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Ecuador: caso de pueblos indígenas en aislamiento fue elevado a Corte Interamericana de Derechos Humanos

  • El 30 de septiembre de 2020 la CIDH presentó a la Corte IDH el caso de violación de los derechos a la vida, el territorio y los derechos económicos de los pueblos no contactados Tagaeri y Taromenane. La Corte podría tomarse al menos dos años en sentenciar el caso. 
  • Los Pueblos Indígenas en Aislamiento han sufrido al menos tres matanzas en 17 años y expertos aseguran qie el Estado ecuatoriano no les ha garantizado el derecho a la vida.

Luego de cinco años de la audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar los riesgos que enfrentan los pueblos en aislamiento Tagaeri y Taromenane, el 30 se septiembre último, la Comisión elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).  Este tribunal internacional deberá atender una demanda que se centra en la violación sostenida de los derechos humanos de los pueblos que viven en el Yasuní, en la Amazonía del Ecuador, durante los últimos 17 años. Según la Comisión, los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento (PIA) no han sido garantizados por el Estado ecuatoriano a pesar de ser su responsabilidad internacional.

“Los pueblos indígenas en aislamiento son el patrimonio vivo del país”, dice Milagros Aguirre, autora de varios libros sobre los indígenas en aislamiento. Además, Aguirre recuerda que el Estado tiene “una obligación de protección a los más débiles” y de cumplir los pactos internacionales de protección como los de las Naciones Unidas.

El 19 de octubre de 2015, cuando se realizó la audiencia de este caso en la CIDH —encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente— los participantes discutieron sobre la responsabilidad del Ecuador por la violación de los derechos a la vida, al territorio y a los derechos económicos, sociales y culturales de los PIA. El caso fue llevado nueve años antes y denunciaba las matanzas a estos pueblos ocurridas en 2003 y 2006 .

Precisamente el 10 de mayo de 2006, la Comisión dictó medidas cautelares a favor de los pueblos. Para cumplirlas, el entonces gobierno del Ecuador estableció, un año después, acciones concretas para proteger a los PIA. David Cordero Heredia, abogado de la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (Conaie), explica que entre esas acciones estuvieron la delimitación y vigilancia en la zona intangible, un espacio protegido donde no se pueden realizar actividades extractivas. Para ello se destacó, además, a un grupo de guardaparques para resguardar el área. Como parte del plan, el gobierno monitoreó con fotografías satelitales la ubicación de los Tagaeri y los Taromenane.

Sin embargo, estas acciones tomadas por el Estado hace 14 años no continuaron y no han sido suficientes para proteger a estos grupos indígenas aislados.  El tribunal internacional podría emitir una sentencia dentro de aproximadamente dos años.

 Las matanzas que han vivido los PIA

La demanda contra el Estado ecuatoriano llegó a la Comisión porque los PIA han enfrentado tres matanzas, aunque los expertos coinciden en que son más. En el 2003, más de 20 Taromenane fueron asesinados por un grupo waorani, la nacionalidad idígena más cercana a los pueblos aislados. En una nota publicada en el 2003 por el diario El Universo, los waorani justificaron la matanza como una venganza por los ataques que vivían. En ese enfrentamiento, los wao llevaron hasta sus comunidades la cabeza de un Taromenane “como trofeo”, dice la nota.

Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la CIDH con Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) Fotografía tomada por Daniel Cima. Audiencia realizada en la CIDH en octubre de 2015, intervino Moi Enomenga.

En el 2006, cerca de 30 indígenas aislados fueron asesinados en un enfrentamiento con madereros, pero en ese momento la ministra de Ambiente Ana Albán dijo que “no se encontraron huellas del enfrentamiento”.  El gobierno se comprometió a controlar la extracción ilegal de madera en la zona donde viven los pueblos en aislamiento.

En 2013, los indígenas en aislamiento asesinaron a dos ancianos waorani, Ompure y Buganey. Ompure había alertado en una asamblea que los indígenas en aislamiento le pidieron ollas, machetes y hachas que él les entregó. Sin embargo, otro grupo de indígenas en aislamiento le pidió más cosas que no pudieron entregarse, por lo que los ancianos fueron asesinados. Luego de 20 días, como venganza, los waorani asesinaron a otros 30 indígenas en aislamiento y  secuestraron a dos niñas Taromenane. Siete meses después, un grupo de policías élites encapuchados sacaron del territorio waorani  a una de las niñas para llevarla a un hospital de la ciudad amazónica del Coca. Activistas y líderes waorani consideraron que fue un secuestro, pero para el gobierno fue un rescate.

El antropólogo Roberto Narváez, estudioso de los PIA y quien ha trabajado durante 20 años en territorio waorani, dice que en estas tres matanzas el Estado no realizó ninguna acción para frenar este tipo de hechos porque “hay prioridades y esas prioridades están marcadas por las industrias extractivas”. La Constitución ecuatoriana dice  que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. Dice que el Estado “adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos”. En concreto, el Estado está obligado a proteger a estos pueblos a través de medidas específicas que no ha cumplido y que, coinciden los expertos, podrían haber evitado matanzas como las de los 30 indígenas aislados para vengar el asesinato de Ompure y Buganey.

 Las promesas incumplidas del Estado

Los PIA están desprotegidos por el Estado, dice Milagros Aguirre. Una de las formas para protegerlos fue la delimitación de la Zona Intangible Tagaeri y Taromenane, pero no ha sido garantía para su protección. Roberto Narváez dice que no existe ninguna política pública o algún instrumento que asegure el aislamiento de los PIA.

En mayo de 2019, el gobierno de Ecuador decidió ampliar la zona intangible del parque nacional Yasuní: pasó de 758 051 hectáreas a un poco más de 818 500. Esto equivale a una ampliación de cerca de 60 000 hectáreas. En ese momento la ampliación de la zona intangible parecía una buena noticia, pero el Estado no tomó en cuenta las evidencias de movilidad de los pueblos indígenas en aislamiento.

Zona intangible. Fotografía cortesía de MAAP

La Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) fue declarada como tal a través del decreto 552 en 1999  como zona “de conservación vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva, las tierras de habitación y desarrollo de los grupos Huaorani conocidos como Tagaeri, Taromenane y otros eventuales que permanecen sin contacto”. Narváez dice que el Estado debe considerar que los pueblos en aislamiento se mueven dentro y fuera de la ZITT, porque circulan continuamente en el Yasuní, es su modo de vida. Para Roberto Narváez la delimitación de la zona intangible solo tiene el interés de no afectar la explotación petrolera.

Los Tagaeri y Taromenane son grupos de familias que tienen familiares waorani. Están en constante movimiento por sus actividades de caza y recolección de frutos y esta movilidad hace que surjan conflictos violentos con colonos y madereros que realizan actividades extractivas.

