomar fotos de muertos y de cuerpos apilados. Trabajaba para AP. Una señora en la calle hizo que cambiara mi mirada. Eran varias, sentadas en unas sillas. Ella tenía un bebé todo vendado hasta el rostro. Le saqué varias tomas –dice gesticulando-y cuando bajé la cámara la mujer me miraba como si fuera un buitre. Eso cambió en mí la visión y me hizo reflexionar.

-¿Un aprendizaje que da el oficio?

-Creo que también fue una lección muy dura. Me volví. Había viajado sin llevar nada, en un avión de la Cruz Roja, como una aventura. Lo que tengo muy claro es que uno va aprendiendo del propio trabajo y hacer visible las cosas que suceden y aportar para que se sepan es mi objetivo.

Notas

1-Paula Mónaco Felipe es argentina, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social egresada de la UNC. Tenía 25 días cuando sus padres Luis Mónaco (Periodista) y Ester Mónaco (Psicóloga) fueron secuestrados y asesinados durante la última dictadura cívico militar. Actualmente se están juzgando estos crímenes en el marco de la megacausa La Perla.

Fuente de la entrevista: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=211161&titular=%93el-fotoperiodismo-es-un-compromiso-social%94-

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América Latina y Chile: ¿Hay salida del capitalismo académico?

abril 23, 2016abril 22, 2016José Joaquín Brunner

América Latina es la región del mundo con una mayor participación de matrícula privada dentro del total de la matrícula de educación terciaria. Según la cifra más reciente de la UNESCO, los 18 países latinoamericanos, exceptuando a Cuba, poseen una matrícula privada promedio de un 45% la cual, puesta al día para cada uno de ellos, podría estimarse ascendería a un 50% o más. Las cifras nacionales oscilan entre un 14% en el caso de Uruguay y un 84% para el caso a Chile. De hecho, puede decirse que en varios países de la región, la expansión, masificación y, en ciertos casos, universalización de la educación terciaria fue producto de procesos de privatización de la provisión. En un sentido podría afirmarse que ha culminado una amplia fase de expansión privatizada de la cobertura que se inició en los años ochenta y que estuvo acompañada por numerosas transformaciones en cuanto al financiamiento y la provisión de la educación superior, así como la multiplicación de los diplomas (títulos y grados) y el crecimiento de la heterogeneidad de los productos y servicios provistos y la calidad de los mismos.

Frente a este contexto, se observa el inicio –durante los años recientes– de lo que podría llegar a ser un verdadero cambio de marea en las políticas de educación superior en la región. Según un estudio en elaboración, 11 de los 19 países latinoamericanos han promovido “iniciativas significativas de cambio de la legislación de base de la educación superior”. Una revisión panorámica de dichos cambios permite constatar que ellos corresponden en su mayor parte a una reacción frente a lo que se consideran excesos de las políticas neoliberales que favorecieron la privatización de la expansión, la creación de mercados en el ámbito de la educación superior y el uso por parte de los gobiernos de mecanismos e instrumentos de cuasimercado para el financiamiento de las instituciones estatales. Como consecuencia los sistemas nacionales habrían perdido cohesión, crecido anárquicamente y segmentado social y académicamente, debilitado su vocación pública y capacidad de servicio al desarrollo y bienestar nacionales. En breve, habrían sido envueltos por el capitalismo académico y hoy se desenvolverían de acuerdo a sus lógicas.

Un buen ejemplo del significado y los límites de aquel cambio de marea es la reforma en curso en Chile, aunque todavía se halla en proceso de discusión, elaboración y recién al comienzo de su concreción. Programáticamente, esta reforma se propone modificar el paradigma de la política pública en este sector. Se trataría de pasar de la educación superior entendida como un bien de consumo, se dice, a entenderla como un derecho social garantizado. Representaría un intento de desmercantilizar o descomodificar de la educación superior chilena. En otras palabras, el objetivo programático y paradigmático sería crear un espacio desprivatizado (no comercial ni competitivo) para el desarrollo de una educación pública entendida como un bien público “puro” y, por ende, exclusivamente financiado por la renta nacional. Desaparecerían los precios (de mercado) de la educación superior y ella sería sujeta a una regla de “gratuidad universal”, según proclama el gobierno de la presidenta Bachelet.

Tan ambiciosa meta choca, sin embargo, con el hecho de que el régimen de provisión chileno es, como vimos, altamente privatizado tanto en la dimensión de la provisión (84% de la matrícula es privada) como en la dimensión del financiamiento (éste alcanza en Chile a un 2.5% del PIB, del cual al momento un 60% es aportado por los estudiantes y sus familias con el apoyo de becas y créditos subsidiados por el Estado). Por lo mismo, desprivatizar la provisión supondría traspasar una parte progresivamente mayor de la matrícula del sector privado al estatal, aumentando el tamaño actual de las universidades estatales y creando un amplio conjunto de nuevas instituciones de este tipo en las principales ciudades del país. De hecho, desde ya el Estado ha acordado crear dos nuevas universidades regionales, pero de tamaño menor, y una red de centros de formación técnica (formación de ciclo corto), uno en cada una de las 15 regiones del país. De modo que la tarea de incrementar significativamente el peso de la provisión estatal aparece aun como una cuestión incierta y constituye un formidable desafío.

Adicionalmente, la reforma chilena intentaría modificar los demás componentes del modelo de gasto público de la educación terciaria, de forma tal manera de: (i) eliminar progresivamente el actual esquema de apoyos estudiantiles basado en créditos y becas, (ii) ofrecer un trato preferente a las instituciones estatales mediante fondos basales (no condicionados), (iii) mantener los subsidios directos actuales al grupo de universidades privadas “con vocación pública” como se las denomina allí y ampliar su número, y (iv) perseverar en el uso de ciertos mecanismos de cuasimercado (como fondos competitivos y contratos de desempeño) para el financiamiento de funciones de bien público de las universidades que reciben financiamiento directo del Estado.

