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“Las escuelas no pueden convertirse en una casa velatoria”

“Las escuelas no pueden convertirse en una casa velatoria”

Fuentes: Rebelión

Mientras la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un récord de más de 2.400 casos positivos, los docentes refuerzan su reclamo por la vacunación y una presencialidad que no produzca víctimas fatales. Por ello lanzaron una nueva huelga para el próximo 14 de abril.

Según reseñaron desde Ademys, los contagios en las escuelas tienen «cientos de burbujas aisladas».

Las cifras con las que cuenta el sindicato especifican que a hoy «hay menos de un tercio de las y los docentes vacunados en la Ciudad».

«Votamos en asamblea una jornada de protesta junto a estudiantes y familias, en el marco de un paro este 14 de abril. Queremos la implementación de un plan de vacunación masivo, medidas como un salario social de emergencia para las familias y la suspensión de presencialidad por falta de condiciones en este contexto», sostuvo Ivana Otero, secretaria de Cultura de Ademys.

Por su parte, Marilina Arias, docente y miembro del Consejo Directivo, hizo un raconto de las últimas semanas: “Ya lamentamos la muerte de Jorge en Lugano y de Juan Carlos, un compañero auxiliar. Las escuelas no pueden convertirse en una casa velatoria. Entre docentes, auxiliares, familias y estudiantes exigimos que garanticen el acceso a la educación y que nuestras vidas y salud no sigan en riesgo por causas evitables», concluyó.

El lunes 5 perdió la vida Juan Carlos Ramírez. Se desempeñaba como auxiliar en la escuela 21 DE 3. La información la confirmó oficialmente la CTA Capital.

Ramírez se había descompuesto en la escuela el viernes 26 de marzo y el PCR dio positivo Covid-19.

Su cuadro se agravó y fue internado en el Hospital Méndez donde falleció en la mañana del 5.

«Hoy sus compañerxs tendrán asueto y mientras lxs docentes piden volver a la virtualidad, Soledad Acuña lo sigue rechazando», señaló la CTA en su comunicado.

Es la segunda muerte de un docente desde el regreso a la presencialidad en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Antes había fallecido Jorge Langone.

Entrevista a la docente y legisladora porteña (MC) Laura Marrone 

La premura por poner en funcionamiento las escuelas tiene que ver con la necesidad de liberar a los padres para concurrir a trabajar  

M.H.: Muere el primer docente por Covid19 en CABA.

L.M.: Así es. El compañero de la escuela 3 del Distrito 21, Jorge Langone. Un compañero muy querido, muy respetado. Que había adherido al paro los primeros días, justamente para protestar por la falta de condiciones para una presencialidad segura y el 22 cuando concurrió a la escuela presentó síntomas de Covid y dio positivo, desde entonces hasta el 29 de marzo estuvo en terapia, delicado y finalmente falleció.

Y tengo que decir con todo dolor que no es el único, porque hay otros docentes de CABA en terapia intensiva, a cinco semanas de haber comenzado las actividades en las escuelas. El gobierno ha reconocido una cifra de 1.215 contagios en estas semanas, entre docentes, estudiantes y no docentes.

Tengo las estadísticas de un distrito, que no voy a decir cuál es porque  hay una cierta persecución en CABA, pero las voy a mencionar porque las cifras que dio el ministerio están subvaloradas. Este es el caso de un distrito que tiene 24 escuelas primarias, tiene un total de 268 casos de Covid, pero en este estudio sumaron a 20 familiares, vamos a sacar a estos familiares y nos vamos a quedar con los docentes.

M.H.: ¿Cuántos distritos hay en CABA?

L.M.: 21, solo de escuela primaria.

M.H.: Y en uno hay 268. O sea que podríamos estimar que la cifra real duplica la que brindan las autoridades.

L.M.: Podríamos estimarlo, lo cual es muy preocupante, porque estamos hablando de un crecimiento muy grande. En CABA estadísticas oficiales, ya no ésta extra oficial que di, el crecimiento de los contagios en los niños de 0 a 9 años, comparados con los contagios entre personas de 60 a 69 años; en la semana 8 (desde el inicio del año) aumentó un 1%, en la semana 12, 2,1% para la franja de 0 a 9 años y de 10 a 29, 1,7%. Es decir que prácticamente en el primer período del año no hubo contagios en estas franjas etarias, ahora, a un mes de clases estamos duplicando los casos en la niñez y los adolescentes. Al mismo tiempo, en los adultos de 60 a 69 subió 1,3%.

La nueva situación es que las estadísticas muestran que hay un crecimiento grande de los contagios en la primera infancia y las adolescencias a partir de las aperturas escolares, tanto en CABA como en el resto del país y también a nivel internacional. Todos los países dan cuenta de un crecimiento muy grande a partir de la presencialidad escolar.

Pensemos que en el país hay trece millones y medio de alumnos, un millón y medio de docentes y podemos calcular entre personal auxiliar y comedores otro millón y tenemos que agregar algunos millones de los padres, madres y abuelos que acompañan a los niños pequeños a las escuelas. Son bastante más de 15 millones de personas las que mueven la escolaridad diaria, en un momento en el que, como acabamos de ver, nuestro país está pegando un salto muy grande y además las nuevas cepas pegan más, en principio por los resultados estadísticos, en los sectores más jóvenes.

M.H.: Yo tengo algunas estadísticas del ministerio de Salud, en chicos de 13 años desde la vuelta a clases presenciales, Jujuy se incrementó 125%, en CABA 59.1% y en provincia de Buenos Aires 35.5%

L.M.: Jujuy es la provincia que ya tiene cuatro docentes fallecidos. En total hay nueve docentes muertos. Peor, no solamente se tienen que contar los muertos, sino que hay que tener en claro que el Covid tiene secuelas, no es que te curás de una gripe. Y esas secuelas todavía no sabemos cómo afectan a futuro a nuestras jóvenes generaciones.

Evidentemente tenemos un país en donde hay un porcentaje increíblemente grande de gente que no puede hacer teletrabajo y que tiene que salir a la calle, que no tiene con quién dejar a los nenes y que por algo se presiona para que funcione la escuela a nivel inicial, primario y secundario mientras que las universidades están con teletrabajo sin problema.

Lo que se está evidenciando es que la premura por poner en funcionamiento las escuelas en los niveles de más corta edad tiene que ver con una necesidad de liberar a los padres para que puedan trabajar.

M.H.: Pero es un funcionamiento muy particular, en mi caso personal, Lucía, una de mis hijas es docente, da clases desde las 8:00 hasta las 16:00, tiene un niño de un año, al que yo cuido y lo llevo al colegio. Recién hoy tuvo una hora de clase. Hasta ayer eran 40 minutos.

L.M.: El caso de un niño de un año es muy particular porque debe estar en período de adaptación.

M.H.: La adaptación ya la cumplió y tiene solamente una hora de clases. Y por lo que veo del funcionamiento de la escuela a la que él asiste, tiene esas características. Inclusive tengo el caso de mi otra nieta, Clara, que comenzó el colegio en el Bernasconi y tiene una semana tres días, tres horas, a la mañana y otra semana dos días tres horas a la tarde.

L.M.: Claro, por las burbujas.

M.H.: Pero el tema es que esto no resuelve nada porque genera un desorden familiar. En el caso de Clara está compensado porque hay una cantidad de adultos mayores que se ocupan de la situación, su mamá tuvo un bebé hace un mes entonces no se ha incorporado todavía al trabajo, pero en el momento que lo haga se presenta un gran problema.

L.M.: El problema es complejo. Nosotros tenemos grados muy numerosos entonces no hay forma de resolver una cierta distancia si no se dividen los grados. Por eso los horarios alternados.

M.H.: Ahora con esta política que plantea la ministra de Educación de CABA, que no se sabe de dónde lo sacó, que pueden estar en espacios más reducidos los niños.

L.M.: Ella intentaría responder a esa inquietud que manifestás, para que haya más horas de clase, pero a riesgo de la salud de los pibes. Lo que queda demostrado con las estadísticas que mencionamos antes, es que los chicos se contagian y además contagian a los grandes.

Si tuvimos ayer 2080 contagios en CABA, tenemos que tener claro que ese es un altísimo riesgo epidemiológico. Un periodista del canal 26 con toda parsimonia explica que en España están en alto riesgo epidemiológico porque han llegado a los 150 casos cada 100.000. Nosotros estamos en más de 150 desde que empezaron las clases, todos los indicadores epidemiológicos están en rojo en CABA, excepto las camas, que tenemos muchas, pero con la particularidad de esta nueva ola que empieza a surgir con un ritmo muy vertiginoso, con casos con las cepas de Manaos y del Reino Unido que podrían ya ser de circulación comunitaria, no son de gente que viajó, inclusive estaría discutido si son válidas las vacunas para ese tipo de cepa.

Estamos en una situación muy complicada y no hay medidas por parte del gobierno. Hoy mostraban a los docentes de la escuela donde trabajaba el docente que falleció, que tiene trabadas las ventanas porque abren hacia la reja, por lo tanto no pueden hacer circular el aire. Todo el año pasado no se tomaron medidas para que dentro de la precariedad de nuestra infraestructura escolar, porque no es lo mismo Alemania que tiene 15 alumnos por grado, con un docente que trabaja en un solo turno, que un docente que trabaja en situación de sobre explotación, en doble turno, donde los cursos están súper poblados y además se viaja en medios de transporte llenos de gente. En Europa no va gente parada en los transportes, pero no solo en pandemia, normalmente. Se va sentado en el transporte público. Nosotros tenemos todas las condiciones inadecuadas, sobre explotación, saturación en el medio de trasporte, etc., que generan condiciones muy riesgosas y las cifras que estamos viendo lo reflejan.

M.H.: La escuela del docente fallecido de Lugano hizo una convocatoria.

L.M.: En Lugano se hizo una conferencia de prensa de Ademys, porque Jorge era afiliado, que de no serlo también se hubiera hecho, en el marco de un paro que se hizo para protestar porque las condiciones no están dadas para la presencialidad. Fue una conferencia y se acompañó con semaforazos. En Barracas, Parque Patricios, Flores y Lugano, se ponen los docentes en el semáforo rojo con sus carteles explicando lo que está pasando.

Yo estaba en Garín porque fuimos a poner de relieve que ya salieron 40 millones de dosis de esa planta, que corresponde al empresario  Sigman que tiene un acuerdo con Slim de México para que se exporten. Supuestamente iban a volver a la Argentina enfrascadas y no viene ninguna, en cambio fueron unas cuantas a EE UU y están guardadas porque ese país no tiene habilitado el uso de Astraséneca. Mientras tanto nosotros no tenemos vacunas.

Fuimos allí, en el marco de este acto del FIT, Giordano y Del Caño presentaron un Proyecto de ley en el Congreso para que se declare de utilidad pública esa empresa, se incauten las dosis y se enfrasque aquí. Para que urgentemente se resuelva el problema de la falta de vacunas.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/las-escuelas-no-pueden-convertirse-en-una-casa-velatoria/

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El ajuste al salario

Por: Mario Hernandez 

Las prestaciones sociales crecieron 30,5% entre enero del 2021 y el mismo mes del año pasado. Las jubilaciones y pensiones 33,4% (4%por debajo de la inflación interanual). Por su parte, la AUH creció 35,8%. El rubro “Otros programas sociales”, que reúne el Repro II y otras iniciativas para morigerar los efectos de la pandemia, solo aumentó 25,1% en el año. Además, en los últimos meses se verificó una desaceleración de los gastos por la pandemia. Incluso la asistencia social en plena pandemia, creció por debajo de la inflación. Y los jubilados son parte esencial en el ajuste del gasto. Y lo seguirán siendo. Y algo parecido sucedería con los ingresos de los empleados públicos. Todavía queda por resolver el tema de las tarifas y los subsidios. 

El salario real cayó 3% en 2020, aunque con una enorme dispersión entre sectores más y menos afectados por la pandemia. De hecho, muchos sindicatos negociaron bajas nominales en plena cuarentena. Desde 2017, el salario real cayó 23% en términos reales, 57% en dólares oficiales. Entre noviembre del 2015 y el mismo mes del 2020, las empresas vieron reducir su costo salarial en un 23,8%, indicó un informe de Cifra, centro vinculado a la CTA-T. La contracara de ello fue un fuerte incremento de las ganancias empresarias.

En la investigación Anatomía del impacto de la cuarentena en los ingresos de los trabajadores argentinos, Eduardo Levy Yeyati y Federico Ravelli, sostienen que en términos de ingresos los que más perdieron fueron los informales y los independientes. “Los que están adentro de la red vieron caer mucho menos sus salarios. La otra mitad quedó colgada de un pincel”, comenta Levy Yeyati.

De acuerdo a la investigación, los más afectados fueron los trabajadores precarios, para los que la caída del ingreso laboral real llegó a 34% en los informales y 35% los independientes. Esto fue parcialmente compensado con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que representó el 6% y 9%, respectivamente. Los asalariados estatales y privados formales perdieron 8% y 13% del ingreso total.

Para Yeyati, “la gran grieta es en función de la modalidad del empleo. Entre los que tienen un trabajo formal con sindicato, protección, licencias por vacaciones. El resto está cada vez más precarizado y expuesto a la crisis”. Así, señala que fragilizar el ingreso de la mitad de los trabajadores, los monotributistas y los informales es una de las fuentes fundamentales de la desigualdad laboral.

El ministerio de Trabajo publicó el viernes 5, la mediana (punto medio exacto) del salario privado de los trabajadores registrados, que se ubicó en diciembre en alrededor de 54.700 pesos. Si se tomara ese indicador, en dólares al tipo de cambio mayorista, se ubicó en U$S 672,70, cuando en diciembre del 2015 llegaba a U$S 1.288,45.

Se trata de un derrumbe del costo salarial de alrededor de un 48%. En el mismo período, el salario mínimo vital y móvil escaló desde los $ 4.716 hasta los actuales $ 20.587, lo que implicó una caída medida en dólares desde los U$S 486 de diciembre del 2015 hasta los U$S 252,90 de diciembre último.

Desde el canal oficial de Youtube del gremio ATILRA difundieron un video en el que desmitifican el «alto costo laboral argentino». «De cada litro de leche final, solo el 4,5%, es decir, $ 1,60 es el costo de mano de obra», apuntaron.

Los datos oficiales de la cartera laboral consignan una mejora salarial de los empleados registrados del 11,7% en los primeros nueve meses del año, cuando la inflación en el mismo período acumuló 22,3%.

El dato no tiene en cuenta que la mayoría de las negociaciones paritarias quedaron congeladas durante los primeros meses de la cuarentena y los incrementos se terminaron acordando en su mayoría a partir de setiembre y octubre.

En ese período el valor de la Canasta Básica Alimentaria escaló un 24,7%. La demora de más de tres meses en la actualización del salario mínimo vital y móvil, así como su actualización en un 28% tampoco colaboró en sostener el poder adquisitivo. Por eso, estimaciones privadas basadas en datos oficiales indican que la pobreza, sobre mediados del 2020, ya alcanzaba a un 47% de la población.

Desde el punto de vista de la masa salarial anual, las patronales lograron descargar gran parte de su crisis sobre el sector asalariado. De hecho, según el Indec, en el peor período de la cuarentena, el segundo trimestre del año, las ganancias patronales mejoraron en 12,4 puntos su participación en el ingreso general de la economía.

Por la vía de los despidos, la caída de los salarios y los subsidios estatales a los empresarios -entre el ATP 1 en abril de 2020 y el ATP 9 en diciembre del año pasado, el gobierno desembolsó $ 236.377 millones-, el impacto de la pandemia que implicó una caída del PBI de 12 puntos para el 2020, cayó sobre los sectores asalariados.

Una familia tipo necesitó en febrero un ingreso de por lo menos $57.997,48 para hacer frente a los gastos de la Canasta Básica Total (CBT) y no caer en la pobreza, indicó el INDEC. El Salario Mínimo está en los $21.600.

Según el informe oficial, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió en febrero un 3,6% respecto de enero, mientras que la CBT avanzó 2,7%, por lo que se ubicó por debajo de la inflación.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado se ubicó en 3,6% y registró una desaceleración respecto de los dos meses anteriores. Así, acumuló a lo largo del primer bimestre un incremento equivalente al 7,8%.

En ese escenario, una familia de cuatro integrantes necesitó al menos $57.997,48 para no caer en la pobreza y un ingreso mensual de $24.575,20 para no ser considerada indigente.

Además, el INDEC informó que las variaciones interanuales de la CBA y la CBT fueron del 46,4% y 42,2% respectivamente.

El costo de la Canasta Básica casi triplica el monto del Salario Mínimo de $21.600 y el de un Haber Básico Jubilatorio, que se ubica en $20.571.

La CBA se determina al tomar en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada y cubra durante un mes esas necesidades. En tanto, para determinar la CBT se amplía la CBA, al considerar los bienes y servicios no alimentarios.

Esas canastas impactan directamente sobre los indicadores sociales que miden la pobreza y la indigencia, cifras que se mantienen en niveles históricos.

El 31 de marzo el INDEC dará a conocer el informe de la Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia (EPH) correspondiente al segundo semestre de 2020.

El sindicato de trabajadores estatales (ATE) en el INDEC publicó un nuevo informe, esta vez focalizado en el peso que tiene la inflación sobre los salarios. Ate calculó una pérdida del poder adquisitivo respecto a noviembre de 2015 del salario Categoría D0 de trabajadores de la administración pública en febrero2021 del 39,5 %.

«Como vemos, en cinco años el salario de referencia percibido en diciembre 2015, actualizado a pesos de febrero 2021 debería de ser $61.372.- y no los magros $35.004.- de hoy (incluye la suma fija de $4.000.- que otorga el gobierno a los trabajadorxs que cobren hasta $60.000.- brutos).», explicaron.

Asimismo, expusieron cuánto más afecta esto a sectores específicos: al tomar el ingreso de la ocupación principal, las mujeres ganan un 21% menos que los varones.

También señalan la situación de los trabajadores monotributistas que consideran que «es inclusive peor que quienes están dentro del Convenio colectivo ya que, a la pérdida del poder adquisitivo general, se le debe sumar la no percepción de medios aguinaldos, presentismo y las exiguas sumas fijas que el gobierno otorga como paliativo». Aseguran que la pérdida llega a ser equivalente a más de ocho sueldos.

Mientras tanto, el BCRA entregaba a las patronales nacionales y extranjeras casi U$S 70.000 millones en 2 años, incluyendo los U$S 44.000 del FMI que no se usaron para estabilizar la economía, sino para tratar de ganar la elección. Según publicó Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la luna en ese período estuvieron en el podio de fugadores empresas como Telefónica, Pampa Energía, Western Union, American Express, General Motors, Shell, Cervecería y Maltería Quilmes, Telecom, Cohen Sociedad de Bolsa e YPF, entre otras.

El titular del Palacio de Hacienda hizo los deberes para su reunión con Georgieva, logró un presupuesto de ajuste para este año (se eliminó el Ingreso Familiar de Emergencia, y hubo recortes en términos reales en la partida de salud en medio de la pandemia), y habrá aumento de tarifas de los servicios públicos aunque hay disputas al interior de la coalición de Gobierno por el porcentaje de suba. Además, en febrero hubo una caída en términos reales de las jubilaciones y pensiones, asignaciones, y pensiones no contributivas que profundiza el deterioro de los últimos años.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso señaló que en febrero hubo una fuerte caída en términos reales en relación al mismo mes del 2020 de las jubilaciones y pensiones (-7 %), de las asignaciones (familiares y por hijo) (- 5,7 %), y las pensiones no contributivas (-6,6 %). 

En tanto, también hubo reducción en términos reales de los salarios de los trabajadores del sector público. Según el documento, el gasto en personal en febrero se derrumbó un 11,7 % en términos reales. “Esta evolución se vincula fundamentalmente al resultado de las negociaciones paritarias en el sector público”, explica el informe y agrega que “la recomposición salarial se ubicó por debajo de la inflación”. Los dirigentes sindicales acordaron paritarias de miseria para los trabajadores públicos que ya perdieron en los últimos años. Según un informe de Cifra, el salario real en este sector fue en diciembre de 2020 un 29 % inferior al de noviembre de 2015.

