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Educación y Pensamiento Matemático Infantil

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

«Es un libro que busca contribuir al desarrollo del pensamiento matemático temprano de las niñas y los niños.»

El título de esta colaboración, es el mismo del libro que en próximos días se dará a conocer: “Educación y Pensamiento Matemático Infantil”, una obra editada por Episistemas Educativos como parte de la serie denominada “Con razón”.

Tengo el honor de compartir los créditos de esta próxima y especial publicación con la Maestra Minerva Ramírez Meza, quien me lleva años luz en la experiencia y práctica docente, con las niñas y los niños de educación preescolar en el vínculo educativo y pedagógico.

Quizá mi aportación se limita al hecho de compartir, en el libro, las experiencias, intercambios, reflexiones y procesos generados al calor de la formación profesional y continua de cientos de docentes de educación básica, en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro, donde hemos jugado el rol de la docencia y la asesoría; así como con docentes de ese nivel educativo, entre otros, con quienes nos hemos vinculado a través de sus procesos de formación permanente en la escuela pública.

A continuación compartimos con ustedes el texto que escribimos para la presentación del libro, como un adelanto de lo que verán impreso en unas semanas.

Presentación del libro “Educación y Pensamiento Matemático Infantil”

“Este libro es el producto de más de 32 años de experiencias profesionales, como docentes, en la educación pública básica y superior. También, es una muestra del trabajo realizado tanto en los ámbitos de la formación profesional de maestras y maestros, así como con directivos escolares y asesores de educación básica, en servicio; y con estudiantes egresados de bachillerato que se incorporan, año con año, a estudiar los programas académicos, a nivel de licenciatura, en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro.

Este conjunto de textos es, así mismo, el resultado de dos y media décadas de nutritivas vivencias en la enseñanza y el aprendizaje activos con niñas y niños de Educación Preescolar y Primaria en escuelas tanto públicas como privadas del Estado de Querétaro.

La intención principal de esta obra es, por lo anterior, ofrecer a las y los docentes, asesores técnicos y directivos escolares de ambos niveles educativos de Preescolar y Primaria, entre otros profesionales de la educación, una serie de reflexiones, estrategias, propuestas e ideas teóricas y prácticas, en los planos psicopedagógicos y de planificación e intervención didácticas, para entrar en acción dentro del aula y fuera de ella.

Por fin, con esta obra, tenemos la oportunidad de compartir por escrito lo expresado verbalmente en cursos, talleres y diplomados, tanto presenciales como en línea, dirigidos a las figuras docentes, académicos y demás profesionales de la educación.

Esta labor se ha hecho a efecto de dar variedad, pertinencia, significado y profundidad a las actividades de enseñanza y aprendizaje, que llevan a cabo las y los docentes y estudiantes tanto al interior como fuera de los centros escolares; dentro y afuera de las aulas, dado que el pensamiento matemático no se reduce únicamente a los espacios escolares.

Pero, sobre todo, la intención psicopedagógica de estos textos, es compartir, con las diferentes figuras académicas, nociones y criterios de aplicación profesionales en el campo de saberes o de conocimientos (campo de formación) denominado ‘Pensamiento Matemático’, para llevar a cabo de manera sistemática, las etapas de planificación, intervención y evaluación educativas en las escuelas o en los proyectos educativos no escolarizados que correspondan.

La idea es, en resumen, contribuir al desarrollo del pensamiento matemático temprano de las niñas y los niños, así como de las y los jóvenes, en términos de los aprendizajes significativos y los saberes específicos de nociones, estrategias y procedimientos en este campo de formación y de conocimiento, a partir de criterios basados en el desarrollo psicológico (intelectual) humano.

La organización de los contenidos y actividades sugeridas abarcan los primeros propósitos establecidos en el plan y los programas vigentes de la educación básica en México (SEP, 2017); aunque también recupera algunas ideas y conceptos de los programas anteriores, tanto para la Educación Preescolar como para la Educación Primaria. Específicamente, nos referimos a los propósitos educativos que están concentrados en los aprendizajes de las relaciones cuantitativas y al desarrollo del sentido numérico.

La primera parte del libro lleva por título: ‘Pensar, enseñar y aprender a pensar’, que contiene reflexiones sobre la educación y su relación con el pensamiento matemático infantil. La segunda parte se denomina: ‘Pensar aritméticamente: saber cómo sin saber cuánto”’ que integra la primera sección de la propuesta psicopedagógica. La tercera y última parte se llama: “Pensar aritméticamente: saber cómo, saber cuánto y para qué”, que contiene la segunda sección de la propuesta.

Esperamos que estas reflexiones, análisis y propuestas, que están integradas en este libro de manera organizada, crítica y amigable, sean del interés psicopedagógico de las y los docentes y directivos escolares de educación básica, así como de las y los profesionales de la educación, en general, interesados en la educación y el pensamiento matemático durante los primeros años de la escolaridad.”