Las anteriores medidas serían complementadas con cambios en la gobernanza del sistema de manera de ampliar la esfera de atribuciones del Estado; el fortalecimiento de la institucionalidad de control de la calidad (acreditación); la creación de un régimen de supervisión y fiscalización del uso de los recursos (superintendencia); el establecimiento de un marco nacional de cualificaciones para ordenar la oferta de cursos y programas y la adopción de nuevas modalidades de admisión y cuotas de discriminación positiva para fines de mejorar la equidad.

Como puede verse, se trata de un ambicioso –iluso, lo llaman otros– plan de reformas que, expresivo del cambio de marea que parece estar ocurriendo en América Latina, reúne en un solo paquete el conjunto de reformas que diferentes gobiernos vienen promoviendo separada y gradualmente durante el último quinquenio.

Su aprobación en un solo paquete supondría una alta capacidad política-técnica y luego, su implementación, un aparato administrativo y de gobernanza de la educación superior dotado de una gran capacidad de ejecución. En ausencia de esos factores parece difícil que las reformas puedan acordarse y luego llevarse a la práctica. Existe la idea, además, que el gobierno Bachelet –que ha prometido presentar esas reformas durante los próximos meses– carece del respaldo de opinión pública, de los equipos, las habilidades y el tiempo requeridos para montar y conducir una tan compleja transformación socio-política, cultural y organizacional.

En suma, y cualquiera sea la evaluación sustantiva de las reformas anunciadas, resulta difícil imaginar que en los 24 meses que restan al actual gobierno, éste pueda poner en marcha una reforma paradigmática de las políticas y del sistema de educación superior para sustraerlo de las contradicciones del capitalismo académico y elevarlo a la condición de un servicio público gratuito, de calidad y libre de las tensiones del entorno. Por el contrario, lo más probable es que –por ahora– las contradicciones del sistema aumenten y su desempeño y resultados no mejoren significativamente.

José Joaquín Brunner es Profesor Titular de la Universidad Diego Portales de Chile y Director de la Cátedra UNESCO de políticas comparadas de Educación Superior.

Publicado originalmente en nexos: http://www.brunner.cl/?p=14120

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¿Hacia dónde se mueven las ideas políticas en América Latina?

abril 17, 2016José Joaquín Brunner

En casi todos los países de la región se echan de menos ideas e ideales y se busca -aunque solo sea discursivamente- refundar la política y abrir la imaginación hacia nuevos horizontes, relatos y narrativas. La pregunta es si eso es posible.

Hay una generalizada sensación de agotamiento de los ideales y las ideas políticas predominantes en el siglo XX. La izquierda comunista, esto es, los socialismos reales, colapsaron sin que se produjese el desplome del capitalismo que aquella anunciaba. La versión socialista más exitosa del pasado siglo, la socialdemocracia identificada con la construcción de los Estados de Bienestar en Europa occidental, pareciera hallarse en retirada; gobierna en pocos países y apenas ha tenido influencia en los procesos de transición desde los regímenes comunistas al capitalismo en los países de Europa Central y del Este.

Incluso entre los socialdemócratas se habla de una crisis de la socialdemocracia europea. Por ejemplo, Ernst Hillebrand plantea que “la pregunta de si la socialdemocracia en tanto proyecto político del siglo XX también tiene futuro en el siglo XXI aún no puede responderse en forma definitiva”. En efecto, señala, “la socialdemocracia ha perdido influencia incluso en el plano intelectual y en la actualidad le resulta prácticamente imposible instalar debates públicos. Tanto en el terreno político como en el ideológico, el movimiento socialdemócrata –así como la izquierda en general– es una fuerza debilitada, lejana de la hegemonía política y cultural que consiguió durante largos tramos del siglo XX”.

Mayor aún es la crisis de las ideas de la derecha, como reconocen los propios voceros de este sector. En particular el neoliberalismo, que durante las últimas décadas del siglo pasado representó la nueva hegemonía del capital financiero, y propugnó la expansión global de los mercados, su desregulación y penetración en todas las esferas de la vida, ha quedado atrapado en las crisis bancarias, especulativas y de fundamentos éticos del capitalismo ultra-financiero. Hoy representa una corriente ideológica descendente cuyo prestigio retrocede.

Al centro del espectro ideológico, en tanto, se ha ido instalando un vacío, pues ya no existen los poderosos polos de irradiación que en los momentos de la guerra fría dieron sentido a las alternativas democristianas y liberal-sociales y, posteriormente, a otras formulaciones de “tercera vía” como la socialdemocracia modernizante y liberal o los partidos demócratas con una ideología renovada de Estado-de-Bienestar-eficiente.

En este marco, las corrientes de izquierda, progresistas, favorables al cambio, se ven enfrentadas a la realidad de un capitalismo global cuyo horizonte, en el mejor de los casos, se halla compuesto por una variedad de capitalismos y modelos de desarrollo capitalista, combinados con diferentes modalidades de gobernanza, desde democrático-pluralistas hasta (pseudo)democracias plebiscitarias.

En América Latina, el mapa ideológico-político está redefiniéndose dentro de estas precisas coordenadas ideológicas. Por el lado de las izquierdas hay ahora diferentes propuestas que buscan conjugar capitalismo y Estado.

Muy de moda en la década pasada, pero ya no, están los capitalismos de Estado con “democracias plebiscitarias”. Es el caso de la Venezuela chavista, del Ecuador de Correa, la Bolivia de Evo Morales, la Argentina bajo los Kirchner. ¿En qué sentido democracias plebiscitarias? En el sentido postulado por Max Weber que Mommsen resume así: “cuanto más manifiesto y personal-plebiscitario […] es el componente ‘carismático’ de este acto de legitimación, tanto más alejado es la posición del político elegido de la de un ‘funcionario elegido’, que está obligado con respecto a sus electores, también en cuestiones políticas concretas, tanto más independiente es un líder que sólo está guiado por su responsabilidad frente a un ‘asunto’ que sostiene con toda su entrega personal”.