Mientras el Gobierno recorta el poder de compra de los sectores más vulnerables paga intereses de la deuda. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, “en febrero se cancelaron intereses por el equivalente a U$S 464 millones, de los cuales 74 % se realizó en moneda extranjera, explicados principalmente por los intereses del préstamo Stand by del FMI por el equivalente a U$S 313 millones”.

Desocupación 

Poco más de un tercio del derrumbe laboral durante el 2020 corresponde a personas de entre 18 y 30 años. La sideral caída del empleo en Argentina ha golpeado duramente a vastos sectores de la sociedad durante el 2020, a causa de la parálisis general en casi todos los rubros por la irrupción del Covid-19.

Según los números proporcionados por los entes oficiales y distintas empresas relevadoras del empleo del país aseguraron que durante la pandemia se perdieron cerca de 4 millones de puestos de trabajo.

Pero otro de los datos alarmantes conocidos recientemente tiene que ver con la repercusión que tuvo este flagelo frente al empleo juvenil. El informe “Desempleo juvenil y políticas sociales” del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) reveló que por el virus se perdieron 1.3 millones de puestos de trabajo juvenil.

“En Argentina la cantidad de jóvenes de 18 a 30 años asciende a 9 millones, con lo cual esta pérdida representa el 20% de la población total. Gran parte de estos jóvenes carece de un empleo y no se encuentra estudiando ni recibiendo una formación para el trabajo”, detalló el relevamiento.

Los datos publicados por el Indec  este jueves 25 vuelven a mostrar la persistencia de la desocupación y de la crisis económica que atraviesa el país. Lejos del optimismo anunciado por el Gobierno, que planteaba que con la apertura de la actividad económica mejoraría la situación del conjunto de los trabajadores, los datos confirman que la falta de empleo alcanza a 222.000 personas más que en el cuarto trimestre del 2019.

Se trata en total de 2,1 millones de personas, el 11 % de la población económicamente activa, la cifra más alta para el último trimestre del año desde el 2004. Hay que considerar que los datos medidos por el Indec contemplan a 31 conglomerados urbanos, por lo que la desocupación total se contabiliza proyectando la situación al conjunto del país.

Además, hay que considerar que la tasa de actividad cayó de 47,2% a 45% en un año y se encuentra aún por debajo de los niveles pre pandemia. Esto implica que muchas personas que se quedaron sin empleo y no salieron a buscar activamente por las restricciones fueron registradas como inactivas y no como desempleadas.

La peor situación se vive en la zona del Gran Buenos Aires, donde la desocupación alcanza a un 12,6 %.

También confirmaron que en el caso de los jóvenes la tasa de desocupación aumentó en las mujeres desde 18,9 % hasta 26 % en el último año. En el caso de los hombres desde 16,9 % a 19 %.

Otro dato que da cuenta del nivel de la crisis social es que un 15,1 % de la población se encuentra subocupada. Es decir, aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales y estarían dispuestos a hacerlo mayor cantidad de horas para aumentar un ingreso insuficiente. Se trata de la mayor tasa de subocupación desde la crisis del 2002.

Pero incluso la situación también golpea sobre los sectores ocupados. Según un informe de Cifra-CTA, «si bien los salarios reales de los trabajadores registrados en el sector privado sufrieron una reducción promedio de 15,4% entre noviembre de 2015 y el mismo mes de 2020, la mitad de los trabajadores tuvieron caídas superiores al 19%». En tanto, el salario real de los trabajadores públicos fue en diciembre de 2020 un 29 % inferior al de noviembre de 2015.

De conjunto estos datos confirman la profundidad de la crisis social, que se encuentra lejos de haber finalizado. Por el contrario, la proximidad inminente de la “segunda ola” de coronavirus, que algunos afirman que ya comenzó, puede convertirse en un nuevo foco de preocupación.

Pero además, este mismo jueves el FMI volvió a colocarse en el centro de la escena. Fue primero el vocero de la entidad, Gerry Rice, quién afirmó, contra las exigencias que había planteado Cristina Kirchner en la jornada previa, que no existía posibilidad de extender los plazos y tasas de interés para la devolución de la deuda.

Aunque más tarde fue el propio organismo el que emitió un comunicado planteando avances en la negociación (publicado y festejado por el propio ministro Martín Guzmán), este no pasó de hacer definiciones generales.

Luego de meses de aplicar las recetas del propio Fondo para “reducir el déficit fiscal” a costa de ajustar jubilaciones, eliminar el IFE o incluso reducir el presupuesto en salud, no cabe lugar a pensar que lo que venga pueda ser distinto. No hay un “nuevo Fondo”, sino negociaciones que se pagarán con mayor ajuste y al costo de un mayor empobrecimiento del conjunto de la población pobre y trabajadora.

Jubilados 

La decisión del gobierno nacional de otorgar dos bonos por única vez de $ 1.500 cada uno junto con los haberes de abril y mayo para los jubilados que ganen menos de $ 30.856, no calmó el debate sobre la aplicación de la nueva movilidad jubilatoria.

Los bonos alcanzan al 70% de los jubilados y pensionados (5 millones), excluyendo a los 2 millones que ganan más de $ 30.856 mensuales y a los 9 millones que perciben las Asignaciones Familiares y la AUH.

Además, no integrarán el haber, son por dos meses, y no se consideran base para los futuros aumentos. Para quienes cobran la mínima más los bonos representará un incremento de bolsillo del 16%, aunque el resultado real dependerá de la suba de los precios en los próximos meses. A partir de junio habrá que hacer las cuentas nuevamente. Para los que cobran menos que la mínima (pensiones no contributivas y PUAM) la mejora es mayor, del 19%, pero aún con los bonos cobrarán menos de $ 18.700 en abril y mayo.

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, argumentó que “hablar de dos bonos para abril y mayo de 1.500 pesos es 50 pesos por día”. Según Semino, “la canasta de un jubilado con vivienda propia en octubre del año pasado era de 50.000 pesos”.

La cifra se encuentra bastante por encima de la jubilación mínima que, con el aumento del 8,07%, pasará a ser de $ 20.572 entre abril y junio, cuando se aplicará un nuevo ajuste.

El aumento esperado para abril será inferior en varios puntos porcentuales a la inflación del primer trimestre del año, que se calcula en torno al 12%, dando la razón a quienes advertían que en un contexto de elevada inflación se corría el riesgo de que los haberes quedaran por debajo.

Los jubilados terminaron 2020 por debajo de la inflación. A los de la mínima les tocó resignar casi siete puntos con respecto a la fórmula macrista (42%) derogada por decreto. Llegarán a 35,3%. Y los de la máxima quedarán diecisiete puntos abajo (25,3%). Y eso que la ley macrista entre 2018/9 provocó una caída del 19,5% en todas las jubilaciones y prestaciones sociales.

Resistencia 

Organizaciones piqueteras marcharon hacia Plaza de Mayo para denunciar la situación que atraviesan trabajadores desocupados. Exigen aumento salarial «la canasta de pobreza triplica el salario mínimo y la verdadera canasta familiar que incluye alquiler y educación de los hijos, entre otros rubros, ¡resulta inalcanzable para la inmensa mayoría de los trabajadores que no llegan ni juntando 4 meses de trabajo!» expresaron. La acción se replicó en diferentes ciudades del país. Hubo en acto central donde confluyeron las columnas que partieron desde diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, destacaron «en este contexto, la pobreza sigue creciendo a raíz del ajuste que dicta el FMI y aplica el Gobierno de los Fernández. Con el objetivo de conseguir una mayor entrada de divisas, avanzan con el modelo extractivista y la destrucción de nuestros bienes naturales, desconociendo la lucha del pueblo chubutense que hace 18 años enfrenta el saqueo de las corporaciones mineras. Las organizaciones de desocupados independientes rechazamos el discurso del gobierno que dice privilegiar a los pobres. Todo lo contrario, desde el Presupuesto nacional se han reducido o eliminado las ayudas de emergencias, sin anestesia, como el IFE, privilegiando a los acreedores de la usurera e ilegítima deuda externa».

Desde las organizaciones piqueteras, denuncian además la situación que atraviesan los comedores populares que desde hace meses no reciben los alimentos para sostener las ollas y copas de leche a la cual acuden muchas personas en un contexto de empobrecimiento de los y las trabajadoras.

«Los trabajadores que atienden los comedores populares no han sido considerados para la vacunación contra el Covid, siendo esenciales para combatir el hambre: ¡exigimos que integren las listas de prioridad para ser vacunados, por su salud y por la salud pública en general!» agregaron.

Finalmente, en el contexto de crisis social y económica la situación de los trabajadores desocupados en cuando al acceso de una vivienda digna se ve obstaculizada, agravando la crisis habitacional a la que se encuentra sometida un enorme porcentaje de personas, que no pueden pagar un alquiler y menos acceder a la compra de un inmueble.

«La tierra y la vivienda son inalcanzables para los trabajadores, por eso crecen las ocupaciones de tierra que los gobiernos de todo color político reprimen y desalojan sin distinción. Fernández y Ferraresi anunciaron que no extenderán el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos a partir de abril, lo que agravará la crisis habitacional» explicaron.

¡Salario mínimo de 53.000 pesos!

¡Equiparación de los programas sociales igual a la Canasta Alimentaria!

¡Vacunación ya para todxs lxs trabajadorxs esenciales!

¡Tierra para vivir! ¡No a los desalojos!

¡Presupuesto real y políticas públicas para combatir y erradicar la violencia de género!

¡El extractivismo mata y empobrece! ¡Basta de saqueo! ¡Viva la lucha del pueblo de Chubut!

¡Conectividad para todes!

EL 24 DE MARZO A 45 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA MARCHAMOS A PLAZA DE MAYO

POLO OBRERO -MTR HISTÓRICO – MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba.☆M.T.R./MIDO – MAR – M29 – BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA-RUP- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU – BUEL – A TRABAJAR – ORGANIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L – LA WILLIAM COOKE- MUJERES EN LUCHA) – MTL REBELDE – M.B.T – FRENTE DE LA RESISTENCIA. BARRIOS DE PIE – MST TERESA VIVE. FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), FOB Autónoma (Federación de Organizaciones de Base Autónoma), Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán corriente Plurinacional, MULCS, Izquierda Latinoamericana Socialista, Movimiento 8 de abril, Igualdad Social), FAR COPA en Marabunta, OLP Resistir y Luchar.
En febrero la conflictividad pegó un salto. Según la consultora Tendencias Económicas, los despidos afectaron a 1.482 trabajadores, lo que arroja un aumento anual del 141%.

Los paros involucraron a 11.420 trabajadores, con un aumento del 37% anual. No se registraron suspensiones, cuando en 2020 habían afectado a 3.300 trabajadores.

Paritarias 

En el marco de una nueva jornada de protesta para pedir por recomposición salarial para los trabajadores del CONICET, que incluyó un paro y una movilización al Polo Científico, Mariano Barrera, doctor en Ciencias Sociales, investigador del organismo y de FLACSO, analizó la situación salarial de los trabajadores del Conicet: «Macri se va del Gobierno con una pérdida salarial del 50% en cuatro años».

El reclamo de los investigadores apunta, en el mediano plazo, a que se avance con las negociaciones por un convenio colectivo sectorial, que modifique sustancialmente la situación salarial y la pérdida del poder adquisitivo del orden del 50%, que padecieron los investigadores, y el sector público en general, durante los últimos cinco años.

Esta chance, abriría la posibilidad de que los trabajadores del organismo, que hoy representan el 6% del sector público total, negocien sus propias condiciones de trabajo, ítems, y recomposiciones, más allá de la paritaria estatal que UPCN negocia con el gobierno nacional.

Durante 2020 hubo apenas 7% de aumento en la paritaria nacional de los trabajadores estatales y se termina de cerrar la paritaria en mayo de 2021 con una suba del 25% y, adicionalmente, el Ministerio de Ciencia consiguió adicionar un 20% (en noviembre 2020 y abril 2021) al ítem de jerarquización sobre el total del salario de científicos y científicas y Personal de Apoyo (que no incluye a trabajadores administrativos y personal de gestión).

«En mayo de 2021 el salario del organismo tendría el mismo nivel de poder adquisitivo que a finales de 2019», dijo Barrera, al respecto, y agregó que «el poder de compra de mayo de este año sería el mismo que el del inicio del actual gobierno».

«Si uno mira en términos históricos, el poder adquisitivo del salario el agosto de 2020 era el mismo que en la crisis de 2002», dijo Barrera, y destacó que en 2020 «hubo recuperación, pero aún estamos en niveles de 2004».

Por último, Barrera aseguró que la erogación para el Estado no sería significativa, en caso de avanzar la discusión sobre el Convenio colectivo para los 10.000 trabajadores que integran el CONICET (sin contar los becarios y becarias del organismo, que duplican la cifra): «El CONICET en el presupuesto nacional representa menos del 0.4%, es un valor muy bajo como para tener impacto, además para algo que considerás estratégico», dijo Barrera.

El jueves 25 hubo una Jornada de lucha de los docentes universitarios, convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios/as y preuniversitarios/as para reclamar la urgente convocatoria a la Mesa Nacional de Negociación Salarial para discutir la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, así como las condiciones de trabajo que continúan afectadas en el marco de la pandemia mundial.

Exigen que ningún aumento por debajo de la inflación, cláusula gatillo y un programa de recuperación progresiva del salario, en camino a la media canasta familiar para el cargo testigo; reintegro de gastos de conectividad por trabajo virtual desde los hogares (equipamiento, mobiliario, servicios de electricidad y telefonía, etc.) para la continuidad de las clases virtuales mientras dure la pandemia; paritarias de condiciones y ambiente de trabajo en todas las Universidades.

“Cualquier regreso progresivo a las actividades de manera presencial, debe ser previamente acordado en paritarias particulares con plena participación de las asociaciones de base, con las pertinentes habilitaciones de la autoridad sanitaria y con condiciones de bioseguridad que preserven la salud de las y los docentes y de la comunidad universitaria en su conjunto. En este sentido, exigen el pleno respeto a los acuerdos alcanzados en la Comisión Nacional de Condiciones y Ambiente de Trabajo, en especial al régimen de dispensas y licencias para los grupos vulnerables, con la cobertura de las suplencias que ello demande; así como también que se avance con la regularización de docentes de la planta interina y contrataciones, pago a docentes ad-honorem, ascensos de Auxiliares de 1ª (cargos ocupados mayoritariamente por docentes mujeres) y actualización del nomenclador preuniversitario”, definieron en el marco del Congreso Extraordinario realizado por la Federación.

Adelantaron que, de no haber respuesta a las demandas, este viernes sesionará el Plenario de Secretarías Generales que le pondrá fecha a un paro de 48 horas ya aprobado en el Congreso.

Los docentes tucumanos volvieron a la protesta en rechazo al acuerdo paritario firmado por el Gobierno provincial y el Frente Gremial Docente. Esta vez fue con un paro y una movilización, que partió en caravana desde el monumento al Bicentenario, hasta la Secretaría de Educación.

El reclamo central es un aumento salarial del 50 % junto a las condiciones por la pandemia. Se exigió que el Estado garantice los elementos de bioseguridad en todas las escuelas. Se denunció la falta de personal auxiliar en las escuelas y el estado de estas, reclamando también por vacunas para todos y el testeo para todas las burbujas aisladas.  Los docentes denuncian las presiones por parte del ministerio de Educación, a cargo de Juan Pablo Lichtmajer, para sostener la presencialidad a toda costa. Mientras las autoridades provinciales hablan de una segunda ola inevitable, en las escuelas se ordena que no se hagan denuncias para no “alarmar”.

La protesta también denunció que Litchmajer extorsiona a la docencia con descuentos a quienes se adhieran al paro, ordenando a los directivos a confeccionar listas de quienes participan de la medida de fuerza. Esto pasó con miles de docentes que se adhirieron al paro de 48 horas ante el inicio de clases.

“Nuevamente la docencia sale a la calle porque rechazamos el acuerdo de miseria que firmó ATEP y el Frente Gremial. El salario docente sigue por debajo de la línea de pobreza y las condiciones de bioseguridad no se cumplen en las escuelas. Además, tenemos la situación de centenares de docentes sin trabajo o precarizados como los del plan Fines. La única respuesta de Lichtmajer es amenazar con descuentos y con listas negras», afirmó Juan Luis Veliz de la agrupación Marrón Docente.

«Tenemos que seguir organizando el reclamo de la comunidad educativa desde las escuelas. Finalmente, UDT no convocó al paro impulsado por la Mesa de Coordinación, bajándose así de hacer medidas de lucha. Exijamos a UDT y el Frente Gremial (ATEP, APEM, AMET) que tienen que acatar el mandato de los docentes, por todas las demandas incumplidas por el gobierno. Que llamen a asambleas de base para que los docentes decidan», agregó Veliz.

La paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) pasó a cuarto intermedio sin acuerdo de partes. El encuentro realizado en modalidad virtual por la pandemia, tendrá su continuidad el próximo 29 de marzo cuando el sindicato y las Cámaras empresarias vuelvan a verse las caras.

El gremio liderado por Antonio Caló reclamó para romper el hielo un incremento del 35% con una cláusula de revisión. Además, pidió una suba adicional en los salarios iniciales.

La Mesa de Unidad Sindical integrada por FATTEL, FOEESITRA, FOMMTRA y CEPETEL llegó a un acuerdo con las empresas Telefónica de Argentina S.A., Telefónica Móviles Argentina S.A., AMX Argentina S.A. y Telecom Argentina S.A., un aumento de 12 puntos para el período julio 2020-marzo 2021 que se aplicará a partir de abril.

En el mismo se detalla que en marzo las y los trabajadores telefónicos van a cobrar una suma extraordinaria no remunerativa equivalente al 12% que en abril ya entrará en la escala salarial. El incremento acumula para el sector un 32 % desde julio de 2020 hasta el 31 de marzo.

En abril se van a volver a reunir para cerrar el año paritario hasta el 30 de junio con la revisión del último trimestre.

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), dirigida por Héctor Daer, anunció el lunes un paro de 3 horas por turno y solo atendiendo urgencias para el viernes 26 luego de una reunión que mantuvieron con empresarios del sector privado de la salud en el Ministerio de Trabajo, al no llegar a un acuerdo en la revisión de las escalas salariales.

La Federación agrupa a trabajadores de clínicas, sanatorios, hospitales y laboratorios de análisis clínicos.

El «plan de lucha» que decidieron los dirigentes contempla asambleas informativas para el jueves, paro el viernes y luego evaluar la medida y los pasos a seguir.

Una marcha convocada por la Asamblea Interhospitalaria colmó las calles del centro neuquino.   Trabajadores y trabajadoras de la primera línea, vinieron desde distintos puntos provinciales y de los centros de salud de la zona metropolitana. La principal exigencia es la apertura de una mesa salarial de la que puedan participar delegados votados en la Asamblea nterhospitalaria, y que estén presentes los cuatro gremios estatales.

Todos los hospitales y centros de salud se manifestaron con sus carteles, denuncias y exigencias. La marcha fue aplaudida por todas las personas que transitaban por el centro neuquino.  Recientemente, la ministra de Salud, Andrea Peve, anunció medidas ante la llegada de la segunda ola de contagios. En este contexto, el jueves se supo de la renuncia de la mitad de los terapistas del hospital Castro Rendón y de las amenazas de sumarios y sanciones al personal de salud.

El conflicto lleva cuatro semanas y hasta ahora el Gobierno provincial no citó a los trabajadores y trabajadoras autoconvocados que rechazaron el acuerdo entre ATE, UPCN y el gobierno.  La movilización se hizo escuchar y continuó con una nueva asamblea interhospitalaria después de la multitudinaria marcha. El viernes tienen previsto un festival con decenas de artistas y bandas musicales en la Casa de Gobierno para juntar fondos de lucha y difundir el conflicto.

Tras una votación de las bases, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (SIPRUS – Fesprosa) definió por un 95% rechazar la propuesta ofrecida por el gobierno santafesino, y realizará un paro sin asistencia el lunes 22 y el jueves 25 de marzo.

