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Argentina: Crecimiento de la producción sin impacto en el empleo ni los salarios

Por: Mario Hernandez

“Juan armó esta parrilla en la puerta de su casa para los obreros de la zona. Así ellos almuerzan y él se gana una changa”.

Esta frase acompañó una imagen de la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, junto a un hombre que montó una parrilla en la vereda. El texto y la foto, publicada en Twitter, evidenció que para la funcionaria un trabajo precario es sinónimo del “emprendedurismo” que predica el gobierno. Ya lo había anticipado el ex Ministro de Educación y actual candidato a senador, Esteban Bullrich, cuando declaró: “La escuela debería prepararte para crear empleos, no para buscarlos. Hay que ayudar a los bonaerenses a crear proyectos propios. Te doy un caso que está surgiendo en lugares como Matanza: cervecerías artesanales”.

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el jueves el informe sobre los indicadores socioeconómicos del mercado de trabajo para el segundo trimestre de 2017. De acuerdo al mismo el 33,7 % de los asalariados de todo el país no cuentan con descuento jubilatorio, es decir, que se encuentran en la informalidad o empleados «en negro». Dicho porcentaje alcanza su máximo en la provincia de Salta, donde llega a 44,9 %.

De acuerdo al Indec, la desocupación, que alcanza el 8,7 % en todo el país, se eleva a 9,5 % para las mujeres, mientras que se ubica en 8,2 % en el caso de los varones. La mayor tasa de desocupación del país se ubica en Mar del Plata (11,9 %), seguida por Gran Rosario (10,8 %), Gran La Plata (10,2 %) y Gran Buenos Aires, donde alcanza 10 %.

Señala Pedro Gaite, miembro de Economistas de BASE que: “Luego de 15 meses con caídas consecutivas en la producción industrial entre febrero de 2016 y abril de 2017, a una tasa promedio de -4,3% interanual, a partir de mayo de este año la producción industrial ha revertido la tendencia. Con todo, el crecimiento de 0,8% acumulado en los primeros siete meses del año aún no permite revertir la profunda caída de 2016: la producción de julio de 2017 es un 2,5% inferior a la de julio de 2015.

Pero quizás el hecho más significativo es que pese a esta recuperación de los últimos meses el empleo industrial no reacciona. La cantidad de asalariados registrados del sector industrial viene cayendo desde octubre de 2015, acumulando 21 meses de caída ininterrumpida hasta junio de este año. En este período se han perdido casi 65.000 empleos formales (más del 5% del empleo del sector), de los cuales más de 5.000 corresponden a los meses de mayo y junio de este año, aun cuando la producción industrial en estos meses creció 2,7% y 6,6% respectivamente.
Desde el Gobierno Nacional han argumentado que este desfasaje entre crecimiento industrial y destrucción de empleo se debe por un lado al aumento en la productividad laboral y por el otro a la reticencia por parte de los empresarios a contratar nuevos trabajadores por la “mafia de los juicios laborales”.

Ninguna de las dos explicaciones resulta satisfactoria. En primer lugar no hay razones concretas para pensar en un aumento de la productividad. Ésta descansa en buena medida en la incorporación de ciencia y tecnología en el proceso productivo, y la mentada lluvia de inversiones no ha llegado.

El gobierno busca aumentar la productividad laboral a partir de la precarización laboral. El presidente ya ha elogiado la reforma laboral llevada adelante en Brasil, que no implica ningún tipo de aumento de “productividad” sino sólo una reducción de costos para las empresas y menores salarios para los trabajadores.

Tampoco parece haber una relación directa entre la conflictividad laboral y la creación de empleo. Tal como lo demostró el laboralista Gastón Valente, los dos períodos de «baja litigiosidad» del sistema de riesgos de trabajo (1996-2003 y 2015-2017) fueron también de baja creación de empleo, mientras que el de «alta litigiosidad» (especialmente el lapso 2004-2011) generó puestos de trabajo formales como nunca antes.

Para el economista, “la explicación del desfasaje entre producción y creación de empleo de la industria en los últimos meses debe buscarse en la dinámica de las distintas ramas industriales.
El crecimiento de la industria en 2017 está motorizado por las ramas metalmecánicas, automotriz y de minerales no metálicos, todas muy concentradas en torno a unos pocos grandes centros urbanos del país. Estas ramas se caracterizan por ser intensivas en capital, lo que significa que emplean poco trabajo en relación a su volumen de producción. Asimismo, la utilización de la capacidad instalada en las ramas metalmecánicas y automotriz en julio de 2017 fue de 59% y 46%, respectivamente, muy por debajo del 65% que surge de considerar a la industria en su conjunto. Es decir las ramas que más crecieron son las que emplean menos trabajo en términos relativos y que ya de por sí están operando con una capacidad instalada ociosa importante. Por estas razones la producción industrial puede crecer sin traducirse en un mayor nivel de empleo ni de inversión.

Asimismo las ramas con peor performance a lo largo de 2017 son la textil, la del tabaco y edición e impresión, todas intensivas en trabajo y con mayor impacto en las economías regionales del interior del país. Particularmente la más perjudicada es la industria textil, cuya producción disminuyó -13% en los primeros siete meses del año, y registra fuertes caídas también en los meses de mayo, junio y julio de este año, a contramano de la dinámica de la industria en su conjunto. Este descenso se explica en buena medida por la entrada de productos importados, pues esta rama es particularmente sensible a la competencia externa”.

Según datos de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, las importaciones en toneladas del sector crecieron 40,3% entre junio de 2017 y el mismo mes de 2016. A ello se agrega que en los comercios minoristas del rubro, la venta de ropa retrocedió 2,5% entre julio 2017 y julio 2016.

Además, se calcula que unos 3,2 millones de argentinos gastaron U$S 2.000 millones en ropa y calzados en tours de compras en el exterior.

El mismo relevamiento asegura que los costureros en relación formal de dependencia perdieron 2.723 puestos de trabajo hasta diciembre de 2016, por lo que serían muchos más.

Además, son 13.000 los trabajadores de la actividad que están cobrando Repros, ayuda del Estado, por 6 meses. Temen que cuando terminen haya otra ola de despidos masivos.

Desde ayer casi 200 empleados de Sedamil firma textil del Parque Industrial de Trelew comenzaron a ser suspendidos. La medida será de una semana por turno, con una reducción salarial. Se extenderá al menos durante tres meses.

Desde hace nueve meses la firma ya tiene suspendidos a 107 trabajadores del sector Hilandería. Ese régimen se vence a comienzos de octubre, pero la empresa ya le adelantó a los gremios que podría prorrogarse al menos por otro mes.

El Programa Empalme, que Mauricio Macri presentó el 1º de mayo pasado bajo la premisa de reconvertir unos 400.000 planes sociales en empleo genuino, comenzó a tambalear ante la falta de resultados concretos y un aparente tironeo entre los responsables de su aplicación y las organizaciones sociales involucradas. A cuatro meses de su lanzamiento, el plan apenas incorporó a 78 personas, de acuerdo con registros internos. En el Ministerio de Trabajo explicaron que en realidad el número de beneficiarios hasta ahora es de 6.814 al contabilizar todas las incorporaciones previas que pasaron del subsidio a un empleo, pero reconocieron que el resultado se mantiene hasta ahora muy lejos de las expectativas.
Se trata de uno de los anuncios con mayor preparación en la gestión de Macri. El mandatario lo hizo en un acto por el Día del Trabajador que le organizó el fallecido Gerónimo Venegas, del gremio de peones rurales (Uatre) y entonces líder de las 62 Organizaciones Peronistas.

“En definitiva”, concluye Gaite, “el modo de acumulación está en el centro de la escena. El gobierno no distingue entre actividades estratégicas en términos de generación de empleo, dinámica de la frontera tecnológica, capacidad de sustituir importaciones o aumentar exportaciones en el mediano y largo plazo, etc., sino que considera que el país debe especializarse en aquellos sectores en los cuales posee ventajas comparativas estáticas. Esta lectura atenta contra el desarrollo industrial local, pues este sector tiene un rezago tecnológico considerable respecto de los países que operan en la frontera tecnológica y, por lo tanto, no puede competir de igual a igual con los productos que llegan del exterior.

Asimismo, la inversión extranjera directa toma un papel central en este esquema. La gran mayoría de las decisiones tomadas en 2016 (pago a los fondos buitres, levantamiento del “cepo”, adopción de un régimen de metas de inflación, facilidades para importar, etc.) apuntan a recobrar la confianza de los inversores internacionales. En este sentido los dos objetivos más importantes para el futuro son la reducción del déficit fiscal y la flexibilización del mercado de trabajo.

La monotributización del mercado laboral debe ser entendida en este contexto. De los empleos creados entre junio del año pasado y junio de éste, según las propias mediciones de Trabajo, la mitad fueron monotributistas, monotributistas sociales y personal de casas particulares. Los empleos destruidos durante el año previo, en cambio, habían sido asalariados del sector privado. Sin embargo, la realidad es que para poder competir por las inversiones extranjeras a partir de salarios bajos con países como China o México la caída en el salario real debería ser excesivamente grande, algo que no tendría sentido ni factibilidad en el modelo social y productivo argentino. Además en todos los casos exitosos de desarrollo, la inversión ha sido financiada principalmente con ahorro interno, con un Estado presente planificando el desarrollo a partir de la articulación del sistema de ciencia y tecnología y el sector privado. En ese esquema la inversión extranjera puede ser un buen complemento, pero no el pilar de la estrategia de acumulación”.

Salario

“Las paritarias de este año no han logrado revertir la pérdida de poder adquisitivo del 2016 ″ , señaló Damián Ledesma, director del Centro de Estudios Atenea.

Según un estudio realizado sobre las negociaciones paritarias por el Centro de Estudio para el Desarrollo Nacional Atenea, “en la mayoría de los sectores, el cierre de las negociaciones rondó el 20% e incluyó la “cláusula gatillo”, un requisito que implica algún tipo de mecanismo de revisión si es que la inflación supera la cifra acordada”. De hecho en algunos casos se disparó automáticamente, como en las provincias de Buenos Aires y Neuquén y en otros está en pleno desarrollo, como en el caso de los estatales mendocinos.

Sin embargo, de 26 sindicatos analizados en el trabajo de Atenea, la mitad no incluyó esta salvedad y pueden verse perjudicados si el número de inflación acumulada sigue creciendo (15,3% a agosto).

Un informe del Observatorio de Políticas Púbicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) comparó los acuerdos salariales del 2016 y el 2017 con la inflación de ambos años, y determinó que la caída del salario real alcanza el 7,3 %. El informe adelantó que según la proyección de las 12 consultoras principales del país, la inflación en 2017 será del 25 %. Además, agregó que las paritarias de los 22 principales gremios (los cuales explican aproximadamente un 90 % del total de trabajadores registrados) lograron un ajuste salarial promedio del 23,3 % para el año actual. “La comparación entre estos dos factores implica que, de cumplirse estas proyecciones, la economía mostrará, a nivel agregado, el segundo año consecutivo de pérdida general de poder adquisitivo. Este nuevo retroceso en el salario real, se adiciona al resultado del año pasado, donde se consolidó un deterioro promedio cercano al 6 %”, analizó el trabajo. De esta forma, en el acumulado 2016/17, “el desplome del salario real se espera en torno al 7,3 %”, lo que representa “1,4 meses de salarios medios, y dos meses de jubilaciones mínimas”. Portuarios, panaderos y trabajadores del plástico fueron los más perjudicados. Del otro lado de la tabla, aceiteros y empleados del neumático lograron escapar a la tendencia a la baja.