Las democracias plebiscitarias han legitimado el poder de caudillos modernos, aunque con larga tradición en América Latina, los cuales reclaman para sí un especial carisma y gobiernan sometiéndose a consultas plebiscitarias, buscando mantenerse (idealmente) por vida en el poder. En vez de institucionalizar el poder, lo personalizan. Lo que varía es el carisma de los líderes y su expresión personal: místico, autoritario, demagógico, populista, clientelar, mafioso, prebendario, de identidad nacional o étnica, etc.

En cuanto a sus bases de economía política, estas propuestas acentúan en mayor o menor medida un capitalismo de Estado, dependiendo de las circunstancias nacionales y de la inserción de cada economía en los mercados globales. En tiempos de crecimiento económico -como por una década hubo en Latinoamérica debido al súper ciclo de los commodities-, la combinación entre capitalismo de Estado y democracia plebiscitaria de líderes populistas resultó altamente sinérgica. El excedente producido por la economía pudo invertirse en la expansión del Estado social y en la alimentación de amplias redes de captación de la voluntad popular mediante el intercambio de bienes por lealtades.

A fin de cuentas se trata de caudillismos, de diversos tipos y grados de populismo y autoritarismo, de ideologías socialistas de viejo y nuevo cuño, del control de la prensa, de la reelección del líder, de una personalización de los partidos, de movimientos que siguen el carisma del jefe; en suma, de ideologías de izquierda que en lo grueso se definen como anti-neoliberales y, desde allí, proclaman una retórica neoestatal, neoprogresista, neocomunitaria, neosocialista e incluso, ¡oh paradoja!, neo-anticapitalista.

Con todo, incluso los testimonios de analistas simpatizantes de estas corrientes de izquierda reconocen que, en realidad, lo que se proclama a veces como socialismo del siglo XXI, o bolivariano, o socialismo movilizado, popular y étnico, no pasa de ser una forma de administrar el capitalismo y hacerlo crecer como capitalismo de Estado.

Así, un entusiasta del Presidente Rafael Correa del Ecuador resume esta visión minimalista de la revolución en los siguientes términos: “Aunque no hayamos acabado con el capitalismo en Ecuador (¿era realmente ésta la expectativa, tras nueve años de gobierno, en este contexto histórico y global?), hemos conseguido destronar a la revolución neoliberal. No ha sido ésta una batalla fácil. Nos ha supuesto resistencia, intentos de golpe y hostilidad exterior. Debería, al contrario, convertirnos en un faro de esperanza para la Izquierda en muchas partes del mundo donde el neoliberalismo manda todavía”.

A su turno, un estudioso del panorama de las izquierdas en América Latina cita en ese mismo registro a Evo Morales cuando dijo: “El palacio presidencial está lleno de candados. Me siento como un prisionero de las leyes neoliberales”.

Por tanto, concluye Stoessel en un artículo académico publicado en la revista Polis,“a diferencia de las décadas pasadas, las nuevas izquierdas, incluso las que son consideradas como ‘radicales’, cuestionan más al capitalismo en su fase neoliberal que al sistema capitalista per se, al igual que lo hacen con los principios democráticos al aceptar la democracia representativa pero advirtiendo la necesidad de perfeccionarla y combinarla con otros formatos”.

Un modelo propio (y seguramente más espartano) de construcción de un capitalismo de Estado y una “democracia” plebiscitaria bajo control militar y de la burocracia de un partido único, podría ser también el camino que transite la Cuba de Raúl Castro y sus sucesores. Una suerte de “neo-democracia plebiscitaria” dirigida desde arriba, profundamente autoritaria, a la manera como existe en China o en Vietnam, salvadas todas las diferencias geopolíticas, económicas y culturales.

Como escribe Brahma Chellaney en un artículo del mes pasado, “De hecho, el maridaje de capitalismo y comunismo, encabezado por China, ha engendrado un nuevo modelo político que representa el primer desafío directo para la democracia liberal desde el fascismo: el capitalismo autoritario. Con su espectacular ascenso hasta convertirse en una de las principales potencias globales en poco menos de una generación, China ha convencido a regímenes autocráticos en otras partes de que el capitalismo autoritario -o, como lo llaman los líderes chinos, socialismo con características chinas- es el camino más rápido y tranquilo hacia la prosperidad y la estabilidad, muy superior a la embrollada política electoral. Esto puede ayudar a explicar por qué la propagación de la democracia a nivel mundial últimamente se ha detenido”.

La reciente visita de Obama a la isla de Martí y Guillén podría marcar el inicio de este tránsito y obligar a la izquierda comunista y a los socialismos tradicionalistas y nostálgicos a enfrentar las realidades del siglo XXI.

III

Diferente es el camino seguido por los capitalismos de Estado de bienestar progresivo con alternancia y régimen de partidos, mayor institucionalización del juego político, oposición abierta, libertad de prensa, crítica pública difundida y diversos grados de socialdemocracia de tipo tercera vía como existen o han existido en Uruguay, Brasil, Chile, Costa Rica y Perú. Difieren entre sí, naturalmente, en diversas dimensiones de contexto, trayectoria y de contenidos de sus políticas, pero sobre todo por la mayor o menor centralidad del Estado y el mayor o menor desplazamiento de los mercados y, por ende, la intensidad de los procesos de desmercadización. A la vez, impulsan economías de mercado integradas globalmente como motor para su crecimiento, buscando evitar que los mercados colonicen sectores de la sociedad que se desean mantener -en la medida de lo posible- fuera del ámbito de la competencia, las transacciones y los precios.