“Hace 45 días que comenzaron las reuniones. Durante este período los profesionales esperábamos de buena fe poder resolver los innumerables problemas que presentamos lxs trabajadorxs y el sistema de salud. Lamentablemente el gobierno provincial dilapidó este tiempo. Es sintomático que la ministra de salud siga sin reunirse con los que producimos los cuidados. No solo nos dejaron al final de todas las discusiones. Sino que la propuesta no contempla la jerarquización de nuestra labor dentro del sistema”, explicaron desde SIPRUS, al tiempo que denunciaron que hay sectores del sistema de salud que atraviesan una crisis profunda, muchos lugares en los que no se consiguen quiénes ocupen los puestos, renuncias de trabajadores, incluso directores, pedidos de licencias y falta de cobertura para las jefaturas.

“Decimos claramente que es necesario un aumento urgente de personal para sostener la demanda. El aumento de los casos que se está viendo (y que van a seguir creciendo) nos encuentra en peores condiciones. Por el desgaste que venimos sufriendo y porque no hay respuestas. Y como repetimos siempre, es un problema de nuestras condiciones de trabajo que impacta en la salud del 40% de las y los santafesinxs que se atienden en el sistema público”, finalizaron.

Aceiteros 

Los paritarios de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina alcanzaron un acuerdo con los representantes de la parte empresaria en la negociación paritaria salarial de los Convenios Colectivos de Trabajo 387/04 y 388/04 correspondientes a obreros y empleados desmotadores de algodón, respectivamente. El salario inicial de un trabajador de una jornada normal (200 horas mensuales) de la categoría inferior -peón- entre salario básico y adicionales llegará a 66.043,92 pesos a partir del 1° de abril.

En tanto será de 68.915,40 pesos a partir del 1° de junio de 2021 y de 71.786,87 en septiembre de 2021.

Además, se acordó el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa de 16.000 pesos que se abonará en dos cuotas iguales y consecutivas que se liquidarán en noviembre y diciembre de 2021. Será percibida por todos los trabajadores que hayan realizado tareas durante al menos 90 días en la campaña; quienes hayan trabajado menos días percibirán una suma proporcional.

En concepto de revisión del acuerdo salarial de 2020 se acordó un aumento que lleva el salario inicial conformado a 53.684,10 pesos en el mes de enero de 2021 y a 57.429,50 en febrero.

A su vez, se estableció que el presente acuerdo paritario tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.

En este marco, desde la Comisión Directiva de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina expresaron: “Compañeras, compañeros: este nuevo acuerdo se alcanzó gracias a la unidad obrera expresada en la contundente Huelga Nacional Desmotadora con la que las trabajadoras y los trabajadores desmotadores de algodón demostraron con claridad su rechazo ante la pretensión patronal de rebajar los salarios en términos reales.

Ante la intransigencia con la que estas empresas, que nunca detuvieron su producción -declarada esencial- por la pandemia, estiraban artificialmente la negociación paritaria, indiferentes al deterioro de los ingresos de la familia desmotadora, se le opuso la firmeza, la solidaridad y la conciencia de clase.

Incluso mientras persiste en todo el planeta la crisis sanitaria, económica y social desatada por la pandemia de COVID-19, que en nuestro país se sumó a la crítica situación que dejó tras de sí el gobierno de Cambiemos, hoy se conquistó este acuerdo gracias a la lucha colectiva.

Por eso, este logro es de ustedes, compañeras y compañeros desmotadores, que continúan avanzando con las herramientas de la organización obrera, con la democracia sindical y la fuerza de la huelga en las propias manos, por la dignidad para cada compañera y compañero trabajador y su familia”.

El Sindicato Aceitero de Capital informó que tras largos meses de conflicto se firmó un acuerdo en el que el Grupo Beltrán, propietario de la firma Dánica, que se comprometió a desistir de su intento de modificar el encuadramiento de los trabajadores. “Este logro se obtuvo gracias a la inmensa lucha obrera en Dánica Llavallol contra la prepotencia patronal”, sostuvieron desde el SOEIA.

La empresa Avex, bajo control del Grupo Beltrán desde hace dos años, “desiste de su intento de modificar el encuadramiento convencional de las compañeras y los compañeros de Dánica Llavallol reconociendo la pertenencia a la actividad aceitera”, señalaron desde el sindicato.

En ese sentido, la empresa desistirá del pedido de encuadramiento sindical en el expediente que había iniciado el año pasado en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, cuando intentó pasar a todos los trabajadores de la planta al convenio de Alimentación, de menores ingresos y más flexibilizado que el de los aceiteros.

El acuerdo establece asimismo que se inicia un esquema de actualización salarial que incluirá el pago de las remuneraciones, adicionales y demás beneficios convencionales de los aceiteros, que comienza a partir de este mismo mes de marzo, indicaron.

Luego de que fracasara este jueves las negociaciones entre el Sindicato Aceitero de San Lorenzo (SOEA) y representantes de la empresa Buyatti, en horas de la tarde, la CGT de San Lorenzo decretó un paro de 24 horas en todas las aceiteras del complejo agroexportador. El lunes se realizó una conferencia de prensa en la puerta de la fábrica para informar los pasos a seguir y no descartan el anuncio de un nuevo paro de 48 horas con bloqueos y participación de otros gremios si el conflicto sigue sin resolverse.

Hace algunas semanas la patronal de Buyatti mandó 73 telegramas de despido anunciando el cierre de la aceitera ubicada en Puerto San Martín. Esto ocurrió luego de que el ministerio de Trabajo de la provincia firmara el cierre del procedimiento preventivo de crisis, tras largas audiencias en su sede en la ciudad de Rosario. Aunque rige la prohibición en todo el país, el Ministerio avaló los despidos y habilitó a la empresa a ofrecer solo el 50% de las indemnizaciones, desconociendo también la doble indemnización.

Los trabajadores de Buyatti vivieron un 2020 de incertidumbre sobre la continuidad de sus fuentes laborales y realizaron diferentes acciones en la puerta de la fábrica y el ministerio de Trabajo. Esta semana la policía desalojó el piquete que venían llevando, a pocas horas de que el gobernador Omar Perotti llegue a la ciudad para inaugurar el ciclo lectivo 2021 en una escuela de Puerto San Martín.

En este proceso, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del departamento San Lorenzo ha rechazado de plano el argumento de la compañía, que es “prima hermana” de Vicentín, y se justifica en una situación de crisis. Para fortalecer el reclamo logró el acompañamiento de los legisladores provinciales que había requerido.

Los legisladores señalaron que “los telegramas llegaron a personas con treinta años de antigüedad o enfermas a las que les corta la obra social”, con la fuerte sospecha de que es otro proceso de vaciamiento como fue el de la cerealera Vicentín.

Semanas atrás, otro de los delegados había manifestado que «si tiene que cerrar, que se paguen las indemnizaciones que corresponden y todo lo adeudado. Nadie se hace presente de la empresa y estamos a la expectativa». Los trabajadores se encuentran haciendo un «acampe» en las puertas de la planta reclamando información sobre qué ocurrirá con sus empleos.

La empresa Buyatti, además de la planta en San Lorenzo, es propietaria de una desmotadora en Chaco y otra planta dedicada a la molienda de girasol y semillas de algodón en Reconquista.

Más conflictos 

Trabajadores de la Clínica San Andrés convocan a un encuentro solidario con su lucha. Será este sábado 27 desde las 16:00 en las instalaciones de la clínica, ubicada en Caseros, partido de Tres de Febrero. La clínica atendía a 18.000 pacientes de PAMI que hoy no tienen cobertura. Reclaman conservar los 144 puestos de trabajo y la atención a los jubilados.

Reproducimos a continuación el comunicado de los trabajadores: Los 144 trabajadores de la Clínica San Andrés estamos en lucha desde el día primero de febrero. Llevamos 45 días en custodia de las instalaciones ante el abandono e intento de vaciamiento por parte de la patronal. La clínica atendía además 18.000 trabajadores afiliados de PAMI, que ahora deambulan por lugares distantes en otros distritos.

A la gravedad del cierre de puestos de trabajo, se suma a la lentitud del proceso vacunatorio cuando todos los especialistas preanuncian una segunda ola de Covid para abril o mayo. Nuestra clínica tiene 12 respiradores, 90 camas, tomógrafo y aparatología de última generación. 

Esta situación intolerable no ha producido la intervención del gobierno en ningún nivel. Estamos reclamando soluciones al municipio de Tres de Febrero, al ministerio de Trabajo, a la Casa de la Provincia de Buenos Aires y a la Casa de Gobierno de la Nación sin obtener respuestas favorables. 

Invitamos a todas las organizaciones, políticas y sociales a acompañarnos en defensa de la salud y los puestos de trabajo, y a coordinar acciones con otros sectores en lucha.

Los trabajadores agremiados en el Sindicato argentino de Televisión (SATSAID) realizaron el jueves 25 una medida de fuerza a nivel nacional contra los 400 despidos encubiertos que quiere imponer DirecTV a sus trabajadores.

Desde el pasado lunes 22, se encuentran realizando quite de colaboración, trabajo a reglamento y permanecen en estado de alerta y movilización en todo el país.

Según un trabajador de la empresa “la empresa en noviembre y enero pasado se había comprometido a implementar un plan de inversiones que en teoría preservaría nuestra fuente de trabajo.

Esto, no sólo no fue así sino que ahora directamente quieren cerrar y tercerizar distintas áreas como las de servicio técnico y de atención al cliente y avanzar con el plan de retiros voluntarios que venimos denunciando.”

La medida se resolvió luego de varias reuniones en el ministerio de Trabajo sin respuesta favorable por parte de la empresa.

El pasado 3 de marzo hubo un paro judicial con movilización al Palacio de Justicia. Fue convocado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) en reclamo del pago del tercer tramo de la recomposición salarial que se otorgó en 2020. La protesta tuvo lugar en todo el país.

Las y los tabacaleros de Massalin Particulares lograron un 42 % de aumento salarial luego de una semana de paro y movilización. De esta forma cobrarán un 5 % de aumento retroactivo al sueldo de febrero, un 10 % en marzo, 10 % en abril, 5 % en mayo y 12 % junio. Así lo informaron desde la directiva del Sindicato de Obreros del Tabaco (SOT).

Con una semana de huelga, con apoyo de la población y una marcha masiva en Rosario de Lerma el lunes, le torcieron el brazo a la empresa, que se encuentra entre las 150 principales del país y exporta el 60 % de la producción, pero quería dar un 5% menos que el resto de las empresas del tabaco de la provincia.

Cientos de trabajadores vitivinícolas se concentraron en el nudo vial, en el ingreso a la Ciudad de Mendoza, desde donde se movilizaron al KM0 provincial para exigir un aumento salarial que equipare los sueldos a la Canasta Básica.

En las reuniones paritarias, los grandes bodegueros ofrecieron un 28 % de aumento, algo rechazado por los trabajadores, quienes denuncian que esa suma ni siquiera cubriría lo perdido frente a la inflación en 2020. Ellos exigen un aumento que equipare los sueldos, que hoy son de $ 27.000 para un trabajador de bodega, a la Canasta Básica, que en la provincia ya superó $ 54.000.

Durante la pandemia, los grandes bodegueros no solo siguieron produciendo, sino que también aumentaron considerablemente sus exportaciones, mientras que los trabajadores siguen cobrando salarios «de hambre», denuncian.

Desde el sindicato también rechazaron la oferta patronal y convocaron a un plenario de delegados para el martes 23. Por lo que la exigencia de los trabajadores autoconvocados es que ese plenario le ponga fecha a un paro por 48 horas que el sindicato había anunciado en el caso de que no hubiese acuerdo con las patronales.

Los trabajadores autoconvocados se vienen movilizando en Mendoza, en el sur provincial en San Rafael y en Cafayate (Salta), donde realizaron acciones durante la semana.

En San Rafael decenas trabajadores vitivinícolas autoconvocados y sus delegados se movilizaron nuevamente por salario digno. Recorrieron desde la plaza Francia hasta el km0, contra la propuesta paritaria de aumento de las Cámaras patronales, que como se denunció anteriormente, ofrecieron el 30% en 4 cuotas y un bono de $4.000 para diciembre, lejos del reclamo de equiparación de la canasta básica.

Se prolonga el conflicto en la planta Canning de la empresa Ternium – grupo Techint. El martes finalizó el período de conciliación obligatoria dictaminado por el ministerio de Trabajo provincial. Según trascendidos durante la negociación se habría obtenido el pago del aumento paritario según lo acordado para la Rama 17 –no para la 21 que era la intención inicial de la empresa– y la revisión de las políticas flexibilizadoras que pretendía imponer la empresa: que trabajadores contratados en forma eventual ocupen puestos permanentes y el pago diferenciado del trabajo los fines de semana. Fuentes gremiales indican que el Secretario Adjunto de la UOM Avellaneda habría informado que el acuerdo contemplaba que la empresa no aplicaría despidos ni sanciones como represalia.

Sin embargo, entre martes y miércoles la empresa dio a conocer la resolución de despedir a una cantidad aún no precisada de trabajadores. Ante esta situación, reunidos en asamblea decidieron paralizar nuevamente la producción y reclamar la reincorporación de los despedidos, así como invocar nuevamente el compromiso de la Comisión Directiva de la UOM Avellaneda para sostener esta resolución.

Difundimos el comunicado de los trabajadores de Ternium Canning:

«Los trabajadores siendo las 15 horas del día de la fecha 23/3/2021 resuelven por asamblea parar la fábrica. La empresa produjo despidos de compañeros. Compañeros que defendieron los derechos y por eso ahora son atacados por la empresa de manera brutal.

Los trabajadores no aceptan ningún despido Y exigen al gremio que se ponga a la cabeza de la defensa de todos los trabajadores Y al ministerio de Trabajo que convoque a la empresa a cambiar su actitud”.

El secretario adjunto de Ademys (docentes CABA), Jorge Adaro, detalló que «ayer informaron que habrá flexibilización» y explicó que «plantean el no uso de barbijos en el recreo y dejar el escalonamiento del ingreso e incorporar el comedor».

«Nada de lo que plantean flexibilizar es bueno», afirmó Adaro. Asimismo, agregó que «insisten en relajar las normas cuanto tenemos 900 casos en la Ciudad y camino a las 2da. ola».

«Vamos a ver qué medidas tomamos frente a la nueva flexibilidad», advirtió el sindicalista.

Y concluyó que «el lugar es la escuela con los pibes, pero no con estos protocolos ni con estas flexibilizaciones nuevas».

El lunes 22 las y los trabajadores de Just, comenzaron su acampe en la fábrica de General Rodríguez, perteneciente a Just international Latam S.A.

Hace un mes que las y los trabajadores se encuentran peleando por sus puestos de trabajo y ocupando la planta ubicada en Lomas del Mirador, luego de que la empresa notificara vía zoom a los 52 trabajadores que mudarían las operaciones a más de 60 kilómetros. El 16 de febrero la empresa realizó una maniobra fraudulenta y vació el depósito donde cumplían tareas. De esta manera buscó desvincular a los trabajadores de la compañía con la promesa de entrevistas laborales en la nueva empresa tercerizada de nombre Transfármaco.

Como denuncian los propios trabajadores, esto se da en el marco de la pandemia mientras rige el decreto anti-despidos. Además, la empresa incumple la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo. Frente al incumplimiento por parte de la empresa, el Estado no ha dado respuestas.

Luis Torales, trabajador de Just en lucha, planteó que se encuentran peleando por las 52 familias que dejaron afuera y que de allí no se moverán hasta que les den una solución. “Nuestra dignidad no tiene precio, sólo queremos trabajo”.

Acompañaron la medida de los trabajadores el PTS, PO, IS, MST del Frente de Izquierda Unidad, el Nuevo Mas y el sindicato joven de comercio, industria y servicio de la CTA, junto a la Red de Trabajadores Precarizados e informales de la zona Oeste.

Por su parte, las y los trabajadores de La Nirva, que también vienen peleando por sus fuentes de trabajo, se han solidarizado y han enviado su apoyo

Impuesto a las Ganancias  

Finalmente, tal como se preveía, se alcanzó el dictamen para tratar en el recinto de la Cámara de Diputados las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias por el cual pasarían a tributarlo salarios por encima de los 150.000 pesos y jubilaciones con un monto superior a ocho haberes mínimos. A partir de los reclamos del mundo gremial también se excluyeron del cálculo para el pago el aguinaldo, gastos de guardería y jardín materno infantil, hijos con discapacidad y en el caso de los trabajadores de salud no se computarán horas extras hasta el 30 de septiembre de 2021.

El proyecto impulsado por Sergio Massa y que cuenta con un amplio apoyo gremial, estiman que beneficiará a 1.267.000 trabajadores de los 2.2 millones que actualmente pagan ganancias.  El sábado ya sería tratado en recinto donde existe un consenso para su sanción ya que sectores de la oposición acompañarían el proyecto según las intervenciones que realizaron en el trabajo conjunto de comisiones.

El sector que está arriba de los $ 150.000 es el 7% de la población ocupada, pero representa el 26% de la masa salarial.

24 de marzo 

La demostración más clara de que este 24 de marzo SÍ hubo movilización callejera, más allá de la campaña mediática en contrario, es que durante todo el día y en todo el país se produjeron marchas y actos en la calle donde participaron miles.

Como dijo Norita Cotiñas: “En la Plaza había que estar para pelear contra el hambre y la represión de hoy”.

La movilización central se dio en Plaza de Mayo, donde llegaron decenas de miles de personas. Primero estuvo la convocatoria de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espén y Elsa Pavón. Luego arribaron a la Plaza las organizaciones de Derechos Humanos, políticas, sociales y sindicales nucleadas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

El grito que molesta 

Denunciamos, repudiamos la criminalización y judicialización hacia les compas de la cordillera chubutense, puesta en marcha por el gobierno de Mariano Arcioni que, como lo ha hecho en reiteradas oportunidades, busca disciplinar al pueblo, desconociendo su férrea decisión de impedir la entrada de la megaminería. Advertimos que estas prácticas son muy peligrosas porque imponen un escenario de «dictadura minera» suspendiendo el estado de derecho y atentando en contra de la paz social en la provincia. Esto es el extractivismo y se vale de todas las instituciones para imponerse a cualquier precio.

Desde el día lunes 15 de marzo, el gobierno provincial de Chubut ordenó detenciones arbitrarias a vecines, en simultáneo con las declaraciones del ministro de seguridad de la provincia Federico Massoni, en conferencia de prensa, quien hizo público el nombre y apellido, dirección, profesión, y hasta los haberes que perciben por sus trabajos de cinco vecines y una menor. Esposades, en medio de operativos desmesurados con una treintena de fuerzas policiales, munidos de escudos y armas largas, fueron llevades a la comisaría de El Hoyo para ser notificadxs.

Les secuestraron ropas y celulares, con orden de llevarlos al hospital para verificar presuntas lesiones por su supuesta participación en los hechos del lunes cuando fue apedreado el vehículo donde viajaba el presidente Alberto Fernández. Luego fueron liberados. Un procedimiento similar ocurrió el día 18 de marzo con otros tres vecines más.

Un nuevo accionar del gobernador Arcioni a través del Ministro de Seguridad Massoni, que insiste en criminalizar la protesta social, claramente, con el propósito de desmovilizar al pueblo de Chubut que le dice NO A LA MINA, y en particular a la pretensión del Ejecutivo provincial de aprobar el proyecto de zonificación minera (128/20) en el territorio provincial, con la complicidad de la Legislatura y las fuertes presiones del gobierno nacional, a través de Alberto Fernández. Este último ha tenido un papel lamentable cuando se desentendió de los hechos de violencia generados el día sábado: primero, con el accionar patoteril de la comitiva de la UOCRA, que golpeó brutalmente a un vecino y, luego, con la intervención de infiltrados pertenecientes a la Brigada de Investigaciones, entre lxs que se manifestaban. Su alusión a que el minero es un problema de lxs chubutenses, cuando desde su asunción no ha hecho otra cosa que promover sin ningún tapujo la actividad minera, no sólo en Chubut sino en toda la cordillera, resulta ofensivo y provocador para los pueblos que habitamos estos territorios y estamos decididos a defenderlos del saqueo extractivista.

Lo que no van a lograr con sus estrategias represivas es sacar de las entrañas la convicción del por qué se lucha. El pueblo defiende el agua y su territorio del avance extractivista, de la mercantilización de nuestra naturaleza.