 De la Comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Cuando el caso llegó a la Comisión, comparecieron los peticionarios de las medidas y el Estado. Por un lado estuvieron  Fernando Ponce, Raúl Moscoso, Juan Guevara y Patricio Asinbaya, luego se unió la Conaie con sus abogados David Cordero y Mario Melo y el colectivo ambientalista Yasunidos. Como representación del Estado estuvieron funcionarios del entonces Ministerio de Justicia, de Ambiente y de la Procuraduría General del Estado. El Estado ecuatoriano dijo que la petición debía ser “declarada inadmisible”.

Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la CIDH con Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) Fotografía tomada por Daniel Cima. La entonces presidenta de la CIDH Rose Marie Belle Antoine escuchando a los testigos del caso.

En octubre de 2015, se realizó la audiencia de fondo de más de dos horas en la que la CIDH recibió testimonios sobre la violaciones a los derechos humanos en el caso analizado. Luego de la audiencia, la Comisión publicó un informe de fondo en el que concluyó que el territorio ancestral de los pueblos Tagaeri y Taromenane excede los límites de la Zona de Intangibilidad Tagaeri y Taromenane y que con la delimitación de la ZITT, el Estado no respeta el territorio ancestral de los pueblos Tagaeri y Taromenane.

La Comisión dijo que el Estado ecuatoriano ha afectado la vida de los pueblos indígenas en aislamiento al entregar concesiones petroleras y  permitir la explotación de recursos en los territorios intangibles a empresas. Otra de sus conclusiones es que el Ecuador se contradice en su propia Constitución sobre la protección a los PIA. Mientas que el artículo 57 numeral 21 de la Constitución garantiza la protección del territorio de los PIA y dice que violar ese derecho es un delito de etnocidio, el artículo 407 establece la posibilidad de realizar actividades extractivas y explotación forestal en territorios intangibles.

Fotografía de Valentina Tuchie para GK

Otra conclusión de la CIDH es que la zona intangible no es una garantía para proteger a los PIA. La CIDH dijo que se han detectado contacto de los pueblos indígenas en aislamiento con colonos y madereros. También dijo la Comisión que detectó presiones de empresas para que la protección del territorio PIA disminuya.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) debe enviar el expediente del caso en las próximas semanas tanto a los peticionarios como a la defensa del Estado Ecuatoriano como aviso de que recibió el caso, dice el abogado Cordero. Entre las funciones de la Corte está la “resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias”, tiene una función consultiva y puede dictar medidas provisionales. Cordero dice que el caso de los Tagaeri y Taromenane pasó a la Corte porque el Ecuador no cumplió las recomendaciones que hizo la Comisión al Estado hace cinco años.

zona intangible Yasuni. Fotografía de Valentina Tuchie para GK

El abogado Cordero dice que habrá que esperar entre uno a dos años para tener una sentencia, eso aproximadamente en referencia a casos anteriores. Milagros Aguirre dice que la sentencia de la Corte “es tremendamente lejana” porque recién más de una década de la primera matanza el caso ha llegado a la Corte. “Simbólica o moralmente podría haber una sanción al Estado, pero nadie va a devolver las vidas que se han perdido en la selva por estos hechos de omisión estatal”, dice Aguirre. Según ella, hasta que la Corte emita una sentencia, es probable que se dé otra matanza de pueblos indígenas en aislamiento —quizá ya hubo una, solo que no nos enteramos.

*Imagen principal: Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la CIDH. Los peticionarios del caso de violación de derechos de los PIA hacen preguntas a la testigo del caso la líder waorani Alicia Cahuiya. 

Fuente: https://es.mongabay.com/2020/11/ecuador-caso-de-pueblos-indigenas-en-aislamiento-fue-elevado-a-corte-interamericana-de-derechos-humanos/

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México: Piden incluir la sequía en catálogo para Declaratoria de Desastre Natural

  • Este fenómeno genera estragos en agricultura y ganadería; buscan que se brinden apoyos de manera eficaz a quienes lo sufren

Con el objetivo de atender el reclamo de los sectores de la agricultura y el agropecuario, el senador Gustavo Madero Muñoz, de la Fracción Parlamentaria del PAN, presentó una iniciativa para incluir a la sequía dentro de los fenómenos naturales considerados por la Secretaría de Gobernación para la Declaratoria de Desastre Natural.

 

Con este planteamiento, el legislador busca que los sectores de la población que sean afectados por las sequías puedan ser sujetos de apoyos extraordinarios de manera más ágil y eficaz.

 

La propuesta busca adicionar al concepto de fenómeno geológico de la Ley de Protección Civil, los maremotos, alud y olas extremas. También, plantea que se consideren como fenómenos hidrometeorológicos a las sequias, entendidas como la ausencia prolongada o deficiencia de precipitación pluvial. Por otra parte, propone establecer que en la Declaración de Desastre Natural se deben considerar ambos fenómenos sugeridos.

 

El promovente señaló que el agua es un recurso fundamental para el equilibrio de los ecosistemas, a través de procesos biológicos, físicos y químicos que se llevan a cabo mediante el ciclo del agua. De esta forma, apuntó, los espacios naturales se mantienen estables y saludables; además, es fundamental para el desarrollo de las diferentes actividades humanas como la generación de energía y la producción de alimentos que, sin duda, son necesarios para la satisfacción de nuestras necesidades de subsistencia.

 

Indicó que de conformidad con el Monitor de Sequía de México, publicado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y el Sistema Meteorológico Nacional, al 30 de septiembre de 2020, una gran proporción del territorio de Chihuahua y entidades aledañas como Durando, Nuevo León, Sinaloa y Sonora, tuvieron un gran nivel de sequía.

 

Asimismo, apuntó que de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CONAPRED), la sequía trae grandes consecuencias en el ámbito social y económico, pues conlleva a el hambre y la sed, que lleva a la muerte de flora y fauna, en algunos casos, hasta pérdida de la vida humana.

 

El legislador detalló que este fenómeno genera un punto negativo en la agricultura y ganadería, pues no solo se trata de la pérdida de las cosechas y el bajo nivel de producción pecuaria, sino, en ocasiones limita la siembra de productos de consumo humano y animal, así como la disminución industrial, llevando a la disminución del ingreso de las familias cuyo sustento son las actividades descritas.

 

Demandó no dejar de lado que, tan solo para Chihuahua, la actividad agropecuaria representa el 6 por ciento del Producto Interno Bruto estatal; “dimensionemos cuanto representan estas actividades al PIB de las demás entidades federativas que presentan esta problemática de sequía”.

