Los efectos del cambio climático alrededor del mundo se han convertido en una de las principales razones por las que millones de personas deciden migrar, ya sea al interior de su país de origen o a alguna nación vecina. Por ejemplo, en el estudio ‘Amicus Brief of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees to the Inter-American Court of Human Rights regarding the request for an Advisory Opinion on the Climate Emergency and Human Rights from the Republic of Colombia and the Republic of Chile’, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés) apunta lo siguiente:
“Cada año desde 2008, se estima que un promedio de 24.5 millones de desplazamientos han sido provocados por peligros repentinos relacionados con el clima, como inundaciones, tormentas, incendios forestales y temperaturas extremas”.
Y añaden que “casi dos tercios de todos los solicitantes de asilo recientemente desplazados y los refugiados en 2022 provienen de 15 países que son altamente vulnerables a los impactos del cambio climático. Además, casi el 60 por ciento de los refugiados y personas desplazadas internamente por conflictos ahora viven en países que se encuentran entre los más vulnerables al cambio climático”.
“En 2023, las temperaturas globales alcanzaron nuevos máximos históricos y el año estuvo marcado por decenas de incendios, inundaciones e intensas tormentas en todo el mundo. El cambio climático es la crisis definitiva de nuestro tiempo y sus impactos los experimentan de manera desproporcionada las personas en situaciones vulnerables”.
Escenario catastrófico
Para el Centro de Investigación de Política Económica (CEPR, por sus siglas en inglés), “dependiendo del escenario, el cambio climático obligará a desplazarse entre 210 y 320 millones de personas, la mayoría dentro de sus propios países”. La cifra podría aumentar o disminuir, señalan los investigadores del estudio – https://cepr.org/voxeu/columns/climate-migration-frightens-climate-poverty-frightening – en función de las medidas que se tomen en el corto y mediano plazo para combatir la crisis climática.
Además, el problema podría empeorar hasta provocar un mayor número de desplazados, ya que de acuerdo a su análisis: “centrándonos en el escenario intermedio, el cambio climático reducirá el ingreso por trabajador en un 15% en los países cercanos al ecuador y lo aumentará en un 10% en latitudes más altas. Por tanto, la brecha de ingresos entre los países más ricos y más pobres aumentará un 25% en el transcurso del siglo XXI. El cambio climático aumenta en 0,5 puntos porcentuales la proporción de la población mundial que vive con menos del 2% del nivel medio mundial de ingresos”.
La Organización Internacional para las Migraciones indica que, según sus cálculos, de no implantarse acciones que combatan el cambio climático, en América Latina y el Caribe cerca de 113.5 millones de personas estarán expuestas a los efectos más severos del cambio en los patrones de clima para 2090.
Poca preparación
Para Amparo Martínez Arroyo, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, las migraciones siempre han sido parte de la historia de la humanidad, no obstante lo que se vive actualmente es una problemática mayúscula que debe ser atendida a la brevedad. “La migración es un mecanismo de adaptación al cambio climático, sólo cuando han fallado todos los demás”, explica la especialista.
Aunque, argumenta la investigadora, la problemática no está sólo ligada al cambio climático: “las tendencias sí parecen estar incrementándose, pero no es culpa del cambio climático, es una cuestión que está directamente relacionada con la preparación frente a los riesgos que hay en cada zona, lo que implica el conocer cuáles son, por un lado, los riesgos climáticos y ambientales a los que están expuestos. Debemos ver cuáles son las condiciones que tienen para enfrentarlos y hacer una estrategia para reducir esa vulnerabilidad y no estar tan expuestos a los daños y así poder estar protegidos”.
Es un punto en el que coincidió Úrsula Oswald Spring, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, ya que los números apuntan que alrededor del mundo se han hecho los preparativos necesarios para evitar mayores afectaciones.
“La aseguradora Swiss Re, calcula que en los últimos 30 años ha aumentado anualmente un siete por ciento el gasto de seguros por huracanes y tormentas. En 2023, la misma reaseguradora estimó que en los últimos cinco años se han gastado cerca de 32 mil millones de dólares, el doble de los últimos 10 años, por daños ocasionados por tormentas violentas. Y esto, claro, en países vulnerables como el norte de Centroamérica y el sur sureste de México, ha provocado desde 2020 una enorme migración hacia Estados Unidos, a pesar de cerrar su frontera”.
“Las migraciones pueden pueden ser ordenadas y programadas”, sugiere Martínez Arroyo, “para que tanto la población que recibe como la que migra tengan protegidos sus derechos y no se complique todo cuando sea en la última instancia”.
¿Por qué no se han tomado más medidas?
Hechos recientes, como el huracán Otis en Guerrero, argumenta Oswald Spring, muestran la poca preparación que se tiene para atender este tipo de desastres ambientales y sus consecuencias:
“Para México Otis es realmente un llamado de atención. En 12 horas, una depresión tropical se convirtió en huracán categoría 5. Es uno de los más veloces que hemos tenido en la historia del mundo, con una velocidad de 330 kph. El océano es un absorbente enorme del excedente de energía generada por el calentamiento global y cuando se conjunta con un fenómeno de El Niño, como el que tenemos actualmente, se puede pensar en que tendremos en el Pacífico otros fenómenos como Otis”.
