Mesa Social alude a que el protocolo de seguridad del Departamento de Educación “es muy general” y no toma en cuenta situaciones particulares de los planteles escolares. (GFR Media)
La Mesa Social, que agrupa a diversas organizaciones magisteriales y de derechos humanos, envió hoy una nueva carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y al secretario de Educación, Eligio Hernández en la que reclaman que ante el aumento en los contagios del COVID-19 se posponga el inicio del semestre escolar de forma presencial.
“El pedido principal es que se posponga el inicio escolar hasta que todos los estudiantes tengan todas las herramientas para tener una educación de primera, que el magisterio no se tenga que presentar a las escuelas la semana próxima como se les ha requerido y que se les permita trabajar a través de tele trabajo en lo que se normalizan los números de contagio en el País”, dijo Janice Soliván Roig, una de las portavoces del grupo.
La maestra de escuela secundaria subrayó además, que están exigiendo que el Departamento implemente y demuestre que ha tomado todas las medidas necesarias según los protocolos establecidos para atender la pandemia y así salvaguardar la salud y seguridad de la comunidad escolar.
“La carta de hoy expresa que ante el aumento significativo del COVID, la falta de protocolos y de herramientas no se puede iniciar un semestre escolar sin seguridad. Cuando llamamos a las escuelas lo que han hecho es darle una caja de mascarillas y dos botellas hand sanitizer y esa cantidad no da. Hay escuelas que sobrepasan los 50 empleados, entre el personal docente y no docente. Una mascarilla no es razonable cuando se supone que uno se la cambie en más de una ocasión”, sostuvo Soliván Roig.
Destacó que esta es la segunda carta que le cursan a la gobernadora Vázquez Garced en relación a la situación del inicio escolar, pero no han recibido respuestas.
La educadora indicó que a pesar de que hay fondos federales a través del CARES Act (de estímulo económico contra el coronavirus), para salvaguardar la seguridad de empleados y estudiantes y tener tecnología, “el gobierno no ha actuado de manera responsable en el uso de estos fondos, no los han utilizado responsablemente para asegurar un inicio escolar seguro y saludable”.
Dijo además, que la parte tecnológica también les preocupa porque al día de hoy el Departamento de Educación no les ha entregado a todas las escuelas el equipo necesario para una educación remota o a distancia. “Todavía se están entregando computadoras a maestros y estudiantes. En Ponce iban a empezar a repartir hoy computadoras al magisterio y los estudiantes no han recibido su equipo tecnológico, mientras el Secretario ha dicho que los estudiantes van a estar recibiendo las computadoras entre agosto a noviembre”, indicó la portavoz de la Mesa Social.
“Esto implica que van a iniciar un semestre sin que los estudiantes tengan las herramientas para una educación a distancia lo que desde nuestro punto de vista es un acto totalmente discriminatorio”, expresó.
Soliván Roig sostuvo que en la primera misiva alertaron de cómo debía ser el inicio del año escolar porque no se cumplía con los protocolos de la Oficina de Salud y Seguridad en el Empleo del Departamento del Trabajo ni con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“No tuvimos respuesta como en otras cartas que hemos enviado, aunque sí nos dimos cuenta de que algunas sugerencias y recomendaciones se tomaron en cuenta”, agregó.
Argumentó que el protocolo de seguridad del Departamento de Educación “es muy general” y no toma en cuenta situaciones particulares de los planteles escolares.
Dijo que también le solicitan al Departamento de Educación que establezca una línea de tiempo para que les garanticen cumplir con las deficiencias que han mostrado para iniciar un semestre escolar apropiado. “Podemos evidenciar que asumir un semestre escolar sin que los padres y estudiantes tengan las herramientas es un asunto de género porque a partir de marzo vimos como principalmente las madres de este País tuvieron que asumir la carga académica de sus hijos e hijas sin tener herramientas tecnológicas y pedagógicas y muchas de estas desde en un nivel de pobreza”, afirmó la maestra que imparte clases de estudios sociales en la escuela Miguel Meléndez Muñoz en Cayey y también es parte del colectivo Casa Juana que da apoyo y orientación a mujeres.
Puebla se suma a la lista de otros 10 estados en el país que buscan regular los contenidos educativos por parte de padres, madres o tutores; posibilidad que atentaría con el interés superior del niño, según especialistas, al tener una mirada adultocentrista
PUEBLA, PUEBLA.- El coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Oswaldo Jiménez López, anunció que su partido presentará una iniciativa para introducir en la legislación local el llamado pin parental.
A su juicio, tanto la Ley General de Educación de 2019, como su armonización en la entidad, establecen nuevos criterios en cuanto a la educación sexual inicial refiere, toda vez que se intenta “ideologizar o adoctrinar a las nuevas generaciones de acuerdo con el pensamiento del actual régimen”; a ese pensamiento, el diputado y los grupos conservadores que apoyan esta iniciativa, le llaman “ideología de género”.
De ahí que Jiménez López plantee la necesidad de un candado jurídico para que los padres y las madres de familia puedan vetar o consentir los contenidos escolares que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas, de la misma forma que se bloquean los canales de una televisión familiar para que los menores de edad no se expongan a contenidos violentos o sexualmente explícitos.
Aunque todavía no se tiene una fecha exacta para la presentación del proyecto de dictamen ante el pleno, Puebla se coloca a la par de estados como Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Baja California y Chiapas, en donde ya se discutieron o se están discutiendo iniciativas similares, apoyadas indistintamente por el Partido Encuentro Social (PES), el PRI y el PAN.
Para Jessica Pérez Téllez, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Puebla, la iniciativa que pretende facultar a padres y madres de familia para que censuren la educación sexual en las escuelas poblanas, mejor conocida como pin parental, tan sólo refleja un profundo desconocimiento sobre los temas de género, así como la lógica adultocentrista de quienes ven a los menores de edad como una propiedad y no como sujetos de derechos.