 

Ante esta situación, Madero Muñoz propone realizar diferentes adecuaciones a diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil para que, dentro de otros temas como la adición de fenómenos geológicos y el establecimiento de los fenómenos naturales que deberán ser considerados por la Segob para la Declaratoria de Desastre Natural, se introduzca una definición del término “Sequía”.

 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley de Aguas Nacionales, fue turnada a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Fuente: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49642-piden-incluir-la-sequia-en-catalogo-para-declaratoria-de-desastre-natural.html

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ONU: Venezuela ocupa el sexto lugar en embarazo precoz en Latinoamérica

En un informe, la ONU advirtió que la maternidad temprana es una fábrica de pobres en la región.

El embarazo adolescente lastra la vida de miles de jóvenes y reproduce la pobreza en Latinoamérica, además de generar a los países gastos millonarios que podrían evitarse, advierte la ONU en un estudio presentado este miércoles 11 de noviembre.

«El embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana son fenómenos que impactan fuertemente en la trayectoria de vida de miles de mujeres en América Latina», señala el informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población (Unfpa).

Los efectos de esos embarazos precoces «son múltiples y se extienden tanto al nivel de la educación como del mercado laboral, de la salud e incluso de las economías nacionales», añade el documento.

«El embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina», dice a la AFP Federico Tobar, asesor regional del Unfpa.

El estudio titulado ‘Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en seis países de América Latina y el Caribe’, analiza la situación de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay.

Según el informe, las niñas y adolescentes que son madres suelen abandonar la escuela para criar a sus hijos, sobre todo en las familias de menos recursos, lo que se traduce en una mayor dificultad para seguir los estudios y encontrar empleo bien remunerado.

Casi la mitad de las madres de 10 a 19 años se dedican exclusivamente a tareas domésticas y tienen tres veces menos oportunidades (6,4% frente 18,6%) de obtener un título universitario que aquellas que postergaron la maternidad, al tiempo que ganan en promedio 24% menos, indica el estudio.

Asimismo, las mujeres que tienen hijos después de los 20 años ganan un promedio anual de 573 dólares más que aquellas que son madres antes de esa edad.

Estas circunstancias condicionan la independencia de las mujeres, lo que las hace más vulnerables a la violencia de sus parejas.

No usan condones

Según Unfpa, Latinoamérica presenta la segunda tasa de fecundidad (66,5 por cada 1.000) más alta del mundo entre mujeres de 15 a 19 años.

República Dominicana (100,6 por cada 1.000), Nicaragua (92,8), Guyana (90,1), Guatemala (84), Guyana francesa (82,6), Venezuela (80,9) y Panamá (78,5) presentan las tasas más altas.

De los seis países del informe, el índice mayor lo presenta Guatemala (84), seguido de Ecuador (77), México (66), Argentina (64), Paraguay (60) y Colombia (57).

Según los especialistas, el embarazo temprano en América Latina tiene varias aristas, aunque principalmente se debe a la ausencia de una educación sexual integral, al desconocimiento, la falta de acceso a métodos anticonceptivos y barreras culturales.

En muchos países está prohibido, incluso, que las instituciones públicas entreguen esos métodos anticonceptivos, denuncia Unfpa.

«La mayoría de adolescentes tienen su inicio sexual sin usar anticonceptivos», lamenta Tobar.

Gastos millonarios

El estudio también detalla los costos que implican para los países latinoamericanos el tratamiento de los embarazos en adolescentes.

Unfpa advierte sobre la pérdida de ingresos que supone para los estados, ya que el embarazo en la adolescencia compromete la participación de estas mujeres en el mercado laboral y su aporte al sistema tributario.

Los seis países del informe «tienen un costo vinculado al embarazo adolescente y la maternidad temprana de alrededor de 1.242 millones de dólares, lo que equivale a 0,35% del PIB de estos países», afirma Tobar.

El informe detalla que en 2018 los seis países estudiados dejaron de recaudar 746 millones de dólares en impuestos, unos 110 dólares por mujer, ya que las madres adolescentes pagan menos tributos y tienen menor consumo debido a sus condiciones sociales y laborales.

«Si consiguiéramos prevenir el embarazo adolescente todos ganan, gana el Estado, el sistema de salud, la recaudación, pero fundamentalmente ganarían las mujeres y sus hijos porque estamos asumiendo que la gran mayoría de esos chicos van a vivir bajo la línea de pobreza», declara Tobar.

Fuente: https://www.panorama.com.ve/ciudad/Venezuela-ocupa-el-sexto-lugar-en-embarazo-precoz-en-Latinoamerica-20201111-0045.html

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OIY Y CEPAL: Colombia, entre los que más asalariados pierde en la región

Colombia está entre las naciones de Latinoamérica con mayor variación negativa en el número de ocupados en sus asalariados, un indicador que muestra cómo el impacto laboral ha sido en varios sentidos más fuerte en el territorio nacional que en la región.

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Cepal, Colombia registra una caída de 24,2% de la ocupación entre los asalariados privados y de 3,6% entre los públicos, lo que genera un descenso total de 22,6%, solo superado por Perú, donde el dato supera el 40%, aunque no se conoce el desagregado.

Con una baja de 44,7%, el país también se encuentra entre los líderes en caída en cuanto a los asalariados en los hogares, mientras que registra un descenso de 30,2% en empleadores, 17,9% en los trabajadores por cuenta propia y una variación negativa de 29,1% en los no remunerados.

“En Colombia el desempleo ya venía con aumentos desde 2018 por temas estructurales como los problemas en la tecnificación, y coyunturales como la migración y el incremento de los salarios reales. Hay números que preocupan, hay 2 millones menos de trabajadores asalariados y 600.000 menos por cuenta propia, mientras que la informalidad es superior al 50%. Es una situación muy seria”, aseguró Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Cepal.

Pero lo cierto es que la situación es grave en toda Latinoamérica, pues como afirmó Vinícius Pinheiro, director de la OIT para la región, esta será la más golpeada del mundo. “En temas laborales estamos en cuidados intensivos, y eso tiene que ver con las condiciones preexistentes, como el hecho de que solo seis países tengan seguro de desempleo. De hecho, esta era una crisis sanitaria, que se hizo socioeconómica y puede convertirse en política; tenemos que desactivar esa bomba de tiempo”.

Según el informe, en la región se han destruido cerca de 47 millones de empleos, al tiempo que se han reducido los ingresos laborales en 19,3% hasta el mes de septiembre. La caída en el trabajo formal es del 14%, y en el informal del 25%.

La principal conclusión del informe es que la recuperación tanto económica como del empleo será más lenta de lo esperado. Según las estimaciones, si la región crece al 3%, se volvería a los niveles prepandemia en 2023; si el alza es de 1,8% (como la última década), se demoraría hasta 2025, y si el avance es de 0,4% (el de los últimos seis años), ese regreso tardaría más de 10 años.

