Author: Juan Carlos Miranda Arroyo

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SEP: Repensar la evaluación de la docencia

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

«¿Cómo transitar de un modelo individualista a otro combinado que pondere también lo colectivo en la SEP?»

A lo largo de los últimos 10 años, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha destinado una considerable cantidad de recursos humanos, materiales y financieros para evaluar a las y los docentes, así como a las y los directivos escolares y demás figuras educativas, tanto de la educación básica como media superior con la finalidad de “elevar la calidad de la educación”.

Ello, dentro del marco legislativo que se ha establecido en México (según la relación de fuerzas políticas en el Congreso), el cual podría dividirse, dicho esto en forma esquemática, en dos grandes bloques (para evaluar al personal en servicio):

1) Evaluaciones obligatorias con impacto en la estabilidad-inestabilidad en el empleo: Esto mediante la intensificación de programas y procedimientos de evaluación y control hacia las y los docentes y demás figuras educativas, con criterios excluyentes (Reforma al texto constitucional y leyes secundarias de 2013); y

2) Evaluaciones no obligatorias sin impacto en la estabilidad en el empleo (con fines formativos): En concordancia con el esquema anterior, no obstante, en este bloque se han establecido leyes sistemas-programas de evaluación y control hacia el personal educativo, con valores o criterios de no exclusión (Reforma al texto constitucional y leyes secundarias de 2019).

En ambos modelos de evaluación de la docencia y demás figuras educativas de la escuela pública prevalecen, sin embargo, la misma lógica o el mismo abordaje. Es decir, los criterios de “medición individual” se mantienen intactos, sin evaluar de manera integral la práctica docente o directiva in situ, y sin considerar a la valoración del trabajo colegiado.

Al respecto, esto escribió el doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), de la UNAM, cuando se refirió a “…la necesidad de construir un sistema de evaluación social-integrado, si realmente la aspiración de la política educativa es mejorar los procesos educativos. (…) se parte de (la idea de) mostrar que la evaluación, en general, sobre elementos del sistema educativo y, en particular, sobre el trabajo docente, que se ha implantado en el país sigue una lógica individualista que segmenta los resultados obtenidos. Por ello, no hay una mejora sustantiva en los procesos educativos, sea de aprendizaje, de trabajo docente o de procesos institucionales. Este modelo de evaluación que segmenta e individualiza el acto de evaluación, es el resultado de aplicar una visión gerencial, misma que se ha asumido en rasgos genéricos para construir las políticas de calidad en la educación.” (1)

Así, el modelo de evaluación de la docencia y de otras figuras educativas prevaleciente, tanto en las reforma al texto constitucional de 2013 como en la del 2019, es el de la “evaluación individualista”, que además es incompleta porque no considera directamente la complejidad de las prácticas docentes ni directivas, ni asume la importancia del trabajo colegiado, social, colectivo que se da y se necesita cotidianamente en las escuelas. Esto último no se aplica, hoy, en los procesos de evaluación para promoción vertical y horizontal.

¿Qué sentido tiene promover la “evaluación individualista” y alentar o motivar la carrera profesional individual de las y los trabajadores (profesionales) de la educación, si esos trayectos y reconocimientos no tienen ninguna vinculación con el trabajo colegiado, comunitario, colectivo que se demanda en la escuela? Sin duda, dicha vinculación orgánica en el ámbito del trabajo escolar colegiado, junto con el trabajo individual en aula, tiene efectos importantes a favor del logro académico de las y los estudiantes.

Los efectos de la visión gerencialista de la educación y de la evaluación de docentes con tal enfoque, han sido analizados a fondo y no solamente criticados, puesto que se han colocado sobre la mesa diversas soluciones o ideas distintas. Debido a ello, considero inaceptable que no se exploren, como política pública, vías alternativas o formas diferentes para abordar estos problemas.

¿Cuáles han sido los efectos de la aplicación del modelo “gerencialista” en la educación, y particularmente en la evaluación de docentes? Así lo plantea Díaz Barriga cuando critica a ese modelo dominante: “…Otra consecuencia de ello es un tránsito sutil del reconocimiento de rasgos cualitativos a una serie de indicadores que cuantifican un desempeño académico, lo que en el fondo ocasiona que la mejora del indicador se convierta en la meta; dicha mejora se da al margen de la mejora real del proceso educativo en lo particular o en su conjunto.” (misma obra)

Por otra parte, uno de los defectos intrínsecos, y de origen, de ambos modelos de evaluación docente que prevalecen o que son hegemónicos (adoptados tanto en las políticas públicas educativas llamadas “neoliberales” como de la denominada era “post neoliberal” o de la “4T”), es que la evaluación de docentes y otras figuras educativas, está asociado con un esquema de “incentivos económicos” o con fines compensatorios, que claramente han servido como mecanismos de contención o de tope antes las demandas de aumentos salariales generalizados y progresivos exigidos, de hace más de 40 años, por el magisterio mexicano. El caso del programa Carrera Magisterial, que la SEP implantó en 1992-1993, es un claro ejemplo de ello (2)

El gran reto que tiene el gobierno de la República, a través de la SEP, en materia de evaluación de docentes y directivos escolares, es repensar y reformular nuevas rutas alternativas, y ponerlas en práctica. Por ello me pregunto, entre otras cosas, ¿cómo transitar de un modelo individualista de evaluación de la docencia a otro combinado que pondere lo individual y lo colectivo, que además contemple el análisis de la práctica docente y directiva, así como el trabajo colegiado?

Fuentes consultadas:

(1) Ángel Díaz-Barriga (2017) “De la evaluación individual a una evaluación social-integrada: La institución educativa, su unidad”, en: Docencia y evaluación en la Reforma Educativa 2013, Ángel Díaz-Barriga (coord.), IISUE-UNAM, México, pp. 327-364.