El pueblo de Chubut seguirá en las calles, estemos atentes y difundamos cualquier apremio ilegal hacia lxs luchadorxs.

La megaminería solo se impone con represión y criminalización de las luchas.

¡No pasarán!

¡Fuera mineras de nuestros territorios!

asambleasciudadanas.org.ar

El martes 23 de marzo se realizó la marcha aniversario al cumplirse 18 años del plebiscito en el que el pueblo de Esquel le dijo NO a la minería. La cita fue en la Plaza San Martín de Esquel, Chubut, convocada por la Asamblea No a la Mina en Esquel.

Desde el martes, las y los pobladores de Andalgalá, en Catamarca se encuentran realizando un bloqueo selectivo en los caminos a Potrero y Choya que son el acceso en donde la empresa minera multinacional Yamana Gold intenta desarrollar megaminería en una zona vital en donde están las nacientes de agua. “Estamos en asamblea permanente ante los movimientos de maquinaria que están llevando sin permiso”, comentó un vecino.

El conflicto se avivó cuando el 23 de diciembre, la Corte de Justicia de Catamarca declaró inconstitucional la ordenanza (029/2016), que protegía el único reservorio de agua, para favorecer un emprendimiento minero. Unos días antes Yamana Gold y Glencore Xstrata habían anunciado la creación del Proyecto MARA para explotar «Agua Rica». “Ahora están empezado a realizar perforaciones y tienen el aval del gobierno de Catamarca”.

Ante todo, señalaron que hay una clara falta de licencia social para desarrollar la actividad minera en la zona y que los vecinos lo han expresado durante cientos de veces en multitudinarias movilizaciones que lograron detener al lobby minero “También manifestamos la invisibilización de la ausencia de licencia social, que la empresa omite. Cabe destacar que l@s vecin@s que se encuentran apostados al costado del camino, en el transcurso de ayer, entre las 17:30, y hoy a las 12:30, tuvieron la esperada visita de la policía departamental en reiteradas oportunidades, usando el modus operandi que ya sabemos que tienen. Primero en términos de paz y buen trato, buscando identificar a quienes defendemos la vida y el futuro de nuestro pueblo, para luego empezar a intimidar con la estrategia de requerir los datos personales y averiguaciones de la fiscal Nieva, que junto al juez Cecenarro fueron quienes propiciaron la brutal represión sufrida en febrero del 2010”. 

Fuente: https://rebelion.org/el-ajuste-al-salario/

Fuentes: Anred, Infogremiales, Infobae, Clarín, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, argentina.indymedia, La Izquierda Diario, APU, www.mundogremial.com, Red Eco Alternativo.  

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Argentina: Empleo y salario los grandes perdedores de la pandemia

Empleo y salario los grandes perdedores de la pandemia

Mario Hernandez

Con casi 4.000.000 de nuevos desocupados y la pobreza golpeando a 1 de cada 2, la Argentina se encamina a un acuerdo con el FMI, la búsqueda de un déficit fiscal claramente inferior al presentado en el Congreso en el Presupuesto, la restricción de los gastos asistenciales por la pandemia, el ajuste de tarifas y la nueva fórmula de ajuste previsional.

Empleo 

El INDEC confirmó que por la pandemia, entre abril y junio se perdieron 3.757.000 puestos de trabajo

De 20.879.000 puestos de trabajadores que existían en el primer trimestre, se pasó a 17.122.000. Una baja del 18%, de acuerdo al Informe del INDEC.

Todas las modalidades de trabajo fueron afectadas, pero con mayor fuerza golpearon a los asalariados «en negro» y a los cuentapropistas, también informales.

En ese contexto, la desocupación pasó del 10,4% al 13,1%. Hay que retrotraerse al tercer trimestre de 2004 para encontrar una tasa de desempleo similar.

A su vez, el nivel del empleo se derrumbó 8,8 puntos: del 42,2% al 33,4%. En números similares cayó la población activa: de casi 20 millones a poco más de 16 millones. Esto es así porque casi 4 millones de personas que en el primer trimestre estaban ocupados o desocupados buscando trabajo, no buscaron o no pudieron buscar otra ocupación en el trimestre siguiente.

De los 3.757.000 puestos laborales perdidos, 289.000 correspondieron a asalariados registrados, 1.695.000 a asalariados informales y 1.774.000 a trabajadores por cuenta propia.

Por actividad, el personal doméstico sufrió una pérdida de casi 600.000 puestos, la construcción casi 400.000 y hoteles y restaurantes 304.000. Por su parte, la baja entre los asalariados registrados es significativa porque estaban prohibidos los despidos y regía la doble indemnización para las cesantías sin causa.

De esta manera, el cuadro laboral del segundo trimestre quedó configurado del siguiente modo:

+ Asalariados registrados: 10.294.000 que se desagrega en 6.801.000 del sector privado y 3.493.000 del sector público.

+ Asalariados no registrados 3.178.000.

+ Trabajadores por cuenta propia 3.649.000.

El Salario Mínimo Vital y Móvil en picada

Durante 2020, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) perdió “por goleada” frente a la inflación. En términos nominales, en un año pasó de 16.875 pesos para los trabajadores mensualizados a $ 20.587,50, un aumento de apenas 22%, frente a una inflación promedio del 36,1%. Representa punta a punta una pérdida del 14,1%.

Con relación a la canasta de indigencia, que esta semana informará el INDEC y que en la Ciudad de Buenos Aires fue del 43,9%, la pérdida superará el 15%,

Si a esta caída real del salario mínimo durante el primer año de la gestión de Alberto Fernández se le agrega el retroceso del 24,4% que tuvo durante los 4 años de la gestión Macri, el desplome del SMVM acumularía en 5 años una pérdida del 32%.

Este retroceso se acentuará en los próximos meses porque está previsto que en marzo el SMVM se eleve a $ 21.600, un incremento de casi 5% que se descuenta estará por debajo del incremento de los precios de estos meses.

La Ley de Contrato de Trabajo le asigna tres características al SMVM. Es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral. Debe asegurarle alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional. Y debe ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo de vida.

Desde hace mucho tiempo el salario mínimo no cumple esas funciones e incide sobre un amplio número de trabajadores no registrados o informales que toman por referencia ese parámetro, en convenios de trabajo con ingresos bajos y en trabajadores formales “fuera de convenio”.

También impacta sobre los 760.000 beneficiarios de planes sociales que perciben la mitad del salario mínimo ($ 10.294) según informó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Para una familia tipo (matrimonio y dos hijos), el salario mínimo está lejos de cubrir el valor de la canasta de pobreza, incluso si ambos cónyuges trabajan. Restando los descuentos de jubilación y salud (17%), más las asignaciones por hijos, el ingreso mínimo salarial total ronda los 24.000 pesos frente a una canasta familiar de pobreza valuada por el INDEC en diciembre en $ 55.000. Y por la definición legal, el salario mínimo debería superar con creces el valor de la canasta familiar de pobreza.

El desajuste no solo ocurrió en 2020 con los sueldos mínimos, sino que la mitad de los salarios de las y los trabajadores registrados en la Argentina hoy se hallan por debajo del nivel de pobrezamedida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

A pesar de las ayudas del Estado, en el tercer trimestre de este año, los ingresos totales de la población crecieron en 12 meses el 21,2% frente a una inflación a setiembre del 36,6%. Representa una caída del 11,3% en términos reales.

Conflictos por despidos y salarios 

El 15 de enero se llevó a cabo una primera audiencia en el ministerio de Trabajo de Lomas de Zamora, el organismo intervino debido a la presión de los trabajadores y falló a favor de la reincorporación de todos los despedidos de Dalgar. El pago de salarios adeudados de diciembre se abonaría a partir del martes en el marco de una conciliación de carácter voluntaria.

Los químicos llegaron a 11 días con paro total, bloqueo y acampe en las puertas de la fábrica ubicada en Esteban Echeverría tras el despido de casi la totalidad de los operarios. Este ataque patronal fue la respuesta a las asambleas por turno que venían realizando los trabajadores con exigencia en mejoras de las condiciones de seguridad e higiene en un sector donde la polifuncionalidad pone en riesgo la vida obrera.

Trabajadores aceiteros se reunieron el martes 19 en las puertas de Renova en Timbúes, convocados por el sindicato (SOEA), por el incumplimiento de los pagos del denominado «bono pandemia» por parte de las empresas contratistas. Realizaron una hablada a la espera de ser atendidos por el gerente de Recursos Humanos. El lunes lo hicieron de la misma forma los tercerizados de Bunge y Terminal 6. La suma fija que reclaman se conquistó en la última paritaria. Fue el detonante para una lucha que incluyó más de 20 días de paro y piquetes en todo el complejo agroexportador.

La Mesa Federal de ATE PAMI denunció y repudió los más de 150 despidos que se produjeron en esta institución recientemente. Se trata de 120 despidos de trabajadores contratados y 30 de planta permanente. A eso se suma el desplazamiento de compañeros de carrera.

En el comunicado que se difundió denuncian que esto se produce “con el objeto de instalar arbitrariamente a nuevos funcionarios que no saben ni entienden de qué trata la tarea encomendada. Olvidando que algunos niveles de conducción no tienen manual de instrucciones, exigen que los compañeros desplazados transfieran el conocimiento logrado con años de sacrificio y experiencia”.

En el comunicado también denunciaron que “la condición de contratados es impuesta para evadir la ley y negarle al trabajador un derecho constitucional para finalmente ser un instrumento de manipulación de maniobras políticas que solamente intenta generar espacios para la nueva militancia”.

Sin pelear contra el recorte de los padrones, ya que de los 32.000 trabajadores temporarios del citrus incluidos en el padrón de la UATRE Tucumán, por resolución nacional sólo recibirán el beneficio del plan Intercosecha unos 24.000 trabajadores, la UATRE pactó con el gobierno de la provincia un plan provincial de $ 2.800, a cambio de una contraprestación de servicios en municipios y comunas a quienes no viajaron al sur en esta temporada.

Trabajadores gastronómicos nucleados en Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) de Mar del Plata llevaron adelante una importante protesta en reclamo de paritarias y el bonus por temporada y piensan continuar en “pie de guerra” en vistas a lo que queda del verano.

«Esta movilización responde a la falta del cierre de paritarias. Hace casi dos meses se está trabajando en esto y no hemos podido lograr ponernos de acuerdo en el porcentaje. Es muy bajo lo que están ofreciendo”, manifestaron desde el gremio que conduce Luis Barrionuevo.

El reclamo también incluye el plus de temporada, un derecho adquirido hace más de 20 años, cada temporada, que no están dispuestos a resignar. Si bien en algún momento se habló y cuestionó, entendemos que corresponde», explicó Nancy Todoroff, secretaria general adjunta del gremio.

En este sentido, contextualizó: «Desde noviembre se vino trabajando con los ATP hasta diciembre. Si bien el sector hotelero no tiene los porcentajes de ocupación necesarios están teniendo ayuda del Estado. Tanto el sector gastronómico y hoteleros están en condiciones de firmar paritaria y pagar el plus de temporada», reafirmaron.

Desde UTHGRA piden un aumento del 40%, mientras que del sector empresario ofrecen «poco más de 25%», ese parece ser el punto que buscan destrabar en medio de la pelea por la extensión horaria que se vio restringida en contexto de pandemia.

Conocedor de la situación, el gobierno intenta reactivar el sector. También el Turismo y la Cultura a través de la presentación de la segunda edición del Fondo Especial Municipal para la Reactivación del Turismo y la Cultura, en un acto desde el Hotel Provincial de Sierra La Ventana.

En esta oportunidad, la Provincia desembolsó un monto de 500 millones de pesos destinados a los 135 municipios para que éstos puedan asistir a los establecimientos turísticos y culturales de sus distritos, dos sectores fuertemente golpeados por la pandemia.

Hace tres meses, la administración bonaerense había distribuido unos 300 millones de pesos en el marco de este fondo en base a un catálogo donde se inscribieron 13.737 establecimientos del turismo y la cultura.

Luego de una semana entera de huelga, los trabajadores de Página/12 resolvieron continuar con un plan de acción que incluye paros de dos horas por turno todos los días durante enero.

Los trabajadores agrupados en el SiPreBA exigen una mejora del acuerdo firmado por la UTPBA que todavía ostenta la representación formal con las Cámaras empresarias, así como otros reclamos contra la elusión de convenios y condiciones de trabajo. No obstante, la empresa se niega a acatar lo dispuesto en el acuerdo en nombre de la demora en su homologación.

Paula Sabatés, delegada del SiPreBA, explicó: “hicimos un paro de siete días y obtuvimos resultados. La empresa anunció una suma fija de $ 4.000 a cuenta de las paritarias. Pero excluyó del aumento a los “colaboradores”, por lo que el conflicto sigue”.

Trabajadores de la educación 

El 18 de enero se llevó adelante una acción de los trabajadores de la educación en la ciudad de La Plata, con una concentración en las puertas de la Dirección General de Cultura y Educación. Participaron Suteba Ensenada, la Lista Multicolor de Suteba La Plata y la junta interna de ATE Educación para reclamar la continuidad de los planes PIEDAS y ATR que el gobierno de Kicillof no renovó, dejando sin trabajo ni cobertura de obra social en plena pandemia a más de 20.000 de trabajadores en toda la provincia de Buenos Aires.

“Mientras gobierno y oposición instalan en los medios el debate sobre la vuelta a clase, intentando apurar la vuelta a la presencialidad, esconden esta realidad de precarización de la escuela pública. Miles de trabajadores de la educación, docentes y auxiliares, trabajan de forma precaria y por $8.000 por mes. De esta forma, precaria, con salarios de miseria, descuentos, falta de pagos y con enormes esfuerzos, sin insumos ni conectividad, se sostuvo la continuidad pedagógica de forma virtual durante todo el 2020. Estos planes de trabajo precario, que se presentan como solución, no son otra cosa que un ajuste. El presupuesto que votó Kicillof junto a los partidos de oposición, contempla una reducción de las partidas para salud y educación, todo para pagar la deuda fraudulenta de la provincia. Queda en claro quiénes defienden verdaderamente el derecho a la educación de les niñes, y quienes buscan una foto de ocasión mientras desfinancian la escuela y la salud publica en plena pandemia para hacer la tarea del FMI”, sostuvo Laura Champeau, secretaria de organización de Suteba Ensenada.

Docentes de la Agrupación 9 de Abril Río Negro, dieron a conocer un comunicado de prensa en el que denuncian que los gobiernos nacional y provincial se disponen a lanzar el ciclo lectivo 2021 con protocolos antipedagógicos y con escuelas sin condiciones sanitarias para el desarrollo de las tareas escolares.

El comunicado de la Agrupación 9 de Abril plantea las exigencias de: construcción urgente de escuelas y obras de infraestructura. Equipamiento pleno para garantizar el protocolo sanitario. Apertura de vacantes para todos los niños y niñas en edad escolar. No a la municipalización de la limpieza e higiene en los edificios escolares. Computadoras y conectividad gratuita para estudiantes y docentes. Nacionalización de las empresas privadas de telecomunicaciones y utilización de la red de ARSAT (hoy en manos de las privadas) para que la educación llegue a todos los rincones del país. Servicio alimentario con bolsones de productos y mejor calidad. Entrega de kits de higiene para las familias. Para garantizar la presencialidad y virtualidad: creación masiva de cargos, tanto de docentes como de auxiliares. ¡Basta de precarización en educación! Asambleas de cargos transparentes. Regularización de todas las prestaciones del IPROSS. No al examen pre ocupacional discriminatorio que exige tener conectividad y computadora con cámara. Plata para educación, salud y trabajo, no para el FMI.

El gobierno mendocino decretó un aumento del 20% en blanco y un bono en cuotas y en negro. Monto más que insuficiente frente a la inflación proyectada de más del 50%. Este decreto de aumento a las y los trabajadores de la educación es una medida que intenta disciplinar a quienes sostuvieron con sus recursos, tiempo y energías el sistema educativo de toda la provincia, en medio de una pandemia.
Frente al rechazo de la propuesta salarial del gobierno, desde el SUTE se comenzó a debatir entre los docentes y se votó en el último plenario provincial la necesidad del NO inicio de clases, ya que el aumento que el gobierno quiere imponer, ni siquiera reconoce la inflación del 36% en todo el 2020.

Trabajadores de la salud 

En Santa Fe el gremio mayoritario, SIPRUS FeSProSa no fue convocado por el gobierno de Perotti, quien negocia una oferta insuficiente con el gremio minoritario. Las bases de SIPRUS votaron masivamente un paro de 72 horas que se llevó a cabo del 19 al 21 de enero.

En Tucumán la medida de fuerza de SITAS FeSProSa en reclamo de recomposición salarial se realiza por tiempo indefinido. Exigen el cese del sumario y que se retrotraiga el traslado de dos delegados del Hospital Centro de Salud, el más grande de la provincia, castigados por reclamar sus derechos laborales.

En Río Negro, la delegación de FeSProsa y el movimiento de Trabajadores Hospitalarios Autoconvocados realizaron una movilización regional el viernes pasado en General Roca y llevó a cabo otra el jueves 21 en la ciudad de Viedma. La recuperación del salario perdido en 2020 encabeza los reclamos.

También en el AMBA está latente la situación de conflicto. Las asambleas de diversos hospitales de CABA rechazaron el acuerdo a la baja firmado por los gremios oficiales con el gobierno de Rodríguez Larreta.

En tanto en Buenos Aires, la CICOP exigió la convocatoria a la paritaria profesional para cerrar los acuerdos salariales del 2020. En el Hospital Posadas los trabajadores nucleados en CICOP FeSProSa declararon insuficiente el acuerdo con Nación que firmaron los gremios de la administración central, el cual provocó una pérdida del 10% en los salarios de los profesionales de la salud.

La presidenta de FeSProSa, María Fernanda Boriotti, a la vez que reiteró el pedido de convocatoria a una Paritaria Nacional de Salud, afirmó: “El Estado nacional debe dar un paso adelante y en esta emergencia prolongar el bono estímulo para todo el 2021 llevándolo a $20.000 mensuales”.

“La segunda ola encuentra a un personal sanitario público golpeado por las secuelas del COVID y los fallecimientos, agotado por la falta de licencias y desmoralizado por las rebajas del salario real. Es el momento de que el Gobierno nacional y los de todas las provincias y municipios den un paso al frente y pasen de los elogios vacíos a los hechos concretos.”, finalizó.

Tras 9 días de encadenamiento, las trabajadoras organizadas en ATE y CTA-A de Misiones consiguieron la revinculación desde el 1° de enero. “La lucha nos devolvió el trabajo», afirmaron.

Luego de ser convocadas por el área de Recursos Humanos del Parque de la Salud, llegaron a un acuerdo que prevé la recuperación de sus fuentes de trabajo.

Las trabajadoras, enfermeras, radiólogas y mucamas, agradecieron el acompañamiento de organizaciones y sectores que a lo largo de estos días hicieron llegar muestras de solidaridad. «Fuimos reincorporadas, una vez más gracias a la organización, la lucha y la unidad», remarcaron.

El 18 y 19 se realizó un paro en el Hospital Lucio Meléndez de Almirante Brown por la continuidad de trabajadores becados, falta de recurso humano en contexto de pandemia que afecta directamente la atención de pacientes COVID y por la reincorporación de 7 cesanteados.

El médico del hospital Tornú y delegado de ATE, Gabriel Rosenstein, pidió que las escuelas no sean abiertas en la CABA cuando hay 1.500 casos diarios y aún no hay una vacunación masiva. Además, reclaman un incremento salarial paritario que supere a la inflación.

«Larreta quiere volver a clases presenciales, pero no hay plan de vacunación», precisó.

Asimismo, indicó: «Se vacunó al personal de salud de la ciudad con la Sputnik V pero no sabemos a cuántos porque no lo informan».

Respecto de sus reclamos, Rosenstein remarcó: «En CABA nuestro salario perdió un 60% en los últimos 4 años».

Hicieron un paro de 36 horas con movilizaciones que terminó con una oferta del gobierno para que les otorguen un incremento del 22 %.