En tanto, la CTA de los Trabajadores, a través de su instituto CIFRA, coincidió con la suba promedio por encima del 23 %, y estableció un ranking de paritarias altas para este año. Además del SUTNA y los aceiteros, ubicó al gremio de los tintoreros por encima del 30 %. Después, ubican en la franja que va del 24 al 27 % diversos docentes y estatales y sectores privados, como indumentaria (25 %), pasteleros (25 %), trabajadores del cine (25 %), bancarios (24,3 %), papeleros (24 %) y gastronómicos (24 %), uno de los primeros “grandes” en aparecer. Por debajo de esa línea vienen los convenios más tradicionales, como sanidad (23 %), gráficos (22,7 %), construcción (21 %), colectiveros (21 %) y textiles (20 %).

Otra discusión subyacente tiene que ver con los monotributistas, cuya modalidad de trabajo precaria no contempla aumentos de ingresos como sí lo tienen aquellos que están en forma asalariada.

Además, estos números sólo analizan la evolución salarial de los sectores de la economía formal. Ya destacamos que existe un 33,7% de trabajadores informales que no cuentan con la herramienta de la paritaria para negociar sus salarios ni con la estabilidad que brinda un contrato formal.

Otro dato es que pese a las promesas de electorales, en marzo de este año 1.765.975 empleados tributaron el impuesto a las Ganancias. Afecta a 588.871 personas más que al finalizar del gobierno anterior.

Pese a que más gente tributa, “la pérdida de recaudación por la eliminación de la retención por dividendos en el impuesto a las Ganancias es del orden de 6.000 millones de pesos, en el año 2017”, según estimaciones del Jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Expropiación de Pepsico

Se trataría en la próxima sesión de la Cámara de Diputados un proyecto para expropiar el predio de la empresa en Vicente López a favor de los 150 trabajadores que no aceptaron trasladarse a la planta a Mar del Plata ni cobrar la doble indemnización. El mismo fue presentado el miércoles pasado luego que la empresa se negara a cumplir con la orden judicial de reincorporarlos a sus puestos de trabajo.

La iniciativa consiste en cederle la planta a una cooperativa que produzca alimentos. La idea acercó al massismo con el kirchnerismo. Como ocurrió con el proyecto de ganancias o con el de responsabilidad penal de los empresarios. El PRO lo considera una señal negativa para los inversores.

El 19/9 también tuvo ingreso “sobre tablas” el Proyecto de ley para la expropiación de la Planta envasadora de Bebidas Pepsi de Trelew, perteneciente a la multinacional AB InBev (Cervecería y Maltería Quilmes). Sus ex trabajadores, constituidos en cooperativa, buscan retomar la producción y recuperar sus fuentes laborales, luego de más de 100 días de acampe en los portones del establecimiento.

Anticipando la primavera

La semana comenzó con Jorge Triaca recibiendo al triunvirato y a la mesa chica de la Central obrera para avanzar en un blanqueo laboral y un nuevo sistema de pasantías. A cambio ofreció frenar intervenciones y juicios por medicina.

La charla se dio bajo la premisa de despejar de la opinión pública la posibilidad por parte del Gobierno de promover una reforma laboral integral a imagen y semejanza de la de Brasil, aunque seguirán los acuerdos sectoriales del tipo Vaca Muerta. También les aseguró que “por ahora no hay proyecto de reforma previsional”.

No obstante, a los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires mediante un acta del directorio les derogaron las categorías del escalafón para imponer la polifuncionalidad modificando el convenio colectivo de trabajo sin atravesar una negociación con los representantes sindicales.

La reunión siguió avanzando sobre dos tópicos puntuales: un Proyecto de ley para propender al blanqueo de trabajadores informales, sin costo alguno para sus empleadores, y el relanzamiento de un sistema de pasantías bajo la nueva denominación de «prácticas formativas».

Triaca, a tono con la estación, puso sobre la mesa dos beneficios para seducir a la CGT. Uno, la puesta en marcha de la demorada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud, prometida por Mauricio Macri y cuyo objetivo será poner un límite a las prácticas de salud y remedios ordenados por la Justicia a las obras sociales sindicales y las prepagas a partir de demandas de los afiliados.
El otro ofrecimiento del ministro fue la instalación de una mesa de evaluación y seguimiento de las intervenciones practicadas por el Gobierno y la Justicia sobre varios gremios para acelerar sus eventuales normalizaciones.

Estuvo ausente Pablo Moyano de Camioneros, quien luego de una huelga total de 3 días y haber desconocido la conciliación obligatoria, consiguió una gratificación para los empleados de la multinacional Coca-Cola y sostener el encuadre sindical.

En concreto se habla de una gratificación salarial para mil afiliados al gremio del transporte y el pase al convenio colectivo de dicha organización de 500 ayudantes y choferes.

Temas ausentes

No hubo alusiones al plan de lucha que Schmid había anunciado como único orador en el acto del 22 de agosto en la Plaza de Mayo y que debía discutirse en el Comité Central Confederal del 3 de octubre. Ningún dirigente hizo saber que esa posibilidad estaba vigente. Tampoco mencionaron los conflictos por despidos y reclamos salariales que continúan en distintos sectores.

Un buen ejemplo es la situación que atraviesan muchos medios críticos del gobierno nacional. Radio del Plata ha dejado de pagar los salarios en tiempo y forma desde hace más de un año. Allí los trabajadores cobran en cuotas, salteado y acumulan una deuda que no saben si alguna vez van a cobrar. Por eso, desde hace días llevan adelante una medida de fuerza que implica una retención de tareas de una hora cada dos.

En ese contexto apareció una oferta de retiros voluntarios destinada a los trabajadores con menos de 15 años de antigüedad en la radio. Los trabajadores que se acojan cobrarán el 50% de lo que les correspondería por su indemnización pero en 12 cuotas.

En Página 12 la opción para reducir costos también son los retiros voluntarios. A diferencia de lo que sucede en Del Plata, la oferta es por el total de la indemnización pero también pagadera en 12 cuotas. En este caso los trabajadores no han cobrado la actualización salarial fijada por paritarias y además tuvieron dificultades a la hora de cobrar el aguinaldo.

Los trabajadores de prensa de la Agencia de Noticias DyN se encuentran en estado de alerta. Las versiones de cierre de la firma son cada vez más fuertes y nadie les da garantías sobre la continuidad laboral ni sobre el futuro que tienen diagramado para la empresa.

“Desde hace más de un año venimos denunciando además el ajuste en la agencia evidenciado por el deterioro de las condiciones operativas producto de la desinversión en tecnología, y el no reemplazo del personal que accedió a la jubilación”, señalaron.

El contexto en el que sucede no podría ser peor: con más de 2.600 despidos desde 2015 y el cierre o vaciamiento de muchos medios. En ese marco se dio también el despido de C5N y Radio 10 de Roberto Navarro, quien denunció censura y presiones del gobierno nacional para forzar su salida.

Empleados de la fábrica Dulcypas de Ramos Mejía, ocuparon el establecimiento el miércoles y reclaman “alguna respuesta” por parte de los dueños de la fábrica, que decidieron dejar a 28 empleados en la calle.

“Los dueños de la empresa dijeron que les llegó una orden de desalojo, pero ésta no existe, esto fue algo premeditado. Se llevaron las máquinas, todo”. Con esas palabras el delegado de la planta, Alejandro Serrudo, explicó el escenario con el que se encontraron los trabajadores de la empresa que fabrica galletitas, bizcochos y budines al llegar al establecimiento y encontrarlo vacío.

Según comentó el gremialista las irregularidades venían desde hace tiempo: “Hace un mes están sin trabajo y sin cobrar”. Los despedidos de la planta de Ramos, una de las tres que cuenta la empresa, se suman a otros 27 que ocurrieron hace menos de un mes en la planta de Pilar. El relato de lo sucedido fue muy similar: cuando ingresaron al lugar se encontraron con que se habían llevado todas las maquinarias y sin ningún directivo que dé respuestas.

Empleados de la fábrica de cosechadoras santafesina Vassalli, en la que trabajan alrededor de 500 personas, denunciaron suspensiones y la violación de un acuerdo entre los directivos y el gremio.

“Actualmente suspendieron 20 trabajadores por causas disciplinarias, que son totalmente falsas. Alcanza con leer los telegramas, a todos les imputan el mismo error que justifica la sanción, es absurdo”, dijo el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario, Pablo Cerra.

Desde hace meses la planta bajó su nivel de producción a raíz de la caída de un convenio con Venezuela, que se había comprometido a comprar los productos terminados de la fábrica que se encuentra en Firmat.

En ese marco, Cerra acusó a los dueños de la fábrica de violar un acuerdo “entre la patronal y el gremio, que marcaba que hasta el 31 de diciembre no iban a suspender ni despedir trabajadores, ni modificar condiciones laborales”.

El secretario adjunto de la Unión Obrera de la Construcción delegación Comodoro Rivadavia (Chubut), Rubén Crespo, confirmó la alarma de despidos en el sector. El dirigente explicó que “se vive un momento preocupante, debido a que hubo reuniones con la Cámara de la Construcción donde se nos notificó a través de una nota que quieren desvincular a 240 compañeros”.

Los trabajadores en su mayoría estaban afectados a un plan de viviendas de Zona Norte, que tenía proyectado unas 1.000 viviendas para distintos gremios y se encontraba a cargo del Instituto Provincial de la Vivienda.

Esta situación se suma a la baja de un beneficio con el que contaban los trabajadores que estaban en las obras que tiene bajo su órbita el gobierno provincial, mediante el cual cobraban un plus de 1.200 pesos. “Son unos 800 compañeros que ya no van a percibir más ese dinero porque no se extendió el plazo del acuerdo”, precisó.

Asimismo, Crespo recordó que hay cientos de trabajadores que fueron desvinculados del petróleo y se viene una etapa donde “se termina el ciclo combinado y no hay licitaciones” y eso afecta directamente a unos 100 trabajadores que estaban ocupados de soldadura y cañerías.

En caso de concretarse el peor escenario que es la baja de 240 trabajadores del plan de viviendas, donde trabajan unos 400 obreros de la construcción, la bolsa de desocupados de UOCRA superaría los 700 trabajadores.

La Mesa de Unidad Sindical (MUS) de Santa Cruz marchó el martes por las calles céntricas de Río Gallegos, finalizando con un acto central en Casa de Gobierno. Reclaman el llamado a paritarias y aumentos salariales acordes a la canasta básica.

Alejandro Garzón, referente de ATE, manifestó que el Gobierno debe convocar urgente a paritaria laboral y salarial, y si esto no ocurre se reorganizarán los gremios de la Mesa de Unidad Sindical y convocarán a un nuevo paro y movilización para el próximo jueves.

Tras una semana de paro del sindicato y la falta de respuesta satisfactoria de la empresa, las mujeres azucareras se organizaron para convocar a una marcha, que se realizó en Libertador General San Martín (Jujuy) en apoyo a la lucha del gremio (SOEAIL) y en defensa de la familia azucarera, por un salario digno.

El dato indignante respecto de los salarios es que de la Cámara que nuclea a los ingenios de Jujuy y Salta, la CARNA, ingenios mucho más pequeños que Ledesma, como el ingenio Río Grande y el San Isidro, ya firmaron con sus trabajadores una actualización salarial que lleva a 21.900 pesos la tira final, mientras que Ledesma, el ingenio más grande del país, apenas propone 20.000 pesos de tira final y un premio de 2.500 pesos si no se hace paro. Esta diferencia de casi 2.000 pesos en el salario mensual adquiere más importancia al momento de definir los básicos en abril del año que viene, pues San Isidro tendría un básico de 19.090 pesos, Río Grande de 18.000 y Ledesma de apenas 15.100 pesos.

Ivana Rivas, una de las convocantes, había mencionado que “invitamos a todos a que se sumen y a que acompañen a los obreros, aquí estamos con las hijas de los compañeros, y todos estamos compartiendo, como la gran familia azucarera que somos” y que “la expectativa es dar nuestro apoyo a los obreros y que toda la sociedad vea que estamos firmes y más que nada que la empresa vea que con la familia azucarera no se juega”.

Los 150 trabajadores de la fábrica de caños plásticos Nicoll Eterplast de La Tablada se encuentran en estado de alerta ya que en comunicaciones internas a clientes y proveedores, anunció su inminente cese de actividades.

