Según el Sistema Universitario Estatal, la matrícula de 621 mil estudiantes de pregrado de las 32 instituciones está garantizada para el segundo semestre.
El rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE, Jairo Torres Oviedo, destacó el esfuerzo que han hecho el Gobierno y los entes territoriales para garantizar la educación de los más de 621 mil estudiantes de pregrado de las 32 universidades públicas del país. No obstante, hizo un llamado a mantener esta política en el tiempo y no aplicarla solo por la pandemia.
SEMANA: ¿Cómo ha avanzado el semestre académico para las universidades públicas en medio de la pandemia?
Jairo Torres Oviedo (J.T.O.): Desde 2018, las universidades públicas hemos tenido anormalidad académica, el paro nacional, que tuvo como resultado unos acuerdos históricos por 4,5 billones de pesos para las universidades. Eso retrasó a algunas instituciones. En 2019, las marchas y movilizaciones también afectaron el calendario académico. Por esta razón, cuando empieza la pandemia, 12 de las 32 universidades públicas no habían terminado ni siquiera el segundo semestre académico de 2019. Todo el tema del coronavirus, como es bien conocido, cambia el panorama de la educación superior y nos enfrenta a unas realidades que en este país nos han significado un verdadero reto para dar continuidad a la educación; por ejemplo, el tema de la brecha tecnológica.
SEMANA: ¿Pudieron terminar el semestre las universidades públicas?
J.T.O.: Hubo plataformas estudiantiles pidiéndonos que suspendiéramos el semestre debido a todas las dificultades. Mantuvimos el pulso, cada una de las universidades hizo esfuerzos importantes y las 12 universidades que venían culminando el pasado semestre académico lo hicieron y se disponen a iniciar el primer semestre académico de 2020. En las otras universidades culminamos semestre a tiempo.
SEMANA: ¿Qué balance tienen las universidades públicas tras cuatro meses de pandemia?
J.T.O.: Es positivo haber acabado el semestre y también lo es el hecho de que pudimos recibir apoyos por $97.500 milones por parte del Gobierno, para garantizar la educación de estratos 1 y 2, que están en condición de vulnerabilidad en las universidades públicas. Hemos solicitado apoyo para superar las brechas en materia de conectividad y hemos conseguido recursos. Esa parte es positiva.
SEMANA: Muchas universidades prevén un desplome en las matrículas. ¿Cuál es la proyección en las públicas?
J.T.O.: Como SUE hicimos un sondeo y evidenciamos que la deserción para el próximo semestre sería muy compleja debido a la crisis económica que ha generado el coronavirus. Hay que tener en cuenta que el 70,9 % de los 621 mil estudiantes matriculados en las 32 universidades públicas son de estratos 1 y 2. Sin duda, la deserción nos preocupa porque, por la pandemia, las familias de esos estudiantes se han visto afectadas, han perdido sus empleos. Por esa razón, para evitar esa deserción que creemos podía ser del 50 %, propusimos el modelo de gratuidad en la educación para las universidades públicas.
SEMANA: ¿Qué le propusieron al Gobierno respecto a la gratuidad?
J.T.O.: Pusimos como ejemplo lo que hicimos en la Universidad de Córdoba y que se ha replicado en otras universidades públicas. Hay que tener en cuenta varios factores. El 48 % de los recursos de las 32 universidades del SUE son propios. Eso equivale a 3,5 billones de pesos al año. De esos 3,5 billones, 1,1 billones equivalen a las matrículas, que 677 mil millones son de matrículas de pregrados y el resto son de posgrados. En ese orden de ideas, si el Gobierno quisiera montar una política pública de gratuidad para los estratos 1 y 2, eso costaría 677 mil millones de pesos al año. Eso les planteamos.
SEMANA: ¿Es factible tener esos recursos?
J.T.O.: Lastimosamente, no es la realidad. Por esa razón, las universidades buscan otras fuentes de financiación. Primera fuente: las matrículas de pregrado. Por eso, las matrículas en universidades públicas tienen un valor que oscila entre 380 mil y un millón de pesos en las universidades regionales. Por ejemplo, en Córdoba una matrícula de pregrado cuesta 500 mil pesos. Además, están las matrículas de posgrado, venta de servicios, laboratorios, diplomados, seminarios y cursos, que nos ayudan a constituir los recursos de ese 48 %. El Gobierno nos dio la línea de crédito para solventar nómina y los 97.500 millones para repartir entre las 32 instituciones públicas. Algunas recibieron 3.000 millones pesos; otras más y otras menos.
SEMANA: ¿Alcanzaron los 97.500 millones para el modelo que proponen?
J.T.O.: En Córdoba, las matrículas de los 17 mil estudiantes nos cuestan 13 mil millones de pesos al año, es decir, por semestre son 6.500 millones. Una fuente fueron los $2.500 millones que nos tocaron del total que dio el Gobierno, la Gobernación nos dio 1.000 millones de pesos, la Alcaldía de Montería nos dio 600 millones, a lo que sumamos otros recursos que teníamos del monto que se consiguió durante el paro de 2018. Los teníamos destinados para otras cosas pero se usaron para la gratuidad. Ese mismo modelo lo hicieron Magdalena, Cartagena, Cundinamarca y la gran mayoría de instituciones. Pero es un modelo transitorio. El reto es volver este modelo permanente en el tiempo, porque después del segundo semestre la crisis no desaparecerá como si nada.
SEMANA: ¿Cómo establecer ese modelo de gratuidad de manera permanente?
J.T.O.: Proponemos al presidente Duque que se incrementen esos 97.500 millones a 200 mil millones en forma permanente para la gratuidad. En Córdoba, a través de ordenanza de la asamblea, se creó el Fondo de Educación Superior, que lo componen 15 % del impuesto de registro y 5 % de licores; es decir, que va a manejar 3.200 millones fijos que se actualiza año tras año. Nosotros con ese fondo, que va a perdurar, tendremos la fuente de recursos. Propusimos al alcalde de Montería que haga un fondo similar. Creemos que ese modelo se puede replicar en todo el país.
SEMANA: ¿Entonces está asegurada la educación de los 620 mil estudiantes de universidades públicas de cara al segundo semestre?
J.T.O.: La educación de nuestros estudiantes en las 32 universidades públicas está garantizada. Como digo, por la procedencia de nuestros estudiantes, esos estratos 1 y 2 tienen su gratuidad. Eso está garantizado. Hay que reconocer el esfuerzo del Gobierno nacional y los entes territoriales.
SEMANA: ¿Qué pasa con el 30 % de otros estratos? La crisis ha tocado prácticamente a todos los sectores…
J.T.O.: La clase media está sin empleo. Sé que las prioridades de un padre de familia en esa situación no es el estudio para sus hijos. En las universidades públicas, al haber hecho el esfuerzo tan grande para la gratuidad en los estratos 1 y 2, también incluimos al resto de comunidad estudiantil. En Córdoba eran 350 muchachos. Los vinculamos en estos modelos de gratuidad y lo mismo se está aplicando en otras regiones. En un futuro se debe mirar el tema de esos sectores, teniendo en cuenta las posibilidades de cada estudiante y su familia. De eso se trata un modelo de gratuidad justo y equitativo: que cada quien aporte de acuerdo con sus posibilidades para garantizar la educación de los más vulnerables.
SEMANA: ¿En el segundo semestre del año volverán a la presencialidad?