(2) Ver el interesante análisis técnico que publicaron al respecto Graciela Cordero Arroyo, Edna Luna Serrano y Norma Xochilth Patiño Alonso (2013), con el título: “La evaluación docente en educación básica en México: panorama y agenda pendiente”. Sinéctica, no.41 (ITESO). Tlaquepaque. Jalisco, México.

Fuente de la información: SDPnoticias

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Educación: Tercer año de gobierno

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

«Se requiere una política educativa focalizada y consistente para revalorar al magisterio nacional…»

A tres años del inicio del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) de la vida pública del país, los principales pendientes se sostienen. Reducir la pobreza como estrategia doble: fortalecer la cohesión y recuperar la paz sociales (disminuir la delincuencia y la inseguridad). Lograr, como aparato de Estado, resultados positivos en el combate a la corrupción y la impunidad. Más allá de las operaciones que realiza el gobierno federal, me parece que son las instituciones del Estado mexicano, como la Fiscalía General y los poderes Legislativo y Judicial, las que habrían de dar resultados en esa dirección.

Hasta el día de hoy, no se ven claros tampoco los rasgos del cambio significativo de régimen de la 4T, en materia de educación pública. En lo que sigue expondré las evidencias y las razones por las cuales considero que “el no cambio” se ha establecido (en sus contenidos ni en sus formas) en el ámbito de la educación en México, al cumplirse tres años de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lo he dicho antes y hoy lo sostengo: La iniciativa de reforma educativa del gobierno de AMLO ha sido “contestataria”, pues no ha existido, hasta ahora, un proyecto alternativo de educación que sea consistente y que contenga un nítido contraste con las políticas públicas anteriores.

En su lugar, el nuevo gobierno (2018-2024) concertó con las bases disidentes y sus dirigentes, los términos de la siguiente etapa de la reforma educativa. Así, el Acuerdo Nacional por la Educación y la llamada Nueva Escuela Mexicana parecen ser el resultado de una concertación con las fuerzas institucionales (dirigencia oficial del SNTE) y los representantes de la disidencia magisterial, a través de un discurso o una retórica cuyos contenidos eran más reivindicatorios de demandas gremiales (no a la reforma basada en una Evaluación Punitiva), que de un verdadero planteamiento alternativo o innovador, amplio, en materia de educación pública.

Con esa dinámica, que consistió en eliminar del texto constitucional y de la legislación educativa a la denominada “evaluación para la permanencia” en el puesto, a través de una mal diseñada evaluación de desempeño, (como lo ha señalado el doctor Ángel Díaz Barriga en varias publicaciones), se evidenció que la fuerza de la nueva reforma educativa (2019) estaría en su condición y en su derecho de “hacer caer” a la anterior. Aunque no calificaría a la actual reforma educativa de reaccionaria, sí diría que es contestataria, reactiva o producto de la concertación con las fuerzas políticas opositoras, sobre todo en el frente legislativo.

No encuentro cambios significativos ni trascendentes en el llamado Acuerdo Nacional por la Educación, cuando se mantienen intactos una serie de dispositivos que han dejado los gobiernos que emplearon políticas públicas de sello neoliberal en el ámbito educativo (léase, sobre todo, los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto).

Esto lo digo en términos de la instalación de un discurso “pro-gerencialista” en el seno mismo de la escuela pública: La gestión de la Calidad como paradigma universal; la lógica de la Mejora Continua con pretensiones absurdas de “neutralidad ideológica”. (Lo mismo que ha sucedido con la noción de Competencias educativas).

Así, las ideas de la Calidad Total y del círculo de la Mejora Continua eran aceptadas, acríticamente, como nociones “naturales” o “sustanciales” a la vida de la escuela pública. ¿Acaso vinieron de otro lado esos desarrollos gerencialistas? ¿Los intentos de la “nueva gerencia” empresarial para gestionar y producir bienes y servicios, así como reconvertir los patrones del consumo y renovar los factores de la acumulación capitalistas, en una era de reactivación de las economías de la posguerra, era un “desarrollo natural”?¿No hay nada que discutir sobre la idea de la “mejora continua”?

El esquema de Estado mexicano, en la era de la 4T, no contempla polemizar con ese pasado gerencialista en particular (pienso en la mayoría legislativa de Morena y aliados políticos, en los funcionarios de alto nivel de la SEP, etc.). Todo lo contrario, se decidió caminar por el rumbo de la Mejora Continua en la educación; tanto así que creó, vía el Poder Legislativo y por iniciativa del Ejecutivo, una ley para la Mejora Continua de la Educación, así como una Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (como organismo público no autónomo), en sustitución del finado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que contaba con autonomía constitucional.

Mientras tanto, y pese a que los diseñadores institucionales de la 4T empezaron a hablar de “Excelencia” Educativa, sin un aparato conceptual que le diera sustento ni fundamento teórico-metodológico, durante estos tres años la educación pública ha estado ausente de un proyecto propio y alternativo.

Se abandonó, lamentablemente, el otro camino que quedaba y que consistía en discutir a fondo el modelo imperante o hegemónico de la “Calidad de la Educación” (que significaba evaluar las políticas públicas con orientación hacia la calidad, tal como la definen los organismos internacionales); eso se hizo, en vez de proscribir al concepto y colocar en su lugar a otro membrete, que carece de articulación y de consistencia conceptual: la llamada “Excelencia”.

Por otra parte, no es hora en que se aprecie un cambio orgánico en materia curricular. La maestras y los maestros de la educación básica, en específico, señalan que las indicaciones de las autoridades federales y estatales, es “continuar con lo dispuesto en 2017″, cuando se dio a conocer el llamado Nuevo Modelo Educativo de la pasada administración federal. Entonces ¿Cuáles son los elementos del cambio curricular que requiere la escuela pública en los niveles de la educación básica con el nuevo régimen? ¿Cuál es el sentido y el contenido (con sus respectivos métodos) del cambio en la educación media y superior en México en esta era transformadora? ¿Cuál es el horizonte al que llevará o sobre el cual se inspirará la 4T en materia educativa?