“La sexualidad no es algo que se pueda apagar en una persona y es lo que mucha gente piensa, que podemos decidir no tenerla (o quitársela a los menores de edad); ‘no les hables de sexualidad para que no se las despiertes’. La sexualidad está ahí, y nada de lo que se haga (desde la ley) va a eliminar la sexualidad de una persona”.
La propuesta impulsada por el PAN, sostiene por su parte María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, se contrapone además al principio de progresividad de los derechos humanos, pues no sólo pasa por alto reformas constitucionales y tratados internacionales en la materia, sino que obvia las reformas recientes a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, que explícitamente facultan a la Secretaría de Educación Pública para que incorpore contenidos con perspectiva de género en los programas educativos.
Ni discrecional ni absoluta, responsabilidad de padres y madres
Mientras que el pleno del Congreso de Nuevo León desechó la propuesta el 29 de mayo, el Legislativo de Aguascalientes aprobó por unanimidad, ocho días antes, una serie de reformas a la Ley de Educación; el pin parental, a decir del presidente de la mesa directiva del Congreso, Heder Guzmán Espejel, se coló entre las modificaciones. “Nos metieron un golazo”, dijo días después, una vez que la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
En un comunicado conjunto con fecha 16 de junio, diversas agencias de Naciones Unidas, entre ellas la Unicef, la Unesco y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, externaron su preocupación por el caso Aguascalientes.
Con base en la Convención de los Derechos del Niño y las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño –que también deben ser observadas por las legislaturas estatales–, las agencias internacionales concluyeron que si bien las madres, los padres y los tutores tienen una responsabilidad fundamental en la crianza y el desarrollo de los menores de edad bajo su protección, esta “no es discrecional ni absoluta”.
La responsabilidad de los padres, sostienen, está condicionada a que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer “plena y prioritariamente” sus derechos. En ese sentido, una educación que tenga por objetivo la protección de estos derechos, incluyendo el de recibir una educación integral en materia de salud sexual y reproductiva, no puede estar supeditada “al consentimiento o la autorización de terceros”, ni a “las consideraciones éticas o morales de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guardia o custodia”.
Estado, único rector de contenidos educativos
El 5 de julio, las secretarías de Gobernación, Salud y Educación, así como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se pronunciaron al respecto.
Esto en vista de que cada vez son más los congresos locales que abren la discusión en torno a lo que el Gobierno Federal considera “una injerencia de padres y madres” en los contenidos educativos, asunto sobre el que tiene rectoría exclusiva y constitucional el Estado Mexicano; entonces eran cinco entidades, ahora son once, con Puebla.
Advirtieron que cualquier reforma que se apruebe en la dirección contraria de los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos, el marco internacional a favor de lo que se conoce como el Interés Superior de la Niñez, así como el artículo tercero sobre la rectoría del Estado, podrá ser considerada por la autoridad competente –la SCJN– como inconstitucional. Un documento de análisis jurídico vigente quedó de ser enviado a todos los congresos locales a fin de evitar la presentación de este tipo de iniciativas.
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Grupos conservadores, detrás del pin parental
El Frente Nacional por la Familia, Iniciativa Ciudadana, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Alianza Nacional de Padres de Familia, son algunas de las organizaciones que abiertamente promueven la introducción del pin parental en México, y que han seguido de cerca las discusiones en las legislaturas locales.
A esta plataforma se han sumado integrantes del Senado, como Manuel Añorve (PRI), Lily Téllez (PAN) y Víctor Fuentes (PAN). Este último presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación a finales de febrero, a la que denominó “Con mis hijos no te metas” y que va en el mismo sentido que las iniciativas estatales; a la fecha, sigue sin ser discutida por la comisión respectiva.
Los senadores participaron incluso en un foro virtual auspiciado por las organizaciones antes mencionadas, el 13 de julio, donde además de defender la propuesta del pin parental, se pronunciaron en contra de las supuestas presiones ejercidas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que los congresos locales den marcha atrás a las discusiones sobre el pin parental.
“La secretaria de Gobernación no tiene por qué derribar la puerta de las casas, entrar, y quitarle a los papás la forma en la que quieren educar a sus hijos”, dijo Lily Téllez, en tanto que Víctor Fuentes, senador por Nuevo León, acusó a Sánchez Cordero de inclinar la votación en aquel estado, en contra de la iniciativa.
Nuevo León, cabe recordar, fue el primer estado de la República en poner a discusión el pin parental, el 22 de enero de este año, de la mano del diputado Juan Carlos Leal, del Partido Encuentro Social, quien fue expulsado de Morena en junio de 2019 tras publicar un comentario transfóbico en Twitter.
Sin embargo, la propuesta de que sean los padres y las madres de familia quienes autoricen los contenidos educativos que involucren, por ejemplo, cuestiones de identidad de género, feminismo, aborto y diversidad, no surgió en México.
El intento de trasladar al campo educativo el concepto bloqueo (pin), que suele activarse en las televisiones y otros dispositivos electrónicos para que los menores de edad no se expongan a contenidos violentos o explícitamente sexuales, viene de España, del partido de ultraderecha Vox.
En marcha, agenda nacional antiderechos
El pin parental, es preciso señalar, es tan sólo un punto que se inscribe en una agenda nacional conservadora mucho más amplia, a veces referida como agenda antiderechos. En ella se conjuntan dos líneas de acción para el terreno legislativo: por un lado la intención de bloquear proyectos que busquen ampliar el catálogo de derechos obtenidos y, por otro, la promoción de iniciativas que empaten con ciertos valores familiares tradicionales.