J.T.O.: En el caso de las ocho universidades del Caribe, decidimos que no retomaremos la presencialidad, ya que esta región ha sido muy impactada por la pandemia. No queremos correr ningún riesgo con la alternancia. En las otras regiones cada universidad será autónoma, aunque otras se han sumado, como es el caso de la Universidad Nacional. Hay que tener en cuenta que adoptar los lineamientos del ministerio costaría a las universidades grandes inversiones, y en el momento no están los recursos.
Comúnmente julio es el mes de las vacaciones de invierno, sin embargo, hoy las comunidades educativas denuncian que no pueden tomarse ese tiempo y renovar energías para el segundo semestre. Esto debido a lo que señalan como una «decisión unilateral» que tomó el ministro de educación Raúl Figueroa. De acuerdo a lo señalado por el Ministerio, lo que por ningún motivo puede ocurrir es que el denominado «receso» se transforme en vacaciones, ya que eso, a juicio de la cartera, sería un incumplimiento del Calendario Escolar Regional.
El Mineduc ha propuesto que los colegios realicen un «cambio de actividades», lo cual significa modificar sus procesos actuales para que los y las estudiantes puedan ponerse al día en las materias, capacitaciones para las y los docentes, o jornadas para fortalecer el vínculo pedagógico. A juicio de las comunidades educativas, esto no sólo desconoce que dichas actividades han sido parte del agobio que ha significado para docentes y estudiantes este proceso, sino que además, «expresa la convicción de que estas actividades no forman parte del trabajo docente y que, además, son equivalentes a un descanso».
En este contexto de crisis, las comunidades exponen que la continuidad del proceso educativo ha dependido, en gran medida, de la salud mental de las y los docentes. «En lugar de proponer lineamientos claros que garanticen el bienestar de las comunidades, el Mineduc sólo ha propuesto ‘orientaciones’ que suman acciones a su situación actual de agobio, circunstancia que resulta especialmente crítica para las profesoras que cumplen doble o triple jornada laboral (labores domésticas, reproductivas y de cuidados). Esto último, adquiere especial relevancia, dado que el 74% del total del cuerpo docente son mujeres», señalan a través de una declaración pública.
«Sabemos que los y las docentes, desde sus hogares, han hecho muchísimos esfuerzos que no corresponden a su área de trabajo para garantizar la continuidad del proceso educativo. Por ejemplo, se han auto capacitado en diversos aspectos, han creado nuevos recursos para apoyar a sus estudiantes (distribución de material impreso, cooperación socioeconómica, programas de radio o transmisiones en vivo, etc.). Han proporcionado sus números personales de celular para recibir y contestar mensajes en cualquier horario, además de llevar a cabo los procedimientos técnicos y burocráticos propios de las escuelas y sus estructuras. Ante la falta de plataformas educativas o de un acceso a internet garantizado para las familias, todo el costo económico, familiar y personal ha sido asumido por el profesorado», añaden los docentes.
Por su parte, dicen, niñas, niños, jóvenes y sus familias, han debido enfrentar este nuevo escenario con mucho esfuerzo, sin ningún derecho o garantía, dependiendo de la condición socioeconómica y el capital cultural de sus familias, en medio de una crisis sanitaria que ha traído consigo empobrecimiento, desempleo, e incluso el fallecimiento de sus seres queridos. Por esto, creen que el receso pedagógico debe ser pensado como una necesidad y un derecho para garantizar la integridad y sostenibilidad de los procesos educativos, no como una alternativa o intercambio, cuyo costo pueden asumirlo solo establecimientos particulares o la voluntad de algunos municipios.
La declaración es firmada por la Red Docente Feminista junto a distintas organizaciones que suscriben a esta demanda, entre ellas la FECH, FENATED, MUD: Movimiento por la Unidad Docente, MED: Movimiento Educación Diferencial, Colectiva Pizarra Chueca de Profesorxs de la diversidad y disidencia sexual, Campaña Alto al SIMCE, REPROFICH Red de Profesores y Profesoras de Filosofía de Chile y distintos sindicatos docentes.
«Llamamos a establecer un receso pedagógico que permita a las y los profesores, estudiantes y familias, a hacer una pausa, evitando el colapso que el mal manejo de la crisis ha propiciado y que, sumado al agobio y las malas decisiones desde el Mineduc, llevaron a adelantar las vacaciones en abril, las que no implicaron, debido al contexto actual, ningún descanso efectivo para la comunidad», concluyeron.
Respuesta del Mineduc
El Ministerio de Educación respondió para «clarificar algunas ideas» referidas al denominado «receso» que las comunidades escolares y equipos directivos han consultado y que, en general, aseguran, «también hemos conversado».
Primero, desde el Ministerio de Educación aseguran que «no ha entregado ningún pronunciamiento oficial con respecto a los denominados recesos, razón por la que este tema no ha sido propiciado ni orientado por el Mineduc».
«En todo el tiempo de prolongación de la crisis sanitaria y de la respectiva suspensión de clases presencial, el Ministerio de Educación ha propiciado y fomentado la continuidad del proceso educativo, tanto en lo referido a los aprendizajes a distancia, como en las temáticas de apoyo y contención socio y psicoemocional a estudiantes y familias, entregando orientaciones, materiales y dispositivos de apoyo a las comunidades escolares: Priorización Curricular, plataforma aprendo en línea, Material Aprendo en Casa, Bitácora para el Autocuidado Docente, videoconferencias varias, entre otros»; aseguran desde la cartera dirigida por Raúl Figueroa.
Sin perjuicio de lo señalado, agrega el Ministerio de Educación, «es perfectamente posible que las comunidades escolares puedan reorientar el proceso educativo, ya sea disminuyendo las actividades académicas, en los tiempos que consideren, y priorizando temáticas de apoyo y contención socioemocional y autocuidado para, de esa manera, ir compatibilizando los dos pilares fundamentales del proceso educativo en contexto Covid: Aprendizaje a Distancia y Apoyo y Contención Socioemocional a estudiantes y familias».
De acuerdo a lo señalado por el Ministerio, lo que por ningún motivo puede ocurrir es que el denominado «receso» se transforme en vacaciones, ya que eso, a juicio de la cartera, sería un incumplimiento del Calendario Escolar Regional.
«En ese sentido, todas las reuniones y/o actividades convocadas por las instituciones del Sistema de Aseguramiento de la Calidad y que vinculan a equipos directivos y docentes debieran mantenerse y no alterarse por los denominados «recesos», ya que, como se ha señalado, el proceso educativo no debe ser interrumpido sino reorientado», cerraron.
«En Nicaragua tenemos dos grandes lagos; el lago de Managua o Cocibolca, y el lago de Granada o Xolotlán», dijo la maestra en una de las teleclases impulsadas por el Ministerio de Educación (Mined). El dato que brindó la docente a los niños que la estaban viendo por la televisión fue erróneo, porque en realidad es el lago de Managua o Xolotlán; y el lago de Nicaragua o Cocibolca, que abarca los departamentos de Granada, Rivas, Boaco, Chontales y Río San Juan.
La confusión de la maestra dejó en evidencia la falta de calidad que existe en la nueva modalidad de educación a través de televisión que implementa, a partir de esta semana, el Mined, para quien las teleclases se desarrollarán durante tres semanas, entre el primero y el 21 de julio, en las que esperan disminuyan los casos de coronavirus en el país, a través de los canales 6 y 15, Radio Nicaragua y redes sociales.
