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Masacre en Oaxaca es resultado de los proyectos de desarrollo en los territorios indígenas: académicos, activistas y organizaciones

América/México/01/07/2020/Autor y fuente: desinformemonos.org

 

La masacre de 15 indígenas ikoots en San Mateo del Mar, Oaxaca, perpetrada por un grupo armado el pasado 21 de junio, «es resultado de los proyectos de desarrollo que se buscan implementar en los territorios indígenas» y no «un conflicto interno o poselectoral, como lo considera el presidente Andrés Manuel López Obrador», aseguraron activistas, académicos y organizaciones.

En un comunicado, en el que manifestaron su solidaridad con el pueblo ikoots de Oaxaca, los académicos y organizaciones explicaron que la violencia y el hostigamiento contra los habitantes de San Mateo del Mar escalaron «desde que se nombró al presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa en octubre de 2019», pues las elecciones «no sólo no respetaron el sistema normativo interno, sino que además tuvieron serias irregularidades».

Agregaron que desde mayo de 2020 el pueblo ikoots denunció las agresiones «por parte del edil y su grupo paramilitar», pero que la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca no intervino para garantizar la seguridad de la comunidad.

Los académicos y activistas indicaron que la masacre del 21 de junio y la violencia en general contra el pueblo ikoots se insertan «en los intentos del gobierno por desestabilizar la región y ponerla al servicio del capital», por lo que exigieron que se detengan las incursiones desarrollistas, salgan las empresas de los territorios indígenas y se respeten los usos y costumbres y la autonomía de los pueblos.

A continuación el comunicado completo:

SOLIDARIDAD CON SAN MATEO DEL MAR

La situación que atraviesa la comunidad Ikoots de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, evidencia el perverso vínculo entre la política desarrollista del Estado y la actuación del crimen organizado en nuestro país. San Mateo del Mar por más de una década ha estado luchando por defender su territorio frente a las constantes amenazas por la instalación de parques eólicos, la privatización de su territorio, la construcción de un rompeolas y la modernización del puerto en Salina Cruz.

Desde que se nombró al presidente municipal, Bernardino Ponce Hinojosa, en octubre de 2019, el hostigamiento hacia los habitantes de San Mateo del Mar ha incrementado. Este nombramiento surgió de unas elecciones establecidas por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca que no sólo no respetaron el sistema normativo interno, sino que tuvieron serias irregularidades. Estos hechos despertaron el enojo y la oposición de los habitantes de San Mateo hacia el presidente impuesto y escaló el conflicto.

La noche del 2 de mayo de 2020, la comunidad de San Mateo ya denunciaba la fuerte agresión que vivía y que desembocó en un ataque armado en la Agencia Municipal de Huazantlán del Río. Reportaron un hombre asesinado, varios heridos y viviendas y vehículos incendiados. Se denunció que la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca desde inicios del año tuvo conocimiento del conflicto, pero no ha intervenido. En su comunicado nos advertían de que podrían venir actos más graves. Desde entonces las intimidaciones y violencia no cesaron por parte del edil y su grupo paramilitar. El domingo 21 de junio un ataque a hombres y mujeres de las Agencias municipales de San Mateo del Mar cobró la vida de quince de ellos.

Condenamos la masacre perpetrada en San Mateo de Mar, demandamos justicia para el pueblo Ikoots y respaldamos las exigencias hechas por la Unión de Agencias y Comunidades Indígenas Ikoots. Además, exhortamos a entender este conflicto en los intentos del gobierno por desestabilizar la región y ponerla al servicio del capital. No se trata de un conflicto interno o poselectoral, como lo considera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta masacre es resultado de los proyectos de desarrollo que se buscan implementar en los territorios indígenas. Por eso, exigimos se detengan las incursiones desarrollistas, salgan las empresas que ambicionan sus territorios y se respeten los usos y costumbres y la autonomía de los pueblos.

¡JUSTICIA PARA EL PUEBLO IKOOTS!

¡NO al Corredor Interocéanico!

Nombre completo, institución/organización/colectiv@

Alberto Velázquez Solís, Mérida, Yucatán

Alejandra Aguilar, CIESAS-Occidente

Alfredo Salazar Duque, Colombianos por la paz

Alicia Castellanos Guerrero, UAM

Ana María Vera Smith

Ángela Sandoval Uhthoff, UNAM

Bárbara Zamora, UNAM y Bufete Jurídico Tierra y Libertad A.C.

