Este viernes, sábado y domingo se desarrollará, de manera remota, el I Congreso Mundial de Educación 2020, para debatir sobre “el asedio neoliberal a la educación pública en la pandemia y pospandemia”. Habrá presencia local.
Las y los rosarinos Beatriz Introcaso, secretaria Adjunta de Coad; Fernando Gómez, delegado gremial en Psicología del gremio de docentes universitarios de la UNR; y Gustavo Terés, secretario general de Amsafé Rosario, participarán del Primer Congreso Mundial de Educación, que comenzará este viernes desde las 15. El programa se extenderá hasta el domingo.
“La universidad de, para y con el pueblo no puede prescindir de las miradas no hegemónicas”, aseguró Introcaso, que disertará el sábado por la tarde junto con Gómez, que aseguró que “enfrentar la colonización del pensar para que el paradigma crítico que ofrecen las epistemologías del sur defina la educación pública universitaria pospandemia”.
El domingo por la mañana será el turno de Terés, quien consideró que “cuidar nuestras vidas y defender nuestros derechos, reflexionando acerca de los problemas de la educación pública en la pospandemia”.
Las y los organizadores indicaron que este espacio “se plantea el desafío de enfrentar al neoliberalismo en todas sus formas y expresiones y para ello, avanzaremos en el establecimiento de una Coordinadora Internacional de los y las Trabajadores de la Educación (CITE), como espacio permanente de diálogo, encuentro y organizaciones de quienes luchamos en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo”.
Del debate participarán organizaciones, gremios, sindicatos, movimientos sociales y personalidades. Las y los interesados en la actividad podrán consultar en: congresomundialdeeducacion2020@gmail.com
“La pandemia del Covid-19 ha servido de pretexto para avanzar en la agenda neoliberal de la sociedad educadora, la cual se concreta con novedosas formas de privatización educativa, asociadas al acceso a la conexión a internet y la posesión de equipos para participar en las clases virtuales”, alertaron los organizadores en un comunicado.
La medidas implantadas para hacer frente a la situación provocada por la Covid, como los desdobles para reducir la ratio, y la necesidad de cubrir sustituciones y bajas hacen que este curso escolar haya que reforzar las plantillas de profesores. Un refuerzo que algunas comunidades están teniendo dificultades para llevar a cabo. Por ese motivo, el Ministerio de Educación va a flexibilizar, «de manera excepcional y limitada», los requisitos para ejercer la docencia en los institutos.
La decisión ha sido adoptada este jueves en la reunión de la ministra Isabel Celaá y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con los consejeros de Educación. «Muchas comunidades autónomas han manifestado sus dificultades para encontrar profesorado que pueda cubrir las contrataciones previstas, máxime cuando la situación sanitaria ha obligado a retrasar hasta 2021 las pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo de funcionarios docentes. En definitiva, a algunas comunidades se les ha acabado la lista de sustituciones», ha explicado Celaá.
En este contexto, el Gobierno va a permitir nombrar docentes a personas que no hayan cursado el máster que acredita la formación didáctica para serlo en ESO, FP, música y artes escénicas, artes plásticas y diseño, y escuelas oficiales de idiomas. Esas personas sí deberán cumplir el resto de requisitos, como contar con una titulación universitaria, y su contratación podrá producirse siempre y cuando se agoten las listas de aspirantes al puesto en régimen de interinidad y las de demandantes de empleo. La medida se acota al presente año académico.
UN ARRANQUE CON POCAS INCIDENCIAS
Más de ocho millones de estudiantes no universitarios y más de 700.000 docentes han regresado a las aulas en más de 30.000 centros, habiéndose registrado incidencias en el 4,5%. De los 386.214 grupos existentes, 2.852 (el 0,73%) están «cuarentenados», según Educación. Celaá e Illa han coincidido en señalar que estos significa que las medidas adoptadas «están funcionando» y han agradecido el esfuerzo a profesionales, familias y estudiantes.
«Estamos en una situación de emergencia en la que podemos admitir que, para poder atender una enseñanza en la que son necesarios más profesores de lo habitual y en la que se han suspendido los procedimientos selectivos, se contrate como docentes a personas que no tengan el Máster en Formación del Profesorado en el que caso de que se agoten las listas de interinos. Nos parece razonable«, valora a preguntas de este diario el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE). Nicolás Fernández defiende que ahora lo importante es tener docentes suficientes y «en algunas especialidades y comunidades no hay bastantes candidatos».
Fernández reclama al ministerio que habilite esta «excepcionalidad» a través de un decreto ley para que los Ejecutivos autonómicos puedan aplicarla, dado que «actualmente la norma no lo permite». «También pedimos que a posteriori, cuando esta situación pase, sí se exija que esas personas tengan que realizar el máster si desean continuar como profesores», agrega.
Este sindicato estima que es necesario aumentar la cifra de profesores una media del 10% en el conjunto de las regiones y se queja de que de las 60.000 nuevas plazas que se requieren en todo el país, según sus cálculos, solo se han cubierto a aproximadamente la mitad. «Hay comunidades que han aumentado sus plantillas un 11% pero la media está en torno a un 5%», lamenta su presidente.
Junto a la medida de flexibilizar la contratación de docentes, en la conferencia sectorial también se ha acordado adaptar las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU) a las circunstancias de la pandemia, de forma que esos exámenes seguirán un modelo similar al del curso pasado. Esta adaptación se aplicará igualmente a las prácticas de FP, con la reducción al mínimo de 220 horas establecido en la ley, la integración del módulo de formación en centros de trabajo en el módulo de proyecto en el caso de la FP Superior o la creación de un módulo de proyecto para integrarlo con la formación en centros de trabajo en el caso del Grado Medio y la FP Básica.
Educación también estudiará cambios normativos que permitan adaptar el currículo y las programaciones didácticas para recuperar los «aprendizajes imprescindibles» que no pudieron alcanzarse el curso 2019/2020.
Desde el inicio de la ‘guerra contra el narco’, más de 38 mil 500 cuerpos no identificados han ingresado a los servicios médicos forenses del país para terminar en cámaras frigoríficas, fosas comunes o escuelas de medicina; algunos, incluso, fueron desaparecidos en los registros estatales, dejados en funerarias, o incinerados. Esta investigación revela la magnitud de la crisis forense que atraviesa el país.