Sin embargo, los especialistas en educación consultados por LA PRENSA indicaron que las teleclases implementadas por el Mined no tienen ninguna lógica de aprendizaje ni tampoco calidad; les falta utilizar mejor los materiales didácticos, y las califican como un recursos paliativo para resolver la ausencia de estudiantes en los colegios públicos a raíz del crecimiento exponencial de casos de coronavirus en el país.
Josefina Vijil, miembro del Centro de Investigación y Acción Educativa y Social (CIASES), dijo que la modalidad de educación remota, que incluye radio, internet, televisión, entre otros medios, se está utilizando en otros países. Sin embargo, en el caso de Nicaragua se está haciendo sin ninguna lógica didáctica. “Es decir, no se puede dar clases sin ninguna articulación de niveles, ni lógica o secuencia, porque no se está resolviendo el problema”.
Confusión de maestra es “una aberración”
El pasado primero de julio, la titular del Mined, Miriam Raudez, dijo que las teleclases serían expuestas por un equipo de 56 maestros especialistas “que se han hecho en la práctica, son maestros y maestras que tienen una experiencia importante”.
Sin embargo, para la especialista en educación, Vijil, es “una aberración” que la maestra confunda las ubicaciones de los lagos Cocibolca y Xolotlán. “No puede ser que una maestra que se preparó para una clase en televisión confunda temas tan fundamentales como este”, agregó.
Para Vijil esto demuestra que no existe calidad en las teleclases. El experto en educación, Cefas Asensio, coincide en que estos temas de calidad educativa son los que están más descuidados. “En lugar de enseñar a pensar, investigar; desarrollar habilidades como la comunicación, la acertividad, la autoestima, la confianza, la tolerancia; la lectura fluida y comprensiva y el razonamiento matemático, lo que se está haciendo es seguir estancados en métodos de aprendizajes desfasados”.
Asensio considera que las teleclases son solo un recurso paliativo de una verdadera modalidad a distancia que es lo que amerita la comunidad educativa en estos tiempos de pandemia. “No es una verdadera estrategia de nivelación, sino solo se están ofreciendo determinados contenidos que a criterio del Mined han quedado en el vacío en la gente que se ha ausentado en este período”, agregó.
No obstante, la vicepresidenta designada, Rosario Murillo, dijo el pasado viernes que las teleclases han sido un éxito. “La interacción es enorme en redes, también en los hogares los muchachos y niños, participando de este modelo que nos permite reforzar nuestros conocimientos para avanzar con educación de calidad para culminar el año exitosamente”, señaló.
Uno de los aspectos que critica Josefina Vijil es la falta de utilización de recursos didácticos para los maestros que llegan a impartir las teleclases. “Se podrían utilizar fotos, gráficas, láminas, presentaciones en power point, pequeños videos, entre otros, para hacer más entretenidas las clases porque actualmente es agotador para los estudiantes y maestros”, dice Vijil.
Según Asensio, el Mined todavía no quiere hacer la transición real y definitiva a una educación a distancia completa, porque se contempla regresar a las clases normales a partir del 21 de julio. «Lo establecieron como que si la pandemia estuviera subordinada al calendario escolar», dice Asensio, y agrega: «No sé si es una tarea pesada para el gobierno o no quiere hacer una coordinación con otros sectores (empresarios y sociedad civil) que tienen una experiencia acumulada en este tema».
Asensio recordó que en Nicaragua no es primera vez que se ha utilizado la educación a distancia a través de radio o periódicos y cables locales durante situaciones de desastres naturales: terremotos y huracanes en períodos más cortos que lo que supone esta pandemia, que sería un período más largo.
Desde la ONU, la Oficina para el Combate al Terrorismo informó que 700 personas murieron recientemente en dos campamentos ubicados en el noreste de Siria, donde más de 70.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, vinculados con combatientes del denominado grupo extremista Estado Islámico y se encuentran viviendo confinados en «condiciones atroces».
Vladimir Voronkov director de esa Oficina, dijo a través de una conferencia de prensa que las personas, entre ellas niños, fallecieron por «falta de medicinas y falta de alimentos» en los campamentos al-Hol y Roj, que a su vez son supervisados por fuerzas encabezadas por personas de nacionalidad kurda, aliadas con Estados Unidos, que en su momento lideraron la lucha contra el Estado Islámico.
Estas muertes en los campamentos han ocasionado «sentimientos de enojo», manifestó.
Voronkov no aclaró dónde ocurrieron las 700 muertes reportadas o su fuente de información. La Media Luna Roja Kurda señaló en enero que 511 personas fallecieron en el campamento más grande, al-Hol, durante 2019. Los campos donde viven hacinados y en condiciones infrahumanas tienen un alto índice de mortalidad infantil. Hasta ahora, no se sabe de algún brote de coronavirus en el lugar. Una misión de Naciones Unidas visitó el sitio a principios de este mes.
El Director de esta Oficina, hace un llamado a la comunidad internacional para combatir «el enorme problema» de qué hacer con estas personas, señalando por otro lado que mantenerlos en campamentos «es muy peligroso». Advirtió que «podrían crear materiales explosivos que serían de mucha utilidad para que los terroristas reanuden sus actividades» en Siria e Irak.
La organización del Estado Islámico, que en algún momento llegó a controlar vastas extensiones en Siria e Irak, perdió sus últimos bastiones en Siria a inicios de 2019. Pero, a pesar de la derrota de su califato, expertos de Naciones Unidas señalaron a principios de este año que el grupo extremista está llevando a cabo ataques cada vez más atrevidos en Siria e Irak y planea una fuga de sus combatientes detenidos.
Además de los campamentos de al-Hol y Roj, los kurdos resguardan a cientos de miembros del EI y a niños en otras prisiones.
Las autoridades en Francia investigarán las denuncias de que cuerpos humanos donados a la ciencia fueron abandonados a merced de la putrefacción y las ratas en un centro de estudio universitario, según anunció el jueves la fiscalía de París.
El escándalo fue reportado inicialmente en noviembre pasado por el semanario noticioso L’Express, lo que derivó en el cierre temporal del Centro para la Donación de Cuerpos de la Universidad Paris Descartes (CDC)) mientras los fiscales indagaban el caso que ahora ha quedado en manos de los magistrados.
En lo que se ha calificado como un caso de «violación de la integridad de un cadáver» se investiga cómo miles de cuerpos quedaron pudriéndose en condiciones antihigiénicas en el centro.
También se alega que algunos de los cuerpos y restos humanos fueron vendidos a compañías privadas.
De acuerdo a L‘Express, decenas de cadáveres fueron almacenados «desnudos, descomponiéndose, apilados en camillas, con los ojos abiertos de par en par».
La revista describió el centro de donación como «una fosa común en el corazón de París».
Reacción de la universidad
La universidad reconoció el error y pidió disculpas a los familiares de los cuerpos donados.
Cuando se inició la investigación, la universidad emitió un comunicado en su sitio internet en el que reconoció que las prácticas del centro no cumplieron con «el respeto a la dignidad exigida por la sociedad».
«La Universidad Paris Descartes pide disculpas a las familias por esta situación», dice. «La universidad desea clarificar y reafirmar su total compromiso con la dignidad de los donantes y sus familias».
En noviembre, el Sindicato Francés de Medicina Libre (UFML) dijo que interpondría una demanda.