Desde la semana pasada se discontinuó la producción, y los trabajadores concurren a la fábrica a cumplir horario sin que les sea asignada tarea alguna. La empresa pertenece al grupo Aliaxis, con intereses en distintos países de la región.

Trabajadores de Fabricaciones Militares de Azul, la fábrica de pólvora y explosivos que depende del Ministerio de Defensa de la Nación, se encuentran en alerta ante inminentes despidos.

La noticia trascendió tras la llegada de Luis Riva, un nuevo interventor designado por el Gobierno Nacional, que les indicó a los empleados que la fábrica “no produce ganancia y es necesario un ajuste”.

Se dictó la conciliación obligatoria en Siderar-Canning. El lunes pasado se desató el conflicto con la empresa cuando diez trabajadores no pudieron ingresar a la jornada laboral por estar “suspendidos”. El miércoles los empleados iniciaron un paro de la producción, corte de calle y asamblea dentro de la planta mientras la firma comunicaba otros cuatro despidos.

La medida es la respuesta a un cambio en los convenios de trabajo que intenta imponer la multinacional. Las maniobras apuntan a cambiar el convenio colectivo de trabajo metalúrgico y llevarlo a la rama siderúrgica. La empresa desde hace meses y sin ningún acuerdo con los trabajadores comenzó a pagar según el convenio siderúrgico lo que se tradujo en un inmediato ataque al salario. Desde hace unos días los obreros habían dejado de hacer horas extras como protesta.
La Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys) resolvió un paro de actividades de escuela media el viernes con una movilización desde el Ministerio de Educación de la Nación hacia la cartera educativa de la Ciudad.

La medida buscó manifestar el rechazo de los docentes a la reforma educativa que impulsa el gobierno porteño y contra la cual más de 30 escuelas se encuentran tomadas.

El proyecto de reforma busca incorporar dentro de la currícula de 5º año la obligatoriedad de desempeñar la mitad de las horas de cursada trabajando en establecimientos privados.

Las organizaciones sociales que lograron la votación de la Emergencia Social a nivel nacional realizarán este martes una caravana por la Ciudad bajo la consigna “La Ciudad puede. El hambre no espera” desde Callao y Corrientes hasta la Legislatura Porteña.

El itinerario estipula: corte de calle en la intersección de las avenidas Callao y Corrientes a las 7 am, caravanas de compañeros que se van a movilizar desde los barrios populares de la Ciudad confluyendo en el Obelisco, donde se realizará una feria de la economía popular y ollas populares y  finalmente  marcha hacia la Legislatura donde presentarán un Proyecto de Ley que está impulsado por la Defensoría del Pueblo junto a legisladores de diversos bloques.

Despiden al Secretario adjunto del Sindicato de Luz y Fuerza-Zárate

Recordemos que el 9 de mayo fue envenenado alterando su bebida personal con agua pesada contaminada del reactor en las instalaciones de NASA, empresa estatal controlante de las Centrales Nucleares Atucha I y II.

Desde el año 2015, venía siendo perseguido sindicalmente a través de un sumario interno caratulado como “Presuntas irregularidades”.

Para ello la NASA procedió a abrir un expediente ante el Juzgado Federal solicitando al Juez que le permitiera llevar adelante dicho sumario, sin especificar el daño ni las medidas disciplinarias que pensaba adoptar, lo cual viola lo que expresamente marca la ley para el caso de trabajadores bajo la protección de la tutela sindical.

En dicho sumario la NASA se había comprometido a aportar testigos y videos que demostraban los supuestos hechos denunciados, pero luego de 30 meses no lo hace y desiste de aportarlos.

Actualmente, el despido de Damián Straschenco se empalma con el cambio de carátula de los hechos ocurridos el 9 de mayo por “intento de sabotaje” cuando inicialmente lo había sido como “intento de homicidio”.

Si se sostiene la hipótesis de sabotaje, pasa a ser insólito pensar que alguien se produzca a sí mismo un daño de tal magnitud, que termine afectando, no sólo su vida sino potencialmente a todos quienes lo rodean, con la posibilidad de llegar a tener derivaciones orgánicas que detonen en una enfermedad, que ponga en riesgo su vida.

No obstante, en fecha reciente el Juez González Charvay decidió re-caratular la denuncia que hizo el propio Straschenco, por lo que ahora pasó a ser denunciado por la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A.

No resulta extraño, que al borde de la prescripción del sumario administrativo, la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. reactivó el mismo y decidió despedir a Straschenco y otros trabajadores, y al mismo tiempo la Justicia Federal “transformó” al dirigente en victimario, bajo la acusación de sabotaje.

Concretado el despido, queda develada cual fue, desde el primer momento la intención de la empresa, que lejos de colaborar para el esclarecimiento de los hechos, desplazó de su trabajo a Damián Straschenco, pretendiendo disciplinar a la entidad gremial.

“Cuando se produce el atentado contra su vida nuestro Sindicato venía denunciando a NASA por el intento de flexibilizar las condiciones laborales, con el peligro y la pérdida de derechos laborales que conllevaría.

En noviembre del 2016 nuestra organización solicitó participar en las paritarias y mesas de negociación colectiva de NASA ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, y a la fecha todavía no tenemos respuesta, no obstante haber pasado más de 10 meses.

Luego fue presentada ante las autoridades laborales una denuncia por incumplimientos convencionales, que llevó a los trabajadores a medidas de acción directa en diciembre del 2016; que todavía siguen sin resolverse.

Y podemos agregar más causas y reclamos efectuados, para normalizar condiciones laborales y convencionales, dentro de las Centrales Nucleares”, denunciaron desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate.

La entidad sindical ha empezado las acciones judiciales para la reinstalación de Damián Straschenco a su función laboral y sindical; y en cuanto a la causa penal hará todas las acciones pertinentes para que desde la Justicia Federal se llegue a la verdad, por medio de una investigación imparcial, seria, responsable e independiente.

En ese sentido realizó una denuncia de los hechos ante la OIT y se presentó un expediente ante el Concejo Deliberante de Zárate.

El club de la buena onda

Distintos ministerios y organismos que componen el Estado nacional desarrollaron en los últimos meses jornadas y seminarios con el objetivo de generar la adaptación de los empleados a los nuevos paradigmas de empleo y atención al público determinados por las políticas del macrismo. “Respiración Consciente, Control de la Ira y Adaptación al Cambio”, son los títulos de estos cursos que por ahora alcanzaron a unos 600 trabajadores estatales de organismos con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

Ken O’Donnell, que preside la ONG Brahma Kumaris, fue el encargado de dictar un taller para varias dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. La jornada se realizó bajo el título “Cómo transformar el miedo y la ira en calma interior” y participaron unos 350 trabajadores de las Subsecretarías de Fortalecimiento Institucional, Promoción de la Economía Social, Responsabilidad Social y Juventud.

Durante junio y julio, el Grupo Banco Nación invitó a los trabajadores de la entidad y sus diferentes empresas a varios encuentros con el doctor en Biología Molecular y escritor de libros de autoayuda, Estanislao Bachrach. Estas jornadas se realizaron bajo el título: “Aprende a modificar tu cerebro para cambiar tu vida”. Participaron alrededor de 300 trabajadores y la asistencia fue tomada como un día de trabajo.

El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, advirtió que estas capacitaciones intentan preparar a los empleados para manejar situaciones como la quita de pensiones a los discapacitados, por ejemplo. Para Flavio Vergara, vocal del Consejo Directivo de Ate Nacional, la idea sería una ‘domesticación’ cuando tus condiciones laborales y salariales no son las que corresponden, pero te tenés que adaptar como sea.

En la Ciudad de Buenos Aires el Instituto Superior que capacita a los trabajadores estatales de la Ciudad, tiene oficializados este tipo de cursos para quienes pretenden hacer carrera dentro de la administración pública. Deberán cursar obligatoriamente 56 talleres, entre los que se encuentran cursos de inteligencia emocional, programación neurolingüística, relajación, meditación, respiración consciente, yoga y canto de mantras, entre otros.

En un encuentro organizado por el Ministerio de Cultura, “Ideas 2017”, al que fueron invitados estudiantes universitarios y jóvenes de todas las provincias, se promovió un discurso contra las políticas de Justicia, Verdad y Memoria.

Fueron utilizadas frases disparadoras del tipo: “Recordar engendra nuevos horrores”, “La democracia es la dictadura de las mayorías” o “Hay que aceptar cierto grado de impunidad en pos de la paz”.

Según los asistentes, los moderadores consideraron “nocivas” las luchas por la memoria y esgrimieron ideas a favor de la “reconciliación” y la “impunidad”. “Recordar genera reacciones tóxicas”, fueron algunos de los argumentos que se escucharon.

El cierre corrió a cargo de la psicóloga forense Julia Shaw quien sostuvo que “no se puede confiar en la memoria”.

Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=232089&titular=crecimiento-de-la-producci%F3n-sin-impacto-en-el-empleo-ni-los-salarios-

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Argentina: De esto no se habla

Por: Mario Hernandez

“Haciendo lo que hay que hacer” (spot macrista)

Según el gobierno, hacia octubre la economía crecería un 4%. La inversión arriba del 8%. Y también lo haría el consumo. El repunte de la economía sería calculado contra el tercer trimestre del año pasado (caída del 3,7%). La inversión sobre un retroceso del 8,2 %. Y el consumo de bajar 2,9 % (representa más de 2/3 del PBI).

Simplemente se estaría remontando la pérdida del 2016. Y flaca en sectores que ocupan mucha mano de obra, como la industria, donde en mayo hubo 1.900 puestos menos que en abril.

El índice de precios se ubicaría en el 21% anual, por encima de la banda de entre el 12 al 17% soñada por Sturzenegger. El acumulado semestral ya llegó a 11,8 %. Consultores privados estiman más de 2 % para julio. Según Standard & Poors “la meta de inflación es inalcanzable”.

Entre enero y marzo, de acuerdo a la Dirección General de Estadísticas y Censos de la CABA, los alquileres aumentaron entre 36.8 % y 28,4 %. Los que alquilan una casa o departamento en la Ciudad destinan, en promedio, entre el 35 y 45 % de sus ingresos a pagar solo el alquiler mensual. Con otros gastos, como expensas y servicios, puede absorber más de la mitad de los sueldos o ingresos. Al respecto, las expensas aumentaron más del 40 %. Según la Asociación de Administradores de Consorcios, el total de consorcistas morosos alcanza a 600.000 (20 %).

Los taxis subieron un 19,5 %, pero el GNC que los hace funcionar 100 % en los últimos doce meses.

Se prevén nuevos aumentos para la luz en noviembre y febrero próximos. Para el gas en noviembre y abril. Falta añadir colectivos y combustibles. El gobierno analiza un boleto de colectivos a $ 11, un 73 % de incremento.

La “reparación histórica” prometida a los jubilados solo llega al 40 % de la clase pasiva con un incremento promedio del 24 %, muy por debajo de lo prometido. En el transcurso del corriente año se iniciaron 12.000 nuevas causas por reajustes.

Los medicamentos más consumidos por los jubilados subieron hasta un 236 % en los últimos dos años. El aumento promedio fue de 98,9 %.

En la “era Macri”, entre enero de 2016 y junio de este año, las compras de minoristas y mayoristas para atesoramiento alcanzaron los U$S 26.000 millones. Mientras que para hacer turismo en el exterior se fueron 14.415 millones. Solo por esas dos vías salieron U$S 40.000 millones, una cifra equivalente hoy a la totalidad de las reservas del Banco Central. De allí que crezca el déficit de la balanza comercial en el primer trimestre en un 40 % interanual alcanzando los U$S 6.800 millones, el mayor de los últimos años. El incremento de las importaciones ha venido más por el lado de los bienes de consumo (26 %), al igual que los automóviles, mientras que los bienes de capital e intermedios lo hizo en un 6,5 % interanual.