A pesar del éxito relativo de sus políticas socialdemócratas de tercera vía (a la latinoamericana), que varios de los países mencionados pueden mostrar, las críticas desde la izquierda a su ideología y proyectos de desarrollo son persistentes. A comienzos de año, por ejemplo, el académico y dirigente socialista chileno Gonzalo Martner escribía: “Al cumplirse cerca de la mitad del segundo mandato presidencial de Michelle Bachelet, en Chile despunta una cierta decepción con sus resultados, en el contexto más amplio de retroceso de los llamados «gobiernos progresistas» en América Latina. Estos gobiernos son, como es notorio, de orientaciones diversas en materia de estilos de gestión, diseños institucionales y políticas económicas y sociales. Pero pueden encontrarse importantes similitudes de trayectoria histórica, actualización de ideas y opciones de política pública en los de Brasil –con el Partido de los Trabajadores (pt) a la cabeza–, el del Frente Amplio (fa) en Uruguay y el liderado por la Concertación-Nueva Mayoría en Chile. Estos gobiernos, nacidos de las urnas y del agotamiento popular respecto de las políticas neoliberales, han debido enfrentar dos problemas fundamentales. El primero es el del manejo de economías de creciente heterogeneidad estructural (abiertas, financiarizadas, oligopolizadas y con actores empresariales privados determinantes), en las que, al introducirse esbozos de Estados de Bienestar, es necesario evitar desestabilizaciones internas y externas de los mercados que pudieran afectar las políticas sociales y a la propia democracia. El segundo es el del manejo de coaliciones de gobierno también heterogéneas, especialmente en el caso de Brasil, con partidos de centro que componen la mayoría parlamentaria, y en el de Chile, con sectores de centroderecha que son parte de la coalición que se presenta a los electores, con además ventajas institucionales para la oposición formal de derecha. Este ejercicio tiene algo de cuadratura del círculo y parece estar llegando al final de su ciclo histórico de más de una década”.

Curiosamente, algunos de estos países -tras experiencias exitosas de transformación y modernización socioeconómica- han experimentado cambios de sus gobiernos no hacia la izquierda, sino hacia la derecha, como ocurrió en Chile en 2010, ocurrirá próximamente en Perú y podría suceder también en Brasil.

Otros gobiernos latinoamericanos ocupan un espacio ideológico distinto, situado del centro hacia la derecha en el lenguaje convencional y esquemático de la política. Es el caso por ejemplo México, con su economía acoplada a la de los EE.UU. y una democracia que anhela institucionalizarse y recuperar el monopolio de la fuerza sobre la base de una alternancia entre partidos sistémicos. Es también el caso de Colombia, que bajo el Presidente Santos intenta crear un Estado de paz para proseguir su desarrollo dentro de un marco de políticas que combinan el uso de los mercados con un incremento gradual del gasto del Estado en la competitividad de la economía y la producción de bienes públicos esenciales.

Propiamente en el espacio de la derecha, aunque ya no de corte puramente neoliberal sino que persiguiendo su propio balance entre crecimiento capitalista como eje y Estado de bienestar focalizado, moderado, eficiente, se sitúan los gobiernos de Macri en la Argentina presente y de Piñera en el Chile de 2010-2014. Se trata de un capitalismo de mercado, equilibrios macroeconómicos y, al menos declarativamente, de dinamismos innovativos micro, pro-productividad, competitividad y apertura comercial al mundo. Con gobiernos marcadamente manageriales, preocupados por mejorar la gestión del sector público y (supuestamente, además) de modernizar el Estado. Dedicados en lo esencial, dirán estos gobiernos, a resolver los problemas concretos de la gente más allá de ideologías y alineamientos partidistas.

Desde la revista de la social democracia latinoamericana, Nueva Sociedad, Rodrigo Lloret se pregunta si estamos frente a una nueva derecha en la región y llama a “detenerse en el posible impacto que podría tener el ascenso de la derecha en América Latina. Es que desde que el líder del PRO llegó al poder, se produjo un importante crecimiento del conservadurismo regional. Primero fue la irrupción del antichavismo en Venezuela, en las elecciones parlamentarias de diciembre. Más tarde llegó la derrota de Evo Morales, en Bolivia, el mes pasado. Y, finalmente, la reciente avanzada judicial contra Lula da Silva en Brasil. Cada uno de estos acontecimientos tienen, no hay que dudarlo, razones disímiles. Pero todos esconden el mismo resultado: el retroceso de la izquierda latinoamericana. Es en ese paradigma donde se agiganta la figura de Macri”.

Sin discutir la dudosa asociación que el autor establece entre el auge del macrismo en Argentina y algunos fenómenos de descenso de la izquierda latinoamericana, interesa en cambio su caracterización del proyecto emergente. Según Lloret, estaríamos ante “Una nueva tercera vía, […] ya no para la izquierda, sino para la derecha que intentaría combinar una reducción modernizadora del Estado con una política desarrollista, todo esto rodeado de un uso intenso de la publicidad y el marketing políticos”.

Uno podría encontrar adicionalmente expresiones de populismo de derecha -como el de Keiko Fujimori en Perú, por ejemplo- que harían juego con los populismos de izquierda, cada uno combinando de maneras disímiles los instrumentos del Estado con los mecanismos de mercado para satisfacer demandas de las masas y ganar su lealtad en favor de un capitalismo con rostro popular.

En suma, el mapa político-ideológico latinoamericano se halla en estado líquido, fluye y sus categorías se conjugan de maneras inesperadas. Por el momento, se mueven -con matices más que con grandes abismos- dentro de la jaula de hierro del capitalismo glonacal: global-nacional-local. El cierre de horizonte es total, y si bien no determina una ideología única, como solía decirse del neoliberalismo, confronta a las diferentes vertientes de izquierda, centro y derecha con unos mismos problemas sin dar lugar a grandes conflagraciones entre políticas. Tampoco produce necesariamente convergencias ni obliga a un mero gatopardismo. Sin embargo, obliga a hacer políticas dentro de un campo ceñido de posibilidades, con una dosis de pragmatismo práctico aunque la retórica empleada trascienda los límites de lo dado.

No es extraño, por lo mismo, que en casi todos los países se echen de menos ideas e ideales y se busque -aunque solo sea discursivamente- refundar la política y abrir la imaginación hacia nuevos horizontes, relatos y narrativas. ¿Será posible? ¿Puede la política crear alternativas efectivas, cursos históricos nuevos dentro del “cerco” del capitalismo, o debe limitarse a “mover los límites simbólicos” como suelen hacer ciertas fuerzas progresistas?