No obstante, las dos instituciones dejan claro que ya se empiezan a ver algunas mejoras, pues se estima que 49 millones de personas salieron de sus empleos en la región al segundo trimestre, y que hoy en día 15 millones han vuelto.

Eso sí, Bárcena deja claro que en 2021 habrá más desempleo que en 2020.

Fuente: https://www.portafolio.co/economia/recuperacion-economica-colombia-entre-los-que-mas-asalariados-pierde-en-la-region-546522

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La radio, aliada contra la pandemia en África

Algunas emisoras ayudan a mantener escolarizados a los más jóvenes en el continente africano. Se trata de proyectos alentadores en un contexto de creciente desigualdad social por culpa de la covid-19.

Mélani ha pasado de vender verduras en el mercado local de Bambari, República Centroafricana, a convertirse en la maestra de un colegio tras formarse como profesora a sus 45 años con el Servicio Jesuita al Refugiado. Orgullosa, ha pasado en seis años de garantizar alimentos frescos a sus vecinos a asentar las bases de un futuro alternativo para los jóvenes de su comunidad. En total, 51 alumnos acudían a su clase cada mañana antes de que llegara la pandemia y con ella se cerrara la escuela. Lejos de perder el contacto con ellos, lo ha incrementado. Ahora siguen sus clases más de 7.738 escolares al sumarse los niños de las aldeas cercanas gracias a la capacidad de difusión de la radio.

 

De 16.30 a 17.00 horas, de lunes a viernes, afina su voz para impartir sus clases a través de la radio comunitaria Radio Lego ti la Ouaka con su programa La escuela en la radio. Otros ocho profesores se alternan con ella para llegar también a los alumnos de secundaria con canciones, lecturas y juegos complementarios. En total, llegan a más de 13.000 de diferentes edades.

República Centroafricana, el cole en las ondas

“Su éxito nos ha sorprendido a todos”, asegura Irene Galera, responsable de comunicación del Servicio Jesuita al Refugiado de África del Oeste y Grandes Lagos, durante una entrevista por Skype. De ser un proyecto experimental para reforzar aquellos casos que no pueden acudir a la escuela, a convertirse en el principal medio de familias para mantener la escolarización de los más pequeños. “Ya estamos diseñando junto con Mélani los nuevos programas para continuar con el programa hasta diciembre abran o no los centros educativos de nuevo estas semanas”, adelantan.

Junto los profesores como Mélani, la ONG Alboan, junto al Servicio Jesuita al Refugiado en África, ha involucrado también a familias de las diferentes aldeas para que compartan sus radios con los vecinos que no tengan. Christian Marago es uno de ellos. A 37 kilómetros del colegio más cercano, coloca todas las tardes junto a la puerta de su casa un viejo aparato de radio del que estira al máximo la antena y rodea de sillas, taburetes y troncos para acoger al máximo número de jóvenes, junto a sus dos hijos. “No solo aprendemos cómo evitar los contagios de coronavirus, sino también cómo garantizar que nuestros hijos no tengan que abandonar el colegio”, explica Marago.

Tanto en Basari, República Centroafricana, como en el resto de localidades en las que está presente Alboan, la escuela no solo garantiza el acceso a la educación sino también aporta un lugar seguro en contextos de desplazamiento y violencia. “Aquí aprenden a leer y a escribir, a la vez que cuidan sus heridas provocadas por los desplazamientos forzados y la violencia. No podíamos centrar toda nuestra actividad ahora en repartir kits higiénicos, nos pedían que siguiéramos con la actividad educativa”, enfatiza Galera.

Unos niños escuchan un programa educativo en Radio Lego ti la Ouaka, en Bambari, República Centroafricana.
Unos niños escuchan un programa educativo en Radio Lego ti la Ouaka, en Bambari, República Centroafricana.SERVICIO JESUITA AL REFUGIADO

Alboan cifra las consecuencias de la pandemia en 500 millones de personas en riesgo de regresar de nuevo a la pobreza extrema. “La pandemia ha puesto de manifiesto las desigualdades del sistema actual tanto en lo económico como en lo social”, asegura la directora de la organización vasca, María del Mar Magallón. Por eso, aprovechan la rueda de prensa de presentación balance anual de los 250 proyectos desarrollados durante el último año por el mundo para reclamar soluciones más globales en la lucha contra la pandemia también desde Euskadi, España y Europa.

Y para no caer en el pesimismo, Alboan destaca la capacidad de las personas a las que acompaña en África subsahariana, donde la radio se ha convertido en la gran aliada para afrontar las consecuencias de los confinamientos, falta de medidas higiénicas básicas e infraestructuras.

Tanto en República Centroafricana, como en Camerún, Tanzania y Chad, la creatividad de la población y las organizaciones locales ha conseguido mantener vivos sus proyectos a pesar de no contar con electricidad, ni agua potable, ni equipos médicos en sus ciudades.

La República Centroafricana ocupa el segundo puesto por la cola en el Índice de Desarrollo Humano. En una de las zonas más rural del país, Bambari, viven cerca de 40.000 personas. Son en su mayoría desplazados internos por las guerras que golpean al país desde 2013. “Aquí una simple radio encendida ha bastado para que miles de jóvenes no hayan abandonado la escuela”, remarcan.

Mensajes contra bulos en Camerún

En Camerún, en la frontera con la República Centroafricana, han conseguido también con este medio de comunicación transmitir medidas de higiene básicas y mantener la cohesión social ante las tensiones entre desplazados y población local. En total más de 25.000 personas siguen los contenidos de la radio comunitaria Garoua-Boulai y el canal nacional CRTV. “Es tal el número de bulos que hay contra los desplazados que eran una necesidad urgente desmentirlos y explicar bien en qué consistía la pandemia para evitar linchamientos o ataques racistas”, explica Galera.

Allí donde no había emisoras de radio, han acudido con altavoces para emitir los programas ya grabados

Allí donde no había emisoras de radio, han acudido con altavoces para emitir los programas ya grabados y garantizar la máxima la paz en los peores momentos de confinamiento.

Otro lugar con tensiones está en la frontera de Tanzania con Burundi. En especial, en los tres campos de refugiados de Nduta, Mtendeli y Nyarugus, donde más de 80.000 personas hacen frente a las restricciones de movimiento con la Radio Kiwesa de fondo. “Para muchas mujeres la escuela es también la manera de alcanzar un lugar seguro de agresiones. No solo hemos emitido programas educativos, también hemos diseñado contenidos para dar apoyo psicosocial dirigidos de forma directa a mujeres víctimas o en riesgo de sufrir agresiones sexuales”, detallan.