Bertha Elena Munguía Gil,

Daniele Fini, Universidad Iberoamericana Puebla

Emiliana Cruz, CIESAS-CDMX

Enzo Traverso, Universidad de Cornell, Nueva York

Eugenia de la O Martínez, CIESAS-Occidente

Eugenia Legorreta, IberoO

Fernando Matamoros Ponce, ICSyH-BUAP

Francisco Morfín, Isia Ayuuk

Gaspar Rivera-Salgado, UCLA

Gerardo Bernache, CIESAS-Occidente

Gerardo González Figueroa, ECOSUR Unidad San Cristóbal

Gilberto López y Rivas, INAH-Morelos

Inés Durán Matute, RLS/ICSyH-BUAP

Javier Herran, Lumaltik Herriak

Jean Robert, Universidad La Salle Cuernavaca Morelos

John Patrick Holloway, ICSyH-BUAP

Jorge Alonso, CIESAS-Occidente

José Antonio Olvera Llamas, Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía de la Red Morelense de apoyo al CNI/CIG

José Bautista, ITESO

José Javier Capera, Revista FAIA- Argentina

José Luis Mariño López, Colectivo Bordando por la Paz y la Memoria

Julia Preciado, CIESAS-Occidente

Lilia García Torres,

Linda Quiquivix, educadora popular (California, EEUU)

Lola Cubells Aguilar, Asamblea de Solidaridad con México del País Valencià (España)

Margara Millan, UNAM

Margarita Dalton, CIESAS-Pacífico

Melike Yasar, representante del Movimiento Mujeres del Kurdistán para AMérica Latina y miembro del Congreso Nacional de Kurdistán

Oscar Arnulfo de la Torre de Lara, Universidad Autónoma de Aguascalientes

Patricia Fortuny Loret de Mola, CIESAS-Peninsular

Ramón Morales Balcázar, Observatorio Plurinacional de Salares Andinos

Raúl Gutiérrez Narváez, REDIN Chiapas

Renée de la Torre, CIESAS-Occidente

Rocío Moreno, Comunera de Mezcala, Jalisco

Rodrigo Camarena, ITAM

Rosa María Garza Marcué. INAH

Santiago Bastos, CIESAS-Occidente

Sergio García Reynaga, Comunidad Antihistoria

Sofía Blanco Sixtos,

Susana Vázquez, CIESAS-Occidente

Sylvia Marcos, Red de feminismos descoloniales

Walter Omar Kohan, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Xochitl Leyva Solano, CIESAS-Sureste

Laura Nereida Plascencia Pacheco (CLADEM  Y PARITÉ)

Santiago A S, San Lorenzo de Azqueltán

Aguanita Zamora, Comunidad Purépecha y Kunkuarhekua iapuru ixï Anapuech’a

Irene Alvarado Saravia Programa Indígena Intercultural ITESO

Raúl Delgado Wise, UAZ

Carolina C. González González, Universidad Autónoma de Baja California Sur

Ilse Andrea Morelia Trujillo. Becaria de IILA – Universidad de Nápoles Orientale.

Francisca Zalaquett Rock, Centro de Estudios Mayas, UNAM.

Cristiano Tallè (universidad de Naples ‘L’Orientale’, Italia)

Grecia Jurado Azuara, UNAM

Antonio Fuentes Díaz, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Juliana Gómez, BUAP

Instituciones/Organizaciones/Colectiv@s

Colectiva Feminista MAPAS

Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM)

Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB)

Preparatoria Comunitaria José Martí, San Francisco Ixhuatán, Oaxaca

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/masacre-en-oaxaca-es-resultado-de-los-proyectos-de-desarrollo-en-los-territorios-indigenas-academicos-activistas-y-organizaciones/

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Educación nutricional podría incluirse en libros de texto/México

América/México/01/07/2020/ Autora: Karen/Fuente: plumasatomicas.com

 

Andrés Manuel López Obrador  (AMLO) anunció que en la educación básica se incluirá una materia sobre nutrición para combatir  enfermedades crónicas y malos hábitos alimenticios. Asimismo, informó que la educación nutricional será implementada en libros de texto.

Durante la conferencia mañanera, AMLO anunció que en los libros de texto se incluirán temas de nutrición y alimentación balanceada. El propósito de estos contenidos es combatir los malos hábitos alimenticios y, con ello, las enfermedades crónicas como la diabetes. 