En el sector educativo se requiere, de manera urgente, una reorientación de las políticas públicas. Sobre todo, es necesario recuperar o relanzar, en los hechos, una política focalizada y consistente de revaloración del magisterio nacional. Ello significa, no sólo aumentar el salario de las maestras y los maestros, sino también poner en marcha un amplio programa de actualización magisterial y de fortalecimiento del trabajo que realizan los profesionales de la educación en servicio. Además de generar condiciones laborales más adecuadas (conectividad gratuita, apoyo en equipos electrónicos y de comunicación, etc.), de manera sobresaliente ante la reconversión (que llegó para quedarse) de la labor docente y directiva en las escuelas, que se ha dado durante las crisis sanitaria y económica. Y con ello no reivindico las improvisaciones que significaron los programas “Aprende en Casa” (SEP).

Obviamente, junto con lo anterior, el país demanda de una reorganización de las políticas públicas educativas dirigidas a la formación inicial de las maestras y los maestros de la educación obligatoria. El trato que se les ha dado a las escuelas normales, UPN y centros de actualización del magisterio, en el orden presupuestal, no es el que conviene al país. Todo lo contrario: el Estado mexicano tendría que ser el primero en cuidar los procesos de formación inicial de las y los profesores de la escuela pública, a través de instituciones formadoras de maestras y maestros fortalecidas y en permanente transformación. Esa es la inversión más sólida y consistente que puede lograr una nación. ¿De qué nos servirán instituciones educativas abandonadas para que lleven a cabo la gigantesca y estratégica tarea de transformar las prácticas docentes y directivas escolares, que son la base del sistema educativo nacional?

Restan poco menos de tres años para que concluya el periodo de este gobierno federal de la Cuarta Transformación. El proceso es complejo. No hay que olvidar que el empuje de una transformación social y del cambio de régimen político, si surge desde abajo, va. De lo contrario, dicha transformación social será sólo una ilusión.

En resumen, el país no cuenta con una plataforma alternativa clara en lo educativo, sino que, en todo caso, se han logrado delinear apenas unas políticas públicas que han buscado desmontar la parte del contenido legal de la anterior plataforma política; pero que, en los hechos, se vive como un “continuismo” para el conjunto del magisterio, en lo sustantivo del trabajo cotidiano que se lleva a cabo en las escuelas y en las aulas. Lo cual se suma como un elemento adicional a la crisis del reformismo educativo en México.

Juan Carlos Miranda Arroyo en Twitter: @jcma23

Fuente: https://profelandia.com/educacion-tercer-ano-de-gobierno/

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SEP: Debatir la noción de competencias educativas

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

 

«En el contenido (lo curricular) de la reforma educativa de la 4T existe un vacío o carencia de un proyecto alternativo…»

 

Una de las preguntas que han surgido en torno a las políticas públicas educativas del gobierno de la 4T, como parte de su tendencia al continuismo y como uno de los elementos de la crisis del reformismo educativo en México, es la siguiente: ¿Por qué no transformar o cambiar la idea de “competencias educativas” como noción y modelo principal que está detrás de los planes y programas de estudio de la educación obligatoria (básica y media superior)?

Los orígenes del concepto de competencias en educación

Aunque Emilio Ribes (1) dice que el primer autor en abordar la noción de “competencias” en la educación fue White durante los años 50, una de las principales influencias en la introducción de este concepto al ámbito de la educación, desde la década de los años 90 del siglo pasado, proviene de la necesidad de sistematizar la evaluación de desempeño de los trabajadores del sector productivo y de los círculos del mercado.

Como lo expuse en un texto publicado en 2013, la noción de competencias constituye un concepto hegemónico y central de las iniciativas que surge de los modelos económicos internacionales y de la agenda educativa confeccionada por sectores dirigentes u organismos de los llamados “países ricos” (OCDE), y cuyas aplicaciones se concretaron, primero, en los sectores productivos de bienes y servicios de las naciones miembros. (2)

Es importante reconocer que el llamado modelo “competencial” o de desarrollo de competencias, que incluye un enfoque particular de planificación didáctica y de diseño de ambientes para el aprendizaje, centrado en el logro, formulado por los expertos de la OCDE, no es el único ni el más completo de los existentes en la literatura internacional de la investigación educativa, pero sí es uno de los más influyentes hoy como soporte técnico-metodológico de los programas indicativos internacionales y nacionales de la educación, así como de las políticas públicas locales, sin que ello necesariamente haya impactado en la transformación de la cultura y las prácticas docentes de las naciones que lo han adoptado, sobre todo en aquellas sociedades donde se han iniciado procesos de reforma de la educación desde el año 2000-2001, aproximadamente, a la fecha, como es el caso de México (SEP, 2009, 2011 y 2017).

Como antecedente, también, hay una referencia al concepto de “competencias”, pero que fue expresada en otro contexto; pienso en la noción propuesta por Chomsky cuando expuso la idea de “competencias lingüísticas”.

Necesidad o no del cambio de paradigma

¿Cuál es el sustento o fundamento teórico-metodológico del modelo educativo que eligió la SEP (es decir, sus especialistas) acerca del diseño curricular “competencial” adoptado en México, y concretado en planes y programas de estudio, durante el período de aplicación de las políticas públicas neoliberales (2000-2018)?

¿Por qué el gobierno de la Cuarta Transformación no ha tocado ni con el pétalo de una rosa dicho modelo “competencial”? ¿Las autoridades, funcionarios y especialistas de la SEP, así como de la Comisión Nacional MejorEdu, consideran que no es necesario cambiarlo, es decir, están de acuerdo con éste? Si dicho modelo se ha conservado durante los últimos tres años ¿ello significa que no existe una intención de discutirlo ni de modificarlo durante el tiempo que resta del sexenio?