Fuente de la información e imagen: https://www.sdpnoticias.com

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Educación, neoliberalismo y políticas públicas

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

¿Es una declaración que refleja o proyecta el verdadero posicionamiento político e ideológico de AMLO?, cuestiona Juan Carlos Miranda Arroyo en su columna.

En esta oportunidad comparto tres comentarios sobre educación, neoliberalismo y políticas públicas.

El diario La Jornada publicó este miércoles 25 de mayo la siguiente cabeza informativa: “AMLO: no sería del todo malo el neoliberalismo si se aplicara sin corrupción”.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional y en respuesta a una pregunta sobre las concesiones que se han otorgado a particulares de bienes patrimoniales de la nación (como el agua), el presidente Andrés Manuel López Obrador “llamó a tener “mucho cuidado” con estas concesiones, aunque subrayó que “no es malo per se el que una empresa administre la distribución del agua, lo que sucede por lo general es que hay corrupción. La variable, dirían los tecnócratas, es ese fenómeno, que echa todo a perder” (Nota de Néstor Jiménez y Ángeles Cruz).

¿Ésta es una declaración que refleja o proyecta el verdadero posicionamiento político e ideológico de AMLO?

Hay tres aspectos de las Políticas Públicas Educativas (PPE) neoliberales, que han sido adoptadas por el gobierno del presidente López Obrador y que contradicen su discurso anti neoliberal:

1) Llevar a cabo uno o varios programas para entregar “vouchers educativos” a la población que lo requiriera (Estancias Infantiles), que se refiere a la orientación y operación de entregar vales de colegiaturas a las familias de las niñas, los niños o los jóvenes que no tienen recursos para pagar a las escuelas particulares de su elección. Ésta es una acción que se observa en el diseño y ejecución de PPE de Gran Bretaña, EU y Canadá.

Las PPE neoliberales han pasado de aplicar subsidios a la oferta para cambiar la estrategia a favor de los subsidios a la demanda. “El subsidio a la oferta es tradicional: es pobre no puede pagar escuela, creamos escuela y no le cobramos. Pero otra opción es (el) subsidio a la demanda: le pagamos la escuela privada. Y elige cual. Esto genera competencia para intentar dar la mejor educación. Se entregarían vouchers a los padres necesitados. Pueden ser públicos (los da el Estado) o privados (lo hacen fundaciones)”. (Martin Krause. Políticas sociales en educación o salud: subsidio a la oferta o subsidio (¿privado?) a la demanda, 2016).

Cabe recordar que las políticas públicas neoliberales se caracterizan, entre otros aspectos, por una su tendencia hacia la disolución de las instituciones públicas que tuvieran participación en la economía, a efecto de reducir a su máxima expresión al Estado benefactor o de bienestar, ello para promover mayor participación de las empresas, corporaciones, sociedades o asociaciones privadas, con la intención de que los diferentes sectores de la economía sean regulados por el mercado, no por el Estado.

2) Mantener un programa de incentivos económicos para la cima de la meritocracia magisterial. El Programa de Carrera Magisterial, que tuvo esa lógica entre 1992 y 2012, fue reciclado y reestructurado a través de la Ley del Servicio Profesional Docente (2012-2103); y luego retomado, revisado y sofisticado mediante la Ley del Sistema para la Carrera de las maestras y Los Maestros (desde 2019 a la fecha).

3) Reivindicar prácticas gerencialistas en la escuela pública, a través de dispositivos organizacionales y un lenguaje tecnocrático-neoliberal (planificación estratégica, calidad-excelencia, mejora continua, idoneidad o máximo desempeño, máximo logro de aprendizajes, etc.).

II

Por otra parte, con respecto al término “variables”, calificado por AMLO como rasgo lingüístico de los neoliberales, pienso que no es exacto lo que señaló.

No señor, la palabra “variable” no proviene del lenguaje tecnócrata, ni de la corriente neoliberal, sino del orden del discurso de las ciencias y específicamente de los métodos experimentales.

Al respecto, en redes sociales por cierto, se generó una controversia: Armando Rojas (@armarhdz) comentó lo siguiente: “Sin embargo, el método experimental se asocia al pensamiento positivista y el positivismo está más asociado a la corriente neoliberal, que a otras corrientes humanistas o alternativas que tienen una visión diferente de lo que es la vida y el mundo.” (24 de mayo)

“De acuerdo”, fue mi respuesta. Entonces hay que decir algo así como: “La variable corrupción, como dirían los positivistas o neopositivistas…”. Un discurso así es más coherente y creíble.

No tengo duda que, sobre este tema, hay una añeja discusión acerca del contenido ideológico de las prácticas y perspectivas de las ciencias y las tecnologías, a través de las instituciones científicas. (J. Habermas).

