”Es un problema de los gobernadores de cada provincia”, dijo Milei en declaraciones a radio Rivadavia, en las que reiteró además que se entregarán “vouchers para útiles escolares y una ayuda de contención financiera para que los chicos no pierdan el colegio al que están yendo” por el aumento de cuotas.
Previamente, la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, manifestó su preocupación frente a la indefinición de la paritaria.
“Peligra el inicio de clases”, había asegurado. “Depende de que el Gobierno nacional envíe los fondos del incentivo docente”, explicó.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, reafirmó en su habitual conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada que para el Gobierno nacional la «paritaria docente nacional como tal no existe», pero adelantó que la semana próxima habrá una reunión con los sindicatos del sector para «destrabar el conflicto», ante los reclamos gremiales de «fijar un piso salarial».
Al respecto, el vocero indicó que «ya se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes» para que «se junten las partes para intentar destrabar el conflicto». No obstante, aclaró que aún «no están los detalles».
«Va a ocurrir una reunión entre las partes para tratar de llegar a un acuerdo», insistió el vocero presidencial. Ante la consulta de si continúa la negativa para transferir el Fondo de Incentivo Docente a las provincias, Adorni respondió: «Lo que está dentro de la ley se transfiere y lo que el Gobierno nacional no está obligado por ley a transferir, no se transfiere”.
La convocatoria de la semana próxima estará a cargo del secretario de Educación, Carlos Torrendell, dependiente del ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello.
Polémica por el FONID
El no pago del FONID fue uno de los puntos que elevó la tensión porque involucró a los gobernadores, acusando desde el Gobierno que el pago de los salarios docentes corresponde a cada provincia.
En ese sentido, el jueves se presentaron dos proyectos respecto al Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Por un lado, el diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto trabajado junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El mismo apunta a proteger el FONID y garantizar la permanencia de este evitando que su implementación quede atada a la discrecionalidad del gobierno de turno. Además, se conversó sobre el mismo con la secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, quien se mostró conforme con la iniciativa.
“Somos conscientes de las demandas sociales sobre la educación pública. En nada ayuda a dar respuesta a las mismas, empeorar los sueldos de quienes trabajan en ella”, expresó Máximo Kirchner con relación al Proyecto de ley presentado ayer junto a diputados y diputadas de Unión por la Patria.
Al igual que lo hicieron integrantes del bloque de Unión por la Patria, diputados de la UCR avanzaron con una solicitud para prorrogar la vigencia del FONID.
«La eliminación sin previo aviso del FONID genera un importante desfinanciamiento de las arcas provinciales, más aún cuando tal eliminación se realiza en un marco de emergencia económica y financiera grave», sostuvo el diputado radical Julio Cobos.
A su vez, en el Gobierno evaluaban la posibilidad de declarar la educación como actividad esencial, lo cual imposibilitaría a los docentes realizar paros. Esta medida no solo estaba en la Ley Bases sino también en el mega DNU. La medida fue judicializada y se conoció la resolución.
En un comunicado CETERA expresó: “la sentencia, conocida ayer, implica la imposibilidad por parte del Gobierno Nacional de aplicar las disposiciones impugnadas, siendo manifiestamente inconstitucional las regulaciones que establece el DNU citado al calificar a la educación como servicio esencial prohibiendo en la práctica el derecho a huelga”.
Los diputados del FIT-U piden la vigencia permanente del FONID
«Desde el FIT-U presentamos un Proyecto de Ley para prorrogar el Fondo Nacional de Incentivo Docente y sobre el salario mínimo docente. El gobierno pretende reducir aún más los miserables salarios docentes, golpeando gravemente a la educación pública y gratuita», comentó en redes sociales la Diputada Nacional Romina Del Pla, una de las firmantes del proyecto.
El proyecto de ley presentado restituye a partir del 1° de enero de 2024 y en forma permanente la vigencia del FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE, creado por la Ley N˚ 25.053 y sus prórrogas dispuestas por las Leyes N°26.075; Nº26.422; N°25.919; Nº27.591; y por Decreto N°2054/2010 y art. 3° del Decreto N°88/2022, y establece que los montos correspondientes pasarán a ser remunerativos y bonificables, un reclamo del conjunto de la docencia desde su instrumentación, arrancada por la lucha desde hace décadas. Asimismo, se establece que “en un plazo no mayor a 30 días luego de aprobada la ley, se debe pagar a término todas las deudas por pago diferido del FONID”, y el pago en tiempo y forma a inmediato mes vencido, algo que no viene sucediendo.
El proyecto plantea también el pago a término de todas las deudas por pago diferido de Fondo de Compensación Salarial Docente, Conectividad y Material Didáctico, Programas Nacionales y Fondos de Infraestructura y que el salario mínimo del cargo docente testigo de cada jurisdicción, -que surja de la paritaria nacional y/o provincial correspondiente- no puede ser menor, en ningún caso, al equivalente a la Canasta Básica Total fijada por el INDEC, donde el 70% como mínimo estará constituido por el salario básico, indexado mensualmente por inflación.
Para ello, el presupuesto nacional tendrá una partida específica y permanente para cubrir las erogaciones resultantes de la presente ley.
Una aclaración
La “discrecionalidad” del FONID que, a pesar de la ley, nunca tuvo automatismo, siempre fue “discrecional”.
En diciembre de 2005 se incluye dicho Fondo en la Ley de Financiamiento Educativo, donde se prorroga la vigencia por 5 años más a partir de su creación por ley 25.053 del 1° de enero de 2004.
Se iba renovando su vigencia antes de cada vencimiento, el hecho es que el último decreto que lo mantuvo fue el Decreto N° 88/2022 firmado por el expresidente, Alberto Fernández, que prorrogó su vigencia por dos años a partir del 1° de enero de 2022. Perdió la vigencia el 1° enero de 2024.
Así las cosas, Caputo y Milei se ajustaron a la norma, que en general no respetan y entonces, sin ninguna ética mediante, y en “guerra” con los gobernadores, hasta hoy, no hay transferencias.