Es claro que en esta materia más fina y específica, es decir, en los contenidos (en lo curricular) de la reforma educativa de la 4T, existe un vacío o carencia de un proyecto alternativo.

Acerca del diseño curricular para la educación básica, específicamente, conviene abrir la mirada hacia otros horizontes y establecer, en todo caso, una ruta crítica de discusión para lograr mayor dinamismo y diversidad en la plataforma pedagógica que da lugar a la selección de los contenidos, al abordaje de la enseñanza y a la evaluación de los aprendizajes, ya que una matriz genérica, única o uniforme (basada en el “desarrollo de competencias clave”), agota las opciones creativas y cierra toda posibilidad de flexibilidad que necesita la educación, esto en función de la diversidad cultural, étnica, lingüística, política y económica de las distintas regiones de México.

Para ello, es de suma importancia retomar otros paradigmas o modelos de diseño curricular (en la nota al pie proporciono la referencia de un texto donde expongo algunas propuestas) pero, sobre todo, es necesario escuchar las voces de las figuras educativas: los maestros, las maestras, los directivos escolares, asesores técnicos, etc., por sus conocimientos y experiencia, así como a las figuras o actores sociales que viven los procesos de aprendizaje: los niños, las niñas y los jóvenes, protagonistas centrales del derecho a la educación.

Vemos que con frecuencia se habla del término “desarrollo de competencias clave” (quizá para matizar), que a su vez está relacionado con el concepto de “aprendizajes clave”, y de ahí se ha pasado a los “aprendizajes esperados”. ¿Acaso no requiere cambios este aparato conceptual?

Dice el texto del Modelo Educativo 2016-2017 (elaborado por la SEP del gobierno peñista) que “El currículo nacional debe fomentar el desarrollo de competencias para la vida que son fundamentales. Una competencia clave que estructura a otras es ‘aprender a aprender’, que significa aprender a pensar, a cuestionarse acerca de los diversos fenómenos, sus causas y consecuencias, a controlar los procesos personales de aprendizaje, así como a valorar lo que se aprende en conjunto con otros”… Una segunda competencia clave que está relacionada con el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los niños y los adolescentes es “aprender a convivir”, ya que se trata de un fin que en nuestra época debemos enfatizar.” (Nuevo Modelo Educativo, pp. 46-47).

Efectivamente, el desarrollo sistemático de las llamadas “competencias educativas clave” y los aprendizajes que están vinculados a éstas, constituyen piezas centrales en el diseño curricular actual en la educación de las niñas, los niños y los jóvenes, en distintas latitudes del mundo y en México. Pero el problema que presenta esta concepción, (que por cierto, como ya dijimos, no es muy novedosa, ya que la OCDE la propuso desde los años 90, con la idea de las llamadas “key skills”), no es tanto su origen, definición o caracterización, sino su pertinencia y consistencia en relación con las necesidades educativas locales, su consistencia interna y su pretendida “neutralidad ideológica”.

Fuentes consultadas y notas:

(1) Ver entrevista a Emilio Ribes, SDPnoticias (publicada en tres partes en 2018). “El primero que habló de ‘competencias’ fue White en los años 50, no Chomsky… Y lo aplicó al análisis de conducta animal… Es un término del lenguaje ordinario… Desde 1985 hablo del concepto de competencias… Para mí, es un concepto de interfaz entre la teórica básica y el campo interdisciplinario… El concepto de aprendizaje lo podemos articular con la noción de inteligencia, a través del concepto de ‘competencia’. Luego lo abordo con un sentido funcional y desarrollo una clasificación de las competencias: 5 tipos generales de ellas… Después surgieron toda clase de nociones de competencias (con fuerte influencia comercial), sin un sentido, sin una definición en términos de logros (en ese sentido, pienso que es absurdo hablar de competencias como ‘Pensamiento Crítico’, por ejemplo)”.

(2) Ver un análisis más amplio en el texto: “La noción de ‘competencias’ en la Reforma de la Educación Básica en México”, que fue publicado en la Revista Iberoamericana de Educación, 2013, No. 61/4.

Fuente de la información: https://profelandia.com

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El enfoque burocrático de las políticas públicas educativas

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

No olvidemos que la burocratización negativa de procesos y de servicios públicos está más cercana a las prácticas de corrupción

Esta semana Erick Juárez Pineda, director editorial del sitio Educación Futura, escribió en redes sociales digitales lo siguiente: “Dice la Secretaria de la SEP, Delfina Gómez Álvarez (@delfinagomeza) que está atenta a los comentarios, pues está reunida con Adela Piña Bernal (@Adela_PBernal), titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (@USICAMM_OFICIAL).”

De inmediato le envié el siguiente comentario: “Ya vimos, estimado Erick (@elErickJuarez) que la maestra Adela Piña sólo se reúne con autoridades educativas locales, pero no con las/los maestr@s del país. Delfina Gómez y ella no aprenden a tocar piso. Siguen «de vuelo» en las nubes del poder.”

Lamentablemente, eso es cierto. Para nuestras autoridades educativas, es más importante construir consensos con los funcionarios educativos estatales y con los mandos medios de las oficinas burocráticas locales, que con las y los docentes.

Lo que ha sucedido durante el último año, con la emisión de convocatorias a concursos para la promoción vertical y horizontal de maestras y maestros de la escuela pública, por parte del organismo público encargado de ello, las políticas y los criterios institucionales utilizados por la Unidad mencionada, en los procesos previos a las evaluaciones, y durante las evaluaciones mismas, han tendido a marginar a docentes, asesores técnicos y directivos escolares, que sí cumplen con los perfiles académicos correspondientes.