El presidente del sindicato, Jerome Marty, expresó a la radio Franceinfo que el caso desprestigió a la profesión médica.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionCentro para la Donación de Cuerpos de la Universidad Paris Descartes abrió en 1953 como el más grande de su clase en Europa
Comercio de cuerpos y restos humanos
Durante más de una década, miles de cuerpos donados a la investigación científica fueron almacenados en malas condiciones y vendidos con propósitos inmorales, según el reportaje de L‘Express.
Algunos de los cadáveres estaban apilados uno sobre otro «sin dignidad alguna», indicó el semanario. Otros habían sido carcomidos por las ratas que infestaban el centro.
Algunos de los cuerpos estaban en tal estado de putrefacción que tuvieron que ser incinerados sin haber sido diseccionados para efectos de la investigación científica.
En algunos casos se alega que los cadáveres y restos humanos fueron vendidos a compañías privadas, laboratorios o fábricas para usos inapropiados, como pruebas de impactos automovilísticos.
Un cuerpo entero podría valer unos US$1.000 y una extremidad unos US$450, informó L‘Express.
Derechos de autor de la imagenSCIENCE PHOTO LIBRARYImage captionLos cadáveres donados se usan para la investigación y práctica de estudiantes de medicina, pero algunos de estos fueron vendidos a compañías privadas.
El semanario aseguró haber visto fotos de la instalación que fueron tomadas en 2016, producto de un documento de 27 páginas presentado por el profesor Richard Douard, presidente del CDC entre 2014 y 2017, al entonces presidente de la universidad.
Douard renunció a su cargo en octubre de 2017 por lo que llamó la «inercia de las autoridades públicas«, informó el diario francés Le Figaro que añadió que el maltrato de los cuerpos continuó hasta conocido el escándalo.
Decenas de demandas
Casi 80 demandas han sido entabladas por las familias de los donantes. El abogado que las representa, Frederic Douchez, dijo que el anuncio del jueves es «muy buena noticia».
Los magistrados que están a cargo de la investigación tienen poderes mucho más amplios para llegar a la verdad, agregó Douchez.
Las revelaciones ocasionaron el cierre temporal del centro por el gobierno francés hasta que se realice una inspección administrativa. Este junio, un panel designado declaró que la universidad es culpable de «serias violaciones éticas» en la administración del CDC.
El Centro para la Donación de Cuerpos de la Universidad Paris Descartes abrió en 1953 como el más grande de su clase en Europa. Antes del cierre recibía cientos de cadáveres donados todos los años.
El incumplimiento tributario alcanza el 6,1% del PIB en un momento en el que los erarios de la región más recursos necesitan para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia
Las arcas públicas latinoamericanas llevan décadas ingresando menos de lo que necesitarían para cerrar las brechas sociales y económicas históricamente abiertas en la región. Pero el zarpazo económico derivado de la crisis sanitaria ha empeorado aún más las cosas: las necesidades se multiplican y, con un fondo de caja menor que en Europa y Estados Unidos, la respuesta contracíclica se complica. Ese es el cuadro general que pinta este lunes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su panorama anual sobre la situación fiscal del subcontinente, que cifra en 325.000 millones de dólares el dinero que se evade cada año a los fiscos latinoamericanos, el equivalente al 6,1% del PIB. “Es una de las principales barreras para una mayor movilización de recursos internos en la región es el elevado nivel de evasión fiscal”, constatan los técnicos del organismo.
Las últimas cifras disponibles, de 2018, apuntan a los gravámenes que pagan las empresas sobre sus beneficios (el conocido como impuesto sobre la renta corporativa o de sociedades) y a los tributos que abonan las personas físicas por sus ingresos como la principal fuente de evasión: el 3,8% del PIB. El IVA es la segunda, con alrededor del 2,3% del PIB. “Las pérdidas recaudatorias representan un desafío importante desde el punto de vista de la capacidad de reacción de la política fiscal ante choques macroeconómicos y de la movilización de recursos nacionales para el financiamiento del desarrollo sostenible”, escriben los economistas del ente con sede en Santiago de Chile.
El brazo de Naciones Unidas para el desarrollo económico de la región ve “alentadores” los “avances” registrados en los últimos años en el combate contra la evasión, pero sitúa esta lacra como “uno de los principales obstáculos que afectan a las finanzas públicas y, por ende, al proceso de desarrollo”. Y llama a un mayor rigor analítico para saber, con mayor nitidez, el tamaño del problema que enfrenta cada uno de los países de la región, donde la difusión de los resultados “ha enfrentado resistencias recurrentes y sigue siendo tarea pendiente”. Resulta, remarca, “difícil encontrar información sistemática sobre las evidencias acerca de su magnitud”.
Financiación para hacer frente a la crisis
En plena pandemia —“la mayor crisis sanitaria, humanitaria, económica y social que la región haya enfrentado en el último siglo”— la Cepal ve “clave” movilizar más recursos públicos para hacer frente tanto a las consecuencias sanitarias como al parón económico derivado de los confinamientos, tan necesarios para frenar la expansión del coronavirus como dañinos para el desempeño económico. Hasta ahora, la respuesta fiscal ha sido importante pero mucho menor que en las economías más maduras: la media de América Latina lleva gastado hasta ahora poco más del 3% de su PIB, más de cinco veces menos de lo desembolsado (entre estímulos y avales) por algunos países europeos para garantizar el sustento a quienes se han quedado sin ingresos y asegurar que el tejido productivo sobrevive a la tormenta. Las diferencias intrarregionales son, sin embargo, notables: Chile lidera la tabla de grandes países por paquetes de estímulos con el 5,7% seguido por Perú (4,8%) y Brasil (4,6%), mientras México (1,1%) y Colombia (1,7%) quedan a la cola, con una respuesta mucho más timorata ante un reto que marcará a toda a una generación.
Un grupo de manifestantes se protegen con escudos improvisados en una protesta contra el Gobierno chileno.MARTIN BERNETTI / AFP
Cerrar la vía de agua que suponen la elusión y la evasión tributaria es un imperativo desde ya. Pero en el muy corto plazo, el dinero para los planes contracíclicos tendrá que salir de otro sitio. “El financiamiento de los paquetes de medidas actuales y los que probablemente se requieran en el mediano plazo precisará de un mayor acceso a fuentes de financiamiento en condiciones adecuadas”, subraya la Cepal. A diferencia de en grandes crisis anteriores, esta vez los principales países de la región no han dejado de tener acceso a los mercados en ningún momento de la pandemia, un punto clave para que las arcas públicas latinoamericanas hayan sido capaces de levantar fondos para sus, con todo, muy limitados planes para hacer frente a una recesión bíblica.
Pero los problemas estructurales siguen ahí. En 2019, el último año precoronavirus, la debilidad económica regional contrajo aún más los ya de por sí bajos niveles de recaudación de la región. Y, ampliando algo más el foco, la tónica general sigue siendo la misma: lejos de aumentar los ingresos, las Haciendas latinoamericanas llevan una década con las entradas de caja prácticamente estancadas en el entorno del 18% del PIB, muy por debajo de la media de las economías avanzadas: atrás quedan ya las reformas fiscales en varios países del área para tratar de ganar músculo fiscal. Los técnicos del organismo ponen el foco sobre la tributación directa, “excepcionalmente débil”, con una “baja recaudación del impuesto sobre la renta y de los impuestos sobre la propiedad que no solo limitan la generación de ingresos, sino también el poder redistributivo del sistema tributario en su conjunto”. Es el mayor reto tributario que deberá afrontar el subcontinente cuando las aguas sanitarias bajen algo más calmadas.
Las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador viven una doble pandemia: la del coronavirus y la del abandono.