La universitaria añade que es difícil encontrar soluciones debido a los intereses económicos, un buen ejemplo de esto es la pasada COP28 cuyo objetivo es organizar las acciones de los países participantes alrededor del cambio climático, pero el evento se realizó Dubái, una de las ciudades más importantes de los Emiratos Árabes Unidos, a su vez una de las naciones con mayores cifras de contaminación gracias a su industria petrolera.
“Hay que tomar en cuenta que las industrias más contaminantes son las petroleras, la cementeras, las de construcción y el transporte de carros, entonces cómo trabajamos en contra de enormes intereses transnacionales, que hacen lobby en el Congreso de Estados Unidos para impedir que, por ejemplo, se controle el fracking. La pasada COP sucedió en un país petrolero, así que hay una presión enorme en contra de la reducción de gases de efecto invernadero”, comenta.
Al respecto, Amparo Martínez Arroyo añade: “ha habido grandes avances, que se van dando poco a poco y que no se notan tanto, aunque no son suficientes y no son todos los que se necesitan, porque nos estamos enfrentando a una serie de intereses creados”.
“Hay en algunos países una falta de confianza en el conocimiento y lo que plantea, por lo que se piensa que tal vez la tecnología, no el conocimiento científico, se va a poder encontrar salidas que lo resuelvan. Le están apostando a eso en algunos países desarrollados, porque las industrias no quieren disminuir ni sus ganancias, ni arriesgar, cuando está más que los cambios se tienen que hacer que hacer ya”, suma la investigadora y advierte: “Es un problema social muy ligado a nuestra forma de desarrollo económico, muy ligado al mercado y a pequeños grupos con intereses económicos, que a su vez son los que están provocando la mayor parte de las emisiones del mundo y poniéndolo en completo riesgo. Ante esto no queda más que la organización de la gente y las demandas de los países que más lo padecen, porque la reacción está siendo mucho más lenta de lo que debería ser”.
Con muy pocos alimentos y bajo una campaña de descrédito lanzada por el gobierno, cocineras comunitarias y luchadoras sociales sostienen las ‘ollas populares’
BUENOS AIRES – “Muchas familias vienen a los comedores, personas que no están trabajando y que antes no venían. Hay ancianos, mujeres embarazadas y muchos chicos”, dice Alicia Casimiro, que coordina un comedor comunitario en la Villa 31, un barrio hacinado en el centro de Buenos Aires, justo al lado del distrito más exclusivo de la capital argentina. “Lo único que logramos hacer es un guiso sin la suficiente verdura”.
A unos 31 kilómetros de allí, Griselda Burgueño dice: “El pan es cada vez menos; no alcanza”. Ella coordina otro comedor, u olla popular, en Gregorio de Laferrère, ciudad del partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. “Estábamos acostumbrados a llenar el táper para que la familia tenga para comer al mediodía y noche, y ahora no lo podemos hacer porque si no las de atrás quedan sin comer”.
Casimiro y Burgueño son luchadoras sociales. Y son también parte de un contingente de unas 140.000 mujeres que suman a sus rutinas y preocupaciones cotidianas la carga de pelear contra el hambre, cocinando a lo largo de todo el país para más de 10 millones de personas que van a las ollas en busca de un plato de comida.
En los últimos meses, la carga se hace insoportable porque en Argentina, tradicional productora de alimentos, la comida escasea para cada vez más gente.
El gobierno de Javier Milei, el presidente libertario de derecha que asumió el cargo en diciembre, suspendió la distribución de pasta, arroz, yerba y otros alimentos no perecederos que entregaba a las ollas populares, citando la necesidad de hacer “auditorías” para frenar la presunta “extorsión” de grupos que administran una parte de los comedores – las comunidades organizadas de las ‘villas miseria’ (como despectivamente se conoce a estos barrios) y los piqueteros, movimientos de desocupados que protestan cortando calles.
“¿Por qué el gobierno nos pone a las cocineras como enemigas?”, cuestiona María Claudia Albornoz, dirigenta de La Poderosa, uno de los movimientos villeros más grandes de Argentina que funciona en asambleas barriales desde 2004 y gestiona 158 comedores en todo el país, también el de la Villa 31. “La organización comunitaria es lo que nos permite vivir en las villas”.
“Nos encantaría que cada uno tenga un plato de comida en su casa y esa contención de familia que uno necesita para salir adelante y superarse”, dice Casimiro, también integrante de La Poderosa. “Pero la realidad es esta”.
Tradición villera
La Villa 31, tiene su origen en la década de 1930 cuando inmigrantes y obreros provenientes de Paraguay, Bolivia y del norte de Argentina se instalaron en la zona para aprovechar la cercanía del puerto de Buenos Aires y las oportunidades laborales que ofrecía. Luego del asesinato en 1974 del sacerdote Carlos Mugica, quien impulsó el movimiento de curas villeros para el trabajo pastoral y social en el barrio, la villa fue renombrada en su honor.