III

En fin, no deja de llamar la atención la serie de contradicciones que aparecen con frecuencia en el discurso oficial de la “4T”. En varias ocasiones, durante las conferencias matutinas, por ejemplo, se ha escuchado que el presidente López Obrador se refiere a las “políticas públicas” (y a su estudio), en un tono peyorativo, como si fueran parte de un enfoque o tendencia neoliberal o producto del llamado “neoliberalismo”.

Me parece que también ahí el mandatario se equivoca, porque el ejercicio (gubernamental) y el estudio de las políticas públicas son derivaciones de los vacíos que han dejado o han propiciado las ciencias políticas (en parte y en su momento), al concentrarse casi totalmente en los análisis teóricos-filosóficos acerca del papel, el accionar, la estructura o el significado del Estado.

Hoy, las “políticas públicas”, se refieren a los programas, acciones (u omisiones), discursos, intencionalidades o cursos de actividades que llevan a cabo los gobiernos, con un método, en los diferentes planos de la vida pública.

Una cosa distinta es el estudio de las políticas públicas o la investigación que se lleva a cabo en torno a las acciones de los gobiernos. Generalmente, dichos estudios están a cargo de instituciones académicas. Y ahí hay una diversidad de aproximaciones y tradiciones teóricas y metodológicas, no solamente “neoliberales”.

Por todo ello, pienso que no habría razón para tirar al bote de la basura las aportaciones que generan los estudios de políticas públicas.

Fuente de la información: https://www.sdpnoticias.com
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Magisterio: El consenso salarial

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

«Hay escasas ideas por parte de las élites gobernantes para romper los esquemas meritocráticos y el impopular tope salarial.»

Son dignas de reconocerse las medidas emergentes que ha tomado el gobierno del presidente López Obrador, en el sentido de aplicar medidas compensatorias para resarcir la pauperización y la precariedad del esquema salarial base del magisterio mexicano.

Sin embargo, los ejes de la política salarial (y temas afines) del Estado mexicano hacia el magisterio, son los mismos que se han aplicado durante los últimos 42 años: Tope a los aumentos anuales al salario de los trabajadores de la educación (3.4% de aumento anual, directo al salario, durante la última década); sistema meritocrático para repartir incentivos económicos y compensar el salario base; irregularidades en el manejo de las pensiones (cosa que afecta a toda la burocracia federal); retención de pagos en algunas entidades federativas; contratos de corto plazo que violentan derechos laborales, etc.

Tanto el gobierno federal como los gobiernos de los estados han aplicado las mismas políticas salariales (y sus accesorios) hacia el magisterio nacional y local: Además de los problemas señalados, ejemplos concretos y constantes son los contratos cortos que niegan derechos laborales a docentes de la escuela pública. Este problema se ha registrado y generalizado en educación básica, media superior y superior.

Por si faltara algo a este cuadro, el poder político en México cuenta con un sindicato a modo el cual, en la más reciente de sus demostraciones de cinismo, se ha declarado “ejército intelectual” del presidente de la República.

En particular, hay que subrayar el hecho de que existe un sistema de incentivos económicos montados sobre una pirámide meritocrática, desde 1992. Primero, en ese año, mediante el diseño y operación del programa de Carrera Magisterial (esquema voluntario de concursos para lograr promociones horizontales); después, a través de la aplicación de esquemas similares en los sistemas de incentivos económicos previstos en la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD, 2013), y en la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LSCAMM, vigente desde 2019).

Dicho en otras palabras: El Estado mexicano ha dispuesto de una bolsa financiera no para aumentos salariales generalizados, sino para la cima de la meritocracia magisterial, donde ha participado, históricamente, sólo una parte minoritaria del personal docente.

Hoy, todavía hay un tope salarial que no se ha derribado desde entonces. La política salarial no ha cambiado. Esa sí es transexenal. Además, el incremento al salario magisterial de este año (2022), en promedio (aprox. 3.5% base generalizado), estará por debajo del índice inflacionario del último año (6-7%).

Según los documentos oficiales, el aumento salarial para el magisterio (3.5% más 1%, así anunciado por el titular de la SHCP), será ligeramente superior (en 2022) que el promedio de incremento salarial anual otorgado durante la última década (3.4%), directo al salario, aparte las prestaciones.

Éste era el panorama que se registraba hace 5 años: De acuerdo con una nota del periódico La Jornada: “En lo que va de la presente administración federal (de Peña Nieto), los más de 1.2 millones de trabajadores de la educación, tanto de formación básica como de educación media superior y superior, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no han alcanzado un incremento directo salarial superior al tope establecido para el aumento en las percepciones mínimas, incluso no ha superado el 3.5 por ciento desde 2014″, (nota de Laura Poy, 28 de abril, 2017).

Con el incremento salarial escalonado al magisterio recién anunciado, (16 de mayo, 2022), tenemos una “revalorización salarial escalonada”. Este hecho no tiene nada que ver con la demanda por “una escala móvil de salarios”, que algunas gremios lanzaron en los tiempos de los topes salariales, durante los años 80′s del siglo pasado.