Pero eso no es todo, es una obviedad que, aunque el proyecto de ley Ómnibus haya sido desmantelado, el señor presidente cuando les anticipó el recorte a los gobernadores pone en vigencia de hecho el que fuera el artículo 552 de su frustrado Proyecto de ley, que afirmaba un cambio de rumbo respecto del financiamiento educativo a las provincias: “Acuerdo con las Provincias. Las provincias, a cuyo cargo se encuentra la gestión de la educación en los distintos niveles, acordarán cada una de ellas en su jurisdicción, las condiciones laborales, el calendario educativo, el salario mínimo docente y la carrera docente”.
El Estado nacional se desentiende de la educación en cuanto al sostenimiento económico, la prueba fehaciente es la carta del Consejo Federal de Educación (CFE) de los 23 ministros y ante el desconcierto del secretario de Educación, Carlos Torrendell, como presidente del propio Consejo, puesto que los funcionarios de Educación ya habían ejecutado la partida, pero el ministro de Economía decidió no efectuar el pago.
Crece la tensión entre el gobierno nacional y los sindicatos docentes
Mientras los gremios continúan reclamando la urgente convocatoria de la paritaria nacional y la regularización del pago del incentivo salarial, el gobierno de Javier Milei redobló su ofensiva contra los maestros: informó oficialmente que «la Nación no va a transferir» a las provincias los fondos adeudados del Fonid y que no convocará a la negociación paritaria nacional. El inicio normal de las clases, a fines de este mes, parece más que complicado.
En realidad, la paritaria nacional está prevista en la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) y normas modificatorias, donde se establece que «el Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente». Con respecto a los salarios, la paritaria federal funciona como un piso de acuerdos para la negociación posterior en cada provincia.
El vocero de Milei, Adorni, también blanqueó que «en principio, la Nación no va a transferir» a las provincias los recursos correspondientes al incentivo docente (Fonid) y los comedores escolares porque «considera que hoy no tiene existencia, no existen». El Fondo Nacional de Incentivo Docente fue creado mediante la Ley 25.053 en 1998 -tras el extenso conflicto simbolizado por la «carpa blanca» de los maestros- y desde entonces fue prorrogado por todos los gobiernos. Salvo el actual.
Todas las gobernaciones provinciales -tanto las opositoras como las dialoguistas- solicitaron por nota a la Secretaría de Educación que se envíen las partidas adeudadas del incentivo docente, infraestructura escolar, comedores escolares y otras destinadas al área educativa. En Educación aseguran que están disponibles los fondos para pagar el Fonid del último tramo de 2023, pero que Economía no autorizó el envío.
En ese contexto, los sindicatos docentes advirtieron que corre riesgo el comienzo de las clases. «Es un escenario grave que estamos viviendo, porque peligra el inicio del ciclo lectivo si no se resuelven estos temas», sostuvo la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso. «Nos preocupa que nuestros niños, niñas y jóvenes vayan a la escuela, por eso llamamos la atención al gobierno de Milei para que convoque a paritarias», dijo, acompañada por su adjunto, Roberto Baradel. Ambos exigieron «el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y que se envíen los recursos económicos a las provincias para el Fonid».
En la misma línea se pronunciaron los gremios docentes nucleados en la CGT. «Expresamos a la sociedad en su conjunto que no somos, ni vamos a ser, responsables de la situación de disolución del Sistema Educativo Nacional a la que se empuja desde el gobierno», advirtieron en conjunto AMET, CEA, Sadop y UDA, en un documento firmado por sus titulares Sara García, Fabián Felman, Marina Jaureguiberry y Sergio Romero, respectivamente. Tras declararse «en estado de alerta y movilización», los cuatro sindicatos definieron: «No permitiremos reducciones salariales, ni el incumplimiento de las leyes conquistadas». Y concluyeron: «El ciclo lectivo está a pocos días hábiles de comenzar y, de no encontrar respuesta urgente a nuestro legítimo y justo reclamo, estas circunstancias por nosotros no generadas nos habilitan a iniciar todas las medidas gremiales a disposición, incluidas la de acción directa, afectando el inicio del ciclo lectivo».
“Sin el envío de los fondos del incentivo docente se compromete la negociación paritaria a nivel nacional y provincial”, destacó la gremialista docente.
“En este contexto, es imposible comenzar las clases” porque “todo aumenta, los alquileres, los alimentos y ahora también el transporte de colectivos y trenes. Dijeron que el ajuste era para la casta, pero resulta que la casta era el docente, el jubilado y el trabajador que sufre directamente con estos aumentos porque su salario no aumenta”.
Durante la entrevista, Alesso también denunció que “el Gobierno no envió los fondos para los comedores escolares”.
El viernes 9, ministros de Educación de todo el país presentaron una nota al secretario del área, Carlos Torrendell, para manifestar su “profunda preocupación” por la discontinuidad de las sumas que transfiere la Nación a las provincias.
Tras una reunión en el Consejo Federal de Educación, el ministro Alberto Sileoni, de la provincia de Buenos Aires, dio a conocer el texto a través de la red social X. “Nos dirigimos a usted frente a la incertidumbre que nos atraviesa por la falta de remisión de los fondos contemplados en el marco de la legislación vigente: leyes 26.075 y 25.053 -particularmente lo referido al Fondo de Compensación Salarial Docente, Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico, Programas Educativos Nacional y Fondo de Infraestructura- y la falta de certezas sobre el escenario presente o futuro respecto a la continuidad en las transferencias de los fondos referidos , de modo tal de poder delinear seriamente la política educativa en nuestras jurisdicciones”, señaló la carta. “Conscientes de las particularidades de cada una de las provincias, entendemos que los temas muy genéricamente planteados constituyen un eje común que nos llevan a firmar la presente a quienes tenemos a cargo el área educativa en cada una de nuestras jurisdicciones, solicitamos una pronta respuesta sobre el presente planteo”, agregó el texto.
La canasta escolar aumentó 450%
La vuelta a clases llegará no solo junto a importantes incrementos en las cuotas de colegios privados, sino también de la mano de aumentos de hasta el 869% en los productos que componen la canasta escolar.
Así lo informó la Defensoría del Pueblo bonaerense que, a través del análisis de 35 artículos, entre los que se encuentran útiles e indumentaria escolar, en distintos comercios de la Provincia de Buenos Aires aseguró que la canasta de productos subió un 450% promedio respecto al año pasado.
Basándose en los precios de febrero, la entidad realizó una comparación con el mismo período del año anterior. Los resultados revelaron notables incrementos en varios rubros, siendo los útiles escolares (502%), las zapatillas deportivas escolares (438%) y la indumentaria escolar (380%) los más afectados por estas alzas.