Entrevista a Martín Brat, delegado de GPS, tercerizados de AA 

No hay respeto por nada, ni siquiera por la vida de los trabajadores 

M.H.: Martín es delegado de los trabajadores y trabajadoras de la tercerizada GPS que el martes realizaron una medida de fuerza por paritarias y contra las sanciones ilegales por la actividad sindical.

M.B.: Nosotros somos tercerizados de Aerolíneas Argentinas (AA) en el aeropuerto internacional de Ezeiza y Aeroparque. Somos 1.500 trabajadores y ayer hicimos un corte en la Autopista Ricchieri frente al peaje de entrada al aeropuerto. Son tres reclamos muy importantes, porque a partir de las obras que se empezaron a hacer en Aeroparque, la empresa impidió con el operativo de pasar todos los trabajadores a Ezeiza, el ingreso de los delegados. A pesar de tener un fallo judicial a nuestro favor, la empresa siguió incumpliendo y actuando como patrón de estancia, nos negaba el ingreso. En el día de ayer, con este corte que ya viene siendo una de las medidas de lucha que venimos tomando hace meses, finalmente se destrabó la impresora que se ve tenían trabada hace meses y nos hicieron las credenciales para entrar a Ezeiza. Estoy en este momento adentro del aeropuerto trabajando con mis compañeros, que es lo que corresponde porque nosotros fuimos votados por el 70% de los trabajadores. Esa es la actitud ilegal de esta empresa, que en vez de dar respuesta a los reclamos lo que hizo fue suspender a más de 130 trabajadores que habían participado de un paro el 21 de diciembre pasado porque la empresa ni siquiera pagaba el aguinaldo en tiempo y forma. Además, tenemos hace más de un año vencidas las paritarias, nosotros somos trabajadores tercerizados, tenemos un sueldo precarizado de menos de 40.000 pesos, yo este último mes cobré 35.000 pesos.

M.H.: Recuerdo que te entrevisté en diciembre a raíz de un corte anterior, junto a los compañeros de LATAM, habían logrado una instancia en el ministerio de Trabajo con relación al tema salarial ¿cómo continuó eso?

M.B.: Tuvimos la audiencia en el ministerio y no hubo ninguna respuesta. Tuvimos que hacer un nuevo corte como el del día de ayer. Dimos un primer paso, que es que nos dieran la credencial. Igual es importante porque ni siquiera venían cumpliendo los protocolos de higiene y seguridad para cuidar la salud de los trabajadores. Nosotros somos trabajadores esenciales, por lo tanto, que estén los delegados en el lugar de trabajo también tiene importancia desde ese punto de vista, porque tenemos problemas inclusive con eso. Ayer dimos un primer paso. Pero no tuvimos respuesta del ministerio. Nosotros además de que nos den las credenciales para ingresar buscamos que nos den una instancia de diálogo que sea regular no como la de la otra vez. Fue un solo día, contamos todo lo que pasaba, lo hicimos en conjunto con los compañeros de LATAM que son más de 1.700 despedidos. Ayer estuvo una delegación de los compañeros de LATAM, pero centralmente el corte fue de los tercerizados porque la situación era muy desesperada. Seguimos insistiendo para que se abra una línea de diálogo con AA, con el gobierno, con el ministerio de Trabajo y de Transporte incluso, porque la situación de los tercerizados no puede seguir así. Nosotros somos parte de la operativa que trajo la vacuna contra el Covid y que la distribuye nacionalmente. En los medios tratan a los trabajadores que somos parte de esa operativa como héroes nacionales, pero después no se conoce que en el día a día sufrimos un maltrato tremendo de estas empresas que actúan de la forma más ilegal que se pueda imaginar y con una soberbia de patrón de estancia que no tiene ley que los regule. Esa situación no se puede permitir. Ayer dimos un paso, pero la pelea sigue, porque nuestros sueldos siguen precarizados, porque las sanciones no se bajaron y porque el protocolo tampoco se termina de respetar. Hay compañeros que tuvieron contacto estrecho con Covid positivo y la patronal no respeta los aislamientos. No hay respeto por nada, ni siquiera por la vida de los trabajadores.

Apps 

En Acceso Oeste a la altura del puente Santa Rosa, en el partido de Castelar, la autopista se cortó por ambos carriles. Fue llevado a cabo por los y las repartidores de delivery de las apps. La protesta sumó todos los reclamos, pero el principal fue el pedido de seguridad. También los trabajadores denunciaron las condiciones laborales y el hostigamiento policial. “Los pibes que trabajan como repartidores se presentaron en gran número para enfrentar a la policía cara a cara con el reclamo de que los dejen trabajar tranquilos ya que vos hacés unas cuadras y ves cómo la policía se encarga permanentemente de molestarlos. Los paran sin razón por control. Es normal que te paren más de una vez por día. Yo trabajo con la bicicleta no tengo moto y pedaleo alrededor de 50 kilómetros diarios para llevar a mi casa 700 pesos 800 pesos con suerte si la propina es buena. Rappi paga 40 pesos cada 2 kilómetros, pero contando desde que vos llegaste a la tienda a retirar el producto para realizar el envío. Si estás a 3 kilómetros del local no se cuenta ese trayecto, no te lo pagan. No olvidemos que somos trabajadores en negro muy precarizados a los que se les obliga a pagarse el monotributo porque las empresas para las que trabajamos que son parte de un gran conglomerado de empresas globales ni siquiera nos reconoce como trabajadores en blanco con salario mínimo, ni seguro de vida, ni con equipamiento mínimo, ni asignación de los vehículos, todo a lomo de los pibes que no paran de recaudar plata para estas 2 grandes empresas que pagan en negro salarios de hambre”, explicó un trabajador.

Durante los últimos meses se desarrollaron negociaciones entre las empresas y el sindicato de delivery Assim que fracasaron.

Por su parte, la AFIP elaboró un proyecto de ley cuyo propósito es normalizar la recaudación de los aportes previsionales que propone un régimen similar al de la construcción o la creación de un monotributo especial que no resuelve la ausencia de relación laboral y la responsabilidad empresaria.

Mientras tanto, Rappi anunció su alianza estratégica con Visa para el lanzamiento continental de la “SuperApp”, para ofrecer servicios financieros en Colombia y México, pero con intenciones de extenderse a los nueve países de la región en los que ya opera.

Rappi se propone hacer uso de la inmensa base de datos (direcciones, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, hábitos de consumo) que acumula desde 2015 cuando empezó a operar y que incrementó durante la pandemia.

En el mismo camino Pedidos-Ya ya activó PedidosYa Pay, que permite asociar tarjetas de crédito propias al pago de sus pedidos.

De esta manera las apps abren un nuevo frente de pelea con el gremio bancario que reclama el encuadramiento de toda actividad vinculada a las operaciones financieras.

Este jueves, los trabajadores se movilizaron hacia el puente Antártida, donde funcionan las oficinas de Pedidos Ya en la capital cordobesa. Denunciaron que el básico no aumenta hace meses y que el aumento de la inflación y del combustible que lo paga cada trabajador, hace imposible llegar a fin de mes. Exigieron una recomposición del 100% en el cobro de los pedidos

Algunos salarios llegan a no más que $ 20.000 al mes y además aumentó el monotributo. Recordemos que estos trabajadores y trabajadoras, en su mayoría jóvenes, han sido esenciales durante la pandemia, han trabajado como cadetes garantizando que lleguen desde alimentos hasta medicamentos a las casas de toda la población. Hoy pedidos Ya en Córdoba es la empresa más grande de aplicación luego de absorber a Glovo. Luego de la importante acción que involucró a más de 100 trabajadores la empresa se comprometió a recibirlos el viernes.

Se reglamentó el teletrabajo 

El Gobierno nacional oficializó la reglamentación de la Ley 27.555 que establece el régimen del contrato de teletrabajo con precisiones sobre las condiciones de reversibilidad, el derecho a la desconexión digital, la compensación por gastos, la provisión de elementos y la representación sindical, entre otras cuestiones.

Esta ley de Teletrabajo fue impulsada por el oficialista Frente de Todos en 2020 en el contexto de la pandemia de Covid-19 con fuerte resistencia de Cámaras empresariales que hallaron en el proyecto puntos inconvenientes para las patronales.

El artículo primero de la reglamentación aclara que las disposiciones de la Ley Nº 27.555 no serán aplicables cuando la prestación laboral se lleve a cabo en los establecimientos, dependencias o sucursales de las y los clientes a quienes el empleador o la empleadora preste servicios de manera continuada o regular.

Tampoco esta normativa tendrá alcance en los casos en los cuales la labor se realice en forma esporádica y ocasional en el domicilio de la persona que trabaja, ya sea a pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional.

La normativa establece un claro “derecho a la desconexión digital”, para evitar que las jornadas de actividad laboral de los trabajadores se excedan más allá de las horas pactadas de trabajo a diario.

Cuando la actividad de la empresa se realice en diferentes husos horarios o en aquellos casos en que resulte indispensable por alguna razón objetiva, se admitirá la remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral.

En todos los supuestos, la persona que trabaja no estará obligada a responder hasta el inicio de su jornada.

“No se podrán establecer incentivos condicionados al no ejercicio del derecho a la desconexión. Los incrementos vinculados a la retribución de las horas suplementarias no serán considerados incentivos”, dice la reglamentación.

La persona que ejerza el derecho a interrumpir la tarea por razones de cuidado deberá comunicar en forma virtual y con precisión el momento en que comienza la inactividad y cuando esta finaliza.

En los casos en que las tareas de cuidado no permitan cumplir con la jornada legal o convencional vigente se podrá acordar su reducción de acuerdo a las condiciones que se establezcan en la convención colectiva.

Las personas que trabajan que hubiesen pactado la modalidad de teletrabajo desde el inicio de la relación laboral no pueden revocar su consentimiento ni ejercer el derecho a que se les otorguen tareas presenciales, salvo lo dispuesto en los Convenios Colectivos del Trabajo o en los contratos individuales.

La provisión de elementos de trabajo no se considera remuneratoria y, en consecuencia, no integra la base retributiva para el cómputo de ningún rubro emergente del contrato de trabajo, ni contribuciones sindicales o de la seguridad social. La compensación de gastos, aun sin comprobantes, no se considera remuneratoria, en los mismos términos del artículo precedente.

Por último, estipula que la representación sindical tendrá lugar en el establecimiento donde la persona que trabaja prestaba servicios presenciales con anterioridad.

La ley resultó una respuesta tardía a la irrupción masiva del teletrabajo producida por la pandemia y las medidas de aislamiento. En rigor, la primera señal que dio el Estado a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) fue la de dejar sin efecto, dos días después del comienzo de la ASPO, la resolución 1552/12 de ese mismo organismo que obligaba a las empresas a garantizar herramientas de trabajo y seguridad a los empleados que trabajaran bajo esa modalidad.

La reglamentación final que se conoció recibió duras críticas de parte de los abogados laboralistas que han estado detrás de la misma. Para Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AALL), “exhibe a las claras la posición que el sector empresario ha expresado durante el debate en el Congreso y que implica modificaciones sustanciales a los niveles de protección legal reconocidos en la norma legal reglamentada, en desmedro de las personas trabajadores”.

León Piasek, integrante y referente de la misma organización, así como representante legal de entidades gremiales como el SiPreBA opinó que “es una reglamentación con claroscuros que denota un fuerte lobby empresario y una permeabilidad del ministerio de Trabajo”. Para Piasek, promueve una “delegación de cuestiones muy importantes a la negociación colectiva que demoran mucho tiempo y, como siempre en una relación asimétrica, es el empleador el que va a imponer sus condiciones”.

Benzion por su parte recordó que desde la AALL denunciaron en su momento “la escasa protección que la ley reconoce a las personas trabajadoras y los distintos aspectos que debieron ser incluidos y no lo fueron para evitar cualquier perjuicio que esta modalidad puede ocasionarles”. Pero para Benzion, “la reglamentación que se publicó hoy va más allá, avanzando sobre algunos derechos que la ley establece y que se ven limitados, cuando no suprimidos en la práctica”.

De hecho, señaló, “inexplicablemente excluye del ámbito de aplicación de la ley, a quienes realizan esta modalidad de forma esporádica u ocasional, cuando la ley no realiza ninguna distinción ni exige requisitos de permanencia en la modalidad de teletrabajo, para que el nuevo régimen sea aplicable”.

Del mismo modo la nueva norma limita el derecho de desconexión habilitando a las empresas a que se contacten con el trabajador fuera de su horario de trabajo en caso de usos horarios opuestos o cuando se justifique “objetivamente”. Para la dirigente de los y las abogados “ningún trabajador está en condiciones de discutir el criterio de las patronales, a menos que esté dispuesto a perder su puesto de trabajo”.

En esa sintonía, “la ley establece el derecho de interrupción de la jornada, sin condiciones y sin límites y aquí, la reglamentación, agrega que en los casos en que las tareas de cuidado no permitan cumplir con la jornada legal o convencional vigente se podrá acordar su reducción de acuerdo a las condiciones que se establezcan en la convención colectiva. Para Benzion, en la práctica, “aun cuando su sindicato logre una reducción de la jornada para estos casos, no se garantiza el mismo salario que para la jornada completa”. Generando “la disyuntiva de renunciar al salario para cuidar o dejar sin atención a la persona que necesita los cuidados.

Al mismo tiempo en su articulado la reglamentación condiciona el derecho a la reversibilidad de la modalidad que estaba presente en la ley original y que daba a entender que era un derecho unilateral del trabajador mientras que, en su aplicación, admite que el trabajador debe invocar “una motivación razonable y sobreviniente para volver a la presencialidad”.

Piasek indicó que “la reglamentación condiciona la reversibilidad a la buena fe que deben tener las partes, y plantea un requisito de ‘razonabilidad’. Pero en general lo van a interpretar los empleadores a quienes les concede 30 días para expedirse. Va a traer muchos conflictos y dificultades”.

Para Benzion “sabemos que los criterios de razonabilidad no son diseñados en conjunto por las partes de un contrato de trabajo sino impuestos por la parte empleadora” y, continúa, “se da a la parte empleadora el derecho a determinar si la razón invocada por el trabajador es razonable”. El concepto de “sobreviniente”, exige el surgimiento de un hecho nuevo “que fuera inexistente al momento de pactarse la modalidad de teletrabajo”. El espíritu de la ley, por el contrario, concedía al trabajador el acceso voluntario a esa modalidad, así como su reversibilidad.

Para Benzion, por eso, “el derecho de reversibilidad consagrado en la ley, resulta de hecho derogado, dejando su ejercicio librado a la resistencia que el trabajador o su sindicato”.

Por último, la reglamentación ratifica el reconocimiento de la obligación de las patronales de proveer los instrumentos de trabajo, así como de sus costos y la compensación de gastos. Sin embargo, establece el carácter no remunerativo de esas sumas colocando “a las personas que realicen teletrabajo es desventaja respecto de las que lo hacen de forma presencial y reciben prestaciones en especie que sí son consideradas remunerativas a todos los fines”.

En la misma línea el artículo 14 de la ley se encuentra referido a higiene y seguridad laboral y a las enfermedades profesionales sujetas a la cobertura por ART. Benzion destaca que “la reglamentación encomienda la elaboración de un estudio y agrega la palabra ‘eventual’ a la obligación de incorporar estas enfermedades al listado mencionado” dejando “librado al criterio de la Superintendencia de servicios de Salud y al lobby que sobre el particular puedan ejercer las ART, su inclusión o no en la protección”.

Para Benzion “han quedado sin reglamentar algunos aspectos fundamentales, tales como la capacitación al personal, jornada de trabajo, sistemas de control y derecho a la intimidad, los que plantearán dificultades a la hora de exigir su cumplimiento, precisamente, por no haber sido reglamentados”. León Piasek indicó que “la capacitación es un tema que debe estar a cargo de las empresas para evitar la discriminación sobre trabajadores que no hayan podido capacitarse con las innovaciones tecnológicas que vayan surgiendo. En esto también la reglamentación juega en contra”.

En términos generales la reglamentación de la ley refuerza la idea de que la imposición de avances de los empleadores sobre los trabajadores dependerá en gran medida de la resistencia que puedan imponer estos últimos en los lugares de trabajo. En efecto, muchos de los límites que pone la ley son suavizados en la reglamentación, planteando que ellos pueden ser relativizados cuando existan circunstancias “excepcionales”, “objetivas”, “esporádicas”, etc., que lo justifiquen. Si bien se trata de excepciones a la regla, lo cierto es que la reglamentación abre la puerta y le ofrece a los empleadores un marco de legalidad para desnaturalizar los derechos que reconoce la ley. El trabajador podrá oponerse planteando que no se verifican los supuestos previstos por la ley, pero para hacer efectivo su reclamo tendrá dos vías a su alcance: la acción colectiva o el inicio de un reclamo judicial. Este último es prácticamente inviable estando vigente la relación laboral, por lo que solo queda a mano el impulso de la acción colectiva. Si ella, por la razón que fuere, no es exitosa, lo cierto es que la reglamentación le habrá entregado un viso de legalidad a los empleadores para que recurran libremente al teletrabajo sin estar preocupados por muchos de los límites que impone la ley, aun cuando estos ya eran muy laxos en el texto.

#HipotecadosUVA 

El reclamo de la organización Hipotecados UVA se reactualiza a medida que se acerca febrero, cuando finalizará el congelamiento de las cuotas establecido en 2020. Las familias hipotecadas atraviesan una situación habitacional insegura, ya que corren el riesgo de ser desalojadas ante la imposibilidad de pagar un aumento en las cuotas.

Paola Gutiérrez, integrante de Hipotecados UVA Auto convocados, empleada pública, explicó que “Calculando la cuota desde enero de 2021 a diciembre 2021 va a subir un 60% por el plan de convergencia y esto es muy complicado porque no hay paritaria que llegue a esa cifra”. Además, afirma que las familias están atravesando una situación de endeudamiento estructural: “lo primero que hacés cuando cobrás un sueldo, es pagar la cuota de tu crédito hipotecario, después te endeudás con un montón de cosas más”.

Los hipotecados agrupados denuncian que los créditos son una “usura” y que solo se benefician los Bancos. El beneficio en números es bastante claro: Paola sacó su crédito con una cuota de $9.800 en noviembre de 2017 y la cuota al día de hoy, si no estuviera congelada, sería de $30.000: “saqué 2 millones, debo 6 millones. Es insostenible para las familias hipotecadas”. Esta diferencia en el monto se explica por la ley de indexación, la cual estipula que el monto esté atado a la inflación, sin ningún tipo de tope. Con esta lógica, frente a cada devaluación del peso, las cuotas aumentan al ritmo de la inflación.

Piden que se extienda hasta el 31 de marzo el congelamiento de la cuota para encontrar una salida definitiva del sistema. Presentaron proyectos para poder salir del sistema y crear uno predecible con cuotas pagables en el tiempo, pero no obtuvieron respuestas. En la campaña que desarrollaron por Twitter exigieron respuestas de Jorge Ferraresi, Ministro de Hábitat de la Nación, de Luciano Scatolini, Secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y del Presidente Alberto Fernández, recordando sus promesas de campaña.

En un informe publicado en diciembre de 2020, por el Centro de Estudios Legales y Sociales se alerta sobre la situación financiera de los hogares que alquilan viviendas en el AMBA: más del 65% vio restringidos sus ingresos en la pandemia y tuvo que endeudarse. El 80% tomó deudas para pagar gastos cotidianos, el 61% para devolver préstamos anteriores y el 54% para pagar expensas, servicios e impuestos. Casi la mitad destina una proporción cada vez mayor de sus ingresos a pagar el alquiler.

En 2020 los alquileres duplicaron la inflación y las tomas de tierra en todo el país dejaron en evidencia el carácter estructural de una crisis habitacional que afecta a miles de familias trabajadoras. El aumento del desempleo y del empleo precario causado por el derrumbe económico y profundizado por la pandemia vuelve cada vez más difícil costear los alquileres y ni hablar de acceder a un techo propio. En Guernica, emblema de la lucha por “Tierra para Vivir”, la respuesta del gobierno fue el desalojo y la represión policial. Es urgente la pelea por un Plan Nacional de Viviendas que beneficie a las familias trabajadoras y no a los Bancos y la especulación inmobiliaria.