Vista de la Villa 31 o barrio Mugica en la década de 1930, cuando se la conocía como Villa Desocupación | Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Hoy tiene más de 40.000 habitantes y ocupa 46 hectáreas entre la zona portuaria, las vías ferroviarias, la estación central de trenes y la terminal de autobuses Retiro, de un lado, y Recoleta, uno de los barrios más caros de la ciudad, del otro. Por arriba la atraviesa una autopista enrejada.
Aquí no entran taxis y colectivos – ni ambulancias sin custodia policial –, tampoco personas extrañas no acompañadas.
Sobre viviendas de ladrillos huecos y chapas, taperas y pasajes estrechos sin veredas se despliega un tendido eléctrico caótico. Hay capillas, escuelas, plazas y canchitas de fútbol con rejas. Aquí y allá, personas grises se reúnen, pese al calor, alrededor del fuego encendido en algún tanque de lata y se balancean al ritmo de la cumbia villera.
Y en lo que podría ser el mismísimo margen de la vida, florece la mirada cómplice, agotada pero servicial de las 11 cocineras del comedor ‘Gustavo Cortiñas’ – el nombre es un homenaje a un joven militante desaparecido en la última dictadura militar – que sirven los últimos platos del día. Trabajan entre seis y ocho horas diarias cocinando, sirviendo, limpiando y administrando los alimentos. Ahora también venden hielo en busca de más recursos para un número de comensales en aumento.
En 2016 se organizaron ante la necesidad de alimentarse y convirtieron el esfuerzo individual en provecho colectivo. “Las vecinas no tenían con quién dejar a sus hijos para trabajar o no conseguían trabajo. Entonces, viendo la necesidad propia y la de las demás, se arma una comunidad”, explica Casimiro, madre de ocho. Así lograron alquilar una pequeña vivienda con una sala amplia al frente y cocina detrás, para instalar el comedor. “Vimos que un plato de comida te ayuda a economizar un poco más los gastos”.
Además de trabajar para la comunidad, se ocupan de los cuidados y del trabajo doméstico en sus casas y algunas también tienen empleos informales, por lo que se autodenominan “trabajadoras de la triple jornada”.
A mediados de 2023 La Poderosa presentó un proyecto de ley, hasta ahora no debatido en el Congreso, para que las cocineras comunitarias reciban un salario mínimo, cobertura médica, vacaciones, licencia por maternidad y aguinaldo.
Las ollas sirven asimismo de espacio de contención para vecinas y vecinos que acuden en busca de apoyo, y como “una línea de defensa” ante el narcotráfico.
“Por más que el padre y la madre salgan a trabajar, no llegan a alimentar a la familia. Y, como salen, no tienen tiempo para darle atención a los hijos”, dice Casimiro, que conoce profundamente la villa en la que ha vivido 33 de sus 49 años. “Y por la misma preocupación a veces (tanto padres como hijos) se ponen a consumir o a vender para otro, para que entre una moneda más a la casa. Para poder llevar un plato de comida uno agarra lo que haya”.
La capital argentina alberga 49 villas en las que viven unas 80.000 familias hacinadas, sin acceso regular a electricidad, agua, calefacción y saneamiento; 73% de ellas tienen de jefa de familia a una mujer. Como en muchos de los 6.500 barrios populares que hay en todo el país, las mujeres llevan décadas trabajando codo a codo para alimentar a sus comunidades.
“Acá todo genera violencia”, dice la cocinera.
Cuando caen lluvias torrenciales, como en marzo, el agua sobrepasa las rodillas, moja colchones, roperos y electrodomésticos, y deja a la gente sin luz por varios días – el temor a electrocutarse usando una instalación eléctrica irregular y empapada puede más que la necesidad.
Pero la huella de años de inundaciones no se va con el sol: cloacas explotadas por falta de infraestructura para abastecer a una población creciente, calles llenas de barro y bichos. “Vivir con olor a humedad en todas partes no es vida”, dice Casimiro.
A diario, las cocineras del comedor ‘Gustavo Cortiñas’ reciben cientos de táperes que llenarán con comida y repartirán al mediodía | Cortesía de La Poderosa
Gracias al trabajo meticuloso y constante de las villeras, La Poderosa organiza donaciones de ropa, electrodomésticos y mobiliario. También brinda asistencia a personas que sufren violencia de género, talleres de oficios y educación popular en los barrios. Además, amplifica la voz cultural de las villas en una revista mensual que, entre otros fines, busca contrarrestar el estigma de las villas, vistas como lugares donde solo hay droga, delincuencia y miseria.
“La situación de pobreza es tan desesperante, la violencia callejera es tan tremenda que no se puede vivir, pero si no estuviéramos organizadas nuestros barrios estarían en peor condición de la que están”, reflexiona Albornoz.
El lujo de alimentarse
Parada en el centro de la villa, Casimiro señala a unas 30 personas que se acercan a la olla a preguntar si sobró algo de comida. “Antes de la pandemia de Covid-19 preparábamos unas 120 raciones al día; durante la pandemia llegamos a dar 500, y ahora estamos en más de 420 raciones, todo depende de si nos alcanza la mercadería”.
