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España: Una iniciativa pretende fiscalizar los 2.000 millones del Fondo Covid

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Europa/España/08 Octubre 2020/eldiariolaeducacion.com

  • La Plataforma de Infancia junto a PoliticalWatch ponen en marcha una campaña hoy bajo el nombre de #ColeSeguro, con la que quieren conocer en qué se están invirtiendo los fondos COVID destinados a las comunidades autónomas, así como recoger la opinión de la comunidad educativa sobre el funcionamiento de las diferentes políticas públicas puestas en marcha.

a promesa del Gobierno central de destinar 2.000 millones a las comunidades autónomas para que invirtieran en educación para compensar las dificultades provocadas por la pandemia de la Covid-19 se cumplió hace semanas. Antes del verano ya se publicaron en el Boletín Oficial del Estado las cifras que cada autonomía recibiría.

El problema mayor es que son fondos finalistas. Las administraciones pueden gastarlos en educación o en cualquier cosa. No tienen que rendir cuentas a nadie por este tema, como han reconocido varias veces fuentes del Ministerio de Educación. Conseguir la información sobre esta cuestión es realmente complicado. Algunas autonomías responden a esta pregunta enviando tablas informativas en las que no se aclara muy bien qué partidas las sufraga el fondo y cuáles el presupuesto autonómico. Otras se limitan a facilitar un escueto «hemos contratado 2.300 docentes».

Para paliar esta falta de información, la Plataforma de Infancia y la entidad PoliticalWatch, comienzan hoy una campaña, #ColeSeguro, que como mínimo se prolongará hasta el mes de diciembre. Se apoyará en tres patas fundamentales.Para ello, además de hacer incidencia en redes sociales, también han puesto en marcha la página web ColeSeguro: https://coleseguro.es

La primera, conseguir toda la información posible sobre esta inversión en educación de las autonomías. Para ello contarán con colaboradores que intentarán rastrear los fondos siguiendo la actividad parlamentaria en las diferentes comunidades autónomas, o buceando en los boletines oficiales de cada una de ellas para ir armando el complejo puzzle de las inversiones no finalistas. Un arduo trabajo con el que, explica Ricardo Ibarra, director de Plataforma de Infancia quieren averiguar dónde se está poniendo el dinero: bajadas de ratios, obras en los centros educativos, compra de material higiénico-sanitario…

La segunda de las patas será una encuesta de 32 preguntas que se centrará en actores de la comunidad educativa. Para ello consultarán a sindicatos, organizaciones de directores y directoras y, también, a las de estudiantes. El objetivo es saber cómo estas inversiones y políticas públicas están llegando a los 28.000 centros educativos que hay en el país.

Y, la tercera, será una encuesta dirigida a toda la sociedad en general, aunque principalmente pensada para las familias o las personas con niñas, niños y adolescentes cerca. El objetivo de sus preguntas será conocer cómo perciben ellas las actuaciones que se están llevando a cabo para garantizar la salud y la seguridad de las y los menores en los centros educativos.

Ibarra explica que esperan conseguir una muestra bastante grande para estas encuestas. Con toda la información que obtengan de cada una de estas partes intentarán ver cómo se relacionan unas con otras a lo largo del tiempo. Comenta el director de la Plataforma que, además, andando el tiempo y en función de la evolución de la pandemia intentarán hacer nuevas oleadas de encuestas para hacer ese seguimiento de la información.

Ambas organizaciones, si la financiación lo permiten, mantendrán el seguimiento de la información sobre las medidas, las políticas y las inversiones relacionadas con ellas a lo largo también de 2021.

Se trata de una iniciativa compleja, dado que, como constata el propio Ibarra, «no hay mucha voluntad de transparencia» en lo que se refiere a dar explicaciones sobre en qué y cómo se está invirtiendo el dinero para paliar las consecuencias de la pandemia y mejorar la atención a la infancia y la adolescencia en los centros educativos.

