Adías del anuncio del envío de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, este jueves, el Ministerio de Salud aprobó el documento «Atención de niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas. Hoja de ruta. Herramientas para oriental el trabajo de los equipos de salud».
Su objetivo, que se encuentra detallado en la Resolución 1841/2020 del Boletín Oficial, es «Promover una atención de calidad a niñas y adolescentes menores de 15 años que cursan un embarazo». El texto afirma que el embarazo infantil y adolescente y su potencial causa, el abuso y la violencia sexual, son «problemas de salud pública y de derechos humanos que generan graves consecuencias biológicas, psíquicas y sociales».
Durante 2018 hubo en Argentina 685.394 nacimientos, de los cuales 87.118 fueron de niñas y adolescentes menores de 20 años, asegura el documento. Esa cifra representa el 12,9% del total de los nacimientos de ese año. Además, la tasa de fecundidad adolescente fue de 1,4 nacidos por cada 1.000 niñas y adolescentes, lo que significa entre 6 y 7 nacimientos por día.
El documento se dirige, principalmente, a integrantes de equipos de salud y a los demás organismos del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, tales como docentes, operadores y operadoras de diversos sectores, para «lograr que quienes estén en contacto con esta población brinden una asistencia atenta, respetuosa y libre de prejuicios es una condición necesaria para garantizar el cumplimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos».
La hoja de ruta contempla, entre otras cosas, que al detectar el embarazo se le de una admisión inmediata de urgencia, que la persona que es paciente reciba atención integral y escucha empática y que se active la Consejería en Derechos. Dentro de esta última se encuentran las opciones de Interrupción Legal del Embarazo o la continuidad del mismo con la posibilidad de gestionar una adopción.
La herramienta también exige una Consejería y anticoncepción inmediata posevento obstétrico, que informe sobre los factores de riesgo y refuerze la información a la persona a tratar sobre la autonomía y consentimiento en el ejercicio de su sexualidad.
Por último, el documento establece que debe realizarse un seguimiento integral, contemplando al entorno social y familiar de la persona y facilitando una red de contención y apoyo.
En todo el mundo el número de los decesos a causa de nuevo coronavirus es un millón 269 mil 320. La cifra de los que dieron positivos supera 51 millones 325 mil y el número de los recuperados es más de 36 millones 133 mil 985.
Italia: Perdieron la vida 356 personas en las últimas 24 horas. El número de decesos es 41 mil 750. El número de los diagnosticados es 960 mil 373 con un aumento de 25 mil 271 nuevos casos. Paralelamente al alza en el número de decesos en Nápoles los medios locales informan de la insuficiencia de la capacidad de camas en los hospitales y el desabastecimiento de ventiladores.
Francia: En las últimas 24 horas el número de los que perdieron la vida a causa de Covid-19 con un récord de 6 meses subió a 40 mil 987 con nuevos 554 decesos y el número de los infectados a 1 millón 807 mil 479 con 20 mil 155 nuevos infectados. El Banco Central de Francia estima que reducirán unos 12% las actividades económicas este mes a causa de nuevas medidas a aplicarse.
Los sindicatos de educación en Francia ha convocado para la huelga a todos los profesores a causa de la pandemia. Los sindicatos al reaccionar a la falta de medidas externales excepto de tapabocas y desinfectantes en las escuelas por parte del Ministerio de Educación Nacional, piden que se transforma en turnos la educación que se efectúa en física y cara y cara.
Ucrania: Hay más de 8 mil 565 decesos y más de 469 mil casos. El presidente ucranio Vladimir Zelensky ha anunciado que dio positivo su resultado. A través de Telégrama ha expresado: “Muchas personas vencen a Covid-19. Yo también superaré todo va bien».
Otros países con el número de muertes:
México (95 mil 225), El Reino Unido (49 mil 238), España (39 mil 345), Perú (34 mil 943), Argentina (33 mil 907), Colombia (32 mil 974), Chile (14 mil 588), Bélgica (13 mil 216), Ecuador (12 mil 839), Alemania (11 mil 657) y Canadá (10 mil 564).