La crisis sanitaria ha evidenciado las difíciles condiciones en las que viven los indígenas. Sus reclamos siguen siendo los mismos que los de hace años: educación digna para sus hijos, salud y alimentación —con la llegada del coronavirus, se han agravado aún más.
Muchas de las nacionalidades indígenas no conocen con exactitud o desconocen por completo el número de casos positivos para coronavirus. Algunos de ellos cuentan que el Ministerio de Salud va a sus territorios, les hace las pruebas pero no les comparte los resultados, y en otros casos como el de los waorani solo se limita a realizarles pruebas rápidas sin comunicarles los resultados. El Ministerio de Salud no clasifica por etnias a los contagiados por eso es imposible saber cuántos son. Pero según la Confederación de Nacionalidades Indigenas de la Amazonía (Confeniae), en las once nacionalidades amazónicas se han hecho 2.673 pruebas de detección. “Más de un 60% corresponde a pruebas PCR”, dice Andrés Tapia, uno de sus dirigentes. 1.276 han dado positivo y 37 personas han muerto, dice Tapia.
En Ecuador hay 15 nacionalidades indígenas y 18 pueblos. Una nacionalidad es un conjunto de pueblos milenarios, anteriores y constitutivos del pueblo ecuatoriano. Tienen una identidad histórica, idioma, cultura común y viven en un territorio con sus propias formas de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad. Los pueblos están conformados por comunidades regidas por sus propios sistemas de organización social, económica, política y legal.
De las 15 nacionalidades, 11 viven en la Amazonía. Siete —Shuar, Achuar, Shiwiar, Andwa, Secoya, Sapara y Kichwa— son transfronterizas. Todas viven en zonas donde el extractivismo minero y petrolero pone en riesgo sus formas de vida y los ecosistemas locales. Todas han sido históricamente abandonadas por el Estado. A esos peligros se suma ahora el covid-19.
Kichwa: la más golpeada por el coronavirus
La nacionalidad kichwa amazónica es una de las más numerosas del Ecuador, pero también es una de las que más estragos ha sufrido por el contacto con el mundo no indígena. En la pandemia del coronavirus, no ha sido distinto: es la que más contagios registra. La Confeniae estima que son cerca de 699 casos positivos en toda la nacionalidad. Carlos Antonio Vargas, dirigente del consejo de coordinación de la nacionalidad, cuenta que “el covid-19 está en todas las comunidades”. Tampoco tiene cifra exacta de cuántas comunidades son pero calcula que poco más de 500. Vargas dice que el verdadero problema es que el Estado se ha dedicado a atender más a la ciudad que al campo. “Estamos aislados, las comunidades están enfermas, han pasado la enfermedad y para la recuperación hay que darles vitaminas, y estamos aislados”, dice el dirigente.
La asistencia del Ministerio de Salud es una realidad lejana para muchas comunidades kichwa. “Solo nos han dicho que no hay recursos económicos para comprar medicamentos y no sabemos qué hacer”, dice Vargas. La única solución que han encontrado las comunidades kichwa es la medicina ancestral. Vargas dice que las personas contagiadas han pasado hasta un mes recuperándose con plantas medicinales: lianas, cortezas, hojas, raíces de plantas medicinales para hervir y hacer una infusión concentrada. “Eso están tomando y sí ha ayudado, sobre todo a la gente más joven, a salir más rápido, pero hay complicaciones en las personas mayores”, dice Vargas. [/fusion_text]
Fotografía de Heriberto Gualinga.
Patricia Gualinga, lideresa del pueblo kichwa de Sarayaku, dice que las personas de su comunidad suponían que era una gripe común. “Pensaban que aquí en Sarayaku no había nada, pero nosotros sospechamos que algo estaba pasando porque esta era una gripe muy extraña”, dice la lideresa.
En ese momento comenzaron a gestionar pruebas rápidas para covid-19 con ayuda de organizaciones no gubernamentales. El Ministerio de Salud “no ha hecho mayor presencia”, dice Gualinga. Cuando hicieron las primeras pruebas rápidas, 25 de las 80 muestras tomadas, dieron positivo.
Después de conocer los resultados, llamaron al Ministerio de Salud para informarse de los protocolos que debían seguir. Sin embargo, recuerda Gualinga, la respuesta no fue la esperada. Dice que les dijeron que se laven bien las manos, que se abastezcan de jabón y que se mantengan distantes. Estas recomendaciones resultan complicadas de aplicar en comunidades que viven en medio de la selva.
La emergencia sanitaria no es la única que se vive en Sarayaku. Gualinga dice que también han tenido que pasar por inundaciones muy severas, que han arrasado con viviendas y con más del 80% de los cultivos. Con los caminos cerrados por la crisis sanitaria, esto ha hecho que mucha gente pase hambre por la falta de alimentos cosechados en el territorio y la imposibilidad de traerlo desde fuera. Se estima que cerca de 20 kichwa han fallecido por coronavirus.
Achuar: el coronavirus llega por la carretera
Los achuar, que viven en la Amazonía centro sur del Ecuador, registran cerca de 500 casos confirmados de covid-19. Domingo Peas dice que la cifra es mayor solo que la falta de recursos económicos para poder trasladarse en avionetas a comunidades más alejadas les ha impedido a las autoridades tanto del Ministerio de Salud como de las organizaciones indígenas ir a hacer más pruebas.
Peas dice que una de las comunidades más afectadas es Popataza, por su cercanía a la carretera y porque iban comerciantes de Guayaquil a comprar balsa. Cuando aparecieron los primeros síntomas, dice Peas, la gente pensaba que “era un trancazo y casi no decían nada”. Después de realizarse los primeros exámenes se dieron cuenta que se trataba del nuevo coronavirus.
Otra de las posibles causas de la llegada de la pandemia a la nacionalidad achuar, dice Domingo Peas, fue la necesidad de los más jóvenes de salir en busca de Internet. “Usted sabrá que todos los estudiantes ya no reciben clases y para poder cumplir su rol de deber tenían que ir de diferentes comunidades, como Popatazam porque ahí había internet. Esa fue otra de las razones por las que algunas comunidades ya están infectadas”, dice Peas.
Un grupo de achuar recibe una dosis de vitamina C y complejo B. Fotografía de Tiyua Yunkar, presidente de la nacionalidad achuar.
“Los indígenas están prácticamente abandonados”, dice Peas con resignación. Están preocupados por la falta de apoyo y atención. Las pruebas para detectar el coronavirus se han hecho gracias al apoyo de la Universidad San Francisco y la de las Américas y por la gestión de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae). Lo único que el Ministerio de Salud ha puesto ha sido el personal que las ha hecho. Peas dice que para contrarrestar la enfermedad, han recurrido a su medicina natural.
Para los achuar, la alimentación también fue crítica. Muchos viven de la caza y pesca, pero los síntomas de coronavirus ha hecho que muchos no puedan salir a hacerlo. Si a esto se le suma lo difícil que se vuelve enviar kits alimenticios a las comunidades más alejadas, la emergencia se duplica. “Lo único que yo he sugerido es que haya solidaridad entre las familias de los que están contagiados y los que no están contagiados porque así lo hicimos aquí en mi casa”, dice Peas.
Siona: sin pruebas hechas pero con casos sospechosos
En la nacionalidad Siona, cuyo territorio traspasa la frontera colombo ecuatoriana, no hay casos confirmados. Pero, en realidad no es una buena noticia. Lo que pasa es que aún no se han realizado testeos PCR ni pruebas rápidas. Lo que se conoce, según la experta María Espinoza, es que hay “casos sospechosos con sintomatología asociada”.