La dificultad de recopilar los datos

Durante las últimas semanas, hemos intentado recopilar algunas de las cifras de inversión de diferentes administraciones públicas autonómicas sobre la finalidad de los fondos Covid invertidos por el Gobierno central. Un total de 1.600 millones han ido a parar a las arcas de los territorios, bajo la premisa de que podrían gastarlos en educación. Pero sin obligación legal de hacerlo. Y sin un seguimiento o fiscalización de ningún tipo.

Hemos consultado a algunas de las autonomías que mayores cantidades pecibieron en su momento: Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Catalunya. Los datos que unas y otras devuelven son muy diferentes, en cuanto a concreción, sobre todo.

Por ejemplo, Catalunya, según el primer anuncio publicado en el BOE, recibió 337,4 millones de euros de los fondos. Esta cantidad se ha destinado al refuerzo de personal docente, también del de administración y servicios. Se han contratado refuerzos para la concertada y para los municipios. También ha habido inversiones en material informático, o se ha completado el Plan de Equidad Digital, se han comprado EPI, se han adecuado espacio, se han realizado pruebas de salus. Se han invertido en los comedores o en compensación para la escolarización en educación infantil pública y privada. Finalmente, se ha incrementado el servicio de transporte escolar y se ha indemnizado a empresas de comedor escolar.

El «problema» surge al comprobar que las candidades de todas estas inversiones exceden el fondo Covid destinado a Catalunya, además, de superar también otras inversiones provinientes del Gobierno central por vía de los programas PROA+ o de la inversión de la empresa Red.es. El total invertido cuenta con financiación de la propia Generalitat y las fuentes de Educació consultadas no saben decir en qué partidas exactas se ha gastado qué cantidad del Fondo Covid.

Aún así, Catalunya ofrece una información relativamente transparente. Las fuentes de la Comunidad de Madrid son más crípticas. Hasta hace unos días, lo único de lo que podían informar es que ya se estaban ejecutando los Fondos Covid destinados a la autonomía, cerca de 291,7 millones de euros. «En la actualidad, aseguran estas fuentes, este presupuesto ya se está ejecutando en lo más importante para el inicio de curso como la contratación de personal docente, infraestructuras educativas de diferente índole, la adquisición de material para los centros y todo lo que está siendo necesario para dar respuesta a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Por el momento no podemos ofrecer el desglose de cada uno de los gastos».

En la Consejería de Educación de Andalucía también han hecho un importante trabajo en relación a conocer en qué se han invertido cientos de millones de euros para este inicio de curso. Pero no se ha terminado de afinar esa transparencia. Según informan, la Junta ha puesto en marcha un Plan de Acción en Educación que está dotado de 600 millones de euros. Aunque en las últimas horas se ha visto aumentado tras el acuerdo firmado con los sindicatos para aumentar la ampliación de las plantillas docentes.

En cualquier caso, dentro del cómputo global de estos 600 millones (620 según las últimas cifras facilitadas por educación), estarían contenidos los cerca de 300 millones que ha recibido Andalucía. Aunque no se ha facilitado un desglose de qué parte del fondo Covid cae en cada nueva inversión, se cuenta con un aumento de las plantillas docentes tanto en la pública como en la concertada. También de las plantillas no docentes, con un aumento del personal de limpieza o de PTIS para los centros de educación especial. Además, se contempla un aumento de la inversión para obras en las infraestructuras y en material higiénico-sanitario.

Desde la Comunidad valenciana, fuentes sindicales aseguran que la inversión del fondo, unos 214 millones de euros, ha recaido en la contratación de más personal. Aproximadamente, dicen, un 80% del total. El resto se ha ido en material higiénico-sanitario, aunque hace unos días (finales de la semana pasada) había centros que todavía no habían recibido nueva financiación.

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/10/07/una-iniciativa-pretende-fiscalizar-los-2-000-millones-del-fondo-covid/

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More than 5.2 million Spaniards are now under coronavirus mobility restrictions

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Europe / Spain / Author: Juan Navarro / Source: elpais.com

Experts warn that the public should expect a cycle of these confinements, and that infection rates will remain high unless there is a repeat of March’s strict lockdown.