“Saturan el Semefo cuerpos de asesinados”, anunció El Diario de Juárez en marzo de 2008, mes en que los cadáveres de 40 personas no identificadas fueron enviados a la fosa común. Para mayo, otro encabezado alertaba de nuevo: “Ya no caben en la morgue”. El anfiteatro tenía 2 planchas metálicas y 14 cuerpos requerían autopsias, y guardaba otros 10 que nadie reclamó. En julio el título fue: “Saturan otra vez el Semefo”. Para entonces el promedio era de ocho cuerpos ingresados a diario, y se sumaron casi 50 exhumados de una fosa. Para diciembre -cuando los servicios periciales estaban recién ampliados y remodelados- otra nota de mal agüero se convirtió en presagio: “Colapsa el Semefo por tantos muertos”.
Las noticias sobre el inminente colapso en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Juárez -sea por falta de espacio y de personal, truene de refrigeradores, ingreso de cadáveres de personas migrantes a las que nadie reclama, lista de espera para análisis de laboratorios- pronto se fueron repitiendo en otros estados del país, una y otra vez, en los últimos 14 años. El gobierno reconoció el problema apenas el año pasado, y lo nombró: “crisis forense”.
Ninguna autoridad ha esclarecido cuál es su magnitud.
Entre 2006 y 2019, miles de cadáveres fueron ingresados a los Servicios Médicos Forenses de todo el país. Datos inéditos obtenidos por Quinto Elemento Lab revelan que, a finales de 2019, quedaron sin ser identificados 38 mil 891 cuerpos.
En el año 2006, los cuerpos que quedaron en el anonimato dentro del sistema forense eran apenas 178, al siguiente año se duplicaron a 433. El fenómeno se hizo cada vez más masivo: 2018 cerró con 4 mil 408 y para 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, otros 4 mil 905 se acumularon.
La herencia de Calderón a esta trama fue de 9 mil 349 cadáveres anónimos. La de Peña Nieto, de 17 mil 590.
En esos 14 años el ingreso a los anfiteatros de cuerpos a los que no se les pudo devolver el nombre se incrementó en mil por ciento.
Gráfico 1. Cuerpos no identificados en México. Gráfico: Omar Bobadilla.
Esos casi 39 mil cuerpos forman parte del saldo de 14 años de la política de militarización estrenada desde el sexenio de Felipe Calderón, la “guerra contra el narco”, que desató un baño de sangre y echó gasolina a las disputas territoriales de los grupos criminales. En ese lapso, 289 mil personas han sido asesinadas y más de 70 mil, desaparecidas.
La paradoja es que cada día familias de distintas geografías se organizan en colectivos para salir a buscar a sus parientes desaparecidos, muchas veces con picos y palas, excavando con sus propias manos. Cada año madres de migrantes recorren México buscando pistas sobre sus hijos e hijas que nunca volvieron. Entre esos casi 39 mil cuerpos bajo el poder del Estado podría estar la respuesta que a esas familias les falta. El Estado los tiene, pero no siempre tiene la voluntad de regresarlos a casa y que tengan un entierro digno.
¿Qué se sabe de estos cuerpos?
Esta investigación, basada en solicitudes de transparencia de información pública a las autoridades forenses de las 32 entidades y la Fiscalía General de la República (FGR, antes PGR), arroja que 25 mil 833 de los cuerpos NI o No Identificados, correspondían a hombres y 2 mil 419, a mujeres. En 10 mil 639 no fue especificado el género en las respuestas.
Cinco estados concentran más de la mitad de esos cuerpos: Ciudad de México, Baja California, Jalisco, Estado de México, Chihuahua y Nuevo León. Juntos registraron 21 mil 881 personas fallecidas sin identificar.
Gráfico 2. Cuerpos no identificados por estado. Gráfico: Omar Bobadilla.
Ningún gobierno, informe o diagnóstico ha aclarado hasta ahora cuántos son y en dónde están esas decenas de miles de cadáveres anónimos.
Sin normas nacionales homogéneas para el procesamiento, identificación y resguardo de los cuerpos, y con personal insuficiente para la estampida violenta, a los Semefo llegaron miles de cuerpos que muchas veces fueron indebidamente resguardados, poniendo en riesgo su futura identificación y trazabilidad, es decir, el registro de dónde terminó cada uno.
Cada tanto aparecen en las noticias los experimentos improvisados de algunos estados para evitar que esos cuerpos de desconocidos se estacionen en sus planchas metálicas, y dar cabida a otros recién llegados. Los casos más conocidos son los que violaron todos los derechos que tienen las personas muertas.
El gobierno de Morelos, por ejemplo, cavó sus propias fosas clandestinas en Tetelcingo, entre 2010 y 2013, para ocultar 117 cadáveres, enterró otros 84 sin placa alguna en el panteón de Jojutla que fueron descubiertos por familias de personas desaparecidas. Ellas, indignadas y enojadas, presionaron hasta su exhumación en 2016 y 2017.
En septiembre de 2018 un tráiler abandonado con cientos de cuerpos fue descubierto en Jalisco. Lo que parecía una trama de narcos fue obra de las autoridades que apilaron 322 cuerpos a bordo de dos tráileres rentados, uno de los cuales estuvo errante y sin refrigeración por calles de Guadalajara.
Las morgues móviles no eran una solución innovadora: ya antes la habían experimentado en Acapulco, Chilpancingo, Xalapa, Tijuana o en Tamaulipas y siguen siendo utilizadas. Antes de este escándalo internacional que ganó el mote de “los tráileres de la muerte”, también en Jalisco se habían dado a la tarea de incinerar en un horno a mil 559 personas; apenas 553 bolsas de cenizas contaban con los registros forenses completos que son necesarios para que alguien los pueda identificar.
Además del desborde constante en Ciudad Juárez, morgues como las de Acapulco, Chilpancingo, Cancún, Guadalajara, Xalapa, Torreón, Coatzacoalcos y Tijuana han colapsado, según reconocieron las autoridades forenses de los estados, o quedó registro en la prensa.
En 2017, por ejemplo, el Semefo de Chilpancingo paró labores: trabajadores protestaron por los olores fétidos que emanaban los cadáveres acumulados. En 2019 a las instalaciones del Sistema estatal Desarrollo Integral de la Familia (DIF) fueron a parar los cuerpos del anfiteatro de Tijuana, que se quedó sin cupo.
¿Dónde están los cuerpos NI?
Ante la falta de capacidad para resguardar los cuerpos, los Semefo del país encontraron una salida bajo tierra.
La crisis forense transformó al Estado mexicano en una máquina enterradora: del Semefo a la fosa común pasaron 27 mil 271 cuerpos de desconocidos -70 por ciento del total-.