Fotografía de Fundación Alianza Ceibo.
Hay también entre los Siona otro problema muy grave: un brote de dengue, una enfermedad tropical que tiene una sintomatología muy similar al covid-19, como fiebre y dolor corporal. Podría ser cualquiera de las dos enfermedades. Para Espinoza es necesario que los “Estados ecuatoriano y colombiano, porque los Siona son un pueblo transfronterizo, realicen procesos de diagnóstico urgentemente”. Hasta ahora, han tratado esos síntomas con medicina tradicional.
Como en otras nacionalidades, la ausencia de la autoridad sanitaria estatal es una constante. Eso no es todo: la falta de alimentos en las comunidades sionas es otro grave problema. Ser una nacionalidad transfronteriza no es una ventaja —es más, parece que esa condición los deja aún más relegados. Las cerca de 42 familias sionas que están en territorio ecuatoriano han recibido apenas en dos ocasiones raciones alimenticias. La primera fue entregada por el gobierno, duró solo tres días. y una segunda ocasión fue un kit de Alianza Ceibo, una organización que trabaja por las comunidades amazónicas. Hasta el momento, los siona no cuentan fallecidos entre su gente.
Waorani: el miedo de perder a sus mayores
El 14 de mayo de 2020, la nacionalidad waorani confirmó su primer caso de coronavirus, en la comunidad Miguaguno de la provincia de Orellana. Ha pasado poco más de un mes y los contagios han aumentado exponencialmente en sus comunidades. La presidenta del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Ecuador en Pastaza (Conconawep), Nemonte Nenquimo, dice que “hay bastantes contagios” en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana donde vive la nacionalidad.
Según Nenquimo, el contagio ya está dentro en el Yasuní. En la comunidad de Teweno hay 39 casos positivos, en Tiwino 27, Diapare 29, Toñampari 72, Quenahueno 20, Nemonpare 26 y Damoitaro 3. Nenquimo dice que el primer contagio fue en un lugar donde los pueblos waorani tienen más cercanía con la carretera y petroleras.
Cuando alertaron que había síntomas sospechosos, según la lideresa, las autoridades “fueron a las comunidades, fueron a medir con termómetro y dijeron “ahh, está resfriado, no pasa nada”. Al no haber una alerta, los waorani pensaron que era una simple gripe “y empezaron a jugar, a hacer mingas, a comer, ir de cacería juntos y visitarse entre comunidades”, dice Nenquimo. Así se habría propagado el virus.
Líderes waorani se alistan para llevar a cabo una rueda de prensa virtual el 21 de mayo 2020, para informar sobre la emergencia covid-19 en territorio y las acciones legales que están tomando, Shell, Pastaza, Amazonía ecuatoriana. Fotografía de Mitch Anderson / Amazon Frontlines.
A pesar de que el 17 de junio, se aceptó la solicitud de medidas cautelares contra el Estado planteada por la nacionalidad Waorani por la falta de atención para controlar la pandemia en territorio waorani, no se ha hecho nada. Nenquimo dice que el “Ministerio de Salud Pública no ha respondido”. Dice que hace poco más de dos semanas, el personal médico del Ministerio ingresó al territorio waorani a hacer pruebas rápidas. Pero no informaron cuántos contagios había: “para poder ayudar y comunicar a nuestras comunidades para decir que cuántos hay positivos, cuánto no, para que puedan prevenir eso”, dice Nenquimo.
La falta de ayuda ha hecho que los waorani impongan su propia cuarentena. Nadie entra, nadie sale. Para tratar a los contagiados, los waorani han usado su medicina ancestral. Nenquimo dice que gracias al conocimiento de los abuelos de las comunidades han podido aliviar los síntomas. Para eso han usado bejuco, con raíces, con ortiga, con muchas cosas que hay dentro de la selva.
Su pedido es uno solo: que los traten como personas. “Nosotros como pueblo waorani ¿qué somos? ¿Somos animales o qué? Nosotros waorani somos humanos también y necesitamos que nos respeten nuestro derecho de la vida”, dice la lideresa. Su mayor temor es que los abuelos mueran por covid-19, pues son los guardianes de la cultura waorani.
Sápara: un contagio podría acabar con toda una nacionalidad
Los sápara son una de nacionalidad indígena en riesgo de desaparecer. Para Belén Páez, directora de la fundación Pachamama, como son tan pocos, “les ha hecho que tomen medidas bastante estrictas” para que la gente se quede en el territorio. Otras de las razones por las que no ha entrado el virus del covid- 19, dice Páez, es porque no hay una conexión del territorio con vías terrestres: hay que usar aviones para salir. Los sápara que están en el Puyo, la ciudad más cercana al territorio, sí se han contagiado.
Según Páez, quienes se quedaron en la ciudad se contagiaron y no recibieron asistencia inmediata en los hospitales urbanos. Quienes están contagiados, que son dos o tres personas, se están recuperando con plantas medicinales, dice Páez.
Fotografía de Diego Ayala para GK.
A pesar de que en territorio sápara no hay contagios confirmados, el Ministerio de Salud no lo ha visitado. Belén Páez dice que las pruebas que se han hecho son “más un proceso de autogestión y de trabajo interno”. Su llamado es el mismo que otras nacionalidades: ayuda urgente para lugares que son muy lejanos y que solo se puede entrar en avioneta. Para Páez, ahí hay gente que por no contar con un respirador o atención básica están en riesgo de morir. Y como solo quedan cerca de 559 sápara en todo el mundo, esas muertes podrían ser el fin de una cultura entera.
Shuar: sobrevivir sin recursos, una misión casi imposible
Federico Katán, el presidente de la Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza (Fenaship), dice que no conoce de una cifra exacta de contagiados en su nacionalidad. Estima que cerca del 70% de los shuar ya están contagiados.
Sobrevivir durante la pandemia sin recursos ha sido una misión casi imposible. “Estamos prácticamente abandonados por el Ministerio de Salud. Tampoco ha llegado apoyo de los gobiernos seccionales”, dice Katan resignado. Muchas de las personas de las comunidades se las han ingeniado para conseguir ayuda de organizaciones de la sociedad civil.
La única ocasión que llegó el Ministerio de Salud fue cuando las personas de la comunidad les pidieron que realicen pruebas rápidas, meses atrás. “Desde ahí no hemos visto el ingreso de una brigada médica por parte del Ministerio de Salud”. Con ayuda de organizaciones no gubernamentales y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) han logrado comprar pruebas rápidas. Lo único que hizo el Ministerio de Salud, según Katán, fue poner el personal médico para realizarlas.
Fotografía de Federico Katán, presidente de la Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza.
Combatir la enfermedad sin recursos es la historia de las comunidades indígenas. Los pocos subcentros de salud que hay en la región están desabastecidos. La razón que les dan a las personas de la comunidad es que no ingresan los medicamentos por las restricciones de movilidad que hay en el país.
Lo que han podido hacer es recolectar plantas y preparar medicinas naturales para los enfermos. Katán explica que las preparaciones que han hecho las han compartido a través de la radio. “Les decimos, tal planta es buena para esto, tal planta mezclarla y apliquen”, dice. Aunque el conocimiento ancestral les ha ayudado, reconoce que la “medicina occidental” es también necesaria y pide apoyo para llevarla hasta sus territorios.