Al analizar detenidamente los productos con mayores aumentos, según el informe del organismo encabezado por Guido Lorenzino, destacan el lápiz de grafito de primera marca, con un aumento del 869%; el papel glacé de 10 hojas comunes, con un incremento del 818%; y el cuaderno forrado de 48 hojas Éxito tapa dura, con un aumento del 732%. En cuanto al precio del guardapolvo blanco, se observó un incremento del 380%.
El reporte de DefensorBA también revela el costo de armar una mochila considerando la variedad de productos y sus precios en el mercado. Una mochila con artículos básicos y económicos tiene un precio aproximado de $46.633 en febrero, mientras que aquella con artículos más costosos puede alcanzar los $175.000.
Según las estimaciones, una familia tipo con dos hijos en edad escolar necesitaría alrededor de $233.600 en el segundo mes del año para cubrir los gastos relacionados con el inicio de clases, optando por productos más económicos en mochilas, útiles e indumentaria. En contraste, si se eligen artículos más caros, el gasto podría ascender hasta los $493.736.
A través de un comunicado, el organismo expresó que “existe una marcada disparidad de precios para un mismo producto lo que, sumado a la existencia de una información asimétrica entre formadores de precios y consumidores o consumidoras, expone a éstos a ser víctimas de elevados aumentos por parte de ciertos comercios al no existir precios de referencia”.
Ante esto, la Defensoría recomendó hacer una búsqueda activa de precios, informarse, hacer comparaciones y un análisis minucioso de los montos, además de no sucumbir a publicidades confusas. “Es necesario informarse, comparar y no dejarse engañar, adoptando un enfoque consciente y crítico frente a las decisiones de compra en este contexto económico desafiante”, expresó Lorenzino. (sic)
Artículos escolares triplican el valor del 2023 y demandan 30% de un salario mínimo
Por Eugenia Rodríguez
Un combo escolar básico demanda, al menos, $40.000 y los aumentos del rubro promedian ya un 300%. La situación se agrava en comercios de barrios populares.
A los aumentos de más del 100% que se registraron en alimentos y bienes de primera necesidad, su suman ahora los costos de la canasta escolar que en esta época del año emerge como una necesidad básica más. Según relevamientos privados, los aumentos del rubro se ubican en torno al 300% (un combo básico cuesta $39.000) y la situación se agrava en el caso de los sectores populares (el pack asciende a $43.500) lo que equivale al 30% de un salario mínimo. A contramano de un gobierno nacional que deja trascender que podría implementar un plan de “ayuda” para quienes asisten a colegios privados (que la propia gestión desreguló), llenar una mochila con lo básico para estudiar se torna un esfuerzo casi inalcanzable para muchos hogares argentinos.
En ese sentido, si se mira la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y los incrementos del rubro Educación, se observa que suele registrar subas significativas vinculadas al inicio de las clases que este año, aseguran fuentes consultadas, habrían empezado mucho antes. Tal es así que en los últimos cinco años se advierten aumentos en el rubro de entre el 10% y 25% para el mes de marzo, llegando a triplicar el promedio general de la inflación de ese mismo mes. En 2017, mientras que el IPC fue de 2,4% Educación tuvo una suba del 6,7% (4,3 puntos por arriba), de igual modo en 2018 y 2019 el rubro superó a la suba general de precios de la economía en 13 puntos. Más cerca en el tiempo, la tendencia se sostiene: en 2020 Educación subió en marzo 16,4 puntos más que el promedio del IPC, en 2021 un 30,1% (24,9 puntos arriba), en 2022 un 22,1% (15,4 puntos más) y en 2023 un 24,6% (16,8 puntos más).
Para este 2024 las proyecciones anticipan una suba general de precios del 20% para enero, que se sostendría en los dos dígitos en el primer trimestre del año, luego del pico del 25,5% de diciembre que aceleró un escenario de precios al alza. A contramano, los ingresos de la mayoría de la población están cada vez más deteriorados: los salarios que no tuvieron incrementos a fines del 2023 perdieron al menos 20% de su poder de compra, la última actualización del Salario Mínimo fue en diciembre del 2023 (cayó 15% solo ese mes y está 40% por debajo de 2015) y recién este miércoles el gobierno confirmó la primera convocatoria al Consejo del Salario de este año para el próximo 15 de febrero, al tiempo que las jubilaciones mínimas se mantendrían, con la actual fórmula, por detrás de los precios de la economía.
Subas generalizadas en la canasta escolar
Un gasto habitual de las familias al inicio de cada año pasa por lograr comprar los elementos básicos de una canasta escolar que, como otros tantos rubros, no quedó exenta del impacto de una inflación acelerada. Según un relevamiento realizado por la consultora Focus Market, un combo escolar clásico registró en enero de este año un aumento del 270% comparado con igual mes del año pasado, mientras que algunos productos superan el 400% de incremento. “Los artículos del rubro librería han tenido aumentos muy importantes luego de la devaluación del peso frente al dólar, en diciembre 2023, sumado a la fuerte estacionalidad de su demanda, lo cual ha llevado a una variación de precios superior al promedio sobre las diferentes categorías en estos meses”, señaló al respecto Damián Di Pace, director de dicha consultora.
En detalle, un pack que incluye una mochila básica con tiras y 21 útiles (tijera, lapiceras, crayones, repuestos, cuadernos, blocks, lápices, sacapuntas, reglas y goma de borrar) requiere que una familia disponga, como mínimo, de $38.999. Para dimensionar el impacto en los precios, la misma compra en 2023 costaba $10.442, lo que equivale a una suba del 273%.
A su vez, el informe diferenció por nivel de estudio. En el caso de un “combo completo” para nivel primario el valor asciende a $62.099 incluyendo guardapolvo, que pasó de valer $7.250 a $23.100 (+219%), una mochila común que subió de $3.999 a $ 14.990 (+275), y útiles que escalaron de $6.543 a $24.009 (+273%), lo que implica que es 251% más caro que su valor en 2023. Si se agrega una mochila carro, que subió de $35.599 a $110.000 (+209%) y una cartuchera que saltó de $2.990 a $14.990 (+401%), el total del costo crece a $172.000 (+229%, en promedio). Por su parte, en el caso de estudiantes del nivel secundario, un combo de 28 artículos de librería (bolígrafos $1.200 (+200%), carpeta con solapa color $1.070 (+219%), cuaderno espiral rayado $2.368 (+196%), resaltadores $3.160 (+305%), entre los principales) alcanza un total de $34.695, es decir, es 241% más costoso que en enero del año previo.