Estas líneas de acción se identifican, por ejemplo, en el análisis que realiza el Frente Nacional por la Familia a través de su observatorio legislativo “Observaxion”, en donde se califican positiva o negativamente, distintas propuestas a nivel estatal y federal.
Iniciativas en materia de despenalización del aborto, identidad de género, matrimonio igualitario, adopción homoparental o lesbomaternal, muerte asistida, uso de anticonceptivos, baños públicos neutros, uso lúdico de la marihuana, lenguaje inclusivo y prohibición de las terapias de conversión, tienen una calificación negativa, identificada con el color rojo y con lo que llaman “ideología de género”.
En tanto que aquéllas en materia de protección de la vida desde el momento de la concepción, representación legal para no nacidos (fetos en gestación), licencias de maternidad o parternidad, creación de institutos municipales de familia y desde algunos meses, censura de contenidos educativos (pin parental), están coloreadas de verde.
Información confiable, necesaria para decidir y prevenir abusos
Cuando la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Puebla acompaña casos de violencia sexual, embarazos no deseados o embarazos adolescentes, explica para LADO B su coordinadora, Jessica Pérez Téllez, es común advertir una educación sexual deficiente en casa y hasta un sesgo moral o religioso intencional.
“Podemos creer que si yo no le digo nada [a mi hijo o hija] no va a saber [sobre sexualidad] y no le voy a levantar inquietudes, cuando la realidad es que recibimos información sobre sexualidad todo el tiempo y por todos los medios […] Lo que le toca a la escuela y a las instituciones es filtrar esa información para que la que reciban sea real y confiable”.
Pensar en una educación sexual integral desde la educación inicial, sostiene Jessica, es ir más allá del acto sexual. No se trata de hablar de métodos anticonceptivos o enfermedades transmisibles por esta vía, sino adentrarse en temas de género e identidad, y de que niños, niñas y adolescentes puedan reconocer su propio cuerpo y los límites inherentes al mismo.
La aprobación de una iniciativa como el pin parental, advierte, sólo tendría consecuencias negativas: desde embarazos adolescentes y proyectos de vida truncados, hasta un aumento en los casos de abuso sexual infantil y abortos clandestinos. “[Los promotores de estas iniciativas] dicen que buscamos ideologizar […] [pero lo único] que buscamos es que las niñas y los niños puedan decidir, que tengan conocimiento sobre su cuerpo”.
María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), concuerda con Pérez Téllez, pues considera que los argumentos que están detrás de este tipo de iniciativas no sólo exponen un desconocimiento profundo de lo que realmente es la perspectiva de género –que tiene que ver con el análisis de las desigualdades históricas y estructurales–, sino un desinterés por los problemas que aquejan directamente al país y al estado de Puebla, como los feminicidios, las muertes maternas o la violencia sexual. “Se requiere una educación con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género desde temprana edad para prevenir estas situaciones”.
*Con información de Natasha Konzevik y Enrique López
América Látina y El Caribe/Autora: Elizabeth Muñoz Vásquez/Fuente: CIMAC Noticias
La directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Látina y El Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa Ziáurris, advirtió que la recesión económica que dejará el COVID-19 podría ser un factor para el incremento de la maternidad o gestación subrogada, pues muchas jóvenes en situación de pobreza, pueden verse captadas en esta forma de explotación.
Durante su participación en el conversatorio “La Trata de Personas en México en tiempos de pandemia” que organizó la “Red Rahamim México” y “Talitha Kum”, realizado a propósito del Día Mundial contra la trata de personas que se conmemoró el pasado 31 de julio, la defensora lamentó la normalización de la práctica de los vientres de alquiler y la indiferencia de las autoridades. “Esta acción es conocida como maternidad o gestación subrogada, por la que una mujer gesta un hijo para su pareja u otra persona a cambio de un pago, para sí, o para una tercera persona que explota a la mujer”, explicó.
Ulloa Ziáurriz, calificó como “preocupante” la cantidad de solicitudes de iniciativas de ley que existen en el Congreso de la Unión y en el de la CDMX para legalizar el alquiler de vientres, pues de avanzar, dijo, iniciaría una promoción de “turismo reproductivo”, y ejemplificó que en España circuló un artículo que señala a México, después de Ucrania, como el nuevo destino de los vientres de alquiler.
Remarcó la inacción de las autoridades ante la maternidad subrogada ya que hasta en redes sociales se promueve, y recordó que el mes pasado en Twitter, una empresa ofrecía opciones de gestación subrogada en Cancún.
“Mientras inicias tu proceso puedes relajarte en este hermoso lugar con clima tropical”, señalaba el anuncio, y detalló que cuando se metió a la cuenta decía que era de Sinaloa, estado donde al igual que Tabasco, la gestación subrogada es legal, solo que en Tabasco hicieron una modificación a la ley especificando que las parejas extranjeras no podían contratar “los servicios”.
Es preocupante, insistió, que la práctica del alquiler de vientres crezca tanto en la CDMX como en otras entidades del país, con la recesión económica que nos amenaza en la post pandemia del COVID.
Las autoridades no investigan otros tipos de trata de personas
Por su parte, el coordinador de la “Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas” del ITAM, Héctor Salvador, denunció en el mismo conversatorio, la disparidad que existe en las cifras de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, y la trata de personas de explotación laboral y explotación biológica (refiriéndose al alquiler de vientres).
Lamentó la falta de investigación proactiva de parte de las instituciones y que en el imaginario colectivo la trata esté asociada solo con prostitución. “Cómo es posible que las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales, identifiquen muy pocos casos en México, de trabajos y mendicidad forzada, practicas análogas a la esclavitud, trabajos serviles, explotación laboral a grande escala, en la minería, en la industria agrícola, y ya no digamos con casos de explotación biológica, que son acciones ilegales”.