Ver los últimos datos sobre el Covid-19 en todo el mundo:
El 30 de septiembre de 2020 la CIDH presentó a la Corte IDH el caso de violación de los derechos a la vida, el territorio y los derechos económicos de los pueblos no contactados Tagaeri y Taromenane. La Corte podría tomarse al menos dos años en sentenciar el caso.
Los Pueblos Indígenas en Aislamiento han sufrido al menos tres matanzas en 17 años y expertos aseguran qie el Estado ecuatoriano no les ha garantizado el derecho a la vida.
Luego de cinco años de la audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar los riesgos que enfrentan los pueblos en aislamiento Tagaeri y Taromenane, el 30 se septiembre último, la Comisión elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este tribunal internacional deberá atender una demanda que se centra en la violación sostenida de los derechos humanos de los pueblos que viven en el Yasuní, en la Amazonía del Ecuador, durante los últimos 17 años. Según la Comisión, los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento (PIA) no han sido garantizados por el Estado ecuatoriano a pesar de ser su responsabilidad internacional.
“Los pueblos indígenas en aislamiento son el patrimonio vivo del país”, dice Milagros Aguirre, autora de varios libros sobre los indígenas en aislamiento. Además, Aguirre recuerda que el Estado tiene “una obligación de protección a los más débiles” y de cumplir los pactos internacionales de protección como los de las Naciones Unidas.
El 19 de octubre de 2015, cuando se realizó la audiencia de este caso en la CIDH —encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente— los participantes discutieron sobre la responsabilidad del Ecuador por la violación de los derechos a la vida, al territorio y a los derechos económicos, sociales y culturales de los PIA. El caso fue llevado nueve años antes y denunciaba las matanzas a estos pueblos ocurridas en 2003 y 2006 .
Precisamente el 10 de mayo de 2006, la Comisión dictó medidas cautelares a favor de los pueblos. Para cumplirlas, el entonces gobierno del Ecuador estableció, un año después, acciones concretas para proteger a los PIA. David Cordero Heredia, abogado de la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (Conaie), explica que entre esas acciones estuvieron la delimitación y vigilancia en la zona intangible, un espacio protegido donde no se pueden realizar actividades extractivas. Para ello se destacó, además, a un grupo de guardaparques para resguardar el área. Como parte del plan, el gobierno monitoreó con fotografías satelitales la ubicación de los Tagaeri y los Taromenane.
Sin embargo, estas acciones tomadas por el Estado hace 14 años no continuaron y no han sido suficientes para proteger a estos grupos indígenas aislados. El tribunal internacional podría emitir una sentencia dentro de aproximadamente dos años.
Las matanzas que han vivido los PIA
La demanda contra el Estado ecuatoriano llegó a la Comisión porque los PIA han enfrentado tres matanzas, aunque los expertos coinciden en que son más. En el 2003, más de 20 Taromenane fueron asesinados por un grupo waorani, la nacionalidad idígena más cercana a los pueblos aislados. En una nota publicada en el 2003 por el diario El Universo, los waorani justificaron la matanza como una venganza por los ataques que vivían. En ese enfrentamiento, los wao llevaron hasta sus comunidades la cabeza de un Taromenane “como trofeo”, dice la nota.
Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la CIDH con Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) Fotografía tomada por Daniel Cima. Audiencia realizada en la CIDH en octubre de 2015, intervino Moi Enomenga.
En el 2006, cerca de 30 indígenas aislados fueron asesinados en un enfrentamiento con madereros, pero en ese momento la ministra de Ambiente Ana Albán dijo que “no se encontraron huellas del enfrentamiento”. El gobierno se comprometió a controlar la extracción ilegal de madera en la zona donde viven los pueblos en aislamiento.