Para el magisterio, en esta parte de las políticas públicas educativas y salariales sí hay consenso de las élites gobernantes, porque se traduce en una política salarial de Estado con acciones transexenales, de espalda a las y los trabajadores, que se han puesto en operación desde 1980.

Con esto, lo que se podría interpretar como un avance en materia de política salarial del actual gobierno de la “4T”, en realidad es la continuidad de una política laboral de contención al salario de las y los trabajadores de la educación.

A los problemas salariales, habrá que agregar los diversos conflictos que existen y que lesionan en sus derechos a miles de maestras y maestros del país, quienes laboran en algunas dependencias u organismos públicos dedicados a la educación: Prepa en línea; profesores del Programa nacional del Inglés para la educación básica; reivindicaciones diversas por las que luchan docentes de educación física, de educación espacial, asesores técnico pedagógicos, así como profesores del sistema de universidades “Benito Juárez”, entre otros.

Por último, diría que hay escasas ideas, por parte de las élites gobernantes de ayer y hoy, para romper los esquemas meritocráticos y el impopular tope salarial.

Justamente, una de las alternativas que no se han probado es la puesta en práctica de un robusto y bien cimentado programa de profesionalización magisterial, con alternativas de formación continua que respondan a las necesidades del sistema educativo nacional, y que asegure el derecho a la educación para todas y todos; ello serviría también para eliminar, de paso, los sistemas de evaluación al magisterio con perspectiva meritocrática.

Fuente de la información: https://profelandia.com

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Logro, mérito y lucro

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

«La lógica meritocrática se aplica a diestra y siniestra tanto en los sistemas de evaluación de docentes, directivos escolares y asesores técnicos como en los sistemas de evaluación de los aprendizajes escolares…»

Según algunos diccionarios, en esencia, el logro se define como: “Alcance de una meta previamente propuesta por una persona o un grupo de personas. Este logro, lejos de ser un mero “golpe de fortuna” (o “suerte”), necesita que la o las personas apliquen diferentes acciones, acordadas de manera previa, de modo que sean tendientes a facilitar el alcance de la meta”.

El logro en contextos educativos o académicos, es definido como la obtención de una meta o resultados “positivos” que son alcanzados por estudiantes o profesores, como parte de las actividades programadas en la normatividad específica de una institución educativa.

Generalmente, a las/los docentes se les atribuyen “logros” en términos de las evaluaciones de desempeño académico, mientras que a las/los estudiantes se les designan esas etiquetas en términos de la normatividad establecida para la evaluación de los aprendizajes escolares.

¿Qué tiene que ver esto con nuestra realidad educativa nacional y local?

Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), la SEP promovió ampliamente la prueba ENLACE, que constituyó un sistema de Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares. La prueba se aplicaba no a muestras de población, sino a todos los estudiantes de educación primaria (desde 3er. grado), secundaria y media superior. La prueba ENLACE se aplicó durante algunos años durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El logro académico forma parte de un aparato conceptual más amplio que es el de la “evaluación educativa”, del cual se desprende, desde determinados enfoques tecnocráticos, la definición y el valor de los aprendizajes escolares, en términos de desempeño o de la ejecución de determinadas tareas derivadas de la planificación-programación didáctica (de modo eufemístico, algunos también les llaman evidencias de aprendizaje).

Cabe recordar que esta expresión “máximo logro de aprendizaje” se conservó desde la reforma constitucional de 2013 hasta 2019. Es letra vigente en el artículo 3º. Constitucional.

La terminología tecnocrática en evaluación de la educación, insertada en el texto constitucional de 2013 y luego ratificada por los poderes ejecutivo y legislativo en 2019, nos dice que tanto el “logro de aprendizaje” como el “logro académico” son conceptos derivados de un enfoque particular o específico de la evaluación educativa.

Junto con los criterios y los estándares, los indicadores de logro son igualmente conceptos que dependen de la misma matriz teórico-metodológica de la evaluación educativa, donde prevalecen o dominan los métodos y las interpretaciones cuantitativas sobre las cualitativas.

Los criterios de evaluación educativa, en el nivel de aprendizajes, están relacionados directamente con los objetivos educativos (o de aprendizaje) que se establecen en una planificación-programación didáctica. Mientras que los estándares de aprendizaje (también conocidos como estándares curriculares) están vinculados con la definición de ámbitos de competencia o competencias educativas (capacidades cognitivas, de habilidades psicomotrices y de actitudes y valores), a nivel de un planteamiento curricular más genérico.

Por lo tanto, los indicadores de logro académico o de aprendizaje, son una referencia que marca el grado de cumplimiento de un estándar de aprendizaje. Pero este logro, como lo dicen las acepciones más simples, lejos de ser un mero “golpe de fortuna” (o “suerte”), necesita que la o las personas realicen un determinado esfuerzo o estén empujadas por una cierta motivación.