Se espera que en julio se presente el modelo definitivo de la estrategia nacional nutricional. Ésta será difundida en diferentes medios d comunicación y redes sociales. Hasta el momento se sabe conoce el lema de la campaña: “la transformación empieza con lo que llevas  a tu mesa”. 

Desde el inicio de su gobierno, AMLO se ha pronunciado en contra de los malos hábitos alimenticios, asimismo, ha implementado campañas publicitarias contra los mismos. Por ello, no resulta extraño que ahora intente llevar su discurso hacia el panorama educativo.  Según el criterio del presidente, implementar la educación alimentaria en la educación básica traerá grandes beneficios a la salud alimentaria del país.

Se contempla que haya una materia de educación para la salud en los libros de textos para enseñar y educar para la salud. Ya nos preparamos para mejorar la nutrición“. (Vía: Excélsior)

El presidente pidió a la ciudadanía dejar de consumir productos chatarra y, una vez pasado el aislamiento social, comenzar a ejercitarse  Recordó que en muchos casos el Covid-19 afecta de manera más intensa a los pacientes que padecen una enfermedad crónica como la diabetes o la hipertensión. Se espera que una vez implementado el trabajo, la información que sea otorgada a los alumnos en las aulas sea reforzada por los padres en el hogar.

Fuente e imagen:  https://plumasatomicas.com/noticias/mexico/educacion-nutricional-libros-texto/

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Nuevo revés para las restricciones al aborto legal en Estados Unidos

América del Norte/ Estados Unidos/ 30.06.2020/ Por: Celeste Murillo/ Fuente: www.laizquierdadiario.com.ve.

La Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de las restricciones al aborto legal que instalaba una ley del del estado de Louisiana. Nuevo revés para Donald Trump y la agenda contra las mujeres y personas LGBT.

El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de una ley de Louisiana que restringía el acceso al aborto legal en el estado. Este fallo es el primero desde el nombramiento de dos jueces conservadores, herramienta clave para la agenda ultra conservadora que apoya el gobierno de Donald Trump en materia de derechos. La Casa Blanca reaccionó al fallo con un comunicado en el que se refirió a la medida como «desafortunada» y que «devalúa» el valor de la vida del “niño por nacer”.

En Estados Unidos, el aborto legal está garantizado desde 1973 por el fallo de la Corte Suprema en el caso Roe versus Wade. Pero desde esa misma fecha, las iglesias cristianas y la derecha conservadora han intentado recortarlo. Durante las últimas décadas se impulsaron más de 1200 restricciones al derecho a decidir de las mujeres, y casi el 30 % fueron promulgadas de 2010 en adelante (es decir durante las administraciones de Barack Obama y la actual de Donald Trump).

Este fallo se da en un contexto en el que el acceso al aborto legal está en la mira. A los recortes provocados por las restricciones estatales se le sumaron los obstáculos que resultan de la crisis sanitarias provocada por el Covid-19. Esa combinación resulta un escenario muy complicado para la mayoría de las mujeres que deben interrumpir un embarazo durante la pandemia. El Guttmacher Institute, que sigue de cerca la situación del aborto legal en Estados Unidos, estima que la mitad de todas las mujeres del país vive en estados que son hostiles al derecho al aborto legal.

Nadie quiere salir en la foto con Donald Trump

La decisión de la Corte es un revés para Donald Trump que atraviesa un momento crítico de su administración, signado por las protestas contra el racismo y la crisis económica. No es la primera, a mediados de junio, se conoció el fallo que impedía la discriminación por identidad de género y orientación sexual en el lugar de trabajo y el que apoya el programa de los llamados dreamers, hijos e hijas menores migrantes.

La Corte Suprema cuenta hoy con mayoría conservadora pero eso no significa luz verde para la agenda de la ultraderecha. El fallo contra la ley de Louisiana, que buscaba restringir el acceso al aborto legal obligando a las clínicas que realizan abortos a tener acuerdos derivación automática a hospitales de mayor complejidad. De haber sido aprobada hubiera significado el cierre completo de dos tercios de ese tipo de clínicas en el estado.

La ley que votó la legislatura estatal de Louisiana en 2014 obligaba a clínicas y profesionales que realizan interrupciones legales del embarazo a tener un permiso de derivación a hospitales de alta complejidad en un radio de 50 kilómetros. Esto complicaba a los centros de salud alejados de los grandes centros urbanos. Con la excusa de garantizar la atención médica se buscó reducir la cantidad de clínicas y así restringir el acceso a un derecho.