Durante muchos años, personal pericial introdujo los cadáveres en bolsas de plástico y los envió a fosas comunes sin seguir un protocolo que permitiera una identificación posterior de la persona fallecida. El sitio del entierro y los registros fueron dejados a cargo de los panteoneros municipales que lo hicieron a su libre albedrío, no siempre con orden o cavando fosas individualizadas.
En Coahuila, por ejemplo, durante la implementación del Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense, de 2017, se encontró que los cadáveres en las fosas comunes no eran los que indicaban los registros, ni en número, ni en descripción. En las fosas irregulares de Tetelcingo, Morelos, la Fiscalía estatal enterró 46 cuerpos y extremidades que, o no tenían datos de identificación o tenían etiquetas ilegibles. Peritos de la FGR iban por 30 cuerpos, y extrajeron más de 100.
Estos procedimientos erráticos desembocan en lo que llaman “pérdidas administrativas”.
Lo explica en entrevista el asesor del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en México, Hugo Soto Escutia: “Si se identifica, esa persona queda en una fosa donde hay más de 50 personas, 32, 40, equis número, y no sabe bien en qué posición quedó, en qué nivel, etcétera, ahí lo pierde el Estado. Por eso se le llama la pérdida administrativa, por una cuestión administrativa del Estado”.
El otro destino más común para los cuerpos sin identificar son las gavetas en los Semefo. Un 14 por ciento de cuerpos sin nombre que no yacen en fosas comunes esperan a ser identificados dentro de cuartos con cajas para cadáveres esqueletizados, cámaras frigoríficas o planchas dentro de los anfiteatros. En ese limbo permanecen 5 mil 446.
Foto 2. Gavetas dentro del Semefo de la Fiscalía de Nayarit. Crédito: Karina Cancino.
Pero el que estén más a la vista no garantiza que serán identificados.
En 2011, por ejemplo, se descubrió que el moderno anfiteatro de Ciudad Juárez “guardaba” 26 cuerpos de mujeres, algunas de ellas buscadas por sus madres durante años, las cuales constantemente preguntaban por su paradero en el mismo Semefo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) encontró que 47 cuerpos que deambulaban en las morgues itinerantes de Jalisco contaban con los datos necesarios para haber sido identificados.
Entre esta porción de NI embodegados en instalaciones forenses están, por ejemplo, los cuerpos extraídos de fosas de Iguala y sus alrededores cuando se hacía la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Alrededor de 90 ocupan gavetas del CEMEFOFE de la FGR en la Ciudad de México.
De acuerdo con la información recabada, de esos casi 39 mil cuerpos NI, 954 fueron reducidos a ceniza: tres en Tamaulipas, el resto en Jalisco. La única esperanza para quienes les buscan es que los peritos hayan integrado correctamente sus expedientes, con foto y análisis genético incluido. La FGR no mencionó en sus respuestas la incineración de 10 cuerpos exhumados de fosas en San Fernando, Tamaulipas, el último día del sexenio de Calderón.
Al menos 2 mil 589 cuerpos fueron donados a escuelas de Medicina. Es posible que los estudiantes estén aprendiendo con los cuerpos de personas buscadas por sus familias.
Universidades como la de Guadalajara han contribuido a esta crisis humanitaria: incineró 118 de los cuerpos donados por Instituto Forense.
En otros 53 casos son funerarias privadas las que tienen en su poder los restos. En Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, las fiscalías delegaron su obligación de resguardar los cuerpos a estos negocios particulares.
Foto 3. Capilla en jardín funerario de Sinaloa. Crédito: Luis Brito.
La doble desaparición
En el colmo, en siete estados, perdieron cuerpos.
Es la situación de 999 cadáveres de los que las autoridades forenses no saben aclarar su destino final aunque sus peritos fueron los últimos que los examinaron dentro de sus instalaciones. Reconocieron este desorden que raya en lo delictivo las fiscalías de Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. El registro de su resguardo final se perdió en el laberinto institucional.
Un caso paradigmático es el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que respondió que tiene “en investigación” el destino de 355 cuerpos ingresados a sus instalaciones.
Las autoridades forenses de Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz no entregaron la información sobre el destino final de 2 mil 528 cuerpos NI, que equivale a 6.5 por ciento del total nacional de cuerpos no reclamados. Sólo es posible saber que fueron registrados y que continúan en calidad de desconocidos.
La Fiscalía de Guanajuato evadió responder cuántos cuerpos no identificados tenía: tras reiteradas solicitudes de Transparencia sólo reconoció que contaba con “153 archivos básicos completos” con descripción de características que permitan posteriores identificaciones.
Después de una queja ante el Instituto de Transparencia de Guanajuato, entregó información sobre 701 cuerpos inhumados en fosa común, pero informó que desconoce cuántos fueron posteriormente identificados. La fiscalía no respondió a la solicitud de entrevista solicitada.
No hay forma, entonces, de saber la magnitud exacta de la crisis forense.
En esta investigación sólo mencionamos cuerpos completos y osamentas. Por los Semefo pasan cientos de miles de restos y fragmentos humanos. En varios estados del país, los criminales han utilizado ácido o fuego para destruir cuerpos o volverlos irreconocibles.
Gráfico 3. Destino final de los cuerpos sin identificar. Gráfico: Alejandra Saavedra.
Diagnóstico desconocido
En junio de 2019, durante el primer informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas expuso que en el país hay 37 mil cuerpos a los que posiblemente no se les practicó necropsia, 263 anfiteatros con una capacidad instalada para almacenar 5 mil 171 cuerpos que -a marzo de 2019- tenían 8 mil 116 cuerpos, lo que representaba un sobrecupo de 2 mil 945 cuerpos.
No se especificó la metodología del diagnóstico, el número de personas fallecidas no identificadas, sus características, su distribución en las entidades federativas y dónde se encontraban (ver recuadro sobre “el informe secreto”).
Tampoco el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, un órgano civil e independiente que vigila el cumplimiento de la Ley general en materia de desapariciones, supo cómo se llegaron a esos resultados. “Nosotros conocemos igual que todos el Power Point que se presentó en una reunión, tuvimos dudas precisamente sobre las metodologías usadas para llegar a esta cifra (…) seguimos sin tener muy claras las metodologías con las que se han llegado primero a 26 mil y luego a 37 mil”, explica Volga de Pina, integrante de este Consejo.
Encinas mencionó que la “emergencia forense” se debe a falta infraestructura, personal, recursos, cementerios forenses y protocolos homologados para la conservación de cadáveres.
Aunque Quinto Elemento Lab envió diversas solicitudes de información para pedir una copia del diagnóstico completo, este fue negado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) alegando que solo la FGR contaba con él, mientras que la Fiscalía argumentó que el diagnóstico no estaba concluido.