En relación, un aspecto no menor tiene que ver con la fuerte suba de precios en algunos artículos que se ubican, de hecho, por arriba de la inflación anual de 2023 (211,4%). Tal es el caso de una cartuchera de dos pisos cuyo precio subió 569%, del repuesto de hojas para dibujo que aumentó 483% y los adhesivos transparentes, por arriba del 340%.
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La situación se agudiza en los sectores populares
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En detalle, el relevamiento en comercios de cercanía realizado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) sobre un conjunto de veinte productos indispensables para el inicio de clases mostró aumentos de precios del 256%.
“Si la familia tiene dos niñes en edad escolar, si bien el costo no necesariamente se duplica porque hay algunos de estos útiles que se pueden compartir, los más caros como la mochila y el guardapolvo, o de uso diario como los cuadernos o la cartuchera son ineludibles para cada uno. A simple vista es difícil para una familia cuyos jefes de hogar cobran remuneraciones mínimas o un poco más, solventar este gasto que en esta época del año emerge como una necesidad básica más”, explicó Isaac Rudnik, director del ISEPCI.
Vale agregar que, según el mismo centro de estudios, entre diciembre y enero los alimentos que se comercializan en negocios de cercanía de barrios populares acumularon un incremento del 48,7%, por lo que una familia de dos adultos y dos hijos pequeños que en noviembre del año pasado necesitaba $182.905, apenas dos meses después, requirió $272.010 ($89.105 más) para no caer bajo la línea de indigencia. Por su parte, si se incluye además salud, educación, transporte, vestido, la misma familia precisó en enero $573.943,08, es decir, $180.517 que en noviembre pasado.
Fuente: https://www.eldestapeweb.com/economia/inflacion/la-canasta-escolar-triplica-el-valor-del-2023-y-demanda-30-de-un-salario-minimo-2024280517
Escuelas privadas anticipan ajustes de hasta el 65% en sus cuotas
En medio del conflicto docente que amenaza con retrasar el inicio del ciclo lectivo 2024, las instituciones educativas privadas evalúan realizar ajustes en las cuotas escolares.
El incremento estaría condicionado a si las instituciones educativas consideraron los ajustes salariales de los docentes correspondientes a noviembre y diciembre, por paritarias, de 2023. «En la mayoría de los colegios no se pudo aplicar porque tienen 9-10 cuotas», explicó Javier Basanta Chao, presidente de la Cámara Cordobesa de Instituciones Educativas Privadas.
Según el representante, se estima que el ajuste necesario para las cuotas de este año oscilaría entre un 30% y un 50%, siempre y cuando se hayan aplicado el incremento previamente mencionado. En caso contrario, se prevé un incremento adicional del 15%, elevando el rango entre un 45% y un 65%. El porcentaje también se ve afectado por la cantidad de aporte estatal que reciban estas instituciones.
Sin embargo, a pesar de la situación, desde la Cámara observaron un aumento del 8% en las inscripciones para el ciclo lectivo actual, abarcando los tres niveles obligatorios (inicial, primario y secundario) y el nivel superior.
Pero sí detectaron «una movilidad entre escuelas de cuotas más onerosas a cuotas más accesibles», agregó Basanta Chao.
Finalmente, el referente señaló que muchas escuelas privadas, frente a algunas situaciones particulares, brindan ayuda a familias con problemas económicos, ofreciendo descuentos, becas y otras alternativas de financiamiento.
Por su parte, Martín Zurita, de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), indicó que los aumentos comunicados fueron del 30% en las escuelas con aportes, así como del 40% al 50% en las instituciones sin aportes.
“Esto era sin el aumento salarial que, por ejemplo, tanto en la provincia de Buenos Aires como la Ciudad de Buenos Aires dieron en el mes de enero. Entonces habría que sacar nuevos cálculos para ver cómo impacta eso en las cuotas, ya que entre el 80 y el 90% de la conformación de la cuota de un colegio privado es costo laboral», dijo.
Según Zurita, de las 14.000 escuelas privadas que hay en Argentina, 10.000 tienen aporte estatal “y no pueden aumentar aranceles sin autorización de los gobiernos provinciales”.
En ese sentido, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, afirmó que la provincia de Buenos Aires seguirá limitando el incremento de cuotas de colegios de gestión privada dado que el 70% de esas instituciones recibe subvenciones del Estado.
El funcionario explicó “hay una Ley de Educación y normas que regulan los topes arancelarios para cada ciclo lectivo”. Aclaró que, si bien “esos topes no son fijos, porque se van moviendo con la inflación, no hay desregulación”.
En ese sentido, manifestó que “en la provincia hay un sistema educativo de 6.300 instituciones de gestión privada, de las cuales 4.300 (70%) están subvencionadas por el Estado”.
Luz verde a los colegios privados para fijar el precio de las cuotas
En medio de los fuertes aumentos de precios en combustibles, alimentos, prepagas y otros bienes y servicios esenciales, el Gobierno nacional habilitó a las entidades educativas privadas de todos los niveles a fijar el precio de sus aranceles mensuales sin límites.
El Gobierno de Javier Milei dispuso la derogación de 69 normas que, según él «obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado».
Entre ellas se derogó una norma que regía desde 2019 por la cual los colegios privados debían comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio, que en función de un análisis permitía o no los aumentos.
La norma derogada decía que «la relación entre escuelas privadas y educandos reviste características típicas de los contratos de adhesión, en los cuales el establecimiento dispone las condiciones generales a las que las alumnas y los alumnos se hallan sujetos» y que la Secretaría, en ese marco, estaba encargada de la «implementación de políticas y marcos normativos necesarios para afianzar los derechos del consumidor».
Ahora, a partir de la política de liberación de precios que implementa Javier Milei,los colegios y universidades privadas podrán realizar los ajustes que crean convenientes y establecer las condiciones de acceso a sus servicios sin controles ni restricciones.
El principal problema en este caso es que los alumnos ya fueron inscriptos el año pasado y ahora los padres quedan rehenes del aumento que se disponga sin tener la posibilidad de buscar otro colegio o pasarse a la escuela pública.