Hasta el momento, hay cuatro shuar muertos por covid-19. Uno de ellos fue llevado a un hospital, donde murió a la espera de ser atendido. Katan dice que a ninguno de los fallecidos les hicieron pruebas PCR o pruebas rápidas para poder confirmar la enfermedad.
Cofán: sin contagios pero sobreviviendo a la falta de alimentos
Hasta el momento, las comunidades cofán no registran casos confirmados de coronavirus. Nixon Narváez, parte de la nacionalidad, dice que ha sido muy importante que las familias “no tengan que salir, evitando que se puedan contagiar”. Lo han logrado gracias al trabajo de todos los cofán, dice.
Las visitas del Ministerio de Salud han sido pocas. Apenas dos veces fueron sus brigadas a las comunidades cofán. al inicio de la pandemia. Desde ese momento, como es de costumbre, ha sido más notoria su ausencia.
Para los cofán es una buena noticia que no haya contagios, pero Narváez reconoce que lo más duro ha sido sobrevivir durante la pandemia. “Ha sido difícil el acceso a la alimentación”, dice. Pero con el apoyo de organizaciones y fundaciones han podido conseguir raciones alimenticias.
Shiwiar: agobiados por la incertidumbre
La nacionalidad shiwiar registra 15 personas con coronavirus. Los principales síntomas que presentaron fueron dolor de cabeza, fiebre, tos y dolor corporal. Edison Gualinga, presidente de la nacionalidad, dice que no tienen atención médica para poder ayudar a las personas contagiadas a recuperarse.
Fotografía de Edison Gualinga.
La incertidumbre es una constante. Gualinga dice que el Ministerio de Salud fue dos veces a las comunidades shiwiar. Una de ellas fue a Juyuintza, donde hicieron pruebas rápidas. Todas salieron negativas. Según Gualinga, hay varias personas que tuvieron un resultado negativo en las pruebas pero tienen síntomas asociados al covid-19. Como muchas otras nacionalidades, los shiwiar han coordinado con organizaciones indígenas como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) para realizar exámenes.
Awá: los más afectados en la Costa
La nacionalidad awá sospecha que hay posibles casos de coronavirus entre sus comunidades. No tienen ninguna certeza porque todavía no les han realizado prueba alguna para confirmarlo. “No puedo indicarle un número de contagios, porque primero que no hemos tenido ninguna prueba realizada, entonces por el momento en la Nacionalidad Awá, no podríamos indicarle si es que hay contagios”, dice Jairo Cantincuz, presidente de la Federación de los Centros Awá del Ecuador. Además, cree que en el centro Awá del Baboso en Carchi hubo una familia de la comunidad que estuvo contagiada, pero ya se recuperó. “No es confirmado que tengan covid-19 porque no hay pruebas pero por los síntomas lo pensamos”, explica Cantincuz.
Las comunidades Awá en la costa han sido las más afectadas. Una de ellas es la comunidad de Mataje, en San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Ahí, cerca de 40 personas han tenido síntomas propios del covid-19. Los ruegos para que llegue el Ministerio de Salud han sido infructuosos “si les dicen que visiten ellos te dicen que no tienen autorización, entonces es un protocolo tenaz”, dice Cantincuz.
Fotografía de Jairo Cantincuz.
Insistir ha sido lo único que han podido hacer frente a los contagios. Cantincuz dice que están coordinando con el Ministerio de Salud para que se haga una visita a todas las comunidades Awá.
El acceso a la alimentación y educación son problemas sin resolver. A pesar de que varias instituciones han entregando raciones alimenticias, no alcanzó para todos. La comunicación dentro del territorio es muy complicada porque no tienen señal de teléfono o Internet. “Es una situación compleja”, dice Cantincuz.
Quijos: el principal desafío ha sido económico
Sin ayuda y sin dinero, la nacionalidad Quijos hace cuentas propias estimadas. Marcos Tanguila, Presidente de la nacionalidad, dice que no cuentan con cifras oficiales exactas, pero que los contagiados “no pasarán de más de 40”. Al no haberse realizado pruebas, Tanguila dice han tratado los síntomas asociados al covid-19 con saberes ancestrales.
Se han curado con plantas medicinales. Dicen que en su tierra están tranquilos y que se han curado por sus autodefensas. Pero el Estado no ha llegado hasta allá. “Las autoridades nos han tomado en cuenta, ni se han acercado a las comunidades” dice Tanguila.
El principal desafío para los quijos ha sido económico. Ministerios y gobiernos locales han ofrecido kits alimentación. “Se la han dado a ciertas personas políticamente conocidas o que han trabajado políticamente”, dice Tanguila. “De ahí a otras personas casi nada. Tienen hambre pero no duramente porque nuestra gente tiene yuca, tiene plátano, tienen chonta entonces estamos tranquilos y no ha pasado casi nada”, dice el dirigente.
Tanguila dice que los que están tranquilos son los que viven aún en el campo. “Pero nuestros hermanos que viven en la parte urbana, sí han tenido problemas de alimentación y económicos”, dice el dirigente.
Tsáchila: A falta de medicamento, medicina natural
El primer caso de coronavirus en la nacionalidad Tsáchila ocurrió en la comuna Colorados del Búa. Después del primer brote, la comuna registra alrededor de 40 casos positivos y un fallecido. Las comunidades de Otongo Mapalí, Los Naranjos y El Poste no tienen contagiados. Según Javier Aguavil, presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice), hasta el momento hay entre 50 y 60 casos confirmados de covid-19 en cuatro comunidades Tsáchila.
En el caso de la nacionalidad Tsáchila, el Ministerio de Salud sí ha ido a realizar pruebas. Aguavil dice que hubo falencias, sobre todo porque al inicio de la pandemia no se hicieron pruebas rápidas. Pero gracias a la presión de las personas se ha logrado una intervención en de las comunidades. Aguavil cuenta que además de la ayuda del Ministerio, han gestionado más pruebas y ayuda a través de universidades y fundaciones.
A falta de medicamentos, los tsáchilas que tienen coronavirus han sobrellevado la enfermedad con medicina natural. Aguavil explicó que ha notado mejoría de las personas gracias a bebidas y vaporizaciones con plantas amargas.
La parte económica es la más difícil para las comunidades Tsáchila. Para Aguavil, las personas que viven de la venta de sus productos han pasado momentos muy duros porque no han tenido dinero para comprar implementos de aseo. Gracias a las parcelas que tienen han podido sobrevivir durante la pandemia.
También les preocupa el dengue y los problemas psicológicos que están comenzando a aparecer. Aguavil dice que hay “ciertas personas que estando sanas sienten que tienen el covid sin tenerlo, esos son los problemas y ese es el miedo que está atacando”.
Kichwa de la Sierra: sin cifras exactas
Nayra Chalán, Vicepresidenta de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), dice que no tienen una estadística exacta de cuántos casos confirmados hay entre los kichwa de la Sierra. En el caso del pueblo kichwa de Saraguro, hasta el momento no se ha reportado ningún caso de covid-19. Chalán explica que una de las razones de la ausencia de contagios son las estrictas medidas de aislamiento que han tomado y, además, apunta a su economía como un factor de prevención. “Nosotros no somos grandes productores. Eso nos ha permitido mantenernos en casa, sin tener que salir”. Otras comunidades indígenas de la Sierra viven de su producción agraria, por lo que han tenido que moverse desde sus comunidades, volviendo el contagio más posible.
Fotografía de Nayra Chalán.