José Joaquín Brunner, Foro Líbero.

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Vigilar y controlar a la educación superior (Apuntes sobre la reforma que prepara el gobierno)

abril 13, 2016abril 13, 2016José Joaquín Brunner

Estamos frente a un nuevo intento por transformar un sistema complejo sin un diagnóstico claro, sin visión de futuro, sin un diseño consistente, sin un proyecto acabado y mínimamente consultado y con un solo propósito a la vista: aumentar el rol de control del Estado y crear un estatus excepcional de amplias facultades, incluso lucrativas, en beneficio de las universidades estatales.

A continuación ofrezco unas reflexiones preliminares frente a las dos minutas sobre “reforma a la educación superior” publicadas ayer por El Líbero. La primera da cuenta de las disposiciones generales del proyecto, la creación de la Subsecretaría de Educación Superior y el marco para la educación estatal. La segunda se refiere a la constitución y funciones de la Superintendencia de Educación Superior (ES). Ambas minutas aparecen fechadas en marzo de 2016 y deben entenderse a la luz de las anteriores minutas y borradores del proyecto de ley de ES que el Mineduc espera enviar al Congreso Nacional antes del 21 de mayo próximo.

Lo primero que cabe notar es que la promesa del gobierno de postergar el envío de este proyecto para someterlo a consultas con las partes interesadas, expertos y actores políticos no se cumple en absoluto al forzar una discusión sobre la base de documentos filtrados a la opinión pública sin hacerse nadie responsable de las propuestas allí contenidas ni de su justificación. En materia educacional, el gobierno no sólo improvisa, sino que, además, evita u obstaculiza la deliberación pública, sin mostrar mayor interés por esclarecer sus objetivos y justificar racionalmente sus iniciativas de reforma.

En cualquier caso, a pesar de que las minutas y borradores dejan múltiples cabos sueltos o son incompletos en relación con varios aspectos de la legislación (una ley o varias) que se prepara, desde ya van perfilando (al menos en el papel) un régimen de provisión, gobernanza, regulación, supervisión y financiamiento de la ES que es fácil de reconocer.

En lo básico, los técnicos del gobierno, bajo la dirección política de la Presidenta y su gabinete, aspiran a consagrar un papel dominante del Estado (gobierno, vía Mineduc expresado en una nueva Subsecretaría de Educación Superior) en la ES, junto con un estatus de privilegio para las universidades estatales.

De hecho, como mostraremos luego, la ES nacional se vuelve coextensiva con la oferta estatal y el financiamiento fiscal. En teoría, de acuerdo al ordenamiento esbozado en las minutas y borradores, el régimen mixto daría paso a uno estatal (con proveedores estatales y privados estrechamente controlados por el Estado por vía del financiamiento, las regulaciones y una extensa e intensa supervisión), subsistiendo un pequeño espacio de mercado para la provisión privada de élite, donde los estudiantes pagarían por su ES igual como hacen los padres en los colegios particulares pagados del sistema escolar.

En este sentido, un aspecto no resuelto en las minutas y borradores es la recategorización de las clases o tipos legales de universidades y demás instituciones no-universitarias de ES. Se habla por ahí de universidades estatales, privadas “con vocación pública” (ambiguo concepto jurídico que no se define) y de universidades privadas (a secas), sobre las cuales se legisla únicamente en términos de su gobierno y prohibición del lucro.

Igualmente, no se entiende si todas las universidad existentes seguirán manteniendo su carácter de tal, lo mismo que los IPs y CFTs, o si se adoptará una definición más estrecha de universidad (por ejemplo, sólo aquellas que producen conocimiento en la frontera de las disciplinas y ofrecen programas de doctorado), o bien si se admitirá a universidades puramente docentes (como hay cientos en América Latina) ni qué ocurrirá con la actual distinción entre IP y CFT.

III

Anoto al pasar que, en general, el tratamiento de la educación terciaria provista por instituciones no-universitarias, la cual en nuestro país ha alcanzado un desarrollo notable y adquiere una importancia creciente en la experiencia internacional, apenas merece unas pocas menciones en los textos filtrados desde el Mineduc. En efecto, la legislación que se prepara tiene la tradicional impronta de “lo universitario” y “lo académico” como único vector importante de la educación terciaria. Es decir, subsiste una concepción iluminista, propia de las élites burguesas prusiana y francesa del siglo XIX, cuyos ecos aún se pueden discernir en los papeles oficiales que circulan en Chile al comenzar el siglo XXI.

La mayor novedad del proyecto (en elaboración) es la creación de un sistema estatal de ES, nombre con que se lo designa en las minutas comentadas. No queda claro, sin embargo, si formará parte del régimen mixto de provisión actualmente existente o bien lo sustituirá, como parece prefigurarse en varias disposiciones del proyecto. Aquel otro apenas se nombra y no tiene consistencia alguna en los papeles filtrados.

De acuerdo con los textos actualmente disponibles, al sistema estatal de ES corresponderá promover el desarrollo de las instituciones estatales y “fomentar” la ES (en general, que es una responsabilidad del Estado) a través de las instituciones de ES estatales. En especial, deberá ofrecer educación gratuita de pregrado. Se halla dotado de principios y valores propios: “educación laica y pluralista; actitud reflexiva, dialogante y crítica; equidad, inclusión y no discriminación; probidad, transparencia y rendición de cuentas; colaboración y trabajo en red; participación”. Curiosamente no se menciona aquí la autonomía de las instituciones ni su responsabilidad con el crecimiento económico y el desarrollo de las regiones.

Si se lee con cuidado, se verá que el sistema estatal de ES que el gobierno propone crear incluye todo lo relativo a un sistema nacional de ES. Nada escapa a su control. Véanse los siguientes dos párrafos que transcribo de la minuta correspondiente:

“Dicho sistema está integrado por la Subsecretaría de Educación Superior, el Comité Coordinador, en adelante Comité, y las instituciones de educación superior estatales.