The rising number of coronavirus cases in Spain is accelerating the introduction of new confinements across the country. For now, the restrictions being introduced are not as severe as they were during the first wave, when the central government implemented a state of alarm that saw Spaniards confined to their homes for several months. But perimetral lockdowns are being established where the transmission rate of the virus is on the rise.

Currently, more than 5.2 million Spaniards – 4.7 million of them in the Madrid region – are not allowed to leave their municipalities, apart from going to work, to school or to university, among other reasons. The latest areas to implement such measures are the municipalities of León, Palencia and San Andrés de Rabanedo, in Castilla y León, and La Almunia de Doña Godina in Aragón. Experts warn that while perimetral confinements are necessary when transmission is rising, they are insufficient if not accompanied by social limitations within the zone that has been locked down.

Castilla y León has a total of nine municipalities with restrictions. While the region has an average cumulative incidence of 374 cases per 100,000 inhabitants over two weeks, the figure for Palencia is 536 and in León, it is 510. The mayor of the latter city, José Antonio Díez of the Socialist Party (PSOE), on Monday confirmed that residents were aware that these restrictions could be on their way. “We accepted them with commitment because the common objective is to overcome the pandemic and reduce the high rate of infections,” he said. The Palencia mayor, Mario Simón of Ciudadanos (Citizens), also accepted the measures. “With the data that we have from the last few weeks, either the situation changed radically or it was just a question of time,” he said.

A police checkpoint in Madrid on Saturday.
A police checkpoint in Madrid on Saturday.VÍCTOR LERENA / EFE

The regional government of Castilla y León has used the Health Ministry’s new guidelines to apply the most restrictive measures: more than 500 cases per 100,000 inhabitants over two weeks, a PCR positivity rate above 10%, and more than 35% of intensive care unit (ICU) beds occupied. But other regions have taken action before exceeding these limits, which were agreed on by a majority of Spain’s regional administrations last week and introduced on a mandatory basis by the central government via the Official State Gazette (BOE).

Ahead of the upcoming annual Fiestas del Pilar in Zaragoza, celebrating the patron saint, the regional government of Aragón has taken the city back to Phase 2 of the country’s deescalation plan, which sees limits on capacity and assembly. It has done so with a cumulative incidence of 300 cases per 100,000 inhabitants over the last two weeks. It has done the same in Huesca, a city where the cumulative incidence is at 700, as well as in the municipality of La Almunia de Doña Godina, which has a very high rate of 1,000 infections per 100,000 inhabitants.

Experts consulted by EL PAÍS warn, however, that if an extreme lockdown similar to that of March is not introduced in a bid to flatten the curve, these perimetral confinements will become a regular occurrence. “We are facing a constant cycle of shutting down, opening, closing, and opening,” explains Joaquín López-Contreras, the head of Infectious Diseases at the Sant Pau Hospital in Barcelona. “Coping with a lockdown like the one in March is very difficult. Let’s see if lesser measures will see the epidemic squeeze us but not smother us.”

But, the experts add, a perimetral closure will not be enough. “Confining residents to a perimeter is done so that cases are not exported, but you also have to limit where contagion can happen to stop the spread,” says Joan Ramon Villalbi, a member of the Spanish Public Health and Health Administration Society. “Perhaps we have been relatively lax with social meetings.”

A worker shuts up Malaje bar in Madrid‘s Plaza de la Paja square, just before 11pm, the new closing time under the restrictions.
A worker shuts up Malaje bar in Madrid‘s Plaza de la Paja square, just before 11pm, the new closing time under the restrictions.OLMO CALVO

Alberto Infante, an emeritus professor of International Health at the Carlos III Institute, agrees. “Interrupting the circulation of the virus to slow down mobility is necessary, but not enough,” he says. “You need to take action inside these zones. It’s about knowing what to do besides confinement, whether we just limit family meetings, or capacity, or whatever else. In the Valencia region, systematic tracking and tracing of cases and contacts have helped.”