Un menú habitual incluiría mate cocido y tortas fritas para comenzar el día. Para el almuerzo, un guiso de arroz o fideos con calabaza, cebolla y, cuando hay, salsa de tomate, alitas o menudos de pollo. O apenas pimentón con mucha agua, siempre mucha agua. De merienda té con leche y pastelitos. Pero, ante el corte de suministros, muchas ollas y merenderos cerraron sus puertas o redujeron la frecuencia y cantidad de comida ofrecida.
Una cocinera de la Villa 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires prepara tortas fritas | Cortesía de La Poderosa
Como en otros países latinoamericanos, la inseguridad alimentaria es mayor en mujeres que en hombres, pero Argentina tiene en este terreno la mayor brecha de género.
“No hay ingreso en pesos que aguante”, dice la economista Candelaria Botto, directora de la asociación civil interdisciplinaria Economía Feminista, que busca visibilizar las desigualdades de género en el mundo del trabajo y el mercado. “La situación de emergencia es muy grande, sobre todo en los barrios populares”.
La inseguridad económica también se refleja en la drástica reducción del consumo de medicamentos. Entre diciembre de 2023 y comienzos de marzo, los precios aumentaron 100%, y se registró una caída descomunal en las ventas y el acceso a tratamientos médicos. En ningún país del mundo las medicinas subieron tanto en tan poco tiempo.
Cocinera del movimiento villero La Poderosa | Cortesía de La Poderosa
“Venimos insistiendo en hablar de violencia económica, porque el gobierno está aplicando de forma sistemática violencia y terror económico sobre la población”, dice a openDemocracy la investigadora Lucía Cavallero, de la Universidad de Buenos Aires e integrante de Ni Una Menos, un movimiento que lucha contra la violencia de género.
Comer para organizarse
La Poderosa y múltiples organizaciones sociales, civiles y religiosas que sostienen unas 44.000 ollas del país, recibían periódicamente alimentos secos del gobierno nacional, más donaciones de carne y verduras de empresas, vecinas y vecinos. En algunos casos, los comedores también recibían donaciones de gobiernos provinciales e incluso dinero del estado o fondos de programas internacionales de Naciones Unidas. Ese dinero, más lo recaudado en actividades como bingos o reciclaje de cartón y vidrio, permitía pagar el alquiler de los locales donde funcionan los comedores, el gas o la leña.
Comedor popular sostenido por el Polo Obrero en Gregorio de Laferrère, La Matanza, Buenos Aires | Angelina de los Santos/openDemocracy
El nuevo gobierno fundamenta sus drásticos recortes en que existía un uso “discrecional y extorsivo” de los recursos y alimentos por parte de agrupaciones que manejan las ollas, y asegura que más de la mitad de los 44.000 comedores registrados no funcionan. En cuanto a las denuncias públicas de dirigentes sociales por falta de alimentos, las autoridades contestan que son expresión de “la disputa por el reparto sin control ni rendición de esa comida”.
Albornoz, de La Poderosa, contestó estas acusaciones en una entrevista radial: “Les haría un dibujito del recorrido de la mercadería a ver si entienden”.
El extinto Ministerio de Desarrollo Social, eliminado por el gobierno de Milei, “compraba las partidas (de alimentos) y las entregaba con un camioncito a los comedores registrados”, explicó Albornos. “Nosotras bajábamos la mercadería del camión, la guardábamos y nos servía para uno o dos meses, según la cantidad de viandas que entregáramos. La figura del intermediario no existe”.
“Tomas” y resistencia piquetera
Gabriela De la Rosa, del movimiento piquetero Polo Obrero, afiliado al trotskista Partido Obrero, afirma que “las mujeres son las primeras que se organizan cuando hay una crisis… y por lo tanto son las que más copan las organizaciones en las barriadas populares”.
De hecho, no han dejado de hacerlo en las últimas décadas, en particular desde la crisis económica y social que estalló en 2001 – cuando Argentina se declaró en cese de pagos. Entonces, las piqueteras se organizaron para llevar alimentos a los barrios más vulnerados. Ahora administran unas 3.000 cocinas comunitarias y brindan talleres de oficios en todo el país.
La necesidad y la ausencia del estado hizo que decenas de vecinos se organizaran y montaran ollas en 70 puntos de La Matanza, cuenta Lilián Rojas, dirigenta del Polo Obrero en la provincia de Buenos Aires y precandidata trotskista a concejal por La Matanza en 2023. “A nosotros el hambre no nos va a matar”.
En el comedor Villa Unión de Gregorio de Laferrère una treintena de personas sirven a 250 familias unas 1.000 porciones que se acaban en menos de 40 minutos. Cada vez es más frecuente que la comida no alcance siquiera para alimentar a las propias cocineras.