Política oficial

El gobierno de Donald Trump se involucró de forma directa en la campaña contra el acceso al aborto legal desde su asunción. Una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó como presidente fue la que prohíbe el uso de fondos públicos para subvencionar a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto legal en el extranjero, una política republicana que data de la década de 1980 y que Barack Obama había cancelado.

En 2017, por primera vez, un miembro del poder Ejecutivo en funciones participó de la llamada “Marcha por la vida”. El vicepresidente Mike Pence, ultraconservador y conocido por su perfil homofóbico y opositor al derecho de las mujeres a decidir, fue el primer vicepresidente de EE. UU. en funciones en encabezar la marcha en Washington contra el derecho al aborto.

El intento de restringir el aborto legal en Louisiana no es el primero. En 2016, una prohibición en el estado de Texas había llegado a la Corte Suprema con un objetivo similar: revertir el fallo Roe vs. Wade que legalizó el derecho al aborto en Estados Unidos. El argumento para fallar contra esas restricciones es similar: no existen beneficios para la salud de las pacientes y representa un obstáculo al acceso a un derecho.

Louisiana es uno de los estados con más prohibiciones relacionadas con la salud reproductiva. La ley de derivación automática es una de las 89 restricciones estatales promulgadas desde 1973. Estas medidas impactan sobre todo en la mujeres pobres, que no pueden pagar prácticas privadas, viajar a otros estados y otras formas de sortear los obstáculos al aborto legal.

El otro debate sobre el que deberá pronunciarse la Corte Suprema es la cobertura de métodos anticonceptivos. Bajo el plan de salud impulsado por el expresidente Barack Obama, las iglesias e instituciones educativas religiosas estaban exentas de proveer cobertura médica que fuera en contra de sus creencias. Esa concesión permitía a los empleadores religiosos no garantizar acceso a los métodos anticonceptivos, pero no prohibía que los agentes de salud los proveyeran.

La administración de Trump y la ONG católica Little Sisters of the Poor llevaron el caso al Tribunal Supremo. Buscan extender las exenciones para todos los empleadores que no quieran brindar cobertura de anticonceptivos por motivos religiosos. Si la Corte fallara a favor de Trump, se estima que entre 70 mil y 126 mil mujeres podrían perder acceso a anticonceptivos mediante su cobertura médica.

Advertencia

Las organizaciones feministas y que defienden los derechos reproductivos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar recibieron el fallo como una victoria. Sin embargo, alertaron sobre nuevos avances contra el aborto legal.

Es una advertencia adecuada: desde que se reconoció el derecho de las mujeres a decidir en 1973, muchos estados avanzaron en restricciones y prohibiciones. Se estima que en Estados Unidos, 29 estados tienen legislaciones hostiles al derecho al aborto y 6 de cada 10 mujeres en edad reproductiva viven en estos estados.

El aborto legal es la única garantía para el acceso igualitario a un derecho elemental. Cualquier retroceso no significará menos interrupciones voluntarias sino más desigualdad: solo aquellas mujeres que puedan pagarlos accederán a abortos seguros. El resto será arrojado a la clandestinidad y los riesgos para la salud.

Fuente de la noticia: http://www.laizquierdadiario.com.ve/Nuevo-reves-para-las-restricciones-al-aborto-legal-en-Estados-Unidos

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El magisterio mundial en solidaridad con los/las maestros(as) Bolivianos en Huelga de Hambre contra el gobierno neoliberal que amenaza la educación pública

En estos momentos maestras y maestros de Bolivia, afiliados a la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia han sido forzados a tomar la decisión de ir a una medida extrema de huelga de hambre para denunciar al gobierno que quiere privatizar la educación, atentar contra las históricas conquistas del magisterio, a la par que se ha mostrado insensible ante las demandas sociales en el marco de la pandemia del COVID-19 y se niega a dialogar con el movimiento social. No es una lucha solo del magisterio Boliviano, los padres y madres de familia se han sumado a esta protesta acompañando también la huelga de hambre.