Según Federico Braun, dueño y presidente de la cadena de supermercados La Anónima, tío del secretario de Comercio, Miguel Braun, “es el peor primer trimestre desde 2002 y el próximo será seguramente peor”.

Por eso no llama la atención que la confianza en el gobierno declinó entre mayo y junio un 10 %, según datos de la consultora Isonomía.

Rompiendo la piñata

El Banco Provincia descontó un 50 % en los supermercados para quienes tuvieran su tarjeta. El resultado fueron colas de varias cuadras y una multiplicación de las ventas por diez. Lo repetirán después de las PASO. Macri no quiere que antes de las elecciones primarias se vea una situación que “parezca a Venezuela”.

Preocupado por su resultado electoral, el gobierno anunció los créditos financiados por la ANSES para beneficiarios de la AUH y de distinto tipo de pensiones que no sólo suponen un uso discrecional de los fondos previsionales mediante un mero decreto presidencial. Antes que eso, representan una política de endeudamiento de las familias de menores recursos, que compromete de manera gravosa su futuro.

El proyecto es para movilizar unos $ 50.000 millones en forma de mini créditos. De 3.000 a 5.000 pesos por hijo, que se pueden multiplicar de acuerdo a la cantidad de planes que tenga cada familia. El Gobierno prevé que el dinero se devuelva descontándolo en 12 o 24 cuotas del ingreso mensual. La tasa de interés que se le aplicará al crédito será del 24% anual, bastante por encima de las actualizaciones que recibirán los jubilados, pensionados y los beneficiados de la AUH. Así, el pago de las cuotas implicará una reducción de los ingresos, que podrá implicar hasta un 30% de los mismos.

El financiamiento del consumo mediante endeudamiento conduce inexorablemente a comprometer el consumo futuro. Esto vale muy especialmente con este anuncio oficial. El consumo cotidiano de una familia debe ser cubierto por el ingreso corriente. Para eso es necesario que los salarios y las jubilaciones cubran al menos el costo de la canasta familiar, que no es lo que ocurre en la actualidad, ya que la mayoría de las personas con ingresos fijos recibe mensualmente menos de $ 10.000.

El único “brote verde” es la suba del dólar

El alza del dólar que cerró el último viernes a $ 18.01 ($ 16.30 a mediados de junio), le agregó pimienta a las PASO, pero también dejará huellas en el bolsillo de la población y en las arcas oficiales, a pesar de los dichos del Presidente de que “no hay que preocuparse por el aumento del dólar”.

La suba del billete verde impactará en las tarifas de gas, que en octubre aumentarán cerca del 18 % y agregará presión sobre el precio de la electricidad y los combustibles. En las últimas dos semanas hubo incrementos del 5 % en harinas y aceites, cuyos precios están dolarizados, y de empresas como Arcor, Coca Cola y Molinos. También en chapas, polietileno, productos de limpieza e higiene personal.

Más allá del impacto indirecto sobre casi todos los bienes y servicios, también lo hará en la deuda pública nacional que está dolarizada en un 59 % y en la de las provincias que emitieron bonos durante el último año.

El gobierno armó el Presupuesto 2017 con un pronóstico de $ 17.92, pero para diciembre. Lo sucedido hasta el viernes con el dólar ya incide en varios precios regulados como, por ejemplo, el del gas. A través de la resolución 212/16, el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, fijó el precio del gas en boca de pozo con el que remunera a las petroleras en dólares. En octubre, el millón de BTU (unidad de medida) pasará de U$S 3.77 a U$S 4.19, un alza del 11 % a la que ahora habrá que agregar la devaluación de casi un 10 %.

También sufrirán daños colaterales las provincias que en los últimos meses fueron alentadas por la Casa Rosada a emitir títulos en el exterior para cubrir sus gastos.

Según la consultora Ecolatina, durante 2016 las provincias colocaron bonos por U$S 9.600 millones, la porción mayor fue de la provincia de Buenos Aires con una emisión de U$S 4.500 millones. En la Ciudad de Buenos Aires, el 79 % de la deuda es en dólares. Los pasivos adicionales los pagarán los impuestos de los contribuyentes.

Las 165.000 familias que sacaron créditos hipotecarios para comprarse una casa también enfrentan una complicación financiera. Recibieron pesos, pero las propiedades se cotizan en dólares. Cuentan con un 10 % menos.

Siguen los despidos

Despidos sin justificación y, en paralelo, más de 300 designaciones de supervisiones y jefaturas sin concurso; desarticulación de los mecanismos de control interno como la Comisión evaluadora, encargada de monitorear las compras realizadas por el hospital; tercerizaciones dudosas como la de mantenimiento del hospital mientras los trabajadores de ese servicio están aislados y sin funciones; desmantelamiento de la farmacia del hospital, que dejó de producir medicamentos y, a cambio, compras directas a la droguería Suizo, parte del grupo Quintana. Falta de insumos, rotura de equipamientos, denuncian los trabajadores del Hospital Posadas, quienes a compañados por pacientes y vecinos, realizaron un acto, frente a las escalinatas del hospital, para denunciar la mala gestión, los despidos y cambios arbitrarios en las condiciones laborales que la dirección del hospital viene llevando adelante desde comienzos de 2017.

Luego marcharon hasta la intersección de Rivadavia y Avenida de Mayo, en Ramos Mejía. El gobierno y la Dirección cuentan con el apoyo de ATE local y UPCN, que guardan silencio frente a los más de 700 despidos en lo que va del año; también medidas cautelares apeladas y una larga lista de acuerdos bajo tabla dan cuenta de ello. Mientras tanto, La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires (CICOP-CTA) realizó una Jornada Provincial de Protesta en apoyo al conflicto.

La misma empresa que critica los despidos y el ajuste del macrismo en el canal C5N, ejerce la precarización, la desinversión y el ajuste por medio de despidos masivos en CN23. El Grupo Indalo despidió a más de 40 trabajadores del canal de noticias CN23 los últimos días. Es por medio de la apertura de «retiros voluntarios», que usa la empresa para encubrir los despidos masivos que viene realizando y que el año pasado afectó a otros 100 trabajadores.

El vaciamiento de CN23 responde a la decisión de la empresa de cambiar el formato televisivo para pasar a la emisión de programas producidos fuera del canal, y lo viene implementando desde que la actual gestión del Gobierno Nacional recortó la pauta oficial. Con esto busca deshacerse del total de trabajadores para pasar a funcionar con personal contratado fuera de convenio y tener así el camino libre para precarizar pagando salarios de miseria y deteriorar -aún más- las condiciones de trabajo en la empresa.
Astilleros Ultrapetrol SA, anunció el despido de su centenar de trabajadores. La firma, ubicada en Punta Alvear, provincia de Santa Fe informó que la medida es «consecuencia de la falta de órdenes para la construcción naval, la situación del flete en el río y la ausencia de la materialización de los proyectos de Ley de Marina Mercante e Industria Naval que cuentan con media sanción del Senado Nacional».

Por convocatoria del Ministerio de Trabajo de la Nación, se realizó el jueves una reunión en la sede porteña de la cartera laboral para analizar la situación y buscar alternativas de rescate del astillero. La próxima reunión será el 4 de agosto, y mientras perduren las conversaciones en procura de un salvataje «el gremio se comprometió a no aplicar medidas de fuerza, mientras que la empresa no podrá realizar despido alguno», comunicó el titular del Sindicato Argentino de Obreros Navales, Juan Speroni.

Los setenta empleados de la distribuidora Distripaper fueron despedidos sin mediar siquiera una palabra. La empresa está ubicada en el municipio de San Martin desde hace 30 años. En las últimas horas, sus dueños tomaron la decisión unilateral de declarar la quiebra y cerrar la distribuidora. Además, adeudan parte del medio aguinaldo y el sueldo de julio.

Un relevamiento realizado por el Observatorio Socioeconómico municipal de San Martín sobre 248 firmas arrojó los siguientes resultados: en un 27 % hay menos empleados; dos de cada tres empresas no realizaron inversiones de capital durante 2016; en el sector textil cayeron las ventas un 28 %, en el automotriz 20 % y en muebles 18 %; seis de cada diez empresas consideran que su situación ha empeorado respecto del año pasado y dos de cada 10 que es igual.

Los trabajadores del Ingenio La Esperanza (Jujuy) realizaron el jueves una caminata por la Ruta 34, en el marco del paro por tiempo indeterminado que iniciaron el lunes para reclamar la continuidad de todos los puestos de trabajo en el proceso de venta de la planta.

El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar (SOEA) rechazó la convocatoria a conciliación obligatoria “por notificación indebida”, ya que estaba fechada para el 29 de julio y la audiencia fue programada para el viernes 28, un día antes de la notificación. También fue rechazada “porque deciden armar otro expediente únicamente debido a las declaraciones sindicales a los medios de comunicación”.

El conflicto entró en su sexto día de paro en reclamo de mejores condiciones laborales, para los 1.080 obreros de la planta fabril que el gobierno provincial quiere reducir a 600 como condición para venderla a un supuesto y aún desconocido grupo inversor colombiano.

Otra industria atraviesa por una profunda crisis. Se trata de la fábrica Tevinor SA, instalada en el área industrial El Pantanillo (Valle de Catamarca), que se dedica a fabricar cuerina para distintos productos. Los propietarios de la firma anticiparon que tendrán que realizar despidos de personal.

La fábrica ya viene con suspensiones desde hace dos meses los días lunes y martes. Todavía falta un mes para completar la medida. Por cada día de suspensión, se acordó en la Dirección de Inspección Laboral que se pagaría el 75% de la jornada. Sin embargo, la fábrica argumentó que la situación es insostenible por la caída de las ventas.

La crisis de Tevinor SA, que emplea a 80 catamarqueños, no es aislada sino que se enmarca en el crítico año que atraviesa el sector con la caída de la promoción industrial.

En junio llegó el final de la textil Yersiplast, luego de una lenta agonía. A principios de este mes los empleados se manifestaron frente a la fábrica en reclamo del pago del 100% de la indemnización.

Alpargatas también atraviesa por una crisis similar. Ya hubo suspensiones y cerca de 80 retiros voluntarios. Igualmente atraviesa un momento difícil la fábrica de confecciones Nortextil, que tiene 20 empleados. Otras fábricas ubicadas en el Parque Industrial El Pantanillo están atravesando momentos delicados. En febrero la ex Helametal, Finpak, despidió a 40 empleados, redujo un turno de trabajo y a los 28 operarios que continuaron luego de la reconversión les redujo un 30% el sueldo. Por su parte, Industrias Plásticas Catamarca, que fabrica discos compactos, les planteó en febrero el panorama crítico a sus empleados: tuvo que reducir un turno, y para no despedir a ningún trabajador decidió desistir del servicio de vigilancia, que ahora lo cubre el propio personal.

Tras 90 años de producción,  Fideos Manera de Bahía Blanca anunció que despedirá a sus 59 operarios en los próximos meses.

Cinco mujeres choferes de trolebuses de Córdoba aguardan en una carpa que el Intendente radical, Ramón Mestre, las reciba. Representan a 57 operadoras de trolebuses despedidas ilegalmente tras el paro realizado contra una paritaria cerrada por UTA a nivel nacional que solo les dio un 8 % de aumento para este año, según denunciaron.

“Hay una clara discriminación de género, un ensañamiento con las mujeres porque fueron las que se pusieron al frente de la lucha, las que consensuaron con los compañeros, las que fueron voceras”, apunta Ana Morillo, de la Comisión de Género y Violencia Laboral del SUOEM, sindicato de empleados municipales, que forma parte de la Comisión Intersindical de Mujeres de Córdoba, que agrupa a más de veinte gremios de las cuatro centrales, las dos CGT y las dos CTA, que está acompañando la lucha de las guerreras del volante. El jueves se realizó un festival “Por la vida y el trabajo”.

Atanor desconoció la conciliación obligatoria y no reincorporó a los 24 despedidos de Río Tercero (Córdoba).