El problema en el uso de esta terminología, es que introduce una serie de elementos que fueron por primera vez probados en las organizaciones productoras de bienes y servicios (década de los años 50 del siglo XX), junto con otros conceptos como funcionamiento, eficiencia, eficacia y mejora continua.

Cuando se habló por primera vez en términos de competencias educativas o para el trabajo (no competencias lingüísticas, a las que se refería Noam Chomsky), éstos sirvieron para segregar, clasificar o filtrar a las personas tanto en el trabajo como en la escuela.

Las evaluaciones que se aplican para ingresar a la educación media superior pública (y a la superior, también), en México, se han convertido en verdaderos filtros sociales que, en nombre de la calidad de la educación, constituyen medios, procedimientos e instrumentos que han cancelado el derecho a la educación de miles de jóvenes (solamente se otorgan lugares para estudiar en la escuela pública, a aquellas y aquellos estudiantes que “logran” las más altas puntuaciones en las pruebas estandarizadas) ¿Cuándo se establecerán juicios ponderados, con criterios de equidad e igualdad, en estas evaluaciones?

La lógica meritocrática se aplica a diestra y siniestra tanto en los sistemas de evaluación de docentes, directivos escolares y asesores técnicos como en los sistemas de evaluación de los aprendizajes escolares de las/los estudiantes de la escuela pública.

No puede haber una “meritocracia justa” mientras las desigualdades sociales y educativas (que encierran condiciones económicas y culturales de precariedad), sobredeterminan los resultados en las pruebas estandarizadas. Ejemplo: Una estudiante que proviene de una comunidad indígena, cuya historia está marcada por las desigualdades, la discriminación y la segregación, se encuentra en condiciones adversas al momento de realizar una prueba estandarizada para ingresar a una institución de educación superior o de bachillerato públicos.

En medio de todas estas contradicciones de los sistemas de evaluación, las instituciones públicas que cobran una cuota por evaluar a estudiantes o las instituciones privadas que emplean y comercializan a través de estos sistemas de evaluación en masa, en el fondo buscan una ganancia, un valor agregado, una plusvalía o el lucro.

¿Cómo puede justificarse un sistema de evaluación que, mediante una tecnología evaluativa sofisticada y presuntamente científica, impone sus criterios, estándares e indicadores para cancelar o negar el derecho a la educación de ciudadanas y ciudadanos mexican@s?


Fuente de la información: https://profelandia.com

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Burocracia e investigación educativa

POR: JUAN CARLOS MIRANDA ARROYO

«La SEP no es un centro de investigación educativa, eso es cierto. Pero debe ser una institución que establezca vínculos orgánicos permanentes con especialistas y estudiosos de la educación.»

En una entrevista que Marx Arriaga, director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), concedió a Erick Juárez Pineda, el funcionario “advirtió que los documentos que se trabajan no tienen una rigurosidad académica, pues «no son un centro de investigación o una universidad», esto al referirse a la propuesta curricular para la educación básica, cuya versión preliminar dio a conocer la propia SEP en enero pasado (ver Educación Futura, 23 de abril, 2022).

Arriaga debe saber que, aunque la SEP no es una institución dedicada a la investigación educativa, no está exenta del escrutinio de la comunidad académica ni del examen riguroso de especialistas y estudiosos de la educación. Además, como responsabilidad de gobierno, la SEP debiera de generar documentos con contenidos estructurados, sustentados o debidamente argumentados, a partir de los hallazgos reportados recientemente por la investigación en el campo educativo.

Por otra parte, la SEP necesita vincularse con grupos de investigadores y especialistas del ramo, tal como se hace en cualquier otra entidad gubernamental. Ahí hay un espacio y tiempo valiosos para concretar las retroalimentaciones mutuas. No veo por qué no hacerlo de esa manera.

El argumento utilizado por el funcionario, por lo tanto, para excusarse de la falta de rigor académico en la propuesta curricular, es insostenible.

“El funcionario detalló –dice Juárez Pineda- que, aunque la construcción del nuevo marco curricular le corresponde a la dirección que él encabeza, no es su responsabilidad establecer una propuesta de evaluación, pues «ellos solo crean y evalúan los materiales educativos»; sin embargo, señaló que esta tarea le toca a otras unidades como a la Dirección General de Desarrollo Curricular o a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM)”.

Arriaga señaló, así mismo, que la dependencia a su cargo (materiales educativos) tiene el liderazgo del proyecto de reforma curricular para la educación básica. ¿Por qué entonces los documentos de referencia están firmados (en su versión preliminar) por la dirección de desarrollo curricular de la SEP? ¿No debería estar al frente de este proyecto, más bien y como líder, y ante los medios, la subsecretaría de educación básica?

La SEP no es un centro de investigación educativa, eso es cierto. Pero debe ser una institución que establezca vínculos orgánicos permanentes con especialistas y estudiosos de la educación. También, debiera de impulsar el desarrollo de estos grupos de trabajo, con recursos y diversos apoyos hacia dichas comunidades que realizan investigaciones o estudios educativos, independientemente de sus intereses académicos o líneas de investigación, es decir, tanto de corte teórico, filosófico o histórico, como aplicado.