Los estados de Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas, en cambio, sí entregaron a Quinto Elemento Lab una copia del cuestionario que respondieron para ese informe.
Las respuestas que las autoridades de estos tres estados enviaron para la conformación del diagnóstico forense muestran una realidad desoladora: en el caso de Baja California Sur, la dirección de servicios periciales reconoció que la carga de trabajo está en aumento, pero no así el personal operativo. En tanto Tamaulipas, que recibe en promedio 10 cadáveres al día, respondió que puede tardar de tres días a un mes para identificar a una persona; en algunos casos hasta dos años si no cuenta con confrontas genéticas. El cuestionario respondido por el Semefo de la ciudad de Puebla es escueto: escrito a mano, a veces ilegible y tachado, se alcanza a leer: “La carga de trabajo ha aumentado, 10 cadáveres x día y rebasado. Casos complejos”.
Documentos 1. Cuestionario respondido por autoridades forenses de Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas. Crédito: Documentos obtenidos vía solicitudes de información pública.
Anselmo Apodaca, el exdirector de la Unidad de Servicios Periciales de FGR, ahora consultor independiente, considera que es injusto estigmatizar a los servicios médicos forenses hablando de “crisis forense”.
Dice que no lleva a nada constructivo repetir que en Jalisco hubo “4 tráileres con 400 cuerpos” o que en Guerrero entregaron cenizas a familiares que resultaron no ser de humanos. “Son datos que ya se manejaron”, dice el médico en entrevista.
“Se me hace injusto (hablar de) el tema de la crisis forense, No, acá tenemos una crisis de violencia, de delincuencia, que repercute en el área forense, me queda claro, pero al manejarlo como crisis forense siento que nos dejan a todos los forenses la máxima responsabilidad de todo esto cuando se ha hecho el máximo esfuerzo”.
Para Anselmo Apodaca, la violencia se combinó con falta de infraestructura, de inversión en tecnología, de personal y capacidades rebasadas. Admite también que en algunos estados no hubo visión al dotar presupuesto a las unidades de medicina legal.
Los Semefo no estaban preparados para lo que vendría. Fueron sorprendidos por la llegada masiva de las víctimas de homicidios y masacres a las que debían de atender con infraestructura deficiente: en Coahuila, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas las funerarias privadas les prestan sus instalaciones. O sin personal suficiente, como lo reconocen las autoridades forenses en Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas. O sin inversión, como ocurrió en Veracruz donde 80% del presupuesto destinado al rubro fúnebre se usó para otros gastos. Tradicionalmente los Semefo han sido tratados como apestados a la hora de la repartición de recursos estatales.
“La violencia se fue incrementando y se fue abandonando en muchos lugares el presupuesto para poder fortalecerlos”, dijo Apodaca, también comisario de la Policía Federal con especialidad en criminalística. “Al no estar fortalecidos quedaron rebasados en sus capacidades (…) los Semefo fueron sobreviviendo con el presupuesto que les iba asignando cada estado”.
Considera que habría que contar los cuerpos sí identificados, que son muchos y que demuestran el buen trabajo realizado en muchos Semefo.
Sin embargo, el diagnóstico que se pretende ocultar queda ventilado cuando otras instituciones han podido echar un vistazo al funcionamiento de los servicios periciales.
Un estudio que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hizo sobre las capacidades forenses de Veracruz -obtenido por AVC Noticias-, reveló que de 910 cuerpos enviados a fosa común entre 2014 y 2017, sólo 187 tenían archivos básicos post mortem. Encontró también que era una constante en las fichas sobre los cuerpos ingresados en Semefo no desglosar lugar preciso de recuperación, si actualmente el cuerpo está o no identificado y el estado que guarda.
Documento 2. Diagnóstico de CICR. Crédito: AVC Noticias/Connectas
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una organización independiente que colabora con gobiernos y colectivos de familiares para la identificación de personas, y que participó en la Comisión Forense para revisar junto a la PGR los cuerpos NI extraídos de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, en 2011, encontró que las autoridades estatales y federales cometieron una cadena de errores, según documentó la CNDH en su recomendación 23 VG/2019.
Por ejemplo: terminaron en fosas comunes 31 de los 60 cuerpos exhumados aún cuando podrían haber sido identificados. Erráticamente incineraron un número indefinido de cuerpos. Retrasaron más de 4 años el cotejo de muestras genéticas de los familiares. Mezclaron osamentas de distintas personas. Perdieron pertenencias que acompañaban los restos. Levantaron reportes sobre desapariciones sin datos importantes. Entregaron el cadáver de un mexicano a una familia guatemalteca y esperaron un año para remediarlo.
En enero de 2020 la CEDH de Jalisco hizo una recomendación al IJCF y a la Fiscalía estatal en la que señaló que se borraron los datos en las etiquetas del 25 por ciento de los cadáveres NI. Cuando el sistema arrojaba una coincidencia entre cadáveres y fichas de desapariciones de otros estados, no se solicitaba colaboración para localizar a los familiares. Toma de huellas dactilares tardía a los cuerpos. Falta de confrontación de las muestras de ADN de personas que buscaban a un familiar con las muestras de ADN de los cuerpos a su resguardo. Ausencia de datos de al menos 700 cuerpos cremados en años anteriores.
El colapso de los servicios periciales es tortura para las familias.
Foto 4. Hallazgos de restos óseos en fosa. Crédito: Germán Canseco/Proceso.
El colapso forense
Quinto Elemento Lab también obtuvo información vía Transparencia para esta investigación sobre la saturación de los Semefo en el país. Al cierre de 2019, 44 de 177 Semefo estaban desbordados. Se trata de unidades en 18 estados de la república, y el de la FGR.
Es decir, uno de cada cuatro unidades que resguardan cuerpos tiene el cupo sobrepasado.
El Semefo de Xalapa guardaba 364 cuerpos más de los que le caben. Y el CEMEMOFE de la FGR tenía 164 cuerpos de más. La Zona Norte de Quintana Roo padecía una situación crítica: el anfiteatro excedía su capacidad por 85 cuerpos.
Los estados de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz reconocieron que han recurrido a contenedores frigoríficos para el exceso de cadáveres, pero en sus respuestas no aclararon la capacidad de esas morgues improvisadas.
El Semefo de Ciudad Juárez reportó que tenía 45 cuerpos más.
En 2018 la prensa juarense informó que la morgue requería nuevas inversiones, que ingresaban 420 cadáveres por mes (la mitad, víctimas de homicidios), que a 231 cadáveres les faltaba el análisis de perfil genético, que una persona buscó 8 años a su hijo y la encontró en el Semefo, que víctimas se manifestaron para exigir información de cuerpos resguardados.