Griselda Burgueño muestra mensajes de WhatsApp que anuncian falta de comida en un comedor del Polo Obrero en Villa Unión | Angelina de los Santos/openDemocracy
Cerca de allí, también en Villa Unión, unas 600 familias piqueteras se instalaron en terrenos públicos baldíos en los que hasta 2017 solo había campo, basura y escombros; los “tomaron”, puntualiza Rojas. En esos terrenos ocupados funcionan tres ollas, cada una con su nombre: Sector 3, Nueva Unión y Río Cuarto.
“Tenemos tanta experiencia con el hambre y la miseria que nos revolvemos con lo que hay, con lo baratito. Sabemos construir una cacerola popular y salir a pedir comida. Así funcionamos y así seguiremos. Ese es nuestro método, la organización”, dice Rojas.
Richard Marelo, habitante de la toma y encargado de la olla Sector 3, explica: “Los vecinos colaboramos para comprar cables, poner postes, abrir las calles”. Viven en constante disputa con las autoridades locales, que quieren erradicar el asentamiento. “Ahora la policía ya ni siquiera nos deja que vengan los camiones a hacer los pozos” para las cámaras sépticas y para extraer el agua, lamenta Marelo.
Sin mujeres, las familias no podrían ocupar los terrenos, según Rojas. “Son lo principal para aguantar la toma, donde no hay nada, a medida que aumenta la represión”.
Los comedores son la clave.”Nosotros trajimos desde un principio la cacerola para que todas las personas que fueran a tomar esa tierra pudieran comer con sus hijos”, explica la militante en un entorno desolador.
Cocina a leña del comedor del Sector 3, en la toma de Villa Unión | Angelina de los Santos/openDemocracy
Ranchos de lona, madera, cartón, chapa, goma y bloques con aberturas tapadas o cerradas con láminas de metal o otro material disponible, pisos de tierra, o en su mejor versión, de cemento; baldes que sirven para lavar los trastos; parrilla, leña y fuego para cocinar cuando no hay gas; mesas, sillas, estanterías y alacenas improvisadas.
Los robos son constantes. “El hambre hace que nos roben tomas de luz, bombas de agua y las verduras de la huerta. No podemos tener porque nos roban hasta los zapallos”, comenta.
Militante del Polo Obrero lava utensilios de cocina en el comedor Nueva Unión en la toma en Villa Unión | Angelina de los Santos/openDemocracy
Pese a la hostilidad, el trabajo colectivo alimenta a decenas de miles. “Empezamos debajo de una carpa, mandábamos todo al fuego. No teníamos nada, solo hambre y miseria”, dice María Zárateu, de 37 años, en la olla Nueva Unión, donde miden la cantidad de arroz a cocinar en asaderas mientras los niños hacen fila con un táper abrazado al pecho.
“De a poco fuimos consiguiendo el gas, la cocina, y hace cinco años estamos cocinando para 200 familias todos los días”, agrega.
En la olla de Río Cuarto, Antonia Cáceres, de 34 años, cuenta que están usando el poco dinero que tienen en sus bolsillos para comprar alimentos. “Cada vez necesitamos más ayuda y el gobierno sigue sin bajar un kilo”, dice. Aquí sirven a unas 50 familias. Su compañera Rocío Fernández, de 23 años, dice que acuden muchos jubilados y cada vez más chicos.
Cocineras de La Poderosa en una protesta en la plaza del Congreso argentino | Cortesía de La Poderosa
“Las mujeres estamos sosteniendo los barrios de una manera muy difícil”, dice Albornoz, de La Poderosa. “Estamos muy pero muy cansadas, venimos de procesos de muchísimo agotamiento, pero así y todo podemos organizarnos”.
*ALERTA* | *Sabías que en* *Ecuador profesores, estudiantes y padres de familia iniciarán este sábado 7 de abril una nutrida marcha que parte desde Santo Domingo a la capital (Quito)* . Los educadores y estudiantes marcharán 150 km hasta llegar a Carondelet el martes 9 de abril para exigir al Gobierno de Noboa declaré en emergencia al Sistema Nacional de Educación. Invitamos a la comunidad nacional e internacional a estar vigilantes y expresar su solidaridad.
Fuente: Andrés Quishpe, presidente Unión Nacional de Educadores UNE.
Se identificaron desafíos inherentes a la realidad de la migración, así como oportunidades y retos que surgen al trabajar en red para abordar la educación en un contexto marcado por el impacto de la movilidad humana en el acceso al derecho a la educación.
El pasado 21 de marzo, se llevó a cabo un conversatorio bajo el título “Educación y Movilidad Humana: Oportunidades y Desafíos para el Trabajo en Red”. Este evento tuvo lugar dentro de la XXXIX Asamblea General de Fe y Alegría, celebrada en la Ciudad del Saber de Panamá.
La diversidad de participantes fue notable, incluyendo directores y delegados de las distintas entidades de Fe y Alegría que conforman la Federación, así como representantes de instituciones especializadas en migración de la Compañía de Jesús, autoridades gubernamentales panameñas, socios, aliados estratégicos, organismos internacionales y cooperantes.