Lamentablemente y por lo general, hay un vacío de la alta burocracia hacia las tareas de investigación educativa en México. Pienso que eso deberá cambiar. El intercambio entre burocracia y academia habrá que ser más intenso, creativo y propiciar condiciones adecuadas de trabajo, a efecto de generar nuevos conocimientos sobre lo educativo, y específicamente sobre la educación básica pública.

La cruda realidad indica que a las burocracias educativas, federales y estatales, (con funcionarios no especializados en educación), no les interesa generar nuevo conocimiento sobre lo educativo. Les obsesiona administrar, al más bajo costo, los procesos escolares. Contrario al interés académico, a este círculo gobernante de la educación le preocupa y se ocupa solo en rendir cuentas a sus jefes superiores, pero se desentiende de las necesidades del magisterio. Existe evidencia de que su prioridad es controlar y vigilar a las comunidades educativas (escuelas). Esa visión limitada y rígida de la realidad educativa, es una tragedia que no favorece el adecuado avance del sistema educativo nacional.

De manera institucional y a lo largo de la historia, las burocracias educativas no encuentran valor a los hallazgos de la investigación. ¿Cuántos convenios han realizado o firmado el gobierno federal y los gobiernos de los estados con las unidades UPN locales o con las Normales para desarrollar proyectos de investigación o producción editoriales, durante los últimos 20 años? La cifra está cercana a cero. ¿Pueden mostrar pruebas en contra?

La composición de las burocracias educativas (me refiero especialmente a quienes ocupan la cima de las instituciones) es de perfil político, administrativo y de profesiones afines (excepcionalmente se registran trayectorias académicas en esos escritorios), y no cuenta con orientación ni sensibilidad hacia la investigación educativa. Dicho esto en términos generales. Cuando hay algunas excepciones, las iniciativas para llevar a cabo investigaciones o estudios educativos, sin embargo, quedan desplazadas por otros proyectos de carácter administrativo.

Adicionalmente a la necesidad de establecer un diálogo con la comunidad académica, profesional o científica, las burocracias educativas también requieren de crear dispositivos de comunicación permanentes, institucionalizados, en condiciones de igualdad, para intercambiar ideas y propuestas con las maestras y los maestros, directivos escolares y asesores técnicos, que trabajan directamente en las escuelas, y que tienen a su cargo los procesos específicos y más relevantes de la educación pública en México.

Fuente de la información: https://profelandia.com

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Tiempos de escuela: Días y horas muertos

POR: JUAN CARLOS MIRANDA ARROYO

«La existencia de reiteradas suspensiones de clases, que afectan a NNyJ, parecen no representar un escándalo.»

Esta historia me la contó una supervisora de educación primaria: Cuando ella llegó a la zona escolar se encontró con que, en las primarias públicas a su cargo, se suspendían las clases a las 11:00 am dos veces al mes. Justo el día de la quincena. Sorprendida, la supervisora escolar preguntó a las/los directores escolares acerca de dicha suspensión de clases, debido a que la terminación regular de la jornada en la escuela pública, es a las 12:30 horas. Si se inicia a las 8:00 am la jornada escolar, (turno matutino), en total se deben realizar actividades escolares durante 4 horas y media, diarias, incluyendo el recreo. De ahí la sorpresa.

La respuesta de las/los directores fue que ya había un acuerdo entre ellos, docentes, dirigencia sindical y padres de familia para suspender las actividades a las 11:00 am, los días de quincena, debido a que algunos docentes requerían de un tiempo para ir al banco a cobrar sus cheques de pago.

“Pero no todos cobran mediante cheque, sino que a algunos les depositan en sus tarjetas de débito ¿Por qué todos suspenden labores en las escuelas antes de que concluya la jornada de trabajo?” preguntó, consternada, la supervisora recién llegada a la zona escolar.

“Es que así todos aprovechamos para hacer otras actividades durante esas horas”, fue la respuesta desconcertante que dieron las/los directores escolares.

Entonces, la supervisora indicó que se eliminarían esas suspensiones porque no estaban establecidas en el reglamento y afectaban las oportunidades de aprendizaje de las niñas y los niños. En respuesta a esta medida, las/los docentes protestaron y solicitaron la intervención de la dirigencia sindical, porque -decían- esa práctica ya se había vuelto costumbre, y no la iban a cambiar; y porque tanto las familias, autoridades superiores y sindicato estaban de acuerdo en ello.

La historia termina en que la supervisora fue removida de esa zona escolar, por indicación de las autoridades superiores. Cómo se atrevió a contradecir un acuerdo tomado y a poner en entredicho las tradiciones y costumbres. Qué barbaridad.