La autora de las primeras notas sobre la saturación de las morgues de 2008 es la periodista Luz del Carmen Sosa. Estos años ella ha sido testigo de la ampliación de instalaciones, el equipamiento, las nuevas contrataciones y los cursos al personal del Semefo, las certificaciones de laboratorios y, en contraste, las interminables filas de espera para la autopsia; la caravana de madres de jóvenes desaparecidas que pedían auditar el Semefo para buscar a sus hijas; la falla del sistema de refrigeración por exceso de cadáveres; el asesinato del jefe de servicios periciales; el hallazgo de fosas clandestinas que convierten a Chihuahua en segundo lugar nacional; los cuerpos que permanecieron años sin ser identificados aunque sus familias los reclamaban; los sistemáticos entierros de desconocidos en fosas de panteones municipales para desocupar espacios, y los repetidos colapsos de la morgue.
Diez años después de aquellas primeras notas, en 2018, documentó que sumaban 584 los cadáveres no reclamados.
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Foto 5. Informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda. Crédito: Benjamín Flores/Proceso.
En febrero de 2019, el Subsecretario Alejandro Encinas prometió que se crearían cinco Institutos Regionales Forenses (en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Veracruz), 15 cementerios forenses -depósitos temporales de cadáveres- en nueve estados y se daría un apoyo “extraordinario” para los servicios forenses en estados rebasados, para fortalecer capacidades estatales y para la CNB.
En diciembre de 2019, por presión de las familias de personas desaparecidas y también con su participación, se creó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), un órgano de expertos con autonomía técnica y científica que apoyará la identificación de los cuerpos o restos óseos en todo el país. A pesar de la urgencia de las familias de personas desaparecidas por encontrar a sus seres queridos, éste sigue sin titular y aún no funciona.
Yolanda Morán, quien busca a su hijo Dan Jereemel Fernández y es vocera del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, considera que el presupuesto es insuficiente. Está esperanzada de que el primer día de enero arranque el Mecanismo.
A la fecha, una promesa se ha cumplido: en agosto pasado Coahuila recibió del gobierno federal un Centro Regional de Identificación. El 17 de septiembre, en Michoacán, se puso la primera piedra del que será un Centro de Resguardo Forense.
El jefe de la delegación del CICR para México, Jordi Raich, informó el año pasado en entrevista que se ha calculado que, en un escenario ideal, con los especialistas y recursos necesarios, se podrían revisar por año un estimado de 2 mil cuerpos, para tratar de devolverles la identidad. Esto significa que demoraría 20 años sin contar los nuevos ingresos. “Si no se entra en un escenario (de violencia) que se recrudezca aún más”.
Foto 6. Fosa común en el panteón Centenario de Los Mochis, Sinaloa. Crédito: Luis Brito.
La serie #CrisisForense de Quinto Elemento Lab y el proyecto A dónde van los desaparecidos revela el colapso del sistema forense en México y las consecuencias para miles de familias que buscan a sus seres queridos y para los miles de cuerpos que siguen sin identidad. Síguela en: www.quintoelab.org/crisis-forense/
Diagnóstico: Información “clasificada”
En 2018 comenzó una danza de cifras sobre los cuerpos no identificados en el país.
Para abril, el subsecretario de Derechos Humanos en tiempos de Enrique Peña Nieto, Rafael Avante, soltó que eran 35 mil cuerpos no identificados en los Semefo. Nunca aclaró su fuente ni atendió a las solicitudes de información pública. Al terminar su mandato le dio otro dato a Alejandro Encinas, quien lo sucedería en el cargo: eran 26 mil.
En enero de 2019, al despedirse de su cargo, el Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera, afirmaba que habrían 36 mil 708 cadáveres NI, según los registros de huellas dactilares en la Plataforma México.
Antes de acabarse el sexenio de Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) -hoy FGR- realizó el “Diagnóstico para el Programa Nacional de Exhumaciones”, que nunca se presentó al público, pero estimaba en 16 mil 520 el número de cadáveres conservados en Semefo o enterrados en fosas comunes de 26 estados.
El último esfuerzo para despejar la incógnita de registros post-mortem de cuerpos no identificados se hizo en marzo de 2019, a partir de que la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) fueron urgidos desde Presidencia de la República para elaborar un diagnóstico.
Funcionarios de las distintas dependencias fueron enviados del 29 al 31 de marzo a cada una de las entidades federativas para hablar con las personas a cargo de los anfiteatros y llenar un largo cuestionario sobre instalaciones y capacidades, número de especialistas y de cuerpos.
A mediados de año Encinas presentaría los resultados: había 37 mil 443 cuerpos a los que probablemente no se les hizo una necropsia. No mencionó más.
En 14 años ningún funcionario ha presentado algo más que declaraciones. Nadie ha presentado un informe completo.
La CNB y la FGR negaron el acceso al documento, en las solicitudes de información realizadas.
El diagnóstico señala que en el país hay 263 anfiteatros con una capacidad instalada para almacenar 5 mil 171 cuerpos que -a marzo de 2019- tenían 8 mil 116 cuerpos, lo que representaba un sobrecupo de 2 mil 945 cuerpos. Y que la causa de la “emergencia forense” era la falta de personal, infraestructura, recursos, panteones especializados y protocolos homologados.
El ahora consultor independiente Anselmo Apodaca, quien en 2019 era coordinador general de la Unidad de Servicios Periciales de la FGR, explicó en entrevista que el diagnóstico no se hizo público para evitar un golpeteo entre partidos políticos con base en el desempeño de los servicios forenses estatales.
“(Fue) para no evidenciar a nadie, porque era un tema también político. Los servicios periciales no manejan el tema político, pero algunos estados estuvieron renuentes por su gobernador, por su fiscal, de no dar los datos adecuadamente, esto fue al inicio. (Luego) se hizo un consenso, realmente sensibilizamos a todos los directores de periciales para que ellos, a su vez, sensibilizaran a sus fiscales. Fue un trabajo nada sencillo porque todo mundo siente que es dueño de su información, pero al hablar de bases de datos no puedes ser dueño de su información”, dijo.
Agregó que a cada duda se hablaba con los titulares de los Semefo. Otra fuente consultada bajo condición de anonimato mencionó que nunca fue posible homologar los resultados: en las prisas por darle una expedita respuesta al presidente se envió a cualquier gente a hacer auditoría a los Semefo y muchos no entendieron la jerga forense y, a su regreso a la ciudad de México no supieron traducir en detalles técnicos.