También Dota incumplió la conciliación y los choferes de la Línea 60 advierten que podrían retornar al conflicto. Luego de 8 días de un cese de actividades, dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor, en la hora cero del domingo 23 de julio, los trabajadores reanudaron el servicio. Pero los directivos de DOTA les impidieron que retomen sus tareas a los diez trabajadores despedidos y los veinte suspendidos.

Los trabajadores despedidos de PepsiCo continúan reclamando la reapertura y su reincorporación. Junto a organizaciones sociales y dirigentes políticos marcharon el miércoles desde el Obelisco hasta el Congreso. Policías de la Ciudad bloquearon el paso a los trabajadores. Los efectivos se enfrentaron a los manifestantes a los empujones y con gas pimienta para evitar que pudieran llegar hasta el Congreso, donde tenían planeado entregar un Proyecto de ley que plantea la expropiación de la planta.

“Gases lacrimógenos fue la respuesta del Estado a nuestro reclamos. Somos trabajadores, no podemos perder nuestros puestos de trabajo. Queremos volver a trabajar y que se reabra la fábrica de alimentos”, sostuvo Camilo Mones, uno de los delegados de PepsiCo tras el avance de la policía que les bloqueó el paso y a los golpes, empujones y gases lacrimógenos les impidió llegar hasta las puertas del Parlamento. “Veníamos a entregar un petitorio, un Proyecto de ley para plantear la expropiación o nacionalización y nos responden con palos. El Gobierno tiene un nuevo deporte, reprimir trabajadores que luchan”, repitió el delegado.

Al mismo tiempo, el Ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, decidió premiar con un ascenso a la agente policial que resultó herida tras el brutal desalojo de los trabajadores de PepsiCo, el 13 de julio. Tal como dispuso en una resolución interna, la sargento Natalia Soledad Tapia Almeyda, quien sufrió la fractura de una pierna ese día, fue ascendida de forma extraordinaria “al grado inmediato superior”.

“En el marco del cumplimiento de la medida judicial que dispuso el desalojo de la planta perteneciente a la firma Pepsico S.R.L., la Sargento Tapia Almeyda, resultó lesionada al repeler la agresión de los usurpadores ante la negativa de retirarse del predio”, dice la resolución firmada por Ritondo.

Vale recordar, que la orden judicial que la oficial de la Bonaerense cumplimentaba, se trató de una medida ilegal con un pretexto absurdo, en pos de desplazar a los trabajadores en lucha, para dar vía libre a la empresa en su accionar completamente fraudulento e ilegal. Por tales “honorables” fines, Ritondo premió a Tapia Almeyda.

Andrés Ibarra, ministro de Modernización, confirmó que habrá más despidos de estatales “porque lo que pretendemos es tener la mayor austeridad”.

El ministro destacó que “en la administración pública hemos producido una reducción importante al principio de la gestión y después durante el año, producto de jubilaciones y de contratos que no se renovaron en la administración central, el Estado Nacional ha generado un ahorro de alrededor del ocho y el nueve por ciento”, cifra a la consideró “importante”.

Las declaraciones fueron formuladas en la Casa Rosada luego de la firma de un convenio entre representantes de la OIT, el gobierno y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) para capacitar inspectores del trabajo.

El desembarco de las low cost afectaría a las empresas de colectivos que amenazan con despedir a 4.000 trabajadores del sector. No obstante, algunas empresas estudian reconvertirse en aerolíneas de bajo costo. Es el caso de Vía Bariloche que lo informó al Ministerio de Trabajo. Por otro lado, la aerolínea FlyBondi tentó a Flecha Bus, Vía Bariloche y Andes Mar, para formar parte del negocio.

Mientras, negocian en Transporte una nueva regulación para el sector, con más libertad para las patronales y menos controles del Estado.

El martes por la noche en una asamblea en las puertas de la planta y con la presencia del sindicato se confirmó la reincorporación de los 51 despedidos de Cresta Roja en el marco de la conciliación obligatoria que durará 15 días. Los trabajadores que habían sido desvinculados volverán a sus puestos de trabajo.

Ante el apoyo popular, quedó suspendida la orden de desalojo que había dictado el fiscal Alejandro Irigoyen de la planta de Carboclor en Campana. Más de 500 efectivos de infantería de la Bonaerense habían rodeado la fábrica para amedrentar a los trabajadores que realizaban su décimo día de acampe.

Los trabajadores exigen el pago total de las indemnizaciones y denuncian que no se está cumpliendo con la ley.
El cierre de Carboclor se produjo el 30 de mayo pasado. Allí la empresa química dispuso el cierre de sus dos plantas y argumentó que atravesaba una «grave situación financiera».

«Somos personas con más de veinte años de antigüedad y la empresa quiere pagar el 50 % de lo que corresponde por ley», señaló el secretario del sindicato de Personal de la Industria Química y Petroquímica, Oscar Casco.
«Hoy apareció un comisario y nos recomendó desalojar la zona. Pero nadie se va a ir. El día que se cumpla el pago por ley, nos vamos», agregó.

Trabajadores de la fábrica de calzados y productos textiles GGM tomaron la planta que la firma tiene en la localidad bonaerense de Las Flores, en demanda de los sueldos adeudados desde hace cuatro meses. La situación de los 300 empleados empeoró cuando la empresa comenzó a dar licencias de dos meses para compensar la caída de la producción. Según les dijeron a los trabajadores, la fábrica corre riesgo de cerrar por la apertura de las importaciones en el sector, que sólo en el verano aumentaron un 62 % en detrimento de la industria nacional.

Desmantelamiento científico

Pasaron siete meses de la toma del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) que finalizó con la firma de un Acta Acuerdo donde se establecía la incorporación en instituciones científicas de los 498 científicos que habían aprobado las evaluaciones para la Carrera de Investigador del CONICET, pero cuyo ingreso el gobierno les prohibió por razones presupuestarias. La única oferta llegada desde el Ministerio, hasta el momento, es incorporar en distintas universidades nacionales a 410 de esos postulantes. Les proponen que entren con cargo de Jefe de Trabajo Práctico con dedicación exclusiva, y en universidades que no necesariamente se ubiquen en sus zonas de residencia. ¿Qué sucederá con los restantes 88? Dijeron que se colocarían en organismos tecnológicos como el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Los científicos rechazaron de plano la idea del gobierno de ubicarlos en universidades de cualquier parte del país con cargo docente, y no de investigación. El convenio anunciado ofrece cargos interinos (precarios) a concursar en el momento en que la Universidad lo disponga, un salario 6.000 pesos por debajo, tareas de docencia y no de investigación, nulas posibilidades de promoción y relocalización forzada.

Información periodística del pasado sábado dio a conocer que el Conicet ocupa el puesto 158 entre más de 5.000 instituciones científicas y universidades centradas en la investigación de todo el mundo, para el período 2011-15. El segundo lugar entre las argentinas es para la Universidad de Buenos Aires en el puesto 425 del ranking y la segunda mejor institución universitaria de América Latina, solo superada por la Universidad de San Pablo (Brasil). Pero entre los organismos gubernamentales de Latinoamérica, el Conicet se ubicó primero.

El Congreso Extraordinario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que lidera Carlos De Feo, aprobó un documento crítico elaborado por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC), sobre el anunciado “Plan Maestro” de la gestión Macri que amenaza con implementarse en la educación superior.

Los docentes señalan que “el Plan declara que se propone mejorar la tasa de “retención” (sic) y graduación de los estudiantes universitarios, así como la “calidad” de la enseñanza, sin hacer ninguna referencia a las condiciones del trabajo docente. No hay ninguna preocupación por los salarios, la estructura de dedicaciones, la regularización de las plantas, ni la implementación de las disposiciones establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo, que constituyen las condiciones necesarias para mejorar la enseñanza jerarquizando la tarea docente”.

Asimismo, definió la aceptación de la propuesta salarial del gobierno y la continuidad del plan de lucha en Defensa de la Universidad Pública.

Sin embargo, la otra Federación que agrupa a los docentes universitarios, Conadu Histórica,

rechazó el acuerdo paritario por considerarlo insuficiente ya que la propuesta deja por fuera de la garantía salarial a los docentes más bajos del escalafón, los ayudantes de segunda, que son los de menores salarios. Por otro lado, el porcentaje de aumento dista mucho del 35 % reclamado. Por tal motivo, la Conadu (H) ha resuelto continuar el plan de lucha durante el segundo semestre por los reclamos paritarios y contra la reforma universitaria.

Para finalizar con el ataque a CyT, el presidente Mauricio Macri aprobó la venta de ARSAT de manera ilegal a una empresa de Estados Unidos. Los próximos satélites producidos en Argentina serán manejados por una firma internacional que también se quedará con el espacio orbital que le correspondía al país.

Paritarias

El gremio de los tintoreros logró un acuerdo salarial del 37% con la Federación de Cámaras de Lavaderos de Ropa, Limpierías y afines (Federala).

Los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) decidieron retomar las medidas de paros de dos horas en rechazo a la propuesta de incremento salarial del 22,8%.

Los metrodelegados reclaman un incremento salarial del 35% y mejores condiciones laborales, además del sostenimiento de la personería gremial a Agtsyp , actualmente en revisión por el Ministerio del Trabajo tras una avanzada judicial de la UTA, que firmó el acuerdo.

El gremio docente Ademys de la Ciudad de Buenos Aires llama a no reiniciar las clases:
– Porque la oferta del Gobierno mantiene el salario inicial por debajo de la línea de pobreza.
– Porque incluye bonos de $ 400 en negro por tres meses.
– Porque estamos contra la precarización y el traspaso de idiomas.
– Porque no queremos medidas aisladas y decidimos en Asamblea la continuidad con NO INICIO

El 31 paran y se movilizan a las 11:00 en el Cabildo para marchar al Ministerio de Educación. Al finalizar realizarán una asamblea.

El Sindicato de Tripulantes de Cabina de Latam Argentina decidió aplicar medidas de fuerza y no realizar servicios de venta a bordo hasta que la empresa acuerde “una retribución acorde con esa nueva tarea”, y sostuvo que ello implica “una gran responsabilidad y es preciso proteger la operación, por lo que la compañía debe asumir el problema”.

“Los tripulantes no se niegan a realizarla, pero quieren percibir una retribución acorde con esa responsabilidad”, dijo Paula Marconi, secretaria general de la organización.

La dirigente adelantó que la decisión gremial se extenderá hasta que “la empresa ofrezca respuestas concretas, porque los trabajadores solo exigen lo que contempla la legislación vigente”.

Marconi destacó que los tripulantes de cabina ejercen a bordo “la función de seguridad de los pasajeros y la tripulación”, y precisó que “están entrenados para evacuar el avión en 90 segundos, prestar primeros auxilios, custodiar a menores no acompañados y administrar equipos de emergencia relacionados con el fuego”.

La dirigente sindical advirtió a los usuarios que deben comprar sus alimentos de forma previa a ascender al avión, porque durante el vuelo no se ofrecerá menú ni servicio de catering.

El Gobierno firmó un acuerdo por productividad para los trabajadores rurales

 En las actividades rurales, especialmente las temporarias, se estima que el trabajo “en negro” es superior al 60%, e incluso en ciertos sectores como la horticultura o fruticultura podría superar el 80% de empleo no registrado.

– De quienes están “en blanco”, el 50% tiene remuneraciones inferiores a $ 11.301 al mes. Para los no registrados los ingresos son aún inferiores.

– El salario promedio de los trabajadores registrados de la rama primaria es un 41% inferior a los salarios del resto de la economía.

– Una de las formas de las patronales para exigir más a sus obreros del campo es mediante el trabajo a destajo, modalidad extendida en el agro.

– En distintos sectores como la yerba mate se encontraron muchos casos de esclavitud y trabajo infantil.

– Las condiciones de trabajo incluyen muchas veces jornadas extenuantes, con adversidades climáticas extremas como las altas temperaturas.