El Secretario Ejecutivo de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Buenos Aires, Martín Zurita, explicó de qué se trata la nueva medida publicada en el Boletín Oficial donde se derogó las regulaciones a escuelas privadas y los colegios podrán incrementar el valor de sus cuotas sin límites.
La medida establece que, a partir de febrero, las escuelas podrán aumentar el valor de las cuotas sin informar previamente a la Secretaría de Comercio, que hasta hoy se encargaba de aprobarlas o rechazarlas. Esta norma regía desde 2019.
Por una norma de 1999, las instituciones educativas de gestión privada tenían la obligación de informar a la Secretaría de Comercio sobre los aumentos de aranceles mensuales, matrícula de inscripción o reinscripción, cantidad de cuotas, entre otros conceptos. “Era información administrativa de cuánto iba a ser la cuota del año siguiente y se presentaba hasta el 30 de octubre”, señaló Martín Zurita.
En esa línea, Zurita destacó: “Era un trámite burocrático que no tenía ningún sentido porque la educación está en manos de las provincias y, por lo tanto, este trámite que debían hacer a la Secretaría de Comercio no servía, insumía tiempo”.
Asimismo, aclaró que “del 100% de escuelas privadas que hay en la Argentina, el 70% está fuertemente regulado, está subsidiado”.
“Desde el año 1993 hay un decreto presidencial donde hay libertad de colocar de un año a otro el valor de la cuota que vos considerás según tus costos operativos», destacó el secretario ejecutivo de AIEPBA.
Asimismo, Zurita destacó que “lo que se derogó es un mero trámite administrativo que debían presentar las escuelas, que nos hacía perder tiempo”. “Pero si yo tengo el colegio subsidiado y quiero cobrar una cuota, todavía el Estado ahí interviene, en el colegio subsidiado”, detalló.
Cuánto costarán las cuotas de los colegios privados porteños en marzo 2024
En más de 700 colegios privados de la Ciudad de Buenos Aires, las cuotas aumentarán un 30% promedio en marzo:
· Nivel inicial y primario: las cuotas van desde $17.600 y $81.500, de acuerdo a la subvención estatal que va del 100 al 40%.
· Escuelas medias “comunes” (secundario): los aranceles irán de los $19.400 y $106.000.
· Secundarios técnicos: los nuevos valores en diciembre van de $22.000 y $121.200.
Cuánto costarán las cuotas de los colegios privados bonaerenses en marzo 2024
En la provincia de Buenos Aires, los aranceles tendrán un incremento del 30% en las cuotas de marzo 2024. Los aranceles de los colegios privados bonaerenses con subvención estatal quedan de la siguiente manera:
· Nivel inicial y primario: las cuotas de los establecimientos con el 100% de aporte estatal serán de $13.535 y $61.174 con el 40% en marzo de 2024.
· Secundaria: varían entre $14.918 y $79.491, de acuerdo a la subvención.
· Secundaria técnica, agraria y especializadas en arte: las cuotas de marzo 2024 irán de $17.200 a $90.980.
· Nivel superior: los aranceles van desde $19.488 hasta $77.641 en marzo próximo.
Por último, Zurita informó los incrementos que se vienen para este año: “Para las escuelas que reciben aporte estatal hay una autorización del 30% desde diciembre a marzo que ya fue anunciado a los padres, mientras que para los que no reciben subsidio es entre un 40% y un 50% depende la propuesta educativa de los colegios”.
Milei anunció vouchers educativos y asistencia para los privados
El presidente Javier Milei anunció que en los próximos días lanzarán «vouchers educativos» para poder comprar útiles escolares así como una asistencia para hacer frente al pago de los colegios privados, como «una forma de contención a la clase media» en el marco inflacionario actual, con una fuerte pérdida de poder adquisitivo de los salarios e ingresos.
«Vamos a incorporar un mecanismo de asistencia para la clase media para que los chicos no pierdan el colegio. Porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar a los chicos de colegio es traumatizante«, planteó el mandatario el jueves.
A su vez, remarcó: «Va a haber financiamiento para que los padres puedan seguir mandándolos al mismo colegio. Va a haber también ‘vouchers’ para poder comprar útiles y darle contención a la clase media».
Al respecto, adelantó que «se va a anunciar en los próximos días» y que «ya están trabajando los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía) para hacer esto» dada la proximidad con el inicio del Ciclo Lectivo, con un calendario que iniciará el próximo 26 de febrero, para los niveles inicial y primario, y el 4 de marzo, para el secundario.
Esto, afirmó, va en línea con «el pedido del Fondo Monetario Internacional«, en el marco de las recientes negociaciones por la séptima revisión del acuerdo por la deuda entre el Estado Nacional y el organismo, de «priorizar lo social». «Esto yo lo he hablado con el propio Papa Francisco. Nosotros no estamos abandonando a los más vulnerables«, sostuvo.
Cabe remarcar que la implementación de «vouchers educativos» integró, durante la campaña que terminó con el triunfo de La Libertad Avanza y el arribo de Milei a la Casa Rosada, la plataforma electoral del frente, más precisamente en la novena página del documento entregado a la Cámara Nacional Electoral. Según indicaba el escrito oficial, esto permitiría «descentralizar la educación entregando el presupuesto a los padres, en lugar de dárselo al Ministerio, financiando la demanda«.
En concreto, el esquema de ‘vouchers educativos’ se basa en que los fondos destinados a la educación por parte del Estado no van a la ‘oferta’, como pueden ser becas o salarios, sino a la ‘demanda’, a las familias o los estudiantes, en el caso de aquellos universitarios, por ejemplo, quiénes reciben un vale equivalente al dinero que la entidad gubernamental que dispone de dichos recursos considera que representa la escolaridad.
Mientras, en el Boletín Oficial se oficializó la prórroga de la eximición que gozan las entidades educativas privadas del pago de contribuciones patronales, apuntando a evitar un “incremento importante” de precios en la antesala de la vuelta a clases.
Así se efectivizó a través del Decreto 134/2024. Desde el año 2001, y en sucesivas oportunidades, se ha llevado adelante esta medida, que se extiende en el inicio del primer año completo del mandato de Milei.
De esta manera, se amplía lo establecido, en diciembre del 2019, por parte de Alberto Fernández, mediante la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública que, además de definir nuevas alícuotas a las contribuciones patronales, eximía del pago de las mismas a los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada hasta fin de 2020.