Sea por consenso entre autoridades o porque nunca fue terminado, lo cierto es que el documento sigue bajo candado.
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/un-pais-rebasado-por-sus-muertos/
Asia/China/25-09-2020/Autor(a) y Fuente: spanish.xinhuanet.com
SUVA, 22 septiembre, 2020 (Xinhua) — Sun Jie (i), director del Centro Cultural de China en Fiyi, presenta la cultura del té a los fiyianos en el Centro Cultural de China en Fiyi, en el centro de Suva, capital de Fiyi, el 22 de septiembre de 2020. El Centro Cultural de China en Fiyi celebró el martes el Festival del Medio Otoño chino de este año con un grupo de fiyianos que disfrutaron de la deliciosa comida china, incluidos los pasteles de luna, y la hermosa exposición fotográfica. (Xinhua/Zhang Yongxing)
SUVA, 22 septiembre, 2020 (Xinhua) — Fiyianos aprenden acerca del Festival del Medio Otoño en el Centro Cultural de China en Fiyi, en el centro de Suva, capital de Fiyi, el 22 de septiembre de 2020. El Centro Cultural de China en Fiyi celebró el martes el Festival del Medio Otoño chino de este año con un grupo de fiyianos que disfrutaron de la deliciosa comida china, incluidos los pasteles de luna, y la hermosa exposición fotográfica. (Xinhua/Zhang Yongxing)
SUVA, 22 septiembre, 2020 (Xinhua) — Sun Jie (4-d), director del Centro Cultural de China en Fiyi, presenta pasteles de luna a los fiyianos en el Centro Cultural de China en Fiyi, en el centro de Suva, capital de Fiyi, el 22 de septiembre de 2020. El Centro Cultural de China en Fiyi celebró el martes el Festival del Medio Otoño chino de este año con un grupo de fiyianos que disfrutaron de la deliciosa comida china, incluidos los pasteles de luna, y la hermosa exposición fotográfica. (Xinhua/Zhang Yongxing)
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América del Sur/Colombia/27-09-2020/Autor: César Mariño García/Fuente: spanish.xinhuanet.com
Una maestra que porta una mascarilla y una careta participa en el proceso de toma de temperatura como parte del protocolo de bioseguridad en el Colegio Rochester, en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, el 23 de septiembre de 2020. Desde la entrada a las instalaciones, los colegios certificados por las secretarías de Salud y Educación de Bogotá deben tener implementados estrictos protocolos de bioseguridad para que los estudiantes de la ciudad retornen a clases después de seis meses del aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno nacional en atención a la emergencia de la COVID-19. (Xinhua/Jhon Paz).
Desde la entrada a las instalaciones, los colegios certificados por las secretarías de Salud y Educación de Bogotá deben tener implementados estrictos protocolos de bioseguridad para que los estudiantes de la ciudad retornen a clases después de seis meses del aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno nacional en atención a la emergencia de la COVID-19.
Los lineamientos trazados por el gobierno de la ciudad para garantizar la apertura gradual de los centros educativos incluyen el uso obligatorio de cubrebocas, el lavado permanente de manos y la desinfección con productos químicos, entre ellos el alcohol, antes de ingresar a las aulas o a las zonas compartidas.
De acuerdo con el Ministerio de Comunicación colombiano, 21 municipios adelantaron los requisitos para que sus colegios privados ingresen a la reapertura gradual que comenzó el 27 de agosto.
De su parte la secretaría de Educación del distrito de Bogotá señaló en un reciente comunicado que durante la emergencia devenida por la pandemia la ciudad ha fortalecido sus estrategias para continuar garantizando el acceso y la permanencia y prevenir la deserción escolar.
«Durante la crisis, la matrícula oficial en Bogotá aumentó en al rededor de 4.409 estudiantes, pasamos de 789.000 estudiantes matriculados en el 20 de marzo y ya tenemos más de 793.566 finalizando el mes de junio. Esta es la cifra más alta en matrículas de colegios oficiales en los últimos años», dijo Carlos Reverón en conferencia de prensa virtual del 23 de septiembre, subsecretario de Acceso y Permanencia de la secretaría de educación de Bogotá.
El funcionario agregó que para conseguir ese aumento en medio de la pandemia las autoridades educativas del distrito se han concentrado en «la búsqueda de población desescolarizada tanto de forma presencial, búsqueda casa a casa o de forma virtual y telefónica».
«Sabemos que la pandemia COVID ha impactado y continuará impactando los sistemas educativos en el mundo afectando las condiciones de permanencia y acceso escolar pero en Bogotá trabajamos para mitigar sus efectos y preservar las trayectorias educativas en el mediano y largo plazo», agregó Reverón.
A estas acciones se suma la estrategia del retorno gradual a las clases que comenzó a finales del mes de agosto y contempla tres etapas: en septiembre la reapertura presencial de los colegios privados, instituciones de educación superior y de educación preescolar; la reapertura en octubre de los colegios oficiales del distrito y en noviembre una consolidación de la estrategia a seguir para la reapertura total de los centros educativos en 2021.
Colegios como el Rochester de Bogotá, ubicado al norte de la ciudad, estuvieron entre los aprobados para la reapertura gradual tras cumplir con los requisitos de las secretarías de Educación y Salud y han visto el beneficio en la salud integral de sus alumnos con el reingreso a las aulas.
«Desde el primer día los niños llegaron un poco retraídos, tímidos, llevaban mucho tiempo en sus casas y esta parte de la socialización es muy importante para la salud integral. A medida que han pasado los días, el cambio fue increíble. Nosotros estamos muy felices de tenerlos acá, ellos están muy felices de estar en el colegio», dijo a Xinhua Taniana Leguizamón, médica y coordinadora del comité de bioseguridad de la institución educativa.
«Es muy importante para ellos estar en un campus como este, compartir con sus amigos, hablar con sus maestros, estar en las zonas de recreo, en las zonas compartidas, para ellos ha sido muy importante y para nosotros también, ellos son nuestra razón de ser», agregó.
Entre los requisitos para la reapertura está la realización de una encuesta pormenorizada que da cuenta del estado de salud de cada uno de los estudiantes, así como de la planta docente y demás trabajadores del centro educativo.
También deben estar al tanto de todos los procesos para la realización de cercos epidemiológicos eficientes que eviten la propagación de posibles casos de contagio del nuevo coronavirus.
«Esta encuesta de salud identifica si el estudiante o el docente ha tenido síntomas de salud un mes antes, si ha estado en contacto con personas con COVID-19, si le han realizado o no pruebas, si tienen alguna comorbilidad porque también es muy importante para nosotros conocer las comorbilidades de los alumnos para poder protegerlos y ser más enfáticos en su protección», informó la docente.