En 2013, los indígenas en aislamiento asesinaron a dos ancianos waorani, Ompure y Buganey. Ompure había alertado en una asamblea que los indígenas en aislamiento le pidieron ollas, machetes y hachas que él les entregó. Sin embargo, otro grupo de indígenas en aislamiento le pidió más cosas que no pudieron entregarse, por lo que los ancianos fueron asesinados. Luego de 20 días, como venganza, los waorani asesinaron a otros 30 indígenas en aislamiento y secuestraron a dos niñas Taromenane. Siete meses después, un grupo de policías élites encapuchados sacaron del territorio waorani a una de las niñas para llevarla a un hospital de la ciudad amazónica del Coca. Activistas y líderes waorani consideraron que fue un secuestro, pero para el gobierno fue un rescate.
El antropólogo Roberto Narváez, estudioso de los PIA y quien ha trabajado durante 20 años en territorio waorani, dice que en estas tres matanzas el Estado no realizó ninguna acción para frenar este tipo de hechos porque “hay prioridades y esas prioridades están marcadas por las industrias extractivas”. La Constitución ecuatoriana dice que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. Dice que el Estado “adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos”. En concreto, el Estado está obligado a proteger a estos pueblos a través de medidas específicas que no ha cumplido y que, coinciden los expertos, podrían haber evitado matanzas como las de los 30 indígenas aislados para vengar el asesinato de Ompure y Buganey.
Las promesas incumplidas del Estado
Los PIA están desprotegidos por el Estado, dice Milagros Aguirre. Una de las formas para protegerlos fue la delimitación de la Zona Intangible Tagaeri y Taromenane, pero no ha sido garantía para su protección. Roberto Narváez dice que no existe ninguna política pública o algún instrumento que asegure el aislamiento de los PIA.
En mayo de 2019, el gobierno de Ecuador decidió ampliar la zona intangible del parque nacional Yasuní: pasó de 758 051 hectáreas a un poco más de 818 500. Esto equivale a una ampliación de cerca de 60 000 hectáreas. En ese momento la ampliación de la zona intangible parecía una buena noticia, pero el Estado no tomó en cuenta las evidencias de movilidad de los pueblos indígenas en aislamiento.
Zona intangible. Fotografía cortesía de MAAP
La Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) fue declarada como tal a través del decreto 552 en 1999 como zona “de conservación vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva, las tierras de habitación y desarrollo de los grupos Huaorani conocidos como Tagaeri, Taromenane y otros eventuales que permanecen sin contacto”. Narváez dice que el Estado debe considerar que los pueblos en aislamiento se mueven dentro y fuera de la ZITT, porque circulan continuamente en el Yasuní, es su modo de vida. Para Roberto Narváez la delimitación de la zona intangible solo tiene el interés de no afectar la explotación petrolera.
Los Tagaeri y Taromenane son grupos de familias que tienen familiares waorani. Están en constante movimiento por sus actividades de caza y recolección de frutos y esta movilidad hace que surjan conflictos violentos con colonos y madereros que realizan actividades extractivas.
De la Comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Cuando el caso llegó a la Comisión, comparecieron los peticionarios de las medidas y el Estado. Por un lado estuvieron Fernando Ponce, Raúl Moscoso, Juan Guevara y Patricio Asinbaya, luego se unió la Conaie con sus abogados David Cordero y Mario Melo y el colectivo ambientalista Yasunidos. Como representación del Estado estuvieron funcionarios del entonces Ministerio de Justicia, de Ambiente y de la Procuraduría General del Estado. El Estado ecuatoriano dijo que la petición debía ser “declarada inadmisible”.
Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la CIDH con Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) Fotografía tomada por Daniel Cima. La entonces presidenta de la CIDH Rose Marie Belle Antoine escuchando a los testigos del caso.
En octubre de 2015, se realizó la audiencia de fondo de más de dos horas en la que la CIDH recibió testimonios sobre la violaciones a los derechos humanos en el caso analizado. Luego de la audiencia, la Comisión publicó un informe de fondo en el que concluyó que el territorio ancestral de los pueblos Tagaeri y Taromenane excede los límites de la Zona de Intangibilidad Tagaeri y Taromenane y que con la delimitación de la ZITT, el Estado no respeta el territorio ancestral de los pueblos Tagaeri y Taromenane.