La jornada se inició con la inspiradora ponencia de Oliver Bush, Coordinador País de HIAS en Panamá, quien abordó la complejidad de la migración desde una perspectiva centrada en el derecho a la educación. Su intervención marcó el inicio de un panel en el que participaron destacadas figuras como Javier Cortegoso, Coordinador de la Red Jesuita con Migrantes de Latinoamérica y El Caribe (RJM LAC), Óscar Calderón, Coordinador del Servicio Jesuita para Refugiados de Latinoamérica (JRS-LAC), Blanca Gutiérrez, Lideresa de la Iniciativa de Migraciones de Fe y Alegría Internacional, y Elías Cornejo, Colíder de la Iniciativa de Migraciones y Coordinador de Servicio a Migrantes de Fe y Alegría en Panamá.
Durante este diálogo, se identificaron desafíos inherentes a la realidad de la migración, así como oportunidades y retos que surgen al trabajar en red para abordar la educación en un contexto marcado por el impacto de la movilidad humana en el acceso al derecho a la educación.
Conclusiones del conservatorio Movilidad humana y educación
El reto principal: Atender las necesidades educativas y emocionales de la niñez migrante. Es fundamental comprender que, según el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los niños y niñas migrantes son aquellos menores de 18 años que se encuentran fuera de su país de origen con la intención o necesidad de residir en otro lugar.
La realidad de estos miles de niños, niñas y adolescentes migrantes implica enfrentarse a violencias estructurales en sus países de origen, así como a la violencia criminal y xenofóbica en su tránsito y destino. La migración conlleva la ruptura de lazos familiares y sociales, así como la interrupción de la vida cotidiana de estos niños, niñas y adolescentes, quienes muchas veces se ven privados de acceso a la educación tanto durante su tránsito como en su lugar de destino.
Por otro lado, los niños, niñas y adolescentes que son familiares de migrantes también experimentan el impacto emocional de la migración debido a la separación de sus familias, lo cual afecta directamente su desempeño educativo y el acompañamiento que reciben en este ámbito.
Para abordar estos desafíos, se proponen las siguientes acciones:
PROTEGER a través de la educación: El acceso a la educación es fundamental para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes. La educación no solo contribuye al desarrollo humano, sino que también ayuda a mitigar los efectos negativos de la movilidad forzada en la salud mental de la niñez migrante, proporcionando un sentido de normalidad en un entorno marcado por la ruptura y la incertidumbre.
PROMOVER la investigación y sistematización de experiencias, que son herramientas poderosas para generar propuestas que mejoren la atención socioeducativa de la niñez migrante y promuevan su acceso efectivo al derecho a la educación. Esta labor debe ser colaborativa e incluir la participación de distintos actores para garantizar la pertinencia y efectividad de las propuestas.
INTEGRAR la voz de las y los migrantes en la construcción de soluciones: Es fundamental que las propuestas socioeducativas y de incidencia incluyan la participación activa de la niñez y juventud migrante. Su experiencia y perspectiva son fundamentales para diseñar intervenciones que respondan de manera efectiva a sus necesidades y realidades.
El trabajo en red emerge como la estrategia clave para enfrentar este desafío. La colaboración entre instituciones especializadas en migración y organizaciones educativas como Fe y Alegría es fundamental para garantizar una atención integral y efectiva a la niñez migrante. La complementariedad de conocimientos y recursos enriquece los procesos y amplía el impacto de las intervenciones. Es importante destacar que el trabajo en red requiere de humildad, escucha activa y reconocimiento de la diversidad de perspectivas para lograr resultados significativos.
¿Hacia dónde nos dirigimos a partir de este proceso?
Es crucial recordar nuestras raíces y compromisos como organización:
Nacimos en las periferias con la misión de educar a los pobres y excluidos.
Nuestro origen está marcado por la búsqueda de justicia social y transformación.
Somos agentes de cambio que se comprometen con la historia y el bienestar de nuestro pueblo.
Estamos abiertos al espíritu y la historia, en constante proceso de conversión y empoderamiento.
Nos comprometemos políticamente con los más vulnerables, respondiendo a las exigencias de los tiempos.
Somos portadores del evangelio en un mundo necesitado de esperanza.
Nuestra labor educativa trasciende las aulas, promoviendo la integración personal y social.
Nuestro crecimiento y transformación se sustentan en el trabajo en red, colaborando con otras entidades para ampliar nuestro impacto y alcance.
En resumen, Fe y Alegría es más que una organización educativa: es un movimiento que se compromete en la construcción de un mundo más justo, solidario y equitativo.
Nuestro trabajo en red nos permite ampliar nuestra capacidad de acción y promover un cambio real en las vidas de aquellos que más lo necesitan. Juntos, podemos hacer la diferencia y construir un futuro mejor para todos y todas.
Por: Blanca Gutiérrez, lideresa de la iniciativa de Migraciones y Elías Cornejo, colíder de la Iniciativa de Migraciones y Coordinador de Servicio al Migrante en Fe y Alegría Panamá.
El concurso, con tres modalidades diferentes, está pensado para chicas y chicos desde secundaria hasta los 35 años. Cada persona puede entregar hasta dos trabajos para cada una de las modalidades que consisten en un ensayo historiográfico, un escrito literario o un vídeo.