Entrevista a Gigi de la Consejería de Vivienda, Fe de erratas, FM La Boca (90.1), 20/1/2021 

No vamos a seguir siendo los laburantes los que sigamos pagando el costo altísimo de esta crisis 

M.H.: Están demandando la extensión del Decreto de necesidad y urgencia 766. ¿Qué es lo que motiva este reclamo por parte de los integrantes de la Campaña#ProhibidoDesalojar”?

G.: Tal como sucedió con el vencimiento del DNU 320 a fines de septiembre, la situación económica, sanitaria y social no ha mejorado para nada desde el comienzo de la pandemia, todo lo contrario. Con lo cual dar vencimiento a un decreto que suspende cierta parte de desalojos, congela los alquileres y prorroga los contratos de los alquileres, nos parece que no sería una solución muy acertada por parte del gobierno nacional. Lo que pasa también es que no es solo la prórroga del decreto sino también su ampliación para que comprenda todo tipo de desalojos y no solo los que son por falta de pago de contrato de alquiler.

M.H.: Hay algunos datos que hablan de un 40% que no pudo pagar o lo hizo parcialmente y un 40.8% que tiene al menos un mes atrasado. Otro dato que me parece relevante son las subas de los alquileres que han sido muy por encima de la inflación.

G.: Se habla en algunos casos de un 60% de aumento en lo que va del año y otro dato muy importante es que ahora rige la prórroga de los contratos, pero a la gente que quiere renovar le están pidiendo en algunos casos un aumento del 100% de lo que venía pagando. Con lo cual el escenario es bastante duro. Con respecto a las deudas que mencionabas, nosotros en el programa que estamos levantando y que estamos llevando mañana en una movilización al ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se centra en dos puntos, uno que es el congelamiento y otro que es la deuda. Para empezar a la deuda se le está asignando un interés que es aproximadamente del 2%. Nos parece que ese interés no debería estar, que es completamente usurero, no tiene sentido. Y, por otro lado, el tema del congelamiento del precio de los alquileres. Ese congelamiento se le está haciendo pagar al inquilino al final del decreto. Y ese diferencial del alquiler congelado más la deuda con el interés solo nos dan entre 3 y 6 meses para pagarlo, obviamente con el alquiler correspondiente al mes y con el aumento mes a mes. En primer lugar, el congelamiento no lo tiene que pagar el inquilino, lo tiene que pagar el Estado en forma de subsidio, en caso de que el propietario tenga esa única propiedad en alquiler y sea demostrable que vive de ese alquiler, como pasa muchas veces con los jubilados. Ahora, si el alquiler es ganancia pura para un emprendedor inmobiliario, o inmobiliarias, estamos hablando de grandes empresas millonarias, tendrán que perder ese dinero. No vamos a seguir siendo los laburantes los que sigamos pagando el costo altísimo de esta crisis. Y finalmente sacando el pago del congelamiento de parte de los inquilinos y si tomando la deuda, pero sin interés, estos 3 a 6 meses nos parece que se hace muy corto para pagar, planteamos que se pueda pagar en 24 meses.

M.H.: Ustedes convocan mañana a las 10:00 al Obelisco para desde allí movilizarse al ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat con estas demandas. Yo hoy tuve la oportunidad de ver algunos trascendidos de que se estaría analizando una prórroga dado que este DNU tiene plazo hasta el 31 de enero.

G.: Efectivamente, aunque por ahora son trascendidos.

Nuevo paro patronal 

Hace un par de semanas fueron los propietarios rurales. El 16 de enero comenzó un paro de propietarios de camiones encabezado por Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA). Se trata de una organización “independiente” que dice tener más de 2.000 miembros y no está alineada con ninguna de las Cámaras más importantes del sector.

La medida ya comenzó a afectar a algunas industrias. “La fábrica está parada porque faltan piezas para terminar las unidades como consecuencia del paro de los camioneros”, dijeron desde Renault. Desde Fiat agregaron que “no nos llegan las piezas que vienen desde Brasil. Hay camiones que hace 20 horas están sin poder avanzar”.

La Cámara Argentina del Acero también habló de problemas importantes: “como consecuencia de la medida de fuerza que bloquea el normal flujo de vehículos que operan entre las diferentes plantas del sector, comienza a manifestarse un faltante de productos semielaborados, necesarios para la fabricación y el abastecimiento de productos finales para varias cadenas productivas como construcción, agro, línea blanca y autopartes”.

En los puertos cerealeros del Gran Rosario y Santa Fe “dentro de 48 horas se van a quedar sin stock de cereal para cargar los barcos a los que ya les dieron turno”, aseguraron trabajadores del puerto de San Lorenzo.

Los cortes no llegan a todo el país pero ocupan vías estratégicas. Hay piquetes en Provincia de Chaco, San Juan, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, entre otras.

El primer reclamo de este sector de propietarios de camiones es por los costos. Como explicó Santiago Carlucci (presidente de TUDA) “en enero el seguro automotor aumentó el 30%, la patente un 45%, la técnica un 45% y el peaje de entrada a Buenos Aires otro 45%. Si hacés el cálculo ya tenés un 120% de aumento, más tres subas de combustible en dos meses, y una nueva programada para el 20 de enero. Se espera que al menos el 20% del padrón automotor de carga quede parado por no poder afrontar estos costos logísticos”.

También difundieron un petitorio de reclamos que incluye aumentos y regulaciones en las tarifas, rebaja de impuestos y otras medidas. Entre ellos solicitan la reforma de la Ley Nacional de Cargas N° 24653, con el objetivo principal que es hacer valer la tabla referencial de carga, la creación de un cuadro tarifario, aumentos de los fletes según un índice común, que la tarifa por kilómetro sea hoy de un mínimo de 85 pesos, que el Estado tome intervención en el valor del gasoil, así como la realización de obras de infraestructura vial y hasta el pedido al Ministerio de Defensa y Seguridad de la Nación, que “desarrolle un plan de seguridad para el transporte”.

La medida está anunciada “por tiempo indeterminado” y solicitan una reunión con el gobierno nacional.

Más de las patronales 

Según un informe de la Universidad de Avellaneda, 2 de cada 3 rubros industriales produjeron en noviembre 2020 más que en noviembre de 2019. La utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera alcanzó el 63,3% en noviembre y registró su valor máximo en 25 meses.

El presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines, Miguel Di Betta, confirmó que el pan subirá entre el 10% y el 15%.

En declaraciones radiales, el dirigente informó que la suba se debe al aumento en los insumos como la margarina y la harina.

“Hace 15 días la bolsa de harina costaba 1.400 pesos. El viernes costaba 1.800 y sin entrega», apuntó.

Fuentes: Infogremiales, Anred, Tiempo Argentino, Clarín, Página/12, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, Resumen latinoamericano, La Izquierda Diario, APU, Infobae, Fe de erratas, FM La Boca (90.1), miércoles de 9:00 a 10:00.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/empleo-y-salario-los-grandes-perdedores-de-la-pandemia/

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Venezuela: Enseñen a los niños a ser preguntones

Enseñen a los niños a ser preguntones

 Mario Hernandez

“En esto han de pensar los americanos no en pelear unos con otros”

Fue lo que puso como epígrafe en bastardilla, debajo del título Sociedades americanas en 1828 (Arequipa).

Lo que no logró hacer en Bogotá, en Chuquisaca, quedaría en aquellas páginas. Alguien lo descubriría Ni siquiera puso el nombre del autor.

CONTENIDO. La sociedad y la escuela estaban estrechamente unidas. Una escuela tradicional perpetúa una sociedad tradicional. Era un círculo vicioso. Para hacer República se necesitaban republicanos y tan solo una escuela republicana podía hacerlos.

La independencia militar no bastaba sino se emprendía con urgencia la independencia económica y cultural.

Pero no todo es política. Hay que mirar hacia el sustento y el trabajo. “Los indios y los negros no trabajarán siempre para satisfacer escasamente sus propias necesidades, y con exceso las muchas de sus amos”. Había que enseñarlos a producir. Formar artesanos, agricultores y comerciantes con otro sentido de la creación de la riqueza. El contraste entre las grandes riquezas del continente y la pobreza de sus habitantes no podía continuar. Institutos para enseñar todas las ciencias. “La ignorancia es la causa de todos los males que el hombre se hace y hace a otros”.

“¡Entre tantos hombres de juicio… de talento… de algún caudal… como cuenta la América!… ¡Entre tantos bien intencionados!… entre tantos ¡patriotas!… (tómese la palabra en su sentido recto) no hay uno que ponga los ojos en los niños pobres. No obstante, en éstos está

“la industria que piden…

La riqueza que desean…

La milicia que necesitan…

En una palabra, la… ¡Patria! …”

“¿Cómo se puede cambiar un país sin cambiar sus hombres? ¿Y cómo se puede cambiar los hombres si no se comienza con los niños? No se podrá cambiar el país ni el mundo sin aislar, en una nueva educación, a una generación entera de la influencia corrompida y corruptora de la vieja sociedad. Es así de simple y al mismo tiempo de difícil el problema”.

“En lugar de pensar en Medos, en Persas, en Egipcios, pensemos en los Indios”.

“La decadencia que experimentan en su propio suelo los Griegos y los Romanos después de algunos siglos de dominación, no nos importa tanto como…

La Decrepitud prematura en que empiezan a caer… (casi a su nacimiento) … las Repúblicas que han hecho los Europeos y los Africanos en el suelo de los Indios.”

En Arequipa le encargaron un estudio sobre la factibilidad de una represa.

Veamos lo que escribía: “El Perú debe pensar menos en buscar minas que en buscar aguas, y en dar a éstas la dirección que les falta para hacer HABITABLE en todos los puntos, una región que parece estar, en gran parte, condenada por la naturaleza a ser eternamente desierta”.

El cerro agujereado de Potosí parecía gritar por todas sus bocaminas abandonadas, lo transitorio y perecedero de la riqueza minera. ¿Dónde estaban ahora esos ricos azogueros legendarios que contaban la plata por arrobas y levantaban palacios delirantes en la desolación de la puna? ¿Qué se hicieron las sedas de Francia, los paños de Flandes, los cascos y armaduras de Milán, las randas de perlas, el resplandor de los diamantes en pecheras y manos? Nada quedó. Quedaron leyendas, memorias descomunales de extravagancias, festejos, torneos, procesiones, demonios y santos. En cambio, con el agua y la tierra y el trabajo del hombre se había hecho la riqueza estable y creciente de los países ricos de Europa. No había minas en aquellos espesos campos de verdura de Holanda, de Francia, de Inglaterra. Pero había riqueza permanente.

Ideas roussonianas y enciclopedistas empapan sus escritos, pero con un sentido de originalidad innovadora, incluso en la forma de escribirlo: cuadros sinópticos, distinto tamaño y forma de las letras. En lugar de colegio o escuela, “Casa de la Industria pública” (Bogotá).

La criticidad de la educación, el rechazo a una enseñanza memorística e imitadora, la vinculación entre educación y trabajo, son algunos de los aspectos que proyectan su dimensión futurista.

“Educar no es igual que instruir”, dice, “la función educadora requiere de sujetos críticos, no conformes con todo lo que se les enseña; enseñen a los niños a ser preguntones”.

Concibe la educación como una función que parte de la experiencia misma del educando y rechaza el memorismo por improcedente: “Más aprende un niño, en un rato, labrando un palito que, en días enteros, conversando con un maestro que le habla de abstracciones superiores a su experiencia”.

Punto cardinal de su concreto quehacer fue la educación del pueblo, desdeñando los patrones valorativos de la época, que prescribían una educación exclusiva para aquéllos que contaban con los recursos económicos suficientes.

La educación en Simón Rodríguez no es la simple transmisión de conocimientos, no es la aprehensión teórica de las cosas. En su concepción pedagógica está implicada una educación para el trabajo. Traza un plan donde se da la convergencia entre lo teórico y lo práctico. Este plan, por medio de sus varias actividades, y básicamente a través del trabajo productivo, es un instrumento fuerte para el entrenamiento de los educandos. Para su época la educación en el trabajo tiene la finalidad de dar a los alumnos una herramienta con qué defenderse en la vida, mediante la adquisición de una habilidad especial de tipo artesanal. Era necesario “colonizar el país con sus propios habitantes”, a diferencia con Sarmiento. De ahí su búsqueda de maestros nuevos, íntegros, incorruptibles, que acudieran al magisterio por vocación y no por necesidad y cuyo ejercicio les garantizara una vida digna”.

SOBRE SARMIENTO. En El Mercurio aparece un artículo anónimo firmado por “Un teniente de artillería de Chacabuco”. Era Sarmiento. Proponía cambiar los españoles por los franceses y los yanquis. Ese no era un programa para Simón Rodríguez.

Había que hacer la América con su propia gente: con los huasos, sus gauchos, sus indios, sus zambos, sus mestizos humillados. “Con todo esto o no se hará nunca”.

Andrés Bello y Sarmiento estaban de acuerdo sobre una reforma de la ortografía, pero peleaban sobre el valor de la literatura y la lengua españolas. Nada de eso le importaba mucho a Rodríguez. Más le importaba hacer una nueva tipografía, pintar las ideas de un modo más llamativo y claro. Cada página como un cartel, como un panorama donde lo esencial se abarca de un golpe de vista.

Pero fueron Bello y Sarmiento los que lograron triunfar, con los pelucones, con los modelos franceses e ingleses.

La educación tenía que tener un carácter innovador, sentía temor de que las incipientes repúblicas imitasen a las viejas sociedades europeas, castrando toda posibilidad de creación propia, de originalidad. “O inventamos o erramos”, “en vez de imitar hay que pensar”, “La América Latina debe ser original”.

“Entender a un indio importa más que entender a Ovidio”.

El indio y el mestizo también son personas con derecho propio a una educación. Por eso subraya que debe enseñarse el quechua en lugar del latín.

LOS MAESTROS. En “Consejos de amigo dados al colegio de Latacunga (Ecuador)” pedido por el Rector. Le advierte que no lo imprima ni lo muestre a no ser a personas de talento e instrucción.

Vuelve sobre los maestros. “Antes de abrir escuelas hay que formar buenos maestros”, maestros que enseñen a aprender, que susciten la creatividad del alumno, que huyan del memorismo y de todo tipo de superficialidad y comedia en la enseñanza. Deben contar con una renta que asegure su vida digna.

“Mandar recitar, de memoria, lo que NO SE ENTIENDE, es hacer PAPAGAYOS, ¡para que… por LA VIDA!… sean CHARLATANES”.

“Enseñen a los niños a ser PREGUNTONES!

Para que, pidiendo el POR QUE, de los que se les manda hacer,

¡Se acostumbren a obedecer… a la RAZON!

No a la AUTORIDAD, como los LIMITADOS

Ni a la COSTUMBRE, como los ESTUPIDOS”

“La Enseñanza debe ser GENERAL Y CONSTANTE

No se tome

VOCACION… por… INSPIRACION

¡Ni el HAMBRE! Por llamamiento al Magisterio

Las cualidades merecen un PREMIO, proporcionado al TRABAJO,

Y al TIEMPO que se emplea en él, El tiempo es todo el año

El Maestro debe contar con una Renta, que le asegure una decente subsistencia, y en que pueda hacer AHORROS para sus enfermedades y para su VEJEZ.

Puede, o más bien, debe tener familia…

No ha de recibir dádivas a cambio de Preferencias en la Enseñanza, ni Limosnas que lo humillen.

Autor: Mario Hernández

Fuente de la Información: https://rebelion.org/ensenen-a-los-ninos-a-ser-preguntones/

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Entrevista al ecologista Antonio Brailovsky: «La única vacuna que nos sirve para las próximas pandemias es una biodiversidad sana»

M.H.: Usted está pasando la pandemia fuera de Buenos Aires. 

A.B.: En Pehuajó, en la casa de mi mujer.

M.H.: Y al respecto, ¿qué mata más el Coronavirus o la contaminación? 

A.B.: Van juntos. Justamente una de las advertencias respecto de los incendios forestales del Delta del Paraná es que el daño que hacen a las mucosas está predisponiendo a que la gente se contagie enfermedades respiratorias, incluido el Coronavirus. De modo que se potencian.

M.H.: Leí que había disminuido la contaminación. En un 37% las concentraciones de dióxido de nitrógeno, un 10% las partículas finas PM2.5 que se depositan en el ambiente y se desplazan fácilmente en los pulmones. Esto también evitaría muchas muertes. 

A.B.: Estamos empezando a revisar todo eso. Hay una disminución de la contaminación urbana por tránsito, simplemente porque hay menos. Pero las industrias contaminantes han vuelto a trabajar en su mayoría y en general los controles son mucho más débiles en pandemia que en condiciones “normales”.

No en todas partes consideran personal esencial a los que controlan la contaminación y en un momento en que las empresas quieren ahorrar porque no saben cuánto tiempo va a durar esto, la mejor forma es contaminar mientras no los miran. Yo creo que están exagerando con esta idea de que se contamina menos.

M.H.: O sea que no hemos sacado mayores conclusiones. 

A.B.: Los males se potencian, no se neutralizan.

M.H.: Lo que se está viviendo frente a la ciudad de Rosario y en las sierras cordobesas habla de esto y otro de los temas que se ha instalado es la difusión de la comunicación del ministerio de Relaciones Exteriores y el ministro de Comercio de la República China donde se anuncia una asociación estratégica para producir 9 millones de toneladas de carne porcina de alta calidad, lo que ya ha originado algunas manifestaciones en contrario. ¿Qué significa producir 9 millones de toneladas de carne porcina? ¿Qué consecuencias va a tener esa situación para nuestro país? 

A.B.: Nosotros estamos corriendo el riesgo de que eso se haga en condiciones ambientalmente infames. La mayor parte de las granjas porcinas del mundo, en especial las grandes, tienen condiciones de higiene infames. En algunas zonas de EE UU, en las inmediaciones de ese tipo de granjas llueve materia fecal, tal es la concentración de suciedad y bacterias. Con lo cual tenemos el riesgo de que haya millones de personas enfermas alrededor.

Más otra cosa, ya vimos en el caso Vicentín, que cuando hay empresarios poderosos, no les hacen cumplir las leyes, y en este caso mucho más empresarios poderosos que como el caso de los chinos, tienen una Embajada poderosa detrás. Ya vimos en otras épocas que hacerles cumplir las leyes a las empresas inglesas o norteamericanas no era sencillo. No veo por qué sea más fácil hacerle cumplir la ley a los empresarios chinos.

M.H.: También he leído que para producir un kilo de carne porcina se necesitan 6.000 litros de agua y 6 kg de granos. 

A.B.: No recuerdo las cifras, pero de todos modos está claro que China ya no tiene agua, prácticamente no llegan al mar, están en situación enormemente difícil por el agotamiento de sus fuentes de recursos hídricos y están buscando que se haga en otro lado. Nosotros tenemos recursos hídricos pero no hay garantías de que se produzca de manera limpia. Y hay mucha experiencia de proyectos definitivamente sucios. Así que la cuestión es, otra vez, cambiar economía por salud o salud por economía. ¿No estamos intentarlo hacer con la pandemia? ¿Lo vamos a hacer con las inversiones extranjeras?

M.H.: Hace por lo menos cuatro meses que no dialogamos y me imagino que en este tiempo, y en su retiro en la ciudad de Pehuajó, con la tranquilidad que significa, habrá reflexionado sobre la pandemia que nos azota. ¿Qué nos puede comentar al respecto? 

A.B.: Lo primero que hay que plantear que es una ilusión el volver a la “normalidad” porque la normalidad anterior es lo que generó las condiciones de pandemia. Aquí no hay que hablar de un chino que se comió un murciélago. Hay que hablar de cientos de miles de virus potencialmente peligrosos que están en reservorio silvestre. Si nuestra sociedad destruye la biodiversidad, esos reservorios silvestres empiezan a interactuar con las personas. Más tarde o más temprano vamos a tener, no otra pandemia, sino un montón de pandemias.

En el Siglo XXI ya hemos tenido seis; además de esta el Sars, la Gripe Porcina, la Gripe Aviar, el Ebola. Estamos generando pandemias, entonces la ilusión de que esto se acaba pronto no es así, detrás de esta puede venir cualquier otra, simplemente esta ha sido un poco más peligrosa que las anteriores, pero si no se toman medidas para la protección de la biodiversidad, no hay salida, porque cuando se destruye la biodiversidad, los animales silvestres que tienen enfermedades, empiezan a interactuar con los humanos.