La Comisión dijo que el Estado ecuatoriano ha afectado la vida de los pueblos indígenas en aislamiento al entregar concesiones petroleras y permitir la explotación de recursos en los territorios intangibles a empresas. Otra de sus conclusiones es que el Ecuador se contradice en su propia Constitución sobre la protección a los PIA. Mientas que el artículo 57 numeral 21 de la Constitución garantiza la protección del territorio de los PIA y dice que violar ese derecho es un delito de etnocidio, el artículo 407 establece la posibilidad de realizar actividades extractivas y explotación forestal en territorios intangibles.
Fotografía de Valentina Tuchie para GK
Otra conclusión de la CIDH es que la zona intangible no es una garantía para proteger a los PIA. La CIDH dijo que se han detectado contacto de los pueblos indígenas en aislamiento con colonos y madereros. También dijo la Comisión que detectó presiones de empresas para que la protección del territorio PIA disminuya.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) debe enviar el expediente del caso en las próximas semanas tanto a los peticionarios como a la defensa del Estado Ecuatoriano como aviso de que recibió el caso, dice el abogado Cordero. Entre las funciones de la Corte está la “resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias”, tiene una función consultiva y puede dictar medidas provisionales. Cordero dice que el caso de los Tagaeri y Taromenane pasó a la Corte porque el Ecuador no cumplió las recomendaciones que hizo la Comisión al Estado hace cinco años.
zona intangible Yasuni. Fotografía de Valentina Tuchie para GK
El abogado Cordero dice que habrá que esperar entre uno a dos años para tener una sentencia, eso aproximadamente en referencia a casos anteriores. Milagros Aguirre dice que la sentencia de la Corte “es tremendamente lejana” porque recién más de una década de la primera matanza el caso ha llegado a la Corte. “Simbólica o moralmente podría haber una sanción al Estado, pero nadie va a devolver las vidas que se han perdido en la selva por estos hechos de omisión estatal”, dice Aguirre. Según ella, hasta que la Corte emita una sentencia, es probable que se dé otra matanza de pueblos indígenas en aislamiento —quizá ya hubo una, solo que no nos enteramos.
*Imagen principal: Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la CIDH. Los peticionarios del caso de violación de derechos de los PIA hacen preguntas a la testigo del caso la líder waorani Alicia Cahuiya.
Este fenómeno genera estragos en agricultura y ganadería; buscan que se brinden apoyos de manera eficaz a quienes lo sufren
Con el objetivo de atender el reclamo de los sectores de la agricultura y el agropecuario, el senador Gustavo Madero Muñoz, de la Fracción Parlamentaria del PAN, presentó una iniciativa para incluir a la sequía dentro de los fenómenos naturales considerados por la Secretaría de Gobernación para la Declaratoria de Desastre Natural.
Con este planteamiento, el legislador busca que los sectores de la población que sean afectados por las sequías puedan ser sujetos de apoyos extraordinarios de manera más ágil y eficaz.
La propuesta busca adicionar al concepto de fenómeno geológico de la Ley de Protección Civil, los maremotos, alud y olas extremas. También, plantea que se consideren como fenómenos hidrometeorológicos a las sequias, entendidas como la ausencia prolongada o deficiencia de precipitación pluvial. Por otra parte, propone establecer que en la Declaración de Desastre Natural se deben considerar ambos fenómenos sugeridos.
El promovente señaló que el agua es un recurso fundamental para el equilibrio de los ecosistemas, a través de procesos biológicos, físicos y químicos que se llevan a cabo mediante el ciclo del agua. De esta forma, apuntó, los espacios naturales se mantienen estables y saludables; además, es fundamental para el desarrollo de las diferentes actividades humanas como la generación de energía y la producción de alimentos que, sin duda, son necesarios para la satisfacción de nuestras necesidades de subsistencia.
