Author: Nicole Bidegain Ponte

Concentración del ingreso, pobreza de tiempo y monetaria

Durante la última década, en algunos países de la región, la reducción de la desigualdad de ingresos y de los índices de pobreza se produjo simultáneamente con el aumento de la feminidad de la pobreza. El índice de feminidad muestra las disparidades en la incidencia de la pobreza en mujeres y varones (de 20 a 59 años), medida en términos de ingreso. Es posible afirmar que las políticas tendientes a reducirla no han impactado de la misma forma en hombres y en mujeres. Desde 2012, la tendencia a la reducción de la pobreza se ha estancado en América Latina, mientras que el índice de feminidad sigue aumentando. Es decir que tanto en periodos de reducción de la pobreza como en periodos de estancamiento, la pobreza sigue afectando en mayor grado a las mujeres que a los hombres, en edades críticas en términos productivos y reproductivos. En 2014, por cada 100 hombres que vivían en hogares pobres en la región, había 118 mujeres en la misma situación¹.

Cabe señalar que la reducción de la desigualdad de ingresos registrada en la década pasada no se vio acompañada por un reparto más equitativo en la apropiación del capital y el trabajo². La distribución funcional del ingreso muestra la participación de la masa salarial en el pib total, por lo cual este indicador permite capturar bien las desigualdades en la región, pero debe ser complementado con indicadores que visibilicen no solo la contradicción capital-trabajo remunerado, sino también la contradicción «capital-vida». La sobrecarga del trabajo no remunerado y de cuidados sobre las mujeres es consecuencia de relaciones de poder desiguales de género. Las encuestas de uso del tiempo y los indicadores como la pobreza de tiempo han intentado poner en evidencia este rasgo estructural de la desigualdad. La pobreza de tiempo considera los hogares pobres no solamente por su carencia de ingresos, sino también por la carencia de tiempo para llevar adelante el conjunto de las tareas del trabajo no remunerado y de cuidados, que realizan principalmente las mujeres. Se estima que si se tuviesen en cuenta conjuntamente la carencia de ingresos y la de tiempo (en lugar de únicamente la de ingresos), la pobreza se incrementaría de 6,2% a 11,1% de los hogares en Argentina, de 10,9% a 17,8% en Chile y de 41% a 50% en el caso de México³.

Brecha fiscal y sesgos de género

El impacto redistributivo del gasto social en la región es considerable, pero sigue siendo limitado y esto se debe en parte a las estructuras tributarias regresivas con sesgos de género que prevalecen en varios países de la región. Para tener una visión integral del impacto de las políticas fiscales en la reducción de la desigualdad, es preciso analizar no solo cómo se gasta, sino también cómo se recauda.

Más allá de la heterogeneidad latinoamericana y de las reformas tributarias implementadas en diferentes casos, la carga tributaria es insuficiente para los niveles de desarrollo de los países. Además, las estructuras tributarias de la región son regresivas y existen dificultades para controlar los altos niveles de evasión. En promedio regional, menos de un tercio de la recaudación corresponde a impuestos directos, mientras que el grueso de la carga recae en los impuestos sobre el consumo y otros impuestos indirectos⁴. La recaudación a partir de impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado (iva), es regresiva porque implica una carga desproporcionada sobre las personas en situación de pobreza y afecta especialmente a las mujeres, que están sobrerrepresentadas en los estratos de menores ingresos de la población. Como señala el informe de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (onu) sobre extrema pobreza y derechos humanos, las mujeres tienden a utilizar grandes porciones de sus ingresos en productos de primera necesidad debido a que las normas de género les asignan la responsabilidad del cuidado de las personas dependientes, por lo que cargan con el peso regresivo de los impuestos al consumo⁵.

Por otro lado, los altos niveles de evasión⁶, y especialmente la salida de flujos financieros ilícitos de la región⁷, limitan la posibilidad de cerrar la brecha de financiamiento para la igualdad de género y se implementar las políticas públicas necesarias para garantizar los derechos de las mujeres⁸. A su vez, de acuerdo con un estudio reciente⁹, cuando la capacidad de los Estados de controlar los flujos financieros ilícitos es limitada, las estructuras tributarias tienden a compensar la falta de recursos mediante mayores impuestos a pequeños y medianos contribuyentes y a las personas. Las mujeres resultan afectadas de manera desproporcionada, ya que están sobrerrepresentadas entre cuentapropistas, pequeñas y medianas empresas y trabajadoras informales.

Dada la desigualdad primaria de los países de la región, el carácter regresivo de los sistemas tributarios y el acceso segmentado a la protección social y empleo, no sorprende que la desigualdad de ingreso no se reduzca considerablemente después de la intervención del Estado a través de impuestos y transferencias. En América Latina, el coeficiente de Gini cae, en promedio, nueve puntos porcentuales después de los impuestos directos y las transferencias en efectivo y en especie. Esta cifra no es tan significativa si se compara con la reducción de los niveles de desigualdad en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde), que alcanza los 23 puntos porcentuales¹⁰.