Para las directivas del colegio Rochester, institución educativa con más de 60 años de existencia y varios reconocimientos por permanecer a la vanguardia de los procesos escolares a nivel mundial, ha sido de vital importancia la sinergia y los acuerdos con padres de familia que tienen la potestad de decidir si sus hijos regresan a las aulas o continúan recibiendo las clases de manera virtual.
Aseguran que las medidas ordenadas por las autoridades educativas del país han proporcionado garantías de seguridad que cada vez son más respaldadas por los padres de familia.
«Hemos recibido muchas solicitudes de un cambio de aprendizaje en casa a aprendizaje presencial, pero muchas no las hemos podido aceptar porque nosotros tenemos un aforo máximo en cada salón y debemos respetar y cumplir todas estas medidas», concluyó Leguizamón.
Actualmente en Bogotá existen 2.181 colegios de educación media, 1782 son de carácter privado y 399 oficiales, además 128 instituciones de educación superior. En total se estima que más de 2.300.000 personas hacen parte de la comunidad educativa de la capital colombiana.
BOGOTA, 23 septiembre, 2020 (Xinhua) — Una maestra cumple el proceso de distanciamiento social junto a varios alumnos como parte del protocolo de bioseguridad en el Colegio Rochester, en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, el 23 de septiembre de 2020. Desde la entrada a las instalaciones, los colegios certificados por las secretarías de Salud y Educación de Bogotá deben tener implementados estrictos protocolos de bioseguridad para que los estudiantes de la ciudad retornen a clases después de seis meses del aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno nacional en atención a la emergencia de la COVID-19. (Xinhua/Jhon Paz)
BOGOTA, 23 septiembre, 2020 (Xinhua) — Un trabajador que porta una mascarilla y una careta desinfecta los pupitres como parte del protocolo de bioseguridad en el Colegio Rochester, en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, el 23 de septiembre de 2020. Desde la entrada a las instalaciones, los colegios certificados por las secretarías de Salud y Educación de Bogotá deben tener implementados estrictos protocolos de bioseguridad para que los estudiantes de la ciudad retornen a clases después de seis meses del aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno nacional en atención a la emergencia de la COVID-19. (Xinhua/Jhon Paz)
BOGOTA, 23 septiembre, 2020 (Xinhua) — Una alumna que porta una mascarilla y una careta se lava las manos como parte del protocolo de bioseguridad en el Colegio Rochester, en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, el 23 de septiembre de 2020. Desde la entrada a las instalaciones, los colegios certificados por las secretarías de Salud y Educación de Bogotá deben tener implementados estrictos protocolos de bioseguridad para que los estudiantes de la ciudad retornen a clases después de seis meses del aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno nacional en atención a la emergencia de la COVID-19. (Xinhua/Jhon Paz)
BOGOTA, 23 septiembre, 2020 (Xinhua) — Alumnos que portan mascarillas y caretas asisten a una clase en un aula cumpliendo el protocolo de bioseguridad en el Colegio Rochester, en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, el 23 de septiembre de 2020. Desde la entrada a las instalaciones, los colegios certificados por las secretarías de Salud y Educación de Bogotá deben tener implementados estrictos protocolos de bioseguridad para que los estudiantes de la ciudad retornen a clases después de seis meses del aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno nacional en atención a la emergencia de la COVID-19. (Xinhua/Jhon Paz)
BOGOTA, 23 septiembre, 2020 (Xinhua) — Alumnos que portan mascarillas y caretas asisten a una clase en un aula cumpliendo el protocolo de bioseguridad en el Colegio Rochester, en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, el 23 de septiembre de 2020. Desde la entrada a las instalaciones, los colegios certificados por las secretarías de Salud y Educación de Bogotá deben tener implementados estrictos protocolos de bioseguridad para que los estudiantes de la ciudad retornen a clases después de seis meses del aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno nacional en atención a la emergencia de la COVID-19. (Xinhua/Jhon Paz)
BOGOTA, 23 septiembre, 2020 (Xinhua) — Una maestra que porta una mascarilla y una careta da instrucciones a un alumno cumpliendo el protocolo de bioseguridad en el Colegio Rochester, en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, el 23 de septiembre de 2020. Desde la entrada a las instalaciones, los colegios certificados por las secretarías de Salud y Educación de Bogotá deben tener implementados estrictos protocolos de bioseguridad para que los estudiantes de la ciudad retornen a clases después de seis meses del aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno nacional en atención a la emergencia de la COVID-19. (Xinhua/Jhon Paz).
Fuente e Imagen: http://spanish.xinhuanet.com/2020-09/24/c_139392623_2.htm
El gobierno de Angola autorizó hoy el cobro de tasas y emolumentos en las escuelas públicas de educación secundaria, bajo el argumento de propiciar la autosostenibilidad de dichos planteles.
Según divulgó la agencia angoleña de prensa (Angop), el valor monetario de tales servicios aún está por definirse, pero su aplicación está refrendada por la Orden Presidencial 129/20, citada en el reporte.
La nueva medida, indicó la reseña, se justifica por el hecho de que ‘los ingresos escolares constituyen una importante porción alternativa de financiamiento para las instituciones públicas de educación secundaria’, inscritas en el llamado segundo ciclo.
A juicio del Ejecutivo, la recaudación de derechos y tasas aumentará los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de los centros escolares en este subsistema educativo.
De acuerdo con la Orden Presidencial, que no especifica la fecha de entrada en vigor de los cobros, la recaudación será asegurada por los ministerios de Educación y Finanzas, los cuales deberán definir y aprobar los montos.
En septiembre de 2019, las autoridades angoleñas decidieron prohibir el cobro de cualquier tasa en las instituciones educativas públicas, al considerar la inexistencia de un documento legal a tales efectos y el carácter arbitrario de algunas prácticas de esa naturaleza, recordó Angop.
Europa/España/24 septiembre 2020/eldiariolaeducacion.com
La dificultad para la contratación de personal docente en muchas comunidades que se han quedado sin listas, empuja al Ministerio a permitir la contratación de personas que no hayan estudiado el máster de secundaria o hubieran realizado el CAP en su momento.
Según los datos facilitados por las comunidades autónomas, hoy día hay 2.852 aulas en cuarentena, un 0,73% del total de grupos existentes.
Hace escasos minutos ha terminado la rueda de prensa posterior a la reunión interministerial que ha reunido, por segunda vez, a las y los responsables de Sanidad y Educación de las comunidades autónomas y del Gobierno central para hacer balance del inicio de curso y realizar nuevas propuestas para los próximos meses.
