Derechas, explotación y racismo: entre todos lo mataron y él solo se murió

Pedro Luis López Sánches

Su nombre era Eleazar Blandón, nicaragüense solicitante de asilo. Huyó por la represión del régimen de Daniel Ortega dejando a Karen, su compañera embarazada de cinco meses, y cuatro hijos en su país. Tras llegar en avión a Bilbao, pasó por Almería para encontrarse con su hermana Anna y de ahí al trabajo en el campo del Guadalentín en la Región de Murcia. Murió el sábado de un golpe de calor tras 11 horas de trabajo a 44 grados en las peores horas, después de que lo dejaran solo en un ambulatorio en un estado lamentable.

Deberíamos tener la buena costumbre de buscar detrás de las palabras inmigrante, extranjero, mena, irregular o ilegal que tanto usa la derecha y la extrema derecha, que tanto hemos leído y oído en el último mes en esta tierra en una campaña de racismo institucional y mediático y poner caras y nombres, historias y afectos. Es la vacuna contra el odio y el miedo que llevamos soportando semanas y semanas en medios.

El Gobierno regional, en su inutilidad para controlar los brotes de COVID-19, en su dejadez interesada del control sobre las empresas del campo y hortofrutículas, como ha quedado claro con el caso de Fruveco en el Raal (Murcia) o en el último brote en la empresa Susaña de Mazarrón, donde trabajadores con síntomas estuvieron trabajando cinco días sin aclarar si habrá sanciones para la empresa, busca en el drama migratorio tirar balones fuera haciendo oposición al Gobierno central.

En una deriva de racismo institucional pone nacionalidad a los brotes, y habla día sí y día también de las pateras como si fueran un problema de salud pública. No hay ningún informe de carácter sanitario que pueda afirmar que la llegada de inmigrantes a nuestras costas suponga un riesgo de salud pública, pues conforme pisan tierra se les hacen pruebas y a los positivos se les confina. Los informes sí que nos avisan de los riesgos en las zonas cerradas y mal ventiladas, como son las empresas del sector primario cuya responsabilidad sanitaria es exclusiva del Gobierno regional.

Algunos medios de comunicación, que sobreviven gracias a la publicidad institucional del Gobierno regional, contribuyen día tras día con titulares y portadas sobreactuadas, amarillistas y en algunos casos escandalosamente racistas hasta el punto de dar a entender en algún titular la “responsabilidad” de la inmigración en el aumento de los delitos de odio en redes sociales, como “La inmigración dispara los delitos de odio en Internet”. La víctima del odio es a su vez la responsable.

Un arma peligrosa. El fin último del racismo no es evitar en este caso la llegada de inmigrantes, sino dirigir el malestar social hacia los más débiles en vez de hacia las élites, y buscar el consenso de la sociedad en el sometimiento de un sector de la población para explotarlos, deshumanizándolos, para tratarlos peor que a animales. Los nazis no buscaban en última instancia la pureza de la raza aria -vaya gilipollez, con perdón- sino la expropiación de los judíos y mano de obra esclava para su industria de guerra. No, no podemos lamentarnos de la desgracia sin antes denunciar y señalar la deriva racista institucional y mediática a la que están llegando las derechas y el establishment empresarial-político- mediático en la Región.

Ante el escándalo inhumano de esta muerte, que pone de relieve en qué condiciones se está trabajando en nuestros campos y huertas, parece que se apresuran en buscar un responsable, coloquialmente cargarle el mochuelo a alguien y que se quede ahí. El “jefe” es un ecuatoriano, en algunos medios incluso el dueño de la finca, aunque tiempo después corrigieron pues es el contratista, el empleador. Pero no, ni siquiera aunque sea así formalmente, en la esclavitud estaba el esclavo que llevaba el látigo, en los campos de concentración estaban los presos (normalmente comunes) distinguidos que maltrataban al resto. Es el capataz, no el patrón.

La figura del capataz autónomo es solamente un eslabón en la cadena de explotación en el campo. La figura laboral jurídica del jornalero o jornalera debería ser el fijo discontinuo, porque hacen su trabajo por temporadas de recogida. Las empresas solamente deberían contratar a través de ETTs justificando picos de producción, cosa que hacen todos los meses. Pero, ¿como puede haber personas sin contrato explotadas y que las empresas se laven las manos cuando ocurre algo?

En un conflicto laboral real en una gran empresa hortofrutícula de el Raal, Murcia, se puso de relieve este sistema. Llaman a un trabajador al despacho del jefe: “te vamos a ascender a capataz, te vamos a poner a cargo de 100 trabajadores pero tienes que hacerte autónomo y emplear a esos 100 trabajadores, nosotros corremos con todos los gastos de trámite”. Así en este caso el capataz autónomo aparece como empresario y jefe de 100 trabajadores y la gran empresa evita tener problemas si ocurren accidentes o se descubren las condiciones de explotación y/o maltrato. En este caso la inspección obligó a contratar directamente a los trabajadores no sin represalias posteriores por parte de la empresa.