Prácticas como esas, en donde los tiempos de la escuela se convierten en días y horas muertos, son repetidas en algunas zonas escolares, no en todas.

Como se puede apreciar, el interés superior de niñas, niños y jóvenes, en términos de aprovechar al máximo las horas de clases, no parece ser una de las prioridades en algunas zonas escolares.

A esa pérdida de horas que acabo de describir, habrá que sumar la suspensión de clases por otros motivos y circunstancias: Por la realización de reuniones sindicales, (que son importantes, pero que no deben interferir los horarios de clases); por la celebración de juegos magisteriales (¿Por qué no se hacen los fines de semana?); por comisiones laborales diversas, propias o ajenas, o debido a situaciones no previstas (ante una licencia médica, por ejemplo, no hay mecanismos ágiles para gestionar una suplencia de docentes); e incluso por casos se dan, cotidianamente, de suspensión de clases aun cuando estén registradas como licencias programadas por enfermedad o gravidez (embarazo).

¿Por qué se pone en segundo plano el interés primordial de las niñas, los niños y los jóvenes en la escuela pública?

Durante días recientes, en medios periodísticos y redes sociales digitales se ha escrito acerca de la tragedia que representa la desaparición del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC).

Especialistas, grupos interesados y hasta organizaciones proempresariales, se han dedicado a informar y argumentar, en diferentes foros o espacios de prensa, sobre las desventajas, e incluso el agravio, que representa para niñas, niños y jóvenes (NNyJ), y sus familias, la interrupción del mencionado programa.

Pienso que, en muchos casos, lo que se ha dicho al respecto es medio verdad y medio mentira, o al menos es incompleto lo que se ha escrito. Entre otras cosas, convendría revisar la historia de ese tipo de proyectos de compactación de horas laborales en el magisterio, como para contar –al menos- la historia completa.

¿Cómo surgieron las primeras escuelas de tiempo completo? ¿A qué necesidades respondían? Lo digo, sobre todo, porque sabemos que uno de los primeros grupos de interés que impulsaron esos esquemas de jornada ampliada, fue el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyo interés principal fue más de carácter gremial (en esa historia están las turbias figuras de las dobles plazas), que sobre el interés superior de atender, educativamente, a NNyJ.

La tragedia de los días y las horas perdidas en la escuela pública, va más allá de la cancelación de un programa. La mala noticia es que dichas suspensiones han sido “normalizadas” y forman parte de la vida cotidiana escolar.

Recién se reinició el retorno a clases presenciales en la escuela pública, después de los momentos más críticos de la pandemia por Covid (en estos días se cumplen dos años de la suspensión de clases más larga y lamentable de la historia). ¿Qué sucederá con todas las pérdidas hormiga, de días y horas, que afectan a NNyJ?

Aunque esto es más evidente en ciertos tramos de la vida formativa de las y los estudiantes de la educación básica (por ejemplo, durante el cambio de preescolar a primaria o de ésta hacia secundaria), la existencia de suspensiones de clases de manera sistemática, que afectan a NNyJ, parecen no representar un escándalo.

¿Cuáles serán las medidas institucionales, del sector educativo, que contribuirán a superar esta tragedia? ¿Cómo serán modificadas las prácticas de suspensiones reiteradas de clases que afectan gravemente a las/los estudiantes? Más allá de los cambios curriculares que están en puerta, es urgente discutir y rehacer consensos sobre este delicado tema de los días y las horas muertos en la escuela pública.

Fuente de la información:  SDPnoticias.
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SEP: Directivos escolares y desarticulación formativa

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

«La valorización de directivos escolares no es una de las prioridades de las políticas públicas educativas.»

El Estado mexicano carece de instituciones y programas estructurados, de mediano y largo plazos, para formar a sus directivos escolares. ¿Qué escuelas o instituciones de educación superior ha diseñado la Secretaría de Educación Pública (SEP) para cubrir esta necesidad formativa, de tal modo que se alcance cabalmente el perfil profesional de la figura directiva y que atienda las necesidades de liderazgo y gestión educativa de la escuela pública?

En el pasado, antes de 2013, la evaluación para efectos de selección, como parte de los procesos de promoción para definir ascensos o movilidad vertical del magisterio, se llevaba a cabo a través de las llamadas Comisiones Mixtas de Escalafón, que estaban integradas por representantes de las autoridades educativas locales y de las/los agremiados, es decir, por profesoras y profesores elegidos discrecionalmente por la organización sindical (SNTE).

La participación de representantes sindicales en esas comisiones era un foco para la presunción de actos corrupción y de prácticas clientelares, ilegales y deshonestas (compadrazgo, tráficos de influencias, conflictos de intereses) en los procesos de promoción vertical o de ascensos.