Entre los considerandos, se resaltó que «el principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos de gestión privada está representado por el componente salarial, en el que se incluyen las correspondientes contribuciones patronales» que, en caso de aumentarse, «originará incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos y afectará su economía«.
En este sentido, remarcaron en el texto que, de no extenderse la misma, las recientes medidas por parte del Gobierno Nacional llevarían a «un incremento desmesurado» en este aspecto, que «sería incluso mayor en jurisdicciones alejadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, ya que las reducciones de las que actualmente se benefician estos establecimientos difieren en las diversas áreas y regiones del país conforme a la normativa vigente«.
“Es prioridad del Gobierno promover una educación cada vez más inclusiva y generadora de oportunidades para todo el territorio argentino”, concluyó el decreto.
Los científicos fueron recibidos por autoridades del Conicet
Más de 500 científicos, becarios y estudiantes se congregaron el miércoles en la explanada del Polo Científico para reclamar el otorgamiento de 1.600 becas del Conicet y advirtieron que el organismo se encuentra «absolutamente paralizado y en estado crítico» y que el país está ante «una próxima fuga de cerebros».
Luego de la manifestación fueron recibidos por el directorio y el presidente del organismo, Daniel Salomone, «sin acuerdo, ni certezas», dijo el investigador e integrante de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt), Jorge Geffner.
«Nos recibió el directorio en pleno y el presidente del Conicet, Daniel Salomone. Hablamos 20 minutos. Hay 1.600 becas que ya están evaluadas y tendrían que haber sido comunicadas el 12 de enero y no tenemos ninguna comunicación. Lo que nos dicen es que no hay presupuesto. El diálogo fue tranquilo, pero no acordamos nada porque no tuvimos certeza alguna», dijo Geffner.
Y subrayó: «Necesitamos saber si esta gente joven, que es el semillero de nuevos científicos, ingresa al Conicet, o si los perdemos, porque hay ofertas mucho mejores en el exterior y hay mucha gente que en función de estos dos meses que no se sabe qué pasa ya están haciendo contactos para irse al exterior, un temor muy fundado».
Asimismo, aclaró que el pedido de 1.600 becas no busca hacer crecer al organismo científico en cantidad de personal, sino que «un número similar se cae luego de cinco años de trabajo, porque se expira la beca».
Las autoridades de Conicet no emitieron comentarios respecto a la reunión.
En un comunicado publicado por Raicyt en sus redes sociales esta tarde, las autoridades de la red informaron que se volverán a reunir este viernes para «evaluar las últimas novedades y definir las próximas acciones».
En ese sentido, Geffner adelantó: «Vamos a seguir reclamando y hay varias instancias que se están transitando. En esta semana y la próxima tenemos contactos con legisladores nacionales de distintos bloques parlamentarios, para que la comisión de Ciencia y Técnica de Diputados haga un pedido de informe al Poder Ejecutivo. Además, se está estudiando la posibilidad de hacer recursos de amparo en el ámbito legal, porque hay derechos adquiridos que están siendo vulnerados».
Desde las 11:00, la comunidad científica se juntó con carteles con consignas como «El conocimiento es soberanía. La ciencia y la universidad pública se defienden» y «No al vaciamiento del Conicet» (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)
Cerca de las 15:00, un grupo de investigadores llamados Jóvenes Científicxs Precarizadxs informaron -también a través de su cuenta de X- que estaban «ocupando el Conicet, subimos al piso 11 mientras está reunido el Directorio. No nos vamos sin respuestas. Exigimos que publiquen las becas y reincorporen a lxs despedidxs».
Tras la reunión, el CONICET informó que por mayoría resolvió «publicar los resultados de las evaluaciones de las Convocatorias de Becas Internas Doctorales, y de Finalización de Doctorado 2023», una de las solicitudes de los investigadores.
Además, se puntualizó que los listados serán publicados antes de la próxima reunión de Directorio que se llevará adelante el 28 de febrero. «Esta decisión se basa en que la función de este cuerpo es impulsar las acciones que desarrollen el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina. El programa de Becas del CONICET es la base de la formación del futuro personal de investigación, tanto del sector público como del privado, que apenas permite la graduación de menos de 2.000 doctores por año», argumentaron.
El Directorio también señaló que tras «gestiones realizadas con distintas instancias del Gobierno Nacional, se atenderán en su totalidad las 300 becas de Finalización de Doctorado de acuerdo a lo previsto en la convocatoria, desde el 1/4/2024”.
Paralelamente, en referencia a las Becas de Doctorado, Salomone «informa que en una primera instancia están garantizadas 600 becas con fecha de inicio el 1/8/2024. En el mismo orden, se encuentra la publicación de los resultados pendientes del proceso de evaluación de las Promociones en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico y de la Carrera del Investigador en Salud para la Convocatoria 2022”.
Del comunicado se desprende que el Directorio pasó a un cuarto intermedio mientras Salomone continúa las tratativas tanto para ampliar el cupo de becas, como para obtener el presupuesto para atender las promociones.
Luego de una importante jornada de lucha, compartimos el informe de los Cuerpos de Delegadxs de ATE CONICET Saavedra XV, FFyL UBA y FCEN UBA – CNEA.
Informe completo: https://t.co/ST3KGZ7kIp
¡A SEGUIR LUCHANDO! pic.twitter.com/ueRtL5yhUu
— ATE CONICET-Colectivo CONICET de les Trabajadores
Recorte de casi $30.000 millones a las universidades en enero
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, en enero el gasto público sufrió una caída de 30,8% en términos reales. Jubilaciones, programas sociales y salarios públicos fueron de los más ajustados junto a las transferencias a Universidades. Sin embargo, los intereses de la deuda subieron 139,1% en términos reales.
La comunidad educativa de las Universidades viene reclamando por el congelamiento del Presupuesto universitario, que de mantenerse el mismo de 2023 sólo alcanzaría hasta el mes de abril.
Por otra parte, el monto de las Becas Progresar se mantienen congeladas desde que asumió Milei en $20.000, el último aumento fue en agosto de 2023, que post devaluación del 22% de Sergio Massa, el gobierno de Alberto Fernández no actualizó. Lo cual para el mes de enero de 2024 implica una caída del 34,35% real interanual.