El Comité será la instancia coordinadora de estas instituciones, y está compuesto por el Ministro de Educación, a través del Subsecretario de Educación Superior, el Rector de la Universidad de Chile; tres representantes de las universidades estatales; tres representantes de los centros de formación técnica estatales –con integración progresiva en razón a su entrada en funcionamiento—; el director ejecutivo de CONICYT y el director de Presupuestos. Además de los jefes de la División de Educación Superior Universitaria y de la División de Educación Superior Técnico Profesional de la Subsecretaría. Para la elección de los representantes de las instituciones de educación superior estatales se debe considerar una adecuada representación de las regiones”.

“El Comité deberá, entre otras funciones, asesorar al Ministro de Educación en la formulación de políticas para el fortalecimiento, promoción y desarrollo de la educación superior estatal; proponer mecanismos de actuación conjunta de las instituciones estatales; proponer un desarrollo de la oferta académica pertinente y armónica a los requerimientos del territorio en donde se encuentran emplazadas las instituciones; proponer mecanismos para la articulación horizontal y vertical entre las distintas instituciones; promover el desarrollo de programas y equipos colaborativos para el desarrollo de la investigación y la vinculación con el medio entre las distintas instituciones estatales”.

Como puede verse, el sistema estatal de ES (inicialmente, en una versión más débil, se lo había pensado como una red de instituciones estatales de ES) posee su propia gobernanza, institucionalidad, funciones y -como se aprecia en otras partes de la minuta o en los demás borradores- su propio financiamiento privilegiado.

Una pieza vital del nuevo sistema de ES estatal es la creación de una fuerte Subsecretaria de ES dentro del Mineduc, la cual se define como el órgano “rector” del sistema (por ende, que rige o gobierna, según la RAE). Ella elabora, coordina, ejecuta y evalúa políticas; administra el sistema común de admisión (que entonces dejaría de ser gestionado por el CRUCH y el DEMRE); establece el marco nacional de cualificaciones (que ordenaría los currículos de este nivel, dando una nueva potestad al Estado frente a las instituciones); y financiará la ES estatal gratuita para lo cual fijaría el número de vacantes y el valor de los aranceles (como se adelantó en varios documentos previos a las dos minutos más recientes que aquí comentamos).

Hasta ahora no resulta claro cuál sería la relación entre esta poderosa Subsecretaría y el Ministerio de Ciencia y Tecnología que el gobierno ha declarado querer crear. Tampoco puede colegirse de los textos disponibles cuál sería la relación de la Subsecretaría -que aparece desde ya “capturada” por el sistema estatal- con las demás instituciones proveedoras de ES, en su mayoría privadas (a secas) o, en menor número pero con una fuerte gravitación, privadas “con vocación pública”.

VII

Más al fondo, en el terreno de las ideas y los principios, cabe esperar que a partir de estos documentos -que circulan en el claroscuro de las filtraciones- se produzca un amplio debate sobre el concepto de autonomía universitaria en sus diferentes aspectos.

La Asociación Europea de Universidades distingue cuatro dimensiones esenciales de la autonomía y en cada caso identifica un número de indicadores que permiten medir su efectivo ejercicio en los diferentes países. Las dimensiones y algunos ejemplos de indicadores son los siguientes: (i) autonomía organizacional (de gobierno y administrativa); (ii) autonomía financiera (condiciones para obtener diversos subsidios fiscales, determinación de aranceles, contraer préstamos, disponer de los excedentes); (iii) autonomía de administración del personal (académico y de gestión), y autonomía académica (fijar número de vacantes, crear programas, evaluar estudiantes, libertad de enseñar, aprender e investigar).

A la vista de las minutas y borradores oficiales, resulta evidente que se pretende (o, en cualquier caso, se producirá) una fuerte restricción de la autonomía de las universidades en las cuatro dimensiones señaladas y respecto de las diversas variables que permiten su verificación.

Más adelante, con el proyecto ya formalmente entregado al Congreso, habrá oportunidad de discutir a fondo sobre esta materia, que es parte sustancial de un régimen universitario en una democracia liberal. Quizá durante esa discusión vuelva a despertarse el interés por la Constitución de 1925, una de cuyas modificaciones (del año 1971) estableció entre las garantías constitucionales la de la autonomía administrativa, académica y financiera de las universidades estatales y privadas.

VIII

Conectado con lo anteriormente visto sobre el sistema estatal de ES, la minuta respectiva crea un nuevo estatuto para las universidad estatales, dotándolas, a ellas sí, de una serie de garantías de su autonomía, particularmente en las dimensiones administrativa y financiera. Modifica en tal sentido su concepto de base (dirigista, controlista y desconfiado) para favorecer a las universidades del Estado con reducidas regulaciones y mediante una avanzada y liberal (¿neoliberal?) concepción de capacidades comerciales y generación de excedentes para estas organizaciones. En efecto les reconoce (cito textualmente):

La facultad de crear y organizar asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones. Se reconoce la facultad de crear y organizar con otras personas naturales o jurídicas nacionales, extranjeras o internacionales, asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones cuyos objetivos correspondan o se complementen con los de la Universidad, aportando a ellas fondos prevenientes de su patrimonio.

La facultad de transferir bienes a título gratuito a personas jurídicas de derecho público o privado, y a personas naturales chilenas, en el contexto de actividades o proyectos vinculados con los fines de la universidad. Para la realización de la transferencia se requerirá acuerdo previo del Consejo Superior y el acuerdo conforme de la mayoría de los representantes del Presidente de la República.

No le serán aplicables a las universidades estatales las normas sobre administración financiera del Estado contenidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6º de la ley Nº 18.224.

Se mantienen vigentes las facultades otorgadas por ley Nº 18.681. Se reconocen las facultades indicadas en la ley Nº 18.681 que facultan a las universidades a prestar servicios remunerados y a ejecutar actos y celebrar contratos que, estando orientados a mantener, a mejorar o acrecentar las condiciones de funcionamiento y operatividad de universidad puedan implicar una contribución a su financiamiento o incremento de su patrimonio.