Regions such as Castilla y León, La Rioja (which has confined the municipalities of Calahorra, Arnedo and Rincón de Soto), and Navarre (Funes, Peralta, Falces and San Adrián), among others, have accompanied their mobility restrictions with limits on bar opening hours, capacity and social meetings. Even Madrid, which has reluctantly introduced the central government’s restrictions in 10 cities, including the capital (albeit having filed an appeal against them in the courts) has incorporated early closing hours and limits on capacity in bars and restaurants.

There is, however, no single approach to combat the virus. And even less so while efforts are being made to protect the country’s economy as much as possible. Ourense, for example, in the Galicia region, has opted to ban social meetings between people who do not live together rather than confining the municipality. “In theory this is good,” says Infante. “But it depends on what people want to do. It’s difficult to ensure that this is observed.” As such, the experts agree that there is a need to improve communication with citizens. “People need to understand why they need to do these things,” Infante explains. “There is scant education, and often it comes wrapped up with political controversy. And that discredits what is being proposed.”

Whatever happens, López-Contreras adds, the figures from June, when infections were at an all-time low and the state of alarm came to an end, will not be repeated unless there is another radical lockdown or the population of Spain completely changes its behavior. “We’ll be like we are now,” he says. “With figures that are threatening, but we will be resisting.”

English version by Simon Hunter.

Source and Image:   https://english.elpais.com/society/2020-10-06/more-than-52-million-spaniards-are-now-under-coronavirus-mobility-restrictions.html

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México: Denuncian amenazas, agresiones y desplazamiento forzado contra rarámuris que reclaman sus tierras

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Activistas y defensores rarámuris en la comunidad de Choréachi denunciaron que caciques del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, han amenazado, agredido y obligado a decenas de familias a desplazarse por reclamar “el reconocimiento y protección de su territorio ancestral y de sus bosques”.

Desde hace más de 30 años, los defensores rarámuri han reclamado el reconocimiento de su territorio ancestral “ante tribunales e instancias administrativas, con acompañamiento de Alianza Sierra Madre, AC (Asmac)”, y en 2018 obtuvo una sentencia favorable en el Tribunal Superior Agrario, que actualmente se encuentra en análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicaron.

Los caciques de la zona han actuado en respuesta con agresiones y amenazas a los abogados, defensores e integrantes de Asmac en Choréachi, entre las que se encuentran los asesinatos de las autoridades tradicionales Isidro Baldenegro, Juan Ontiveros, Jaime Subías y Socorro Anaya, así como “desplazamiento de familias, amenazas y agresiones permanentes”.

De igual forma, acusaron que los defensores de Asmac han sido objeto de campañas de desprestigio y descalificación de su trayectoria.

Las constantes agresiones y amenazas en contra de la comunidad rarámuri provocó la intervención del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, así como de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenaron al gobierno federal garantizar la seguridad e integridad de la población.

Sin embargo, las hostilidades continúan contra los pobladores de Choréachi, por lo que los activistas exigieron a las autoridades frenar las agresiones, sancionar a los responsables de la violencia y el despojo territorial y acelerar la resolución del conflicto.

Con información de La Jornada

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/denuncian-amenazas-agresiones-y-desplazamiento-forzado-contra-raramuris-que-reclaman-sus-tierras/

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Moreno (Argentina): vecinos y vecinas luchan por “una tierra para vivir”

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Se trata de 130 familias del Barrio La Bibiana 2, ubicado sobre Ruta 3 y O’Brien en Moreno, quienes se encuentran a la espera de un inminente desalojo el cual estaba previsto para hoy. En este contexto, vecinos y vecinas exigen una respuesta al Municipio y una solución frente a la crisis habitacional. “El tiempo pasa y seguimos viviendo inhumanamente. Seguimos abandonados, por el Estado, el gobernador y ni que decir de la municipalidad. No hay respuestas claras. No abren mesa de diálogo. Solo llamadas en estos últimos días y hasta el fin de semana de diferentes áreas municipales. Sino nos reciben a nuestra comisión vecinal representando a las 130 familias que estamos abandonados, sin mejora habitacional, saldremos en reclamo a la ruta” explicó Viviana, vecina del barrio. Por ANRed

Alededor de 130 familias se encuantran a la espera de una respuesta frente al inminente desalojo que se realizará sobre el Barrio La Bibiana 2, ubicado sobre Ruta 3 y O’Brien en Moreno, cuya intendente es Mariel Fernández.