¿Por que ocurre esta situación extrema? Luego de quedar 4 meses fuera de las aulas, el Ministerio de Educación de Bolivia sacó un Decreto Supremo Nº 4260 que pretende ser una respuesta educativa a los tiempos de pandemia, sin embargo, en realidad el mismo tiene el propósito de deslindar las responsabilidades estatales y transferir las mismas a la sociedad civil, que se convierte de hecho, en una forma de privatización de la Educación. Dicho decreto no contempla recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, sino que pretende transferir las responsabilidades de actualización tecnológica y acceso virtual a las familias, estudiantes y docentes.

El decreto del gobierno Boliviano habla de una educación virtual sin tomar en cuenta que los estudiantes y padres de familia no tienen recursos económicos para acceder al Internet y para adquirir una herramienta tecnológica (celular, computadora, tablet); de hecho las unidades educativas no cuentan con plataformas digitales educativas.

Los compañeros en conflicto señalan que este decreto va en contra de la Constitución política del estado boliviano, donde se indica que toda persona tiene derecho a recibir educación gratuita e integral en todos los niveles de manera universal sin discriminación y, que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado.

Por ellos los Maestros, Padres de Familia, Estudiantes bolivianos exigen:

  1. Abrogación del Decreto Supremo 4260
  2. Renuncia del Ministro de Educación Cárdenas
  3. Convocatoria al examen de ascenso de categoría para maestros.

 

Expresamos nuestra solidaridad activa con los y las compañeres en huelga de hambre y con la lucha de todo el magisterio boliviano, a la par que denunciamos ante el mundo la actitud autoritaria y neoliberal del actual gobierno boliviano

Firman

Alfredo Velásquez (Secretario de Relaciones Internacionales del SUTEP, Perú), Fernando Abrego (Asociación de Profesores de la República de Panamá),  Laura Isabel Vargas (presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Ecuador), David Lobâo (Coordinador General SINASEFE, Brasil), Pedro Hernández (Comité Ejecutivo de la Sección 9 Democrática, SNTE – CNTE, Ciudad de México, México), Marta Alfonso (Vicepresidenta de FECODE, Colombia), Claudia Baigorria (Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, CONADU Histórica, Argentina), Mercedes Martínez (Secretaria General de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico), Marie Buisson (Secretaria General de la Fédération des métiers de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la formation, de la culture, FERC-CGT, Francia). González (Movimiento por la Unidad Docente, Colegio de Profesores, Chile) Mariana Scayola Laumann (Secretaria General de ADEMYS, Ciudad de Buenos Aires), Xavier Diez (Vocero ISTEC, Cataluña), Luis Bonilla-Molina (Observatorio Internacional de Reformas educativas y Políticas Docentes), Francisco Torres (Secretario Gremial de la Federación Nacional Docente, FND-CTA Autónoma y Coordinador de Alternativa Docente, ANCLA / MST, Argentina), Colectivo Nuevos Maestros por la Educación (Colombia), Luz Palomino (Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en educación), Fernando Santana/Fernando Lázaro / Ezequiel Alfieri (CEIP-Histórica, Argentina), Laura García Tuñón ( Encuentro entre Docentes y Educadores Populares, ENDYEP, Argentina), Verónica del CID  (Red Mesoamericana de Educación Popular ALFORJA), Jorge Adaro (Secretario General Adjunto de ADEMYS, Buenos Aires, Argentina), Rose Mary Hernández, (Foro Venezolano por el derecho a la educación), Aníbal Navarrete (Regional Bio Bio, Colegio de Profesores, Chile), Lorena Gordillo/ Natalia Ziperovich (Sindicato Unido de Trabajador@s de la Educación, SUTE, Mendoza, Argentina), Diógenes Sánchez (Coalición Panameña por el derecho a la Educación), Yesid González Perdomo (Asociación Distrital de Educadores, Bogotá, Colombia), Facundo Fernández (Comisión directiva de AMSAFE, Argentina), Marco Raúl Mejía (Planeta Paz/Expedición Pedagógica, Colombia), Zuleika Matamoros (Movimiento Pedagógico de Base, Venezuela), Miguel Angel Hernández (SITRAIEMS, México), Federico Gayoso (Secretario General de COAD, Rosario, Argentina), Sandra Lario (Colectivo de Educadores Populares Desde el Sur, Argentina); César Valdovinos (CINPECER, México), Carlos Munevar (Red La Roja, ADE, Bogotá, Colombia), José Hidalgo Restrepo Bermeo  (Movimiento de Integración Democrática, MID, Colombia), Vanesa Gagliardi (Comisión Directiva de ADEMYS, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Legisladora electa de la ciudad), Richard Araujo  (Secretario Adjunto de Políticas Sociales, APEOESP, Sao Paulo, Brasil), Rosa Cañadel (Ex Vocera de Ustec Cataluña), Faustino    (CNTE Nuevo León, México), José Cambra (Docente de la Universidad de Panamá), Andrea Lanzette (SUTEBA Multicolor Lanús y Comisión Directiva de la CTA Autónoma de Lanús, Argentina), Edgard Isch (Docente de la Universidad Central del Ecuador), Erika Candelaria Hernández (Profesora Educación Indígena, Sección XXII, Oaxaca, México),  Grupo de Postdoctorado de Pedagogía Crítica y Educaciones Populares de Monterrey, México,  Luis Sánchez (Asociación de educadores Veragüenses, AEVE, Panamá), Lisa M.Fourier Córdoba (Presidenta UNETE, Endosa), Daniela Pérez Feijoo (Sec. General ADOSAC-PicoTruncado, Santa Cruz, Argentina), Luis Bueno Rodríguez (Coordinación de Relaciones Exteriores de CNSUESIC, México),  Adriana Astolfo (Sec. Adjunta ADOSAC PICo Truncado, Santa Cruz, Argentina), Hugo Aboites (Académico e Investigador en temas de educación, México), Graciela Calderón (Sec. Adjunta SUTEBA La Matanza, Buenos Aires, Argentina,), Daniela Vergara (Sec. DDHH AMSAFE Rosario, Santa Fe),  Angélica Lagunas (por la Minoría Aten Capital, Neuquén, Argentina), Silvia Fernández (Sec. Organización, SUTEBA Tigre, Buenos Aires, Argentina), Betiana Gaggioli (Sec. General ADOSAC San Julian, Santa Cruz, Argentina), Susana Llanos (Sec. Gral de ADOSAC Piedra Buena, Santa Cruz, Argentina), Lourdes Urbáez (Sociedad Venezolana de Educación Comparada). Siguen firmas. Para sumarte a esta declaración escribe a contacto@otrasvoceseneducación.org 