Las universidades estatales estarán sometidas a la fiscalización de la Contraloría General de la República, en lo que concierne a su personal y al examen y juzgamiento de sus cuentas. Con todo, las resoluciones de las universidades estatales estarán exentas del trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, excepto en las siguientes materias:
- Aprobación del presupuesto y de sus modificaciones;
- Enajenaciones de bienes que superen un determinado monto, que se fijará por resolución del Contralor General de la República;
- Los actos de nombramiento o de contratación del personal, como los que afecten su vida funcionaria, que sean definidos por resolución del Contralor General de la República.
- La cesación de funciones de sus funcionarios de planta.
- Otras materias esenciales que señale el respectivo Estatuto.

Se establece que las universidades no estarán sujetas a las disposiciones de la ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, sin perjuicio de que puedan, cuando lo estimen conveniente, hacer uso de ella. En este último caso se mantendrá la competencia del Tribunal de Contratación Pública, establecida en el Capítulo V de la ley Nº 19.886. Cada universidad deberá regular sus modalidades de contratación.

En cuanto al gobierno universitario de las instituciones del sistema estatal, la mayor novedad es el establecimiento de un órgano superior (consejo superior) que debe cuidar el patrimonio de la institución, orientar su estrategia de desarrollo y decidir las cuestiones más relevantes. Se indica que estará conformado por tercios en representación, respectivamente, de los académicos, el Presidente de la República y la sociedad civil.

Sus principales funciones son “aprobar, a propuesta del Rector, las políticas generales de mediano y largo plazo, así como las políticas financieras y presupuestarias; aprobar los endeudamientos de la institución; aprobar los aportes de capital para la creación y organización de asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones; aprobar el plan de desarrollo institucional a propuesta del Rector; aprobar el presupuesto y las modificaciones de éste, a proposición del Rector; autorizar la enajenación o gravamen de bienes raíces y pronunciarse sobre la apertura y cierre de sedes, carreras y programas de estudio; dictar las ordenanzas que le competan; requerir antecedentes que estime necesario para el cumplimiento de sus funciones”.

Se fortalece asimismo el rol ejecutivo del Rector. Este “será escogido por los académicos de la institución de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 19.305 que regula el mecanismo de elección del Rector, es decir, será elegido por los académicos pertenecientes a las tres más altas jerarquías de la universidad que tengan, a lo menos, un año de antigüedad en la misma, salvo que el organismo colegiado superior, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio, permita la participación de los académicos pertenecientes a otras jerarquías, siempre que tengan la calidad de profesor y cumplan con el requisito de antigüedad antes señalado”.

Finalmente, se prevé un consejo académico “cuyo objeto será estudiar y visar las materias relativas al desarrollo de la función de docencia de pre y postgrado de la universidad, así como la carrera académica y el aseguramiento de la calidad”. En cuanto a la participación de los demás estamentos, el texto señala “que al menos un representante de los estudiantes y al menos un representante de los funcionarios tendrán participación con derecho a voto en los organismos colegiados académicos a los que el respectivo estatuto asigne el carácter de superior”. (Podría tratarse, perfectamente, de una carta de negociación con los organismos gremiales correspondientes para facilitar, más adelante, la tramitación del proyecto en el Congreso Nacional).

Todavía en el ámbito del sistema estatal de ES, se propone el fortalecimiento del CRUCH y la creación de un Consejo de Rectores de instituciones públicas no-universitarias. Ambos operarían como consejos asesores del MINEDUC, ampliándose al efecto (sin que se precise cómo) las funciones del CRUCH.

Se establece que las universidades privadas pueden postular a integrarse a este Consejo. En caso que éste apruebe dicha postulación, estas universidades podrían participar con derecho a voz en el pleno de la institución. Eso sí, solo podrían postular “aquellas instituciones que den cuenta, tanto en su trayectoria como en sus características, de una vocación de servicio público y compromiso por el desarrollo del país o la región en donde se emplazan. Esta decisión debe ser aprobada por tres quintos de los miembros del CRUCH” (¡Importante avance! En efecto, en una versión previa, se requería la aceptación unánime de los incumbentes).

Pasado un año desde dicha incorporación, el CRUCH puede recomendar a la Subsecretaría que evalúe el ingreso de la institución de forma definitiva por la vía de un proyecto de ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Para tal efecto, la Subsecretaría realizaría una “evaluación estratégica” de las mencionadas universidades. Ésta deberá considerar que dichas instituciones cuenten con: “(i) una reconocida trayectoria que dé cuenta de realización de aportes significativos al desarrollo local o regional del país; (ii) acrediten altos estándares de calidad; (iii) contemplen una estructura de gobierno en la que prime el interés público, el mejoramiento continuo de la calidad y el cumplimiento de la ley evidenciando la ausencia de controladores ajenos a la institución, (iv) reconocimiento y participación de la comunidad en la que se encuentre inserta, (v) cuenten con sistemas de información que den cuenta del uso de sus recursos y su gestión institucional, (vi) utilicen el sistema de admisión establecido de conformidad a la ley”.

En breve, se busca que el CRUCH cambie lo menos posible, como en la historia del Gatopardo, al mismo tiempo que se acentúa su carácter corporativo y el predominio en su interior de las universidades estatales.

La arquitectura institucional de la gobernanza del sistema de ES se complementa con dos organismos adicionales, de los cuales solo uno aparece más detalladamente descrito en los papeles oficiales que circulan hasta el momento. Los dos organismos son: la agencia de calidad, aún no suficientemente diseñada, y la Superintendencia de ES, un órgano de vigilancia panóptica y con facultades amplias de supervisión e intervención en instituciones (privadas principalmente, cabe imaginar, aunque la ley no distingue). El rol altamente intrusivo de esta Superintendencia es difícilmente compatible con las tradicionales exigencias de autonomía de las universidades.