Indicó que de conformidad con el Monitor de Sequía de México, publicado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y el Sistema Meteorológico Nacional, al 30 de septiembre de 2020, una gran proporción del territorio de Chihuahua y entidades aledañas como Durando, Nuevo León, Sinaloa y Sonora, tuvieron un gran nivel de sequía.
Asimismo, apuntó que de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CONAPRED), la sequía trae grandes consecuencias en el ámbito social y económico, pues conlleva a el hambre y la sed, que lleva a la muerte de flora y fauna, en algunos casos, hasta pérdida de la vida humana.
El legislador detalló que este fenómeno genera un punto negativo en la agricultura y ganadería, pues no solo se trata de la pérdida de las cosechas y el bajo nivel de producción pecuaria, sino, en ocasiones limita la siembra de productos de consumo humano y animal, así como la disminución industrial, llevando a la disminución del ingreso de las familias cuyo sustento son las actividades descritas.
Demandó no dejar de lado que, tan solo para Chihuahua, la actividad agropecuaria representa el 6 por ciento del Producto Interno Bruto estatal; “dimensionemos cuanto representan estas actividades al PIB de las demás entidades federativas que presentan esta problemática de sequía”.
Ante esta situación, Madero Muñoz propone realizar diferentes adecuaciones a diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil para que, dentro de otros temas como la adición de fenómenos geológicos y el establecimiento de los fenómenos naturales que deberán ser considerados por la Segob para la Declaratoria de Desastre Natural, se introduzca una definición del término “Sequía”.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley de Aguas Nacionales, fue turnada a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Segunda.
En un informe, la ONU advirtió que la maternidad temprana es una fábrica de pobres en la región.
El embarazo adolescente lastra la vida de miles de jóvenes y reproduce la pobreza en Latinoamérica, además de generar a los países gastos millonarios que podrían evitarse, advierte la ONU en un estudio presentado este miércoles 11 de noviembre.
«El embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana son fenómenos que impactan fuertemente en la trayectoria de vida de miles de mujeres en América Latina», señala el informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población (Unfpa).
Los efectos de esos embarazos precoces «son múltiples y se extienden tanto al nivel de la educación como del mercado laboral, de la salud e incluso de las economías nacionales», añade el documento.
«El embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina», dice a la AFP Federico Tobar, asesor regional del Unfpa.
El estudio titulado ‘Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en seis países de América Latina y el Caribe’, analiza la situación de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay.
Según el informe, las niñas y adolescentes que son madres suelen abandonar la escuela para criar a sus hijos, sobre todo en las familias de menos recursos, lo que se traduce en una mayor dificultad para seguir los estudios y encontrar empleo bien remunerado.
Casi la mitad de las madres de 10 a 19 años se dedican exclusivamente a tareas domésticas y tienen tres veces menos oportunidades (6,4% frente 18,6%) de obtener un título universitario que aquellas que postergaron la maternidad, al tiempo que ganan en promedio 24% menos, indica el estudio.
Asimismo, las mujeres que tienen hijos después de los 20 años ganan un promedio anual de 573 dólares más que aquellas que son madres antes de esa edad.
Estas circunstancias condicionan la independencia de las mujeres, lo que las hace más vulnerables a la violencia de sus parejas.
No usan condones
Según Unfpa, Latinoamérica presenta la segunda tasa de fecundidad (66,5 por cada 1.000) más alta del mundo entre mujeres de 15 a 19 años.
República Dominicana (100,6 por cada 1.000), Nicaragua (92,8), Guyana (90,1), Guatemala (84), Guyana francesa (82,6), Venezuela (80,9) y Panamá (78,5) presentan las tasas más altas.
De los seis países del informe, el índice mayor lo presenta Guatemala (84), seguido de Ecuador (77), México (66), Argentina (64), Paraguay (60) y Colombia (57).
Según los especialistas, el embarazo temprano en América Latina tiene varias aristas, aunque principalmente se debe a la ausencia de una educación sexual integral, al desconocimiento, la falta de acceso a métodos anticonceptivos y barreras culturales.