La Unidad prácticamente los ha dejado fuera de los concursos con argumentos burocráticos absurdos, sin considerar criterios académicos. Pero lo grave no es eso, sino el mensaje que transmiten los filtros artificialmente creados para favorecer a ciertos aspirantes. La fórmula del “retrato hablado” parece ganar cada día mayor espacio en los procesos de promoción.

En otras palabras, lo que prevalece en la esfera pública del sector educativo, desde la perspectiva de las funcionarias responsables de la SEP y la USICAMM, es un enfoque burocrático y “elitista” (no académico, sino clientelar) de las políticas educativas.

Es cierto que las buenas intenciones, de las titulares de las instituciones educativas nacionales, se expresan diariamente y con énfasis en los medios de comunicación (tradicionales y digitales), y quizá tienen razón en que se podrían modificar algunas actitudes (como el trato discriminatorio hacia las/los docentes), así como disminuir los tiempos y los movimientos desfasados, y enfocarse en generar mayor claridad en la comunicación con las/los maestr@s; problemas que se han dado en los trámites y procesos administrativos de las convocatorias señaladas (admisión y promociones), donde docentes, asesores técnicos y directivos escolares han quedado marginados. Sin embargo, lo de fondo seguirá sin cambiar mientras no se produzcan transformaciones estructurales, legales e institucionales claramente vinculadas con esos procesos.

Esto escribí en junio pasado, con motivo del cambio de titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM, de la SEP): Aparte de la ineptitud, el burocratismo y la opacidad; el corporativismo y el clientelismo serán los sellos de la siguiente administración de la USICAMM. El cambio, con la Maestra Adela Piña Bernal, al frente de la Unidad en cuestión, lamentablemente asegurará el continuismo de ese tipo de prácticas. Ojalá me equivoque… Es lamentable decirlo hoy, pero no, no me equivoqué.

Debo admitir que no todo lo que está tocado por la burocracia es negativo, ineficiente o está marcado por la corrupción, no. Hay que reconocer que hay segmentos y zonas del trabajo burocrático que sí cumplen con sus tareas y funciones en tiempo y forma; con actitudes positivas, colaborativas y cordiales. Existen grupos de trabajo burocrático que sí han contribuido a la solución de trabas en procesos y procedimientos para beneficiar a la ciudadanía. Sería injusto no reconocerlo.

Tristemente la USICAMM se ha destacado por su burocratismo negativo y ha conseguido –con merecimiento- indiscutibles trofeos de ineficiencia, ineptitud y sospechas de corrupción. ¿Cuáles serán las dependencias del conjunto de la administración pública federal, con más quejas de la ciudadanía? No dudo que la USICAMM ocupa alguno de los primeros sitios en esa lista. Y su incapacidad para resolver problemas se ha agudizado a lo largo de los dos últimos años, desde que se declaró oficialmente el periodo de pandemia por Covid-19 en México.

Esos resultados negativos en el servicio público, no son lo que demandaron las maestras y los maestros durante las protestas en contra de la “Reforma Educativa estructural” del gobierno de Peña Nieto (2015-2016). Lo que sucede hoy en día, está completamente alejado de las necesidades académicas del sistema educativo y de las demandas sociales expresadas en distintos foros por docentes, asesores y directivos escolares.

La Unidad mencionada ha recurrido a los medios electrónicos de información para llevar a cabo sus tareas, a través de procedimientos automatizados, sin embargo, en ello también ha fallado. No basta con diseñar o contratar a empresas que diseñan los sistemas de información. El problema está en la organización, en la alimentación de dichos sistemas y sus bases de datos, así como en la capacitación, la actualización técnica, etc., y en el manejo de las actitudes por parte de las personas que atienden y llevan a cabo el servicio público, tanto en el nivel federal como estatal.

Éste es un asunto, entre otras cosas, de profesionalización del servicio público. En la medida en que no se logre esto y se siga en la improvisación, estarán cerradas las puertas para la promoción de las profesoras y profesores que tienen experiencia en el sistema educativo público, como docentes, asesores técnicos o directores escolares, en el nivel de educación básica o media superior, puesto que la mayoría no ha sido aceptada para concursar por una plaza (o incentivo) de promoción (vertical u horizontal), debido a inconsistencias, de procedimiento, creadas (intencionalmente o no) por la propia burocracia educativa.

La experiencia indica que no hay mucho que cambiar en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) de la SEP. Del mismo modo como no lo hubo en la Unidad del Servicio Profesional Docente (SPD) del sexenio pasado (2013-2018), porque su problema no es sólo de personas sin capacidad técnica, sino de marco legal y de diseño institucional.

Mientras se realizan los ajustes reglamentarios, procedimentales e institucionales para lograr un cambio de fondo en la USICAMM, para que los procesos de promoción en el ámbito de la escuela pública sean satisfactorios, completos y profesionales; propongo que se inicie un plan de “desburocratización” de los procesos y los procedimientos que están inmersos en ello.

No olvidemos que la burocratización negativa de procesos y de servicios públicos está más cercana, como fenómeno social y como sistema, a las prácticas de corrupción. Y en ello, como se sabe, hay varios actores sociales importantes: las/los dirigentes gremiales y las/los funcionarios públicos que parecen favorecer a grupos o personas incondicionales (al estilo del viejo corporativismo).

Si este gobierno del presidente López Obrador se quiere desmarcar de los gobiernos (neoliberales) del pasado, deberá de empezar por erradicar la corrupción junto con la burocratización asociada a ella.

Fuente de la información e imagen: https://www.educacionfutura.org

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Sociedad del Conocimiento y Pensamiento Matemático

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

 

«¿Cómo podemos sobrevivir en este tipo de sociedad si no preparamos a las futuras generaciones a pensar en forma paralela o alternativa?»