En Chad, un 20% ha abandonado los estudios

En Chad, en los 12 campos de refugiados frontera con Sudán, Alboan no contaba con radios, pero sí con una red de líderes con posibilidad de reunir en grupos de WhatsApp a los más jóvenes que acudían a su escuela. Así con orgullo, documentan haber llegado a 164.111 personas con mensajes de móvil tanto para continuar las clases de francés como para recordar que ya podían ir a recoger apuntes para sus hijos o cerrar la hora de clases particulares para aquellos que tuvieran exámenes pendientes.

Eso sí, con pena indican también que más de un 20% ha abandonado los estudios al no presentarse a las pruebas finales. “Tenemos documentados muchos casos de niñas dadas en matrimonio durante estos meses, así como de familias que han abandonado los campos de refugiados en busca de lugares donde poder trabajar y comprar alimentos”, lamentan.

Un grupo de mujeres escucha la radio en Camerún.
Un grupo de mujeres escucha la radio en Camerún.SERVICIO JESUITA AL REFUGIADO

Alboan aprovecha la actitud de estas personas en contextos tan vulnerables para exigir también medidas creativas para paliar las desigualdades como “la condonación de la deuda externa de los países más empobrecidos por parte del Banco Mundial” y el cumplimiento de la histórica reclamación de “destinar el 0,7% de los presupuestos de cada Gobierno municipal, autonómico, central o europeo a cooperación internacional y ayuda humanitaria”.

Mientras tanto, Mélani vuelve a afinar su voz para un nuevo programa de radio en la zona más rural de República Centroafricana. Sabe que más de 13.000 niños y niñas le esperan con ganas. A 37 kilómetros del estudio de la emisora, Christian mira el reloj para sintonizarla y garantizar así que sus hijos y vecinos continúen con sus estudios al margen de las nuevas limitaciones impuestas por la lucha contra la covid-19, la falta de recursos y las limitaciones de movimiento por el contexto de violencia.

Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-09/la-radio-aliada-contra-la-pandemia-en-africa.html

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El BID destina un millón de dólares a la educación en Honduras y El Salvador

El monto procede del fondo japonés. La institución aclara que se trata de una transacción «no reembolsable». El apoyo se prolongará por dos años.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el miércoles una partida de un millón de dólares para apoyar el sistema educativo en Honduras y El Salvador para ayudar a paliar los efectos de la pandemia de coronavirus.

El monto del fondo japonés y –según declaración del BID– “permitirá reducir el impacto del COVID-19 en el aprendizaje para jóvenes vulnerables de ambos países.

El BID informa que se trata de una cooperación técnica “no reembolsable” que busca apoyar “la reinscripción escolar y la recuperación de resultados de aprendizaje”.

Según estimados de la institución, teniendo en cuenta crisis económicas anteriores, “cerca de un millón de jóvenes no regresarán a la escuela en Mesoamérica”, lo que representa al menos un 19,4% de aumento en el ausentismo estudiantil.

Las dos naciones beneficiadas recibirán apoyo por dos años, con objetivos centrados en asegurar entornos seguros para el aprendizaje y reducir el impacto de la pandemia en materia de escolaridad.

Además “apoyará a las autoridades educativas a desarrollar una estrategia y plan de incentivos monetarios y no monetarios para motivar a los niños, niñas y jóvenes a que regresen a las aulas y promover su permanencia en el sistema educativo”, concluye la comunicación.

Fuente: https://www.voanoticias.com/centroamerica/eeuu-bid-donacion-educacion-honduras-el-salvador

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Un “gran confinamiento” devastador en el Tercer Mundo

Por: Por Gilbert Achcar

Con la pandemia de la covid-19, el planeta está sufriendo la peor crisis económica desde el periodo de entreguerras. Desempleo, inseguridad alimentaria, abandono escolar… los efectos del «gran encierro» se hacen sentir en todas partes, pero es en los países pobres donde sus repercusiones afectan con más dureza. Con una estructura laboral en la que predomina el sector informal, muchos trabajadores carecen de protección social alguna.

Así como las consecuencias del cambio climático se sienten en todas las latitudes, la pandemia de covid-19 no perdona a nadie, rico o pobre, jefe de Estado o refugiado. Sabemos, dicho esto, que esas crisis planetarias no afectan por igual a todos los humanos. Además de suponer diferentes vulnerabilidades según la edad y diversos factores de riesgo, la pandemia, al igual que el calentamiento climático, tiene una incidencia muy diversa a escala mundial, así como dentro de cada país, en función de las tradicionales líneas divisorias entre ricos y pobres, blancos y no blancos, etc. La infección de Donald Trump confirmó, desde luego, que el virus no tenía consideración con el rango político, pero el excepcional tratamiento que recibió el presidente de Estados Unidos, con un coste estimado que supera los 100.000 dólares por tres días de hospitalización (1), demuestra que, si bien todos los seres humanos son iguales ante la enfermedad y la muerte, algunos, como escribió George Orwell en Rebelión en la granja, son “más iguales que otros”.

Como es costumbre, el Tercer Mundo es el que más sufre los embates de la actual crisis económica, denominada “Gran Confinamiento” por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe semestral de abril de 2020 (2), una crisis que ya es la más seria desde la Gran Depresión del periodo de entreguerras. El Tercer Mundo es el tercer estado mundial del que solo unos pocos países de Asia oriental han logrado salir desde que el economista Alfred Sauvy acuñó el término en 1952. Lo definiremos aquí como el conjunto de países de ingresos bajos, añadiéndoles los países de ingresos intermedios (franja inferior y superior), según la clasificación del Banco Mundial, exceptuando a China y a Rusia, que, aunque son países de ingresos medios superiores, sí son potencias mundiales.

A escala internacional, el Gran Confinamiento ha acarreado una fuerte agravación del desempleo. Ahora bien, el impacto social de este desempleo es mucho mayor en los países del Tercer Mundo que en los países ricos, que a menudo han implementado costosas medidas con el fin de mitigar sus consecuencias. A lo largo de los tres primeros trimestres de 2020, se ha destruido en todo el mundo el equivalente prorrateado a 332 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, es decir una merma del 11,7% en comparación con el último trimestre de 2019. De ellos, 143 millones se perdieron en los países de ingresos medios inferiores (-14%), 128 millones en los países de ingresos medios superiores (-11%) y 43 millones (-9,4%) en los países ricos, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (3). Y si bien los países de ingresos bajos perdieron “solo” el equivalente a 19 millones de puestos de trabajo (-9%) durante el mismo periodo, esta cifra no da un reflejo adecuado del impacto socioeconómico de la crisis que han sufrido. Y es que, en estos países, al igual que en los países de ingresos medios inferiores, la gran mayoría de empleos y actividades por cuenta propia se sitúan en el sector informal, que absorbe el 60% de la mano de obra mundial y, por definición, carece de cualquier tipo de protección social.