Resoluciones de la asamblea de docentes del Movimiento Pedagógico de Liberación
Reproducimos las resoluciones de los compañeros y las compañeras del Movimiento Pedagógico de Liberación (Misiones).
El MPL PLANTEA EL NO INICIO DE CLASES 2024
En el ciclo lectivo 2023, como varios años anteriores, el poder político que gobierna la provincia no tuvo la voluntad política de construir una grilla Salarial para los trabajadores de la Educación; y el Gobierno Nacional siguió con una política de ministerios sin Escuelas, que coloca hoy al país en una situación, en el que varias provincias no reúnen condiciones mínimas para el inicio de clases.
En la asamblea del día de la fecha, que incluyó el corte de Ruta Nacional Nº12, como MPL decimos NO Iniciar las Clases y reclamamos:
1. El pago de toda la deuda del gobierno provincial y nacional con los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Misiones (Fonid, conectividad, piso de garantía, movilidad y pasaje).
No somos responsables de las políticas que vivían arrodillados al poder central y no reclamaban lo que nos corresponde como trabajadores. Siempre luchamos y seguiremos luchando.
2. Un salario básico de cargo testigo de maestra de grado de $160.000 y un piso de garantía salarial de $ 600.000.
Sin estos valores no iniciamos las clases.
El salario se ajustará bimestralmente por el índice de inflación. Ese ajuste siempre tomará como prioritario el cargo testigo, del total de lo que se debe ajustar bimestralmente el 75% deberá ir al básico y lo restante en ítem remunerativo y bonificable.
El pago del salario del personal de servicio deberá efectuarse indefectiblemente en el mismo mes que se efectúa el aumento. Para ello, si es necesario, remover los impedimentos legales.
3. Pase a planta de todo el Personal de Servicios, cocineras y porteros, incluyendo de manera urgente quienes dependían de los municipios.
Jornada laboral de 6 horas y salarios respectivos igual al 75% del cargo testigo maestra de grado, para todas las cocineras de jornada simple.
4. Nos solidarizamos y apoyamos activamente a todos los trabajadores que están judicializados por luchar por salarios y condiciones dignas, por denunciar actos de corrupción que salpican roles y funciones de organismos de conducción del sistema educativo y exigimos al Ministerio de Cultura y Educación, al Consejo General de Educación y la Junta de Clasificación y Disciplina el esclarecimiento de los graves hechos denunciados en el 2022 y 2023 conocido como venta de certificados.
Juicios políticos, de existir, a miembros de los órganos de conducción y sumario y separación de cargos a los responsable de la estafa.
5. Exigimos la jubilación inmediata de los compañeros que hoy tramitan su jubilación y solicitamos se investigue la presencia de gestores y cupos mensuales, lo que constituye un obstáculo para el inmediato goce de un derecho.
6. Se investigue la corrupción en la prestación de los servicios del IPS manifestado de manera clara en el cobro de aranceles y plus. Que se garantice la entrega de medicamentos oncológicos.
7. Comedores Escolares: denunciamos una vez más que en el ciclo lectivo 2023 existieron escuelas que en los últimos meses no tuvieron comedores, por la irresponsable falta de envío de fondos.
Se investigue a la persona a cargo de ello en la provincia, por no prever o reclamar a nación que cumpla en tiempo y forma con los envíos.
Como sindicato, que hemos luchado a que sean reconocidas como trabajadoras de la educación a las nutricionistas, solicitamos que mejoren sustantivamente su rol y que denuncien cuando las escuelas sufren las faltas de insumos.
En el caso de escuelas de jornada completa reclamamos desayuno, almuerzo y merienda.
En el caso de jornada simple, que no se siga fraguando como comedor la entrega de sanwichitos. Basta de comida chatarra en la escuela pública.
8. Entrega de útiles escolares a todos los niños en las escuelas con NBI.
9. Con los salarios que percibimos no podemos hacer frente a los alquileres. Reclamamos un plan de vivienda para un Hábitat Digno para todos los trabajadores, en especial a los de la educación. Apoyamos la reforma urbana Integral popular con asistencia del Estado.
10. Sin tierras no podemos construir escuelas y edificios dignos. Basta de la Política de Chantaje.
Los pobres ocupan tierras, que después donan al CGE para que se construyan los edificios escolares.
Reclamamos la regularización de las tierras para las comunidades educativas urbanas y campesinas.
Apoyamos a la reforma agraria integral popular con asistencia del Estado. La reforma Agraria incluye la construcción de escuelas y viviendas para los campesinos. El reconocimiento de nuestra escuela Ñande kokuê es nuestra prioridad; que hoy es ejemplo de cómo se conquista tierra y se pone al Servicio de la soberanía alimentaria.
¡Tierra y Escuela para el MCL ya!
11. Educación de los pueblos Originarios: reconocer como trabajadores de la educación a los ADI, su salario igual al cargo testigo maestra de grado. Reclamamos políticas de Formación y la construcción de escuelas para los Tekoas. Solicitamos al gobierno provincial, vía Salud Pública, restituya los cargos a las personas de la comunidad que cumplen la función de promotores de la salud, como es el caso de Acosta Cornelio.
12. Solicitamos la fumigación y acondicionamiento de los edificios Escolares, incluyendo elementos de limpieza y de protección para los Trabajadores de la Educación y los Educandos, como prevención ante el Dengue.
Por esto vamos al ACAMPE de TODOS en unidad y solidaridad con los trabajadores de la educación.
Campesinos, Indígenas y trabajadores de la educación por el derecho social a la educación.
Sin reforma agraria, que garantice la soberanía alimentaria y sin reforma urbana, por un Hábitat Digno, NO es posible garantizar el DERECHO SOCIAL A LA EDUCACIÓN.
¡Ni un paso atrás!
Docentes del IFDC-SL en defensa de la educación pública y los salarios
En el caso de San Luis, bajo la nueva gestión de Claudio Poggi a nivel provincial, alineado políticamente con las medidas económicas de Javier Milei, en los distintos niveles de la educación provincial (inicial, secundaria y universitaria), además de impactar el ajuste en los salarios docentes, durante los meses anteriores el gobierno provincial aplicó una política de desdoblamiento de los sueldos durante los meses de diciembre y enero (hasta el momento hay incertidumbre con los haberes del mes de febrero).