En muchos países está prohibido, incluso, que las instituciones públicas entreguen esos métodos anticonceptivos, denuncia Unfpa.
«La mayoría de adolescentes tienen su inicio sexual sin usar anticonceptivos», lamenta Tobar.
Gastos millonarios
El estudio también detalla los costos que implican para los países latinoamericanos el tratamiento de los embarazos en adolescentes.
Unfpa advierte sobre la pérdida de ingresos que supone para los estados, ya que el embarazo en la adolescencia compromete la participación de estas mujeres en el mercado laboral y su aporte al sistema tributario.
Los seis países del informe «tienen un costo vinculado al embarazo adolescente y la maternidad temprana de alrededor de 1.242 millones de dólares, lo que equivale a 0,35% del PIB de estos países», afirma Tobar.
El informe detalla que en 2018 los seis países estudiados dejaron de recaudar 746 millones de dólares en impuestos, unos 110 dólares por mujer, ya que las madres adolescentes pagan menos tributos y tienen menor consumo debido a sus condiciones sociales y laborales.
«Si consiguiéramos prevenir el embarazo adolescente todos ganan, gana el Estado, el sistema de salud, la recaudación, pero fundamentalmente ganarían las mujeres y sus hijos porque estamos asumiendo que la gran mayoría de esos chicos van a vivir bajo la línea de pobreza», declara Tobar.
Colombia está entre las naciones de Latinoamérica con mayor variación negativa en el número de ocupados en sus asalariados, un indicador que muestra cómo el impacto laboral ha sido en varios sentidos más fuerte en el territorio nacional que en la región.
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Cepal, Colombia registra una caída de 24,2% de la ocupación entre los asalariados privados y de 3,6% entre los públicos, lo que genera un descenso total de 22,6%, solo superado por Perú, donde el dato supera el 40%, aunque no se conoce el desagregado.
Con una baja de 44,7%, el país también se encuentra entre los líderes en caída en cuanto a los asalariados en los hogares, mientras que registra un descenso de 30,2% en empleadores, 17,9% en los trabajadores por cuenta propia y una variación negativa de 29,1% en los no remunerados. “En Colombia el desempleo ya venía con aumentos desde 2018 por temas estructurales como los problemas en la tecnificación, y coyunturales como la migración y el incremento de los salarios reales. Hay números que preocupan, hay 2 millones menos de trabajadores asalariados y 600.000 menos por cuenta propia, mientras que la informalidad es superior al 50%. Es una situación muy seria”, aseguró Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Cepal.
Pero lo cierto es que la situación es grave en toda Latinoamérica, pues como afirmó Vinícius Pinheiro, director de la OIT para la región, esta será la más golpeada del mundo. “En temas laborales estamos en cuidados intensivos, y eso tiene que ver con las condiciones preexistentes, como el hecho de que solo seis países tengan seguro de desempleo. De hecho, esta era una crisis sanitaria, que se hizo socioeconómica y puede convertirse en política; tenemos que desactivar esa bomba de tiempo”.
Según el informe, en la región se han destruido cerca de 47 millones de empleos, al tiempo que se han reducido los ingresos laborales en 19,3% hasta el mes de septiembre. La caída en el trabajo formal es del 14%, y en el informal del 25%.
La principal conclusión del informe es que la recuperación tanto económica como del empleo será más lenta de lo esperado. Según las estimaciones, si la región crece al 3%, se volvería a los niveles prepandemia en 2023; si el alza es de 1,8% (como la última década), se demoraría hasta 2025, y si el avance es de 0,4% (el de los últimos seis años), ese regreso tardaría más de 10 años.
No obstante, las dos instituciones dejan claro que ya se empiezan a ver algunas mejoras, pues se estima que 49 millones de personas salieron de sus empleos en la región al segundo trimestre, y que hoy en día 15 millones han vuelto.
Eso sí, Bárcena deja claro que en 2021 habrá más desempleo que en 2020.