En un informe reciente, el Banco Mundial estima que la pobreza extrema –definida como el hecho de tener que sobrevivir con menos de 1,90 dólares al día– aumentó en 2020, como resultado de la pandemia, por primera vez desde 1998, tras la crisis financiera asiática de 1997 (4). En términos absolutos, Asia meridional es la región más afectada: entre 49 y 56,5 millones de personas más de lo previsto antes de la pandemia deberían de caer por debajo del umbral este año, o no superarlo. En el caso del África subsahariana, serán entre 26 y 40 millones, confirmándose así el estatus del subcontinente como región con la tasa de pobreza extrema más alta del mundo. La variación será de entre 17,6 y 20,7 millones de personas para los países en desarrollo de Asia oriental (5); podría alcanzar los 4,8 millones en América Latina y los 3,4 millones en el área que forman Oriente Próximo y Norte de África. En suma, según el Banco Mundial, entre 88 y 115 millones de personas caerán o permanecerán en 2020 bajo el umbral de 1,90 dólares como resultado de la pandemia. El incremento neto del número de personas muy pobres en comparación con 2019 será de entre 60 y 86 millones.

Desde 2013, la aceleración del cambio climático, del que las poblaciones más pobres son las primeras víctimas, y nuevos conflictos armados, como los de Siria, Yemen y Sudán del Sur, provocaron que se frenara la disminución de la pobreza. El Gran Confinamiento ha hecho definitivamente inalcanzable el “objetivo de desarrollo sostenible” sobre la extrema pobreza que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fijó para 2030, con miras a reducir la tasa mundial de extrema pobreza al 3%. La tasa seguía siendo del 10% en 2015, lo que corresponde a 736 millones de personas. Mientras que el Banco Mundial la sitúa en alrededor del 7% en 2030.

La pandemia ha agravado las hambrunas

En julio, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) hizo sonar la alarma. Mark Lowcock, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, resumió así la situación en el prólogo del informe: “Estimaciones recientes sugieren que hasta 6.000 niños podrían morir cada día por causas evitables, como consecuencia de los efectos directos o indirectos de la covid-19. La derivación de recursos sanitarios podría provocar una duplicación del número de muertes por sida, tuberculosis y malaria. El cierre de escuelas erosionará la productividad, reducirá los ingresos a lo largo de toda la vida y acrecentará las desigualdades. La desaceleración económica, el aumento del desempleo y una menor asistencia a la escuela aumentan la probabilidad de guerra civil, con consiguientes hambrunas y desplazamientos de poblaciones” (6).

Aun sin nuevas guerras, ha habido una gran extensión de la hambruna. Según el informe de la OCHA, la pandemia la ha agravado en zonas ya castigadas y ha creado nuevos núcleos donde no existía. A falta de una asistencia masiva y rápida por parte de los países ricos, el número de personas en situación de inseguridad alimentaria extrema se incrementará hasta los 270 millones a finales de año, frente a los 149 millones de antes de la pandemia. En septiembre, no obstante, solo se habían desembolsado 2.500 de los 10.300 millones de dólares solicitados por la OCHA, según el informe anual del secretario general de la ONU (7). Y esa diferencia no la va a tapar el millón de dólares del Premio Nobel de la Paz otorgado al Programa Mundial de Alimentos. ¿Será porque la hambruna no se contagia ni cruza las fronteras con los migrantes, a diferencia del virus? El pasado 13 de octubre, el Banco Mundial asignó 12.000 millones de dólares a los países en desarrollo para un programa de vacunación y pruebas de detección de covid-19.

El programa “Todas las mujeres, todos los niños”, puesto en marcha por la ONU en 2010 y gestionado conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), advierte por su parte en su último informe que el cierre de escuelas por la pandemia hace que muchos niños y adolescentes probablemente nunca vuelvan a ellas en los países del Tercer Mundo (8). Se encontrarán consiguientemente expuestos a mayores niveles de violencia doméstica y a un riesgo alto de embarazo precoz. En el mismo informe se estima que el Gran Confinamiento podría reducir en un tercio los progresos conseguidos en la eliminación de la violencia de género de aquí a 2030, y causar 13 millones de matrimonios infantiles adicionales en la próxima década.

“No es inevitable. Se puede prevenir con dinero y con voluntarismo por parte de las naciones más ricas –asevera Lowcock–. Estimamos que el coste de proteger al 10% más pobre de los peores efectos de la pandemia y de la recesión supone 90.000 millones de dólares, es decir, menos del 1% del plan de estímulos que los países ricos han puesto en marcha para proteger sus economías”. De hecho, según el FMI, el monto total de los paquetes de estímulos anunciados en el mundo entero alcanzaba los 11,7 billones de dólares en septiembre, es decir, el 12% del producto interior bruto (PIB) mundial, la mayoría de ellos en países de altos ingresos (9). El nivel global de deuda pública real en estos países ha superado ya el 120% del PIB, un nivel que solo se había alcanzado una vez en la historia del capitalismo: al final de la Segunda Guerra Mundial. Y frente a eso, según la OIT, con 937.000 millones de dólares se compensaría la pérdida de puestos de trabajo en los países de ingresos medianos inferiores, y 45.000 millones de dólares bastarían para los países de ingresos bajos, lo que supone un total de 982.000 millones de dólares para un grupo de Estados que constituyen la gran mayoría de la población mundial.

Modesta en comparación con las medidas adoptadas por los Estados más ricos, la ayuda que requieren los países pobres también es urgente. Tres investigadores del FMI han advertido de los efectos a largo plazo de la crisis en los países de bajos ingresos. Usan el término scarring (literalmente: “dejar cicatrices”) para designar una pérdida permanente de capacidad productiva. “El scarring ha sido el legado de pandemias anteriores: mortalidad [más alta]; deterioro en salud y educación que reduce los ingresos futuros; extinción del ahorro y de los haberes que conduce imparablemente al cierre de empresas –especialmente las pequeñas empresas sin acceso a crédito– y provoca trastornos irreversibles en la producción; y un sobreendeudamiento que pesa en los préstamos del sector privado. De esta manera, tras la pandemia por el virus del ébola en 2013, la economía de Sierra Leona nunca volvió a la senda de crecimiento anterior a la crisis” (10).

El temor a morirse de hambre

La India, el país más poblado del Tercer Mundo, es también uno de los más afectados por el Gran Confinamiento. Su PIB ha caído en casi una cuarta parte (23,9%) en el segundo trimestre de 2020, lo que ha supuesto un duro golpe para su “ambición de convertirse en potencia mundial, salir de la pobreza y modernizar sus fuerzas armadas”, explica Jeffrey Gettleman, jefe de la corresponsalía de The New York Times en Nueva Delhi. Mucho ha tenido que ver en ello la errática gestión del primer ministro de extrema derecha, Narendra Modi, evidenciándose así los riesgos que entraña el reproducir tal cual unas medidas adoptadas en países con características sociales y demográficas muy diferentes.