Hoy en día las comisiones mixtas no existen, porque tanto la reforma educativa de 2013 como la de 2019, por fortuna, se encargaron de eliminarlas. Actualmente los procesos están centralizados normativa y operativamente, y éstos se dan mediante la administración de convocatorias que lleva a cabo la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Por el momento en ese ámbito (procesos de promoción vertical), lamentablemente, prevalecen la desarticulación académica y la comercialización en la esfera de la formación continua de estas figuras directivas; hechos documentables que están relacionados con la promoción (vertical) de directivos escolares. Existen múltiples denuncias de docentes acerca de estas irregularidades.

Es una pena que para ser directivo escolar de la escuela pública, no haya un currículo profesional –desde la SEP- como requisito en los concursos de promoción vertical –que exija de uno o dos años de preparación especializada-; y que aprobar un examen estandarizado –entre otros factores-, sea un requisito principal para ascender a puestos directivos.

Nunca he reivindicado en mis textos la antigüedad como factor para la promoción vertical (movilidad en puestos directivos), sin embargo, es un factor que volvió después de un tiempo. Siempre he pensado que tomar en cuenta el paso del tiempo, por sí solo, es nefasto como criterio de promoción. La antigüedad es un requisito del viejo sistema de escalafón.

Cuando hablo de la carencia de instituciones y programas especialmente diseñados para formar a directivos escolares, me refiero a la falta de una preparación profesional especializada en gestión escolar y liderazgo pedagógico. Un posgrado, ajeno al campo, no es ni significa una adecuada preparación para realizar tareas de dirección y gestión educativas en campo.

Pienso que se requieren conocimientos, desarrollo de habilidades, prácticas acompañadas (tutorías para directivos nóveles) y valores éticos en el campo específico de la formación en gestión educativa y liderazgo académico. La docencia por sí sola no es ni debe ser el único sustento para seleccionar y realizar este tipo de responsabilidades directivas. Como en los deportes de conjunto, un buen jugador en cancha no se convierte automáticamente en un director técnico. Para ello se requiere de una preparación especializada para alcanzar ese perfil.

México cuenta con sólidas instituciones y programas para formar a docentes; pero no tiene instituciones ni programas para formar profesionalmente a sus directivos escolares. Las políticas públicas educativas no han priorizado, de manera explícita, a la formación de directivos escolares porque no se ha valorado, entre otras cosas, su papel profesional en la escuela.

Al no contar con instituciones ni programas específicos de formación de directivos escolares para la educación básica ni media superior, los procesos de promoción vertical (sistema para la carrera de maestras y maestros) no tienen ninguna orientación ni congruencia académicas (en el campo de la gestión educativa, en principio). Están más orientados hacia el control corporativo.

Desde 2018, he propuesto que las Escuelas Normales, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y los Centros de Actualización del Magisterio (CAM) cuenten con programas académicos, rigurosos y consistentes, (especialidades o maestrías profesionalizantes) adecuadamente diseñados para formar a las/los directivos escolares. Y que el cursar y egresar de dichos programas sea uno de los requisitos para la promoción vertical.

Como lo sugerí en 2019, hoy lo reitero, el problema que la nación tiene (y tendrá) en este ámbito, es estructural. En nuestro país no se han generado instituciones con larga tradición educativa, encargadas de la preparación profesional de directivos escolares (incluyo en este vacío a las figuras de liderazgo del supervisor escolar y del jefe de sector; éste último en proceso de extinción), de tal manera que el personal que acceda a estas plazas, cumpla con su trabajo de manera profesional y con un perfil especializado, luego de su paso por la formación en gestión educativa, en negociación, conciliación, Pedagogía, liderazgo y en el manejo de los procesos académico-administrativos.

Todo parece indicar que las reformas educativas, ensayadas en nuestro país durante los últimos 10 años, una tras otra, han perdido la oportunidad de crear o dar pie a ese tipo de instituciones y programas pensados para formar a las y los directivos de la escuela pública (con programas de mediano y largo plazos).

Por lo tanto, no basta con que se seleccione a esas figuras directivas, luego de un riguroso proceso de evaluación para la promoción, sino que es necesario crear los programas académicos correspondientes, a efecto de que la preparación de estas figuras directivas sea congruente con la demanda de un perfil profesional y de especialización como directivo escolar, del tamaño de la exigencia que enfrenta el sistema educativo para este puesto de trabajo, orientado a la creación y orientación de comunidades educativas. Por cierto, es un cargo o puesto clave –el de directivo escolar, tan importante o relevante como el que juega el docente en el aula, de la estructura organizacional de la escuela pública mexicana.

Otro de los problemas pendientes del sistema educativo, es eliminar la desacertada figura del “director encargado”, que históricamente se ha dado a una/un docente que cumple funciones directivas en la escuela (sin descarga de responsabilidades frente a grupo), pero sin percibir una remuneración (en algunos casos se les da un complemento económico simbólico) ni reconocimientos institucionales. Esos casos habrán de ser regularizados. Se deberán otorgar plazas directivas con todas las prestaciones de ley y sin lesionar los derechos laborales.

Fuente de la información:  SDPnoticias

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