Entre las medidas educativas acordadas por Educación y las comunidades autónomas, destaca la intención del Ministerio de publicar una orden para la flexibilización de los requisitos para la contratación de docentes. El requisito de haber cursado el máster de Secundaria o haber realizado el CAP en su momento, «durante el tiempo que dure el curso de la pandemia», en palabras de la ministra, no será necesario. «Se podrá nombrar interinos a personas que no lo hayan cursado (el master) pero cumplan los demás requisitos si se agotan las listas de interinos y de demandantes de empleo». Eso sí, para estas contrataciones, tendrán que vaciarse las bolsas actuales y las contrataciones que puedan realizarse desde los servicios de empleo.
Según la ministra, muchas han sido las comunidades que han informado de la dificultad de alcanzar las contrataciones previstas en su momento para reforzar las plantillas de los centros. A lo que se suma el que se hayan retrasado las ofertas de empleo público docente hasta 2021.
Desde la Federación de Enseñanza de CCOO, José Luis Ruiz, responsable de Pública, asegura a este medio que ni conocían la medida ni les parece positiva. La reticencia principal tiene que ver con la falta de conocimientos didácticos y pedagógicos que arrastrarán las personas que accedan a una plaza interina por este medio.
El responsable sindical critica el hecho de que esta situación se debe a la falta de oferta de empleo público durante años, los recortes y la falta de previsión de las administraciones. Previsión, dice, no por la pandemia, sino porque ha habido muchas especialidades que durante años o no han salido a oposición o con un número de plazas insuficiente, a lo que se suma un empeoramiento de las condiciones de trabajo del personal docente que presumiblemente habrá influido en el número de personas participantes en los procesos selectivos. A esto se suma la barrera que puede suponer el master habilitanto, principalmente, por el coste que tiene. Además, expresa sus dudas en relación al soporte legal que se utilizará, habida cuenta de que la habilitación del personal docente tiene rango de ley.
Este es uno de los nueve acuerdos alcanzados enter las diferentes administraciones educativas. Además, se contempla también la modificación de las pruebas de acceso a la universidad, «con carácter inmediato», para que, nuevamente, este curso sean similares a las realizadas el curso pasado. «Vamos a aprobar orden ministerial para que las pruebas de acceso a la universidad sigan un modelo similar a las del curso pasado y se adapten a las circunstancias», ha asegurado Celaá.
También se tomarán las medidas necesarias para que el personal docente y los centros educativos puedan adaptar los currículos y las programaciones didácticas. Un acuerdo que ya se formalizó en junio en vistas a la necesidad de recuperar los aprendizajes perdidos durante los meses de confinamiento.
Uno de los problemas que surgieron a final del curso pasado lo tuvieron las y los estudiantes de formación profesional de últimos cursos que tenían que realizar la formación en centros de trabajo (FCT). Ya en su momento se intentó solventar la situación rebajando las horas necesarias hasta las 200 (el mínimo legal). Para este curso, las administraciones educativas, han acordado volver a reducir la duración de los módulos y, además, completarlo en la medida de lo posible con un módulo de proyecto que se integraría en la FCT. Además, se han redactado recomendaciones higiénicosanitarias para aquellos estudios que impliquen la entrada en los centros de personas ajenas, principalmente, en los ciclos relacionados con hostelería, imagen personal o sanitarios.
Garantizar la educación
Este es uno de los mantras más repetidos dese la finalización del curso pasado. Este curso deberá garantizar, por un lado, la mayor presencialidad posible en las aulas y, por otro, garantizar a todo el mundo el acceso a la educación.
Por ello, Ministerio y comunidades han reiterado la obligatoriedad de la formación a tiempo completo, incluso para las aulas que estén en cuarentena. La ministra ha reiterado la necesidad de que haya materiales didácticos disponibles, tanto para la enseñanza digital como a distancia, así como que se potencien las didácticas innovadoras con el objetivo de que «ningún estudiante desatienda su proceso de formación».
A esto se suma que, en este momento, se han firmado ya todos los convenios con las comunidades autónomas dentro del proyecto Educa en digital, que prevé la compra de 500.000 dispositivos que serán prestados por las administraciones educativos a aquel alumnado en desventaja que no disponga de medios para seguir la enseñanza fuera de las aulas. Isabel Celaá ha remitido a las dificultades y tiempos con los que trabaja la administración a la hora de contratar para justificar que hasta navidades no estén disponibles dichos dispositivos.
Junto a la compra de estos equipos, Celaá ha recordado la inversión de 40 millones de euros para la puesta en marcha del programa PROA Plus de refuerzo educativo y lucha contra el abandono escolar temprano.
Por último, la ministra ha anunciado el envío a los territorios de un formulario para la recogida de información entre las diferentes administraciones educativas para tener la mayor cantidad de datos en relación al seguimiento de la pandemia en educación y del propio curso lectivo. Un sistema que también tiene prevista la recogida de información sobre buenas prácticas que puedan estar desarrollándose en los centros educativos.
Según los datos facilitados por las comunidades autónomas al Ministerio, hoy por hoy, hay 2.852 aulas en estado de cuarentena. Un 0,73% del total, según ha confirmado Isabel Celaá en la rueda de prensa posterior a la reunión. Una situación cambianter, ha confesado, puesto que según los días, los grupos pueden estar volviendo a las aulas al mismo tiempo que otros se cierran. «La apertura y el cierre de aulas será la tónica general de todo el curso escolar», ha comentado la minsitra.
En palabras de Isabel Celaá, no es esta una situación caótica, en respueta a las afirmaciones en este sentido del sindicato STEs. Una situación en la que, en cualquier caso, ha comentado que solo se han tenido que cerrar al completo, dos centros educativos de infantil y primaria. Y, en cualquier caso, no se contempla la posibilidad de una vuelta a la situación vivida en el mes de marzo.
Sea como fuere, la ministra ha dicho que los protocolos higiénico-sanitarios están funcionando en los centros educativos de todas las comunidades autónomas de manera que hay poca incidencia, con cierres de aulas provocados por uno o dos positivos. También ha asegurado que los centros educativos no son focos de contagios y sí de detección precoz.
En relación a la situación que han denunciado sindicatos y organizaciones de familias, sobre todo en la Comunidad de Madrid, de tardanza en hacer pruebas diagnóticas y, por tanto, en poner en cuarentena aulas, la ministra ha asegurado que efectivamente pueden haberse producido estas situaciones y que se está trabajando desde el Gobierno central y el autonómico para ponerle solución.
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