Algunas emisoras ayudan a mantener escolarizados a los más jóvenes en el continente africano. Se trata de proyectos alentadores en un contexto de creciente desigualdad social por culpa de la covid-19.
Mélani ha pasado de vender verduras en el mercado local de Bambari, República Centroafricana, a convertirse en la maestra de un colegio tras formarse como profesora a sus 45 años con el Servicio Jesuita al Refugiado. Orgullosa, ha pasado en seis años de garantizar alimentos frescos a sus vecinos a asentar las bases de un futuro alternativo para los jóvenes de su comunidad. En total, 51 alumnos acudían a su clase cada mañana antes de que llegara la pandemia y con ella se cerrara la escuela. Lejos de perder el contacto con ellos, lo ha incrementado. Ahora siguen sus clases más de 7.738 escolares al sumarse los niños de las aldeas cercanas gracias a la capacidad de difusión de la radio.
De 16.30 a 17.00 horas, de lunes a viernes, afina su voz para impartir sus clases a través de la radio comunitaria Radio Lego ti la Ouaka con su programa La escuela en la radio. Otros ocho profesores se alternan con ella para llegar también a los alumnos de secundaria con canciones, lecturas y juegos complementarios. En total, llegan a más de 13.000 de diferentes edades.
República Centroafricana, el cole en las ondas
“Su éxito nos ha sorprendido a todos”, asegura Irene Galera, responsable de comunicación del Servicio Jesuita al Refugiado de África del Oeste y Grandes Lagos, durante una entrevista por Skype. De ser un proyecto experimental para reforzar aquellos casos que no pueden acudir a la escuela, a convertirse en el principal medio de familias para mantener la escolarización de los más pequeños. “Ya estamos diseñando junto con Mélani los nuevos programas para continuar con el programa hasta diciembre abran o no los centros educativos de nuevo estas semanas”, adelantan.
Junto los profesores como Mélani, la ONG Alboan, junto al Servicio Jesuita al Refugiado en África, ha involucrado también a familias de las diferentes aldeas para que compartan sus radios con los vecinos que no tengan. Christian Marago es uno de ellos. A 37 kilómetros del colegio más cercano, coloca todas las tardes junto a la puerta de su casa un viejo aparato de radio del que estira al máximo la antena y rodea de sillas, taburetes y troncos para acoger al máximo número de jóvenes, junto a sus dos hijos. “No solo aprendemos cómo evitar los contagios de coronavirus, sino también cómo garantizar que nuestros hijos no tengan que abandonar el colegio”, explica Marago.
Tanto en Basari, República Centroafricana, como en el resto de localidades en las que está presente Alboan, la escuela no solo garantiza el acceso a la educación sino también aporta un lugar seguro en contextos de desplazamiento y violencia. “Aquí aprenden a leer y a escribir, a la vez que cuidan sus heridas provocadas por los desplazamientos forzados y la violencia. No podíamos centrar toda nuestra actividad ahora en repartir kits higiénicos, nos pedían que siguiéramos con la actividad educativa”, enfatiza Galera.
Unos niños escuchan un programa educativo en Radio Lego ti la Ouaka, en Bambari, República Centroafricana.SERVICIO JESUITA AL REFUGIADO
Alboan cifra las consecuencias de la pandemia en 500 millones de personas en riesgo de regresar de nuevo a la pobreza extrema. “La pandemia ha puesto de manifiesto las desigualdades del sistema actual tanto en lo económico como en lo social”, asegura la directora de la organización vasca, María del Mar Magallón. Por eso, aprovechan la rueda de prensa de presentación balance anual de los 250 proyectos desarrollados durante el último año por el mundo para reclamar soluciones más globales en la lucha contra la pandemia también desde Euskadi, España y Europa.
Y para no caer en el pesimismo, Alboan destaca la capacidad de las personas a las que acompaña en África subsahariana, donde la radio se ha convertido en la gran aliada para afrontar las consecuencias de los confinamientos, falta de medidas higiénicas básicas e infraestructuras.