Para Chalán, la situación de los kichwa de la Sierra no es la mejor, pero dice que la de los kichwa de la Amazonía es peor. “Si de alguna manera nosotros tenemos aquí un hospital básico, en los cantones amazónicos en serio es bastante penoso el sistema de salud que se tiene”, dice.
Al igual que el resto de nacionalidades han logrado afrontar el virus con medicina ancestral, aunque reconoce que hay un límite en el que se necesita de tratamientos específicos e incluso cuidados intensivos.
Épera: reglas propias
La nacionalidad épera no ha registrado contagios en ninguna de sus cuatro comunidades––Santa Rosa, Bella Aurora, Borbón y Las Palmas. Oscar Chiripua es un profesor épera que dice que el Ministerio de Salud sí ha ido a las comunidades a realizarles pruebas para detectar el coronavirus. Hasta el momento, no hay resultados positivos. Sin embargo, no descartan que en el caso de existir casos positivos los traten con medicina casera o ancestral.
Los épera han puesto sus propias reglas para evitar los contagios. “Nosotros en la nacionalidad tenemos una resolución que nosotros no podemos estar permanentemente viajando”, dice Chiripua. Las personas de la comunidad no pueden ir diariamente a otras comunidades, explica, por lo que hay días estipulados para que hagan compras.
Fotografía de Óscar Chiripua.
Si bien los problemas relacionados al coronavirus no están presentes en la nacionalidad, hay otras dificultades. Uno de ellos es la educación: la falta de acceso a Internet para muchos niños ha hecho que no puedan seguir sus estudios y la guía impresa del Ministerio de Educación sobre xxx que están utilizando tiene sus limitaciones. Sin buena conectividad en línea, los adultos que trabajan no lo han podido hacer remotamente.
Pueblo Manta: podrían ser cerca de 600 contagiados
Cirilo Macías es Presidente del Pueblo Manta, ubicado en la provincia de Manabí en el cantón Puerto López. Está conformado por cuatro comunas: Salango y Las Tunas en la parroquia de Salango, el Pital en la parroquia Daniel López y Agua Blanca en la parroquia Machalilla.
La historia se repite al igual que en otros pueblos indígenas. Dice que los contagiados son cerca de 600 personas en toda la nacionalidad, pero no están confirmados por el Ministerio de Salud porque no ha ido a realizarles exámenes. Macías dice que a pesar de no tener pruebas que confirmen, las “personas tienen los síntomas del coronavirus y se les está tratando con medicina ancestral”.
El covid-19 ha matado a más de 30 personas del Pueblo Manta. Las comunas más afectadas son Las Tunas y Salango. Macías dice que han muerto adultos de edad avanzada y “personas con otras enfermedades que por no salir a hacerse atender han fallecido en sus casas”, dice. Hasta ahora, no han fallecido niños, solo ancianos.
Fotografía de Cirilo Macías.
La presencia del Ministerio de Salud “no ha sido visible”, dice Macías. En una ocasión, la comuna de Las Tunas recibió la visita de brigadas médicas de la Prefectura de Manabí y con ellas llegó una del Ministerio de Salud. Pero, según Macías, solo aparecieron tras la presión de las personas. “El Pueblo Manta es uno de los más vulnerables porque estamos en las zonas rurales y estamos en un cantón que no tiene un subcentro que abastezca nuestras necesidades”, dice Macías. Por el momento se hacen pruebas rápidas en el centro de salud de Puerto López pero, dice Macías, son pruebas donadas por el municipio local y no aportadas por el Ministerio de Salud.
El pueblo Manta se enfrenta a la pandemia sin recursos. No les han entregado insumos de protección. El Ministerio de Salud no ha ido para realizarles pruebas rápidas. Lo que es peor, cada vez hay menos alimentos. “Del Estado, no hemos recibido coordinación para la dotación de algún beneficio en nuestras comunidades”, dice Macías.
Además de la alimentación, una de sus principales preocupaciones es la educación de los más jóvenes. “Los niños no saben cómo recibir clases, algunos tienen que subir a las lomas pero el saldo se les acaba, no tienen cobertura normal, adecuada de internet entonces se les complica el acceso a la educación”. Al encontrarse en zonas rurales, muchas veces no tienen Internet por lo que los niños no pueden recibir clases.
Pueblo Huancavilca: apegados a sus tradiciones
Las últimas semanas de los meses de marzo y abril de 2020 fueron las más difíciles para el pueblo Huancavilca ubicado en las provincias de Guayas y Santa Elena. Más de la mitad de las familias del pueblo tenían contagiados de coronavirus. La comuna de San Rafael en la parroquia de Chanduy fue donde hubo más contagios.
Durante el pico de pandemia, la presencia del Ministerio de Salud fue nula. Vicente Quimi, dirigente Wankavilka de Santa Elena, dice que “no se pudo ver la intervención del Ministerio y es por eso que la comunidad se apegó a sus propias tradiciones y costumbres”. Recién en la tercera semana de abril recibieron ayuda, dice Quimi. El Municipio de Santa Elena comenzó a atender a las personas que tenían los síntomas del covid-19 con el programa Amigo Doctor.
Fotografía de Vicente Quimi.
Mientras duró la ausencia estatal, las familias huancavilca usaron su medicina tradicional: vaporizaciones de eucalipto, gárgaras de sal, té caliente y baños con plantas del sector. “Otros se resignaron a morir en casa porque por lo menos en nuestras comunidades cada comuna tiene sus propios cementerios”, dice Quimi. La decisión, dice, era no morir en los hospitales por el riesgo de que los cuerpos no regresen.
Chachi: sin servicios básicos
Santiago Cruz, presidente de la Federación del Centro Chachi en Esmeraldas, dice que registraron 36 casos positivos para coronavirus en 10 de las 40 comunidades chachi en las que se realizaron pruebas. Sin embargo, por la falta de pruebas PCR no conocen de más casos en el resto de comunidades. Aunque piensan que por los síntomas presentados se trata de coronavirus. Cruz dice que los síntomas están relacionados porque “todos presentan dolor de cabeza, fiebre alta, malestar en la garganta, dolor corporal. En raras ocasiones aparece que es dengue, en la mayoría de los casos ha sido covid-19”.
La educación es un derecho pero durante la pandemia se ha demostrado que solo es un derecho por alcanzar y aún más para los pueblos y nacionalidades indígenas. En el caso de los chachi, tienen problemas para aplicar la modalidad virtual porque la población no tiene computadoras en sus casas y en las escuelas de la comunidad no hay Internet. Según Cruz, tampoco hay electricidad en un 30% de las comunidades. “Realmente nuestro caso es muy deprimente en cuanto el acceso de esto”, dice Cruz
Pero la falta de educación y servicios no son sus únicos problemas. Las actividades extractivas como la minería no han parado en sus territorios. Cruz dice que las personas que trabajan en minería han aprovecharon para continuar con sus actividades y seguir contaminando los ríos. Incluso, dice, “algunos están invadiendo de manera irrespetuosa el territorio Chachi porque por esto del covid no hemos podido monitorear adecuadamente”.
El pedido sigue siendo el mismo de hace años: atención de las autoridades. Solo que ahora es mucho más urgente. Los chachi, como otras nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, necesitan que el Ministerio de Salud vaya a las comunidades. “Sobre todo, para determinar con un diagnóstico si es que es covid, si es dengue, malaria o tifoidea. Para que se pueda generar el examen y tratamiento correspondiente”, dice Cruz.
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