Así describe la economista Lucía Ruiz las condiciones laborales en el campo. Nada de esto fue contemplado en los acuerdos firmados por Macri, entidades rurales y el sindicato UATRE en vísperas de la inauguración oficial de la Sociedad Rural.

En un caso elimina la cantidad máxima de arándanos a cosechar por trabajador y acuerda aumentos de entre 23 y 25 % para la actividad. En el sector avícola hubo un acuerdo para desregular la actividad nocturna, donde se concentra el trabajo y se estableció un aumento salarial del 25 %. En la actividad porcina las partes se comprometieron a tratar a futuro las condiciones de trabajo. Además, se fijaron pautas para el manipuleo y almacenamiento de granos en silobolsa como la libertad de contratación.

La administración PRO de la Ciudad de Buenos Aires no quiso quedarse atrás y concesionó el nuevo Centro de Exposiciones por 15 años a La Rural e IRSA. Pagarán un canon mensual de $ 1.411.401. El gobierno de la Ciudad invirtió $ 500.000.000. Un negocio redondo en la ciudad más elegida de Latinoamérica para organizar congresos y convenciones y 17º del ranking a nivel mundial. Así funciona lo público-privado. El Estado se ocupa de los gastos y las empresas de los beneficios.

Pero no todas son rosas para la producción primaria. El vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui , consideró que los productores de peras y manzanas del Alto Valle de Neuquén y Río Negro “se han quedado produciendo fruta que no es la que hoy pide el mercado” y que su salida es “una gran reconversión de plantas”.

A la postura del Gobierno para con el Alto Valle, la más complicada de las economías regionales, se suma que el Fondagro, el fondo creado bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria con parte de la baja menor de las retenciones a la soja que había prometido Mauricio Macri, no arrancó.

El titular de Agroindustria, Ricardo Bury aile, había apostado a ese fondo para mejorar la situación de las economías regionales, lo que considera “la principal asignatura pendiente” de su gestión. Pero el ministerio de Hacienda, que conduce Nicolás Dujovne , demora el ingreso de los fondos.

El 23 de mayo, Buryaile anunció un fondo para el Alto Valle de 540 millones de pesos, de los cuales 300 millones iban a salir del Fondagro. “Pasaron dos meses y no tenemos nada, nos dicen que ya sale, que nos van a llamar en breve para ir a firmar, pero no pasa nada”, dijo Sebastián Hernández , presidente de la Federación de Productores del Alto Valle.

Al Alto Valle se suma la situación de Santa Fe y Córdoba. El ministro de Producción santafecino, Luis Contigiani , contó que le deben 200 millones del Fondagro. “El anuncio fue en marzo, pero de los 250 millones sólo llegaron 50, estamos pagándole a los tamberos con aportes de la provincia, pero tampoco sabemos cuándo va a llegar la plata”, dijo Contigiani.

La situación es similar en Córdoba, provincia con mejor sintonía con la Casa Rosada que Santa Fe. Al ministro de Agricultura, Sergio Busso , le habían prometido 100 millones para tamberos, pero la plata todavía no llegó.

Distintas localidades del sur bonaerense fueron testigos del “cebollazo” realizado por pequeños productores de la región nucleados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Definen a su situación como muy crítica y entre los motivos apuntan a la suba de los costos y el peso de las importaciones.

A esto se le suma la baja rentabilidad y la poca participación de los productores en el precio final en las verdulerías.

Sancor

Está operando a casi un cuarto de su capacidad en sus 16 plantas. Son varias las empresas interesadas en comprarla que buscarán cambiar los acuerdos laborales con Atilra. La que más ha avanzado es la neozelandesa Fonterra, el primer exportador de leche del mundo y el cuarto productor del planeta. Sus dueños son 12.000 tamberos. La compra sería presentada como una asociación. Además de la mexicana Lala, la número uno en Centroamérica con 163 centros de producción y distribución, también talla la francesa Lactalis, que factura U$S 20.000 millones y maneja marcas como Parmalat, Lactel y Celia, entre varias más.

Juan Gufi es uno de los intendentes de la provincia de Santa Fe que más exposición mediática ha tenido en los últimos meses. Esto se debe al cierre de la planta de la empresa láctea SanCor en Centeno, que era la principal fuente de trabajo e ingresos para los habitantes de la localidad situada a 100 kilómetros de Rosario, sobre la ruta 34.
Consultado sobre el tema, el titular de la comuna aseguró que “tenemos entre 2,5 y 3 millones de pesos menos circulando en la economía del pueblo todos los meses”. Y agregó que “eso se siente en los comercios, en la comuna, en todos lados. Nos cuesta mucho llegar a reunir el dinero para los sueldos, se está haciendo una rueda muy pesada”, aseveró.
Respecto de la ayuda que pidieron al Estado provincial y nacional, apuntó: “Estuvimos trabajando con la provincia muy de cerca, no así con la Nación. No hemos tenido una comunicación con funcionarios nacionales por este tema”.
Y aventuró que “si no se da la llegada de capitales extranjeros, la opción es conformar una cooperativa”.

Tras medio siglo, cerró la distribuidora de Sancor en Puerto Madryn (Chubut), que no pudo soportar la crisis que atraviesa el gigante lácteo a nivel nacional. Era una empresa familiar que tenía 49 años de vida. En la mañana del viernes hubo reuniones entre los representantes de la empresa y de los trabajadores, acordando el pago de las indemnizaciones de los empleados con los representantes gremiales, tanto del Sindicato de Camioneros como de Empleados de Comercio.

Por los movimientos sociales

La CTEP y la CCC le reclamaron a la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley que se cumpla con la Ley de Emergencia Social, de la cual sólo se ejecutó un 30 %, y se sancione una Ley de Emergencia Alimentaria.

Las organizaciones que integran la CTEP se movilizaron en distintos puntos de la Ciudad y el Conurbano y continuaron con la recolección de firmas para impulsar la Ley de Emergencia Alimentaria, “una situación que hay que tratar de forma urgente”, insistió el coordinador nacional de Barrios de Pie, que semanas atrás lanzó la iniciativa, luego de realizar un relevamiento en los comedores populares, que arrojó que el 43 % de los chicos sufrían malnutrición. También minimizó uno de los logros mostrados por la gestión de María Eugenia Vidal sobre la mejora en los fondos para los comedores escolares e indicó que “el aumento del presupuesto fue de 8 a 16 pesos por chico. Está muy lejos de lo que se necesita para alimentar de manera digna a los pibes”.

El reclamo por ambas iniciativas continuará el próximo 7 de agosto, cuando la CTEP tiene programado repetir la masiva movilización del año pasado desde la Iglesia de San Cayetano. Las organizaciones marcharán desde Liniers hasta el Congreso, donde entregarán un millón de firmas a favor de la Ley de Emergencia Alimentaria y luego finalizarán en la Plaza de Mayo.

El jueves también instalaron ollas populares y campaña de firmas por la aprobación de la Ley de Emergencia Alimentaria frente al Obelisco y a las principales cadenas de supermercados del país, el Frente Popular Darío Santillán y el FPDS (CN).

El pasado 20 de julio diferentes movimientos piqueteros realizaron una masiva protesta en Plaza de Mayo para exigirle al gobierno Nacional: aumento salarial y puestos de trabajo genuinos. “No queremos planes, queremos trabajo”, fue una de las consignas.

Cuatro mil pesos es lo que cobran los trabajadores del programa «Argentina Trabaja» y del «Ellas Hacen», quedando de esta forma por debajo de la línea de indigencia, ya que la canasta básica familiar ronda entre los 14/15.000 pesos y el salario mínimo es de $ 8.860.

La masiva concentración comenzó en Av. 9 de Julio y 25 de Mayo y finalizó en Plaza de Mayo. Banderas y remeras rojas colmaron la Ciudad de Buenos Aires y se hicieron oír frente a la Casa Rosada. Ahora esperarán una respuesta del gobierno.  

 

Fuentes: La Nación, Clarín, Tiempo Argentino, Página 12, La Izquierda Diario, Anred, Resumen Latinoamericano, www.cronista.com , www.ambito.com , www.infogremiales.com.ar , Equipo de Comunicación de la CTA Jujuy, Perfil y Prensa Obrera.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229772&titular=de-esto-no-se-habla-

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Denuncian a Macri ante la OIT

Por: Mario Hernandez

En memoria de Norberto “el tordo” Centeno, Salvador Arestín, Tomás Fresneda, Raúl Alaiz, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de 4 meses-, Néstor García Mantica y María Esther Vázquez de García y Jorge Candelero

Secuestrados y desaparecidos durante “La noche de las corbatas” entre el 6 y el 8 de julio de 1977

El gobierno argentino y su presidente, Mauricio Macri, fueron denunciados el jueves pasado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por sus sistemáticos ataques a jueces, abogados y las leyes laborales.

Con ese propósito, la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) realizó un acto frente a la oficina porteña de la OIT (Avenida Córdoba 948) para acompañar la denuncia internacional, que formalmente será presentada por la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA-A) y numerosos sindicatos.

La denuncia imputará al gobierno del presidente Macri responsabilidad jurídica por la violación de convenios internacionales a raíz de sus ataques a la Justicia del Trabajo y a los abogados laboralistas, a los que acusó de estar en connivencia para «armar» una «industria del juicio» destinada a «quebrar pequeñas y medianas empresas».

Sobre la avanzada del gobierno sobre los derechos laborales, el presidente de AAL, Matías Cremonte, afirmó: «Me parece importante marcar como hito, o como primer paso de esta avanzada que denunciamos en la OIT sobre los trabajadores, el ataque a la independencia del Poder Judicial con la designación de dos jueces en la Corte Suprema, por decreto de parte del presidente Macri».

«Otro elemento -agregó- fue la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, cimentando el terreno con la ficción de la ‘industria del juicio’, ahora encima intentando cargarnos el sayo por el cierre de las pequeñas empresas por los juicios laborales cuando todos sabemos que las empresas cierran por las políticas económicas del país».

La presentación de la denuncia ante la OIT es el resultado del consenso alcanzado entre más de 50 sindicatos en un acto realizado el pasado jueves 6 en el Hotel Bauen.

Además de esta nueva denuncia, AAL presentó otras dos en el plano internacional: una frente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otra ante el Alto Comisionado por la defensa de los Derechos Humanos, además de requerir una audiencia pública a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La serie de fallos contra los derechos laborales

La violación abierta de la Ley de paritarias, como en el caso de la negativa a discutir la paritaria nacional docente, o a firmar el acuerdo bancario, o la pretensión de imponer tope a la negociación de aumentos salariales, constituye una conducta extremadamente autoritaria del gobierno de Cambiemos que se inscribe en este marco. Otros ejemplos de lo mismo son el desconocimiento del derecho de huelga y las políticas de represión desatadas contra los trabajadores en conflicto. La prepotencia usada contra la clase trabajadora, como en el reciente caso del paro de transporte en Córdoba o en el violento desalojo de PepsiCo, son expresiones directas de la sumisión absoluta a los grupos de poder, cuando no de la complicidad de clase.

La insólita pretensión del gobierno de la provincia de Córdoba de sancionar una ley limitando el derecho de huelga en el transporte como servicio esencial, en abierta violación de la Ley 25.877, el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y la normativa de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), es otra muestra de las prácticas de impunidad inherentes a los intereses del poder económico.

El vaciamiento intencional del fuero laboral (ya comenzado en gestiones anteriores, pero ahora profundizado más que nunca), sin presupuesto, estructura, empleados ni jueces (32 juzgados vacantes sobre un total de 80), confirma la ofensiva integral por la que se pretende legitimar este proceso.

El pedido de juicio político a cada juez del trabajo que se atreve a resolver de acuerdo a las garantías constitucionales conforma otra grotesca forma de disciplinamiento. Basten de ejemplo las infames acusaciones a jueces como Luis Rafaghelli, Enrique Arias Gibert, Dora Temis, y otros que antepusieron sus legítimas convicciones como hombres y mujeres del derecho por sobre las amenazas y presiones recibidas.