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80% de los estudiantes venezolanos no contó con plataforma tecnológica para recibir educación a distancia

América del Sur/ Venezuela/ 30.06.2020/ Fuente: www.elnacional.com.

Al finalizar junio, cuando en condiciones de normalidad debería estar culminando el año escolar, 80% de los estudiantes venezolanos no pudo cumplir los requisitos académicos por falta de dispositivos tecnológicos para recibir clases a distancia.

«Más del 80% del estudiantado venezolano no tenía los recursos tecnológicos: Internet, teléfonos inteligentes, etcétera, para recibir el mensaje educativo vía online. Eso fue un total y rotundo fracaso. Eso de la educación remota fue pura retórica», dijo a TVV Noticias.

Educación en tiempos de pandemia

A raíz de la llegada del coronavirus en Venezuela, en marzo, el régimen de Nicolás Maduro ordenó la suspensión de clases presenciales en todos los niveles de instrucción.

En reiteradas ocasiones, voceros del régimen, como Aristóbulo Istúriz, aseguraron que con el fin de evitar la pérdida del año escolar se implementarían mecanismos para educación remota.

Sin embargo, profesores y estudiantes han denunciado que parte del alumnado carece de equipos como computadoras y teléfonos inteligentes.

Además, a ello se suman las dificultades en lo que respecta al ancho de banda de Internet y a los cortes de energía eléctrica.

Fuente de la noticia: https://www.elnacional.com/venezuela/80-de-los-estudiantes-venezolanos-no-conto-con-plataforma-tecnologica-para-recibir-educacion-a-distancia/

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Paro de docentes uruguayos esta semana contra proyecto de ley gubernamental

América del Sur/ Uruguay/ 30.06.2020/ Por: Maria Josefina Arce/ Fuente: www.radiohc.cu.

Los uruguayos se preparan para manifestar su inconformidad con el proyecto de Ley de Urgente Consideración, presentado en medio de la COVID 19 por el gobierno del derechista Luis Lacalle  Pou y que estiman es un retroceso en materia constitucional y de derechos humanos.

Diversos sectores afirman que no da respuesta a urgentes prioridades sociales, además de que su introducción en el Congreso cuando el país, junto al resto del mundo, vive una emergencia sanitaria no ha permitido un exhaustivo análisis.