ANRed dialogó con Viviana, delegada barrial y vecina que busca una solución a la crisis habitacional que atraviesan miles de personas en nuestro país.

“Ayer hubo rumores que en el predio el sucesor de los terrenos se hizo presente y que al ser deudor la municipalidad se apropió de las tierras. En la semana que pasó la Municipalidad llamó a los vecinos diciendo que pidieron una prórroga, y se entrevistó con la comisión de delegados del barrio, que esta conformada por cinco mujeres. Lo que ellos ofrecían (autoridades municipales) eran camiones para reubicar algunas familias en lotes, que por el momento no se sabe donde. Las familias no quieren saber nada de entrevistarse individualmente. Por el momento nadie nos dió una respuesta exacta. Solo fueron rumores a través de un medio local y municipal. Nosotros vamos a resistir y estamos viendo si en esta semana pedimos a diferentes organismos apoyo a nuestra lucha, porque nadie se hace cargo. La única que da la cara es Vanina Pasik (Subsecretaria de Derechos humanos de Moreno), que tampoco asegura nada a las familias. Hasta el momento lo único que nos dicen es: ¡estamos trabajando!” explicó Viviana habitante del barrio Bibina 2.

Agregó “el tiempo pasa y seguimos viviendo inhumanamente. Seguimos abandonados, por el Estado, el gobernador y ni que decir de la municipalidad. No hay respuestas claras. No abren mesa de diálogo. Solo llamadas en estos últimos días y hasta el fin de semana de diferentes áreas municipales. Sino nos reciben a nuestra comisión vecinal representando a las 130 familias que estamos abandonados, sin mejora habitacional, saldremos en reclamo a la ruta. Si es posible buscamos todas las medidas pacíficas  que venimos teniendo. Ya va a hacer un año que estamos en el predio. Hay niños, ancianos, mayores con discapacidades, niños especiales. Es una vergüenza que nadie se ocupe de nosotros. Pedimos que desarrollo social nos entreviste, en el predio porque sentimos que nos quieren comprar”.

Finalmente agregó “si bien tenemos en claro que el desalojo no se va  a hacer por medidas de una apaleción o prórroga que hay sobre los asentamientos en provincia, hasta el momento no hay nada asegurado, para las familias. Cada vez que llueve perdemos todo. El barrio no mejora porque no dejan meter materiales, por medidas judiciales. Queremos conseguir una solución. Si los lotes son del municipio, ¿por qué nos hacen pasar por esta situación? ¿por qué no respetan el acuerdo que se presentó el 2 de marzo?”.

Fuente e imagen: https://www.anred.org/2020/10/05/moreno-vecinos-y-vecinas-luchan-por-una-tierra-para-vivir/

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Argentina: Extienden el pago del bono de 5 mil pesos al personal de salud

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El Gobierno nacional extendió por tres meses más el pago del bono de 5 mil pesos para todo el personal de salud. La decisión fue publicada este lunes en el decreto 787/2020 en el Boletín Oficial.

El 26 de marzo pasado mediante el decreto N° 315/20 se estableció una asignación extraordinaria que consistía en el pago de 5 mil pesos para el personal sanitario a pagar en abril, mayo, junio y julio de este año. La medida se extendió por más tiempo y, además, se incrementó el universo de trabajadores que perciben este bono.

La asignación que recibirán los trabajadores de la salud es de carácter no remunerativo, alimentario y no podrá ser pasible de deducciones o retenciones.