Entre otras, la ley en preparación encomienda a este organismo las siguientes facultades:

a) Fiscalizar el cumplimiento de las normas aplicables a la ES.
b) Fiscalizar que las instituciones de ES mantengan los requisitos que dieron lugar a su reconocimiento oficial, autonomía y acreditación.
c) Supervisar la viabilidad académica y financiera de las instituciones de ES autónomas.
d) Fiscalizar el cumplimiento del proyecto educativo de las instituciones de ES autónomas.
e) Fiscalizar el buen uso de los recursos de las instituciones […] y la destinación de éstos a los fines que le son propios de acuerdo a sus estatutos y la ley.
f) Fiscalizar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en virtud de los cuales las instituciones hubieren accedido a financiamiento por parte del Estado.
g) Ordenar y realizar auditorías en materias de su competencia.
h) Ingresar a las instituciones de ES y dependencias de sus organizadores con el propósito de realizar las funciones que le son propias […] sin impedir el normal desarrollo de las actividades académicas de la institución de que se trate.
i) Acceder a cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, sin impedir el normal desarrollo de las actividades académicas de la institución de educación superior de que se trate.
j) Requerir información pertinente para el cumplimiento de sus funciones.
k) Citar a declarar, dentro del ámbito de sus competencias, a los miembros, asociados o socios, propietarios, representantes legales, quienes ejerzan funciones directivas, cualquiera sea su denominación, o dependientes de las instituciones fiscalizadas o de quienes ejerzan dichos cargos en instituciones relacionadas con ellas, respecto de cualquier hecho cuyo esclarecimiento estime necesario para el cumplimiento de sus funciones.
l) Conocer y resolver consultas en materias de su competencia.
m) Recibir y resolver reclamos y actuar, cuando corresponda, como mediador respecto de ellos.
n) Dictar medidas correctivas dentro del ámbito de su competencia.
o) Investigar y resolver las denuncias que se presenten en materias de su competencia.
p) Formular cargos, adoptar medidas provisionales y resolver los procesos que se sigan respecto de infracciones en materias de su competencia.
q) Imponer sanciones.
r) Designar un administrador provisional o nombrar un administrador de cierre, y ejercer las demás facultades que correspondan en conformidad con la ley N° 20.800.
s) Administrar la información de fiscalización de la ES, en coordinación con el Sistema de Información de la ES.
t) Dictar normas e instrucciones de carácter general en el ejercicio de las atribuciones que le confiere esta ley.

Nada se pace más a una “jaula de hierro” burocrática -de la que hablaba Max Weber- que el amplio listado de funciones de fiscalización, supervisión, vigilancia, intervención y sanción de que se dotaría a la Superintendencia de ES.

Esas atribuciones se ven ampliadas por las obligaciones de informar (diez como mínimo) a las cuales quedan sujetas las instituciones autónomas y las 17 causales de infracciones graves en que pueden incurrir y que son materia de sanciones. Además, se crea un estatuto especial para “resguardar la prohibición de lucrar que recae en las instituciones de educación superior privadas constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro”. Con este propósito se contemplan tres mecanismos: (i) los miembros o asociados sólo podrán ser personas naturales; (ii) deberán contar con un órgano de administración superior independiente y con responsabilidad solidaria de sus integrantes; y (iii) la regulación de las operaciones con personas relacionadas más prohibiciones específicas.

XII

Para terminar, sería necesario analizar una parte fundamental del futuro proyecto de reforma de la ES que hasta el momento se halla aún pendiente, cuál es, el del financiamiento de las instituciones acogidas a la gratuidad que, a la larga, quedarían sujetas al Estado bajo los propios términos definidos por él. Esto es, fijando vacantes y su evolución en el tiempo, regulando los aranceles y su valor, determinando los alcances y costos de la gratuidad y obligando a las instituciones del sistema estatal y a las demás “allegadas” a negociar anualmente con la Dirección de Presupuesto los montos adicionales disponibles para cubrir los déficit que la propia gratuidad genera, como ha quedado patente este año.

Lamentablemente, la falta de información sobre cuál será el esquema de financiamiento de la ES a partir de la reforma impulsada por el gobierno evita completar el análisis. Tampoco se conocen los costos de esta reforma, el presupuesto para una gratuidad ampliada a los estudiantes del 50% o 60% de los hogares de menores recursos, de los fondos especiales para el sistema estatal de ES, la planta de personal estimada para la nueva Subsecretaría, la Superintendencia y la agencia de acreditación y, en general, los recursos que se destinarán a la ciencia y tecnología y el nuevo Ministerio de este sector. Llama la atención que el ministro de Hacienda no haya informado todavía cuáles son los parámetros financieros dentro de los cuales deberá discutirse la reforma que prepara el gobierno.

XIII

En conclusión, estamos frente a un nuevo intento por transformar un sistema complejo, como es el de la ES, sin un diagnóstico claro, sin visión de futuro, sin un diseño consistente, sin un proyecto acabado y mínimamente consultado y con un solo propósito a la vista: aumentar el rol de control del Estado y crear un estatus excepcional de amplias facultades, incluso lucrativas, en beneficio de las universidades estatales.

Es un proyecto que deja atrás el régimen mixto de provisión, sin hacerse cargo de la actual composición de la oferta ni de las modalidades de financiamiento propias de nuestro régimen de provisión de ES. El tratamiento de las universidades privadas -de todo tipo- y de los IPs y CFTs privados, instituciones que en total proporcionan un 85% de la matrícula nacional, es apenas marginal, en contraste con su peso real en el sistema.

La autonomía y diversidad de las instituciones deja de ser el principio axial del sistema y es sustituido por el control, la supervisión, la desconfianza y las sanciones.

Las escasas contribuciones positivas a la modernización del sistema que contiene el proyecto, como las facultades para hacer de las universidades estatales organizaciones más emprendedoras o la composición del gobierno corporativo de dichas organizaciones, prácticamente desaparecen en medio del burocratismo, el dirigismo y la dependencia de los subsidios del fisco que el proyecto impone.

José Joaquín Brunner, Foro Líbero.

Imagen Cuadro de Carpani

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Author: José Joaquín Brunner

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