Cuenta Gettleman: “El 24 de marzo, a las 8 de la tarde, tras dar a todos los habitantes la orden de permanecer confinados, Modi cerró la economía –oficinas, fábricas, carreteras, trenes, fronteras interestatales [de la Unión India], casi todo– con cuatro horas de preaviso. Decenas de millones de indios perdieron su trabajo inmediatamente después. Muchos trabajaban en fábricas, obras de construcción o como empleados domésticos en la ciudad, pero eran migrantes de la India rural. Con el temor a morirse de hambre en las chabolas, millones de ellos abandonaron los centros urbanos a pie, en bicicleta o haciendo autoestop, en un intento desesperado por volver a sus pueblos; una migración épica de la ciudad al campo, al revés de lo que suele suceder, que la India nunca había conocido, y que propagó el coronavirus hasta el lugar más recóndito de este país de 1.300 millones de habitantes” (11).

Tampoco la clase media india quedó a salvo, con 6,6 millones de oficinistas abocados al paro y un aumento de la tasa de suicidios entre ejecutivos y profesiones liberales (12). El Gobierno de Modi respondió a esta colosal crisis con un plan de recuperación de… 10.000 millones de dólares, anunciado el 12 de octubre (como punto de comparación, el plan de 2 billones de dólares adoptado en marzo en Estados Unidos, cuya población es cuatro veces menor).

El pasado 6 de octubre, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, celebró que las medidas excepcionales hayan permitido a la economía mundial resistir el impacto del confinamiento mejor de lo previsto. Consideró que si hasta la fecha se ha podido evitar lo peor “es en gran parte gracias a las medidas extraordinarias que han permitido mitigar la caída de la economía mundial. Los Gobiernos han destinado aproximadamente 12 billones de dólares en respaldo fiscal a hogares y empresas. Asimismo, se han aplicado medidas de política monetaria inauditas para mantener los flujos de crédito y evitar que millones de empresas tuviesen que cerrar” (13). Con todo, la directora gerente del FMI añadió a continuación: “No obstante, algunas intervenciones tuvieron mejores resultados que otras. En las economías avanzadas se trata de hacer todo lo necesario. Los países más pobres se esfuerzan por hacer todo lo posible”.

Su diagnóstico para los países del Tercer Mundo es el siguiente: “Los mercados emergentes, los países con ingresos bajos y los Estados frágiles siguen enfrentándose a una situación precaria. Sus sistemas de salud tienen más carencias, y están muy expuestos a los sectores más afectados, como son el turismo y las exportaciones de materias primas. Además, dependen enormemente de la financiación externa. La abundante liquidez y las bajas tasas de interés ayudaron a muchos mercados emergentes a recuperar el acceso al crédito, pero desde marzo ni un solo país del África subsahariana ha emitido deuda externa”.

En efecto, y una vez más, el continente africano es el peor librado. Según el Banco Africano de Desarrollo (BAFD), la contracción de crecimiento prevista en 2020 podría suponer para África unas pérdidas de entre 145.000 y 190.000 millones de dólares, con relación a los 2,59 billones de dólares de PIB previstos antes de la pandemia (14). El BAFD calcula que el año 2021 podría cerrarse con una pérdida de ingresos de entre 28.000 y 47.000 millones de dólares en comparación con las estimaciones anteriores. Son especialmente vulnerables los Estados “muy endeudados y cuya economía depende en gran parte de aportes financieros internacionales hoy por hoy volátiles”.

Dichos Estados sufren de hecho una atrofia considerable. Además de los efectos mundiales del Gran Confinamiento en las propias economías, el Tercer mundo en su conjunto sufre de lleno los efectos derivados de la crisis que afecta a los países ricos. Cabe señalar la súbita caída de los flujos monetarios e inversiones hacia los países en desarrollo, y especialmente las remesas de los trabajadores migrantes. Uno de los efectos de la globalización, considerando el doble movimiento de personas y dinero, es que estos envíos –conocidos como “remesas migratorias”– han ido creciendo de forma sostenida desde el cambio de siglo. Con una cifra récord de 554.000 millones de dólares en 2019, superaron por primera vez la inversión extranjera directa (IED), que ha ido decayendo en los países en desarrollo a lo largo de la década, tras culminar en más de 700.000 millones de dólares (15). Valga decir que, desde el cambio de siglo, las remesas migratorias han superado sistemáticamente tanto los flujos privados de inversiones de cartera en préstamos y acciones hacia los países del Tercer Mundo como la ayuda pública al desarrollo, con mucha diferencia en este caso, por más que alcanzó un máximo histórico de 152.800 millones de dólares en 2019 (16).

La contribución de los trabajadores expatriados ronda o supera el 10% del PIB en muchos países africanos, como Senegal, Zimbabue y Sudán del Sur (por encima del 34% en este último). También en las antiguas repúblicas soviéticas del Cáucaso y Asia central, que carecen de riquezas en hidrocarburos (casi el 30% en Kirguizistán y Tayikistán), así como en Jordania, Yemen, el Líbano y los territorios palestinos de Oriente Próximo. En Asia meridional alcanza el 27% en Nepal y cerca del 8% en Pakistán y Sri Lanka. Añádanse Filipinas, en Asia oriental, y varios Estados de Centroamérica, entre ellos, El Salvador y Honduras (más del 20%) y Haití (37%) (17).

La realidad de la deuda y las «buenas intenciones»

Ocurre que, según el Banco Mundial, las remesas a los países en desarrollo van a caer un 20% en 2020, es decir, en más de 110.000 millones de dólares debido a que los migrantes son los más afectados por los despidos y los recortes salariales. Además, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) calcula que en 2020 la IED hacia los países africanos habrá caído entre un 25 y un 40%, tras sufrir ya un descenso de un 10% en 2019 (18). En el caso de los países en desarrollo de Asia, especialmente sensibles a la alteración de las cadenas mundiales de suministro, se prevé que la caída de la IED alcance entre el 30 y el 45%, y hasta el 50% para América Latina.