Hasta ahora el concurso se había restringido al ámbito de la Región de Murcia, pero en esta ocasión es de ámbito estatal. Por eso se admitirán trabajos en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado, siempre y cuando adjunten una traducción al castellano
Los trabajos deben centrarse en cierto marco temporal que irá desde la dictadura de Primo de Rivera hasta la Transición democrática, incluida esta.
Habrá dos tipos de participantes: estudiantes de secundaria o bachillerato y alumnado universitario o menor de 35 años.
Ambos podrán participar en las tres modalidades del concurso. La primera de ella es un ensayo histórico o investigación inéditos. La segunda, un trabajo literario que tenga como centro de interés algún aspecto de la Memoria Democrática o de sus protagonistas. En este caso, los textos pueden ir desde el microrrelato a la poesía, pero no deben sobrepasar los 25 folios o las 50 páginas. La tercera modalidad es audiovisual. Un vídeo con una duración de entre uno y tres minutos.
El concurso cuenta este año con una subvención de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que ha permitido un aumento considerable en la cuantía económica de los premios, que se encuentran, según la modalidad, entre los 600 y los 900 euros. La cuantía puede consultarse en las bases. Los trabajos podrán entregarse hasta el 1 de mayo.
En cualquier caso, los jurados tendrán en cuenta la calidad del trabajo conforme a su modalidad y categoría, su pertinencia en el campo de la memoria histórica y su relevancia para la memoria colectiva y social.
El jurado en las dos primeras modalidades estará conformado por Francisco Espinosa Maestre, como presidente
honorario, y por historiadoras e historiadores: Mirta Núñez Díaz-Balart, Dolors Marín Silvestre, Pedro M.ª Egea Bruno, Fernando Hernández Sánchez y Ángel del Río Sánchez.
En el caso de la modalidad audiovisual, el jurado estará presidido por Carlos Olalla, (cineasta, profesor de audiovisual y director del Festival de FESTIMED), Alfonso Burgos (director de cine y profesor en la Universidad de Zaragoza), Laura
Mena García (especialista en comunicación audiovisual y profesora de la escuela de cine de la Fctad de Comunicación de la U. de Murcia), y el profesor Pedro M. Egea Bruno (catedrático emérito de la Universidad de Murcia) quien velará por el rigor histórico.
Los trabajos escritos serán publicados por la Universidad de Murcia, mientras que los audiovisuales se proyectarán en el festival de cine por la memoria democrática (Fescimed) y en la Filmoteca Regional Paco Rabal el día de la entrega de los premios, en septiembre de 2024.
Los discursos antifeministas pueden aparecer en todas partes: en internet, conversaciones con compañeros de clase, en la calle o en el entorno familiar. Argumentos que niegan la violencia machista o afirman que el feminismo no es necesario porque hoy en día “ya tenemos igualdad”. Sin embargo, la valoración del feminismo es positiva. Casi el 60% de los jóvenes encuestados en el estudio Barómetro Juventud y Género 2023 respondieron que el feminismo debe implicar a hombres y mujeres, y el 47% que el feminismo es necesario para lograr la igualdad real. Por ello, con las estrategias adecuadas, la escuela puede convertirse en un espacio donde desmentir las narrativas falsas y los mitos que llegan a los estudiantes.
Saturados de información
Es posible que, al tratar el feminismo en el aula, los alumnos muestren desinterés y se aburran del tema. Los jóvenes, a diferencia de generaciones anteriores, están creciendo en un contexto en el que las instituciones implementan políticas de igualdad, impulsan campañas para alentar a las chicas a seguir una carrera académica en el campo de las ciencias y tecnologías, organizan eventos por el 8M, etc. En el momento en que el feminismo adquiere un carácter institucional, los discursos negacionistas pueden disfrazarse de movimientos contraculturales y revolucionarios. Caricaturizan los datos oficiales y crean un relato simple que resuena emocionalmente con los jóvenes para provocar reacciones viscerales.
No solo es necesario considerar los discursos misóginos al hablar de feminismo en el aula. Internet introduce una nueva dimensión en la autoimagen corporal de los adolescentes, un tema especialmente delicado y complejo en esta etapa vital. Las redes sociales nos permiten publicar nuestras fotos y videos en la misma plataforma donde modelos e influencers comparten su contenido. Vemos nuestro cuerpo expuesto junto al suyo y las comparaciones parecen inevitables. Las redes se convierten en un escaparate y, al mismo tiempo, en una herramienta de validación (likes, seguidores, comentarios positivos, etc.) que se interpreta como una guía para determinar lo que es o no aceptable.
Sin embargo, las redes sociales no son el único actor determinante en la autoimagen de los jóvenes. La salud mental es un asunto complejo condicionado por variables intrapersonales e interpersonales. Factores como la familia, la escuela o la pareja, entre otros, también influyen en la relación de los jóvenes con su cuerpo.