La disparatada acusación a Héctor Recalde, y a los abogados laboralistas en general, pretendiendo ensuciarlos como mafiosos, constituye también una forma burda de deslegitimación y de ocultamiento de la violación masiva y reiterada de las leyes del trabajo por parte de poderosos grupos empresarios.

El Gobierno puso un obstáculo más para la realización de juicios por accidentes de trabajo. A la controversia que suscitó en el ámbito judicial la sanción de la nueva Ley de Riesgos del Trabajo, la cartera laboral sumó un bloqueo administrativo.

El nuevo obstáculo quedó al descubierto en una comunicación interna del Director general de Relaciones Individuales del Ministerio de Trabajo, Omar Nills Yasin, a los funcionarios del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo), un organismo que funciona como paso obligatorio previo a cualquier demanda en el fuero laboral. El texto prohíbe a los conciliadores abrir expedientes con fecha posterior al 1 de marzo pasado (en teoría, desde la vigencia de la Ley 27.348, sobre Accidentes del trabajo).

El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, cuestionó la comunicación interna por entender que «apunta a obstaculizar el acceso a la Justicia» de los trabajadores que sufrieron un accidente y planean iniciar una demanda para reclamar una reparación.

«El procedimiento de la Justicia laboral obliga, antes de iniciar una demanda, a acudir al Seclo. Lo que hace esta comunicación es prohibirles a los conciliadores tomar audiencias y entregar actas. En todo caso deberían formalizar que ya no es más requisito pasar por el Seclo porque de lo contrario, esto es un obstáculo añadido a las propias comisiones médicas para acceder a la Justicia», precisó Cremonte.

Complicidad de la Corte Suprema

La Corte Suprema ha decidido acompañar al gobierno de Mauricio Macri en su diatriba contra los jueces del trabajo, los abogados laboralistas y contra los derechos laborales en general y la ofensiva hacia los sectores sindicales que no son sumisos respecto del poder político.

El Tribunal hizo explícita su posición al darle difusión a un fallo que obliga a un trabajador que perdió una demanda por un accidente laboral a pagar las costas del juicio. Se convirtió en el último eslabón de un camino regresivo, marcado por sentencias que recortan derechos laborales.

La nueva Corte que se terminó de constituir con Cambiemos, firma sentencias en favor de las empresas, de las ART y del modelo actual de Estado empresario que multiplica despidos, mientras pulveriza las conquistas laborales.

La Corte eligió una semana peculiar para difundir su decisión de hacerle pagar las costas de un juicio a un trabajador, Enrique López (cuando, además, lo habitual es que se repartan con el empleador o que prime el criterio de que los juicios laborales no deben acarrear gastos para el empleado). Un día antes, un juez federal con competencia penal, Marcelo Martínez de Giorgi, había decidido intervenir el sindicato de Canillitas y procesar a su hasta entonces titular, Omar Plaini. Es el cuarto sindicato intervenido en los últimos tiempos.

La sentencia contra López (firmada por todos los supremos menos Horacio Rosatti) es una de las pocas que la Corte difundió en los últimos tiempos, después del mal trago del fallo del 2×1. Ignacio Funes de Rioja, socio de Funes de Rioja & Asociados, coincidió en que el fallo no era “novedoso” pero señaló que sí era “relevante”.

Funes de Rioja dijo que le parecía “muy bien que la Corte intervenga para modificar un fallo de segunda instancia que era a todas luces arbitrario. Lo que hizo la Corte es lo normal, lo que no era normal era el fallo de la Cámara. No sé si es un mensaje político, pero sí creo que es un buen fallo de la Corte”.

“Y si fue un mensaje, creo que es un buen mensaje, en línea con la seguridad jurídica y con la necesidad de que, sobre la base de reglas claras, se puedan atraer las inversiones necesarias para crear empleo”, completó. La partitura de fondo es del presidente Mauricio Macri, que teoriza que cuando un trabajador hace juicio perjudica a otros y alimenta una supuesta industria del juicio que, además, desalienta inversiones. Exactamente lo contrario del espíritu con el que sentenció la Corte de 2004 cuando, por ejemplo, declaró inconstitucional el mecanismo para el cálculo de las indemnizaciones, que resultaba inequitativo porque se calculaba sobre un promedio basado en el salario de convenio, no en el de cada trabajador.

El mayor problema de las pymes es el costo de las ART, que en un contexto de crisis económica muchas veces se vuelve imposible de afrontar y quedan obligadas a sumir el riesgo de no contar con la cobertura. Por eso cuando el Presidente denuncia genéricamente mafias, lo que en verdad busca es crear una cortina de humo que confunda los motivos de la destrucción de empleo que se registra en el último año y medio, especialmente en el sector industrial.

Corte Suprema: Antes y después

Es importante repasar qué hizo la Corte anterior en materia laboral para poder entender la parábola que trazaron sus decisiones con el correr del tiempo hasta ajustarse al escenario político actual. En 2004, los Supremos declararon la inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos de Trabajo; en 2009 declararon inconstitucional el despido de una delegada del Hospital Naval que pertenecía a un sindicato sin personería; en la misma línea declaró inconstitucionales los tramos de la Ley de asociaciones sindicales que impiden participar como delegados a los trabajadores que no estén afiliados a una organización con personería, una sentencia a favor de la libertad sindical.

  • Empleados que facturan. La regresión empezó poco antes del cambio de gobierno, en 2015. Dos fallos eran reclamos de dos anestesiólogos del Hospital Italiano que habían sido desvinculados y no reconocidos como empleados porque facturaban como autónomos, igual que muchos médicos de la institución. La Cámara Laboral los había reconocido como empleados. Lo que dice la Ley de contrato de trabajo es que si el demandante prueba sus prestaciones como empleado, la empresa tiene que demostrar que no lo es. La Corte cambió la interpretación y sostuvo que se probó que eran médicos independientes que facturaban a través de una asociación de anestesiólogos. No les reconoció la relación de dependencia. Firmaron Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
  • Riesgos de trabajo. Una sentencia de 2014, conocida como Urquiza, dijo que los reclamos contra las ART son acciones civiles y deben tramitar en la justicia civil en lugar de la laboral. El problema es que es un fuero que maneja principios distintos, exige otro tipo de pruebas y los trabajadores deben pagar tasa de justicia. Firmaron Highton, Maqueda y Raúl Zaffaroni.
  • Libertad sindical. En febrero de 2016 la Corte empezó a restringir la protección a los delegados sindicales que años antes había ampliado en los casos de ATE y el Hospital Naval. Esta vez le negó la reinstalación en su cargo a Andrea De Caso tras haber sido despedida cuando estaba en plena postulación para un cargo sindical en la Unión de Trabajadores Hoteleros. Firmaron Lorenzetti, Highton y Maqueda.
  • Edad jubilatoria judicial. El fallo que interpreta que los jueces, según la Constitución de 1994, deben jubilarse a los 75 a menos que obtengan acuerdo del Senado por 5 años más tiene características de un fallo laboral, según interpretan los laboralistas. Pero en este caso el problema no sería el fallo (firmado por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti) sino la “doble vara”. La sentencia fue para que el ex camarista Leopoldo Schiffrin renuncie, pero se empezó a aplicar a otros jueces. A quien no se aplicó fue a Highton, la jueza de la Corte que consiguió una cautelar a su favor en primera instancia y logró que el Gobierno habilitara su permanencia.
  • Huelgas. El 7 de junio de 2016 la Corte sentenció (votos de Lorenzetti, Highton y Maqueda) que sólo los gremios pueden promover una huelga pero no pueden hacerlo grupos informales de trabajadores. Rechazó así el reclamo de un empleado del Correo que no estaba afiliado a ningún gremio pero que tomó medidas de fuerza y fue despedido. Previo a la sentencia se hizo una audiencia pública; fue antes del cambio de Gobierno.
  • Accidentes. La Corte (otra vez Lorenzetti, Highton y Maqueda) resolvió el mismo 7 de junio del año pasado que el reajuste de las indemnizaciones por accidentes de trabajo que dispuso la ley 26.773 sólo se aplica a accidentes y enfermedades posteriores a noviembre de 2012, cuando sancionó el nuevo sistema. La Cámara laboral había dicho que se podía utilizar para hechos anteriores. El alto tribunal hizo una interpretación restrictiva en favor de la economía de las ART.
  • Despidos estatales. Los miles de despidos en el Estado se perfilaron desde los inicios del gobierno de Macri como uno de los grandes asuntos en puerta que se deberían dirimir en el fuero del trabajo. En noviembre de 2016 la Corte suspendió una sentencia de la Cámara laboral y ordenó sacar de sus puestos a cuatro empleadas de planta de Lotería Nacional que habían sido reincorporadas (otra vez firmaron Lorenzetti, Maqueda y Highton). A fines de febrero pasado, el tribunal rechazó un planteo de ocho empleados contratados despedidos de la Afsca. La Cámara laboral había considerado que eran despidos discriminatorios, por tratarse de trabajadores afiliados a Nuevo Encuentro. La Corte resolvió que el caso debe tramitar en el fuero contencioso administrativo, que no tiene reglas ni mecanismos de protección para los trabajadores. El mismo día, el Gobierno denunciaba a los camaristas laborales que avalaron la paritaria bancaria del 24 %. Empezaba la guerra explícita del Gobierno con los jueces del trabajo.

“La industria del juicio no existe” 

Así se titula el comunicado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), que “asiste azorado ante un nuevo ataque a nuestra noble profesión”. La entidad presidida por Jorge Rizzo entiende que, en lugar de cambio, hay una continuidad de parte del Poder Ejecutivo a la hora de agredir a los letrados. Antes eran los abogados previsionales y los llamados caranchos”, que justificaron la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo del año 2012, ahora son nuevamente los laboralistas. Para el CPACF el objetivo detrás de este discurso es otro: “se intenta una peligrosa regresión en materia de política laboral a los nefastos años 90”.

El CPACF dice también estar “absorto” ante los “apoyos indiscriminados a violaciones constitucionales y/o derechos de los Trabajadores”, de ciertos colegas que nada dijeron sobre casos de gravedad como lo ocurrido con el fallo de la Corte Suprema que beneficia a condenados por delitos de lesa humanidad “. “Algunos de ellos, de manera descarada dicen representar a colegas, pero en realidad solo cuidan los intereses de sus clientes, los grandes grupos económicos y, en este caso puntual las ART o las empresas concesionarias de Servicios Públicos en su caso”, denuncia el Colegio.

Señalan que el diagnóstico es errado y que el problema con la “mal llamada industria del juicio” es que la mayoría de las empresas no cumple con sus obligaciones legales y eso da lugar a los reclamos ante los Tribunales Laborales, que fallan a favor del trabajador porque simplemente acreditan esas fallas.

“No existe en la Argentina real una política, ni controles en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo, léase que no hay una verdadera prevención sino un mero interés de las empresas de pagar lo menos posible, sin importar realmente el cuidado de la vida y/o la salud de los trabajadores”, denuncia el comunicado.

“Evidentemente resulta mucho más económico para las empresas insultar a los trabajadores de la Abogacía en vez de realizar las inversiones necesarias para prevenir los riesgos así como las necesarias para la erradicación legal del trabajo en negro”, añade el texto, que también cuenta con la firma del secretario General de la institución, Pablo Dameschik.

En Córdoba tampoco se quedaron callados. El Colegio de Abogados también se pronunció en contra de los dichos del Presidente, reprochándole que, si tiene conocimiento de esa “mafia” de jueces y abogados, que vaya a la Justicia y lo denuncie, en lugar de “agraviar al conjunto de los abogados”.

El Colegio cordobés rechaza ese “ataque generalizado” así como la atribución de responsabilidad por “el cierre de PYMES, generación de juicios laborales infundados y destrucción de fuentes de empleo futuras”.