A todo eso se añade el creciente problema de la deuda, cuyos pagos por parte de los países en desarrollo han alcanzado el nivel más alto desde el cambio de siglo (19). En promedio, deberían de representar en 2020 el 14,3% de los ingresos de los Estados concernidos, frente al 6,7% en 2010. Pero muchos se enfrentan a situaciones dramáticas, como Gabón, cuyos reembolsos absorben el 59,5% del total de ingresos públicos, Ghana (50,2%), Angola (46%) o Pakistán (35%). Actualmente, 52 países dedican más del 15% de sus ingresos a este reembolso, frente a 31 en 2018, 27 en 2017, 22 en 2015…

Ante esta situación de emergencia, los responsables financieros internacionales multiplican las declaraciones de buenas intenciones, y proclaman la necesidad de aliviar la deuda de los países del tercer mundo por mor de la pandemia. Entre ellos están el presidente del Banco Mundial, David Malpass, o su economista jefe, Carmen Reinhart, quien aboga por condonar deudas para que los países en desarrollo puedan contraer otras (20). Pero la realidad es menos alentadora, como lo explica el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM, por su nombre anterior: Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo): “A raíz de la pandemia, los países del G20 concedieron una moratoria sobre los reembolsos de la parte bilateral de la deuda para el periodo entre mayo y diciembre de 2020. […] Si bien 73 países resultaron elegibles, en realidad solo 42 consiguieron un acuerdo con el Club de París” (21). ¿Por qué tan pocos? Una explicación podría ser el “chantaje de los acreedores privados y de las agencias de calificación”. Dichos acreedores “indicaron que los países que solicitaban moratorias se arriesgaban a que las agencias rebajaran su nota, cerrándoseles así el acceso a los mercados financieros”. En resumidas cuentas, “estos países van a encontrarse en la tesitura de tener que reembolsar una cantidad mayor con menos recursos” (22).

Los países del Tercer mundo, acorralados por la crisis, piden un alivio de la deuda más consecuente (23). Se está gestando la revuelta. En un artículo publicado en el Financial Times, el ministro de Finanzas de Ghana, Ken Ofori-Atta, hizo un llamamiento a los Estados africanos para que “se adelantaran y crearan una dirección coordinadora de los distintos grupos de interés y centros de poder, con el fin de proponer una reestructuración de la arquitectura financiera mundial” que se adaptase “a las necesidades de África y demás países en desarrollo, en esta circunstancia en que tenemos que gestionar la recuperación pos-covid-19” (24). También hay quienes, a imagen del filipino Walden Bello, profesor universitario de izquierdas, abogan por que los países del Tercer mundo se salgan colectivamente de las dos instituciones fundamentales de la arquitectura financiera mundial, el FMI y el Banco Mundial (25).

A fin de cuentas, el Gran Confinamiento no ha hecho sino reafirmar la posición subordinada del Tercer mundo dentro del sistema político y económico del mercado mundial. Asimismo, habrá frustrado aún más las esperanzas de poder salirse de él sin romper con la lógica neoliberal, cuya incompatibilidad con las necesidades de una humanidad enfrentada a una catástrofe resulta más patente cada día.

Gilbert Achcar, profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres. Autor, entre otras obras, de Symptômes morbides. La rechute du soulèvement arabe, Actes Sud, París, 2017 y, junto a Noam Chomsky, de Estados peligrosos: Oriente Medio y la política exterior estadounidense, Paidós, Barcelona, 2007.

Notas

(1) Sarah Kliff, “How much would Trump’s coronavirus treatment cost most Americans?”, The New York Times, 7 de octubre de 2020.

(2) “The Great Lockdown”, World Economic Outlook, FMI, Washington, DC, abril de 2020.

(3) “ILO Monitor: Covid-19 and the world of work. Sixth edition”, OIT, Ginebra, 23 de septiembre de 2020.

(4) “Reversals of fortune – Poverty and shared prosperity 2020”, Banco Mundial, Washington, DC, 2020.

(5) “From containment to recovery: Economic update for East Asia and the Pacific”, Banco Mundial, octubre de 2020.

(6) “Global Humanitarian Response Plan: Covid-19 (April-December 2020)”, OCAH, Ginebra, julio de 2020.

(7) “Informe del secretario general sobre el trabajo de la Organización / 2020”, ONU, Nueva York, 2020.

(8) “Protect the progress: rise, refocus, recover”, OMS y UNICEF, Ginebra, 2020.

(9) “Fiscal Monitor: Policies for the recovery”, FMI, octubre de 2020.

(10) Daniel Gurara, Stefania Fabrizio y Johannes Wiegand, “Covid-19: Without help, low-income developing countries risk a lost decade”, IMFBlog, 27 de agosto de 2020.

(11) Jeffrey Gettleman, “Coronavirus crisis shatters India’s big dreams”, The New York Times, 5 de septiembre de 2020.

(12) Stephanie Findlay, “Suicides rise after virus puts squeeze on India’s middle class”, Financial Times, Londres, 6 de octubre de 2020.

(13) Kristalina Georgieva, “Un largo camino cuesta arriba: cómo superar la crisis y construir una economía más resiliente”, FMI, 6 de octubre de 2020.

(14) “Perspectives économiques en Afrique 2020” (PDF), BAFD, Abiyán, 30 de enero de 2020.

(15) “Covid-19 crisis through a migration lens”, Migration and Development Brief, n.° 32, Banco Mundial y Asociación Mundial de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (Knomad, por sus siglas en inglés), Washington, DC, abril de 2020.

(16) “ODA 2019 preliminary data” (PDF), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), www.oecd.org

(17) “Covid-19 crisis through a migration lens”, op. cit.

(18) “Informe sobre las inversiones en el mundo 2020: la producción internacional después de la pandemia”, UNCTAD, Ginebra, 2020.

(19) “Debt Data Portal”, Jubilee Debt Campaign, data.jubileedebt.org.uk. Léase también “Faut-il payer la dette?”, Manière de voir, n.° 173, octubre-noviembre de 2020.

(20) Larry Elliott, “World Bank: Covid-19 pushes poorer nations ‘from recession to depression’”, The Guardian, Londres, 19 de agosto de 2020, y Jonathan Wheatley, “Borrow to fight economic impact of pandemic, says World Bank’s chief economist”, Financial Times, 8 de octubre de 2020.

(21) El Club de París es un grupo de acreedores públicos que reúne a la mayor parte de los miembros de la OCDE, así como Brasil y Rusia.

(22) Éric Toussaint y Milan Rivié, “Les pays en développement pris dans l’étau de la dette”, CADTM, Lieja, 6 de octubre de 2020.

(23) Jonathan Wheatley, David Pilling y Andres Schipani, “Emerging economies plead for more ambitious debt relief programmes”, Financial Times, 12 de octubre de 2020.

(24) Ken Ofori-Atta, “Ghanaian finance minister: Africa deserves more Covid help”, Financial Times, 12 de octubre de 2020.

(25) Walden Bello, “The Bretton Woods twins in the era of Covid-19: Time for an exit strategy for the global south?”, Focus on the Global South, Bangkok, 10 de octubre de 2020.

Fuente: https://mondiplo.com/

Fuente de Réplica: https://rebelion.org/un-gran-confinamiento-devastador-en-el-tercer-mundo/

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