Desconocer los referentes del alumnado
Internet es inmenso. A falta de datos oficiales, la compañía DOMO publica anualmente un informe sobre su uso. Según las estimaciones de la empresa, cada minuto del año 2023 se consumieron en todo el mundo 48,000 horas de Twitch, en total los usuarios vieron cuarenta y tres años de contenido en streaming, y se compartieron 694,000 reels por mensaje directo de Instagram. Con estas cifras en mano, quizás sea un poco ambicioso proponerse conocer a todos, absolutamente todos, los creadores que siguen. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar desde la figura del profesor?
Presentarles datos, por muy ciertos y rigurosos que sean, sin pedir un análisis crítico por parte del alumnado puede que no sea la mejor estrategia contra los discursos antifeministas (emocionales y cercanos) que los jóvenes encuentran en las redes. Por otro lado, también existe el riesgo de provocar desinterés si ofrecemos conceptos demasiado simplificados. En ambos casos, la desafección puede llevarlos a minimizar el problema. En lugar de presentar el feminismo como un tema ya decidido y listo, se puede plantear un diálogo para trabajar desde la experiencia y el afecto.
Espacios de diálogo y trabajar desde la experiencia
Los datos son importantes, pero pueden parecer demasiado abstractos o alejados de la experiencia personal. Es probable que los estudiantes rechacen cualquier cosa que interpreten remotamente como adoctrinadora o indiscutible. El objetivo de los espacios de diálogo es lograr que dejen de mirar el tema desde afuera y pasen de ser observadores y lectores a partes activas de la conversación. Trabajar con relatos personales, ya sean del alumnado o no, nos ayuda a acercarnos a la cuestión y a ser más empáticos. En el caso de la desigualdad de género, con estos ejemplos podemos ayudarles a entender que las consecuencias del machismo nos atraviesan a todos.
Uno de los puntos fuertes de la desinformación es la emoción. Los espacios digitales antifeministas son entornos que favorecen sentimientos de comunidad y pertenencia, se convierten en espacios seguros y de refugio. Aunque es complejo, se necesitan lugares con dinámicas de seguridad y confianza en los centros educativos. Un espacio sin juicio donde la persona adulta dé un paso atrás y el alumnado tome el papel protagonista en el debate. De esta manera, podrá compartir lo que siente y expresar lo que necesita.
Alfabetización mediática como respuesta
El Ministerio de Educación realizó en el año 2023 un informe sobre el nivel de alfabetización mediática entre estudiantes de ESO. El alumnado debía distinguir entre opinión y hechos, pero cuando les mostraron un texto informativo, el 52,2% lo reconoció como tal, mientras que el 42,8% determinó que era una opinión. Ante un texto de opinión, el 64,4% consideró que eran hechos.
Los centros educativos son fundamentales en la formación de estas competencias. El alumnado debe tener herramientas para interpretar el funcionamiento de la información en internet e incorporarlas a la forma en que interactúan con el mundo digital (y real).
La alfabetización mediática es la habilidad de evaluar y analizar mensajes en diferentes formatos y medios. Tomar conciencia de cómo afectan emocionalmente los contenidos es el primer paso no solo para protegerse de la desinformación, sino también para tener una experiencia digital más placentera. El objetivo es aprender a gestionar y leer de manera crítica en un mundo saturado de información.
El panorama educativo venezolano está en constante transformación, y uno de los aspectos más relevantes es el cambio en las edades de los estudiantes universitarios. Así lo revela el director del Observatorio de Universidades y sociólogo, Carlos Meléndez, quien en una entrevista para el circuito Unión Radio, aseveró que «el cuestionamiento sobre empezar la universidad luego de los 30 años ha cambiado, sobre todo en Venezuela».
Matrícula universitaria en Venezuela
Las estadísticas de OBU dibujan un panorama claro: el grueso de la población estudiantil se concentra entre los 20 y 24 años, con un 45%. Le sigue el grupo de 25 a 34 años, que en 2023 representaba un 31%, pero que se ha reducido al 18% en la actualidad, lo que podría indicar una deserción universitaria.
Factores que inciden en la transformación
Meléndez apunta a dos causas principales que confluyen en esta transformación: la crisis educativa y la dinámica del mercado laboral. La crisis, producto de la escasez de profesores y la pandemia, ha impactado negativamente en la calidad de la enseñanza.
Por otro lado, el mercado laboral actual exige una constante actualización de conocimientos y habilidades, lo que lleva a muchos jóvenes a posponer su ingreso a la universidad para adquirir experiencia laboral o formarse en áreas específicas.
Desigualdades de género según OBU
Según la Encuesta del Observatorio de Universidades (Enobu) 2023, publicado el pasado 8 de marzo, las desigualdades de género impregnan la vida universitaria en Venezuela. La falta de acceso a la salud y la precarización laboral son algunos de los principales problemas en las instituciones de educación superior.
OBU Venezuela compartió a través de las redes sociales los resultados de la encuesta, donde resalta que la infrarrepresentación en cargos de poder y la sobrecarga de las tareas de cuidado son solo algunos de los desafíos que enfrentan las mujeres en el ámbito académico.
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