Fuente e imagen: https://www.pagina12.com.ar/296899-extienden-el-pago-del-bono-de-5-mil-pesos-al-personal-de-sal

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Libertad a los presos y presas politícos del HDP en Turquía

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Por: Sendaguevarista

¡NO AL SILENCIO DE OCCIDENTE!

Nuevamente llega información del movimiento de liberación de los pueblos de Kurdistán sobre los atropellos del Estado Turco. El Presidente Recep Tayyip Erdogan  ha detenido en Turquía  82 destacados miembros del partido  HDP (Partido Democrático de los Pueblos) que está integrado principalmente por Kurdos, pero que contiene también a representaciones de los pueblos armenios, asirios, turcomanos. Todo una coalición de pueblos que sufre la persecución del régimen ultra-nacionalista de la coalición Gobernante el AKP-MHP.

Según informan los portavoces, Feleknas Uca y Hişyar Özsoy, de asuntos exteriores del HDP:

“El fiscal jefe de Ankara emitió órdenes de arresto contra 82 personas más. Hasta ahora, muchos de los que figuran en la lista han sido arrestados por su “rol” en las protestas por Kobane en Turquía sucedidas del 6 al 8 de octubre de 2014. El ex diputado y co-alcalde de Kars, Ayhan Bilgen, los exdiputados, la Sra. Ayla Akat Ata, el Sr. Sırrı Süreyya Önder, el Sr. Nazmi Gur, la Sra. Emine Ayna, la Sra. Beyza Ustun, el Sr. Altan Tan, el ex portavoz del partido Sr. Günay Kubilay, y el miembro de la Junta Ejecutiva Central del HDP, Alp Altınörs, se encuentran entre los detenidos. Estas personas eran entonces miembros de la Junta Ejecutiva Central del HDP. Los ex co-presidentes, el Sr. Selahattin Demirtaş y la Sra. Figen Yüksekdağ, también han sido arrestados por el caso de las protestas de Kobane.”

Aquellas movilizaciones y protestas tuvieron lugar del 6 al 8 de octubre de 2014 contra los ataques a la ciudad de Kobane en el norte de Siria por parte del ISIS, y la inacción del gobierno turco ante una inminente masacre. El ISIS (Estado Islámico de Siria e Irak) son conocidas por sus ideas conservadoras y reaccionarias, su accionar fascista y sus campañas de exterminio de minorías y pueblos que se opongan a su régimen en aquella región.

Por tanto creemos que esta nueva persecución es la continuidad de una campaña de genocidio y silenciamiento político de un gobierno facistoide que tiene el apoyo del capital transnacional y Estados Occidentales como EEUU y gran parte de la Unión Europea. No es secreto que en Turquía opera la mayor base aérea de la OTAN por la que recibe el Estado Turco miles de millones de dólares por el alquiler y otros tantos favores por aquella instalación de avanzada en oriente, ante las diputas por intereses geopoliticos contra otros estados nación como Irán, Rusia y la República Popular China. A pesar de aquellos intereses comunes, también en los últimos tiempos Erdogan ha logrado acercar posiciones con el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin. Avanzando en acuerdos oportunistas mutuos, para las burguesías de sus países, para evitar el apoyo a la Revolución en el Norte y Este de Siria, y en el caso de Rusia disputar influencia con el Gobierno Turco frente a los Estados que conforman la OTAN.

No podemos permanecer imparciales ante lo que es un atropello de pueblos y sus fuerzas políticas que luchan por lo mismo que los pueblos de nuestra américa. El derecho de autodeterminación por la libertad, la justicia y la dignidad para todos y todas los oprimidos y oprimidas por el imperialismo es un derecho inalienable que debemos defender sin tapujos. Los pueblos del Kurdistán, separados en 4 estados nación  por las disputas y repartijas  de las naciones imperialistas a principios del siglo XX, resisten el negacionismo de sus culturas y sus derechos como muchos pueblos originarios a ancho y largo del planeta. Por ello también al denunciar los nuevos hechos del régimen Turco es una manera también de visibilizar una lucha mundial y que la revolución de Rojava, y sus gobiernos autónomos del Norte y Este de Siria, son un ejemplo para todas esas luchas y que se intenta silenciar y ocultar con estas persecuciones que se suceden en Turquía.