 

En nuestro próximo libro sobre “Educación y Pensamiento Matemático”, (en colaboración con la Maestra Minerva Ramírez Meza), incluimos una sección de reflexiones sobre la transición clave que va del pensamiento lógico al pensamiento matemático (específicamente aritmético). Ahí afirmamos que esa transición se puede activar y comprender desde la educación preescolar y primaria, a través de actividades sencillas de aprendizaje.

En esta ocasión expondré algunas ideas en torno a la importancia de llevar a cabo este tipo de acciones pedagógicas y didácticas, en ese campo de formación (pensamiento matemático); se trata de acciones que provoquen cognitivamente a las y los estudiantes, desde la educación básica hasta la superior; así como a las y los docentes, y a las y los directivos escolares, para que se animen a repensar la educación matemática desde una perspectiva crítica, reflexiva y creativa.

El libro es el producto de más de 30 años de experiencias profesionales, como docentes y asesores técnicos, en la educación pública básica y superior. También, es una breve muestra del trabajo realizado tanto en los ámbitos de la formación profesional de maestras y maestros de Educación Básica, en servicio, como con estudiantes egresados de bachillerato que se incorporan, año con año, a estudiar los programas académicos, a nivel de Licenciatura, en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro.

El conjunto de textos incorporados en el volumen es, así mismo, el resultado de dos y media décadas de nutritivas vivencias en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje activos con niñas y niños de Educación Preescolar y Primaria tanto en escuelas públicas como privadas del Estado de Querétaro.

La intención principal de la obra es, por lo anterior, ofrecer a las y los docentes, asesores técnicos y directivos escolares de ambos niveles educativos (de Preescolar y Primaria), entre otros profesionales de la educación, una serie de reflexiones, estrategias, propuestas e ideas teóricas y prácticas, en los planos psicopedagógicos y de planificación e intervención didácticas, con un sentido crítico, para entrar en acción y movilizar al pensamiento matemático, dentro del aula y fuera de ella.

Uno de los ejemplos de abordaje crítico expuesto en el libro, es el que se refiere a la incorporación y revisión de una diversidad de sistemas de numeración, que sean diferentes a la estructura y la lógica interna del sistema decimal, que es el sistema dominante.

Me refiero al sistema binario simple, que puede ser útil para introducir a las/los estudiantes de los grados iniciales de la educación formal para entender el sistema de numeración decimal pero, al mismo tiempo, para que conozcan otras alternativas, modelos o esquemas de cuantificación.

En algunos otros mensajes, que he escrito en redes sociales, argumenté que ese conocimiento (el sistema binario), también considerado como “alternativo”, se puede enseñar y aprender a las/los estudiantes desde la educación preescolar y primaria con la finalidad de enriquecer sus rutas cognitivas.

En el libro planteamos la siguiente pregunta: “Profesor@s de Preescolar y Primaria: ¿Han puesto en práctica alguna vez, con sus estudiantes, el ejercicio de transición del pensamiento lógico al pensamiento matemático (específicamente aritmético)? (a través del sistema binario o base 2).” Cabe mencionar que dicha práctica ha sido adaptada para estudiantes de tercero de preescolar y primeros años de primaria.

¿Por qué decimos que ese tipo de prácticas pueden representar un abordaje crítico y alternativo en el campo de formación llamado “pensamiento matemático”, desde los primeros años de la escolaridad? Porque, como lo dijera alguna vez Jorge León, profesor de telesecundaria en el estado de Veracruz: “El sistema de numeración decimal es dogmático y hegemónico”.

Eso es cierto. En las escuelas enseñamos ese sistema (decimal) como si fuera el único posible. Por eso, el sistema de numeración binario es alternativo o paralelo. Podría decirse, en otras palabras, que el sistema binario constituye otra manera cognitiva, teórica y práctica, de entender y procesar los sistemas de numeración. Cabe recordar, por cierto, que el sistema binario ha sido utilizado para desarrollar algunos lenguajes computacionales.

Algo similar se puede pensar y hacer en torno al sistema de medición del tiempo, que tiene como base y estructura al número 60 y sus múltiplos. No hay que olvidar que, en la vida cotidiana, utilizamos tanto el sistema decimal como el sexagesimal, a veces de manera automática o sin reflexionar sobre ellos.

Conversaciones en redes sociales

La profesora Irma Villalpando (@irma_vh) comentó lo siguiente acerca de lo dicho en torno al sistema decimal: “Hegemónico sí, pero no entiendo lo dogmático. Más bien es una convención impuesta, un instrumento simbólico inventado y aceptado para “operar” con la realidad ¿no? Y en efecto, no es el único y aprender otras formas amplía los esquemas cognitivos de comprensión (ya me vi piagetiana).”

Mi respuesta al respecto fue la siguiente: “(El profesor León) se refería a que se enseña (y aprende), el sistema decimal, como si fuera un dogma de fe, sin cuestionarlo, y no como un sistema razonado ni abierto a la crítica…”; a la deliberación exigente de la comunidad académica.

El profesor Israel Buitrón (@IsraelBuitronD ), del IPN, señaló: “Deberíamos incluso enseñar el (sistema) vigesimal, ya que en muchos pueblos originarios ese es su sistema base. El náhuatl, la lengua indígena con más hablantes en nuestro territorio, lo usa y es esencial en su cosmovisión.”

Se dice que hoy en día vivimos en una sociedad del conocimiento ¿Cómo podemos sobrevivir en este tipo de sociedad si no preparamos a las futuras generaciones a pensar en forma paralela o alternativa? En la misma dirección, me pregunto: ¿Cuáles son los cambios esenciales que se requieren, en tal sentido, en el currículo escolar de la educación básica, en general, y en el currículum del pensamiento matemático, en particular?