El especialista explicó que analizando las propias cifras de la FGR, del total de denuncias que se reciben por trata de personas, 15 por ciento llegan esta instancia y el resto es de 9 fiscalías estatales, “ese número me parece elevado en cuanto a la realidad nacional, es decir somos señalados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y por el Departamento de Estado de Estados Unidos, como un país, de origen, tránsito y destino, además somos el segundo país a nivel mundial de este fenómeno criminal, y solo en 9 Fiscalías se concentra -de las 32 entidades del país-, el grueso de trata de personas”, cuestionó.
“Eso no significa que no haya trata de personas, no, eso significa que en el resto, en 23 estados no se está identificando el fenómeno y no está siendo atendido. ¿Qué pasa con esas víctimas? ¿dónde están? ¿quién las atiende? no se sabe. En esas 9 entidades han dado pasos en el combate de este delito, y en las otras entidades teniendo la posibilidad por lo menos estadística de mostrar que existen estas situaciones no lo hacen, por lo tanto son prácticas invisibilizadas desde las instituciones”, concluyó.
La iniciativa de monitorización sobre migraciones 4Mi y Acnur, agencia de la ONU para los refugiados, han hecho público un informe basado en 16.000 entrevistas que pretende arrojar luz sobre uno de los aspectos menos documentado del proceso de migraciones desde África hacia Europa: el paso por terceros países en dirección a las costas de Libia. El informe concluye que la reducción del número de personas que cruzan el mar desde Libia a Europa desde mediados de 2017 “ha enmascarado el hecho de que los refugiados y migrantes que viajan hacia y a través de Libia y otras partes del norte de África siguen siendo objeto de abusos horribles en múltiples puntos durante sus viajes”.
El documento, titulado “En este viaje a nadie le importa si vives o mueres” proporciona la cifra de 2.204 muertes documentadas por esas 16.000 personas supervivientes al trayecto, más de la mitad de las cuales tuvieron lugar en los años 2018 y 2019. Ese viaje, por tanto se ha cobrado 70 vidas cada día de los últimos dos años, estima el informe. Un 14% de las personas encuestadas refirieron haber presenciado muertes en más de una ocasión. El informe se presentó ayer en la víspera del Día Mundial contra la Trata de Seres Humanos, que tiene lugar hoy, 30 de julio.
“Forzaron a un amigo mío a que matara a su amigo con un cuchillo porque no tenía dinero para darles. Si las mujeres no tienen suficiente dinero, las violan delante de todo el mundo”
El informe incluye testimonios como el de un hombre que cruzó el desierto de Níger a Argelia: “Si pinchas un neumático en el desierto, es difícil cambiarlo en la arena; el gato se hunde. Por lo tanto, usaron un migrante que no tenía suficiente dinero para pagar el paso. Este hombre fue utilizado como apoyo para el gato para proteger que el auto no se hundiera en la arena. Este hombre no soportó el esfuerzo y fue abandonado allí para morir. Forzaron a un amigo mío a que matara a su amigo con un cuchillo porque no tenía dinero para darles. Si las mujeres no tienen suficiente dinero, las violan delante de todo el mundo”.
La zona más letal en ese camino es el área norteafricana, que incluye territorios del norte de Níger, Chad, el sur de Argelia, Libia y Egipto. Casi seis de cada diez muertes tuvieron lugar en las aproximadamente 20 rutas que transcurren por esa zona. Otro 38% de las muertes documentadas tuvieron lugar en la ruta oeste. Esta incluye a Nigeria, primer punto de partida de migrantes, Burkina Faso, Mali y todos los países de la costa occidental.
El 92% de las muertes referidas en la ruta del norte están relacionadas con el crimen. Las cifras son muy similares en la zona del oriente y el cuerno de África. Por el contrario, el crimen “solo” es la motivación del 27% en los puntos de origen de las migraciones, en la zona occidental. La falta de acceso a medicinas o a una cura es el principal motivo de muerte (43%), muy a menudo en combinación con condiciones de deshidratación o inanición. En un 13% de los casos las muertes fueron consecuencia de disparos o apuñalamientos en un contexto de tortura y abuso físico. Entre quienes han llegado a Libia, ocho de cada diez personas denuncia haber sufrido torturas y trato inhumano o degradante.
El desierto del Sáhara, en el paso desde Níger a Libia, ha sido el escenario del 28% de las muertes referidas por las personas encuestadas por 4Mi. Otros puntos geográficos críticos son las regiones de Sabha, en el suroeste de Libia, Trípoli y Bani Walid (Libia), Agadez (Níger), Tamanrasset (Argelia) y Bamako (Mali). “Los hombres, mujeres, niñas y niños que sobreviven, quedan a menudo afectados con trastornos de salud mental, que pueden durar mucho tiempo como consecuencia de los traumas vividos” dice Acnur en la presentación de su informe. Las entrevistas se han realizado exclusivamente a mayores de 18 años, aunque la agencia de la ONU refiere que la situación de niños y niñas es similar a lo largo de todas estas rutas.
Centro de detención de Tajura, en Trípoli, donde 53 migrantes murieron a causa de un bombardeo en julio de 2019. Foto: HRW
ABUSOS SEXUALES
Las entrevistas detallan igualmente el uso de la violación, el abuso y la discriminación sexual de manera sistemática a lo largo de las rutas. Una de cada diez personas entrevistadas han reportado más de 6.000 casos de violencia sexual durante su trayecto, si bien se considera que las cifras infrarrepresentan la frecuencia de los casos. El 65% de las personas que refirieron haber visto estos casos son mujeres.
En el 45% de las ocasiones, los perpetradores de esa violencia sexual eran traficantes de personas, en un 19% policías y fuerzas armadas de los países de tránsito. Individuos desconocidos, grupos violentos o mafias locales y otros migrantes (10%) son los otros grupos que aparecen en los testimonios. El mayor número de casos se da en Libia.