Cuando hay una biodiversidad sana, el animal que está enfermo muere, se lo come otro o queda diluido en el conjunto de poblaciones de su especie. De modo que la única vacuna que nos sirve para las próximas pandemias es una biodiversidad sana. Realmente hemos hecho enormes esfuerzos para atender una enfermedad, las demás están ahí acechando.

Fuente: https://rebelion.org/la-unica-vacuna-que-nos-sirve-para-las-proximas-pandemias-es-una-biodiversidad-sana/

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Argentina: La deuda o la vida

La deuda o la vida

Mario Hernández

La cuenta de la deuda eterna: cuando el gobierno de Isabel Perón fue derrocado por el golpe militar de 1976, Argentina debía 5.000 millones. Militares y civiles genocidas estatizaron la deuda privada y dejaron al país endeudado en 43.000 millones. Raúl Alfonsín tras desembolsar más de 10.000 millones, dejó una deuda de algo menos de 60.000 millones. Carlos Menem vendió las empresas públicas para pagar; en una década derivó más de 100.000 millones a los acreedores, mientras la deuda crecía hasta los 150.000 millones. Fernando de la Rúa pagó casi 50.000 millones y huyó con el monto adeudado acrecido hasta 180.000 millones. Eduardo Duhalde pagó algo menos de 20.000 millones (o sea cuatro veces lo que el país debía en 1976). Pero, entregó el mandato con casi 220.000 millones de deuda. Los Kirchner pagaron más de 200.000 millones y tras 12 años dejaron una Argentina endeudada en mucho más de 220.000 millones. Macri en 4 años pagó más de 100.000 millones y dejó la deuda acrecida en 310.000 millones. Argentina pasó de una deuda de 5.000 millones en 1976 a una de 323.177 millones a comienzos de 2020, tras haber pagado en ese período casi 500.000 millones.

El Fondo Monetario Internacional, como prestamista de último recurso, ratificó que no ofrecerá un recorte de su préstamo a Argentina,a pesar del pedido de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que instó al organismo a asumir una pérdida. En tanto, el Gobierno argentino prepara su oferta a los tenedores de bonos soberanos en la que, se espera, se incluya una fuerte quita de capital.

Una misión técnica del FMI abandonó Buenos Aires el 19 de febrero tras reunirse con funcionarios de Argentina y evaluar la sostenibilidad de la deuda del país. Sin embargo, el Gobierno prioriza la reestructuración con los acreedores privados. Es más del doble que la deuda con el FMI, y los vencimientos son cuantiosos a partir de abril, de ahí el objetivo de cerrarla el 31 de marzo. En cambio, el primer vencimiento con el FMI cae en septiembre de 2021 y las sumas más pesadas en 2022 y 2023.

La Argentina es el principal deudor del FMI, con una línea por USD 44.000 millones que equivale al 43% del total que hoy tiene prestados el organismo a sus países miembro. Las tenencias de acreedores privados más que duplican esa cifra.

El FMI estima que la Argentina necesita hacer una “quita” de capital a los acreedores privados cercana al 20%, trato que por estatuto rechaza para sus propias acreencias.

Invoca un estatus de “acreedor privilegiado”, por actuar como “prestamista de última instancia” en situaciones de crisis, cuando se secan otras fuentes de crédito; por cobrar intereses mucho más bajos que los mercados de capital; y porque su capital se conforma con aportes de los 189 países miembros.

El FMI consideró que la deuda externa argentina “no es sostenible” y que, por lo tanto, se requiere que la reestructuración se haga en base a “una contribución apreciable de los acreedores privados”. Esto quiere decir que el organismo abogó por una negociación de deuda que no sólo modifique plazos en el repago de las obligaciones con tenedores privados sino que además implique una considerable quita, ya sea de capital, intereses o ambos.

Al respecto, el vocero de los buitres, Marcelo Bonelli, en Clarín sostuvo el viernes pasado que “Si Argentina quiere cuatro años de gracia debe hacer una contribución inicial de U$S 10.000 millones”. La suma que faltaría ingresar del préstamo del FMI y el actual Gobierno rechazó.

Hubo otros guiños del FMI hacia el gobierno, con consideraciones positivas sobre las primeras medidas implementadas y en relación a la coherencia del plan económico. Sin embargo, el FMI no hizo autocrítica ni se refirió al hecho de que el gobierno anterior aplicó al pie de la letra las recomendaciones del organismo a la hora de tomar los fabulosos créditos de 44.000 millones de dólares en 2018 y 2019, lo cual implica que el fracaso estuvo de entrada en la genética del programa. El Fondo dejó en claro que no acepta ni quitas ni reperfilamiento en sus créditos otorgados, lo cual obliga al gobierno argentino a entrar en un nuevo programa de financiamiento si es que decide pagar los enormes vencimientos de capital previstos para 2022 y 2023. Una de las grandes incógnitas es si el gobierno buscará cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo como llave para resolver la negociación con los acreedores privados. Si bien el acuerdo con el FMI no es una condición necesaria, la secuencia habitual sí supone un entendimiento previo con el organismo.

¿Por qué apoya el FMI las primeras medidas implementadas por el Gobierno?

El aumento que debió otorgarse a las jubilaciones según la legislación suspendida era de 11,56% y en la difusión de las nuevas escalas el gobierno enfatizó el casi 13% para la mínima, asignaciones familiares y la AUH (11,8 millones de personas); incluso difunde que el aumento de la jubilación mínima alcanzó al 18,8% sumando los bonos otorgados por 5.000 pesos en diciembre y enero pasados.

En todas las otras categorías actualizan ingresos por debajo del guarismo oficial, desde 9,80% a quienes perciben 20.000 pesos mensuales, en escala descendente hasta el 3,80% de los que perciben entre 100.000 pesos mensuales y la máxima que era de 103.800 pesos. Se argumenta que el incremento destacado de la mínima alcanza a los 197 pesos al mes, y para el resto de las categorías, pierden por ausencia de actualización, desde $ 352 en los que perciben 20.000 pesos mensuales hasta $ 8.038 en las jubilaciones entre 100.000 a 103.800 pesos al mes.

Se trata de un ahorro en la seguridad social que disminuye el compromiso del gasto social y es por ende calificado como “ajuste”, al tiempo que achata la pirámide de ingresos previsionales.

Entre los anuncios se destaca el Proyecto de ley para modificar el régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos, aumentando los aportes de los activos, elevando progresivamente la edad jubilatoria y reduciendo la relación del haber, del 82/85% a un 60% aproximado. La cuestión de fondo se discutirá bajo el nuevo régimen legal antes de junio próximo.

El ajuste a las jubilaciones tiene por finalidad aumentar el Superávit Fiscal Primario para poder afrontar así el pago de los Intereses de la Deuda Pública.

En esta misma frecuencia, la Anses salió a aclarar que «no está previsto modificar la edad jubilatoria», luego de que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, planteara que «en algún momento esas discusiones las vamos a tener que dar» y que «no es un disparate pensar que una mujer se jubile a los 65 años».

Este martes, Moroni abrió la puerta a la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria. «La expectativa de vida todos los años crece y los sistemas jubilatorios se van a tener que ir adaptando», evaluó Moroni.

Por otra parte, la Argentina estaría dando cumplimiento a otra de las reformas acordadas en el Programa Stand-By con el FMI: la Reforma Laboral mediante la reducción de los costos laborales disminuyendo los salarios reales afectados no solo por la inflación sino también por lo perdido durante el macrismo que se estima en un 20% y la idea del actual gobierno de eliminar los ajustes automáticos por cláusula gatillo.

Ambas medidas tienen por objeto disminuir el Gasto Social Total del Estado – incluyendo las Asignaciones Familiares, la Asignación Universal por Hijo y los Subsidios Personales – merced a la desactualización frente a la Inflación.

“De esta manera, sin decirlo y dejando que el tiempo actúe de hecho a favor de estas modificaciones que se están produciendo, el gobierno FF está llevando a cabo las recomendaciones y compromisos acordados con el FMI en materia de Superávit Fiscal

Primario y de Reformas Estructurales, con lo que allanaría el camino de cumplimiento de lo pactado por la administración Macri y facilitaría así el entendimiento con el FMI”, afirma el economista Héctor Giuliano en “LA DEUDA PÚBLICA EN LA CUENTA REGRESIVA”.

Las negociaciones secretas siguen así su curso mientras el gobierno busca generar resultados presentables a los Acreedores y Organismos Multilaterales de Crédito en materia de Ajuste Fiscal y Reformas Estructurales que garanticen la capacidad de repago de los Intereses de la Deuda Pública para que nuestro país pueda así volver a colocar Deuda Nueva en los Mercados Internacionales.

Reperfilando las paritarias

Trascendió que Armando Cavalieri ya habría acordado un esquema de sumas fijas definidas por el Poder Ejecutivo al ritmo de la negociación con el FMI.

El plan del gobierno es una “tregua salarial” hasta mayo y “acuerdo social con pauta general” una vez renegociada la deuda. Con esos condicionamientos el aumento no dependerá de las necesidades de las familias trabajadoras ($ 40.373), sino de la “sostenibilidad de la deuda”.

Uno de los gremios pesados de la CGT decidió ofrecerse como ejemplo. El “eterno” Armando Cavalieri avanzó en un acuerdo con el ministerio de Trabajo. El Sindicato de Comercio estaría a punto de acordar un aumento que implicaría, en una primera etapa, absorber la suma fija de $ 4.000 decretada por el Gobierno y sumarle $ 2.000 para cerrar el primer trimestre. Así el aumento interanual alcanzaría un 52%, casi tres puntos por debajo de la inflación oficial. En una segunda etapa, acordar una suma fija remunerativa para los meses de abril, mayo, junio, y posiblemente julio. Con esa suma, el básico de los empleados y empleadas de Comercio queda arañando la línea de pobreza del Indec.

El caso testigo de Comercio tiene la función de marcar los objetivos del Gobierno para las paritarias 2020. Cavalieri es solo el abanderado de una política que involucra a todas las cúpulas sindicales. Héctor Daer se reunió con Alberto Fernández hace pocos días, donde no habló de las paritarias libres y directamente dejó de lado el reclamo de “cláusula gatillo”. Como también lo hizo Hugo Yasky, de la CTA. Parece que la unificación de las centrales sindicales que proponen algunos de sus dirigentes tendrá como primera pelea anestesiar las expectativas de trabajadores y trabajadoras de recuperar su poder adquisitivo.

Al respecto, el secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo «Cachorro» Godoy, se diferenció este lunes de otros sindicalistas y no descartó la incorporación de la «cláusula gatillo» en el marco de las negociaciones paritarias que se avecinan.

«Está demostrado que a la inflación no la genera la evolución de los salarios. El último año, éstos perdieron entre un 15 y 20 % y, en el caso de los estatales, un 25 % de la capacidad de ingreso», explicó Godoy.

«Aun con servicios congelados, naftas con incrementos limitados y dólar planchado, los precios siguen aumentando. Eso demuestra que la espiral inflacionaria no la generan los salarios, sino las especulaciones de unas 200 empresas, que bien podrían ser controladas por el Estado, pero no hay políticas activas al respecto», concluyó.

También Carlos Acuña, uno de los integrantes del binomio que conduce la CGT, polemizó con el concepto esgrimido por el Ejecutivo acerca de que las cláusulas gatillo serán eliminadas porque “indexan la economía”. Disparó: “pareciera que los responsables de la inflación fueran los salarios». Y agregó: “en campaña se comprometen y después nos dan la espalda».

Los alimentos subieron en enero el doble (4,7%) que el costo de vida (2,3%). Y en 15 días de febrero otro 2%.

Un relevamiento nacional de precios efectuado por integrantes de Libres del Sur, Barrios de Pie, Jóvenes de Pie, el movimiento universitario SUR, Libres y Diverses y MuMaLa (Mujeres de la Matria Latinoamericana) en distintas ciudades argentinas indican incrementos cercanos al 20% en arroz, azúcar y yerba, y superior al 10 % en pan, manteca y asado. El promedio de subas es de 9,88%.

Además, las agrupaciones corroboraron que en la mayoría de los supermercados hay un faltante de los alimentos que tienen los Precios Cuidados.

Ante la falta de acuerdo en la paritaria, el gobierno de Axel Kicillof resolvió otorgar por decreto un aumento de 4.000 pesos a los trabajadores estatales, a pagar en dos cuotas, con los sueldos de febrero y marzo.

El Ejecutivo comunicó esta decisión luego de que fracasara una nueva reunión con los gremios ATE, FEGEPPBA y UPCN por la paritaria 2020. En concreto, se replicará la decisión nacional de otorgar una suma fija remunerativa de 4.000 pesos, aunque en este caso será percibida por todos los trabajadores del Estado bonaerense, incluidos los médicos.

A diferencia de Nación, en donde se dispuso que lo cobren quienes tienen sueldos de hasta 60.000 pesos, en Provincia no habrá tope salarial y será percibida por todos los empleados de la Ley 10.430 y también por los profesionales de la salud, cuyo trabajo está regulado por la Ley 10.471. No lo cobrarán los docentes ni los judiciales.

La discusión salarial 2019, que quedó inconclusa durante el gobierno de María Eugenia Vidal, volverá a retomarse en las futuras mesas técnicas: los gremios aseguran que perdieron más de 25 puntos frente a la inflación.

Oscar de Isasi, secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, indicó que “desde ATE se planteó que era absolutamente insuficiente el planteo salarial del gobierno y todo el arco sindical ratificó lo expuesto por nuestra organización.Además agregó“frente a lo que expusimos el gobierno expresó que sigue abierta la paritaria y que nos van a convocar para seguir discutiendo salario”.

El Gobierno aclaró que la doble indemnización que regirá hasta mitad de año no podrá aplicarse a trabajadores del sector público nacional, luego de que jerárquicos de empresas estatales advirtieran que no planeaban dejar sus cargos sin cobrar ese beneficio. La explicación, plasmada en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), forma parte de un plan de la administración de Alberto Fernández orientado a delimitar con la mayor claridad posible la condición de político de un cargo en el Estado.

Sólo en la Administración pública nacional (ministerios y organismos descentralizados) hay más de 4.000 cargos considerados “políticos” en tanto que existe un número, por ahora indeterminado aunque quizás superior, en las empresas y sociedades ligadas al Estado como YPF, Aerolíneas Argentinas, Arsat, entre otras, con salarios que llegan a oscilar de los 100.000 a los 500.000 pesos. A ese tipo de cargos apuntó el DNU publicado ayer en el Boletín Oficial que los privó del derecho de reclamar por la doble indemnización.

La decisión encendió las alarmas en algunos sectores gremiales del Estado por la eventualidad de que pudiese ser utilizada para facilitar despidos indiscriminados.

El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, admitió que la norma “evidentemente está destinada a los funcionarios macristas que no dejaron sus puestos cuando cambió el Gobierno”, lo que tildó de “actitud deshonesta, repudiable y, en algunos casos, ilegal”, aunque advirtió que “esta medida de carácter general puede afectar también a trabajadores que eventualmente sean despedidos de empresas estatales”.

Docentes

El titular de Suteba, Roberto Baradel, puntualizó que durante esta semana el gremio será convocado para mantener negociaciones respecto a los salarios docentes y aseguró: «a este gobierno le vamos a pedir más que a Vidal».

En declaraciones formuladas aseguró: «lo que vamos a plantear a nivel nacional y provincial son discusiones que nos permitan no solamente no perder poder adquisitivo sino mejorar las condiciones de los salarios docentes».

Gremios docentes adheridos a la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGTRA), AMET, CEA y UDA, exigieron al Ministro de la Nación, Nicolás Trotta, la urgente convocatoria a paritarias.

Advierten que “no somos responsables si la mentada dilación afecta las negociaciones jurisdiccionales y el normal inicio del ciclo lectivo”.

Al respecto, Nicolás Trotta, ratificó el compromiso de que durante el 2020 «los salarios de los docentes le ganen a la inflación», lo que requerirá «un esfuerzo de las provincias y el Estado Nacional en una realidad fiscal tan compleja» y pidió «responsabilidad», de cara a la paritaria nacional que continuará la semana próxima.

Si bien el gobierno de Chubut había previsto el inicio de las actividades escolares para el 18 de febrero, en Esquel no ocurrió así: la mayoría de las escuelas permanecieron sin actividad ya que se mantuvo el paro de auxiliares de la educación por 48 horas y pese a que el sindicato no llamó a paro, hubo una presentación masiva de retenciones de servicios.

ATECh había llamado a asambleas escolares para el día martes y miércoles. Sin embargo, debido a la urgencia del conflicto, muchas escuelas realizaron asambleas el lunes y mandataron. En su mayoría se rechazó la “propuesta” del gobierno, porque no cumple con los acuerdos firmados en noviembre del año 2019. El único gremio que realizó paro fue SADOP, que nuclea a los docentes de escuelas privadas.

Un centenar de docentes de varias escuelas del nivel medio se autoconvocaron en el local de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) de Esquel para pedir explicaciones sobre la dilatación de los tiempos que la conducción genera para resolver el conflicto.Un afiliado subrayaba en referencia a la conducción del sindicato: “están haciendo el juego al gobierno. El gobierno nacional tiene una línea: banca al gobierno provincial, que tiene otra línea parecida. Los partidos políticos hacen su juego. Y los sindicatos pegados a los partidos políticos y a los gobiernos hacen su juego, completamente en contra nuestra. Si ponemos un poquito la lupa en lo que se lee en las noticias, en lo que dicen ustedes, es claro que les están dando tiempo, que le dieron tiempo a Arcioni, que jugaron el juego que les pidieron desde el gobierno nacional. Está a la vista las razones de por qué no se puede creer en el sindicato. En el 2018 se firmó y no se cumplió. En el último mandato del 2019 se firmó y no se cumplió. Lo dijo Goodman: si no están las condiciones, sino se cumple con todo, no arrancamos. Listo. Es más, gente del sindicato diciendo que están dadas las condiciones, que está todo más o menos bien”.

Los trascendidos en algunos medios sobre personas muy afines al sindicato que estarían trabajando en el Ministerio, la representatividad para las escuelas de ciclo invertido, que debían empezar las clases a mediados de enero y no lo hicieron por falta de transporte escolar y por retención de servicio, fueron otros temas cuestionados a la conducción del gremio.

En el caso de Santa Cruz, la gobernadora Alicia Kirchner ofreció una suma fija de 2.000 pesos a pagar en marzo. La comisión directiva de Adosac (Asociación de Docentes de Santa Cruz) rechazó el ofrecimiento. Dice que es “una provocación” y aseguraron que «pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo”, que tendría que comenzar el 2 de marzo.

El argumento que plantea el gobierno provincial iría en sintonía con la línea del gobierno nacional de «reducir la brecha» entre «el trabajador que más gana y el que menos gana». Pero lejos de implicar un mejoramiento de las condiciones salariales del conjunto de la docencia, implica un «achatamiento» de sus ingresos. Lejos de imponerle una «solidaridad» a las petroleras, mineras y pesqueras que saquean Santa Cruz, se propone una redistribución entre los propios trabajadores y trabajadores en clave de ajuste.

Trabajadores y trabajadoras de la obra social docente, organizados en el SITOSPLAD, marcharon el miércoles 19 de febrero hasta el Ministerio de Trabajo, ante la falta del pago total del sueldo de enero. Al no encontrar respuestas los días 20 y 21 de febrero realizaron un paro de 48 horas.
“Cabe recordar que además de padecer el desdoblamiento salarial, les trabajadores estamos en estado de emergencia salarial dado que perdimos el 50% del poder adquisitivo en dos años, gran parte del salario se abona de manera no remunerativa y la OSPLAD no pagó los bonos de $ 5.000 de 2018 y 2019 ni los $ 3.000 de enero de 2020 decretados por el gobierno nacional”, agregaron.

El miércoles 19, representantes de la Mesa Ejecutiva de CONADU Histórica, se reunieron con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni.