Tanto en República Centroafricana, como en Camerún, Tanzania y Chad, la creatividad de la población y las organizaciones locales ha conseguido mantener vivos sus proyectos a pesar de no contar con electricidad, ni agua potable, ni equipos médicos en sus ciudades.
La República Centroafricana ocupa el segundo puesto por la cola en el Índice de Desarrollo Humano. En una de las zonas más rural del país, Bambari, viven cerca de 40.000 personas. Son en su mayoría desplazados internos por las guerras que golpean al país desde 2013. “Aquí una simple radio encendida ha bastado para que miles de jóvenes no hayan abandonado la escuela”, remarcan.
Mensajes contra bulos en Camerún
En Camerún, en la frontera con la República Centroafricana, han conseguido también con este medio de comunicación transmitir medidas de higiene básicas y mantener la cohesión social ante las tensiones entre desplazados y población local. En total más de 25.000 personas siguen los contenidos de la radio comunitaria Garoua-Boulai y el canal nacional CRTV. “Es tal el número de bulos que hay contra los desplazados que eran una necesidad urgente desmentirlos y explicar bien en qué consistía la pandemia para evitar linchamientos o ataques racistas”, explica Galera.
Allí donde no había emisoras de radio, han acudido con altavoces para emitir los programas ya grabados
Allí donde no había emisoras de radio, han acudido con altavoces para emitir los programas ya grabados y garantizar la máxima la paz en los peores momentos de confinamiento.
Otro lugar con tensiones está en la frontera de Tanzania con Burundi. En especial, en los tres campos de refugiados de Nduta, Mtendeli y Nyarugus, donde más de 80.000 personas hacen frente a las restricciones de movimiento con la Radio Kiwesa de fondo. “Para muchas mujeres la escuela es también la manera de alcanzar un lugar seguro de agresiones. No solo hemos emitido programas educativos, también hemos diseñado contenidos para dar apoyo psicosocial dirigidos de forma directa a mujeres víctimas o en riesgo de sufrir agresiones sexuales”, detallan.
En Chad, un 20% ha abandonado los estudios
En Chad, en los 12 campos de refugiados frontera con Sudán, Alboan no contaba con radios, pero sí con una red de líderes con posibilidad de reunir en grupos de WhatsApp a los más jóvenes que acudían a su escuela. Así con orgullo, documentan haber llegado a 164.111 personas con mensajes de móvil tanto para continuar las clases de francés como para recordar que ya podían ir a recoger apuntes para sus hijos o cerrar la hora de clases particulares para aquellos que tuvieran exámenes pendientes.
Eso sí, con pena indican también que más de un 20% ha abandonado los estudios al no presentarse a las pruebas finales. “Tenemos documentados muchos casos de niñas dadas en matrimonio durante estos meses, así como de familias que han abandonado los campos de refugiados en busca de lugares donde poder trabajar y comprar alimentos”, lamentan.
Un grupo de mujeres escucha la radio en Camerún.SERVICIO JESUITA AL REFUGIADO
Alboan aprovecha la actitud de estas personas en contextos tan vulnerables para exigir también medidas creativas para paliar las desigualdades como “la condonación de la deuda externa de los países más empobrecidos por parte del Banco Mundial” y el cumplimiento de la histórica reclamación de “destinar el 0,7% de los presupuestos de cada Gobierno municipal, autonómico, central o europeo a cooperación internacional y ayuda humanitaria”.
Mientras tanto, Mélani vuelve a afinar su voz para un nuevo programa de radio en la zona más rural de República Centroafricana. Sabe que más de 13.000 niños y niñas le esperan con ganas. A 37 kilómetros del estudio de la emisora, Christian mira el reloj para sintonizarla y garantizar así que sus hijos y vecinos continúen con sus estudios al margen de las nuevas limitaciones impuestas por la lucha contra la covid-19, la falta de recursos y las limitaciones de movimiento por el contexto de violencia.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 35
Total Users : 35475060
Views Today : 39
Total views : 3575255