La encuesta también refiere más de 4.400 casos de violencia física presenciados por 2.883 personas y 291 casos de secuestro referidos por 171.
Las entrevistas detallan igualmente el uso de la violación, el abuso y la discriminación sexual de manera sistemática a lo largo de las rutas.
Otro testimonio, de una mujer eritreana muestra las condiciones extremas en el viaje que sufren las mujeres: “Dejamos Eritrea a principios de marzo y hubo tres jóvenes que viajaron con nosotros pero no sabíamos quiénes eran. Cuando llegamos a la frontera, el contrabandista llamó a alguien y les dijo que vinieran con un coche. Vinieron tres hombres y nos pidieron que subiéramos e inmediatamente nuestro contrabandista desapareció. Nos vendaron los ojos y nos nos llevaron a una casa donde comenzaron a golpearnos. Nos pidieron que llamásemos a nuestras familias, exigiendo más de 6.000 dólares. Nuestras familias dijeron que no podían pagar el dinero. Mi amiga y yo estábamos atadas y fuimos violadas delante de los jóvenes. Continuaron haciendo eso durante cinco días. Una noche mi amiga y yo pedimos salir a responder una llamada de la naturaleza y saltamos rápidamente un muro. Los traficantes nos persiguieron pero encontramos un gran árbol donde nos escondimos durante varias horas. Caminamos descalzas porque los traficantes nos habían quitado los zapatos. Estuvimos muy asustadas. Caminamos un día entero antes de llegar a un granja donde una pareja salió de la casa y nos acogió. Nos dieron comida y también agua y jabón para bañarnos”.
La educación especial, enfocada a personas con discapacidad, es la más oculta de las imposibilidades de un regreso a clases en una nueva normalidad. Después de una difícil adaptación al encierro, hay una serie de brechas que impiden asistir a la escuela. Esta es la historia de la maestra Claudia y su alumno Gael, en Iztapalapa.
Gael le dice a Claudia “la maestra chiquita”. Gael tiene el síndrome de Asperger, estudia el cuarto grado en el turno vespertino de la escuela Juan de Mata Rivera, en Iztapalapa. Cuando comenzó a estudiar con Claudia hubo un cambio en su vida, se logró un vínculo y, contra todo pronóstico, ya aprendió a leer.
Practica durante la pandemia con dictados y conjuntos para afianzar el conocimiento. El aprendizaje le toma más tiempo que a los niños promedio. Al vivir con este trastorno, que forma parte de los trastornos del espectro autista, Gael no puede comprender tan fácil porqué no puede ir al parque como antes. Solo piensa en jugar. Le costó adaptarse al encierro y presentó algunas crisis. De esta condición es consiente la maestra Claudia Ivette Segura de la Fuente.
El síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo que provoca que el cerebro funcione de manera diferente, especialmente en la comunicación e interacción social, así como en la flexibilidad del pensamiento u comportamiento. Características mentales y de conducta que forman parte de los trastornos del espectro autista.
Gael y Claudia se conocieron en esta primaria que se encuentra abajo de la vía del metro de la línea dorada, sobre avenida Tláhuac. Está a un costado de la estación Tezonco. Y al principio, en primer grado, Gael no hacía caso, se salía del salón en plena clase. Conforme avanzó el trabajo de la maestra Claudia permanece adentro e incluso le tomó cariño.
“Tengo la fortuna de trabajar con poblaciones vulnerables, con discapacidad, indígenas y niños con vulnerabilidad”, dice Claudia en entrevista.
La maestra Claudia cumple dos turnos como maestra de educación especial y atiende a 60 alumnos con algún tipo de trastorno o discapacidad. A lo largo de la pandemia les sigue el paso. Elaboró un plan adecuado a cada uno de sus estudiantes, tanto de la Juan de Mata, como de la Primaria Centauro del Norte, también en Iztapalapa, donde da clases por las mañanas.
Gael, juega con Sonic, uno de sus muñecos preferidos. Foto Duilio Rodríguez
El de Gael incluyó juegos, aunque también ejercicios que le ayudan a mantener al concentración y a retener la información para seguir aprendiendo. Su madre, la señora Guadalupe Medina, considera que para las familias que tienen hijos con algún trastorno o alguna discapacidad, ella tiene dos. Además de Gael, cuida a Camila, que tiene un nivel distinto del mismo trastorno: síndrome de Asperger.
El reto a tres niveles de la educación especial… y a distancia
Claudia Segura es maestra especialista en educación especial en discapacidad intelectual. Aunque en su día a día le toca atender de todo. En la mañana enseña a 25 niños con autismo, discapacidad intelectual, discapacidad motriz, algunos en situación de vulnerabilidad, trastorno por déficit de atención, problemas de conducta o de lenguaje.
En la tarde, en la escuela Juan Mata, atiende a 35 niños. Tres de ellos con discapacidad intelectual, uno con parálisis cerebral, varios con trastorno por déficit de atención y conducta; 23 niños p’urhépechas migrantes de Michoacán que considera población vulnerable porque no hablaban español y tres más con autismo. Entre ellos Gael, con el trastorno de Asperger.
La maestra Claudia recalca que su labor como parte de la Unidad De Apoyo A La Educacion Especial E Inclusiva (UDEII) de la SEP no solo es con los estudiantes, sino que su objetivo principal es trabajar en tres niveles: el estudiante, el maestro y la familia. Desde que ella llegó a las escuelas de Iztapalapa, diseñó un plan para cada alumno de la escuela que tuviese una discapacidad o problema de aprendizaje.