En el caso de los Institutos de Formación Docente de San Luis y Villa Mercedes, no solamente se vieron afectados por estas mismas políticas económicas, sino también por la remoción de un decreto provincial que permitía a las y los docentes titularizar su cargo, poniendo en peligro no solo los puestos de trabajo, sino también la carrera docente. Entre la desinversión presupuestaria que tienen los IFDC de la provincia y la precarización que viene siendo aplicada sobre sus puestos de trabajo, efectivamente no faltará poco para que el desfinanciamiento se profundice y peligre la educación pública y todo el conjunto de la comunidad educativa.
Los docentes del Instituto de Formación Docente San Luis (IFDC-SL), convocaron a una asamblea abierta entre docentes para analizar la situación económica y política actual que se está suscitando a nivel nacional y local. De acuerdo a uno de los docentes del Instituto: “una de las problemáticas que surgió fue el reclamo por una recomposición salarial urgente, debido a la devaluación y la inflación que hubo en diciembre y enero, perdimos un importante poder adquisitivo (…) por otro lado, el presupuesto del Instituto que no fue contemplado en relación con los aumentos de las tarifas, por lo que, el pago de la luz va a ser muy difícil y cualquier ayuda económica que vengan de becas institucionales va a ser mínima”.
En otro orden de cosas, también se les revocó la titularidad otorgada en octubre pasado, perdiendo estabilidad laboral por medio de las reválidas.
Las/os docentes van a realizar actividades para visibilizar los reclamos con clases públicas, asambleas y evaluar el comienzo de clases.
Concentración de docentes y estatales frente a Gobernación santafesina
El viernes, mientras Milei anunciaba que no iba a aumentar el salario mínimo ni llamar a paritaria docente, los gremios de AMSAFE Rosario y ATE Rosario, junto a Sadop, Siprus y COAD, convocaron a concentrar frente a gobernación.
Miles de docentes y estatales se reunieron en la plaza San Martín para manifestar su enojo ante el robo del 36 % de Pullaro, al deterioro del salario docente, las condiciones edilicias y la situación de los comedores.
De la escuela Especial laboral 2069 las docentes enfatizaron que estaban ahí para luchar por un salario digno que está muy empobrecido. “Los reemplazantes no recibimos ni un peso al día de hoy, pero además hay una cuestión social, ya que trabajamos en discapacidad y lo hacemos en condiciones paupérrimas”, señalaron.
El sueldo de un docente que recién empieza está en 300.000 pesos, cuando los ingresos que necesita una familia para no ser pobre ronda en los 600.000 pesos.
El gobernador Pullaro, en sintonía con el ajuste brutal de Milei, debe al conjunto de estatales el 36 % de aumento de sueldo acordado en las paritaria 2023, asimismo no hay oferta paritaria para este año, a 5 días hábiles del comienzo de clases. Recién hoy se cobró un 14 %, aunque a Amsafe Rosario llegaron decenas de denuncias manifestando que ni siquiera cobraron ese porcentaje.
«Nuestro sueldo quedó muy por debajo de la canasta básica, no se llega y no nos alcanza para tener una vida digna», denunció otra docente del nivel primario.
«Los docentes deberían poder vivir con un solo cargo, pero con este gobierno no hay diálogo posible, ya demostraron que no les importamos, por eso hay que seguir sosteniendo la lucha», comentaron docentes reemplazantes de distintas escuelas.
La situación en los barrios donde se agrava cada día con los tarifazos, el aumento de precios y salarios congelados se refleja en las aulas donde las y los docentes dan clases a diario. Así lo cuentan maestras de la escuela 825 en la manifestación.
Comedores con raciones cada vez más pobres para chicos que llegan con cada vez más hambre, edificios cada vez más deteriorados: «El año pasado ya había mucha demanda en raciones de comida, pero ahora hay familias que están peor, sin trabajo o porque no les alcanza el sueldo”, relató Patricia. Al lado, su compañera, complementó: “Hay que hacer parte a las familias, a la comunidad educativa porque son cosas que nos afectan a todos»
“Es necesario seguir movilizados y organizados. La CTERA y Amsafe provincial tienen que convocar ya a un paro y plan de lucha. Tenemos que ir al no inicio el 26 de febrero, pero tiene que tener continuidad y tiene que ser una lucha nacional”, alertó Tamara, delegada de la escuela 560.
El malestar docente se hizo sentir y el ánimo para profundizar la lucha con el comienzo de las clases está latente. No solo por la cuestión salarial.
Profesores secundarios jujeños exigen aumento salarial y lanzan campaña “plata hay”
El miércoles 7 concentró dos importantes actividades en el sindicato de los docentes de nivel medio y superior, ya que por la mañana se desarrolló una interesante charla, organizada por la Intergremial, con el economista Carlos Aramayo, la dirigente de APOC, Susana Ustárez y el economista y diputado por el PTS-FITu Gastón Remy, quienes analizaron la realidad económica de la provincia para destacar que el falso el discurso del gobierno provincial de que “no hay plata”.
La otra actividad fue la asamblea que se desarrolló por la tarde en la que se debatió de cara a la próxima reunión paritaria del 19 de febrero. Los docentes reclamaron al gobierno que se haga una sola paritaria de todos los gremios estatales y docentes y no llamados por separado.
Entre las principales resoluciones se destacan la exigencia de un salario inicial igual a la Canasta Básica Total, que se actualice según la inflación con una cláusula gatillo y el lanzamiento de una campaña hacia la opinión pública de que “hay plata”, no solo para salarios sino también para infraestructura escolar, comedores, transporte para estudiantes y docentes entre otros reclamos de la comunidad educativa. Por este motivo se conformó una comisión de difusión de análisis sobre la verdadera realidad de la economía provincial.
Como parte de buscar la mayor unidad para encarar la lucha salarial se resolvió seguir unificando medidas y promover un plenario de afiliados con los gremios que conforman la Intergremial.
Los docentes se volvieron a pronunciar en contra del DNU y la Ley Ómnibus del Gobierno nacional y el protocolo antipiquetes. Repudiaron la represión y la liberación de precios y exigieron la libertad de Nahuel Morandini y Roque Villegas, presos por tuitear.
Fuentes: Resumen Latinoamericano, rebelión.org, Perfil, Tiempo Argentino, Anred, La Izquierda Diario, Página/12, El Destape
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