La conducción de la CONADU Histórica manifestó centralmente la preocupación ante la falta de precisiones respecto del cumplimiento de los acuerdos paritarios 2019 y el inicio de la negociación salarial 2020. En particular, enfatizaron las incertidumbres generadas ante la posibilidad del no pago en tiempo y forma de la cláusula gatillo correspondiente al último acuerdo salarial y la posible incorporación de sumas fijas en la paritaria 2020.

CONADU Histórica enfatizó su rechazo a cualquier modificación al acuerdo paritario vigente, destacando que el desconocimiento del mismo sería contrario a los derechos adquiridos en el ámbito de una negociación salarial realizada de buena fe.

En relación al inicio de las próximas paritarias, la Federación adelantó que no se aceptará la incorporación de sumas fijas que achatan la pirámide salarial, al tiempo que perjudican a quienes tienen mayor antigüedad y quienes cobran zona desfavorable.

Por otra parte, consultaron al Ministro sobre la situación de nuestros regímenes jubilatorios especiales a la luz del decreto 163/2020 de movilidad jubilatoria firmado el pasado 18 de febrero. Al respecto, Moroni aseguró que la movilidad de las jubilaciones de docentes universitarios (ley 26508-82%) y preuniversitarios (decreto 137/2005) no se encuentran alcanzados por esta disposición.

El próximo 4 de marzo se reunirá el Plenario de Secretarías Generales donde se analizará la coyuntura del sector y se debatirán los pasos a seguir en función de los mandatos de base de las asambleas docentes.

VICENTÍN: Peligra la continuidad de 3.000 puestos de trabajo

Tras haber entrado en cesación de pagos en noviembre pasado aduciendo «stress financiero», Vicentín presentó la convocatoria de acreedores a comienzos de esta semana. La empresa, parte del complejo agroexportador y productora de alimentos, acumuló deudas millonarias con diferentes Bancos y proveedores manteniendo en vilo la continuidad de 3.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos en Santa Fe.

Un sector afectado es el aceitero en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, ciudad lindera a Rosario por cuyos puertos es la salida más importante de granos de la Argentina.

Pablo Reguera, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), manifestó: «La situación nos tiene muy preocupados porque no es sólo una deuda del Banco Nación. Se le debe a los bancos exteriores, se le debe al Nación, al Banco Provincia y también a las cerealeras que transportaban su mercadería. Se debe una suma que asciende a 1.300 millones de dólares», detalla.

«La planta que tenemos en San Lorenzo está parada desde el 14 de noviembre. Hay una guardia mínima, se retiraron los camiones y lo único que se hace es cuidar la maquinaria. Si bien cumplen con el 93% de los sueldos, no están tributando a la Municipalidad. Es la empresa que más puestos de trabajo genera en el Departamento«, agrega.

La cerealera estaba dentro de las cuatro empresas con mayores exportaciones en la región. San Lorenzo cuenta, además, con el polo aceitero más grande del mundo.

La deuda con la banca pública

Al respecto, el Diputado Nacional del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, publicó un documento, donde entre otras cosas señala: El informe que el director del Banco Nación, Claudio Lozano, elevó al directorio de la entidad para que determine los pasos a seguir frente al pedido de renegociación que pidió la compañía Vicentin cuestiona el “estrés” alegado por el Grupo y considera, que “ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentin”.

Según se indica en el informe, “[…] en el proceso de endeudamiento que fue acumulando Vicentin con el Banco Nación, se superaron los límites a los que podía acceder en función de la normativa correspondiente fijada por el Ente Regulador para las Grandes Empresas […]”. Y que “[…] Sin embargo y sin fundamento alguno la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin hacer las cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la normativa. Extrañamente la decisión de violar la normativa del Banco Central para grandes empresas no fue tomada por un acto administrativo del directorio del Banco, sino por la línea gerencial, en el período del último gobierno […]”.

En el referido informe se documenta el acelerado crecimiento de la empresa en los últimos cuatro años, lo que se advierte en que las ventas anuales del Grupo Vicentin variaron como se indica a continuación:

  • Año 2015. 27.100 millones de pesos, 19° puesto en el ranking de ventas.
  • Año 2016. 45.200 millones de pesos, 10° puesto en el ranking de ventas.
  • Año 2017. 61.335 millones de pesos, 7° puesto en el ranking de ventas.
  • Año 2018. 118.015 millones de pesos, 6° puesto en el ranking de ventas.

Mientras que en el acumulado anual de los años 2016, 2017 y 2018, el total de las empresas de mayor facturación tuvieron una expansión de ventas del 51,36% de promedio anual; el Grupo Vicentin superó ese porcentaje ampliamente en un 83,87% de promedio anual.

Por otro lado, los 23.500 millones de pesos en los que está endeudado Vicentin en el mercado financiero doméstico representan el 20% de la facturación del 2018 y dentro de ella, la deuda con Banco Nación de $ 18.000 millones es sólo el 15% de su facturación del 2018.

Además, en el citado informe se detalla el entramado societario que se utilizó para operar y se destaca que la relación entre el préstamo impago y la facturación de la empresa llega apenas al 20%, mientras que otras compañías como Arcor o YPF tienen una relación de 50% y 65% y no han planteado la crisis que alega Vicentin.

Teniendo en cuenta que el incumplimiento de la empresa en el periodo 2015 – 2018 no hizo más que expandir su facturación, haciendo que los fondos públicos financiaran su crecimiento a expensas de los más necesitados propone:La intervención del Grupo Vicentin por parte del Estado (principal acreedor) permitiría incidir en un sector clave de la economía nacional evitando que los productores agrarios, en su mayoría pequeños y medianos como demuestra el reciente Censo Agropecuario Nacional, sean perjudicados.

Se garantizaría la continuidad laboral de los cientos de trabajadores y trabajadoras que desempeñan funciones directas e indirectas en sus plantas y que no se corte la cadena de pagos golpeando a los pequeños productores y los pueblos del interior.

Por último, propone iniciar un proceso de debate público sobre la necesidad de constituir una sociedad del Estado o una sociedad mixta con mayoría Estatal con la empresa Vicentin. Buscando, de esta manera, los medios para la participación de los sectores interesados en el debate sobre el destino futuro de Vicentin: productores pequeños y medianos, las organizaciones de los trabajadores, así como las representaciones sociales y políticas de las regiones y las provincias para aportar la experiencia y el conocimiento desde la cercanía.

Garbarino

La empresa de electrodomésticos Garbarino podría cerrar la mitad de sus sucursales y alrededor de 2.000 trabajadores quedarían en la calle.

La empresa justifica la posible decisión a la caída de ventas de varios comercios del país, que va en línea con otras empresas de electrodomésticos, y la competencia que debe afrontar con los nuevos sistemas de venta on line que no necesitan una cantidad considerable de empleados ni locales al público. Según trascendidos, la medida sería confirmada por representantes de la compañía en las próximas horas.

Durante el año pasado, llevó adelante la paga de salarios en cuotas, como primera medida para mantener todos locales abiertos y no verse obligado a realizar despidos o suspensiones. Pero debido a la crisis que viene atravesando durante los últimos años parece no haber salida posible.

De esta manera, se prevé que la firma se desprenda de 152 sucursales distribuidas a lo largo de todo el país, y al menos 2.000 trabajadores pierdan su fuente laboral. La incertidumbre, que ya se mantiene en el universo trabajador desde hace meses, creció fuertemente durante las últimas horas debido a los rumores de cierre.

Asbesto en el subte

El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, advirtió que si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conducido por Horacio Rodríguez Larreta, y la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) “no retiran los vagones contaminados con asbesto y no llaman a licitación para la compra de nuevas unidades, nos veremos obligados a tomar medidas”. El límite es el 1° de marzo, declaró Pianelli.

En enero, la jueza Elena Liberatori falló a favor del amparo ambiental promovido por el gremio junto a miles de usuarios para exigir “la desabestización completa y definitiva del subte”.

La primera respuesta oficial fue intentar el recambio de sólo los componentes con asbesto, lo cual fue rechazado por el gremio, que exigió el retiro de las unidades.

Créditos UVA: ¿con los Bancos o con la gente?

La red nacional Autoconvocados UVA, que agrupa a miles de familias que obtuvieron los préstamos hipotecarios lanzados en la era Macri, volvió a manifestarse en contra de la postura que adopta el presidente Alberto Fernández, a quien le exigen «terminar con esta usura, llevando a la práctica una de sus frases de campaña: ‘Entre los bancos y la gente, me quedo con la gente’».

Reproducimos comunicado:
A lo largo de toda la campaña electoral, el por entonces candidato no se refería a estos créditos como una mera cuestión entre privados. Muy por el contrario, aludía a los mismos como una pesada carga para los deudores y señalaba que todo el costo de la devaluación recaía sobre los deudores y que los bancos eran los grandes beneficiarios de esta relación contractual. Así mismo, señalaba que en el año 2003 y siendo él jefe de gabinete, junto con el Presidente Néstor Kirchner habían tenido que enfrentar una situación similar con los créditos hipotecarios dolarizados de la época de la convertibilidad. “Sabemos cómo hacerlo”, sentenció en más de una oportunidad.

En ese momento, el Estado se hizo presente y asumió su responsabilidad.

Han pasado solamente 60 días desde la asunción presidencial y su discurso en la materia, cambió radicalmente. Se devaluó su palabra.

Ahora la cuestión quedaría reducida a sólo 90.000 créditos, los cuales, en palabras del Presidente, ya han recibido asistencia con el congelamiento de sus cuotas durante cinco meses. Toda la asistencia e involucramiento del Estado se redujo a eso. Suena a poco, más bien a nada.

Es necesario recordar -pues las autoridades parecieran ser que se han olvidado de ello-, que estos créditos fueron impulsados desde el Estado Nacional como una política pública de vivienda. La normativa para instrumentar créditos indexados fue impulsada por el Banco Central, pese a que en marzo de 2016 se encontraba plenamente vigente la prohibición de indexar por precios.

Haciendo caso omiso a ello, toda la maquinaria publicitaria del Estado y del sistema financiero se puso a disposición para promocionar esta nueva cuasi moneda, la UVA. Estas líneas crediticias tomaron fuerte impulso hacia mediados de 2017, comienzos de 2018 y con el paso del tiempo se convirtieron en las únicas disponibles para acceder a una vivienda.

El Estado nunca estuvo ausente. Fue el motor e impulsor de estos créditos. El gobierno actual no puede desatenderse de ello. No son viables créditos indexados a 20, 25 o hasta 30 años, con una inflación que navega por encima del 50 % anual, con ingresos de la población cada vez más devaluados y que se ajustan muy por debajo del nivel general de precios de toda la economía.

En momentos de descreimiento generalizado, cobra valor la palabra empeñada. No se puede pasar de calificar estos créditos como una pesada carga para los deudores a quienes hay que brindarles una salida, y sin solución de continuidad sostener que sólo se trata de una cuestión entre particulares que aceptaron las cláusulas de un contrato.

Sr. Presidente Alberto Fernández, hemos reflexionado y estamos convencidos que estos créditos indexados, son una estafa. De usted depende tomar una decisión y terminar con esta usura, llevando a la práctica una de sus frases de campaña: “Entre los bancos y la gente, me quedo con la gente”.

En la actualidad, el congelamiento caducó, con lo que los deudores de hipotecas UVA deben pagar la cuota del mes más el plus correspondiente al plan de pagos por el congelamiento. Además, el mecanismo de indexación sigue vigente tal cual estaba. Mientras las autoridades llaman a desindexar la economía, liberan a los créditos UVA de esta convocatoria.

Los créditos UVA fueron una estafa creada durante la gestión de Macri. Con un mecanismo ajustado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el valor de los mismos no paró de escalar. Entre marzo de 2016 y noviembre de 2019 hubo subas de más del 200 %. El sueño de la casa propia se volvió una historia de terror por la inflación y las devaluaciones.

Los precios de los alquileres se duplicaron en CABA desde 2017

Una familia inquilina que pagaba 10.000 pesos y renovó contrato en diciembre de 2017, terminó su contrato a fines de 2019 pagando cerca de 21.000 pesos. En los últimos 24 meses, los contratos de alquiler de vivienda se renovaron con un 40% por encima del valor anterior y ajustes semestrales del 15%. Estos datos se desprenden de un informe del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo porteña.

Como los aumentos los fija arbitrariamente el mercado inmobiliario, para los próximos dos años las renovaciones de contratos se están firmando con un aumento del 30% inicial y ajustes semestrales del 18%. Es decir que el mercado inmobiliario está previendo una espiral inflacionaria de más del 50% anual.

La difícil situación no es nueva y las organizaciones de inquilinos impulsan desde hace años una Ley de alquileres que regule el mercado inmobiliario. Si bien en 2016 la norma consiguió media sanción en el Senado, no fue impulsada por el macrismo en Diputados y perdió estado parlamentario. En noviembre, la misma ley fue aprobada en la Cámara baja por unanimidad y las organizaciones de inquilinos reclaman que se incluya en la agenda de las sesiones extraordinarias para su tratamiento en el Senado.

Allanan casa de integrantes del FOL

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) denunció que efectivos de la Policía Federal allanaron la casa de dos de sus integrantes en la ciudad de Fiske Menuco (General Roca), Río Negro, «bajo una supuesta ‘causa por extorsión’, sin haber sido notificado en el momento del allanamiento». Asimismo, la organización relató que «entraron violentamente» y «procedieron a llevarse computadora, teléfono celular, y todos aquellos papeles que tengan alguna vinculación con la organización». La causa está a cargo del juez federal Hugo Greca, «quién carga en sus espaldas la criminalización de distintas luchas que se vienen dando en la región», lo cual la organización considera «una clara persecución política a una organización que en el marco del ajuste, precarización y crisis económica, lucha por trabajo y realiza actividades laborales en cooperativas, además de tareas educativas y sociales con fines comunitarios». El FOL concentró el jueves en la sede del Poder Judicial Federal de la ciudad, para que se les informe del estado y actuaciones de la causa, y el viernes dará una conferencia de prensa.

Cooperativas porteñas

Reproducimos comunicado: En este contexto social y económico, vemos con gran preocupación la demora en la prórroga de los convenios de trabajo para este año 2020, debido a la consecuente demora del pago de enero, teniendo en cuenta que ya está finalizando el mes de febrero. En el caso de nuestro sector, esta situación tiene un impacto profundo, ya que nuestros ingresos son destinados principalmente al consumo para satisfacer las necesidades básicas más elementales de nuestras familias y dada la situación económica no nos permite llegar a fin de mes.

Exigimos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una urgente recomposición de ingresos del 30% correspondiente al año 2019, para compensar lo perdido y el adelanto del nuevo convenio. En la Ciudad más rica del país no podemos resignarnos a trabajar en condiciones de tal precariedad.

Asimismo, ante una economía en crisis, exigimos también la reapertura de los programas de trabajo que fueron cerrados por la gestión del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, así como la igualación de los convenios para todas las cooperativas.

Finalmente, destacamos el arduo trabajo y dedicación de las compañeras que cocinan día a día para cientos de familias. Al mismo tiempo denunciamos que el gobierno porteño ha incumplido los acuerdos con los comedores y merenderos: tanto de mercadería a granel como los asistidos con raciones para dichos grupos comunitarios. Esta ausencia del Estado agrava notablemente nuestras condiciones de vida por lo cual el reclamo de actualización que estamos reclamando es de imponente urgencia.

Las organizaciones abajo firmantes, exigimos:
– Aumento para las y los cooperativistas YA
– Apertura de los programas de empleo y construcción de nuevos puestos de trabajo
– Igualación de los convenios a todas las cooperativas
– Regularización y actualización de la situación de los comedores
– Entrega inmediata de útiles escolares y guardapolvos
– Actualización de compras a los productivos de la economía popular

Encuentro de Organizaciones Populares:
Barrios de Pie, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa, Frente Popular Darío Santillán (FPDS), Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), CTA Autónoma Capital, Frente Popular Venceremos, Movimiento Octubres, La Poderosa, Organizaciones de Base Autónoma (FOB-Autónoma), Movimiento Resistencia Popular (MRP), MTL Rebelde.

Fuentes: Tiempo Argentino, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Clarín, Ambito Financiero, Infogremiales, APU, Anred, argentina.indymedia, Mundo Gremial

Fuente de la Información: https://rebelion.org/la-deuda-o-la-vida-2/

Fuente de la Imagen: TELESUR

 

 

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La descarga administrativa a docentes: entre el mito y los rituales

Mario Hernández Arriaga

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer en días recientes, a través del Boletín No. 2, el inicio de sus actividades del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED). Uno de sus propósitos, según la misma dependencia educativa, es disminuir la carga administrativa a los docentes y, lo más importante, que concentren sus esfuerzos en el aprendizaje de los niños, las niñas, jóvenes y adolescentes.

El SIGED es una obra encomiable porque integra información de alumnos, docentes, personal, escuelas y documentos oficiales, asequibles en una sola plataforma electrónica. Sin embargo, más allá del recién anuncio oficial de su propósito, y su entrada en vigor, el beneficio mayor es para la Autoridad Educativa Federal (AEF) y las locales, pues como se estableció en el Acuerdo número 07/03/18 por el que se emitieron sus lineamientos permite a la autoridad tener datos para la planeación, administración y evaluación del Sistema Educativo.

Es un mito, una creencia, que con el SIGED las escuelas y sobre todo los docentes dejen de ser partícipes de la red interminable de tareas extraescolares, vanas muchas de ellas pero urgentes por atender. Tampoco es la plataforma la culpable o panacea de la descarga administrativa; son en todo caso los rituales, o prácticas arraigadas, que se resisten a fenecer en cada uno de los espacios educativos creados para esos asuntos administrativos.

Mucha de la información que da sentido al estado actual de la educación, que alimentará incluso a la plataforma, es de puño y letra de los docentes; son ellos quienes construyen y en algunos casos reportan los resultados de empresas loables –como la aplicación de las diversas pruebas estandarizadas o identificación de alumnos en riesgo de no alcanzar los aprendizajes clave, mediante el Sistema de Alerta Temprana (SisAT), entre otras más–; pero también, en el inverso de la moneda, son quienes registran tallas y otras medidas de los alumnos para hacerles entrega de uniformes escolares y calzado gratuitos; o llenan padrones de padres y tutores para la proporción de útiles escolares, provistos todos por la administración pública estatal o municipal.

Es imposible estar en desacuerdo que las primeras son instrumentos e insumos, y están al servicio, de la mejora educativa. No hay argumento válido para afirmar que es una carga administrativa, sin sentido para el aprendizaje de los alumnos, pues su análisis en colegiado y buen uso tiene un potencial para avanzar hacia la excelencia educativa. No obstante, pasan a ser ese sustantivo agrio cuando los rituales le dan otra vida y desvirtúan su esencia: solicitar la misma información por duplicado o triplicado ¿Para qué doble o triple copia de la misma información si sólo se archivarán y a la vuelta de los años llenarán los cestos de basura? Una posible respuesta puede ser para tener fe de la entrega–recepción, más que para la toma de decisiones locales sustentadas. Mas en la incertidumbre de las respuestas está siempre la voluntad de quien la solicita.

Si las primeras tareas extraescolares ponen freno, dentro del salón de clases, a las actividades planeadas de manera sistemática por los profesores –y como consecuencia, para dar atención a lo urgente, descuidan por momentos breves el aprendizaje de los alumnos–, las segundas más. No sólo desatienden lo primario, agudizan más las actitudes de apatía hacia el discurso oficial, a los mitos de la descarga administrativa. También ensanchan los sentimientos de impotencia por integrar en su agenda acciones que las leyes educativas les prohíben realizar. En el colmo de todo: agotan energías cuando se les notifica que es necesario repetir el llenado porque el formato, la fuente u otro factor ínfimo no es el solicitado.

La descarga administrativa es un mito en las escuelas y para los profesores. Los rituales lo muestran sin tapujos, y quienes son parte de las instituciones educativas viven, obligados, esa cotidianeidad. Abatirla, o por lo menos disminuirla como reza la retórica del discurso oficial, con la implementación de plataformas electrónicas no es suficiente; obliga a cambiar viejas prácticas en el origen, en los escritorios de la administración educativa local.

Twitter: @mharriaga 

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-descarga-administrativa-a-docentes-entre-el-mito-y-los-rituales/

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