Manifestamos todo nuestro apoyo a la causa del HDP y exigimos al Gobierno Turco y a la Comunidad internacional su inmediata liberación de todas y todos los presos políticos.

Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/libertad-a-los-presos-y-presas-politicos-del-hdp-en-turquia/

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México: Eliminación de fideicomisos vulneraría a víctimas, personas defensoras y periodistas: Espacio OSC

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Redacción de Desinformémonos

La aprobación del dictamen que desaparecería 109 fondos y fideicomisos públicos vulneraría «a víctimas, personas defensoras y periodistas en riesgo, dado que la operación quedará supedita a prioridades y criterios políticos», alertó el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Explicaron que dentro del paquete de fondos a desaparecer se encuentran el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. «Su desaparición implica un grave riesgo, a mediano y largo plazo, para la justicia, verdad y reparación de las miles de víctimas en el país así como para el ejercicio seguro del periodismo y la defensa de los derechos humanos en México», añadieron.

Las organizaciones y activistas firmaron un pronunciamiento en el que llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Congreso de la Unión a desistir en la eliminación de los fideicomisos y a detener cualquier acción que ponga en mayor riesgo a estas poblaciones.

A continuación el comunicado completo:

El acceso a la verdad, memoria, justicia y reparación, así como la vida e integridad de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas se encuentran en grave peligro.

México es el segundo país del mundo con el mayor número de personas defensoras y periodistas asesinadas. Tan solo en lo que va del año 2020, ONU-DH ha documentado el asesinato de 7 personas defensoras de derechos humanos y organizaciones han señalado al menos 4 casos de periodistas asesinados. Además, existe un claro discurso desde el poder ejecutivo que criminaliza y estigmatiza la labor de defensa de derechos humanos de las organizaciones de la sociedad, así como la libertad de expresión.

Hoy, este amplio grupo de personas enfrentan un desafío mayor: el riesgo de que su vida se ponga en peligro debido a que las medidas que garantizan su seguridad podrían verse afectadas tras la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. El primero sirve exclusivamente para costear las medidas de protección designadas para salvaguardar la vida e integridad de las personas beneficiarias; el segundo para brindar las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas del delitos y de  violaciones a los derechos humanos, todos ellos elementos importantes para que puedan salvaguardar su integridad personal y las víctimas accedan a la justicia.

La desaparición de ambos fideicomisos fue contemplada dentro del paquete de 109 fideicomisos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el pasado 29 de septiembre y que hoy, 1 de octubre se pretende votar y aprobar en el pleno de la Cámara. Su desaparición implica un grave riesgo, a mediano y largo plazo, para la justicia, verdad y reparación de las miles de víctimas en el país así como para el ejercicio seguro del periodismo y la defensa de los derechos humanos en México. La eliminación implicaría:

  • Incapacidad para adoptar medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas con la urgencia que las situaciones de peligro exigen, así como financiar su costo y acceder a los recursos con la inmediatez que se requiere.
  • Obstáculos para el desarrollo de las acciones de protección, como el incremento de trámites administrativos y pérdida de flexibilidad en la adopción e implementación de medidas ante situaciones inminentes de riesgo.
  • Eliminación de los candados que evitaban que los recursos se puedan utilizar para otros fines que no sean las medidas de protección o atención a víctimas. Al pasar a manos de SEGOB, queda abierta la puerta al uso arbitrario de los recursos y, por lo tanto, a la opacidad y corrupción.
  • Vulneración a víctimas, personas defensoras y periodistas en riesgo dado que la operación quedará supedita a prioridades y criterios políticos.

La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha señalado que la eliminación del Fideicomiso tendrá impactos negativos en el desarrollo de las acciones de protección para las 1304 personas —418 periodistas y 886 defensoras de derechos humanos— a las que actualmente brinda medidas de protección. El fideicomiso es el principal instrumento financiero para la implementación de las medidas urgentes para su protección, es decir, significa salvar vidas.