“Creemos indispensable que de tener el Sr. Presidente conocimiento de la comisión de hechos delictivos por parte de abogados y/o magistrados del fuero laboral, formule las denuncias correspondientes, sin tender un manto de sospecha sobre todos los abogados litigantes del fuero del trabajo”, consigna el comunicado.

La Justicia Laboral de Rosario tiene demoras de más de 16 meses para fijar audiencias. Así lo manifestó la Asociación de Abogados Laboralistas. Los letrados aseguran que la solución está en sumar juzgados. «En Rosario y Gran Rosario tenemos un polo obrero grandísimo y solo diez juzgados laborales, con poco personal», advirtieron. Ello, significa «uno por cada 123.000 habitantes; cuando en Córdoba, esa tasa es de uno cada 40.000», ejemplificaron. Incluso, plantearon que «los trabajadores no le ven en su vida la cara al juez. La primera audiencia demora entre 7 y 16 meses, dependiendo del juzgado; pero en promedio, hoy se están fijando audiencias para mayo o junio de 2018. Hay mucha gente que después de un año ya no quiere saber nada».

Apoyo del sector empresario 

Desde la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), se concordó con el discurso de Macri. Daniel Funes de Rioja, abogado de empresas y vicepresidente de la institución, calificó de “perverso” el sistema por el cual se resuelven los conflictos del derecho del Trabajo.

Funes de Rioja señaló que el sistema “ha generado profundas deformaciones tanto en el campo de los riesgos de trabajo, donde los accidentes de los días lunes o el reclamo por incapacidades son muchos mayores que los instaurados a nivel internacional y generan una industria del juicio que es innegable”.

El letrado coincidió también en el hecho de que las principales afectadas por este contexto son las pequeñas empresas, que “no aguantan”.

“Si tienen cinco empleados, uno las termina. Y además no contratan. Ahora que Argentina vuelve a conectarse con el mundo, la preocupación principal por quienes quieren invertir es el tema de los juicios porque no hay un sistema claro sino que hay muchos atajos para la industria del juicio”, sintetizó Funes de Rioja.

 El largo camino a los juicios laborales 

Son varios los caminos para llegar a juicio, pero ninguno es placentero. Y por lo demás, tampoco es que el camino sea demasiado llano. La prescripción de los créditos laborales es de dos años, demasiado breve si se toman en cuenta incumplimientos patronales de larga data. Pero además, el sistema somete al trabajador a una instancia previa de conciliación en la que, tentado por la necesidad, tal vez opte por aceptar lo primero que ofrezca la empresa demandada.

Es decir: la vía judicial es utilizada por el trabajador luego de haber soportado el abuso empresarial. Llega a los tribunales aquél que puede, y no todos los que deberían.

Aquel que trabaja sin estar registrado, que cobra menos de lo que prevé el convenio o que es acreedor de horas extras impagas sabe que será despedido si reclama. Por eso la enorme mayoría de los trabajadores sólo reclaman cuando la relación se terminó, cuando ya no hay posibilidad de ser despedido como represalia por quejarse. El sistema legal-judicial cuestionado por el gobierno se basa en algunos principios fundamentales. Pero ninguno de ellos toma como sujeto damnificado al empleador. Y ello es obvio por varias razones: en primer lugar porque la propia Constitución indica que las leyes laborales deben dictarse para proteger al trabajador, pero además porque el único que está en condiciones de causar un daño cierto a la contraparte es, precisamente, el empresario. El trabajador, de forma individual, ni siquiera cuenta con la herramienta de la huelga, reservada por norma básica a los gremios.

La legislación laboral que hoy se cuestiona es, en suma, un compendio de condiciones que intentan limitar el abuso empresarial. Sin ley, o con leyes flexibles, hay abuso. Y los reclamos en sede judicial se dan fundamentalmente por incumplimiento de las obligaciones a cargo del empleador.

El sistema judicial no es una antojadiza invención contra las empresas, sino la consecuencia del propio incumplimiento patronal. Si fuese por rigurosidad jurídica, valdría entonces agregar que desde 1957 los empresarios argentinos quebrantan la manda constitucional de repartir sus ganancias entre el personal. Pero de ello nadie se queja.

Lo que se cuestiona desde el empresariado, de hecho, no es tanto la pericia de los abogados laboralistas ni la interpretación de algunos magistrados, sino las normas que sostienen ese régimen protector: molesta que las normas y las pruebas deban entenderse en el sentido más favorable al trabajador, irrita que en caso de duda se aplique la norma más benigna para el operario, indigna que los obreros no puedan renunciar a sus derechos, que no se los pueda despedir sin causa, que no se puedan alterar condiciones esenciales del contrato, que esté multado el fraude laboral. Fastidia, en suma, el sentido de las propias leyes, que constituyen el fondo del debate.

Los datos vs la “teoría” de Macri 

Durante 2016 las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) no solo mejoraron su facturación sino que apenas el 19 % de los siniestros registrados llegaron al fuero laboral y, por si fuera poco, estos representan solo el 1 % de los trabajadores registrados. A esas conclusiones llegó una investigación realizada por el centro de estudios Atenea. Por lo tanto, según demuestra el informe, la denuncia del presidente Mauricio Macri referida a la existencia de “mafias laborales” que hacen colapsar los tribunales está más relacionada con la reinstalación de la flexibilización laboral que con la defensa de los derechos del trabajador.

El trabajo detalla que la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART) reconoció que las compañías de seguro recibieron durante el año pasado unas 127.503 demandas. Si bien la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) –el organismo que las controla– registró unas 10 mil demandas menos, señalan “el alza extraordinaria de juicios de fines del año pasado, en donde los trabajadores iniciaron sus reclamos previendo la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo”, algo que finalmente se concretó en febrero pasado.

Hasta ahora la SRT no publicó la cantidad de accidentes laborales ocurridos durante 2016 pero los especialistas del centro de estudios Atenea, que conduce Damián Ledesma, indican que “de haberse mantenido el promedio de accidentes de 2013, 2014 y 2015 (unos 664.986) y tomando en cuenta la cantidad de juicios publicados por la UART, se concluye que solo el 19 % de los accidentes de trabajo llegan a juicio”. Es más, si se considera el universo de trabajadores registrados en las ART, casi 10 millones, “las demandas presentadas representan sólo el 1 % de los trabajadores cubiertos por el Sistema de Riesgos de Trabajo”. En rigor, el supuesto colapso de los tribunales laborales no es tal.

Incluso, afirma el estudio que durante el pasado año “un conjunto de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, representativas del total del sector, obtuvieron un resultado positivo que asciende a los $ 9.500 millones, con una alza interanual del 41 %”. Todos estos datos fueron recabados por Atenea de los estados contables que publica justamente la Superintendencia de Seguros de la Nación. Se trata de “once compañías que concentran el 83 % de los trabajadores cubiertos del sistema. Los números muestran que, lejos de quebrar, estas empresas han consolidado su posición económica y financiera”.

A comienzos de este año el gobierno de Cambiemos avanzó sobre la Ley de Riesgos de Trabajo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 54/17), que retocaba aspectos vitales de la Ley de Riesgos del Trabajo. Los cuestionamientos no se hicieron esperar y se centraron en la reinstalación de artículos que habían sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. Ante ello, la administración remitió un proyecto de ley mediante convocatoria a sesiones extraordinarias donde se terminó convirtiendo en ley. Para Atenea, “el nuevo régimen fue el primer triunfo legislativo de la flexibilización laboral”.

La afirmación se sostiene en la imposición de la obligatoriedad, por parte del trabajador que sufrió un accidente laboral, de realizar el trámite ante las comisiones médicas. Entonces, la trampa, si se quiere, está en que la norma prevé que si el trabajador accede al trámite administrativo de las comisiones médicas y aún así recurre al reclamo judicial “no podrá cobrar la suma que eventualmente se le reconozca en sede administrativa” por lo que, a diferencia de lo que sucedía antes, “ya no podrá tomar la indemnización como pago a cuenta, forzando el desaliento del reclamo”. Si bien la norma prevé que el trabajador acuda con un abogado a realizar el trámite, las comisiones médicas sustituyen a los jueces naturales, y siguen constituidas por médicos (y no por expertos en derecho). El estudio sostiene que la necesidad de reformar esta ley es lo que provocó que “el Poder Ejecutivo instalara la consigna del colapso del sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo, provocado por la supuesta ‘industria (mafiosa) del juicio’”.

Ahora bien y según lo que prevé la Constitución Nacional, las provincias deben adherirse a esta reforma legislativa. Esto provocó que exista lo que Atenea definió como “la carencia de comisiones médicas” en el territorio argentino, lo que provoca no pocos inconvenientes a la hora hacer operativa la ley, “obligando a los trabajadores a trasladarse varios kilómetros para iniciar un reclamo”.

Pero, además, hay otro tipo de complicaciones para el funcionamiento pleno de la norma. Por ejemplo, la gobernadora María Eugenia Vidal busca aplicar esta ley. Según el estudio de Atenea, el Frente Renovador presentó un proyecto de adhesión que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense. Sin embargo, el Senado local lo rechazó a instancias del Frente para la Victoria, que contó con el respaldo de las centrales obreras y los colegios de abogados. “Es decir que en provincia de Buenos Aires, actualmente, el trabajador tiene libre acceso a la Justicia”, afirmó el estudio.

En Córdoba, en tanto, al rechazo a la ley nacional le agregaron además un nuevo formato, al determinar que el procedimiento previo ante las comisiones médicas “será obligatorio en tanto efectivamente se creen estas comisiones en cada jurisdicción” y, a la vez, habilita la posibilidad de que el trabajador “cobre el crédito reconocido en trámite administrativo y pueda ir a juicio tomándose como pago a cuenta” que la norma nacional hoy prohíbe.

“No hay industria del juicio, hay industriales que no quieren justicia para los trabajadores”

Néstor Pitrola, candidato a senador por la Provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda, se refirió a la resolución de la Corte Suprema de Justicia Nacional de imponer los costos del juicio al trabajador cuya demanda laboral ha sido rechazada.

«El fallo y la campaña mediática que la acompaña busca generar un amedrentamiento entre los trabajadores, para que teman iniciar la instancia judicial, último recurso en defensa de sus derechos. Va en la línea que viene reclamando el gobierno, que prepara una nueva reforma laboral flexibilizadora para después de las elecciones. La ley de ART y la campaña patronal para que los trabajadores desistan de enjuiciar a los responsables de sus accidentes laborales, complementa una ofensiva contra los convenios colectivos de trabajo y el conjunto de los derechos laborales, que traerá más precariedad laboral y por lo tanto más accidentes: el “gasto” que quieren ahorrarse. Los propios jueces reconocen en el fallo que resuelven sobre un punto que excede sus atribuciones.»

«La campaña contra ´la industria del juicio´ del gobierno va en sintonía con el ajuste que se descarga contra los trabajadores y las recomendaciones de los organismos internacionales como la OCDE. Son los empresarios de la industria, que apoyaron al kirchnerismo y ahora apoyan a Macri, los que no quieren pagar las condiciones de trabajo y seguridad de los trabajadores.»

“El papel de la CGT -que acordó la reforma regresiva de la ley de ART y mantiene una tregua vergonzosa con los ajustadores- da cuenta de que la defensa de los trabajadores requiere un relevo urgente de la dirigencia sindical y una nueva dirección en el movimiento obrero”.

“Pero además se suma el ataque a los jueces del fuero laboral, que tiene el propósito de “encuadrar” a los magistrados “rebeldes” que fallan a favor de los trabajadores.

«El Frente de Izquierda, en contraposición a esta orientación, defiende la vida y la salud de los trabajadores, las condiciones de trabajo y, de manera irrestricta, los convenios colectivos de trabajo».

 Fuentes: Página 12, LID, Diario BAE, TEL, https://www.tiempoar.com.ar, Resumen Latinoamericano, https://notasperiodismopopular.com.ar, InfoGremiales, Rosario/12, www.ambito.com.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229272&titular=denuncian-a-macri-ante-la-oit-

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