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En defensa de las Instituciones de Educación Superior Públicas

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

«Las Instituciones de Educación Superior Públicas (IESP), también han sido afectadas por políticas a través de “recortes” y programas de austeridad…»

La universidad es un espacio social, educativo, plural, incluyente y diverso

Hace unos días, el presidente López Obrador lamentó que la “Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se haya derechizado, como sucedió en los últimos tiempos”, y señaló que todas las instituciones de educación superior “fueron sometidas al pensamiento neoliberal”. (1)

AMLO también calificó a la Universidad como “individualista”, además de decir que “perdió su esencia de formación de cuadros y profesionistas para servir al pueblo”.

En la mañana del viernes 22 de octubre, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, matizó lo dicho por el mandatario un día antes: “los neoliberales subordinaron la educación de universidades públicas a los dictados del mercado. Se dejó de lado el humanismo y la visión social. Quisieron acabar con la educación gratuita y reducir la matrícula, pero la comunidad universitaria defendió el derecho a la educación.” (2)

Aunque oportunas, las afirmaciones del jefe de comunicación social de la Presidencia no han limado las asperezas generadas por su jefe inmediato en el seno de las comunidades académicas.

Los contextos

Las declaraciones realizadas por el jefe del Ejecutivo Federal fueron dadas a conocer durante una más de sus conferencias de prensa de la mañana, en Palacio Nacional. Lo menos que se puede decir es que se trata de declaraciones polémicas y que generan múltiples reflexiones.

Hay que recordar que la universidad y las instituciones de educación superior públicas de México, en general, llevan a cabo sus funciones sustantivas (docencia, investigación y difusión de la cultura) en condiciones adversas desde hace más de 40 años. Sobre todo, las limitaciones presupuestales o de financiamiento público han sido la nota permanente durante el precario desarrollo de estas instituciones educativas a lo largo de las últimas 4 décadas. ¿Por qué lanzarse a criticarlas sin tomar en cuenta esos contextos?

Ciertamente, no ha habido bonanza en las universidades públicas porque la economía nacional ha pasado también por situaciones difíciles. Tales condiciones económicas (como el limitado crecimiento del PIB) han sido el resultado de la aplicación de un modelo económico hegemónico, por parte de los gobiernos priistas y panistas (“tecnócratas” se les llamaba antes; hoy denominados por el presidente como “neoliberales”). De esta forma, las instituciones de educación superior públicas (IESP), también han sido afectadas por dichas políticas públicas, a través de “recortes” y programas de austeridad. Esas son condiciones de contexto que necesitamos entender y no olvidar.

Y comprender también que el pensamiento político y económico dominante (cuyo contenido se orienta hacia la liberación de aranceles y el comercio internacional, o la privatización de sectores de la economía administradas por el Estado, etc.), así como la aplicación de las políticas públicas económicas y sociales “neoliberales” en países de América Latina y el Caribe, no son exclusivos de la región sino que han prevalecido en el mundo durante varias décadas.

También es necesario entender que los movimientos sociales y culturales que critican o se oponen a ese tipo de modelos económicos y políticos públicos conservadores, han surgido (aunque no exclusivamente) de las universidades o instituciones de educación superior públicas, porque dichas instituciones son espacios educativos de reproducción de ciencias, técnicas y humanidades, pero también de producción de conocimientos originales en todos esos campos.

Por lo tanto, en las IESP caben lo mismo la crítica, que la coincidencia razonada o la discrepancia abierta en torno a tales modelos económicos o políticos. Ahí, es decir en las IESP, se han puesto en movimiento los estudios y las investigaciones más amplias y rigurosas sobre el florecimiento, desarrollo y decadencia de los diferentes modelos económicos, sociales y regímenes políticos. Ahí es donde se estudian los cambios o las transformaciones sociales, históricas, educativas y culturales de todos los tiempos.

Cabe recordar que tanto en el debate público entre Caso y Lombardo (1933) como en la discusión pública registrada entre José Narro e Imanol Ordorika, (en el seno del Congreso Universitario de 1990), sobre el destino de la universidad, se constató la coexistencia de diversas posiciones ideológicas y políticas en la UNAM. En ambos casos no hubo triunfadores ni derrotados, sino el reconocimiento de la universidad como un espacio social, educativo, plural, incluyente y diverso.

No hay ninguna duda que las IESP hacen su trabajo en condiciones de desventaja y con grandes limitaciones, especialmente en contextos de crisis económicas continuas como las que se han vivido en nuestro país. Por ello, la defensa de la escuela pública, en general, habrá de pasar por la defensa y el reconocimiento de sus comunidades educativas, primero, es decir, de sus figuras académicas (docentes, investigadores, técnicos) y de sus estudiantes. Pero, en segundo lugar, admitir que la defensa de las IESP también se ejerce desde los espacios del poder político.

La crítica radical hacia las élites que gobiernan a las IESP es un tema paralelo, que no tiene por qué generalizarse hacia todos los integrantes de las comunidades académicas y educativas.

Si hay algo que deba investigarse judicialmente, en el ámbito de los manejos de recursos públicos, habrá de hacerse con el fundamento y el apego legal que correspondan, y con los procedimientos que se tienen a la mano para ello. En esa parte, se puede coincidir con la necesidad de hacer más transparentes y abiertos los ejercicios de las finanzas públicas de las IESP, pero ello no justifica la descarga de juicios sumarios desde Palacio Nacional en contra de ellas.

Invito al presidente de la República a visitar a las IESP. Quizá está desactualizado acerca de la pluralidad ideológica, cultural y social que nos caracteriza.

Fuente consultada:

(1) Laura Poy y Fabiola Martínez. Reitera AMLO críticas a la UNAM y lamenta que “se haya derechizado”. La Jornada, 22 de octubre, 2021.

(2) Mensaje en Twitter (cuenta: @JesusRCuevas) el viernes 22 de octubre, 2021.