“Buscamos que los ambientes escolares sean incluyentes. Al conocer a niños con otras circunstancias, aprenden las diferencias y para ellos es normal que vayan niños con discapacidad. En el horario vespertino los niños tienen una tendencia a ser más incluyentes o normalizar la diferencia”
afirma la maestra
Durante la pandemia se cancelaron muchas de las terapias especiales. Los planes que diseñó desde el inicio del ciclo escolar, los continuó con sus alumnos durante la pandemia por covid 19. Se intentó comunicar con todas las familias, lo logró con muy pocas, incluídas las de los 23 niños p’urhépechas, quienes cree regresaron a su pueblo.
Con Gael no ha perdido la comunicación. Con él y con los demás adaptó los planes de estudio para que pudiesen continuar desde el encierro, considerando que los padres no siempre están presentes o tienen las mejores circunstancias económicas. Trabajó las evaluaciones junto con los maestros titulares.
Claudia, profesora de educación especial, platica con Miguel, uno de sus alumnos que recibe educación a distancia para evitar contagios por covid-19. Foto: Duilio Rodríguez
Esa es su misión como parte de la UDEEI, maestros que de manera rotativa cada tres años, asisten a una escuela para concientizar e impulsar la educación adecuada para las personas que tienen discapacidades, trastornos y problemas de aprendizaje. En tres años lo deben lograr, pues su misión será hacerlo en otra escuela.
“Nuestro trabajo es sensibilizar, cambiar la mente de los agentes educativos para que la escuela sea inclusiva, para que participen más las personas con discapacidad, que aprendan a su ritmo sin discriminación”, recalca la maestra Claudia.
Asegura que en su carrera como Educación Especial, uno de los retos más grandes ha sido el ego de los maestros por sensibilizar sus métodos de enseñanza hacia las personas con discapacidades.
“Una debe tener tacto sensible para llegarle al docente, a los papás. Para hacer esos cambios de forma de crianza, de responsabilidades, es más con los adultos. Los niños son un amor, ¡ellos te enseñan!”, asegura Claudia.
Durante la pandemia, “la maestra chiquita” volcó su vocación a remediar las ausencias de acompañamiento con alumnos, maestros y familiares, ante las carencias de internet, computadoras y de comunicación que impidieron llevarlo a cabo de manera virtual. Entregó directamente las guías a quienes no tienen internet. A los demás les envió lo que flexibilizó de las guías, junto con los maestros, para darle seguimiento al plan de estudios.
“Me ponía a pensar, ¿qué hará Gael si le dan sus crisis de ansiedad en esta pandemia? ¿Qué será si le da por correr de allá para acá?. Al hablar con los papás y sugerirles cosas, una ya se siente más tranquila, saber que una les está logrando apoyar”, dice la profesora.
“Siempre ha estado en comunicación con nosotros y con Gael. Ella se ha ido especializándose en el trastorno (de asperger), en cómo tratarlo. Eso nos gustó mucho porque ahí ve uno su profesionalismo, que le guste lo que hace”, afirma la señora Guadalupe, madre de Gael.
El regreso a clases y los procesos lentos
La maestra está preocupada. En el análisis que ha hecho con sus compañeros de la CNTE no hay condiciones para el regreso a clases.
De por sí, ya cargaba con la preocupación que la pandemia le había dejado, de no poder trabajar de manera directa con los estudiantes y apoyar a los maestros, sin que esto les restara responsabilidades de comunicarse con los papás y los estudiantes.
Los alumnos con discapacidades o trastornos tienen otras necesidades, además de las que tienen los estudiantes promedio. En un contexto cotidiano, hay que entender su ritmo de aprendizaje y con base en ello dejarle actividades de acuerdo a sus comportamientos e incentivar sus relaciones sociales. Además, tienen necesidades distintas de espacio y de atención.
Claudia considera que el tiempo en el que aprenden y la distancia que deben tener no es el mismo que los de otros alumnos. De por sí siempre hay saturación de estudiantes en los salones. Además, un ambiente de distanciamiento social no favorece el que los niños se relacionen.
Las condiciones de higiene no son las mismas para todos los alumnos y eso también es complejo de entender para las niñas y los niños. Claudia describe la situación de calle en la que viven los 23 niños p’urepechas, que a veces se bañan una vez a la semana. Esta marginación debe atenderse con mayor esfuerzo por la pandemia.
La maestra prevé que lo más posible es que tengan que poner de su bolsillo para llevar gel, cubrebocas. Se pregunta si es uno para cada día, para cada niño. Se cuestiona qué van a hacer los que con dificultad llevan cuadernos o lápiz, porque no les alcanza. No cree que piensen en cubrebocas. Se pregunta: ¿como le van a hacer los papás?
“Hay de 30 a 35 estudiantes por salón. Parece que van a entrar de poquitos, las primeras dos semanas. Pero luego, los patios son muy pequeños. ¿Cómo los niños van a formarse para comprar en la cooperativa?, ¿o solo jugar?. ¿Y la clase de educación física? Las relaciones sociales son algo indispensable para los niños. ¿Cómo les vamos a explicar que no se pueden acercar? ¿Cómo lo van a atender?”, se pregunta Claudia.
Gael, muestra uno de muchos dibujos de su personaje preferido. Las paredes de su casa están llenas de hojas con sus dibujos. Foto: Duilio Rodríguez.
Piensa en la sensibilidad que tienen los niños con autismo a la ropa. Piensa en Gael y sus crisis de ansiedad. Tal vez no pueda permanecer mucho tiempo con el cubrebocas.
“No todos los maestros son flexibles. Esa es otra preocupación. Si pueden respetar el ritmo del estudiante a que se adapte. Entender que aprende diferente. Falta flexibilidad de los maestros para atender las discapacidades”, asegura la maestra.
Habla de que los niños y niñas con discapacidades ya se adaptaron a otra normalidad, y ahora tienen que volver a adaptarse a una nueva realidad. Ese proceso pondrá a prueba sus capacidades como estudiantes, pero no solo de ellos: también del resto de los agentes escolares.