Para el venidero jueves la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo, la capital, convocó a un paro de 24 horas contra la legislación, ya aprobada por el  Senado y que ahora desde el pasado nueve de junio se discute en la Asamblea de Representantes, que tiene hasta 45 días para pronunciarse.

Señala la Asociación que la llamada Ley de Urgente Consideración supondrá un retroceso en la economía, las empresas públicas y la educación,  al tiempo que regula a los sindicatos y el derecho a la huelga y otras manifestaciones pacíficas.

Múltiples críticas de personalidades, académicos, congresistas, fundamentalmente del izquierdista Frente Amplio, y representantes de la sociedad en general ha generado la ley, sobre la cual  también  han expresado su preocupación especialistas de la ONU.

Los expertos han señalado sus dudas sobre los acápites referidos al uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lo que podría llevar a ciertos  excesos y violaciones de las prerrogativas ciudadanas, y aquellos que regulan el derecho de reunión y manifestación pacífica.

Los mismos no se ajustan a lo estipulado internacionalmente, apuntan en una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto  Talvi.  De ser aprobados son incompatibles con las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Uruguay ratificó en 1976, subrayan.

Gran parte de la sociedad uruguaya no está de acuerdo con todos los artículos de una legislación que entienden traerá retrocesos en lo alcanzado en materia de derechos humanos en los últimos años y que no responde a los intereses de la mayoría, sino que marcha en sentido contrario.

Fuente de la noticia: http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/227033-paro-de-docentes-uruguayos-esta-semana-contra-proyecto-de-ley-gubernamental

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España: Los profesores de las escuelas de idiomas volverán a la huelga en septiembre

Europa/ España/ 30.06.2020/ Fuente: www.lavanguardia.com.

Los profesores de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de la Comunidad de Madrid ponen fin este martes a la huelga que han secundado a lo largo de dos semanas, aunque anuncian que en septiembre reanudarán sus reivindicaciones y protestas sobre la falta de seguridad sanitaria en los centros.

En una nota de prensa, los profesores, en huelga desde el pasado día 16 para defender las condiciones sanitarias de alumnos y profesores durante los exámenes, denuncian que la Consejería de Educación «ha permanecido sorda y muda» ante las llamadas al diálogo de las asociaciones de profesores y directores de escuelas.

También denuncian el «afán obstruccionista» de la Consejería con la imposición de unos servicios mínimos abusivos que han impedido el ejercicio del derecho fundamental a la huelga.

La Asociación de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de Madrid (APEOIM) y el profesorado de las EOI anuncian que reanudarán sus protestas en septiembre.

«Esta huelga ha sido el preludio de unas movilizaciones que pondrán sobre la mesa las pésimas condiciones que ha sufrido la comunidad educativa durante la pandemia. Volveremos en septiembre», dice la nota de la asociación.

Los profesores consideran que la Consejería «tiene que escuchar al profesorado» de las EOI y a sus representantes,que reclaman garantías sanitarias para la celebración de los exámenes de certificación de sus enseñanzas.

Según la APEOIM, los profesores no quieren seguir trabajando en condiciones de riesgo para su seguridad y su salud y las del resto de personal de los centros educativos.

Los docentes dicen que los protocolos son insuficientes y no garantizan los medios materiales y humanos con los que desempeñar nuestra labor, que han trabajado a distancia con sus propios medios y que Educación «no ha proporcionado una plataforma segura y fiable con la que desempeñar el trabajo a distancia y la adecuada atención al alumnado».

Las reivindicaciones continuarán en septiembre, dicen, porque necesitan «una vuelta con garantías sanitarias a nuestras escuelas, en las que el personal docente y administrativo pueda trabajar con los recursos necesarios y el alumnadose sienta seguro gracias a una bajada de ratios que facilite la enseñanza presencial».

Los 36 centros públicos de las EOI que hay en la Comunidad de Madrid imparten en total 22 idiomas a casi 45.000 alumnos.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denunció en el comienzo de la huelga los servicios mínimos «abusivos», de hasta un 60 %.

Según CCOO, las instrucciones de la Consejería para la celebración de las pruebas llegaron «muy tarde» y no garantizaban un protocolo de salud para 20.000 alumnos que se podrían presentar para obtener certificados de idiomas.

Fuente de la noticia: https://www.lavanguardia.com/politica/20200630/482033300953/los-profesores-de-las-escuelas-de-idiomas-volveran-a-la-huelga-en-septiembre.html

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