Juan Carlos Miranda Arroyo: jcmqro3@yahoo.com y @jcma23

Fuente de la información: https://profelandia.com

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Apoyos a la educación superior, después

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

«Las y los universitarios que trabajamos a distancia o en línea, desde hace más de 17 meses, lo hacemos no por gusto, sino por necesidad de salud pública y personal…»

Universidades: Sí queremos regresar a las aulas, pero no así.

Hace unos días, una nota de SDPnoticias y otros medios registra algunas declaraciones del presidente López Obrador sobre el regreso a clases presenciales en las universidades públicas. Son declaraciones desafortunadas porque no consideran todos los factores inmersos en la eventual vuelta a las aulas ni a la complejidad de la labor docente.

“En la mañanera del 7 de octubre, el presidente AMLO se lanzó contra las universidades y escuelas públicas que no han regresado a clases presenciales, como la UNAM. El presidente AMLO cuestionó que si el personal de las universidades públicas está muy cómodo recibiendo dinero desde sus casas y sin correr ningún riesgo… El mandatario señaló que no regresar a clases presenciales significa un atraso…”

“¿Por qué muchas universidades no regresan a clases? (…) ¿Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo?, ¿Y nos vamos a acostumbrar a eso? Todo eso significa atraso”

AMLO EN SU CONFERENCIA MAÑANERA

En la misma conferencia del jueves pasado, “López Obrador hizo un llamado a estudiantes para que ya regresen a las escuelas porque es “tóxico, enajenante, estar solo sometido a los sistemas de internet”. Y agregó que “…el personal de las escuelas ‘está muy cómodo’ en su casa trabajando en línea, pero no nos podemos acostumbrar a esta modalidad.”… “Recordó que las y los profesores ya están vacunados y no se registran brotes tras el regreso a clases en agosto pasado.” (1)

La principal universidad pública del país, la UNAM, respondió a lo dicho por AMLO con este breve comunicado: “Como se informó desde un inicio, el regreso a las aulas se intensificará una vez que el semáforo epidemiológico pase al color verde.”

Debe saber el jefe del ejecutivo federal que las clases no se han interrumpido desde que se inició oficialmente la pandemia por Covid, en marzo de 2020. Aunque es obvio que éstas se han realizado en línea, con sus pros y sus contras. Y que las y los docentes de educación superior no hemos recibido apoyos logísticos ni económicos durante los últimos 17 meses para realizar nuestras responsabilidades académicas: Apenas en la quincena 18 de este 2021, se nos pagó un bono único y extraordinario por un total de $720.

¿Cómo nos han apoyado a los universitarios, como instituciones educativas, en los gastos que hemos realizado por el pago de servicios de internet, de conectividad y de mantenimiento o reparación de nuestros equipos electrónicos para continuar con las clases a distancia?

¿Tiene conocimiento el presidente de la república que las y los docentes de educación superior pagamos de nuestra bolsa los equipos, servicios e insumos relacionados con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? ¿Sabe que realizar labores de enseñanza desde nuestros hogares no es una cuestión que se dé como “miel sobre hojuelas”?

En principio, esas herramientas de trabajo deberían de ser proporcionadas por el patrón (o sea la SEP, para el caso de la escuela pública), para todos y cada uno de las y los trabajadores de la educación que requerimos de tales equipos o servicios, sin los cuales sería imposible realizar nuestras labores académicas.

Además, los protocolos institucionales de seguridad sanitaria no han sido cumplidos. Si bien es cierto que la mayoría de las y los docentes hemos sido oportunamente vacunados (por ser personal educativo o por edad), lo evidente es que aún no hay condiciones adecuadas para regresar al formato de clases presenciales. Un factor importante, por ejemplo, aparte de las condiciones de higiene y de seguridad sanitaria en los recintos universitarios, pendientes, y la falta de determinación del comité de epidemiología federal (semáforo sanitario), es la incompleta vacunación de las y los estudiantes mayores de 18 años.

Por otra parte, quienes trabajamos en las universidades no solamente nos dedicamos a atender a las y los estudiantes en los salones. Además, llevamos a cabo reuniones colegiadas; asesoramos de manera personalizada a las y los alumnos en activo, así como a egresados. Participamos en la asesoría de procesos de titulación y en exámenes profesionales. Llevamos a cabo, entre muchas otras actividades, eventos académicos o atendemos diferentes tareas que implican acompañamientos a prácticas profesionales; y damos seguimiento a nuestros estudiantes, a través de reuniones diversas con los representantes de las instituciones receptoras.

Las y los universitarios que trabajamos a distancia o en línea, desde hace más de 17 meses, lo hacemos no por gusto, sino por necesidad de salud pública y personal.

Éste no es un asunto de “ideologías políticas”, ni de posiciones irreductibles o evasivas de responsabilidades. Éste es, más bien, un asunto de condiciones laborales de trabajo, frente a las cuales las autoridades educativas sólo han cumplido con una parte, pero donde aún quedan muchos asuntos pendientes por atender y resolver.

Debido a que las y los universitarios no hemos recibido los apoyos necesarios para desempeñar nuestras labores cotidianas, hasta el momento, tanto en la parte logística como económica, queda la impresión que en el ámbito de las decisiones de este tipo las autoridades educativas, federales y estatales, sólo se limitan a decir: “los apoyos para la educación superior, después…”

Sí queremos regresar a las aulas y a atender nuestras múltiples tareas universitarias, pero no así.

Fuente consultada:

(1) Nota de Gabriela Hernández. “Mañanera de AMLO, 7 de octubre: Regreso a clases, Pío López Obrador, Luis Videgaray, elecciones en Tlaquepaque, litio y más”. SDP Noticias, 7 de octubre, 2021.

Contacto de Juan Carlos Arroyo Miranda: jcmqro3@yahoo.com y @jcma23

Publicado en SDPnoticias

Fuente: https://profelandia.com/apoyos-a-la-educacion-superior-despues/

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