Además, es necesario señalar que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de 2018 a 2019 ha tenido un incremento de gastos para la atención a víctimas, mientras que la dotación de recursos al Fondo ha disminuido en 2019, 2020 y lo proyectado a 2021. La eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral implica que no haya un recurso económico destinado exclusivamente para atender las necesidades específicas de las víctimas y repararles los daños, por ejemplo medidas de ayuda para alimentación, vivienda, transporte, gastos funerarios, entre otros. Además, delegar el pago de las reparaciones del daño derivado del presupuesto total designado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las Comisiones estatales, implica que no hayan suficientes recursos para atender tal fin.

Frente al desafío que el Estado enfrenta para garantizar la vida e integridad de víctimas, personas defensoras y periodistas, consideramos inadmisible que se pretenda desproteger la vida de quienes se encuentran en riesgo con la eliminación del Fideicomiso y el Fondo. La eliminación de la corrupción no se logra borrando el trabajo que durante años se ha articulado para garantizar la protección y la vida. Combatir la corrupción no se logra extinguiendo fideicomisos y fondos, se logra creando mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. La decisión de extinguir un fideicomiso no solo debe tomar en consideración elementos de carácter financiero, sino debe considerar la utilidad y fin que tienen, así como las personas a quienes se dirigen

Rechazamos que se use la pandemia de COVID-19 como argumento para su eliminación. En el contexto actual de violencia y pandemia, el Estado mexicano tiene el deber reforzado de proteger y garantizar la vida y los derechos de quienes han sido víctimas de violencia, desplazamiento, y violaciones de derechos humanos.

Hoy, organizaciones sociales nacionales e internacionales, víctimas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos hacemos un llamado urgente al Congreso de la Unión, en especial a la Cámara de Diputados, así como al Titular del Ejecutivo, a desistir en la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y el Fondo para la Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Hacemos un llamado a detener cualquier acción que ponga en mayor riesgo a estas poblaciones y que han sido producto de las demandas legítimas de los movimientos sociales, víctimas, personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Personas víctimas, defensoras derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil firmantes

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

ARTICLE 19, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y Amnistía Internacional Sección Mexicana.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH), (Pachuca, Hgo.), Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

Personas, medios, colectivos y organizaciones de la sociedad civil: 

Alberto Athié.
Amnistía Internacional México.
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL).
Borde Político.
Casa del Migrante Saltillo.
Cauce Ciudadano A.C.
Centro de Derecho Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan».
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo.
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Red de Feminismos Descoloniales.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Chinampa Voces del Mundo.
CIESAS.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A. C.
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C.
Colectivo Mariposas Destellando Buscando Corazones y Justicia en el Estado de Guanajuato
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C.
Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC).
Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Consultoría Técnica Comunitaria A.C.
Data Cívica.
Desaparecidos Justos A.C. Queretaro
Documenta desde Abajo.
Elementa DDHH.
Familiares en Búsqueda María Herrera.
Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A.C.
Frontera con Justocia A.C.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Grupo de Investigaciones en Antropologia Social y Forense.
Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C.
Hacia la vida digna para todas las personas, ReverdeSer Colectivo A.C.
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
Impunidad Cero.
Inclusión Ciudadana A.C.
Instituto de Ecología A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.
Melel Xojobal A.C.
Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.
Mujeres Libres COLEM A.C
Nancy Camacho Díaz.
Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas.
Observatorio Designaciones Públicas.
Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
Red de Desaparecidos en Tamaulipas (REDETAM).
Red de Enlaces Nacionales.
Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí.
Red en Defensa de la Democracia .
REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México.
Revista Espejo.
Ruta Cívica.

Fuente: https://desinformemonos.org/eliminacion-de-fideicomisos-vulneraria-a-victimas-personas-defensoras-y-periodistas-espacio-osc/

Imagen: Yuri Cortez/Agence France-Presse — Getty Images

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