No ve condiciones para regresar a clases en la “nueva normalidad”.
Breve dimensión de la educación especial
El maestro Miguel Rodríguez Pinto tiene 25 años dedicado a la educación especial en contextos rurales y semiurbanos en el sur de Jalisco. Ha sido maestro, director, supervisor de los procesos de esta pedagogía. Desde 1994 está la Licenciatura en Educación Especial, cuyo nombre cambió a Educación Inclusiva, en la Normal Rural de Zapotlán.
En ese año también fue el primer Congreso Nacional de Educación Especial. Allí, los maestros democráticos de la CNTE acordaron que “el proceso de transformación de la educación requiere de la estrecha comunicación de todos los actores, activando las fuerzas sociales de todo tipo, y discutirse las decisiones con corresponsabilidad y, sobre todo ,detectar las barreras en lo escolar y familiar”, direccionándola a las personas con discapacidad, al reconocerlas como actores fundamentales de la sociedad.
Miguel recuerda que cuando estudió la primaria no tuvo la oportunidad de conocer a personas con discapacidad. Para él, dedicarse a este tipo de educación es una actividad muy humanizante.
Al ser consciente de la situación de marginación que viven las personas en los 8 municipios de los cuales es supervisor de zona, asegura que la pandemia “vino a a refrescarnos la idea de que, lamentablemente, vivimos en una sociedad tremendamente desigual, en el plano económico y en el terreno de las oportunidades”.
El maestro describe: “Muchos de esos chicos con discapacidad tienen problemas de aprendizaje pronunciados, porque sus padres no le dan importancia a la escuela, porque trabajan en los invernaderos, porque tienen que trabajar para comer. Los dejan con el hermano mayor, con la abuela en el mejor de los casos, porque muchos quedan solos. ¡Imagínate en una pandemia! Son los que quedan más alejados. Esto repercute en el aprendizaje”.
El profesor pide que con la pandemia se haga “una revisión sobre cómo hacerle para que todos los chicos (con discapacidad) tengan un piso parejo, para que puedan beneficiarse de los aprendizajes”.
Miguel hace una reflexión: “Antes era muy difícil aceptar a alguien con discapacidad. Pero a partir de la capacitación de maestras y maestros, de los cambios legales, observo que ahora los maestros de educación básica genuinamente aceptan el derecho de cualquiera de sus alumnos al aprendizaje. Han habido avances en la normalización de las discapacidades”.
La Educación Especial ha estado en disputa en los últimos años. Con la reforma educativa del 2019, y con presión del ámbito empresarial, querían quitar el término y sustutuirlo por Educación Inclusiva. No lo lograron. La responsabilidad de atender la educación de personas con discapacidades sigue en la SEP y, con la pandemia, vuelve a ser primordial la labor de maestras como Claudia.
Epílogo de una pedagogía desde la lentitud
Guadalupe Medina se siente orgullosa de los murales, dibujos, pasos, todos son logros de Gael día a día, porque, aunque sean diminutos, son enormes para él. No solo es luchar contra la pandemia, las desigualdades de oportunidades, económicas, de discriminación, sino demostrar que se puede revertir. Él es consciente de que algún día tiene que trabajar. Algo que se ve posible con el avance escolar con la maestra Claudia.
Gael, Victor (papá), Guadalupe (mamá) y Camila en la sala de su casa. Foto Duilio Rodríguez
Su mamá siempre le dice lo orgullosa que está de sus logros. Asegura que no ha sido fácil tener a sus dos hijos, Gael y Camila, con el mismo trastorno. Ella, junto con su esposo, se han especializado en el síndrome y formaron una Asociación Civil llamada Asperger Caminemos Juntos.
Lanza un llamado a los maestros ante la pandemia y ante el regreso a clases: “Que los profesores aprendan a involucrarse un poco más no solo con chicos con trastorno con autismo sino que se involucren en todos los casos de niños especiales. En su clase no solo van a tener niños comunes, sino muchos casos, que les sorprendería”.
Para Claudia, mientras más gente conozca esta diversidad de capacidades y entienda que hay otros contextos y problemáticas más fuertes que las propias, más se podrá abrir otro panorama mucho más tolerante.
*En memoria de Eva María, con todo el amor por todo lo que aprendí
América del Sur/ Brasil/ 04.08.2020/ Fuente: ultimasnoticias.com.ve.
El Ministerio de Educación de Brasil autorizó hoy a las instituciones federales de enseñanza secundaria técnica y profesional a suspender las clases de asistencia presencial hasta el 31 de diciembre por la pandemia de covid-19.
‘Se les autoriza, con carácter excepcional, a suspender las clases presenciales (…) en función de las orientaciones del Ministerio de Salud y de los organismos sanitarios estatales, municipales y de distrito, en forma de esta ordenanza’, indica una resolución firmada por el ministro Milton Ribeiro y publicada este martes en el Diario Oficial de la Unión.
Señala que las instituciones educativas que opten por la suspensión de las clases presenciales deberán sustituirlas completamente, para cumplir con la carga total de trabajo establecida en el plan de estudios, aprobado por el respectivo órgano competente.
Agrega el escrito que ‘las instituciones que decidan suspender las clases pueden cambiar sus calendarios escolares, incluyendo los de recreo y vacaciones’.
Los centros estudiantiles pueden optar por clases a distancia durante el período o el restablecimiento del volumen de trabajo.
Otra ordenanza similar autorizó en junio a las universidades federales a mantener las clases a distancia hasta finales de 2020.
Mientras tanto, en los demás ciclos de enseñanza -desde la educación infantil hasta la secundaria, pasando por las universidades privadas-, impera la incertidumbre sobre el regreso a las clases en persona.
‘Si mantener la educación a distancia es válido para los adultos para preservar la vida, también debería ser válido para la educación básica’, afirmó el papá Daniel Cara en una entrevista con el portal de noticias G1.
Brasil registra más de 120 días con las escuelas cerradas y expertos advierten que tal situación conlleva a pérdidas como la falta de socialización de los estudiantes, pero esto no puede anular las medidas para prevenir las muertes por la covid-19.
El gigante suramericano contabilizó 94 mil 665 decesos y dos millones 750 mil 318 contagios del virus. Estas ascendentes cifras confirman al país como el segundo más afectado del mundo por la pandemia, detrás de Estados Unidos.
Fuente de noticia: http://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/autorizan-en-brasil-suspender-clases-hasta-el-31-de-diciembre/
América del Sur/ Perú/ 04.08.2020/ Por: Jacqueline Fowks/ Fuente: elpais.com.
Perú inició el año escolar a distancia en abril, tres semanas después de lo usual debido a la pandemia, con clases disponibles en una página web y a través de emisiones de las cadenas de radio y televisión, estatales y privadas. Sin embargo, quedaron fuera de ese programa, bautizado como Aprendo en casa, cientos de miles de alumnos que no tienen acceso a Internet o incluso electricidad y que ni siquiera pueden escuchar la radio. Para garantizar su formación, el pasado 18 de abril el presidente, Martín Vizcarra, anunció la compra de casi un millón de tabletas para estudiantes de zonas rurales y urbanas vulnerables y 90.137 para maestros. Pero la compra se frustró por una serie de irregularidades.
El proveedor de los equipos informáticos falsificó documentos para aparentar un vínculo comercial con la casa matriz fabricante, la firma china Lenovo, sin ofrecer otras garantías. La licitación de las tabletas incluía también la compra de 203.000 baterías solares, más de medio millón de dispositivos móviles con planes de datos y la distribución de esos teléfonos hasta las localidades rurales más aisladas. El Gobierno calculó que entregaría los equipos en junio y luego postergó la distribución a mediados de este mes. El miércoles, sin embargo, la ilusión de las tabletas se desvaneció por completo, al menos para este año. El contrato que la empresa Topsale logró con el Ministerio de Educación ascendía a 265 millones de dólares, pero su información era falsa. Las autoridades informaron de que el proveedor no cumplió los plazos. El medio peruano El Foco reportó además que esa compañía -la única que se presentó a la licitación- comunicó en abril a sus trabajadores que como consecuencia de la emergencia sanitaria y de la caída de ventas carecían de fondos para pagar el salario de ese mes.
El ministro de Educación, Martín Benavides, proyecta un esquema para compensar la formación de los escolares que no hayan podido seguir los contenidos de Aprendo en casa, dijo en una entrevista con la emisora Radioprogramas. Aseguró que a partir del lunes retomarán la convocatoria a un nuevo concurso. Desde que empezó la educación a distancia, cientos de vídeos y fotos han documentado el esfuerzo de estudiantes que caminaban horas para llegar a la cima de los cerros a captar señal de Internet o de una emisora de radio.
Los maestros han optado por el WhatsApp como el medio principal para comunicarse con sus alumnos o con las familias para verificar el aprendizaje o asignar las tareas, pero en las comunidades de extrema pobreza las familias no cuentan con un móvil inteligente. Cientos de educadores han ido, sin estar obligados, en busca de sus alumnos, respetando la distancia social y con mascarilla, llevando una pizarra, para dar clases en la puerta de las casas. Dada la demora en la compra de las tabletas, algunas municipalidades, como la de Corani (en Puno, en la frontera con Bolivia) y Gobiernos regionales han instalado antenas de Internet satelital e, incluso, ciudadanos han recolectado dinero para contratar Internet en la localidad donde nacieron.
El ministro Benavides destacó el apoyo de las administraciones regionales que también han colocado antenas para que los estudiantes puedan captar la señal de radio. Desde abril, unos 5.000 alumnos recurren también a locales públicos para ver las clases en televisión o seguirlas a través de la web. Estos establecimientos son administrados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ubicados en comunidades rurales pobres, en las que hay ordenadores y conexión a la red. Antes de la pandemia en estos espacios los ciudadanos podían hacer trámites en línea.
La Defensoría del Pueblo calcula que la cancelación del contrato de compra de las tabletas afecta a estudiantes de 27.837 escuelas públicas. La entidad identificó que la región Ayacucho (en el centrosur del país) necesita 1.872 antenas de telefonía móvil para alcanzar la cobertura adecuada para la educación a distancia. Si bien el Ministerio de Educación señala que el 94% de los estudiantes “están conectados” a Aprendo en Casa, la Defensoría del Pueblo indica que en provincias de Huánuco (centro) cerca del 30% de escolares no tiene acceso a los contenidos y en la región Pasco (también en el centro del país), más de 7.000 estudiantes tampoco pueden seguir la educación a distancia.
El especialista en medios digitales Eduardo Villanueva comentó a EL PAÍS que el problema en la adquisición “fue haber pensado que habría en el mercado una tableta barata, adecuada, y que estuviera disponible en un millón de unidades en tiempo récord”. ”No es solo que los fabricantes tienen cronogramas estructurados de producción con base en expectativas de ventas, sino que la demanda aumentó porque no solo Perú pensó en comprarlas, además, las cadenas de abastecimiento de partes estaban estresadas”, explicó Villanueva.
Fuente de la noticia: https://elpais.com/internacional/2020-08-01/la-educacion-perdida-de-las-regiones-rurales-de-peru.html
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Claudia, profesora de educación especial, platica con Miguel, uno de sus alumnos que recibe educación a distancia para evitar contagios por covid-19. Foto: Duilio Rodríguez
Gael, muestra uno de muchos dibujos de su personaje preferido. Las paredes de su casa están llenas de hojas con sus dibujos. Foto: Duilio Rodríguez.
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